El régimen de excepción en El Salvador arrancó el 26 de marzo en un recinto militar por “orden del presidente Nayib Bukele”, un día antes de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa. “No había nadie en ese salón que no supiera que nos estaban pidiendo ir en contra de las leyes”, dice una fuente presencial. Testimonios de Jefes policiales, militares, agentes, investigadores, víctimas, documentación judicial y la información de 724 detenciones perfilan como una cacería el régimen bajo el que unos 52,000 salvadoreños han sido capturados: detenciones arbitrarias sin pruebas de los cuerpos de seguridad para cumplir cuotas, una fiscalía plegada y violaciones a los derechos humanos.