La Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC presentó el duodécimo caso de corrupción denominado Narcopolítica, una investigación que muestra cómo un gobierno trabajó en conjunto con el narcotráfico. Este caso se suma a la llama encendida de las protestas por la educación y salud pública del último mes y el reporte de medios internacionales que muestran a Juan Orlando Hernández en una lista de investigados por la DEA. Las protestas ya toman forma de bloqueos en carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y policías, y de nuevo resuena en las calles el “Fuera JOH”.
En 2015 hubo dos detonantes de la crisis social y política: el descubrimiento del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para financiar campaña del presidente Juan Orlando Hernández y la entrega a las autoridades estadounidenses del cartel de narcotráfico Los Cachiros que en sus declaraciones de ese entonces mencionaron haber recibido apoyo de empresarios, políticos, militares y policías.
Así, el caso de narcopolítica, el primero de la MACCIH que incluye lavado de activos por narcotráfico a través de contratos con el Estado, comienza a investigarse con la declaración de Devís Leonel Rivera ante un juez en Estados Unidos en donde menciona que en 2009 se contactó con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en aquel entonces candidato presidencial del Partido Nacional justo tras el golpe de Estado.
Los Cachiros tenían la Empresa Inmobiliaria INRIMAR que durante el periodo de Porfirio Lobo Sosa consiguió al menos 21 contratos por un monto de más de 68 millones de lempiras (casi 3 millones de dólares) que aparentemente tenían como objetivo realizar obras viales en los departamentos de Olancho y Colón.
En el caso hay 12 personas acusadas de las cuales cinco ya pasaron por audiencia inicial en la que se les dictaminó auto de formal procesamiento, dos están extraditados en Estados Unidos y hay cinco prófugos de los cuales se dice que tres podrían presentarse esta semana a los juzgados.
Los imputados son Miguel Pastor, exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) así como Walter Maldonado, exdirector de carreteras, ambos acusados de falsificación para lavado de activos, abuso de autoridad, fraude, falsificación de documentos públicos y cohecho.
De igual manera, Deysi Zúñiga y José Manuel Valladares son imputados por falsificación de documentos públicos y complicidad en fraude. Mientras que Claudia Matute es acusada de ocho delitos de fraude y ocho por falsificación de documentos públicos.
Ya se presentaron ante la justicia las imputadas Carol Pineda y Luisa Montalván a quienes se les dictó prisión preventiva. Pineda enfrenta cargos por fraude y falsificación de documentos, mientras que Montalván está acusada de complicidad.
Para algunos analistas, las personas con requerimientos no son suficientes. Raúl Pineda, un analista de larga trayectoria nacionalista, exdiputado y allegado al círculo de Juan Orlando antes que éste fuera presidente de la república por segunda vez, menciona que en este caso hay acusaciones contra empleados subalternos, pero no para los jefes que tomaban las decisiones.
“Se sacaron personas que estaban involucradas en ese ilícito para protegerlas, los que están ahí son ángeles caídos, personas que pudieran estar comprometidas o no pero los jefes de ellos, los decisores, no están ahí y eso demuestra una gran debilidad del Ministerio Público y de la MACCIH… No es primera vez que pasa que redactado un requerimiento fiscal, se excluye a las personas más ligadas con el que manda el país” señala Pineda poniendo en duda la independencia de la Misión.
Pineda asegura que lo único que sostiene al gobierno de Hernández es el gobierno de Estados Unidos, “habrá otras declaraciones, extradiciones que van a revelar si el presidente y su círculo inmediato estaba involucrado en esto o no, hasta este momento lo que se cierra sobre él es una sospecha mortal porque lo de su hermano no es punto de debate y eso nos guste o no, lo compromete a él”.
Negocios con narcotraficantes
Miguel Pastor y Walter Noé Maldonado fueron quienes le otorgaron contratos a la empresa INRIMAR. La mayoría de las obras no se realizaron y en otras el dinero se cobró años después, “el propósito de la asignación de estos contratos era básicamente prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para poder lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional” señala el comunicado de la MACCIH.
Además, aseguran que existe evidencia de que Miguel Pastor y Walter Noe Maldonado viajaban junto con Fabio Lobo, hijo de Lobo Sosa, en un helicóptero pagado por el señor Devís Leonel Rivera durante la campaña electoral y además se tiene evidencia que era el señor Fabio Porfirio Lobo Lobo, quien se encargaba de que los contratos fueran otorgados a INRIMAR por parte de SOPTRAVI, aun cuando en esa época no había presupuesto disponible en dicha institución para pagar esos contratos.
