El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, enfrenta denuncias por varios tipos de violencia en contra de una expareja que lo ha demandado por manutención en Estados Unidos. Ella ha dicho que enfrenta amenazas y desprestigio en las redes sociales, con la exposición de fotografías íntimas en represalia por haber presentado esta demanda. Este caso se suma a la impunidad que sufren las mujeres en Honduras y a la deuda pendiente que tienen las autoridades del gobierno actual para frenar la violencia machista.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Portada: Daniel Fonseca
A finales de 2021, Alejandra Bustillo, entonces de 27 años de edad, con seis meses de embarazo y un hijo de cinco años, emigró hacia Estados Unidos de forma irregular. Su decisión fue marcada por su pareja sentimental y padre de la hija que esperaba: Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional.
En aquel entonces, Redondo estaba casado con otra mujer y acababa de reelegirse como diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH). Según cuenta Alejandra, la familia Zelaya-Castro le ofreció a Redondo que si ganaban las elecciones, él se convertiría en el nuevo presidente del Poder Legislativo. Con esa promesa vino la propuesta que Redondo le hizo a Alejandra de alejarse con su embarazo, ya que un escándalo como ese podría afectarlo políticamente.
«Me dijo: si esta niña nace aquí y se revienta lo que está pasando ahorita, va a ser un escándalo», cuenta Alejandra. Agrega que no encontró citas disponibles para solicitar la visa para viajar a Estados Unidos y dar a luz a su bebé allá; entonces Redondo le ofreció irse de manera irregular con un contacto, prometiendo que haría su viaje de forma segura. Ella salió un 5 de noviembre de San Pedro Sula junto a su hijo y con su embarazo a medio término. Tras viajar en varios tipos de transporte, el 25 de noviembre llegó y se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos.
Aunque viajaron en condiciones más seguras que otros migrantes que siguen la ruta, dice que fue un proceso muy duro por todo lo que veía en el camino. Cuando llegó, estuvo nueve días detenida en una celda conocida como «la hielera» por sus temperaturas frías, bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En ese tiempo, relata, le quitaron sus pastillas prenatales, comió mal, perdió 28 libras y a su hijo le dio neumonía. Al salir de la celda, Alejandra tuvo que iniciar un tratamiento complejo porque la desnutrición había afectado su embarazo.
En mayo de 2023, Alejandra decidió cortar la relación con Redondo, quien hasta ese momento había sido «un muy buen padre, responsable, siempre estaba pendiente de nosotros cualquier cosa que pasara», explicó. Dice que desde entonces Redondo no volvió a hacerse responsable económicamente de su hija.
En octubre de 2023, Alejandra decidió interponer una denuncia por manutención ante el Estado de Virginia en Estados Unidos, por un monto de 1,648.06 dólares anuales. Aunque los registros de estas demandas no son públicos, Alejandra ha publicado en sus redes sociales capturas del caso, que se registra bajo el número 0005605419, y fotografías de Redondo y su hija.
Según Alejandra, Redondo debía presentarse voluntariamente entre el 10 y 30 de noviembre del 2023 y no lo hizo; posteriormente un juez lo notificó y tampoco llegó. Alejandra asegura que no sólo le escribió a Redondo, sino también a la madre de él y a su asistente personal, Edson Argueta, pidiéndole que se comunicara con ella. «Yo no quise hacer este proceso [hacer público el caso], pero no tuve otra alternativa», explicó.
Contracorriente contactó a Edson Argueta para obtener su versión de esta información y solicitar una entrevista con Luis Redondo, pero al cierre de esta publicación no había contestado a las solicitudes. La relación cercana de Argueta con Redondo es conocida en Honduras; ambos están involucrados en el uso de tarjetas de crédito a nombre del Congreso Nacional que han sido utilizadas para gastos personales en restaurantes, hoteles, vuelos, supermercados y servicios a domicilio sin rendición de cuentas.
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A pesar de que el caso de Alejandra se hizo público en redes sociales y que los medios de todo el país replicaron la noticia, Alejandra asegura que Redondo no se ha comunicado con ella directamente; sólo le mandó a decir a través de otra persona que si iniciaba la demanda debía atenerse a las consecuencias legales y «que nada va a proceder, porque él tiene el poder».
