Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Martín Cálix
Las mujeres dentro de la Policía Nacional de Honduras enfrentan muchas barreras para ejercer su profesión libremente y en condiciones iguales: son víctimas de acoso y hostigamiento por parte de sus compañeros o sus superiores, además se les suele relegar a labores comunitarias y sobre ellas cae la carga de sus hogares porque nunca dejan de ser mujeres en una sociedad que les dice cómo deben de vivir o morir. Por eso también se enfrentan a ser víctimas de femicidios impunes, incluso cuando pertenecen a instituciones que deberían de prevenirlos y sancionarlos.
En medio de una crisis constante en el país, el martes 18 de junio inició una huelga de fusiles caídos por parte de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, anunciaron en un comunicado que no querían seguir reprimiendo las protestas y exigían mejoras laborales. En el quinto punto mencionaban el acoso laboral y sexual que viven las mujeres en la Policía Nacional de Honduras (PNH) «aunque presenten denuncias no son investigadas, ni tampoco se sanciona a los responsables» mencionaba el texto.
En el punto donde se encontraba la huelga, las mujeres no se mostraban muy visibles ante los medios. Apenas tres de ellas aceptaron hablar sobre el tema. «El acoso sexual es lo que más existe para las mujeres en la policía, en donde estamos asignadas hay un oficial que manda a las mujeres que no se dejan a una posta de castigo, que queda lejos y nos pone a hacer hasta 12 horas de turno cuando lo rutinario son 8», dice una de ellas, habla con miedo aún detrás de una capucha que lleva para cubrir su rostro.
El miércoles por la noche representantes de las Fuerzas Especiales y las autoridades de la PNH llegaron a un acuerdo con la mediación del Comisionado de Derechos Humanos, Roberto Herrera. El acuerdo que contiene nueve puntos, no da respuesta a las denuncias de las mujeres por acoso laboral y sexual.
Las tres policías en la huelga mencionaban que les fue difícil colocar ese punto en el comunicado, porque muchas no quieren hablarlo, pero también por el riesgo que corren al denunciarlo abiertamente. «No crea, esto no es fácil, cuando se den cuenta van a hacer un informe de qué mujeres estábamos aquí y quienes fueron las que pusieron ese punto», dice otra de ellas.
Antes de esto, una ex agente de la PNH había contado su historia dentro de la carrera policial y cómo fue su experiencia estudiando. La ex agente tuvo que dejar la institución debido a la crisis postelectoral, un periodo de protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández cuando se reeligió en medio de muchas irregularidades, su nombre no será mencionado por seguridad. Quizás por su contexto habla tan abiertamente de los abusos que sufrió en su experiencia.
«Muchas veces a mí me sacaron de clase para que yo fuera a la oficina de algún oficial y lo único que hacía era morbosearme, decirme cosas y yo simplemente me quedaba callada». Cuando la ex agente habla de cosas, se refiere a la calificación sobre su cuerpo o su sexualidad ante sus compañeros oficiales o a veces sus superiores. Las pocas veces que denunció estas conductas con el director, él no hizo nada, cuenta.
«Tenés que aguantar muchas cosas de parte de los oficiales y más que todo, hombres porque de repente te acosan, te dicen cosas y cuando no les hacés caso te castigan de una manera bien fea. Uno sufre mucho como estudiante en la Policía». La ex agente dice que los castigos más frecuentes consistían en enviarla a dar vueltas, corriendo por el perímetro y otras veces, junto a otras compañeras que sufrían lo mismo, la dejaban encerrada los fines de semana.
Los casos de acoso dentro de la Policía Nacional no son públicos, en algún momento incluso se denunció a través de medios de comunicación que en el proceso de depuración policial al que han sometido a la institución en los últimos años, hubo mujeres que fueron depuradas por no acceder a mantener relaciones sexuales con su superior.
El proceso de depuración policial comienza en 2016 luego de que se dan a conocer publicaciones que implican a altos oficiales de la Policía en el asesinato del Zar Antidrogas en 2009. Hasta el momento más de 5 mil elementos han sido separados de la institución por retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos.
