Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una prohibición total en la interrupción de un embarazo. Después de que el aborto se legalizara en Argentina, el Congreso Nacional hondureño modificó la constitución para sea más difícil su aprobación. En Honduras cualquier mujer puede ser criminalizada por aborto, la mayoría de los procesos judiciales fueron abiertos tras denuncias por parte de servidores de salud, algunas incluso en medio de una emergencia obstétrica.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías: Martín Cálix
Gissela tenía 15 años cuando quedó embarazada de su novio de 23 años. A los dos meses, esta adolescente tuvo un aborto espontáneo. Gissela no fue a revisión, tenía miedo porque la atención médica que recibió en una consulta previa había sido muy violenta. «No fui al día siguiente a hacerme un chequeo por miedo de tener otra vez ese maltrato médico que ya había recibido», dice.
Gissela tenía razón en temer a los servicios de salud. El estudio Criminalización del aborto en Honduras que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018, realizado por Somos Muchas y Optio Global, indica que en el 64 % de los casos, la denuncia fue interpuesta por las personas que laboran en el ente encargado de atender su emergencia obstétrica.
«Muchos de los casos de mujeres judicializadas fueron emergencias obstétricas, o sea que cualquier mujer en Honduras puede ser criminalizada por aborto, eso es un peligro grave (…). Vimos casos en que incluso las médicas iban a testificar y hacían juicios de valor horribles contra las mujeres, hicimos un apartado del secreto profesional y por qué los médicos no están obligados a denunciar en estos casos porque viola la confianza médico-paciente», dice Ericka García, integrante de Somos Muchas.
Gissela quedó embarazada luego de que su pareja le insistiera en tener relaciones sexuales, incluso aunque ella le explicó que tenía miedo y se sentía insegura: «Me trataba mal, me decía que no lo quería, llegó un punto en que terminó siendo un hostigamiento al punto del chantaje, me dijo que si yo estaba con él y no le daba lo que quería, se iba a ir de mi lado». Gissela dice que le creyó cuando él le dijo que las primeras veces era imposible quedar embarazada.
Gissela cuenta que a raíz de su primera experiencia tuvo miedo, pero quería asegurarse de estar embarazada porque ni siquiera se había hecho una prueba de sangre y tuvo que mentir, pedir ayuda a una desconocida y llorarle a una enfermera. Al final le dijeron que no estaba embarazada y que esperara a que la menstruación llegara.
«Tres veces estuve con él y fueron unas experiencias horribles para mí porque sentía mucho morbo de su parte». dice Gissela, y también comenta que se hizo una prueba de embarazo que salió positiva en los baños de su escuela. Cuando le comentó a su novio él solo le puso una inyección anticonceptiva, aunque no sabía inyectar, le entregó píldoras anticonceptivas y le decía que tomara té de canela con la intención de que ella tuviera un aborto.
Nada funcionó y cuando su mamá se dio cuenta la llevó a un hospital público. «Solo recuerdo que la doctora me dijo “al suave” que era una zorra y se siente feo que el médico que te tenga que ayudar lo único que haga es criticar», cuenta Gissela.
Días después comenzó a tener dolores muy fuertes: «Me acosté por el dolor de espalda que sentía que yo no entendía que era una contracción. De la nada sentí que algo estaba saliendo de mi vagina, yo pensé que era un coágulo porque el día anterior creía que me había bajado el periodo y me pareció extraño porque eran unas manchas rojas gigantes y yo le pregunté a mi mamá, a mi tía y nadie me dio respuesta». Gissela estaba teniendo un aborto espontáneo.
Datos de la organización Ipas Centroamérica señalan que desde 2013 Honduras se ubica como el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en América Latina, con una tasa de fecundidad de las adolescentes de 101 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Gissela tuvo un aborto en el baño de su casa, la única respuesta que recibió de su familia fue que olvidara que eso había pasado. De su pareja en ese momento no supo nada. «Creo que siguió haciendo lo mismo de decirle a las personas con las que estaba de que no pasa nada. Él ahora tiene dos hijos y solo me pongo a pensar en esas muchachas que tal vez pasaron lo mismo que yo», añade Gissela.
