Detrás de la búsqueda de justicia en el homicidio de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió en una celda policial en Intibucá, su familia aún intenta sobrevivir a un país que les ha negado todo. El departamento de Intibucá, a pesar de estar lleno de riquezas naturales es uno de los más pobres del país, a esto se suma la inseguridad y la violencia de género.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
Norma Rodríguez, se sienta frente a un altar improvisado para su hija Keyla dentro de su casa en La Esperanza, Intibucá en el occidente de Honduras. Los últimos cuatro años, Norma estaba lejos de sus hijas, en España y justo antes de la muerte de Keyla, uno de sus jefes le dijo que debía hacer el esfuerzo de sacar a sus hijas de Honduras porque veía que muchas mujeres eran asesinadas. «Me lo dijo el miércoles y este señor como que me estaba diciendo: “Norma, apúrate a sacarla de ahí que te la van a matar”. El domingo me la están matando (a mi hija), luego tuve que llamar a mi jefe para contarle», dice Norma, quien evita ver el retrato de Keyla a su lado porque no puede contener las lágrimas. El dolor que siente a veces es más grande que la fuerza que necesita para seguir hablando, dice.
Keyla murió el 7 de febrero después de haber sido detenida por incumplir un toque de queda en La Esperanza, departamento de Intibucá. La Policía Nacional (PNH) dijo que Keyla se había suicidado en su celda de detención, pero Medicina Forense determinó que la muerte fue homicida y comenzó las investigaciones.
Doña Norma cuenta que decidió migrar a España para que sus dos hijas menores, Keyla y Nancy, pudieran estudiar en la universidad pública en Tegucigalpa. Antes de irse, trabajaba vendiendo ropa los fines de semana en San Francisco de Opalaca, a 48 kilómetros de La Esperanza. En España, laboraba ocho horas diarias en trabajos de limpieza.
««Antes tenía que estar casi todo el día para vender algo de ropa, como le digo era muy dura la vida aquí realmente y a raíz de eso emigré», explica. Sus otros dos hijos también se habían ido del país desde hace diez años, una a Estados Unidos y otro a México, en donde trabajaban en distintos oficios.
Un estudio de Naciones Unidas en 2011 dice que al menos un 55 % de la población en Intibucá vive en pobreza extrema. Además, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en 2018 señaló que más del 40 % de los hogares en Intibucá gastan el 75 % de sus ingresos en alimentos: «el bajo nivel de ingresos de los jornaleros, con poca o ninguna tierra, combinado con los altos precios estacionales de los alimentos básicos, particularmente frijol y maíz, y la pobreza extrema es lo que afecta a la mayor parte de los hogares», dice el informe.
Según la Organización Panamericana de la Salud, Intibucá es el departamento con mayor prevalencia de niños y niñas con desnutrición crónica con un 43.3 %.
Eva Sánchez, coordinadora de la organización intibucana Las Hormigas, añade que esa desigualdad siempre había producido migración interna, de pobladores de Intibucá hacia Tegucigalpa y San Pedro Sula a buscar trabajo en las maquilas. «Pero de unos años para acá la migración no es solo por la situación económica, sino también por seguridad», agrega Eva.
Doña Norma dice que ahora no solo es la pobreza la que podría expulsar a ella y toda su familia, ahora tienen miedo por haberse atrevido a denunciar a la PNH y sienten persecución porque carros y personas particulares llegan a su casa y toman fotografías sin permiso. Nancy, la hermana de Keyla, tenía un negocio de venta de flores y ahora teme volver a salir a la calle, cuenta que no quiere irse de La Esperanza, pero ya no puede vender como lo hacía semanas antes.
A pesar de esto, doña Norma asegura que buscarán sobrevivir con el negocio de flores de su hija porque no planea volver a España hasta resolver el caso «y ahora es una frustración total de si sales te pueden matar, no hay seguridad», y añade que su mayor temor es que si las llegaran a asesinar no se podrá esclarecer el crimen contra su hija.
La familia de Keyla no ha parado de movilizarse y convocar a plantones buscando presionar por justicia desde que se comenzó a investigar su caso. El viernes 20 de febrero realizaron un evento de novenario en el parque central frente a la posta policial. Al día siguiente convocaron a una marcha saliendo del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, a donde Keyla llegó ya sin vida.
La marcha salió del hospital hasta el paseo turístico la Gruta. Para llegar ahí se debe transitar una zona cerca a la posta policial donde Keyla murió y la PNH había cerrado los accesos. Doña Norma que desde un inicio caminaba decidida solo ve a los policías y su rostro cambia de inmediato, comienza a gritar: «¡asesinos, cobardes, ustedes la mataron!».
Dos días después de la muerte de Keyla, cuarenta policías asignados a la Esperanza sacaron sus pertenencias de la posta policial y se movieron a Tegucigalpa. En La Esperanza fueron reasignados otros cuarenta, provenientes del departamento de La Paz. El cambio, aseguró la portavoz de la PNH, era rutinario.
Alex Madrid, subcomisionado asignado a la posta de La Esperanza, confirmó que una semana después hubo otro cambio de policías: «por el cansancio, ellos estaban desde mucho tiempo antes de que sucedió esta situación y ya ameritaba un relevo, no le voy a decir el número por razones de seguridad», nos dijo Madrid quien asegura que lo que buscan es proteger que la posta policial no sea incendiada, como sucedió en un intento la semana anterior.
