El poder y la lucha por el agua en La Tigra

Una jornada de protestas en contra de la construcción del proyecto habitacional Bosques de Santamaría, ubicado en la zona de la reserva natural Parque Nacional La Tigra, concluyó con la suspensión temporal del proyecto. La decisión tomada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los desarrolladores del proyecto no parece satisfacer a las comunidades que exigen una cancelación total de las construcciones y la reforestación de las áreas afectadas.

Las protestas que se registraron en tres tomas de carreteras: El Hatillo, El Chimbo y salida de Tegucigalpa hacia Olancho, todas entradas al Parque Nacional La Tigra, las realizaron habitantes de las aldeas cercanas para exigir la cancelación del proyecto habitacional que aseguran dejará sin agua a sus comunidades. Además, demandaron mayor suministro de agua potable en sus sectores.

Las tomas comenzaron desde las 5 de la mañana y duraron hasta horas de la noche, durante este transcurso, la Policía Nacional de Honduras (PNH) usó gases lacrimógenos en varias ocasiones y una tanqueta que arroja agua para dispersar a los manifestantes. El portavoz de la PNH, Jair Meza, negó que los agentes de seguridad anduvieran armas de fuego durante los desalojos. Sin embargo, en la zona de El Hatillo y la salida a Olancho se registraron enfrentamientos con bala viva. De acuerdo con un vídeo publicado en el medio televisivo La Tribuna TV, los disparos fueron realizados por La Policía Nacional.

Ante la situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) publicó un comunicado en el que solicitan a las autoridades a respetar el derecho a la expresión y a reunión pacífica de todos, incluyendo de las personas que rechazan el proyecto “Las autoridades deben encontrar una solución pacífica que garantice el derecho a participación, así como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano”, señaló.

Las familias detrás del proyecto Bosques de Santa María

El proyecto habitacional Bosques de Santa María fue aprobado por el despacho del ministerio de MiAmbiente y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Nasry Asfura, alcalde capitalino, señala que el proyecto se aprobó debido a una demanda de más de 150 mil viviendas en la ciudad. Sin embargo, la construcción residencial es privada, beneficiará a quien pueda pagar por la compra de una casa en un circuito exclusivo de la ciudad.

La empresa encargada de la construcción del proyecto es Santos y Compañía, propiedad del diputado liberal Elvin Santos que aún enfrenta un proceso judicial por el delito de lavado de activos en modalidad de encubrimiento en el Caso Pandora. Mientras tanto, el proyecto habitacional pertenece a la familia Midence-Soto-Pierrefeu, quienes tienen un proceso de gentrificación del centro de Tegucigalpa detrás de la iniciativa Vuelve al Centro.

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La familia Midence-Soto-Pierrefeu además tiene vínculos con la familia presidencial, de acuerdo con el Registro Público de Panamá, manejan dos empresas panameñas junto con Francois de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández hermana de Juan Orlando. Una de las empresas se encuentra bajo el nombre Wedgewood Holdings que dirige junto a Carlos Fiallos Soto, quien también forma parte de otra empresa denominada Holdings. S,A que dirige con el actual presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, y con Carlos Midence Laínez, empresarios que lideran el grupo inmobiliario Midence Soto.

El proyecto inmobiliario Bosques de Santa María contempla una extensión de 500 hectáreas e incluye tres vecindarios: Bosques de Santa María, Pinares de Santa María y Prados de Santa María con un total de 2300 viviendas, el colegio Liceo Franco-hondureño, desarrollos comerciales, un racket club y otro de equitación, una iglesia, una estación de bomberos, un lago para actividades acuáticas; áreas boscosas protegidas, así como áreas de recreación y esparcimiento.

De acuerdo con la información de los desarrolladores, este proyecto consta de tres etapas a un plazo de 20 años en el que inicialmente se invertirá un monto estimado de 1,300 millones de lempiras. Aunque el terreno donde se planea desarrollar el proyecto tiene una extensión de 499.72 hectáreas, 96.21 se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra.

El ministro de MiAmbiente, José Antonio Galdames, aseguró en diferentes medios de comunicación que el único sector al que se le dio licencia ambiental fue al vecindario central (Sector S-3) el cual se encuentra a una distancia de 393 metros del límite de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra y que, aunque 96.21 se encuentran en la zona de amortiguamiento del parque, no se le otorgaron permisos.

“Desde el inicio de la planificación, el SANAA dejó claro que no podría suministrar agua para este desarrollo. Por lo tanto, se trabajó para buscar soluciones alternas perforando pozos que están a 1070 MSNM a kilómetros abajo de La Tigra y que no afectan” señaló Guy Pierrefeu, desarrollador del proyecto en una entrevista a la página Dinerohn.

Según la información de los desarrolladores del proyecto, este sería “autosuficiente en agua potable, tratamiento de aguas servidas, redes de riego y combate a incendios y que asegura un desarrollo ambientalmente amigable, mediante el uso de energía solar y efluentes de aguas tratadas” detalla en su página oficial.

Tania Erazo miembro del Comité Ecológico de la Aldea Suyapa, el sábado 7 de septiembre realizó un plantón pacífico en la entrada del proyecto a la altura de El Chimbo. Tania señala oponerse al proyecto porque aunque la construcción no esté en la zona de amortiguamiento, el problema central es el impacto ambiental que va a tener en el uso del agua, la cantidad de gente y los vehículos, “en La Tigra ya no hay ríos, están secos, se ve como han talado para meter tubos y crear una represa para este complejo habitacional”, señaló.