Del total de agentes retirados de sus cargos, la Junta Depuradora señala que son más de 100 mujeres las que pasaron por ese proceso. Las policías que estuvieron en la huelga dicen que han visto cómo muchas compañeras que siempre han cumplido con los reglamentos reciben bajas repentinas «y uno no sabe por qué, la mayoría de mujeres no tenemos problemas con derechos humanos ni con ciudadanos, entonces no se sabe porqué las depuran», ellas piensan que es por el acoso.
El líder evangélico Alberto Solórzano, comisionado de la Junta Depuradora, asegura que la información sobre las mujeres depuradas por denunciar acoso sexual es real y conocieron al menos tres casos en que se denunció que esto había sucedido. «Nosotros supimos y evaluamos que se estaba actuando injustamente porque alguien había denunciado a un superior, la disciplina recayó sobre el superior y no sobre la persona que denunció», asegura que a las mujeres las restituyeron en sus cargos después de recibir y verificar esa situación.
Apenas hasta febrero de este año, se comenzó a incluir el término de acoso dentro de los controles internos de la PNH. En el reglamento disciplinario aplicable a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y Miembros de la Policía Nacional en su artículo 46 menciona que una falta grave es: «aprovecharse de su cargo o grado para inducir, acosar o establecer relaciones de carácter sexual con sus compañeros o subalternos». Esta falta, al ser comprobada, da lugar a la cancelación del policía por despido, sin responsabilidad para el Estado.
Actualmente, el ente encargado de recibir las denuncias de este tipo es la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que comenzó a trabajar desde el año pasado. Entre las 1,300 denuncias que llevan actualmente, solo han conocido una sobre acoso sexual, que forma parte de sus casos más emblemáticos hasta el momento, por eso le denominaron: «Uso de jerarquía y grado para realizar acoso sexual de oficiales a subalternas».
El único caso que conoció la Didadpol se dio cuando una subalterna denunció a un oficial en San Pedro Sula por acoso, dentro del proceso de investigación se presentaron pruebas e incluso se hizo un juicio interno en el que se declaró culpable al oficial. Los nombres no son públicos, pero hasta el momento Didadpol solo se encarga de investigar, las sanciones le corresponden al Ministro de Seguridad, quien debe actuar y despedir al oficial, pero aún se está a la espera de que éste responda.
«Siento que cuando una mujer sale a interponer la denuncia es porque ya no aguanta ese círculo, porque ella no ha podido arreglar esa situación y necesita por fuerza una ayuda. Las instituciones estamos obligadas a garantizar los derechos a la mujer, sobre todo a su libertad sexual donde la mujer decida y pueda disponer de su cuerpo y de su vida con la persona que ella prefiera», señala Allan Argeñal, director de la Didadpol.
Cuando la ex agente se graduó, esperaba que la situación mejorara, pero el acoso seguía ahí, también en el ejercicio de su profesión. «Hubo oficiales que me mandaban a llamar a mí o a varias de mis compañeras y era para que de repente saliéramos —cuando terminaban sus jornadas— ahí fuera de Tegucigalpa y al no aceptar ellos nos castigaban». Pero la ex agente nunca denunció, no sabía cómo podía probarlo.
Las organizaciones de mujeres saben que el acoso es un tema muy difícil de tratar. Helen Ocampo, del Observatorio del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), dice que la violencia machista está en toda la estructura de la sociedad. «Está en todos los espacios organizativos, independientemente del espacio que sea y obviamente la Policía, al ser una organización estatal y mixta, tampoco se ve exenta de ese tipo de violencia».
De acuerdo con la información a la que tuvo acceso la Didadpol, antes de que existiera este ente, las mujeres colocaban denuncias en la Inspectoría General de la Policía Nacional, en organizaciones de derechos humanos y en el Ministerio Público.
De acuerdo a la información del Ministerio Público, desde 2010 hasta 2018 se registraron 102 denuncias contra agentes de la Policía y militares por los delitos de violación, actos de lujuria, trata de personas y tentativa de violación. Además, se registran 11 denuncias por hostigamiento sexual dentro de las cuales 4 fueron cometidos por subcomisionados o subinspectores de la Policía Nacional, los demás eran agentes de la Policía Nacional.
