La semana pasada, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que salió del país junto a su familia por amenazas a su seguridad después de la publicación de un informe sobre concentración de poder en los últimos tres gobiernos. La respuesta de algunos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro despertó alertas sobre la poca protección a personas y organizaciones de sociedad civil desde el gobierno.
Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen
Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), salió del país el 18 de junio tras recibir amenazas a su integridad física. Aunque ya tenía planificado asistir a la 53 asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos, Castellanos afirmó que tuvo que salir de emergencia con su familia debido a que se intensificaron las amenazas.
Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) publicó un vídeo en el que confirmó haber recibido una queja de parte de Castellanos por encontrarse en una situación de riesgo. «El trámite de las quejas del CONADEH se rige bajo el principio de reserva por lo cual no es posible ofrecer información detallada al respecto. En ese sentido, el mecanismo debe actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas de protección idóneas que deben ser consensuadas con la abogada Castellanos», dijo Izaguirre.
Solo en 2022, la organización ACI Participa documentó que 289 defensores y defensoras de derechos humanos sufrieron agresores. Las víctimas registradas sufrieron agresiones relacionadas con derechos políticos y laborales, el medio ambiente, libertad de expresión y derechos de los pueblos originarios.
De acuerdo con Castellanos, las amenazas se dieron después de que el CNA publicó un informe sobre concentración de poder y nepotismo en los dos gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, y en el actual gobierno de Xiomara Castro.
El informe compara la concentración de poder que realizó el Partido Nacional a través de prácticas nepotistas y clientelistas entre 2014 y 2022 y señala cómo estas prácticas no han cesado con la llegada del Partido Libertad y Refundación (Libre) al poder.
«Se puede apreciar una nación nuevamente decepcionada ya que, con el paso de los meses, no identifica cambios en sus autoridades, sino más bien, una adaptación de estas malas prácticas ejecutadas por el gobierno anterior», apunta el informe.
La presidenta Xiomara Castro respondió a los señalamientos durante un discurso en el Día del Periodista, celebrado el 25 de mayo de 2023, donde declaró que el CNA guardó un «silencio cómplice» durante los gobiernos del expresidente Hernández.
«[El CNA] se dedicó a denigrar funcionarios del Estado y a nuestras familias […] ¿cuál concentración de poder?, si en el Congreso ni siquiera podemos aprobar o ratificar, mejor dicho, un acta. El poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país», dijo la presidenta Castro.
Yanivis Izaguirre, encargada de comunicaciones del CNA, le confirmó a este medio que los ataques comenzaron a través de redes sociales, tanto de cuentas falsas como de funcionarios activos en el gobierno, «sin embargo, las amenazas se intensificaron y pasaron de una red social a la parte personal, física y familiar de la abogada Castellanos», explicó.
Izaguirre aseguró que la abogada Castellanos regresará pronto al país, «ella sigue al frente, sigue coordinando y dirigiendo la institución y estará de regreso en los próximos días pese a que el equipo de seguridad le ha recomendado retirarse por varios meses del país».
Castellanos ha estado a cargo del CNA desde 2014, de acuerdo con el reglamento del CNA, no existe un impedimento explícitoexplícito que no permita que Castellanos esté fuera del país un tiempo. La situación de Castellanos frente al CNA es compleja, aunque el pasado 30 de mayo fue ratificada en su puesto en una Asamblea del CNA, apenas 5 de las 12 organizaciones que conforman la Asamblea le apoyaron, 3 organizaciones no enviaron representante y 4 estaban en contra de su ratificación.
La asamblea está conformada por 12 organizaciones de sociedad civil que son la Asociación de Medios de Comunicación, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, el Foro Nacional de Convergencia, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Confederación de Trabajadores de Honduras, la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras, el Consejo de Rectores de Universidades Públicas y Privadas de Honduras y finalmente, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).
Hasta mayo de 2023, el CNA presentó 146 casos de corrupción, más de 20 con procesos judiciales abiertos, de acuerdo a su portal web. Entre los funcionarios que el CNA denunció se encuentran el ex-director del Instituto Nacional de Formación Profesional de Honduras, David Chávez, la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y la ex primera dama Rosa Elena Bonilla y denunciaron irregularidades y malas prácticas en la gestión de la pandemia de COVID-19.
Una de las personas vinculadas al gobierno actual que se menciona en el más reciente informe es Enrique Flores Lanza quien es exministro de la presidencia del gobierno de Manuel Zelaya Rosales y se encontraba en el exilio en Nicaragua desde 2009, pero que regresó al país al ser beneficiario por la amnistía que se aplicó a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006 y 2009).
Flores Lanza tiene al menos siete vínculos familiares con personas en el gobierno actual. «Gabriela Castellanos nos ataca porque no quisimos apoyarla para ser Fiscal General de la República, en su momento ella solicitó este apoyo nosotros consideramos que no era conveniente a los intereses de la población y por eso ella con un resentimiento ahora nos ataca incluso a nivel personal”, declaró Flores Lanza a medios cuando se publicó el informe.
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Castellanos por toda la exposición que representa su cargo, pero también la que tuvo después de la respuesta de muchos funcionarios en redes sociales, fue víctima de ataques misóginos. Jessica Sánchez, analista feminista, dijo que «su caso generó ataques sobre todo virtuales y esto se suma a la cultura misógina que tiene Honduras. Creo que ahí es donde hay que trabajar en reconocer la violencia política hacia las mujeres no solo a nivel partidario, sino en otros niveles y cortar esas raíces profundamente incrustadas en el tema de cómo se ataca con esa velocidad a las mujeres. No por nada somos el primer país en índice de femicidios», dijo.
