La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) es la institución promotora del programa «Vida Mejor» , el proyecto estandarte de los gobiernos de Juan Orlando Hernández. En los últimos tres años, Sedis entregó a beneficiarios de proyectos sociales más de siete mil millones de lempiras, sumado a esto desde 2017 utilizó casi dos mil millones en convenios con organizaciones no gubernamentales. Los proyectos son cuestionados por corrupción y sus fines clientelistas.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Ezequiel Sánchez y Martín Cálix
«Aquí no hay nada, estamos en el abandono, es como que no existiéramos», dice Cinthia, habitante del sector Lomas del Diamante de la aldea Santa Rosa, ubicada a 14 kilómetros del centro de Tegucigalpa. Se encuentra reunida afuera de su casa junto a un grupo de ocho vecinos, en su mayoría mujeres con niños en brazos. Todos dicen sentirse abandonados y engañados por el gobierno.
Lomas del Diamante es una aldea que no cuenta con los servicios básicos, a pesar de estar ubicada en plena capital del país. No hay energía, agua potable, alcantarillado y muchos de sus habitantes no aprendieron a leer ni a escribir. La mayoría de las mujeres se dedican a los cuidados del hogar y a subsistir de la agricultura —en su mayoría para consumo propio, pero también para vender y generar unos pocos ingresos.
Ahí, en esas calles de tierra, se encuentran muchas caras detrás de las cifras que colocan a cuatro de cada diez hogares hondureños en la pobreza extrema, subsistiendo con menos de un dólar al día. Los vecinos de Lomas del Diamante dicen sentirse tan olvidados que ni siquiera los políticos llegan a pedirles el voto. En toda la comunidad, conformada por unas 600 familias, hay una sola guía de familia.
Las guías de familia son parte del programa «Vida Mejor», son, en su mayoría, mujeres que se encargan de proyectos que buscan reducir la pobreza en el país: búsqueda y entrega de personas que necesitan pisos, techos, fogones, etc. Pero también tienen que cuidar su comunidad: se turnan para limpiar escuelas o vigilar los «parques de la vida mejor». En la práctica también son quienes mueven el clientelismo: a cambio de los beneficios, los beneficiarios deben demostrar su lealtad al Partido Nacional.
El programa «Vida Mejor» también tiene un bono mensual de aproximadamente dos mil lempiras (antes, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, conocido como «Bono 10 mil»); además es el programa encargado de la bolsa solidaria y de la entrega de viviendas, techos, pisos y otros productos para las familias.
Otro programa es el de «Mejores Familias», que lleva a capacitaciones a mujeres en edad reproductiva, así como a madres de niños y niñas menores de cinco años, en donde aprenden «sobre el desarrollo de individuos sanos», según el portal web. De 2015 a 2020, las personas involucradas en el programa «Mejores Familias» dieron 586,356 capacitaciones a mujeres, la mayoría en el Distrito Central. Es en esta zona del país donde, de acuerdo con los datos de Sedis, están la mayoría de beneficiarios e integrantes de estos programas.
Elsy, vecina de la comunidad, cuenta que ella formó parte del listado de los bonos de gobierno dos años atrás, pero cuando vieron que era amiga de «la Marta», activista de Libertad y Refundación (LIBRE), la borraron de la lista. «A mí me dijo ella (la guía de familia) que sacara el traslado para votar aquí (porque ella es originaria de una comunidad fuera del Distrito Central) y así poder ayudarme con el bono, y que si no, no», cuenta.
María García, otra de las vecinas, detalla que las personas que no son afiliadas al Partido Nacional no reciben ayudas. «Trabajamos cultivando frijoles y maíz, hemos sobrevivido porque Dios es bueno. Imagínese si el gobierno da cada mes una bolsita solidaria, eso no le resuelve a uno, solo en el momento le quita el hambre. Pero aquí solo dos veces vinieron en la pandemia, y no nos dieron a todos», añade.
El gobierno de Juan Orlando Hernández creó en 2014 una maquinaria clientelista gubernamental, misma que le ha permitido controlar a una considerable masa de votantes a través del programa «Vida Mejor», que administra la Sedis. «Vida Mejor» fue el tema principal en su campaña, su primera carta para ser reelecto.
La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) para 2021 tiene un presupuesto asignado de un poco más de 2,338 millones de lempiras (97,432, 000 millones de dólares), y su alcance con sus programas asistencialistas abarca todo el país.
Según los datos de una página web de Sedis, desde enero de 2017 a septiembre de 2021 se utilizaron 1,810,978,758 lempiras en convenios destinados a la construcción de viviendas, techos, pisos, letrinas, ecofogones, pilas, módulos sanitarios y filtros.
