Organizaciones conservadoras han llevado a los tribunales la decisión del gobierno de Xiomara Castro de permitir el uso y distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que estuvo prohibida por 13 años en el país. Este lunes, frente al Poder Judicial, el Grupo Estratégico por la PAE realizó un plantón para exigir que no se retroceda en uno de los pocos avances en derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Esto sucedió mientras peritos nacionales e internacionales propuestos por la parte demandante comparecieron ante la Corte con el argumento de que la PAE es abortiva.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen
Este lunes, cinco peritos nacionales e internacionales propuestos por organizaciones conservadoras de Honduras comparecieron ante un juzgado contencioso administrativo para ratificar sus dictámenes en una demanda que busca anular la legalización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras. La audiencia forma parte de un proceso impulsado por la organización Alianza por la Familia, que cuestiona el acuerdo ejecutivo emitido por la presidenta Xiomara Castro, que permite el uso y distribución de la PAE.
La demanda fue presentada dos meses después de la emisión del acuerdo que habilita la PAE aprobado el 8 de marzo de 2023 y argumenta que la presidenta Castro incurrió en abuso de autoridad al permitir un medicamento que, según los demandantes «provoca el aborto» el cual está prohibido por la Constitución y penalizado por el Código Penal.
«No menciona que es un asunto de salud pública sino que dice que se está atentando contra los derechos del no nacido y de las mujeres (…) dicen que se está vulnerando los derechos de las mujeres y que es una violencia de género porque le dan un medicamento del cual ella no tiene acceso a la información», explicó Nadia Mejía, abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, organización que brinda acompañamiento legal al Grupo Estratégico por la PAE (GE-PAE).
Ante esta situación, el GE-PAE organizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, exigiendo que se respete el derecho de las mujeres a acceder a la anticoncepción de emergencia. «Estamos demandando justicia, que se respete el derecho que tenemos las mujeres hondureñas de decidir sobre nuestros propios cuerpos y particularmente tener acceso a la anticoncepción de emergencia que previene embarazos no deseados», dijo Cristina Alvarado, de la organización Visitación Padilla.
La PAE estuvo prohibida en Honduras durante 13 años, desde que un acuerdo ministerial emitido en el contexto del golpe de Estado de 2009 la vetó del sistema público de salud. Esa ruptura de la democracia significó para niñas y mujeres no tener opciones para prevenir un embarazo no deseado, incluso en casos de agresiones sexuales. Aunque la actual presidenta eliminó la prohibición a través de un acuerdo ejecutivo, el estigma social sobre la píldora persiste.
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Una demanda impulsada por redes conservadoras
La organización Alianza por la Familia, que impulsa la demanda contra la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), está liderada por Martha Lorena Casco, quien, como diputada en 2009, promovió en el Congreso Nacional la prohibición de este método anticonceptivo. En ese momento, el entonces presidente Manuel Zelaya vetó dicha prohibición.
Tras una conferencia de prensa con los cinco peritos que respaldan la demanda, José López Guzmán, catedrático de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Navarra, declaró a Contracorriente que, en su opinión, es importante mencionar que la PAE tiene un efecto antiimplantatorio además del efecto anovulatorio, «dependiendo de cuándo se la tome la mujer, no siempre».
López Guzmán también relató que, cuando se aprobó la PAE en España, él presidía una asociación de farmacéuticos que interpuso un recurso en contra de su libre comercialización, aunque no lograron detener su distribución, «Lo importante es que la persona sea libre, y para eso tiene que tener información. Que una mujer sepa lo que está tomando: si a usted no le importa se la toma tranquila (…) Esa es la información que se está omitiendo y que queremos que se sepa. No se trata tanto de prohibir o no, sino de brindar toda la información”, expresó, a la vez que aseguró que su visita a Honduras fue completamente voluntaria y sin recibir ningún tipo de pago.
La actual demanda está vinculada con otras acciones promovidas por sectores conservadores. Un ejemplo claro de esto es el veto de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, una ley aprobada por el Congreso Nacional (CN) el 8 de marzo de 2023 que fue vetada por la presidenta Castro el 17 de marzo, tras una serie de marchas organizadas por estos sectores a nivel nacional. Aunque el veto se emitió en marzo, su anuncio público se realizó hasta el 29 de julio, poco después de las movilizaciones.