Edmundo Orellana, ministro de Transparencia y Rendición de Cuentas, se solidarizó con Gabriela Castellanos vía Twitter cuando se hizo pública la información de las amenazas. Orellana renunció días después a dicha secretaría aduciendo tener problemas personales. El cargo lo dejará oficialmente a finales del presente mes y se reintegrará al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) del que era diputado previo a aceptar su cargo en la secretaría.
Sin embargo, la posición de Orellana no fue la misma que otros miembros del gabinete. En cuanto la información salió, algunos funcionarios salieron a atacar a Castellanos y a sugerir que se trataba de una conspiración. El ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, dijo a través de medios de comunicación que la salida del país por temas de seguridad de Castellanos es parte de una conspiración, «tengo la impresión de que hay algunos sectores aquí interesados en marcar al Gobierno de Honduras como violador de los derechos humanos para exponerlo dentro de unos meses a las sanciones que ya sabemos quién impone y que se ha auto otorgado el derecho de ser el policía del mundo», dijo Salgado.
Mientras tanto, el expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, aseguró en medios que se trataba de una conspiración contra la presidenta Castro, «es un plan ya trillado en los países donde la oligarquía quiere afectar los gobiernos, ya se conoce en América Latina. Hay manuales sobre ese tipo de tácticas de desestabilización», manifestó.
Sobre estas declaraciones, Izaguirre aseguró que la lucha anticorrupción nunca ha sido fácil y está llena de este tipo de amenazas, «ya han existido en pasadas denuncias, en donde se tocan grandes intereses o personalidades que están en funciones en un alto cargo y se reacciona. Sin embargo, los derechos humanos no son de teorías, no son de especulaciones y conspiración son de hechos y ella lo ha denunciado ante el CONADEH con las pruebas fidedignas para que ellos tengan este material y puedan investigar y llegar a determinar de dónde provienen estas denuncias», agregó.
Leonardo Pineda, analista en Seguridad Ciudadana, aseguró que una de las estrategias de comunicación del gobierno es «crear como este enemigo invisible, que nunca tiene rostro, que siempre está ahí atrás de ellos, pero nunca se llega hasta el fondo de quiénes son y nunca hay realmente culpables».
Pineda aseguró que la respuesta de muchos funcionarios ante las denuncias de Castellanos «lo que hizo fue darle realmente base a la misma denuncia. No es posible que ella esté denunciando que la están atacando, que la están amenazándola y lejos de ponerse, pues del lado de una víctima, que para ellos no es víctima, se ponen pues atacarla aún más».
La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, anunció que había buscado comunicación directa con Castellanos y no tuvo éxito, pero que se apersonaría ante el CONADEH para conocer la denuncia de la directora del CNA.
Ante esto, Castellanos publicó que lamentaba el desconocimiento de la ministra sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a las y los Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia pues «se prima la reserva, secretividad y confidencialidad de la información, con el fin de salvaguardar la integridad física de la persona denunciante o beneficiada».
Castellanos solicitó a Roque que se apegara al procedimiento establecido y aseguró que no había recibido ninguna comunicación de parte de la ministra o del sistema de protección para conocer la queja interpuesta.
El sistema de protección publicó un comunicado el 19 de junio para informar que no tenía registro sobre una situación de riesgo actual de Castellanos, pero que se ponía a disposición para articular las medidas de protección.
Jessica Sánchez, quién formaba parte del mecanismo de protección anteriormente, aseguró que además no es la persona defensora la única que debe acudir al mecanismo «cualquier consejero que se enteray que la ministra debió saber por Twitter porque ella siempre está en en redes sociales, el Estado tiene que acercarse a la víctima y no al revés sí porque la persona que recibe la agresión, ya está muy vulnerable», explicó.
Por su parte, Gerardo Torres, vicecanciller hondureño expresó en una conferencia de prensa que «Gabriela Castellanos estuvo nueve años al frente del CNA, y en 141 líneas de investigación no mencionó ni una vez a JOH [Juan Orlando Hernández]. Ahora lo menciona y en menos de dos semanas después es amenazada», Torres además calificó como «preocupantes» las denuncias de amenaza contra la directora del CNA y aseguró que desde el Gobierno tienen el «compromiso» de apoyarla en esto.
Sobre las polémicas reacciones de algunos funcionarios de Gobierno sobre este tema, Torres hizo un llamado a la cordura para no caer en discursos polarizantes. «Esto debe de ser preocupante y debe tener seriedad de investigación y no caer en narrativas hechas para meter ruido político. Tirarnos [acusarnos] unos contra otros es una lógica que no ayuda con la gobernanza ni el tema del desarrollo democrático del país», aseguró.
El analista Leonardo Pineda cuestionó que ante los asesinatos y amenazas que han sucedido en los últimos días contra los defensores de Guapinol «no hemos visto que se diga de parte de Libre que es una conspiración, un complot, porque involucra a miembros de su mismo partido político;prefieren dejarlo a un ladito y estar calladitos, ¿por qué ese doble discurso tan nefasto? Sabiendo que hay problemas y que los problemas tienen que abordarse, no tiene que buscarse excusas», agregó.
Por su parte, Sanchez agregó que estamos ante funcionarios y funcionarias con poca capacidad de respuesta y con una óptica de fanatismo ideológico partidario que ven conspiraciones en todos lados, «estamos no solo frente a la falta de capacidad sino falta de conocimiento sobre la imagen pública que deben representarse, ellos representan al gobierno, al Estado de Honduras», finalizó.