De igual forma, en los únicos datos disponibles en el portal de transparencia sobre las transferencias monetarias desde enero de 2019 a julio 2021, la suma da un total de 7,707, 257,135.87 lempiras ($321 millones de dólares) utilizados para los proyectos: «Guías de familia», «Mejores familias», «Microempresas», «La bolsa solidaria», «Vida mejor», «Comidas calientes», bono «No están solos», «bono rural», «bono urbano» y «proyectos especiales»; así como para kits humanitarios, uniformes y merienda.
Martha Meza, activista de LIBRE y defensora de los derechos humanos que vive en la zona, cuenta que la pobreza de su comunidad no se resuelve con bolsas solidarias: «traen una bolsa solidaria que mínimamente le dura a una familia cinco días. Y digamos que traen cuatro bolsas al año. Y que no es cierto, porque las han traído solo durante este año de campaña. Son 20 días al año, ¿y los otros 340 días cómo come esta gente? Eso de «Vida mejor» es una propaganda política, no un proyecto social».
Obed García, economista del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), señala que la mitad del gasto de la Administración Central se trata de gastos sociales y que el problema es el enfoque: «los gastos para reducir la pobreza deberían estar orientados en aquellas inversiones que por un lado reduzcan los costos de las personas en el país a través de inversiones en carretera, en energía, en salud, en educación, en hospitales; en carreteras que conecten esos centros educativos y hospitales y otros elementos que reduzcan los costos en el país».
Los programas sociales aparecen en Honduras desde hace más de 19 años con la condonación de la deuda externa durante el gobierno del nacionalista Ricardo Maduro. Entonces se dijo que la deuda se condonó con el fin de que los recursos que se utilizarían para pagarla se invirtieran en una estrategia para la reducción de la pobreza en el país, y que dicha estrategia se implementaría a partir del gobierno del depuesto Manuel Zelaya Rosales. Esto quiere decir que, desde ese entonces, dentro del Presupuesto General de la República hay enunciados específicos para disminuir la pobreza.
Sin embargo, a pesar de esto, se comenzaron a crear otros programas con el mismo fin, y estos se financiaban con endeudamiento externo a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre estos programas se encuentran la «Red Solidaria» del expresidente Manuel Zelaya, el «Bono 10 Mil» de Porfirio Lobo y, el caso más reciente, el de «Vida Mejor» de Juan Orlando Hernández. Teniendo este último algunas características diferentes.
La ley de Ordenamiento y Finanzas Públicas se modificó en 2013 cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional con decreto 278-2013, en él se incrementó el pago al Impuesto Sobre la Venta del 12 % al 15 %, dejando claro en el artículo 45 que 4,500 millones del dinero que se recauda por ese diferencial va a dar al fideicomiso que desemboca en «Vida Mejor».
Casas contenedores como ayuda
Cinthia señala esas carencias como una de las mayores dificultades del sector Lomas del Diamante. «En la comunidad no hay luz, agua, carreteras ni educación. Es pésimo. Para un tema de salud hay que ir a Tegus, bajar a pie hasta abajo (aproximadamente tres kilómetros para la carretera principal); los mototaxis cobran por lo menos 100 lempiras, hasta 600 puede salir y es más caro de noche», añade Cinthia.
Lomas del Diamante queda donde se construye un proyecto habitacional llamado «Residencias Morazán», que el gobierno de Hernández plantea como una solución habitacional para los capitalinos. El proyecto cuenta con 207 manzanas para la lotificación. La intención es que personas que ganan entre dos o tres salarios mínimos puedan adquirir un apartamento pagando cuotas de 5255 lempiras (unos 217 dólares). Las familias de Lomas del Diamante —muchas sin saber leer— firmaron un documento de reasentamiento voluntario; según sus testimonios, porque les dijeron que les entregarán a cada familia una de las casas que se construyen en «Residencias Morazán».
Además de eso, en la misma zona, la Unidad coordinadora de proyectos de Casa Presidencial instala contenedores que pretenden convertir en casas. Esto como un proyecto para resolver la crisis de damnificados por las tormentas Eta e Iota a finales del 2020. Se suponía que el proyecto sería de 1000 casas contenedores, pero, a casi un año del desastre climático, no está concluido. El periódico El Heraldo informó recientemente que las casas contenedoras no se utilizarán para la emergencia, sino que se ocuparán de forma permanente para los habitantes de Lomas del Diamante que viven sobre el área que está destinada a «Residencias», además detalló que solo hay 102 casas disponibles. En ese proyecto hasta la fecha se han invertido 150 millones de lempiras ($6 250 000) provenientes de Casa Presidencial.
