En Honduras, en las últimas 24 horas, 2 personas con sospechas de COVID-19 murieron en camino a diferentes centros de triaje, y un joven falleció afuera de un hospital. Los centros de atención sanitaria del país están colapsados y apenas han llegado 2 de los 7 hospitales móviles que compró Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), supuestamente para descongestionar el sistema de salud. Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) abrió de oficio 11 líneas de investigación sobre esta y otras compras realizadas durante la pandemia. Esta investigación incluye a la Secretaría de Salud, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las donaciones al programa «Honduras Solidaria» y una donación de Corea en el Hospital de Atlántida. El presupuesto ejecutado para la atención a la emergencia asciende a 183 millones de dólares hasta el momento.
El colapso de los hospitales se denunció desde hace varias semanas. En Tegucigalpa, cada día es más común ver largas filas de personas que esperan recibir atención en centros hospitalarios, o en las farmacias y establecimientos donde venden los tanques de oxígeno. Esta realidad choca con las declaraciones de autoridades como el viceministro de Salud, Roberto Cosenza, y el comisionado especial para la atención de la pandemia, Lisandro Rosales, quienes han insistido en que el sistema sanitario no está colapsado aún. Las decisiones de los encargados de la emergencia nacional: Invest-h, Copeco y la Secretaría de Salud bajo el mando del presidente Juan Orlando Hernández, siguen teniendo consecuencias, una de las más caras para el Estado fue la compra de siete hospitales móviles que prometieron estarían en el país para junio.
Invest-h compró 7 hospitales móviles por un monto de 1200 millones de lempiras (48 millones de dólares) a Elmed Médical, una empresa que hace un par de semanas fue denunciada por la empresa SDI Global LLC por presunto fraude por parte de Alex López, representante de Elmed Medical, quien pidió una cotización y luego plagió la propuesta, fotografías, especificaciones e incluso su código de registro para operaciones internacionales. En Honduras, Marco Bográn, exdirector de Invest-h, es investigado por el MP por la supuesta comisión[V1] de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
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Pero Bográn no es el único cuestionado, el MP abrió de oficio once líneas de investigación sobre compras realizadas durante la pandemia que incluye a la Secretaría de Salud, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las donaciones al programa Honduras Solidaria y donación de Corea en el Hospital de Atlántida. Hasta el momento los gastos durante la pandemia ascienden a 4589 millones de lempiras (183 millones de dólares) de acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas.
Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscrita al MP, señaló que esta semana la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, dará declaraciones y «se seguirán las investigaciones, no se descarta más decomiso de documentos de acuerdo con lo que se vaya dando en las declaraciones o en la misma investigación».
Las compras de los hospitales móviles representan el 26 % del presupuesto total ejecutado durante la pandemia, en contraste con el 2 % que se invirtió en medicamentos, el 1.6 % en recurso humano y menos del 1 % que se invirtió en mejorar la infraestructura hospitalaria ya existente, como fue el caso del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital del Tórax) y los centros de aislamiento temporal que reciben migrantes deportados.
La solución inmediata a la falta de capacidad hospitalaria ha sido el funcionamiento de centros de triaje en San Pedro Sula, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles y Expocentro, además de los triajes móviles; mientras que en Tegucigalpa se encuentra uno en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la Colonia Mayangle, en la Universidad Católica de Honduras y este fin de semana comenzó a funcionar otro en el Centro Cívico Gubernamental. Sin embargo, ninguno de estos centros tiene capacidad para atender a pacientes graves y solo puede remitirlos cuando un hospital tenga un cupo para hospitalización.
En los hospitales, los médicos siguen denunciando la falta de insumo médico y ante esta situación en el Instituto Cardiopulmonar, hace dos semanas se comenzó a recaudar fondos para la compra de equipo de protección personal, en este hospital se consume diariamente 500 trajes de bioseguridad. De igual forma, semanas atrás un grupo de médicos del Hospital Escuela Universitario (HEU) realizó una colecta para comprar una carpa con el fin de realizar el triaje a pacientes con sospechas de COVID-19.
Además, el HEU realizó la compra de un tanque estacionario de oxígeno para aumentar la capacidad «lo que permitirá al centro asistencial tener alrededor de diez días continuos de suministro hasta el siguiente recambio», dijo Manuel Gamero, director de logística e infraestructura del HEU. La compra se hizo con fondos del HEU y no forma parte del presupuesto nacional designado para la pandemia.
Situación de los hospitales móviles y la investigación
El vocero de la ATIC le dijo a Contracorriente, que de las inspecciones que se hicieron en los predios donde se van a instalar los hospitales móviles «ingenieros civiles del MP constataron que no están dotados de: energía eléctrica, tuberías, aguas residuales, agua potable incluso los accesos no están listos para cuando lleguen los contenedores, entre otras anomalías que se lograron detectar luego de la inspección».