A prisión por una emergencia obstétrica
Actualmente no hay mujeres presas por abortar, ya que las penas son de 3 a 6 años de prisión, lo que indica que pueden ser conmutables. El estudio jurídico señala que del 60 % de casos que tienen sentencia, 57 % tienen algún tipo de condena y 21 % de los casos en que existe condena contra las mujeres fue por procedimiento abreviado, es decir que se declararon culpables para obtener una pena menor.
Gabriela Girón, abogada integrante de Somos Muchas y del Equipo jurídico por los derechos humanos (EJDH), acompaña casos judiciales de aborto desde 2019 y actualmente tiene seis, tres de ellos en etapa de juicio oral y público. Girón cuenta que la decisión de apoyar a las mujeres surge tras ver que estaban teniendo una defensa legal ineficiente, entonces decidieron buscarlas, ya sea porque salieron en las noticias e iban al hospital o leyendo los libros de firmas de medidas cautelares donde se dejan datos personales.
«Somos uno de los países más violentos de la región y eso hace que muchas mujeres no puedan tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que las mujeres, ya sea por su situación económica o por esa falta de atención en salud, no sepan lo que está pasando en su cuerpo y lo vemos reflejado porque algunos de esos casos (no todos) han sido emergencias obstétricas muy mal calificadas como delito de aborto», dice la abogada Girón.
Ese fue el caso de Ana López, una de las mujeres a las que Gabriela representa. En una entrevista con el medio Al Jazeera, Ana cuenta que tras buscar atención hospitalaria se dio cuenta de que estaba embarazada: «me dijeron que mi bebé tenía dos días que había muerto. Yo no sabía que sentir (…), cuando llegué al hospital tenía unas marcas en mi estómago y por eso me dijeron que tuve un aborto. Cuando me dieron de alta del hospital, la policía ya me estaba esperando», Ana asegura que a sus 24 años tener antecedentes criminales no le permite obtener un empleo estable o regresar a estudiar.
Datos recopilados por Contracorriente indican que la Secretaría de Salud reportó 9380 abortos en 2019, de los cuales 194 fueron abortos incompletos con complicaciones como infecciones, embolias o hemorragia excesiva. El 48 % de los casos ocurrieron a mujeres entre los 20 y 29 años y un 18 % indica que fueron menores de edad, 84 eran niñas entre 10 y 14 años.
La organización Ipas Centroamérica señala que entre 2009 y 2018, una población de 215,623 niñas menores de 18 años dieron a luz en el sistema público nacional, y solo en 2018, de esos partos, 843 correspondieron a niñas menores de 14 años.
Datos del Ministerio Público recopilados por Contracorriente señalan que de 2014 a 2020 recibieron 23,636 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 53 % ocurrieron en menores de edad entre 1 a 17 años. Honduras mantiene desde 2009 la prohibición de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y esto ha impedido que exista un protocolo para atender sobrevivientes de una agresión sexual.
Ericka García, añade que en Honduras cuando las mujeres quedan embarazadas por cualquier motivo que sea el Estado las violenta. «Es parte de la historia de vida de carencias que el mismo Estado les ha negado: quedan embarazadas, tienen un aborto espontáneo, inducido o una emergencia obstétrica y quienes tendrían que garantizarles la vida son quienes las denuncian. Entonces esa cadena de violaciones a derechos desde que son niñas no puede seguir pasando».
Las desigualdades económicas detrás de un aborto
El estudio de criminalización del aborto señala que las mujeres provienen una mitad de zonas rurales, y la otra de zonas urbanas. Sin embargo, estas últimas en su mayoría son migrantes rurales que trabajan en casas particulares o viven en las periferias de las ciudades. Además de esto, un 40 % eran empleadas domésticas. «No son mujeres ricas las que están enfrentando procesos penales», dice Ericka.
Maritza tenía 21 años cuando decidió tener un aborto, en aquel momento sufría de condiciones médicas y sentía que aún no quería ser madre. Maritza dice que acudió donde muchos médicos en busca de que la ayudaran, pero todos le insinuaron que para abortar ocupaba mucho dinero y terminó con un tratamiento para no abortar porque tenía un embarazo de alto riesgo.
Maritza dice que quedó embarazada cuando las pastillas anticonceptivas dejaron de funcionar, ningún médico le advirtió que los medicamentos que tomaba para los problemas del estómago, bilis y gastritis podrían afectar la efectividad del anticonceptivo. La decisión de su aborto la tomó junto a su pareja de ese entonces, quien le ayudó en todo el proceso, incluso en los gastos económicos.