Los habitantes de la comunidad que hablaron con Contracorriente reclaman que no quieren ir a vivir a un contenedor, que llegaron ahí buscando tener su propio hogar y que en un contenedor no tendrán condiciones para seguir subsistiendo del cultivo. Idalia Gómez, ex integrante del patronato de la Aldea Santa Rosa, denuncia «aquí han venido a engañarnos con esos vagones y no es justo estar en un vagón donde nos vamos a asfixiar. Estamos cómodos en una casa, aunque seamos pobres. Que nos ayuden de verdad, pero no de esa manera», señala.
Las Mejores Familias
Aproximadamente a 17 kilómetros de la aldea Santa Rosa vive Sinthia Matamoros, coordinadora municipal del programa «Mejores Familias». Tiene 35 años, es madre soltera y su hogar se encuentra en la colonia Altos de los Laureles, donde ha vivido siempre. Su trabajo es coordinar alrededor de 25 barrios y colonias del Distrito Central, con seis técnicos que deben capacitar, cada uno, a 180 mujeres y a sus hijos adolescentes.
«Nosotras trabajamos con una plataforma (virtual), ingresamos toda la información del participante y luego de eso allá gestionan las ayudas y las canalizan por medio de guías de familias, lo de nosotros es más que todo conocimiento e ingresamos la información», señala Matamoros.
Matamoros cuenta que trabajar en barrios controlados por grupos criminales ha sido difícil y han tenido percances cuando es la primera vez que entran, pero que después incluso apoyan a empleados de empresas como Energía Honduras (EEH) —que es recibida con hostilidad en varios lugares por los altos costos de la energía— para que terminen su trabajo. Su vida tampoco se ha visto exenta de sufrir la violencia de los barrios: su hijo mayor, de 17 años, tuvo que irse a Estados Unidos con un coyote tras recibir amenazas de grupos criminales.
Durante el recorrido de llegada a los Altos de los Laureles, se ven grupos de mujeres «Guías de familia» trabajando en las calles. Matamoros, quien también trabajó como «Guía de familia» por unos años, cuenta que decidió cambiar de proyecto por las exigencias que había en él, aunque recibía el mismo sueldo que ahora como coordinadora. «Las guías de familia son los mil usos: es acompañamiento social, si hay un proyecto de dar las ayudas en las comunidades, si hay alguna organización no gubernamental que necesite apoyo, o en las limpiezas en los centros educativos”, señala.
«En el programa no es que vamos a negar gestionar la ayuda; somos gestores, y si en mí está y yo puedo gestionar, no dudo y busco la forma. Ya lo hemos hecho», añade Matamoros, y después, poco antes de despedirse, le dice a una de sus vecinas que se aliste, que le consiguió un ecofogón que le llegará pronto.
Obed García, economista del Fosdeh, recuerda con preocupación que en los últimos diez años Honduras se mantiene en un 64 % de familias en pobreza y en un 70 % en términos de personas. Pero la situación actual del país dibuja un panorama difícil, la pandemia ha representado una pérdida de al menos 400 mil empleos y proyecta la posibilidad de que 75 % de los hondureños sean pobres para finales de 2021.
«Esto deja una mala imagen de los resultados que han obtenido los gastos para la reducción de la pobreza; sobre todo, con asistencia social, puesto que el nivel de pobreza se mantiene. Y ahora, con lo que sucedió en el 2020 y las repercusiones en el 2021, podría incrementar significativamente si la economía no crece según lo proyectado. No existe economía suficiente para que el gobierno pueda operar, y un país sin gobierno es básicamente una condición de un Estado fallido», señala García.
Una institución muy cuestionada
La Sedis existe en el país desde 2008. Anteriormente se llamó «Secretaría de Desarrollo», pero en 2014, durante el primer gobierno de Hernández, se fusionaron varios despachos para formar lo que ahora se conoce como Sedis. Desde entonces, la institución ha tenido grandes presupuestos a su cargo, pero también ha sido cuestionada por el uso de los fondos y las organizaciones con las que han trabajado.
Uno de los casos más conocidos fue la relación de la primera dama, Ana García Carías, con dos organizaciones no gubernamentales que recibieron, entre las dos, más de 3 mil 52 millones de lempiras ($146 millones de dólares) entre 2014 y 2018, para que se encargaran de la compra y distribución de ecofogones, viviendas saludables, letrinas, pisos, creación de microempresas y capacitaciones en el marco de este programa.