Según Lorena Cálix, vocera del Ministerio Público, las denuncias por violencia sexual o acoso cometido por policías o militares generalmente son provenientes de mujeres que andaban en la calle o eran familiares y no de mujeres dentro de la policía porque estas tienen miedo de perder su trabajo o tener represalias y por eso no reciben denuncias, asegura además que no poseen información de la profesión de las mujeres que denuncian violencia sexual.
«Es importante instruir más a las mujeres, que puedan tener la libertad de denunciar cuando les sucede esto, no solamente dentro de la institución policial, sino que se dan en todas las instituciones y sabemos que algunas mujeres callan por temor a perder su trabajo», añade Argeñal.
Roles de género
En Honduras, actualmente las mujeres representan apenas el 20% entre agentes y oficiales en la Policía Nacional (PNH), sin embargo, esta cifra era apenas la mitad 10 años atrás. La Comisaria de Policía Sandra Raudales es una de esas mujeres que resistieron para poder abrir camino a la incorporación de más mujeres a la institución policial, aunque los paradigmas en los que ellas entran no hayan cambiado mucho, la incorporación de más mujeres en la Policía Nacional es notable.
«Ahora hay mayor incursión de las mujeres en la institución y pueden ver a las compañeras en la calle dando vía, laborando en la parte operativa o en fuerzas especiales y en todas las entidades, no hay para la mujer limitantes en el desenvolvimiento», dice Sandra Raudales, jefa de la oficina de Bienestar Social de la Policía Nacional.
Para ingresar a la Policía Nacional existen dos maneras: el Instituto Técnico Policial (ITP) del cual se egresa como agentes de escala básica y la Academia Nacional de Policía (ANAPO) en la que pueden aspirar a cargos más altos a lo largo de su carrera.
Wendy Martínez es Policía Clase 1, el segundo rango al que se puede ascender en la escala básica de la Policía Nacional. Al llegar, le pide a sus dos compañeros que la esperen afuera mientras da la entrevista y ellos atienden a sus órdenes. Wendy, cuenta minutos más tarde, cómo esta situación en que los hombres la respeten les ha costado mucho trabajo a las mujeres.
Martínez ingresó al Instituto Policial de Honduras (IPH) en 1993. En aquel momento no había pasado siquiera diez años desde que las mujeres comenzaron a ser aceptadas para entrar a la escala básica de la institución. «Cuando yo ingresé no había muchas mujeres policías y los varones pensaban que nosotras veníamos a quitarle espacios y en realidad veníamos a complementarlos. Fue difícil la aceptación, pero tenían que trabajar con nosotras», recuerda la policía.
Las primeras mujeres dentro de la Policía Nacional en Honduras ingresaron a la institución en los años 70, pero estas no entraban realmente en la escala básica. Al principio eran solamente dos mujeres de las Fuerzas Armadas que fueron trasladadas al servicio policial. Años después, mediante un convenio firmado con los Carabineros de Chile, cuatro mujeres se graduaron de la primera promoción de mujeres en la Policía Nacional.
La Clase Uno Martínez, durante la entrevista en el lobby de la Secretaría de Seguridad. Foto: Martín Cálix.
Cuando entra el grupo de 4 mujeres, crean una unidad para ellas llamada Policía Auxiliar Femenina, a las que se le asignaba tareas básicas y comunitarias. Cualquier mujer que ingresaba desde los centros de educación policial solo podía formar parte de la policía femenina en donde laboraban regulando el tránsito, dando servicio en calles peatonales, en escuelas o en las aduanas.
Fue hasta los años 80 que las mujeres finalmente entran en la escala básica de la policía y pueden acceder a algunos puestos que antes solo habían sido para los hombres. Según un Informe Nacional sobre mujeres en las Fuerzas Armadas y la Policía, en 1984 las mujeres entran a cursos de policías de la escala básica y hace diez años logran ingresar a la Academia Nacional de Policía para que pudieran aspirar también a estudios de oficialidad.
