El 9 de octubre la Policía Nacional anunció en medios de comunicación que la diputada Olivia Zúniga Cáceres, había sido víctima de un atentado en su vivienda. Horas después aclaraban haber detenido a un hombre que era su pareja sentimental y cuestionaban la denuncia inicial. La diputada Zúniga días posteriores publicó un vídeo en redes donde muestra haber sido víctima de violencia doméstica y denuncia la filtración de información falsa, que la puso en riesgo. Para analistas, el caso de la diputada muestra una revictimización múltiple tanto por ser mujer, como por participar en la vida política del país.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
Olivia Zúniga, diputada del Partido Libertad y Refundación (Partido Libre) e hija de la ambientalista Berta Cáceres (asesinada en 2016), sufrió tres agresiones la última semana: la primera de parte de quien era su pareja sentimental que la golpeó durante ocho minutos, la segunda cuando la Policía la expuso públicamente y la tercera cuando los medios replicaron la información de la Policía y difundieron solo la versión del agresor.
Zúniga tuvo que publicar un vídeo la noche del 12 de octubre, titulado Mi versión, en el que se ve cómo su pareja afectiva ejerce violencia contra ella. Zúniga Cáceres denuncia en el vídeo que llamó al 911 y dijo haber sido atacada por un hombre que la perseguía por la colonia en su propio carro, a pesar de esto, Zúniga explica que el subcomisionado Madrid declaró información falsa en medios donde aseguró que lo que ella había denunciado había sido un atentado por cuatro hombres desconocidos.
«Yo no he dado ni una tan sola declaración acerca de este suceso ante ningún medio de comunicación, ya que se debe respetar el proceso investigativo que ha sido violentado y entorpecido por la filtración de información falsa y manipulada por parte del subcomisionado Madrid de la UDEP10 de Intibucá», tuiteaba Zúniga, luego de que la información —que ella calificó como errónea— fuera difundida en medios.
En el vídeo publicado por la diputada se ve cómo Luis Fernando Romero Argueta (el agresor), le impidió primero realizar una llamada, luego se quedó las llaves del carro por lo que Zúniga no pudo huir en él. Romero toma el carro, se va durante un tiempo, pero regresa a cambiarse de ropa, limpiar lo que pareciera ser sangre en el suelo de la casa de Zúniga y volverse a ir. Ella pudo refugiarse en casa de un vecino después de ser golpeada por Romero Argueta. La Policía Nacional lo detuvo la mañana siguiente en Marcala, departamento de La Paz, mientras se conducía en el carro propiedad de Zúniga.
El subcomisionado a cargo de la posta policial en La Esperanza, Intibucá, Alex Madrid, declaró en medios que Zúniga había manifestado inicialmente no conocer quién robó su carro: «Al parecer es una persona que ella perfectamente conocía (…) definitivamente se deben de poner denuncias por hechos reales y no por situaciones que al final dejan entrever otras cosas lamentablemente. Ya la sociedad se formará su propio criterio, nosotros no somos quienes para juzgar, ella sabrá por qué lo hizo».
Victoria Ochoa, coordinadora de la organización política feminista Luchemos, dijo que el caso trata sobre múltiples violencias que fueron ejercidas al mismo tiempo: «La violencia de género y la violencia política, al ser una mujer participando en la política, recibe ataques que responde a estas condiciones, no se puede separar una condición de la otra». Ochoa explicó que la violencia se vuelve política cuando la policía y los medios reproducen un discurso manejado como «lío de faldas» como si la violencia basada en género fuera algo menor a un ataque por su condición de diputada.
La violencia doméstica es uno de los delitos más denunciados en el país, en 2020 las cifras se dispararon a casi 100,000 casos en la línea de emergencia del 911, producto del confinamiento por la pandemia de COVID-19. De enero a mayo de 2021 la línea de emergencia 911 recibió 24,107 denuncias por violencia doméstica en todo el país. Este dato fue recopilado por el Observatorio de violencias del Centro de Derechos de la Mujer (CDM).
Zúniga denunció sentirse revictimizada no solo por la policía, sino por los medios, entre ellos el medio Hable Como Habla (HCH) divulgó vídeos que contienen los interrogatorios realizados a Romero Argueta, la voz que realiza las preguntas es la del subcomisionado Madrid.
