Por: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
El anteproyecto de la Ley de Casas Refugio en 2018 fue dictaminado por el Congreso Nacional, pero desde entonces no ha entrado en debate. La ley busca que las diez casas refugio existentes en el país tengan financiamiento estatal para funcionar y no sobrevivan solo con la cooperación internacional, esto ocurre a pesar de que en agosto de 2020 el Gobierno aprobó el decreto de emergencia contra la violencia de género, en respuesta al incremento de casos observado durante la pandemia por COVID-19.
En 2020, el Sistema Nacional de Emergencia 911 recibió 105,000 denuncias por violencia doméstica, una cifra que aumentó en un 15 % en relación al año anterior, según la Asociación Calidad de Vida que además asegura que 2021 cerrará con un número mayor.
Contracorriente (CC) habló con Ana Cruz (AC), directora de la Asociación Calidad de Vida, para entender cómo funcionan las casas refugio, en qué condiciones atendieron a las mujeres en el contexto de la pandemia por COVID-19 y qué se necesita para mejorar las condiciones de vida y erradicar la violencia que sufren las mujeres hondureñas.
CC: ¿En qué consiste el proyecto de ley de casas refugio?
AC: Con la ley se garantiza que se cumplan parte de los derechos humanos de las mujeres, sobre todo el derecho a vivir libre de violencia. Las casas refugio son los medios o instrumentos para salvar la vida de las mujeres, más en contextos de tanta violencia.
La de la ley establece cómo va a ser la sostenibilidad de las casas, desde hace más de 25 años de las casas refugio se sostienen con el apoyo financiero de la cooperación internacional y Honduras ya debe responsabilizarse por la vida de las mujeres y no esperar que otro país o que la cooperación venga a hacer el trabajo que le corresponde.
La ley establece de dónde provendría el financiamiento, por ejemplo, que bienes incautados puedan ser puedan servir como bolsón para proteger la vida de las mujeres y no como ha estado siendo utilizada hasta ahora qué es para comprar armas.
CC: ¿Cuál es el presupuesto mínimo que están pidiendo con esta ley?
AC: En el dictamen quedaron 10 millones de lempiras, nosotros estábamos pidiendo más, incluso poniendo una palabrita y que se incorpore en la aprobación que ese fondo es un mínimo inicial. Para que cada Casa Refugio funcione se necesita al menos entre 3 millones y medio y 4 millones, para tener personal calificado, especializado y sensibilizado para atender a las mujeres con calidad.
Entonces si hay diez casas refugio, se necesitan 35 millones, que es un monto mínimo en comparación con otros gastos que se dan dentro del Gobierno. Ahorita como primera instancia se solicitan 10 millones mientras se hace la regulación de cómo se van a otorgar estos fondos, como existen refugios municipales y otros manejados por ONG.
CC: ¿Cuántas casas refugio existen y qué limitaciones tienen?
AC: A nivel nacional existen diez casas, quisiéramos que existiera una en cada departamento al menos, pero no es posible. Las casas refugio tienen muchísimas necesidades que van desde tener personal idóneo, sensibilizado y especializado en la temática de violencia contra las mujeres, el tener alimentos, medicamentos, servicio médico especializado porque muchas veces las mujeres no solo vienen enfermas sino con golpes extremos: con machetazos o con balazos.
También necesitamos el pago de servicios públicos, la renta de las casas dónde están ubicadas y que tengan una infraestructura viable para las mujeres con discapacidad.
CC: ¿Desde hace cuánto existe este anteproyecto?
AC: El anteproyecto se empieza a elaborar desde hace como entre cinco y siete años, fue visto por las organizaciones de mujeres, por la cooperación internacional, incluso instituciones de gobierno que hacen uso de los refugios. A inicios de 2018 presentamos el anteproyecto y un mes después fue dictaminado, pero ahí quedó. Hemos seguido haciendo campaña, presionando, incluso nos hemos reunido con todas las bancadas que nos han dicho que sí lo van a aprobar, la bancada del Partido Nacional firmó un documento en donde se comprometían a aprobar y a dispensar en dos debates, pero todo ha sido palabra y no pasa nada.
CC: ¿Y por qué crees que se ha dado tanto retraso?
AC: Es que es la falta de voluntad política y mientras haya esa falta de voluntad política las mujeres no vamos a avanzar en nuestros derechos, es un congreso misógino sin interés en las mujeres, no quieren tener nada que ver con las mujeres. Además estamos ante un gobierno que atenta contra los derechos de las mujeres, eso se ve reflejado en la aprobación del nuevo Código Penal en dónde todas las penas que tienen que ver con los derechos de las mujeres fueron reducidas.