Ella asegura que un aborto en Honduras es muy caro para una gran mayoría que tiene poco acceso a recursos económicos pues antes hay que hacerse un ultrasonido, comprar las pastillas y luego realizar un legrado que puede andar entre 8000 y 15,000 lempiras en clínicas privadas (entre 320 y 600 dólares), «fue muy costoso, después me asusté mucho porque según yo ahí había acabado todo, pero con el aborto y las pastillas no fue suficiente. En el ultrasonido me salió que todavía tenía riesgos yo me asusté mucho porque dejé que pasaran varios días y creí que tenía una infección, así que me hicieron un legrado de emergencia».
Un estudio de Somos Muchas, indica que el 99.1 % de profesionales Gineco-Obstetras dijo haberse encontrado con abortos incompletos o complicaciones de los mismos, casi un 70 % señala que un aborto contribuiría a reducir la mortalidad materna. Los registros hospitalarios de muertes maternas proporcionados por la Secretaría de Salud indican que en Honduras el 5 % de todas esas muertes están asociadas a abortos inseguros, el 36 % de esas muertes maternas en Honduras ocurre en mujeres menores de 19 años.
Para seguir una causa penal contra las mujeres, la abogada Girón asegura que utilizan dictámenes médicos que indican si encontraron medicamentos dentro de la vagina de la mujer: «Si da positivo dan por suficiente ese tipo de pruebas o si encuentran alguna lesión dentro o encima del vientre, ese es el dictamen más fuerte que utilizan, aunque esos golpes puedan ser del mismo proceso de dar a luz. Algunos de los casos están sustentados en dictámenes irresponsables porque no ofrecen de manera específica los estudios necesarios para determinar que esa mujer tuvo la intención de tener un aborto».
Ericka añade que «había pocas, pero eran sentencias muy buenas en las que se declaraba que no había una prueba científica que identificara que las pastillas encontradas en la vagina de la mujer hubieran provocado un aborto y al haber una duda razonable se declaraba sobreseimiento definitivo, eran debilidad de pruebas de parte de los fiscales que al final beneficiaron a las mujeres».
Maritza tuvo que mentir para que nadie la juzgara por solicitar un legrado. Dijo que había tenido un aborto espontáneo, pero que no le habían hecho una limpieza completa: «no sé si chequeándome sabrían si era cierto o no. En ningún momento me dijeron que me podían denunciar. Siempre he escuchado las historias de otras mujeres de legrados en lugares públicos que son muy dolorosos, en esta clínica no fue así».
De acuerdo con el estudio de Optio Global y Somos Muchas, ninguno de los casos por aborto que fueron remitidos a los juzgados fueron denunciados por el sector privado. En los casos del sector público «no fue posible determinar con certeza si el personal hospitalario promueve la acción de denuncia contra las mujeres por políticas internas de su lugar de trabajo o por motivos culturales personales».
El 50 % de los casos denunciados pertenecían al Hospital Escuela Universitario y al Materno infantil, ubicados en el mismo establecimiento en Tegucigalpa, mientras que un 35 % fueron en el Hospital Regional de Atlántida y en el Mario Catarino Rivas, ubicados en la zona norte del país.
Maritza tuvo acompañamiento durante su aborto, tenía trabajo y su pareja compartió los gastos: «fui de las excepciones de los miles de abortos que ocurren en este país donde por eso se habla de mucho trauma, de mucho dolor porque son en condiciones tan indignas».
Ericka asegura que muchos ginecólogos y obstetras cuando tienen embarazos ectópicos, es decir que el óvulo fecundado crece fuera del útero, tienen que esperar a que explote la trompa para proceder y al mismo tiempo extirpar todo o parte del útero, lo que impide que esa mujer pueda tener un embarazo después.
La Sociedad de ginecología y obstetricia se pronunció públicamente cuando a inicios de año hubo un intento del Congreso Nacional por convertir el aborto en un artículo petreo, mencionaban que deben considerarse la aprobación de finalización del embarazo por tres causales: «hacemos un llamado a respetar y escuchar las voces calificadas, que, con criterio científico y bioético, podemos contribuir en la reforma correcta y responsable de las leyes que involucran la salud de las mujeres hondureñas». Esa declaración no fue escuchada.