«Este es un trabajo exclusivo para varones por el aspecto cultural machista en que a la mujer no se le permite entrar a áreas de varones. Las que lograron romper esa barrera eran admiradas», opina la comisionada Raudales, a la vez que recuerda cómo hace 20 años ella fue la primer mujer policía de su aldea y ahora son 15 mujeres más las que estudiaron en la institución.
Las mujeres que quieren hacer carrera dentro de la fuerza policial deben enfrentar varios obstáculos más. En la actualidad no hay ni una mujer en direcciones o en la jerarquía más alta dentro de la policía, en sus inicios hacían labores comunitarias y actualmente muchas mujeres son relegadas a esos mismos puestos.
Wendy Martínez ha dedicado su carrera policial a las labores comunitarias. Primero ingresó a la policía femenina y actualmente está asignada en el programa GREAT (Gang Resistance Education and Training), que consiste en capacitar niños de escuelas y colegios de la capital sobre el respeto, la no violencia y la prevención de maras y pandillas.
Martínez cuenta que ingresó al ITP y no a la academia debido a que tenía un hijo pequeño en aquel momento y la academia le exigía cuatro años fuera de casa. Las policías que también son madres, generalmente tienen que cumplir los roles que históricamente se le han relegado a las mujeres.
Un día en la vida de Wendy empieza quizás antes de que el sol aparezca por las ventanas. «Soy esposa y madre, así que me toca todo como a una mujer normal: ir al supermercado, lavar la ropa, hacer de comer a mis hijos, atender a mi esposo, visitar a mi mamá y a mi familia», cuenta con rapidez, como si solo la idea de recordar sus labores la pusiera en alerta.
La comisionada Raudales también cuenta cómo estos roles de madre se repiten en sus trabajos «las mujeres en la institución nos volvemos como una madre para los subalternos. Somos esa parte sensible, esa parte humana… Somos las mujeres las que estamos pendientes de las necesidades de nuestros subalternos, al igual como lo hacemos con nuestros hijos», dice con naturalidad.
Declaraciones del director de Recursos Humanos, el comisionado Leonel Sauceda, realizadas en la página oficial de la PNH, menciona que uno de los avances más significativos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la institución es tener en cuenta cuando una madre egresa de los centros de educación policial para que se le asigne a un lugar cercano a donde viven.
Por su parte, la sub comisionada Zulma Reyes que coordina la Unidad de Género, menciona que uno de los propósitos de esta dependencia es capacitar para «concientizar a los hombres ya que es también parte de la responsabilidad en la crianza de los hijos. Al igual que en las tareas del hogar, creo que aquí ambas cosas deben ser compartidas», menciona.
Raudales asegura que las mujeres en la Policía son fuertes. «Considero que los estigmas que hay con que somos el sexo débil, no son así, más bien la mujer dentro de la Policía ha demostrado tener mucha fortaleza de carácter, de espíritu y también fortaleza física para poder enfrentar las diferentes faenas de la vida».
Sin embargo, esta imagen compite con la narrativa predominante en medios de comunicación, donde las mujeres policías destacadas lo son por su belleza. En ocasiones son calificadas según los estándares predominantes, promoviendo el acoso sexual contra ellas. Por ejemplo, esta noticia en el periódico deportivo Diez.
El año pasado se hizo viral y fue portada de los diarios con mayor circulación del país la imagen de una «Barbie Policía» a la que destacaban por sus atributos físicos.
«En los últimos meses varias mujeres policías se han viralizado, en la mayoría de los casos, porque destacan dentro de la institución por su belleza y llaman la atención de los ciudadanos», señala otra de las noticias sobre el tema.
Violencia de género
Formar parte de las estructuras que investigan la criminalidad expone la vida de cualquiera, sin embargo, las mujeres además están expuestas a otras violencias por su género. El caso más polémico que algunos aseguran podría tratarse de un femicidio que fue registrado en 2018: la muerte de Sherill Yubissa Hernández, jefa del departamento de delitos contra la administración pública en la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que aún continúa en investigaciones.
