La exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz Bailey se ha convertido en un figura clave a la cual se acude cuando los sistemas de justicia local fracasan en la defensa de los derechos humanos.
Las protestas de los pueblos indígenas y los grupos ambientalistas de Honduras se suceden en Tegucigalpa para exigir a Xiomara Castro que el Gobierno cumpla sus compromisos, como destruir una «narcocarretera» o poner fin a la minería a cielo abierto. La presidenta calla mientras su esposo, el asesor y expresidente José Manuel Zelaya, es una figura omnipresente que ha llegado a maltratar en público a un representante de los pueblos originarios. Las peticiones de los manifestantes siguen sin atenderse. En cambio, el Ministerio Público ha abierto causas penales contra algunos de ellos.
El sacerdote Uriel Vallejos se internó una madrugada de finales de agosto en las veredas de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Llevaba dos mudadas, un par de botas y zozobra. “Póngase en las manos de Dios”, le dijo el coyote que lo condujo por puntos ciegos al exilio. “Si usted está circulando lo pueden apresar y llevar a la cárcel”.
El régimen de excepción en El Salvador arrancó el 26 de marzo en un recinto militar por “orden del presidente Nayib Bukele”, un día antes de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa. “No había nadie en ese salón que no supiera que nos estaban pidiendo ir en contra de las leyes”, dice una fuente presencial. Testimonios de Jefes policiales, militares, agentes, investigadores, víctimas, documentación judicial y la información de 724 detenciones perfilan como una cacería el régimen bajo el que unos 52,000 salvadoreños han sido capturados: detenciones arbitrarias sin pruebas de los cuerpos de seguridad para cumplir cuotas, una fiscalía plegada y violaciones a los derechos humanos.
El testimonio de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y número 3 del gobierno de Otto Pérez Molina menciona pagos directos a nueve diputados del Congreso 2012-2016, algunos de hasta 64,000 dólares; pagos a través de intermediarios para otra veintena y la asignación de obras a empresas afines a diputados, “chantajes”, operadores en la sombra y negociaciones de última hora para pedir más sobornos.
Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones y ‘número 3’ del gobierno de Otto Pérez Molina se entregó a la fiscalía en 2020 y confesó haber confeccionado, con indicaciones del expresidente, una trama de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Norberto Odebrecht con un contrato de US$399.4 millones. La Redacción Regional accedió a esta declaración en la que Sinibaldi acepta haber cobrado $19.7 millones de un total de $31.95 millones que, acusa, habrían sido repartidos en una estructura que incluía al expresidente, a la exvicepresidenta Baldetti y a 108 diputados del Congreso 2012-2016. A la fecha, 16 de ellos son congresistas en esta legislatura.
Tres países de Centroamérica comparten sus fronteras en el Golfo de Fonseca. En el territorio que pertenece a Honduras, la industria camaronícola goza de una ley hecha a su medida y de condonaciones fiscales. Una sola empresa, Granjas Marinas del Sur, acapara casi el 60% de las concesiones. Sin importar el conflicto de interés, gerentes y socios de esta compañía han ocupado altos cargos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Mientras el país es uno de los principales exportadores de camarón, los pescadores locales ya no pueden vivir de la pesca, los humedales se deterioran y a las viviendas se las traga el mar.
La mujer que marcó la historia como la primera en llegar al poder en Honduras levantó las banderas de la euforia y de la esperanza, pero sin haber tomado posesión ya tenía la primera y profunda crisis abatida por los rencores y ambiciones en su mismo Congreso Nacional de la República.
La semana pasada el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reeligió como fiscal general a María Consuelo Porras, incluida en la lista Engel de Estados Unidos por actos de corrupción. En este ensayo el escritor y periodista estadounidense-guatemalteco Francisco Goldman, autor de ‘El arte del asesinato político’, y reciente finalista del premio Pulitzer en la categoría de ficción por la novela ‘Monkey boy’, relata cómo en los últimos años la justicia del país pasó de ser un ejemplo para Centroamérica en la lucha contra la corrupción a perseguir a los jueces y fiscales que la investigaban.
El autoritarismo se ha sumado a la precariedad económica, el cambio climático y la violencia para convertir Centroamérica en una maquinaria todavía más precisa de expulsar gente: los centroamericanos refugiados y los que solicitan asilo han aumentado un 70% en los últimos años.
La semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tomó a contravía la ruta de la migración en una gira de cuatro días por América Central.