Para la analista feminista Jessica Sánchez, es preocupante que una persona a cargo del Poder Legislativo no cumpla sus obligaciones con su propia familia: «Si quieren ser padres de la patria, que primero sean padres de sus hijos e hijas, porque tan culpable es que un tipo se robe millones como un tipo que no se hace cargo de manutención (…) sería tan fácil darle la manutención, o sea, no es una cosa del otro mundo, no es un hombre que no tenga trabajo, que no tenga dinero; pero esta es una cuestión de ejercer el poder sobre la mujer que tiene a su hija, de decirle: si quiero te doy, y si no quiero no te doy», explicó.
Sumado a la violencia patrimonial que Alejandra está sufriendo, dice que cuando decidió hacer público el caso, cuentas anónimas en redes sociales comenzaron una campaña de desprestigio en su contra. Las cuentas están vinculadas a contenidos progobierno y tienen patrones de campañas inauténticas y coordinadas que Contracorriente y expertos en informática han investigado anteriormente. «Él tiene cualquier cantidad de páginas para poder denigrar a cualquier persona que no esté de acuerdo con sus ideologías y pensamientos y con lo que él hace. De repente empezaron a aparecer fotos que yo le mandaba a él cuando éramos pareja, a decir que yo salía con un narcotraficante; si eso fuera así yo no estaría en esta situación», denunció Alejandra.
Sánchez recalca que debe haber leyes que protejan a las mujeres de la ciberviolencia, pero que el Congreso Nacional no ha tenido voluntad política: «La única ley que se ha aprobado para las mujeres es la Ley de Salud en el Trabajo, que fue impulsada por la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh) y Silvia Ayala, de ahí pare de contar: ley integral, ley de casas refugio, ley alerta morada para desaparecidas, todas están trabadas ahí en el Congreso», detalló.
Alejandra también cuenta que Redondo ha llamado a sus familiares para intimidarla, por lo que el pasado 2 de febrero interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, abrió una cuenta de donaciones para cubrir los 6,000 dólares que le costará la demanda privada por manutención, ya que esto implica primero un proceso de naturalización para reconocer a su hija como hondureña, y luego hacer un reconocimiento forzoso de la paternidad ante el Estado de Honduras.
También busca recolectar 8,000 dólares para la regularización de su estado migratorio. «Yo tenía que volver a Honduras por cierto tiempo para iniciar todo mi proceso por medio de la embajada de allá y de Cancillería, pero ahora no puedo volver», lamenta Alejandra, y explica que eso hace que el proceso sea más costoso.
El 31 de enero, la Mesa Técnica para el Acceso a la Justicia para las Mujeres, que es liderada por la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional y por el Poder Judicial, se reunió con organizaciones feministas para socializar el borrador de reglamento para el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Entre las sanciones que se impondrán, una vez que el pleno de la Corte Suprema de Justicia apruebe el reglamento, está la inhabilitación para adquirir o renovar licencias de conducir o pasaportes; tampoco podrán solicitar nuevas cuentas de banco, tarjetas de crédito, ni préstamos de ningún tipo.
La analista Jessica Sánchez se encontraba en la reunión que era transmitida por los canales del Congreso Nacional, y durante la ronda de preguntas interpeló: «Yo sé el compromiso que tenemos todas las que estamos aquí, pero de nadie es desconocido que Luis Redondo enfrenta una demanda por manutención. Es un hombre de mucho poder, ¿cómo está la relación de fuerza? ¿Realmente este proyecto tiene la fuerza política, no de ustedes, sino de todos?». Pero su duda no fue evacuada por ninguna de las autoridades presentes, y minutos después la transmisión fue cortada.
Sánchez explicó que «las diputadas que estaban presentes tienen y han tenido compromiso con temas de género, siempre hablamos en participación política de que ojalá haya un finiquito de género para quienes aspiran a un puesto de elección popular. Por ejemplo, verificar que no tengan antecedentes de violencia doméstica o antecedentes de violencia en general, ni violencia sexual, demandas de manutención, ¿verdad? pero no se ha tomado en cuenta», detalló.
Una deuda pendiente con las mujeres
El año 2023 fue muy violento para las mujeres hondureñas, y los femicidios aumentaron en un 30 %, con un registro de 386 casos. El 2024 inició con un registro muy alto de casos, con 22 muertes violentas de mujeres hasta el 25 de enero, según el Centro de Derechos de Mujeres. Por esta situación, diversas organizaciones se manifestaron por la falta de acciones concretas para atender dicha emergencia de violencia.
