El periodista y político hondureño Esdras Amado López irá a juicio por maltrato familiar con habitualidad, lesiones agravadas y desobediencia, tras una denuncia de su esposa, Milagros de Jesús González Zelaya, actual candidata a diputada por el Partido Liberal. No es la primera acusación: una expareja ya lo había denunciado por violencia doméstica, pero la denunciante optó por huir del país. La jueza descartó que se trate de una persecución política, como él y su defensa alegaron debido a su oposición al gobierno actual. El caso evidencia cómo la violencia doméstica se cruza con la violencia política que enfrentan las mujeres que deciden participar en espacios públicos.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
El periodista y político hondureño de oposición Esdras Amado López enfrentará un juicio oral y público por los delitos de maltrato familiar con habitualidad, lesiones agravadas y desobediencia, tras una denuncia interpuesta por su esposa, Milagros de Jesús González Zelaya, actual candidata a diputada del departamento de Francisco Morazán por el Partido Liberal.
Durante su detención y las audiencias, Esdras Amado López alegó ser víctima de persecución política por su labor periodística, denunciando una supuesta conspiración entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y jueces. Afirmó que su captura fue «brutal» y que lo exhibieron públicamente. «A mí me van a matar en la cárcel como a David Romero; el que me va a matar es Mel Zelaya, el líder del cartel más grande de Honduras», dijo mientras era detenido. Posteriormente, la jueza que conoce del caso desestimó estas acusaciones.
«Siempre hay que hablar la verdad. Decir la verdad es un acto de valentía. Ser honesta me ha dado fuerza, paz y dignidad. La verdad me ha acompañado en cada paso de mi vida», escribió la candidata Milagros de Jesús en su cuenta de X, poco después de conocerse la resolución judicial. A través de esta declaración pública, insistió en que su denuncia no es parte de una persecución política, como sugirió su agresor, sino una búsqueda de justicia tras años de violencia.
La audiencia inicial, celebrada el pasado 9 de abril, se extendió desde las 8:30 de la mañana hasta pasada la medianoche, y concluyó con un auto de formal procesamiento dictado por el Juzgado de Letras Penal contra Esdras Amado López, lo cual significa que se comprobaron medios suficientes para ir a juicio oral y público. Durante la audiencia, el periodista Esdras Amado López y su defensa intentaron desviar la atención asegurando que se trataba de una persecución política por su labor periodística.

En su momento, la jueza del caso, Lesly Cruz Zepeda, ordenó un vaciado telefónico a la fiscal Melissa Lagos López para determinar con exactitud los horarios en que ella se comunicó con diversas autoridades policiales y judiciales para coordinar el operativo de detención de Esdras Amado López, puesto que él se defendía diciendo que había sido una conspiración en su contra.
La orden de vaciado telefónico generó rechazo por parte de la Asociación de Fiscales de Honduras, que la calificó como una «orden ilegal, arbitraria y una amenaza a la independencia del Ministerio Público», pues no se trataba de un juicio contra la fiscal. Finalmente la juez desestimó la orden cuando hubo suficientes medios de pruebas que contradecían el argumento de persecución política.
El abogado de Milagros de Jesús González, Gustavo Varela, recalcó a Contracorriente que «las acciones que se le están imputando a él no tienen nada que ver con el ámbito periodístico, con la libertad de expresión, puesto que son acciones propias que sucedieron de su relación matrimonial».
Es también violencia política
Milagros de Jesús González declaró ante los medios que fue agredida físicamente por su esposo el pasado 24 de marzo en las instalaciones de Canal 36. La agresión se originó por la negativa de Esdras Amado López a firmar un informe de donación requerido por la Unidad de Política Limpia, un documento clave para la campaña electoral para las elecciones primarias de 2025, en las que ella participó y ganó por la corriente de Salvador Nasralla del Partido Liberal.
«Le supliqué que por favor me ayudara, tomé los papeles y se vino en contra mía. Me agarró del pelo, me tiró al piso y me golpeó contra el suelo. Comencé a gritar auxilio», relató González. Producto de la agresión, sufrió la fractura de piezas dentales y debió ser intervenida quirúrgicamente. Hoy permanece en recuperación física y psicológica, por tanto no ha vuelto a dar declaraciones a los medios.
La sobreviviente de violencia también narró que, tras el ataque, su esposo y el hijo mayor de Esdras le impidieron el paso a la salida del baño, donde se refugió ensangrentada. Luego logró salir corriendo con su bebé en brazos. «No es fácil hacer esta denuncia. Denunciar a una figura pública como él, sabiendo que tiene contactos, que tiene más recursos económicos que yo… pero lo hice. Ahora estoy dispuesta a salir adelante con mis hijos, porque esto no es amor», explicó con la voz entrecortada.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, presentó pruebas médicas, testificales y periciales que respaldan el testimonio de la víctima. El MP también amplió la acusación por desobediencia, ya que López se habría negado a atender un requerimiento judicial durante el allanamiento de su vivienda.
