Un año y medio después de la aprobación del protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que este protocolo sigue sin implementarse: no hay puntos de atención ni mecanismos claros para evitar la revictimización, en varias zonas del país el personal médico no sabe cómo usar los kits post exposición, y la población no sabe a dónde acudir tras un evento que debe ser considerado una emergencia médica.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
Aunque en Honduras ya se comenzaron a distribuir los kits post exposición para casos de agresiones sexuales, creados tras la aprobación del Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual en diciembre de 2022, estos no se están implementando porque no existen centros de atención identificados para atender los casos, y la población no sabe a dónde puede acudir.
La información la reveló Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización médica humanitaria que brinda atención integral en casos de violencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Chamelecón. El año pasado, Médicos Sin Fronteras atendió 719 casos de violencia sexual, pero solo el 12 % de las víctimas y sobrevivientes acudieron dentro de las 72 horas posteriores al evento; de estos casos, solo en 45 pudieron utilizar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).
El protocolo se elaboró desde 2016, pero su aprobación se retrasó debido a que incluía el uso de la PAE, que estuvo prohibida desde el golpe de Estado en 2009 hasta marzo del 2023, cuando la presidenta Xiomara Castro abolió la prohibición.
Contracorriente habló con Laura Fonseca, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras, y con Joaquim Guinart, coordinador de la organización en San Pedro Sula y Choloma, quienes explicaron la situación actual de agresiones sexuales en Honduras, los casos que reciben en sus clínicas, los pasos más importantes para que el protocolo aprobado se comience a implementar, y hablaron sobre la importancia de acudir en un máximo de 120 horas después del evento para evitar un embarazo, así como enfermedades e infecciones de transmisión sexual.
Contracorriente (CC): ¿Cómo está la situación del protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que, según ustedes denuncian, no se está implementando?
Joaquim Guinard (JG): Sí, en el país hubo una aprobación del protocolo en diciembre del 2022, una socialización y una publicación en La Gaceta; después de eso, Médicos Sin Fronteras sigue atendiendo a personas sea donde sea, nuestro trabajo continúa, pero sí hemos hecho incidencia de trabajo para la creación de la ley, pues ahora que hay un protocolo continuamos. Hemos estado observando y queremos verbalizar que, tras un año y medio [de abolición de la prohibición], falta la implementación.
Tenemos que aclarar que si llega una persona al Hospital Escuela o un hospital en la zona norte, sabemos que se le va a atender, lo que pasa es que no está estipulado [cómo darán la atención de acuerdo al protocolo], y ahí tenemos el tema de si ha llegado o no el protocolo a los profesionales y si se ha establecido esta ruta. Eso no quiere decir que no vaya a haber atención, pero quizá se va a priorizar la parte médica, cuando el protocolo es mucho más.
CC: ¿En qué sentido? ¿Qué está ocurriendo?
JG: Entendemos como organización que la implementación tiene sus procesos, y aunque es un logro que este protocolo incluya la PAE que ya está disponible en el país, no podemos tener los medicamentos en una bodega. Es necesaria también la formación del personal, es necesario el establecimiento de circuitos de referencia, porque no sólo es un profesional o dos el que va garantizar la atención. Es importante también la confidencialidad, y por eso es necesario también reducir que esta persona vaya de un consultorio a otro, sino que hay que crear un espacio donde se le pueda atender casi de una sola vez. También es importante formar al personal; por ejemplo, es evidente que aún deben entender que no es necesaria una denuncia para atender a las personas.
Las necesidades en salud mental, trabajo social, protección y otros elementos que acompañan al protocolo, no se están implementando.
El darlo a conocer [el protocolo] a la sociedad es otro punto muy crucial, porque si no, no hay demanda, porque a veces no se sabe que la atención médica después de un evento es una necesidad; o si lo saben, no se sabe dónde ir a buscar atención, y eso lo vemos en nuestros datos. Una de las principales razones de no buscar atención es porque no saben que es necesaria una atención, no existe el concepto de que esto es una emergencia médica.
CC: ¿Cómo debería comenzar a implementarse este protocolo, qué pasos son vitales?
Laura Fonseca (LF): Primero, tenemos que ubicar los puntos donde va a haber atención, que por ahora no está muy claro. Cuando ya están definidos los puntos, hay que formar el personal, estar seguros de que el personal entienda cómo atender a una víctima, con qué medicamentos, que los medicamentos estén disponibles, pero también formar a las personas que van a referir a esos puntos para que entiendan que la violencia sexual es una emergencia médica, y sobre todo reforzar lo de las 72 horas.
CC: ¿Por qué es importante acudir dentro de las 72 horas después del evento? ¿Están acudiendo en ese periodo las víctimas y sobrevivientes?