David Andrade, miembro de la organización Por Nuestros Hijos, que tienen campañas en las que aseguran que la PAE promueve «la promiscuidad, la prostitución y la pederastia» le comentó a Contracorriente en 2023 que el movimiento existía desde antes, pero que se fortaleció significativamente tras la aprobación de esa en el CN. Según Andrade, su organización no recibe financiamiento de ninguna «organización poderosa» y enfatizó que se trata de padres y madres de familia «de a pie organizados».
Alianza por la familia es parte de coaliciones conservadoras en donde se agrupan organizaciones como Por Nuestros Hijos, que han incidido para frenar políticas públicas con un enfoque de derechos. Además, estas agrupaciones están promoviendo una ley de derechos parentales que busca limitar aún más la educación sexual y estigmatiza a las organizaciones de mujeres.
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En la demanda actual se presentaron como pruebas un dictamen del Colegio Médico que sirvió para justificar la prohibición de la PAE en 2009, así como uno de la Corte Suprema de Justicia de 2013. Además, se incluyó un dictamen antiguo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), que posteriormente fue rectificado.
Incluso, el médico y ex ministro de Salud que firmó la prohibición de la PAE, Mario Noé Villafranca, cuando fue diputado en 2019 lo refirió durante una sesión legislativa en la que pedía una revisión a la prohibición «Si bien la FDA dijo algo en su momento, recapacitaron y dijeron que no es abortiva y por el bien de nuestras adolescentes y de evitar embarazos no deseados, en algo que ya tiene una posición la FDA, le pido a este honorable Congreso que lo tome en consideración», expresó Villafranca.
Para la abogada Mejía «Los argumentos de la demanda se basan en ideas que ya han sido refutadas por organismos internacionales de salud. Pero ellos recurren a generar dudas, usando estudios antiguos o peritajes de personas vinculadas a universidades conservadoras como la de Navarra o la Católica de Valencia», explicó.
Entre los peritos que ratificaron su declaración están tres españoles: una doctora en derecho y dos químicos farmacéuticos, así como dos médicos hondureños. «Sus dictámenes pretenden desacreditar la evidencia científica sobre la seguridad y efectividad de la PAE. Ignoran los pronunciamientos de la OMS, la FDA y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que han dejado claro que la pastilla no es abortiva», dijo la abogada.
Obstáculos legales y la poca accesibilidad pública a la PAE
El proceso legal avanza por la vía contenciosa administrativa, ya que el decreto fue emitido por el Ejecutivo. Aunque el Estado contestó la demanda a través de la Secretaría de la Presidencia, Mejía señala que hubo limitaciones, «el proceso es engorroso y no permitió presentar suficientes medios de prueba, como peritajes científicos que respalden la posición del Estado».
La sociedad civil, como el GE-PAE, a través de figuras como la coadyuvancia, ha intentado involucrarse en el proceso para respaldar la decisión del Ejecutivo. Sin embargo, su rol es limitado. «Nos adherimos a los argumentos del Estado, pero no podemos proponer pruebas o alegar de forma independiente», explicó Mejía.
Aunque la PAE ya puede distribuirse de forma gratuita en centros de salud como ASOHNPLAFA, clínicas públicas y en Ciudad Mujer, donde hay kits de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, aún hay muchas barreras para su acceso, especialmente fuera de las principales ciudades.
Ligia Destephen, integrante del GE-PAE, señaló que la PAE está vinculada al Protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero advirtió que este «No se ha estado utilizando realmente» y expresó que no tienen suficiente información sobre si las mujeres están accediendo a la PAE a través del sistema público como corresponde y que en el caso de las farmacias privadas, muchas aún no la venden y se niegan a hacerlo bajo el argumento de que es «abortiva».
Destephen además aseguró que aún faltan más campañas informativas sobre el uso de la PAE y dónde se puede adquirir, «En términos generales se sabe que está libre, creo que todavía hay personas que no lo saben. Tal vez porque no están en estos medios o de repente no es información que les haya interesado hasta que enfrentan una situación y ahí es cuando buscan», explicó.
