Han pasado ocho meses desde que Ana Hernández fue encontrada muerta en su casa, al sur de Tegucigalpa. Su familia sigue sin conocer los resultados de la autopsia que revelaría si Ana fue víctima de femicidio. Recientemente, la Fiscalía le dio a su padre la certificación del acta del levantamiento cadavérico y una constancia, pero ninguno de esos papeles da cuenta de los resultados de la autopsia. Para la familia es una muestra más de la impunidad que rodea, no solo el caso de Ana, sino el de muchas mujeres en Honduras.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Portada: Generada con IA de Canva
Ángel Hernández pagó 200 lempiras (8 USD) para recibir dos constancias de la Fiscalía con las que esperaba tener respuestas sobre la autopsia de su hija. Las hojas no decían nada sobre la causa de muerte. Don Ángel deja abierto el folder que contiene los papeles y se aleja indignado, como si no quisiera seguir viendo la insuficiente, pero única respuesta que le ha dado el Ministerio Público sobre la muerte violenta de su hija, Ana Hernández, ocurrida el 19 de marzo de 2023.
«Yo ya tengo claro que esto va a quedar así», dice, mientras se sienta en una silla plástica blanca en el recibidor de su casa. Tardaron casi un mes en entregarle las dos hojas: una es la constancia de levantamiento cadavérico en la que mencionan que la forma de muerte está «pendiente de investigación» la otra es una constancia extendida por la Secretaría General del Ministerio Público, que repite la misma información, y añade que «se extiende exclusivamente para trámite de asilo político». Pero don Ángel no está buscando asilo y, por el momento, no piensa hacerlo. Esa frase resuena como una advertencia, o quizá como un presagio.
Ana era una mujer de 32 años que trabajaba en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). Fue encontrada muerta en su casa, y el primer sospechoso de asesinarla fue su pareja, el mayor de artillería Franco Méndez. Él dijo que Ana se había suicidado, y aunque la policía lo detuvo por portación ilegal de armas, fue liberado nueve días después. Méndez tenía en su casa proyectiles de fusil, casquillos de bala, seis granadas, municiones, cargador de fusil y de pistola, todos de uso prohibido fuera de las instalaciones militares.
La muerte de Ana ocurrió en medio de una huelga nacional del Ministerio Público y las morgues judiciales, durante la cual decenas de muertes violentas se quedaron sin tener una autopsia. La familia de Ana, desesperada, se tomó en protesta la carretera principal del país, la CA-5, con lo que lograron que se realizara la autopsia, aunque esta se efectuó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y no en Medicina Forense.
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Don Ángel está preocupado. Personas cercanas al proceso le han dicho que deje de preguntar por el caso, que no pida justicia. Después de que nadie lo llamara para actualizarlo, don Ángel consiguió reunirse con la fiscal que lleva el caso y con el encargado de la autopsia de Ana en Medicina Forense. A don Ángel lo recibió la fiscal asignada al caso en los primeros días de noviembre, y le dijo que Ana había estado viva por 20 minutos y que eso explicaría por qué había sangre en la cocina de su casa, pero su cuerpo apareció en su habitación.
La familia no encontró ningún rastro de sangre en ese camino; lo que sí vieron fue sangre en el lavatrastos de la cocina mientras limpiaban la casa de Ana, después de su muerte. Según su familia, Ana fue encontrada con un arma en una posición que no encaja con un suicidio, como lo dijo en un inicio la pareja de Ana, quien además, según don Ángel, tuvo comportamientos extraños ese día. Franco lo llamó para avisarle que había peleado con su hija y que esta, supuestamente, había amenazado con quitarse la vida. Después, dijo que estaba lejos de la casa, pero conocidos de Ana lo vieron cerca. También supieron que Franco le aseguró a la policía que no vivía con ella, aunque en la casa aún están sus pertenencias.
«No me explican [la Fiscalía] cómo es que mi hija se disparó, se levantó a la cocina, limpió la sangre del piso y luego se murió en el cuarto», dice don Ángel, y cuenta que cuando la hermana de Ana le pidió a la fiscal que les aclarara cómo era posible esa versión, la funcionaria se molestó y les dijo que ella solo leía lo que vio en el expediente de investigación, y que recién le habían asignado el caso.