Un Congreso Nacional provida y de hombres
En Honduras apenas 28 puestos de 128 en el Congreso Nacional pertenecen a mujeres diputadas. En 2020 ese congreso no aprobó ninguna legislación en beneficio de las mujeres, ni siquiera cuando las denuncias por violencia doméstica se dispararon por la pandemia y organizaciones esperaban desde hace dos años la aprobación de una Ley de casas refugios para lograr que finalmente el Estado se hiciera responsable económicamente de las 10 casas refugio, ninguna de origen estatal, con un monto anual de 20 millones de lempiras.
Dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el diputado hondureño Mario Perez, perteneciente al Partido Nacional, actualmente en el Gobierno, presentó un proyecto de ley que luego se denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto, en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional.
inalmente, la reforma quedó en que ahora se necesitan 3/4 partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) para poder modificar ese artículo, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. Sin embargo, la posibilidad de que esto sucediera ya era muy difícil, en 2017 cuando se discutía un nuevo Código Penal se abrió la posibilidad de despenalizar el aborto por tres causales: violación sexual, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, solamente se lograron 9 votos a favor.
En aquel entonces la diputada del partido Libertad y Refundación, Scherly Arriaga, fue de las únicas que planteó por qué debían considerar votar a favor: «la mayoría en este congreso son hombres y van a venir a decidir por las mujeres (…) estamos condenando a una mujer a que sea encarcelada no porque ella quiera tener un aborto, sino porque no puede ser viable un nacimiento. No podemos continuar en un Estado estático donde no hay cambios». La diputada no había terminado de hablar cuando el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le silenció el micrófono.
Oliva es ahora precandidato a presidente por el Partido Nacional, cuando presentó su informe anual sobre los logros en la legislación nacional recalcó la aprobación de esta reforma como un orgullo: «vamos hacia un nuevo paradigma conocido como el transhumanismo universal donde la persona está expuesta a increíbles modificaciones genéticas apuntalado por la tecnología 5G, afectando el ADN humano incluyendo sus valores donde la eutanasia y el aborto serían prácticas permitidas y habituales», dijo Oliva.
La sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó esta reforma, al igual que todas las sesiones, inició con una oración, estas sesiones se siguen realizando de manera virtual en Honduras. Para Ericka García la plataforma en la que se discuten las leyes actualmente no es transparente: «ni sabían quienes votaban ni se podía tener acceso a saber qué votos se daban, no había nadie viendo cuántos votos fueron y no es que pensemos que mucha gente votó en contra».
La realidad es que, aunque esta reforma obtuvo 28 votos en contra, los 5 de los 6 que votaron públicamente en oposición y tuvieron espacio de dar sus argumentos, aseguraron que no estaban a favor por considerar que se trataba de un distractor, pero que se consideraban provida y eso debía de quedar claro. El diputado Lenin Rodas, del partido Unificación Democrática (UD) fue el único que se pronunció a favor de la interrupción del embarazo, dijo que lo hacía en nombre de su hija. Ese espacio de debate se abrió para escuchar a 20 hombres y apenas 9 mujeres.
Mientras tanto, el médico Denis Castro Bobadilla, del partido Alianza Patriótica, aunque se proclamó provida, dijo que en un tema tan controversial se le debería consultar a la población a través de un referéndum: «hay que consultarte a las mujeres por las cosas que han pasado. Conozco casos de médicos, abogados, periodistas, militares que violaron a sus hijas (…). Estamos a favor de la vida, por supuesto, pero ninguna ley de Honduras va a poder impedir un aborto espontáneo o un embarazo ectópico».
Mientras que la diputada del Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez denunció que la socialización fue subjetiva y desigual: «a grupos a favor del proyecto se les llevó a un hotel, fue presencial, fue transmitida por todos los medios incluyendo al canal del Congreso Nacional y cuando se convocó a las organizaciones de mujeres ni siquiera el canal transmitió esa reunión», señaló.
Durante el proceso de socialización de ese proyecto hubo una reunión donde se escuchó a los representantes de iglesias, así como al Comité Provida en Honduras: «No hay que lanzar a las mujeres a un “abortorio” para que quede sola con el fantasma de su hijo que la va a perseguir para siempre, esa es la experiencia que yo tengo en nuestro trabajo provida, esas mujeres lloran a escondidas siempre y las que no quieren que las otras hagan lo mismo», dijo Martha Lorena Casco, representante de provida Honduras, durante la socialización.