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Doña Norma asegura que lo que le sucedió a Keyla es una constante en el país: «en Madrid andaba siempre en las protestas esas porque aquí no es la primera vez que matan a una mujer, sino que es constante. Yo iba a exigir justicia por las mujeres asesinadas sin saber que yo iba a ser una de las víctimas».
De 2010 a 2018 el Ministerio Público registró 90 muertes violentas de mujeres en Intibucá, ninguna fue catalogada como femicidio en esa base de datos. Entre 2014 y 2019 apenas tres casos de Intibucá fueron ingresados como femicidio en el Poder Judicial, ninguno ha llegado a los tribunales de sentencia, ni tienen una resolución.
La organización de mujeres Las Hormigas tiene un registro de 46 femicidios en los últimos 10 años. «Cuando van a interponer denuncias por amenazas no son tomadas en serio, aunque ya ha habido casos de femicidio en donde las mujeres primero fueron amenazadas y luego ejecutaron la acción», dice Eva Sánchez, quien además explica que el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica es difícil.
Sánchez dice que entre los limitantes están las dificultades en recurso económico para movilizarse, así como la fallas en darle seguimiento a las denuncias y a las medidas de seguridad interpuestas para proteger a las mujeres. «Aunque le digan al compañero de hogar que tiene que alejarse por dos o tres meses de la casa nadie monitorea eso, entonces empieza a amenazar a la compañera de que si no regresa le va a pasar algo peor y regresan por las amenazas o porque creen nuevamente en ellos», añade Sánchez.
Para doña Norma el caso de Keyla debe ser una guía para que todas las mujeres víctimas de violencia consigan justicia: «no pueden seguir cometiendo esos crímenes, tenemos que quitarnos ese miedo porque yo sé que hay mucha gente que quiere protestar pero tienen miedo de que les caiga un balazo».
Esta semana la familia de Keyla viajó hasta Tegucigalpa para revocar la representación que tenía la abogada Irma López sobre el caso, y dárselo al Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh). «El único interés que esta organización tiene es hacerse el nombre para que a través de este caso ellos puedan cobrar dinero a otros países y pedir ayudas, o sea, ese es el trabajo que estas organizaciones hacen de nombre», expresó López en medios de comunicación.
La familia respondió en un comunicado del Cofadeh que decidieron buscarlos: «por nuestra trayectoria de seriedad y objetividad para acompañar su peregrinar en búsqueda de la justicia. Ellos, que comprenden bien la trama de la impunidad en el país, pueden afirmarlo con absoluta transparencia». La familia también realizó denuncias en el Ministerio Público porque dice estar recibiendo intimidaciones en su casa.
«Somos víctimas constantes de vigilancias, persecución y hostigamiento e intimidación por parte de las fuerzas represoras del Estado. Hay patrullas policiales merodeando nuestra casa y lugares que hemos frecuentado en los últimos días (…) Hacen ruido, escuchamos como uniformados cargan sus armas cerca de nosotros, pero no dejaremos de exigir justicia», dijo doña Norma, quien también mencionó que ha conocido que personas merodean el cementerio donde se encuentra el cuerpo de Keyla de noche y teme que lo vayan a exhumar.
El caso de Keyla Martínez se complicó cuando la versión del médico Edgar Velásquez, quien también fue detenido junto a Keyla, fue similar a la de la PNH y las dio cuatro días después en medios de comunicación «seguía muy triste y dijo que se quería morir, que se iba a colgar con su suéter y yo le dije que no dijera eso porque las palabras tienen poder», dijo.
Para la familia las declaraciones del médico son falsas: «Aquí vino él y desde que yo lo vi y lo escuché daba nauseas saber qué tipo de persona es, pobre mi hija porque si era una persona entregada, amigable, sincera y él no porque le dio una puñalada por la espalda», dice doña Norma, quien dice que serán los jueces los que juzguen si con su testimonio lo coloca como cómplice de los involucrados en el caso.
Para la familia de Keyla la posibilidad de que se suicidara es imposible, ella tenía una mejor amiga desde hace nueve años que falleció por preeclampsia en diciembre de 2020, después de tener a su tercer hijo. Roque Ruiz, esposo de Lesby, cuenta que durante el entierro de Lesby, Keyla prometió que se haría cargo de los tres hijos: «Ella quería vivir, quería graduarse de licenciada en enfermería porque amaba bastante la carrera, no lo hacía por dinero, sino porque tenía ese don de servir», dice Ruiz.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo en 2015 que las tasas de mortalidad materna siguen siendo altas en el país, a pesar de que hubo un cambio porcentual desde 1990. En el departamento de Intibucá la tasa es de 113 por cada 100,000 nacidos vivos, un dato que contrasta con el promedio regional para América Latina que es de 57 muertes por cada 100,000 partos.
Roque añade que el segundo hijo de Lesby se llama Patrick, debido al cariño que le tenían decidieron ponerle Patricia, el segundo nombre de Keyla: «es lamentable cuando preguntan por su tía Keyla, ¿qué respuestas les vamos a dar?», dice Roque, con el dolor de saber que sus hijos han perdido a dos figuras maternas en menos de dos meses.
Doña Norma recuerda que no se irá del país hasta conseguir justicia en el caso de su hija y que, si no se esclarece en Honduras, buscarán apoyo de entidades internacionales. «No nos dejen solos para que se esclarezca este caso porque si no van a seguir matando y limpiando la escena del crimen y ya, tranquilos se van a otro sitio a hacer de las suyas con otras mujeres indefensas», finaliza.