Don Ángel tiene muchas dudas sobre el expediente de investigación que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le entregó al Ministerio Público, aunque una fuente dentro de la DPI le confirmó a Contracorriente que la hipótesis del suicidio estaba descartada. El padre de Ana dice que la policía no hizo el vaciado telefónico de los aparatos de Ana y que, por el contrario, le preguntaron si él tenía la clave, o si conocía a alguien que pudiera hackear el teléfono.
Al finalizar la reunión con la fiscal, a don Ángel le ofrecieron una constancia: «es todo lo que podemos darle», le dijeron, y él aceptó, esperando que por lo menos allí le dieran un dictamen más claro. Cuando llegó a retirarla semanas después, vio que la hoja decía que se extendía para asilo político. Don Ángel no sabe qué pasó con la pareja de Ana, pero un oficial de defensa le dijo que había sido dado de baja. Contracorriente buscó confirmar esta información, pero ningún miembro de las Fuerzas Armadas quiso hacer comentarios, ni siquiera de forma anónima.
Don Ángel dice que nada le regresará a su hija, pero tiene que lidiar con su pérdida: a Ana le faltaba muy poco para pagar la hipoteca de su casa, y ahora, hasta el banco está esperando la autopsia para gestionar el seguro. También, cuenta don Ángel, están en suspenso los beneficios del Instituto de Previsión Militar al que Ana aportaba desde que inició su trabajo hace 10 años en la DNII; esta última no se pronunció ni con un acuerdo de duelo, y no ha buscado a su familia para entregarle sus derechos adquiridos.
Don Ángel explica que en la reunión con el encargado de la autopsia este le dijo que estaban evacuando la hipótesis de que todo fue un accidente; que probablemente hubo un tiro al aire que rebotó en el techo y le pegó en la cabeza a Ana. Según este funcionario, ella murió a los 20 o 30 segundos, lo que contradice la teoría de la Fiscalía según la cual Ana murió después de 20 minutos. A don Ángel le costó entender varios términos que el encargado de la autopsia le mencionó, porque eran muy técnicos, pero al final este le dijo que enviarán pruebas a otros países para terminar de evacuar esa hipótesis.
El médico le dijo a don Ángel que él había hecho la autopsia de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que fue víctima de femicidio en una celda policial en febrero de 2021. Cuando el médico le contó esto, don Ángel sintió más desesperanza: «por eso sé que va a quedar así el caso de mi hija, esos casos nunca los resuelven».
El caso de Keyla tiene similitudes con el de Ana, ya que la hipótesis inicial de la policía fue que Keyla se había suicidado. Las circunstancias del hecho siguen inconclusas para su propia familia. Aunque hubo un juicio contra el agente policial Jarol Perdomo como único imputado, ninguno de los testigos dijo qué pasó, y Perdomo no declaró en ningún momento.
La familia de Keyla no se encuentra satisfecha ni con el juicio ni con la decisión del tribunal que sentenció al agente como culpable de homicidio imprudente, un delito contemplado en el nuevo Código Penal para cuando una persona causa la muerte de otra por imprudencia grave o leve. En nuestra normativa vigente, la pena va de entre uno a tres años si es leve, y de tres a siete años si es grave. Esta resolución se emitió después de que la Corte Suprema de Justicia negara un recurso de reposición a un amparo que interpuso la familia para que la sentencia que se dictara fuera por el delito de femicidio agravado (castigado con penas de entre 25 a 30 años de prisión), y no el de homicidio (de 15 a 20 años), que era lo que había pedido la defensa.
Tipificar de forma errónea los delitos no es algo inusual en el sistema de justicia y persecución penal de Honduras. Entre enero de 2015 y agosto de 2023, el Ministerio Público ingresó a sus bases de datos 21 casos de parricidio (de los 100 casos ocurridos en ese período de tiempo) en los que el denunciado tenía o había tenido una relación de pareja con las mujeres, a pesar de que el artículo 208 del Código Penal describe como femicidio agravado que el victimario «haya sido o fuera pareja de la víctima».
La abogada feminista Karol Bobadilla dice que la integración de la figura penal de femicidio en Código Penal desde 2013 no ha generado cambios en la realidad de vida de las mujeres ni en los niveles de violencia que enfrentan. «No vemos una conciencia y conocimiento por parte de los funcionarios públicos de lo que constituye la existencia de un femicidio, y la existencia y la importancia del uso de este tipo penal para poder identificar los tipos de violaciones a derechos humanos que sufren las mujeres», afirma.