Ana García era la responsable legal de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (FUNDEIH) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer (FUNDEIMH), que se inscribieron a su nombre en 2006. Hasta la fecha, los expedientes se encuentran secuestrados por el Ministerio Público, por lo que no se puede saber si hubo cambios después de la inscripción.
Leer más en: Los expedientes perdidos de la primera dama
FUNDEIH es la segunda organización que más dinero ha recibido en los convenios públicos que maneja Sedis en su portal desde 2017 a la fecha, con un contrato en 2018 por 52,575,109 millones de lempiras por 1347 ecofogones. Antes de ella, la empresa que más dinero ha recibido en convenio con Sedis es Proyecto de Ingeniería Centroamericana, Sociedad de responsabilidad limitada (PROINCA), con un convenio por casi 90 millones de lempiras por 12,894 ecofogones en 2020.
El convenio con PROINCA indica que cada ecofogón cuesta 6,584 lempiras con impuesto, y aunque se firmó por la instalación y entrega de 13,673 ecofogones, el portal de Sedis menciona que solo entregaron 12,894. Pero el monto, en la página, es el mismo, lo que indica que cada ecofogón e instalación del mismo costó 6972 lempiras con impuesto. En este mismo sentido, los datos de FUNDEIH indican que la organización vendió e instaló cada ecofogón a 39, 031 lempiras cada uno.
Una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al manejo de FUNDEIH entre 2013 a 2016, denuncia que 87 personas que contactaron como beneficiarias de los ecofogones aseguran que nunca recibieron el beneficio, aunque la organización las tenía en listados oficiales como receptores.
Además la auditoría señala que en la organización «no hay una supervisión rigurosa para verificar si todas las ayudas de carácter social realmente llegaron a los beneficiarios finales». Añaden que las liquidaciones por viáticos no cuentan con documentos oficiales que acrediten que hicieron los viajes y estuvieron en el lugar. Tampoco presentan declaración de bienes, deducciones de impuesto sobre la renta, inconsistencias en los contratos y pagos al personal.
Contracorriente contactó a Nely Amador, coordinadora de comunicaciones de Sedis, e hizo varias solicitudes —incluso presencialmente— para una entrevista con la ministra Zoila Cruz o las personas encargadas de los programas, esto para responder a este tipo de dudas, pero cuestionaron por qué se les buscaba y finalmente no respondieron a las solicitudes de entrevista.
La esposa de Hernández no es su única familiar cuestionada. Hilda Hernández, su hermana fallecida, fue ministra de Sedis. En ese entonces era conocida como Secretaría de Desarrollo durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Los proyectos de Sedis muchas veces también se relacionan con otras instituciones del gobierno para la entrega de beneficios. Por ejemplo, todas las bolsas solidarias entregadas durante la pandemia en el marco del programa «Honduras Solidaria» salieron de la Sedis, pero la entrega de productos se hizo con la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).
Aunque la Sedis nunca ha sido parte de un caso de corrupción y la fiscalía no acusó a ninguna institución, funcionarios como Hilda Hernández drenaron fondos de otras instituciones en los que en algunos casos los programas son los de Sedis, aunque los fondos salieron de otras instituciones. El primero es el caso «Corrupción sobre Ruedas», presentado por la extinta Misión de Apoyo contra la corrupción e impunidad (Maccih) y la Unidad fiscal especial contra la Corrupción (Ufecic), que explican con claridad el uso de fondos estatales en campañas políticas.
El caso detalla cómo funcionarios de Casa Presidencial —entre ellos Hilda Hernández— y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) drenaron 11 millones de lempiras de fondos destinados al «Bono 10 mil» (ahora conocido como «Bono Vida Mejor») y parte de los programas de Sedis, para supuestamente arrendar vehículos que se utilizaron para la movilización de activistas del Partido Nacional y de personas en campaña política.
Para hacer esto utilizaron la empresa Servicios e Inversiones AID creadas por Carol Alvarado y Claudia Noriega, desde donde se utilizaron fondos para gastos de hospedaje a los asistentes a una convención política del Partido Nacional en Comayagua el 15 de marzo de 2014. Los fondos también los utilizaron para pagar otros gastos personales como tarjetas de crédito.
El segundo caso también involucró a Hilda Hernández, Carol Alvarado y a la empresa Servicios e Inversiones AID en el caso de corrupción «Hermes», presentado por la UFERCO en febrero de 2021 donde denunciaron la sustracción de más de 122 millones de lempiras desde Casa Presidencial a través de empresas de publicidad, medios de comunicación, compra de vehículos, préstamos, construcción de viviendas y otros gastos personales.