LF: Las 72 horas son las horas donde podemos prevenir el máximo posible de infecciones y enfermedades, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), y también el embarazo. Eso es realmente un problema, bastantes personas no llegan [a las clínicas de MSF] en las 72 horas. Tenemos que asegurarnos de que las poblaciones sepan que es una emergencia y dónde pueden acudir, porque por ahora vemos que muchas personas no saben que hay un protocolo, no saben dónde pueden acudir, y no entienden que hay una emergencia que deben tratar.
12 de los pacientes que vimos el año pasado llegaron antes de 72 horas. Eso significa que la gran mayoría no viene antes, y dos de las razones más fuertes que nos dicen: primero, es por el impacto emocional que tienen, que sienten que están muy afectados emocionalmente; y la segunda barrera más grande es que desconocen que existe ese protocolo y que pueden recibir atención. El problema que tenemos ahora es que como no está muy claro y no hay definición de dónde se pueden ubicar, pues tampoco hay promoción de la salud a nivel comunitario.
CC: ¿Y cómo deben funcionar los puntos de atención y circuitos de referencia en todas las regiones del país para atender agresiones sexuales?
LF: No puedo decir cómo van a funcionar en los hospitales, pero lo que nosotros hacemos es que cuando una persona se presenta para decir que necesita un servicio prioritario, es darle unas palabras que pueden apoyar a la persona a no sentirse como una víctima, o puede sentirse con más confidencialidad. De ahí hacemos una atención en conjunto con salud mental, médica y social para que la persona explique una sola vez lo que pasó, y se le da atención médica prioritaria; si llegó en menos de 72 horas, para prevenir ETS e ITS, o si llega en menos de 120, se puede prevenir un embarazo.
Luego, la persona continúa con los otros equipos de salud mental, que esta parte también es muy importante tratar desde el inicio para prevenir unos trastornos todavía más fuertes, y también se le apoya en trabajo social, porque sabemos que muchas veces, en caso de víctimas sobrevivientes de violencia sexual, la persona agresora es una persona conocida de la víctima; eso sucede en más del 50 % de los casos que vimos en Tegucigalpa, por ejemplo. Entonces, hay que ayudar a esa persona para salir de ese ciclo de violencia.
CC: ¿Y cómo se evita la revictimización?
JG: Es importante este concepto de la revictimización. Es donde, por ejemplo, después del hecho yo le tengo que explicar a una médica, a un médico, lo que pasó; luego le tendría que explicar a la enfermera, luego a un psicólogo o una psicóloga, a alguien de trabajo social. Entonces evitar la revictimización es crear un solo lugar de atención y un equipo; implica reducir esta exposición, no volver a revivir el evento de violencia. Evidentemente, esto pasa también por todo este trabajo de formación del personal.
CC: ¿Cómo debe ser la capacitación del personal y de las comunidades para que acudan a atención después de un evento de violencia sexual?
JG: Hay que hacer todo un trabajo de formación del personal sobre los miedos que pueden tener. No solo veamos al personal como que no sabe, no estamos diciendo esto, sino que es quitar algunos miedos, algunos pensamientos previos, y no quiero decir prejuicios porque suena muy negativo, pero son creencias que pueden tener las personas. No decir: «voy a atender a una víctima, ¿qué riesgo tengo?», o temer que le tocará declarar en un juicio enfrente del perpetrador, «que me va a ver y me va a reconocer»; esa puede ser una creencia que puede tener el personal que hace que sea más cauto; o decir «no voy a darle un medicamento porque primero tiene que ser vista por un médico forense», por ejemplo, que tienen parte de razón, pero no es correcto, o sea, sí le podemos dar ciertos fármacos sin dañar la evidencia que luego un médico forense va a poder recuperar.
Por otro lado, hay pacientes que no buscan ayuda porque desconocen todo este trabajo, pero la idea es que en un solo punto se pueda ofrecer un espacio seguro, confidencialidad y esta multidisciplinariedad. La persona no es sólo un cuerpo, sino también es la parte mental y social que se tiene que considerar.
LF: También hay que aclarar que en esos circuitos de atención la denuncia no es prioritaria. Si es dentro de las 72 horas el apoyo médico es la emergencia y no es obligatorio [poner una denuncia], porque todavía hay muchas personas que piensan que una denuncia es obligatoria para tener acceso a los servicios.
CC: ¿Saben en qué etapa se encuentra la formación al personal de salud?
JG: En nuestro conocimiento, hasta el día de hoy han formado a formadores que pueden formar a otras personas. Creo que también es importante aclarar que la implementación del protocolo no sólo depende de la Secretaría de Salud; hay otras instituciones, como el Ministerio Público; podríamos hablar de Ciudad Mujer, de la Unidad de Género y demás instituciones. Tiene que haber una coordinación entre Secretarías y diferentes entidades del Gobierno para que todos estos elementos se coordinen adecuadamente.