Uno de los hospitales se ubicará en las cercanías del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en Tegucigalpa, mientras que el otro se plantea quedar a un lado del Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula.
Desde junio Invest-h, señalaba que los terrenos estarían listos en julio y que solamente hacían falta ciertas instalaciones, entre ellas las de agua y energía eléctrica, hasta el momento estas obras no parecen haber avanzado. A esto se le suma que hasta que los contenedores sean inspeccionados y posteriormente se movilicen a donde se instalarán, la población aún tendrá que esperar quince días de instalación para que comiencen a funcionar.
Para la adecuación de los terrenos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Invest-h, contrató en San Pedro Sula a Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (Sermaco), por un monto de 10 millones de lempiras (400 000 dólares) y para la supervisión a Gabinete Técnico (Gatesa) por 1 300 000 lempiras (52 000 dólares). Mientras tanto, en Tegucigalpa se contrató a Maquinaria y Proyectos por 10 millones de lempiras y a Consultores Asociados de Honduras (Conash), para la supervisión por 1 400 000 lempiras (56 000 dólares).
A pesar de que ya se contrató a estas empresas para que se encarguen de la instalación, las Fuerzas Armadas de Honduras apoyarán con la seguridad en el traslado y durante la instalación de los hospitales, además dos tenientes fueron asignados para administrarlos.
«La decisión de los hospitales móviles fue discutida ampliamente con varios miembros del gabinete, incluyendo a la junta interventora del IHSS, donde evaluamos esta solución integral junto al presidente de la república» recordó Bográn, cuando aún era director de Invest-h, durante una reunión que le pidió el Congreso Nacional para que rindiera un informe sobre la gestión, administración y ejecución de los fondos durante la emergencia.
Los hospitales se pagaron completamente desde abril y no se determinó alguna penalidad por la demora, a su vez no existió una solicitud de garantía de cumplimiento y de anticipo para respaldo y control, como señala una auditoría de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
«Esto es sumamente importante por el alto impacto que puede derivarse si el proveedor incumple con su entrega, en un contexto en que el tiempo es vital (…), Invest-h se adhirió a las condiciones establecidas por el proveedor, asumiendo todos los riesgos de la compra», añade el documento.
Los hospitales deben contener 91 camas: 10 de unidad de cuidados intensivos (UCI), 76 de unidad de alta dependencia, 2 para triaje y 3 para emergencia. Además de tuberías hidrosanitarias, 1 planta potabilizadora, sistema de esterilización, de radio protección y de trituración de desechos, unidad de rayos X y de ultrasonido, equipos de bioquímica y hematología.
Además, Invest-h señala que los hospitales son de infraestructura sólida y de estándar internacional, por lo que tiene que tener acabados de grado hospitalario con piso de vinil, techo con cielo falso de aluminio, puertas, ventanas, señalización hospitalaria, manga de conexión entre contenedores, paredes prefabricadas divisoras, rampa metálica y mampara para bloque de baños.
Mientras tanto, la información sobre los otros hospitales móviles es escasa. El portavoz del MP manifestó que en declaraciones que realizó Bográn la semana pasada como parte de las investigaciones «cuando se le consultó sobre la llegada de los otros 5 centros hospitalarios, él simplemente manifestó que no sabía cuándo llegarían a Honduras».
Sin embargo, la directora de Invest-h, Evelyn Bautista, anunció en la página oficial de la institución que recibió un correo del proveedor con los tiempos de entrega de los otros 5 hospitales, «El proveedor nos ha comentado que estos hospitales van a estar completados dentro de 3 a 4 semanas». Bautista añade que el traslado lo harán en 2 embarcaciones, una con 3 hospitales y otros 2 en la semana siguiente.
Pero por el momento nadie parece seguro de que realmente vendrán los hospitales, el propio ministro de la presidencia, Ebal Díaz, dijo durante una cadena nacional: «esperamos que los 5 hospitales restantes sean una realidad, pero si se identifican que hay problemas el Estado procederá de manera legal a recuperar el dinero».
Un Ministerio Público limitado
Más temprano, el día que el MP allanó la casa de Marco Bográn, un vehículo llegó para trasladar varias cajas con documentación a la vivienda de su madre, días después el MP también allanó esa casa donde encontraron en una bodega las cajas con documentación relacionada con el caso. Bográn brindó su declaración la semana pasada y posteriormente se tomó la declaración de 2 funcionarios más.
Los 2 hospitales móviles llegaron a la zona norte el viernes pasado, el MP esperaba el desembarque para inspeccionar los contenedores, pero la Administración Aduanera les solicitó los documentos originales de factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documento de exoneración de la franquicia conocido como dispensa «cualquier otro proceso aduanero no está amparado en el marco jurídico que corresponde a la administración Aduanera de Honduras y en caso de proceder a la intervención de la mercancía contenida en el manifiesto de carga sin el debido proceso, no seremos responsables de cualquier daño o precinto fiscal», mencionaban en una carta.