La historia de la Fundación Luisa Mercado que fundamos en Masatepe en el año 2006, es en muchos sentidos la historia de mi familia. Mi madre, en cuyo homenaje bautizamos la fundación, se graduó en 1936 en el Instituto Bautista de Managua, donde mi abuelo Teófilo Mercado la mandó interna, y fue la primera bachillera en la historia de Masatepe, toda una hazaña en aquel entonces para una mujer.
Hace ocho años el gobierno prometió construir el primer hospital de la historia de Ixcán, un municipio en el oeste de Guatemala marcado por las masacres en la guerra civil y el abandono del Estado en la democracia, pero cuando llegó la pandemia la corrupción ya lo había convertido en ruina.
Y no tiene que ver si algunos son más pueriles que otros, si la insulsez de un dictadorcillo centroamericano es más o menos estrafalaria que los excesos babilónicos de un caudillo petrolero. Tampoco se supedita a qué tan benévolo es el relator, de suyo una condición del alma de los novelistas y cuentistas latinoamericanos más exitosos.
Nuevas Ideas está por cumplir un año al frente del Legislativo, diseñado para darle a Nayib Bukele todo lo que este pide, constitucional o no. Pero no siempre fue el partido del presidente: fue creado por la diáspora en Estados Unidos para incidir en la política de El Salvador. La Prensa Gráfica y la Redacción Regional reconstruyen cómo miembros fundadores le ofrecieron a Bukele un vehículo para llegar a la presidencia y acabaron expulsados de su partido por Nayib y su círculo cercano.
Cuatro de los 14 jefes pandilleriles salvadoreños a los que Estados Unidos ha solicitado extraditar fueron excarcelados entre julio de 2021 y enero de este año, según una investigación periodística. Centros Penales no proporcionó información para precisar si regresaron a prisión.
La dictadura Ortega-Murillo ha cancelado 107 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales que tenían distintos proyectos activos en Nicaragua. Los grandes perdedores con esta decisión son las poblaciones de escasos recursos ubicadas en su mayoría en zonas rurales. Pese a que el régimen sandinista alega que estas organizaciones promueven “el golpismo” y la “financiación del terrorismo”, apenas diez corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que el sandinismo le declaró animadversión desde su retorno al poder. El grueso de proyectos afectados iban para salud, educación y seguridad alimentaria de los más vulnerables. Este es el golpe que sufren los ciudadanos, incluyendo estudiantes universitarios.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se han atornillado en el poder a través de unas elecciones sin competencia y legitimidad. La ciudadanía dio un portazo a “la farsa” con una abstención sin precedentes. Los próximos cinco años se presentan dramáticos para los nicaragüenses que deben soportar la represión del régimen, pero también, a decir de analistas políticos, más pobreza y la agudización de la crisis económica.
La ley panameña contempla la interrupción del embarazo si hay una violación, malformación fetal o riesgo de vida para la mujer… Pero aún así, aunque se trate de una violación, que el bebé tenga pocas probabilidades de nacer por malformaciones, o que la mujer pueda morir antes de llegar al parto, la mayoría de las veces las autoridades no permiten ni facilitan una interrupción legal de la gestación Al margen de esa indiferencia, ocurren casos como el de Ily, una joven abusada por su novio, y quien se encargó de obligarla a abortar en circunstancias no seguras
Quince años atrás Nicaragua penalizó el aborto en cualquier circunstancia. Un artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral. El resultado: un país de niñas con maternidades impuestas por violación. Las autoridades de salud cuidan mucho que la gestación llegue a término sin complicaciones, sin importar las trastornos provocados en las menores de edad. Al día de hoy, no se avizora una despenalización del aborto, mientras las mujeres siguen en riesgo realizándose procedimientos inseguros.
El Gobierno ha cambiado el criterio para conceder modificaciones de penas a mujeres condenadas por aborto, según la principal organización que trabaja el tema en el país, lo cual es percibido como un retroceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará al Estado salvadoreño el próximo 10 de marzo por el caso de Manuela, una de las mujeres criminalizadas luego de sufrir una emergencia obstétrica.“A nivel mundial El Salvador se conoce por dos cosas: por toda la criminalidad de las pandillas y por la criminalización de las mujeres por aborto”, critica Morena Herrera
El aborto es penalizado en el país, excepto cuando la salud o la vida de la mujer está en riesgo, aunque esta opción también tiene barreras en Costa Rica. Pese al avance de la aprobación por parte del presidente Carlos Alvarado de una ‘norma técnica’ para “salvar la vida de las mujeres”, hay poca difusión y capacitación para su aplicación
En Guatemala hay un debate pendiente y es el del aborto. La criminalización del tema lo ha convertido en tabú y “espinoso” por lo que no existe una conversación técnica que permita atender de manera integral la cuarta causa de mortalidad materna a nivel nacional. La falta de discusión entorpece la atención al problema que se genera en la salud pública, y no permite analizar cuál es la verdadera causa detrás del aborto: los embarazos no deseados.