Leer más: Vehículos, sándwiches y periodistas: el desfalco de Hilda Hernández
Carol Alvarado entre 2010 y 2013 fue subgerente de Sedis, luego estuvo 3 meses en Casa Presidencial en 2014 y regresó a Sedis. En 2017, fue candidata a diputada suplente en el movimiento con el que Hernández alcanzó la reelección.
En el caso «Hermes» se descubrió también la compra de 7,500 sándwiches para alimentación durante la toma de posesión de Juan Orlando Hernández en 2014 con dinero de proyectos sociales y fue Carol Vanessa Alvarado quien emitió la orden, operando como financiera de Casa Presidencial de manera interina, pero sin haber presentado los requisitos para tomar posesión del cargo y mientras fungía como subgerente de presupuesto de la Sedis.
La Sedis y todos sus proyectos asistencialistas han desarrollado un papel esencial para sostener el gobierno de Juan Orlando Hernández; por un lado, por los casos de corrupción descubiertos que sirvieron para sostener las campañas políticas de 2013 y 2017; por el otro, por el clientelismo que genera con sus proyectos a lo largo de su gobierno.
Los problemas estructurales de las mujeres que no resuelve el asistencialismo
Marta Meza cuenta que en la Aldea Santa Rosa muchas mujeres viven violencia doméstica y que ha empeorado producto de la pandemia. «Aquí toca muy duro porque le toca a parte de cuidar a los hijos, trabajar. También nos enfrentamos a este sistema machista donde el hombre se cree con el derecho de pisotearnos», señala.
Añade que en casos que ella ha acompañado, la justicia tarda mucho. Incluso lo ilustra contando que una vez esta lentitud permitió que el esposo de una mujer la violara y resultara embarazada; de forma que cuando los juzgados dieron una resolución, la situación de violencia era aún más compleja. «No hay donde denunciar porque, aunque están los juzgados y la fiscalía, tenemos una inseguridad jurídica que la mujer mejor opta por no denunciar».
Carmen López, abogada e integrante de la plataforma «Luchemos», señala que los programas asistencialistas no han implicado una reducción de índices de pobreza y que han servido para que el Partido Nacional afiance sus bases y legitime sus malos gobiernos y no para cambiar el contexto de violencia contra las mujeres.
Sinthia Matamoros de «Mejores Familias» dice que en su barrio se vive mucho la violencia doméstica y que durante su experiencia en campo incluso se ha encontrado casos de abuso sexual, pero cuenta que su trabajo también tiene sus límites: «Uno quisiera tener superpoderes para poder resolver los problemas o cambiarle el chip a esas mujeres o adolescentes. Nosotros no podemos llegar y decirles qué hacer, pero si tenemos que aconsejarlas que busquen ayuda», señala. Sinthia añade que el único consejo que pueden dar es ir a la Policía Nacional, pues en el país tampoco hay casas refugio de gobierno que ella conozca.
La abogada López añade que estos programas no tienen un verdadero enfoque de género, a pesar de ser mayormente dirigido a mujeres: «suelen reproducir mucho los roles género; nos encontramos iniciativas de talleres o espacios para mujeres donde se les enseña a cocinar y no tanto otro tipo de actividades u oficios que rompan la norma de género, que al final también es parte del porqué las mujeres nos encontramos relegadas en el sector laboral y económico».
Por otro lado, asegura que tampoco se analiza qué tan seguro puede ser para una mujer recibir dinero si viene de un hogar violento. Por ende, después suceden casos como uno del 2014 incluido dentro del informe presentado a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): ese año cuenta cómo una mujer fue víctima de femicidio por su pareja tras haber recibido un bono del gobierno. «No se hace un análisis de riesgo sobre la eventualidad de que estas medidas más bien vengan por un lado, a ni siquiera llegar a las mujeres, o por otro puedan ponerlas en riesgo».
Sinthia Matamoros dice que a pesar de los años que lleva trabajando en el programa «Mejores Familias», incluso a ella le ha tocado luchar con sus vecinos para obtener beneficios como la «Bolsa solidaria», y cuenta que se tomaron las calles en los primeros meses de cuarentena en 2020 exigiendo que se les llevara alimento. Y que a raíz de esa protesta fue que al final recibieron las bolsas en dos ocasiones.
Aunque Sinthia asegura que los programas que ella acompaña no tienen distinción política al buscar beneficiarios, las mujeres de la aldea Santa Rosa aseguran que en su zona nunca han recibido apoyo y que existen condiciones para entrar en los programas. Martha Meza, por su parte, agrega que tampoco es la solución que necesitan: «La vida mejor es que la gente tenga trabajo digno, que tenga un ingreso mensual garantizado y no bolsas solidarias cada vez que es tiempo de elecciones», dice.