Invest-H le entregó a la Administración Aduanera de Honduras una copia digital de las facturas originales que debían llegar este miércoles, en ellas encontraron incongruencias por lo que Invest-H tuvo que pedirle a Elmed Medical que corrigiera los documentos y los enviara nuevamente, ahora se espera que lleguen a Tegucigalpa este viernes.
“Cabe aclarar que la equivocación en los correlativos en la facturación no es responsabilidad de INVEST-Honduras sino del proveedor de los hospitales de aislamiento móviles” señaló Invest-H durante un comunicado en el que también presentaba una fotografía de las facturas originales corregidas.
En su cuenta de Twitter, el fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián, exigió a las autoridades de Invest-h remitir la documentación necesaria para poder inspeccionar los contenedores y que de no cumplir, el MP procederá legalmente por obstaculización de la ley, abuso de autoridad, encubrimiento y desobediencia.
«El MP ha determinado que estos contenedores no van a salir de la portuaria hasta no ser inspeccionados», agregó Yuri Mora, portavoz del MP.
Después de los procesos judiciales que enfrentaron los diputados con los casos presentados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el Congreso Nacional aprobó el año pasado varias leyes que disminuyen y limitan las capacidades investigativas del MP.
Una de ellas se realizó en noviembre, mediante la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos en donde se imposibilita la acción penal del MP en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios, porque se establece que antes de una investigación debe existir un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Esta situación no permite que el MP pueda emitir requerimientos fiscales en casos como las compras durante la pandemia, pero aseguran que decidieron adelantar las investigaciones para proceder una vez que el TSC entregue las auditorías correspondientes a cada caso.
El MP aún espera que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de inconstitucionalidad que desde octubre del 2019 se presentó por la Fiscalía para la Defensa de la Constitución en contra de esta ley «por considerar, entre otros aspectos, que violenta preceptos constitucionales al exceder su alcance y temporalidad a la validez del decreto que la contiene, además de reemplazar la facultad que tiene el Poder Judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC, frenando de esta manera atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción».
Por su parte, el magistrado presidente del TSC, Juan Pineda, a través de su cuenta de Twitter dijo que el MP «tiene potestad constitucional de requerir penalmente. Cualquier ley contraria puede alegarse inconstitucional vía excepción y proseguir con el proceso. Lo anterior no precisa informe del TSC excepto por presunción de enriquecimiento ilícito».
A lo que el fiscal adjunto le respondió que si ese fuera el caso no se habría dado sobreseimiento provisional en el caso Red de Diputados presentado por la Maccih-Ufecic «porque el MP no contaba con el informe del TSC, y la inconstitucionalidad vía excepción no fue una opción jurídica a considerar por el juez natural en ese caso, solo sobreseyó».
El TSC acompañó los procesos de adquisiciones de Invest-h, según afirmó Bográn ante el Congreso Nacional. Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción le exigió a Pineda de abstenerse de la investigación contra Invest-h, ya que Pineda es suegro de la hermana de Marco Bográn, «un claro conflicto de intereses. Asimismo, exhorta dar trámite a los informes y denuncias presentadas en el marco de la pandemia» el TSC ha acompañado también las compras de Copeco y la Secretaría de Salud.
Ante esto, Pineda emitió un comunicado en el que señaló que se excusaría, en caso de ser necesario, para conocer las resoluciones en el caso de Invest-h, aunque a su criterio no hay conflicto de intereses «No es atribución de ninguno de los magistrados que integran el pleno del TSC participar en los procesos operativos de auditoría, esa facultad le compete a los auditores que conforman una comisión dirigida por un supervisor y un jefe de equipo», añadió.
A esta situación del MP se le suma que a finales de mayo el Congreso Nacional aprobó la interpretación de 3 artículos del Código Procesal Penal que limita la capacidad de confiscar documentos y emprender acciones para la lucha anticorrupción. Entre la reforma se pide que «las órdenes de secuestro de documentos u objetos relacionados en la investigación y persecución del delito, que sean importantes por su finalidad probatoria solo serán expeditas por un juez competente».
El MP tuvo que ser autorizado por jueces para poder realizar los secuestros de documentos en las 11 líneas de investigación de las compras durante la pandemia. Al momento de la aprobación de la ley señalaban que esta reforma es inconstitucional y que «este tipo de reformas tácitas contrario a ayudar a las investigaciones de hechos ilícitos, vienen a obstaculizar la lucha contra la corrupción en épocas en que las sociedades democráticas demandan más transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos».