El caso de Milagros González no solo expone una dinámica de violencia doméstica. También devela un componente de violencia política: la agresión ocurrió en un contexto directamente vinculado a sus funciones como candidata a diputada, cuando solicitó apoyo para cumplir con un requerimiento electoral.
«Recordemos que ella es candidata a diputada. Entonces, por ahí también podemos ver la discriminación que hay contra las mujeres, que los hombres no aceptan que su esposa vaya a estar en un perfil más alto que él», explicó Dalila Flores, abogada del Movimiento Visitación Padilla, organización que acompaña a González.
Según el estudio Impacto de la violencia política hacia las mujeres en Honduras, del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh), la violencia política en razón de género se exacerba contra las mujeres durante las elecciones primarias, y es también la principal causa de que las mujeres renuncien o se limiten a participar como candidatas o ejercer un cargo público en el país.
Flores también recordó que Esdras Amado López ya había sido denunciado por violencia en el pasado, un caso que la organización acompañó en su momento, aunque finalmente su expareja decidió huir del país. Aunque la defensa de Milagros dijo que no se podía referir a este tema, aseguró que durante la audiencia inicial la fiscalía dijo tener otras denuncias contra Amado López.
«Tuvimos ya una de ellas, le dimos aquí seguimiento por violencia doméstica, pero tuvo que huir del país, ella salió del país y pues ahí está la reincidencia en el tema de la violencia contra nosotras las mujeres. Él denota que es un agresor, un misógino, un machista», aseguró Flores.
Esta es la primera vez que López es acusado formalmente, aunque Milagros de Jesús González declaró que sufrió violencia doméstica por años. Pero tras su denuncia, ella no solo enfrenta el proceso judicial, sino también una campaña de deslegitimación en redes y medios, que replicaron sin cuestionar el discurso de persecución política de López. Incluso el Colegio de Periodistas, en una publicación en redes, expresó preocupación por la forma en que fue detenido, en un operativo que consideraron «desproporcionado e innecesario».
En redes sociales, muchos comentarios revictimizaron a González, minimizaron su testimonio por tratarse de una candidata del Partido Liberal y la vincularon con Mel Zelaya, a quien su esposo acusa de ser su enemigo político, reforzando así la violencia política que enfrentan muchas mujeres incluso después de sobrevivir a las agresiones.
El laberinto de justicia para las víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica
Lara Bohórquez, coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), señaló que en Honduras existe una diferencia abismal entre la cantidad de mujeres que denuncian la violencia doméstica al momento de ocurrir —como lo muestran las 88,636 llamadas registradas en el Sistema Nacional de Emergencia 911 en 2024— y la cantidad de casos que llegan a judicializarse. Según datos recopilados por el CDM, solo 12,925 casos fueron denunciados formalmente ante el Ministerio Público, y apenas 6,465 obtuvieron sentencia en los juzgados de Paz y Letras, lo Penal o tribunales de sentencia del Poder Judicial.
«El Estado ha burocratizado tanto esos procesos, y para las mujeres es difícil entender que todo esto es de llevar pruebas, que se sigue un proceso y que ellas deben ir constantemente; entonces esa desigualdad entre el 911 y el Ministerio Público es bastante grave», explicó.
Bohórquez también apuntó que muchas mujeres abandonan los procesos judiciales por falta de recursos económicos y porque el sistema penal desestima con frecuencia los casos cuando la denunciante no se presenta a una audiencia. «No todas las mujeres tienen todo el conocimiento del proceso para darle seguimiento, por eso la mayor cantidad de denuncias caducan», dijo.
Aunque la Ley contra la Violencia Doméstica establece una serie de medidas de protección como la separación temporal del agresor del hogar, la prohibición de acercarse a la víctima o la retención de armas, muchas veces estas resultan insuficientes. «Las penas en estos casos son muy reducidas», añadió, recordando que incluso mujeres con sentencias a su favor han sido víctimas de femicidios. Por eso, desde el CDM actualmente trabajan en reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica que fortalezcan las medidas de protección y garanticen una respuesta efectiva del Estado.
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En este caso, Esdras Amado López se defenderá en libertad. Entre las medidas cautelares que le impuso el tribunal se incluyen la prohibición de salir del país, el deber de firmar periódicamente en el juzgado y la prohibición de acercarse a la víctima.
El juicio oral y público está programado para el próximo 29 de abril, aunque el plazo podría extenderse de acuerdo a los recursos que se interpongan. Las penas por los delitos imputados oscilan entre seis meses y seis años de prisión.
La denuncia de Milagros de Jesús marca un precedente importante en un país donde la violencia contra las mujeres suele permanecer impune, especialmente cuando los agresores son figuras públicas. «En este juicio quedó totalmente evidenciado que [Esdras Amado López] es un agresor de mujeres, dejó en evidencia su patrón de comportamiento», dijo la abogada Flores. Un patrón que en Honduras, muchas veces, no llega a juicio.