DIVERGENTES presenta un especial que hace una radiografía profunda del estado de la interrupción del embarazo en el istmo. Una serie de reportajes que retratan el drama de las mujeres y las barreras que enfrentan.“Es la realidad más retrógrada y más violenta hacia las mujeres que existe en el mundo”, alerta Ma. Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM. Un problema de salud pública que abre la puerta a la desigualdad y la muerte.
Honduras es uno de los pocos países en el mundo que mantiene una prohibición total en la interrupción de un embarazo. Después de que el aborto se legalizara en Argentina, el Congreso Nacional hondureño modificó la constitución para sea más difícil su aprobación. En Honduras cualquier mujer puede ser criminalizada por aborto, la mayoría de los procesos judiciales fueron abiertos tras denuncias por parte de servidores de salud, algunas incluso en medio de una emergencia obstétrica.
La democracia se extingue ante un autoritarismo que se ha quitado la máscara de forma generalizada. Esta es la conclusión dramática y realista del especial bajo el título Democracia de papel, que recorre cuatro países de la región, Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.
Las imágenes hablan solas: Indígenas enfrentados a la Guardia Nacional (GN); feministas atacadas a balazos o con gases lacrimógenos por la Policía; migrantes expuestos al crimen organizado y sinprotección del Gobierno; familiares de desaparecidosapostados frente al Palacio Nacionalcerrado; indignación por los crímenes contra periodistas,mientras el Ejecutivo descalifica a la prensa y niegalos ataques a la libertad de expresión.
La vigilancia que mantienen estructuras como los Gabinetes de la Familia, mejor conocidos como “CPC”, es uno de los pilares del autoritarismo sandinistaen Nicaragua.
La crisis económica, social y política en medio dela pandemia por COVID-19, ha delatado a un régimen totalitario en El Salvador.
a precariedad de los servicios públicos en Honduras es una consecuencia dela corrupción, que sustenta un sistema autoritario protegido con impunidad.
Tras un despido sin indemnización, un grupo de trabajadoras se convirtió en un caso excepcional en El Salvador. Ocuparon su lugar de trabajo para exigir la deuda que los dueños se niegan a pagar después de cerrar la empresa. Llegaron a todos los espacios políticos para exigir una compensación. Después de una alianza con una asociación, convirtieron la nave textil en un lugar de aprendizaje con enfoque de género.
Winners, propiedad de la macroempresa surcoreana SA-E, fue autorizada por el Gobierno para funcionar como servicio esencial de fabricación de ropa al inicio de la epidemia. La compañía, que trabaja para Gap, Banana Republic, Old Navy y Walmart, resultó ser el escenario de una paliza y del despido de tres mujeres sindicalistas. Las 331 empresas que componen la industria maquilera no dejaron de trabajar, aunque solo 66 recibieron el permiso estatal para hacerlo.
Los salarios en la industria textil de Tehuacán se achicaron, el trabajo disminuyó y se perdió 40% de los empleos, según la patronal. Las mascarillas para protegerse de la Covid-19 se impusieron y empeoraron las condiciones laborales y de vida de las obreras. Lejos quedó la época de bonanza, ahora el municipio vive su tercera recesión en lo que va del siglo.
Ex trabajadoras y empleados de la maquila New Holland Apparel, en Nicaragua, aseguran que hubo casos de Covid-19 en la fábrica. La empresa clasificó los contagios como casos de neumonía atípica y envió a las enfermas a sus casas a cuenta de vacaciones. La empresa anunció el despido de más de 800 trabajadores por supuestas dificultades económicas y financieras ante la crisis sanitaria. Pero no todas aceptaron.
Las mujeres que acompañan a otras mujeres sobrevivientes de violencia tienen las manos atadas. Sin salario, sin recursos y en medio de una pandemia, buscan cómo seguir apoyándolas.
El Gobierno de Honduras benefició a la industria maquiladora con contratos para material sanitario al inicio de la pandemia de la Covid-19. Pero los trabajadores tenían prohibido usar transporte público. La agresión policial a un autobús privado con más de treinta empleadas de una fábrica textil obligó al Estado a admitir que los agentes aplicaron un procedimiento inadecuado.
Por: Knut Walter y Otto Argueta* Fotografías: Deiby Yánes Introducción Para inicios de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia por COVID-19 fuera
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