La corrupción en compras de Copeco y el hospital de Villanueva, Cortés
Antes de que se desatara la polémica sobre Invest-h, las compras realizadas por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), también fueron sumamente cuestionadas. Esto llevó a que Gabriel Rubí fuera destituido de su puesto como director y volvió al cargo que ocupaba antes, como diputado del Partido Nacional por el departamento de Yoro.
Primero, el Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) denunció en redes sociales que Copeco había comprado televisores, cafeteras, dispensadores de agua y otros equipos con precios sobrevalorados, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) aseguraron que lo presentado en el portal solo eran precios de referencia y que aún no han comprado el producto. Esto produjo la suspensión del titular de la dirección administrativa de la institución, Cristian Elías Santelli, quien fue el encargado de aprobar la compra por 2,3 millones de lempiras a la empresa GNM Corporación, las facturas publicadas posteriormente pareciera tener rangos normales de precios, pero los detalles de contacto de la empresa no se pudieron corroborar.
Además de su cargo en Copeco, Cristian Santelli funge desde 2015 como representante legal de la organización no gubernamental de desarrollo, denominada Asociación Vivienda Benéfica Hondureña (Vibeh). Entre 2015 y 2019, esa organización recibió un aproximado de 19,6 millones de lempiras como parte de cinco convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para la construcción de techos, letrinas y pisos del programa Vida Mejor.
Copeco también realizó la compra de los primeros 160 respiradores mecánicos, que desde el inicio especialistas denunciaron que no son adecuados para atender a pacientes graves de COVID-19. Además, el Consejo Nacional Anticorrupción comprobó que el equipo llegó incompleto, faltando insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes y terminaron almacenados en las bodegas de los hospitales. Invest-h posteriormente efectuó la compra de los materiales que les hacía falta y aún se encuentran reparando para su funcionamiento.
Aunque Copeco ya no ejecuta más fondos para la pandemia, aún se siguen desenredando irregularidades en las compras que se realizaron antes. La semana pasada, Diario El Heraldo, reveló que se le compró a Miguel Flores (esposo de la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Pyubany Williams), la suma de 4 millones de lempiras en gel antibacterial.
El diario señala que, aunque Flores no figura como socio o representante de la empresa Visa Inversiones —a la que se le compró el gel—, los cheques a los que tuvieron acceso se giraron a nombre de Flores. Esto a pesar de que la Ley de Contratación del Estado prohíbe que los funcionarios públicos y comisionados, su esposo, cónyuge o familiar en cuarto grado de consanguinidad pueda participar en negocios con el gobierno de Honduras.
Sobre esto, una fuente del MP aseguró a El Heraldo que también investigan esta irregularidad, y añadió que ya se tenía una denuncia por la mala calidad del gel comprado por Copeco. El contrato se realizó durante la gestión del excomisionado Gabriel Rubí.
Otra de las investigaciones que el MP realiza en Copeco es sobre el abandono y la falta de equipo en un hospital móvil ubicado en Villanueva, Cortés, y que funciona desde el 13 de mayo. A pesar de que en un inicio se pensó que esta unidad serviría para internar pacientes de COVID-19, se ha convertido en el único centro de triaje del municipio, que también atiende a pueblos aledaños como San Manuel, Pimienta y Potrerillos.
Este centro de atención ha estado rodeado de polémica desde el inicio, aunque fue instalado el 11 de abril, pasó más de un mes para comenzar a brindar atención. El MP, la semana pasada, secuestró documentos en las oficinas de Copeco en Tegucigalpa como parte de las investigaciones. Según un comunicado del MP, en mayo tomaron la declaración del exministro Gabriel Rubí y del alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, entre otros funcionarios.
Mientras tanto, el centro funciona brindando consulta general esencialmente orientada a enfermos de COVID-19. El doctor Ezer Castellanos, quien dirige las operaciones en el hospital, apuntó que comenzaron atendiendo 5 o 6 pacientes al día, pero que en estos momentos las atenciones rondan entre 80 y 90 personas diarias. En promedio al día se toman unas 40 muestras para pruebas PCR.
Esa demanda de pacientes es atendida por 9 doctores, 3 microbiólogos, 6 enfermeras, 3 licenciadas en enfermería y colaboradores por parte de la alcaldía de Villanueva que atienden a los pacientes y definen si requieren de la entrega del kit de medicamentos MAIZ o deben ser enviados a una sala de estabilización en caso de que no requiera hospitalización permanente, y quienes necesitan ser internados son remitidos a los hospitales Mario Catarino Rivas y Leonardo Martínez, en San Pedro Sula.
Mientras el MP aún se enfrenta a las limitantes para la investigación de la posible corrupción durante la pandemia, los hospitales móviles que llegaron al país probablemente funcionarán hasta agosto, si es que se logra capacitar y contratar al personal de salud necesario. A esto se le suma que el futuro de los otros 5 hospitales móviles, destinados a departamentos con muy escasa atención en salud, aún es incierto.