Bobadilla agrega que desde que existen hipotesis erróneas como el calificar de suicidio una muerte violenta hay un patrón instalado en la misma institucionalidad: «es un patrón que violenta estándares internacionales que establecen que, debido al contexto altamente violento que viven las mujeres, todos los casos de muertes aparentemente violentas y no violentas de las mujeres tienen que ser investigados como femicidios», dice.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Honduras es el país en Latinoamérica que tiene la tasa más alta en femicidios y muertes violentas de mujeres, con una tasa de 6.0 por cada 100 mil mujeres; el país que le sigue está alejado de esta cifra, República Dominicana con 2.9.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) registró entre 2005 y 2022 que Honduras tuvo al menos 7,095 muertes violentas de mujeres y femicidios, la mayoría en edades entre 30 y 34 años. En Honduras la mayor causa de muerte violenta son los femicidios, el OV-UNAH hizo un estudio caso por caso de las cifras de 2022, en el que se encontró que, de 308 casos registrados, 194 se tratan de femicidios y el resto de muertes violentas sin determinar, u homicidios de mujeres. De los 194 casos, 39 casos se trataron de femicidios íntimos, es decir, que se determinó que el victimario era o había sido la pareja.
Migdonia Ayestas, coordinadora del OV-UNAH, destaca la gravedad de estas cifras. «Los hombres creen ser dueños y (…) que en su condición de pareja, expareja o pretendientes, pueden quitarle la vida a una mujer. Necesitamos avanzar para comprometernos a la prevención», dijo.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha denunciado que, de los 1,014 casos de femicidios y muertes violentas que ingresaron al Ministerio Público en los últimos tres años, apenas 29 tuvieron una sentencia condenatoria.
Don Ángel no se ha reunido con el nuevo fiscal general interino, si bien le han dicho que esa es la única persona que puede hacer algo por su caso. Contracorriente contactó al nuevo fiscal interino, Johel Zelaya, y al fiscal adjunto interino, Mario Morazán, para conocer más sobre el caso de Ana y cómo planean atender los femicidios y la violencia hacia las mujeres desde este poder del Estado, pero al cierre de este texto ninguno había atendido las solicitudes de entrevistas.
Alice Shackelford, coordinadora residente de Naciones Unidas, destacó la importancia de las instituciones encargadas de la justicia para las mujeres. «Se tiene que asegurar que los fiscales interinos hagan un trabajo fuerte alrededor de la historia de este tema, que la Corte también nos muestre verdaderamente cuáles son los pasos específicos que están haciendo para disminuir estos casos», señaló.
Por su parte, Doris García, ministra de la Secretaría de Asuntos de la Mujer, asegura que durante casi dos años, desde que ella fue nombrada en ese cargo, se intentó reunir con el anterior fiscal general, Oscar Chinchilla, pero nunca la recibió. García afirma que el actual fiscal interino sí la ha recibido para escuchar sus demandas: «El Ministerio Público tiene responsabilidades en la investigación de las muertes violentas de mujeres, en la instalación y el fortalecimiento de las unidades también de investigación de muertes violentas de mujeres. En la medida que funcionen, los perpetradores ya tendrían más cuidado en decidir si le quitan la vida o no a una mujer».
Para la abogada Bobadilla es grave que las instituciones encargadas de la justicia en Honduras, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, no tengan perspectiva de género: «Es que más de la mitad de la población no tiene posibilidades de alcanzar justicia cuando acude a estas instituciones».
Aunque don Ángel dice que su caso no tendrá justicia, se resiste a perder del todo la esperanza. Mantiene la casa de Ana con pruebas que podrían demostrar la hipótesis de femicidio; durante ocho meses las ha dejado intactas «por si la Fiscalía aún quiere verlas», refiere.
Don Ángel cuenta que vio a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, en uno de los programas televisivos con mayor sintonía en el país, refiriéndose a un posible caso de violencia doméstica. Suspira, y con un tono en el que se perciben resignación y tristeza, dice: «Ojalá dedicaran [los encargados de la justicia] un programa así para hablar de la autopsia de mi hija. Ojalá lo hicieran así por Ana y por las otras».