El 11 de junio de 2018, Sherill fue encontrada muerta en su apartamento ubicado en el Barrio El Calvario en Santa Rosa de Copán. Su cuerpo posaba inerte, con un disparo en su cabeza y un arma en su mano derecha. A la escena del crimen solamente tuvo acceso la misma dependencia en la que laboraba y en menos de dos horas declararon que se trataba de un suicidio. Días después, el dictamen de Medicina Forense señalaba que Sherill había sido asesinada.
Selma Julissa Villanueva, quien era directora de Medicina Forense en aquel momento, aseguró que su cuerpo tenía lesiones de un intento de asfixia y que su muerte la quisieron simular como un suicidio. «Este caso lo que revive son las claras formas de impunidad que imperan en el país en relación con las muertes violentas de mujeres, sobre todo cuando se dedican a investigar la ola de criminalidad que hay. Esto no es otra cosa más que un claro reflejo de la investigación muda e inoperante que se da en el país», afirma Villanueva, detrás de su escritorio en un hospital privado.
Villanueva fue destituida de la dirección de Medicina Forense meses después de las declaraciones que dio sobre el caso. Asegura que su separación de la institución está relacionada con el dictamen sobre Sherill que dio a conocer públicamente, por el cual además recibió amenazas de muerte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares y el Estado de Honduras le proporcionó un carro blindado. «No me ha amenazado cualquiera, son torones (personas con mucho poder, ¿cómo puedo creer en el sistema? Yo prefiero el carro, al menos ahí me encierro cuando vengan en un semáforo», explica.
La Dra. Julissa Villanueva en su consultorio médico de las Clínicas Viera, antes fue la jefa de Medicina Forense. Foto: Martín Cálix
El día que encontraron el cuerpo de Sherill la ATIC no permitió el acceso a la Dirección Policial de Investigación que procesara la escena, tampoco al Ministerio Público ni a Medicina Forense.
Su novio era Wilfredo García Rosales, en aquel momento el jefe regional de la ATIC en San Pedro Sula, departamento de Cortés. García fue una de las últimas personas en verla con vida. En su momento declaró que Sherill le contó que estaba preocupada porque tenía dos letras atrasadas de un préstamo y estaba a punto de perder su vehículo que estaba en garantía. Ante esas declaraciones, la madre de Sherill señaló que no creía la versión de García y además pedía que otra instancia investigara el caso.
Sobre el caso, el criminólogo y ahora diputado, Denis Castro Bobadilla, analizó la escena y declaró que se trataba de un homicidio. «No es cualquier individuo el que hizo esto, es una persona que sabe y tiene que estar en el contexto de investigaciones y de las instituciones del país en la investigación criminal», analizó cómo el arma estaba montada sobre la mano de Sherill ya que no tenía el espasmo característico de un disparo, sino que estaba completamente relajada, además en un sitio equivocado en relación al disparo.
De acuerdo a Bobadilla y a Villanueva, a Sherill alguien le hizo presión en su cuello minutos antes de que el arma fuera disparada lo que provocó que al momento de sentir que perdía el aliento sacara su lengua. Hasta ahora las investigaciones del caso se encuentran en secretividad dentro de la Fiscalía de Delitos contra la Vida en el Ministerio Público, sin embargo, el director de la ATIC, Ricardo Castro, dijo ante la prensa en ese entonces, que se trataba de un suicidio y por razones «aparentemente pasionales». Meses después se le consultó nuevamente a la ATIC sobre el caso y se negaron a dar declaraciones.
De acuerdo a un reportaje publicado por The New York Times, Sherill sospechó que Wilfredo ayudaba a los criminales en vez de trabajar para acabar con el grupo delictivo debido a que está casado con la hermana de un líder de la MS-13. Además, «fue reasignado a un puesto administrativo mientras se investiga el homicidio de Hernández, de acuerdo a un vocero del Ministerio Público en San Pedro Sula. Casi diez meses después, no hay ningún presunto culpable», señala el texto.