En uno de los vídeos, Romero, aparentemente en estado de ebriedad, cuenta que llegaron de un bar en el que había bebido y que discutieron. «¿Ella te mordió?», le pregunta Madrid. Cuando Romero responde que sí, insiste en los detalles: «¿Y el golpe del sartén, ella te golpeó con el sartén? (…) ¿la señora Olivia Cáceres te mordió el dedo en la pelea que tuvieron?», Romero responde que no sabe. «¿Y entonces quién te mordió el dedo?, ¿usted se lo mordió solo?», Romero responde que no y luego deja de responder cuando expresa que ve a la seguridad de Zúniga llegar a la posta policial.
Madrid fue asignado a la posta policial de la Esperanza, Intibucá, en medio de protestas por el caso de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial después de haber sido detenida la noche del 6 de febrero de 2021, por incumplir un toque de queda. La Policía Nacional dijo que se había suicidado, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones.
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La diputada Zúniga Cáceres participó en protestas que se llevaron a cabo un día después de la muerte de Keyla, estas manifestaciones terminaron reprimidas por la Policía y ella fue víctima de gas lacrimógeno, mientras daba declaraciones en medios. Tras lo sucedido con su caso, la diputada expresó en redes que cree que se ha utilizado este caso para vengarse de las denuncias nacionales e internacionales que hizo cuando acompañó el caso de Keyla Martínez.
Cuando ocurrió el caso de Keyla, Zúniga, denunció en Contracorriente que la versión de la Policía Nacional no tenía credibilidad: «Ni para nosotras ni para el pueblo hondureño. Cambian la versión de los hechos, así como cuando hicieron con mi mamá que dijeron que era un crimen pasional, después que era un pleito de poder interno en su organización», señaló.
Contactamos al subcomisionado Alex Madrid, quien no respondió a las llamadas, pero sí a mensajes de texto, sin embargo dejó de responder cuando se le solicitó una entrevista para escuchar su versión en el caso de la diputada Zúniga.
Posteriormente, Contracorriente contactó al inspector Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional que mediante notas de voz explicó que la policía había recibido una denuncia de la diputada Zúniga y que es a raíz de esa que se logró la detención de Romero Argueta y que posteriormente vieron que se trataba de un «pleito pasional».
Sobre la falta de policías —debido a las medidas de protección de la Corte Interamericana con las que cuenta la diputada desde que ocurrió el asesinato de su madre Berta Cáceres— el inspector dijo desconocer qué tipo de medidas tiene la diputada y si estas incluyen un acompañamiento las 24 horas del día, a su vez recordó que Berta Cáceres, la madre de Olivia, había «despachado a los policías» la noche de su asesinato.
El inspector Barahona luego de enviar las notas de voz, eliminó todos los mensajes y cuando se le cuestionó por qué hizo esto, solo dijo que toda la información que proporcionó era correcta y no volvió a responder comunicaciones a este medio.
Zúniga denunció que la policía no estaba con ella para garantizar sus medidas cautelares y que tampoco estuvo durante las madrugadas anteriores donde dice haber sido vigilada. «La misma policía que se ausentó durante los últimos días, es la misma que ha expuesto ante los medios de comunicación el vehículo y placa en el cual me movilizo, a parte de hacer interrogatorios y filtrar información violentando el debido proceso para manipular a la opinión pública», comentó en sus redes.
Luna Flores, integrante de Luchemos, señala que las acciones de la policía responden a un patrón estructural de violencia machista: «Todos sabemos el origen de la violencia, sabemos que es de carácter estructural y que las instituciones encargadas en este país de garantizar seguridad, protección, más bien se convierten en cómplices y reproductores de este sistema violento. En este caso la policía es una entidad que simboliza represión y que jugó un papel terrible en el caso de Olivia y no solamente en ese, el caso reciente de Keyla», aseguró.
Por su parte, Ochoa, la coordinadora de Luchemos, añadió que «es necesario verlo sistémicamente, no es un caso aislado y que también fue revictimizada muchas veces por las autoridades, por los medios de comunicación. Tuvo que defenderse además de los daños que estaban haciendo a su imagen y dignidad. Las mujeres se ven envueltas al tener que defender su imagen y su dignidad por su ejercicio como diputada», resaltó.
Para Ochoa es necesario que exista una tipificación para la violencia política y otra especialmente para las que sufren las mujeres: «Va a ser muy necesario para poder justamente prevenir y también regular estos incidentes de violencia que se están dando y que cada vez crecen más, sobre todo a mujeres que están incursionando en política», finaliza.