CC: Con la pandemia ¿cómo atendieron la violencia y qué cambios hicieron en la atención en las casas refugio?
AC: La pandemia profundizó la violencia contra las mujeres, se incrementó en un 15 % en relación al 2019, ese «Quédate en casa» (la campaña de gobierno para frenar la pandemia por COVID-19) fue el mal para muchísimas mujeres porque también se quedaron en casa los operadores de justicia entonces ¿qué pasó? 105,000 denuncias de violencia contra las mujeres que hubo en 2020 solo atendieron un 12 % y muchas mujeres no accedieron a la justicia.
Eso ha sido terrible y este año continúa todavía, yo creo que un 14 % se incrementará en relación a 2020.
Aunque hay estos grandes programas como Ciudad Mujer, no sabemos que cuál es el papel porque la violencia no tiene horarios, sucede de noche o en fines de semana cuando estos programas solo atienden de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a cuatro de la tarde.
Las organizaciones de mujeres somos las que sacamos el pecho para defender la vida de las mujeres.
CC: ¿Cómo ha sido la atención que han tenido que darles a las mujeres? Con todos los cambios que significó la pandemia en la vida cotidiana.
AC: En las casas refugio se tuvieron que diseñar protocolos de atención y de bioseguridad, nos agarró la pandemia casi sin financiamientos, pero logramos conseguir equipos de bioseguridad para el personal y para las usuarias.
Tuvimos que encontrar quién no financiaba pruebas porque a todas las mujeres que reciben el nuevo refugio se les hacen pruebas, aunque si vienen positivas siempre se reciben, lo que pasa es que sabemos cómo actuar. También la falta de alimentos fue terrible, las feministas hicieron campaña para recaudar alimentos, se diseñó un cuarto de cuarentena también con baños especiales.
El personal estuvo en riesgo, tuvimos mínimos casos entre el personal, recibimos muchas familias, pero con todo el apoyo logramos hacer que salieran del contagio y de la violencia porque estábamos enfrentando dos pandemias. Fue un periodo difícil donde se nos acumularon los casos porque no había medio de transporte, las mujeres no podían salirse de los refugios y finalmente coordinamos con el Ministerio Público para que fueran a dejar a las mujeres a sus comunidades.
CC: ¿Cómo cree que ha sido la respuesta del gobierno actual en relación a la violencia contra las mujeres?
AC: Ha habido grandes retrocesos en las políticas públicas relativas a las mujeres, estamos sumamente preocupadas porque hay varias leyes que se aprobaron y se quedaron sin presupuesto, que hicieron show de inauguración como CrediMujer y nunca les dieron nada.
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Igual hay muchas leyes como la de emergencia que no ha tenido el eco deseado, las llamadas al 911 hemos peleado para que haya personal especializado. En las luchas de las mujeres hemos perdido muchísimas.
CC: ¿Cómo ha sido la respuesta en el caso del Poder Judicial? ¿Hubo algún retroceso en el acceso a la justicia?
AC: Es terrible, por ejemplo, conocemos de una jueza que le dio cita a una usuaria por un caso de violencia doméstica para dentro de cinco meses, pero el agresor se va del país y no quiere hacer el cambio, la jueza ya tiene infinidad de denuncias.
No sólo pasa en los juzgados de violencia doméstica, sino que en toda la parte penal también porque los jueces y juezas desconocen como judicializar con enfoque de género, desconocen completamente la normativa internacional para juzgar a los agresores, a los femicidas. Por eso existe esa gran impunidad del 96 % en los casos porque todo se queda en el Poder Judicial.
CC: Además de la aprobación de esta ley de Casas Refugio ¿qué otros cambios cree que son necesarios que se pongan en práctica?
AC: Queremos políticas públicas que se lleven a cabo y que lleven presupuestos etiquetados, si se aprueban sin presupuesto en nada estamos. Nosotras necesitamos que los tres poderes del Estado estén sensibilizados y que acojan todo lo que tiene que ver con la normativa hacia las mujeres, que se baje este índice de impunidad en el caso de los femicidios, exigimos que den presupuesto para las unidades de investigación de muertes violentas de mujeres y femicidios porque ahora mismo solo trabajan siete fiscales ahí y cuántos casos de femicidios hay al año.
Necesitamos que el ente rector de las políticas públicas de las mujeres esté acordé con lo que pedimos, que esté de lado de las mujeres y del lado de los políticos.