Villanueva asegura que el caso «pone al descubierto lo que está ocurriendo en muchas de las agencias de investigación y otras instituciones del Estado, sobre todo cuando le digo que no solo es la muerte de la agente lo que se esconde ahí. Detrás del caso Sherill hay abusos, acosos sexuales para agentes de la lucha contra el crimen o de la ATIC por parte de las altas personalidades que dirigen esa agencia y un silencio sepulcral de parte del Fiscal General que conoce esas denuncias y no hace nada», sentencia.
Sobre las denuncias por acoso realizadas por policías o agentes de la ATIC, también se le consultó al Ministerio Público durante varias semanas y éste no dio respuesta ni información al respecto.
Otra hipótesis sobre el caso que se filtró a medios de comunicación es que la muerte de Sherill estaría ligada a las investigaciones que realizaba contra un alto oficial de la Policía Nacional en la zona occidental del país.
El caso de Sherill tiene similitudes a otro que sucedió a principios de año dentro de la Policía Nacional. Saida Suyapa Fuentes Paz era agente asignada a la línea de emergencia del 911 en El Progreso, Yoro. Fue encontrada muerta en medio de unas cañeras, dentro de su automóvil, con la pistola de reglamento en su mano derecha aparentando un suicidio, escena similar a la de Sherill.
Según la información preliminar proporcionada por la ATIC, Saida se encontraba en su día libre y se trasladaba hacia la posta policial de La Lima, en Cortés, acompañada de su pareja Yoni Lagos, quien en su momento fue detenido para investigación como sospechoso y días después consiguió la libertad. No hay información sobre el proceso de investigación.
Para Julissa Villanueva el que sucedieran dos casos similares en menos de un año solo puede significar dos cosas: o han encontrado una modalidad para asesinar y salir impunes, o las autoridades son incompetentes y no son capaces de investigar un posible homicidio porque esto además afectaría a las instituciones.
Lagos, la pareja de la víctima, dijo en aquel momento que después de una discusión por problemas personales, él se bajó del automóvil en una parada de autobuses y miró cómo ella se desvió a las cañeras. Según su versión, él corrió a buscarla y la encontró sin vida.
Según Villanueva, este tipo de casos no son comunes y no deberían darse porque tanto en las agencias de investigación criminal como en la Policía uno de los requisitos es aprobar exámenes psicológicos para poder ingresar a estas instituciones, no pueden aceptar a alguien con una tendencia suicida. «No se le va a dar un arma a una persona que tenga tendencias depresivas en la proyección en los test psicométricos y psicológicos y evaluaciones previas que le hacen», recalca finalmente Villanueva.
El caso de Sherill y el de Saida siguen sin resolverse, los voceros dejan de contestar cuando se les pregunta del caso. Ni siquiera responden si continúan en investigaciones.
Helen Ocampo del Centro de Derechos de la Mujer (CDM) señala que las muertes violentas de mujeres se encuentran con un 95% de impunidad. «Toca hablar un poco de la violencia estructural que facilita que se justifique que se siga cometiendo y que quede impune, las lesiones y las muertes violentas de mujeres y con eso hay que hablar de la cultura de violencia que es sostenida por varios pilares: la cultura, la impunidad y la violencia en concreto».
A pesar de su experiencia en Honduras, cuenta que buscará ingresar nuevamente a la Policía en el país donde vive ahora y que espera tener una mejor experiencia, se resiste a ser invisible.
Muchas mujeres dentro de la Policía Nacional en Honduras soñaban con ser policías, pero los obstáculos interpuestos a su género les impiden vivir y ejercer en condiciones iguales a sus compañeros. Las mujeres, que parecen invisibles en tantos espacios, continúan siéndolo incluso dentro de las estructuras que investigan sus muertes violentas y en las que buscan prevenir y sancionar la violencia en general.
Mientras tanto, las tres mujeres de la huelga dicen que son policías por necesidad y no por vocación, que desearían trabajar en cualquier otra cosa pero que están ahí para evitar el hambre que sufrieron intentando encontrar otro trabajo y para sacar adelante a sus familias. Una de ellas menciona que tiene una hija y que trabaja duro a diario porque las condiciones en que ella ejerce su profesión son injustas, «quiero que ella sea cualquier cosa, menos una policía».