Recientemente los tres poderes del Estado presentaron un informe de logros durante el inicio de la tercera Legislatura. Ni la presidenta del Ejecutivo, Xiomara Castro, ni el del Legislativo, Luis Redondo, hicieron mención sobre la situación de violencia y femicidios, a pesar de que el evento fue el 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña. Por el contrario, las mujeres que protestaban fueron reprimidas por la Policía Nacional a pocos metros del evento. Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, presentó cifras relacionadas, pero no detalló acciones concretas.
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Ana Cruz, directora de la Asociación Calidad de Vida, señaló que el 2023 fue más violento que años anteriores para las mujeres, ya que más allá del aumento de registros de casos, en su organización atendieron situaciones en las que vieron más odio hacia las mujeres. «Teníamos como referente el 911, recordemos que estuvo cerrado y no atendían las denuncias. Entonces en nuestra organización los casos aumentaron y las mujeres vinieron por situaciones de violencia con más odio y saña. Ahora nosotras tenemos de manera permanente líneas telefónicas de atención, tenemos atención externa y tenemos refugios que pasan repletos», explicó.
También señaló que, ante la falta de respuesta a la violencia, aumentaron los casos de desplazamiento forzado de mujeres. En 2023, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 34,221 denuncias de violencia doméstica y 52,327 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como violencia intrafamiliar; sin embargo, de acuerdo a las cifras del Poder Judicial, solo llegaron a los juzgados el 16.62 % de los casos que fueron denunciados en el año.
El Congreso Nacional recibió hace cinco años una propuesta de Ley de Casas Refugio que sigue sin entrar a discusión. El proyecto contempla, entre otras cosas, que se le otorgue un financiamiento estatal a las 10 casas refugio existentes, que fueron creadas por organizaciones no gubernamentales. Al principio solicitaban apenas 10 millones anuales, pero esta demanda se está incrementando con los años.
En contraste, las prioridades del gobierno se han enfocado en la construcción de complejos deportivos o canchas de fútbol que han sido inaugurados por la misma presidenta Castro. Por ejemplo, el 13 de enero Castro inauguró un complejo deportivo en Talanga, Francisco Morazán, que tiene un costo de 21 millones de lempiras (840, 000 USD).
«Es irrisorio que en el presupuesto del año pasado quedaron 30 millones para casas refugio y lo que se hizo fue sólo firmar un convenio con la Alcaldía Municipal para que construya una, para la cual apenas han identificado el terreno, y no se dedicó nada al fortalecimiento de las casas ya existentes. Para este presupuesto 2024 quedó igual, 10 millones para prevención que no se hace nada», agregó Cruz.
Por otro lado, el 31 de enero, la familia de Angie Peña, desaparecida en Roatán en enero de 2022, realizó una conferencia de prensa en donde pedían que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio Público creen una comisión que intervenga en el caso, ya que las personas asignadas no les han respondido, e incluso una fiscal bloqueó los contactos de la familia para que ya no puedan comunicarse con ella.
«Angie votó por Xiomara Castro, confió en ella, y realmente no hemos podido tener una respuesta del gobierno», dijo Ericka Melgares, madre de Angie. De igual forma, el padre de Angie, Walter Peña, pidió que el gobierno frene la violencia contra las mujeres y no actúe solo en casos mediáticos. Posteriormente, la familia tuvo una reunión con el fiscal interino del Ministerio Público, Johel Zelaya, quién se comprometió a cambiar el equipo de fiscales y analizar el caso para dar nuevas líneas de investigación.
Lara Bohórquez, investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), denunció que desde el poder ejecutivo hay silencio, porque la presidenta no se ha pronunciado en temas de género desde el 25 de noviembre de 2023. «Nos preocupa porque vemos quizás un desinterés sobre la temática de mujeres, cuando esto nos afecta a todas y todos, todos los días. Necesitamos que la presidenta se pronuncie, porque de esa forma nosotras vamos a entender ese compromiso político», demandó.
Por su parte, Ana Cruz demanda un compromiso real del gobierno con las mujeres, ya que han recibido información de que existe intención de ocultar expedientes de políticos vinculados al partido de gobierno que fueron denunciados por violencia basada en género.
«No se vale tampoco porque están jugando con las vidas de las mujeres. Nosotras seguiremos exigiendo que todas las promesas se cumplan. (…) Es preocupante que no se han terminado ni siquiera de ejecutar un 10 o 15 % de las promesas, y ya están nuevamente en política, y ya nosotras como mujeres estamos cansadas de estar escuchando lo mismo y que quieran hacernos creer que van a cambiar la situación para nosotras», finalizó Cruz.