Jorge Luis Palma, director técnico de Fundación AMITIGRA, detalla que al principio los desarrolladores del proyecto pretendían construir dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra, pero no se les dio el permiso. Además, añade que AMITIGRA no tiene potestad legal para aprobar permisos de construcción fuera de la zona protegida “hacemos un dictamen técnico ambiental en base al marco legal de las áreas protegidas del país. La competencia de nosotros, nuestro dictamen pesa y es tomado en cuenta solamente dentro del área protegida”, aseguró.

Aunque el proyecto tiene varias etapas, hasta ahora solamente una está aprobada “cada etapa nueva que quieran empezar del proyecto debe solicitar una nueva licencia por cada etapa y es claro que en la parte del parque nos vamos a seguir oponiendo y decir que no, estamos pensando que ahora va a ser más restrictivo nuestro dictamen viendo como la sociedad se ha unido a este tema de conservación”, mencionó Palma.

Sin embargo, para Tania Erazo la construcción interferiría con su proyecto de declarar zona de reserva forestal la zona de Triquilapa, “además queremos hacer un corredor biológico que comprende la Tigra, el Cerro Triquilapa y la reserva biológica Uyuca, esto es una tranca a ese proyecto”, añadió.

Palma coincide en que el proyecto generará un impacto, un efecto de borde y cortará un corredor biológico y que es producto de los vacíos que la ley permite al no prever estas situaciones, “Como ambientalista, más allá del tema legal, todo lo que hagamos alrededor de La Tigra va a generar un problema por la radiación lumínica, mayor calor, más vehículos. Tener una ciudad tan grande que cada vez se pega más al parque hace lo mismo y que todo el que tenga una propiedad alrededor de La Tigra puede hacer lo mismo que este proyecto,” Palma menciona que el parque enfrenta muchos problemas que amenazan su existencia.

La crisis por la última fuente de agua cercana a Tegucigalpa

Entre los años 2013 y 2017 se registró una plaga de gorgojo descortezador de pinos que afectó más de 500 mil hectáreas de bosque a nivel nacional, según datos oficiales. De estos, 5 mil hectáreas pertenecen a La Tigra, un terreno de hectáreas, que ahora son matorrales. La pérdida de tantos árboles de pino genera un impacto, ya no se mantienen los microclimas de esos espacios y el agua deja de quedarse superficialmente en las raíces. Los expertos señalan que la sequía y el cambio climático tienen un impacto más grave debido a tantas hectáreas de bosques perdidos.

En el caso de La Tigra, las autoridades del parque señalan que muchos de estos lugares que el gorgojo descombró se están convirtiendo en maizales o zonas de cultivo “tenemos poblaciones pobres que encuentran una alternativa en los bosques y la situación es que entre menos cobertura boscosa tenemos vamos a tener mayor impacto” señala Jorge Palma.

La situación actual de La Tigra es crítica, es una de las últimas zonas boscosas cerca de Tegucigalpa y eso implica una mayor carga porque la deja aislada. Según investigaciones de AMITIGRA, muchas especies desaparecerán en pocos años, una de ellas son los pumas porque se perdieron los flujos genéticos de los corredores biológicos desde El Picacho y Comayagua.

A esto se le suma las comunidades que viven y crecen dentro del parque, la contaminación causada porque el tren de aseo no cubre ese sector y los incendios forestales. Las cifras oficiales detallan que en 2019 los 37 incendios registrados afectaron 1,200 hectáreas del parque, estos incendios tienen una correlación con los lugares donde viven poblaciones que de alguna manera impactan al bosque.

La Tigra representa el 25% de la demanda de agua de la capital, las otras fuentes de presentan niveles críticos para la capital que atraviesa una de sus peores crisis por falta de agua, según los datos del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) la represa Los Laureles con un 34% de su capacidad mientras que Concepción tiene apenas un 19%, ambas represas abastecen aproximadamente a un 80% de la ciudad.

“El tema del agua lo queremos ver como algo reciente y no es así, la última obra de agua se hizo para la zona central fue en el 92, ha pasado una cantidad enorme de años creyendo que vamos a poder abastecer a una ciudad que creció con las mismas obras de agua que además es una ciudad que no tiene un plan de ordenamiento territorial ni cómo va a crecer ni para donde”, añadió Palma.

Las soluciones que ha planteado el alcalde capitalino son la construcción de una mini represa en la zona de El Hatillo, a la altura de la Academia Los Pinares cuyo proceso de licitación comenzará el 15 de noviembre, la represa constará de 4 millones de metros cúbicos. De igual manera planea construir las represas San José y Jiniguare para las cuales iniciaran un proceso de licitación en marzo del 2020.

Por ahora, uno de los planes en camino que tiene la AMDC es el traspaso del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) a la Alcaldía Municipal, algo que se denomina municipalización del agua y que en otras zonas del país ha representado la posterior privatización del servicio. 

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Sin embargo, ante la crisis actual de agua la única propuesta de Asfura es orar y esperar que llueva “Me persigno y le pido a Dios que nos mande agua, nunca en más de 30 años había bajado tanto los niveles de las represas y lo que es preocupante es que si no llueve lo suficiente vamos a tener crisis en el próximo verano en 2020” señaló el alcalde.

De acuerdo con los expertos, la única forma de que se recuperen los níveles de las represas sería con lluvias focalizadas donde se ubican las cuentas y que sean constantes. Hasta el momento las autoridades aseguran que habrá suministro de agua hasta los primeros días de octubre, pero si no aparecen las lluvias los racionamientos serán cada vez más severos, hasta el momento las colonias que se abastecen de Concepción y Los Laureles reciben agua potable cada 5 días.

Para el personal de AMITIGRA una de las mayores preocupaciones es lo que parece una inminente lucha por el agua de La Tigra “está claro que todos quieren vivir ahí, es casi de los últimos lugares donde hay agua… La ciudad va a ir sobre el parque nacional porque es donde queda recurso disponible” finalizó Palma.