Casco fue diputada en el Congreso Nacional durante 2009, en abril de ese año intentó aprobar un decreto para prohibir la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) porque eran «un aborto farmacológico» y las tomaban «niñas de 12 a 16 años después de una noche de parranda». Este decreto fue respaldado por un dictamen emitido por el presidente del Colegio Médico de ese entonces: Mario Noé Villafranca.
El presidente en aquel momento, Manuel Zelaya Rosales, vetó ese decreto argumentando que aprobarlo violentaba convenios internacionales. Sin embargo, durante el Gobierno de facto de Micheletti Baín, Mario Noé Villafranca fue nombrado ministro de salud y en su posición firmó un acuerdo ministerial emitido el 21 de octubre de 2009, en el que se prohibió la venta, el uso, consumo y distribución de los anticonceptivos de emergencia.
Villafranca ahora es diputado en el Congreso Nacional en donde ha reconocido que se equivocó al prohibir la PAE y que debe revocarse esa decisión. Villafranca aseguró que su decisión se enmarcó en las especulaciones de que era una píldora abortiva y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) no había emitido un dictamen en el que asegurara que no interrumpe un embarazo.
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Valentina Dubon Jerez, integrante de la juventud provida, felicitó a los diputados «por no ceder ante presión internacional. Tenemos una presión horrible porque somos de los únicos países que sigue defendiendo la vida y por eso les reitero: no tengan miedo».
Aunque Honduras se considera un Estado constitucionalmente laico, tiene influencia directa de las iglesias en su toma de decisiones. En 2019 la investigación Transnacionales de la fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que ganó el Premio Ortega y Gasset, reveló como la organización religiosa Capitol Ministries, patrocinada por líderes políticos en el Gobierno de Donald Trump, se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes. En Honduras el Congreso Nacional los recibió desde el primer momento.
A pesar de que en la socialización del proyecto de ley no se habló del matrimonio igualitario, en la discusión se decidió añadir las mismas características al artículo que lo prohíbe. La red lésbica Cattrachas presentó un recurso de inconstitucionalidad sobre esa reforma, entre sus argumentos está que nunca se socializó.
Luis Redondo, del PINU, fue quien enfatizó en que debía quedar redactado en ese artículo también: «es más, si estuviera en mi decisión, compañeros diputados, yo no pediría que fueran 96 votos, si no la totalidad: los 128 diputados del Congreso Nacional. Eso es lo que yo siento y pienso. Si por esa razón vamos a ser criticados: por defender la vida, por defender la familia, no nos importa».
Ericka dice que toda la reforma llegó de sorpresa a las organizaciones de mujeres «a veces llegamos a pensar que lo peor ya lo están haciendo y no imaginamos el nivel de perversidad en estos diputados y en esta gente antiderechos, es impresionante». Sin embargo, también señala que la lectura de por qué se dio de esa forma se trata «de un atropello a los derechos por cálculos políticos y es súper evidente, el Partido Nacional está dividido y aparentemente la intención de Mario Pérez es que, como los odian tanto, hay que hacer algo así porque aquí todo mundo es cristiano y al final van a decir “sí, son unos ladrones, corruptos, lo que quieran, pero miren como cuidan la vida de los no nacidos”».
«Entiendo que los diputados tengan esa postura, nunca van a quedar embarazados. Ellos no corren con el miedo en sus huesos, en su carne, en su vientre de tener un embarazo no deseado. Debe generarse mucha conciencia, información para que pueda entenderlo», finaliza Maritza.
Para la abogada Girón, el análisis sobre el aborto en Honduras es un tema de salud: «todas las mujeres y niñas, las personas que no se autodenominan así, pero tienen la capacidad de gestar, tienen el derecho humano de alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva y no tienen que ser juzgadas por ello. Tienen que poder ser libres, decidir, estar informadas de manera responsable y tener una vida sin violencia, una vida digna». Dice y recuerda también cómo las mujeres que representa frente a un Estado que las ha abandonado tanto les dicen que solo confían en su equipo de abogadas, las únicas que decidieron escucharlas y resistir a su lado.
*Los nombres de los testimonios de Gissela y Maritza fueron cambiados por protección a las fuentes.
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, la deuda de Centroamérica con las mujeres es un trabajo regional colaborativo encabezado por DIVERGENTES.