Según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) uno de los contratos otorgados a Los Cachiros fue la Reconstrucción de Vado El Encino, con 30 metros en el Municipio de Catacamas. Este fue supervisado por la Empresa Construcción y Supervisión Vanvitelli, S. de R.L. de C.V. cuyo representante legal era el imputado José Manuel Valladares y al menos hasta 2017 recibieron supervisiones de obras.
La auditoría señala que la empresa Vanvitelli presenta en su informe final fotografías que no corresponden a la realización del proyecto en mención, las fotografías presentadas corresponden a otros proyectos de emergencia, incumpliendo con la Ley de Contratación del Estado, así como con el mismo contrato y el marco Rector del control interno institucional de los recursos públicos.
Devis Rivera Maradiaga reveló en su declaración en Estados Unidos que los contratos con SOPTRAVI el Fondo Vial y la ENEE se le adjudicarían a cambio de un pago del 10 al 20% a Fabio Lobo.
De acuerdo con la investigación de la MACCIH, al menos 5 contratos adjudicados a INRIMAR se dieron durante un estado de emergencia por la tormenta Agatha decretado por el presidente Lobo en junio de 2010. Estos decretos no incluían el departamento de Olancho porque no presentaba una situación tan grave como los demás y posteriormente se incluyó en una ampliación.
El Estado de emergencia permite que las contrataciones directas, pero estas deben ser aprobadas por el presidente, “Los contratos que se suscriben en situaciones de emergencia, requerirán de aprobación posterior, por acuerdo del Presidente de la República, emitido por medio de la Secretaría de Estado que corresponda, o de la Junta o Consejo Directivo de la respectiva Institución Descentralizada o de la Corporación Municipal, si es el caso” establece la Ley de Contratación del Estado en su artículo 9.
Las autoridades aún tienen pendiente orden de captura contra Marlon Yovany Aguilera Flores, Carol Ivone Pineda Baide y Norberto Antonio Quezada Suazo, Lucas Velázquez Ramos, Luisa María Fonseca, por los delitos de falsificación de documentos públicos cómplice necesario y fraude.
Uno de los contratos adjudicados a INRIMAR en 2012 por el monto de 28 millones de lempiras, se firmó entre Devis Leonel Maradiaga y el presidente del Fondo Vial de aquel momento, Hugo Ardón Soriano. Ardón presidió esa dependencia durante el gobierno de Lobo y el primer año de gobierno de Hernández, es hermano del ex alcalde de Copán, Amílcar Ardón Soriano que en enero de este año fue acusado en Estados Unidos por “delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala”.
El hermano de Hugo Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, entre 2000 y 2015, posición que utilizó para facilitar el tráfico de drogas. Geoffrey Berman, abogado de la corte de Manhattan, señaló que Amílcar Ardón trabajó junto a Mario José Cálix y “conspiraron para importar cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos y usaron armas pesadas para proteger envíos de drogas. Ardón Soriano supuestamente utilizó su posición como alcalde hondureño para facilitar el tráfico de drogas y para imponer un impuesto a otros traficantes, lo que generó durante el proceso millones de dólares”.
Las figuras presidenciales señaladas por narcotráfico
Durante la presentación del caso, se mencionó que el expresidente Porfirio Lobo no tiene un requerimiento en su contra por decisión del Ministerio Público, aseguran que hay una investigación individual en su contra.
El expresidente reaccionó defendiéndose de los hechos y denunciando a la MACCIH por mencionar su nombre sin pruebas. Para Lobo existe un pacto de impunidad entre el presidente Hernández y Luis Almagro, Organización de Estados Americanos (OEA), “La selectividad en las acciones evidencia que lo hay, no son las palabras sino los hechos que dicen que aquí hay una muralla que no se pasa que es 2014” Lobo cuestiona cómo en seis años del gobierno de Hernández no hay investigaciones en su contra, a pesar de que en algunos medios de comunicación han mencionado actos de corrupción.
El caso presentado por la MACCIH se da en el mismo contexto en que documentos desclasificados en una corte federal de Nueva York menciona que desde 2013 se inició una investigación de la Agencia Antidrogas en Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) por “tráfico de drogas a gran escala y actividades de narcotráfico y lavado de dinero en relación con el ingreso de cocaína a Estados Unidos”, en la que aparece el nombre del presidente Hernández, su hermana Hilda, Ebal Díaz, uno de sus asesores más cercano, y el actual ministro de seguridad Julián Pacheco.
Estos documentos se hicieron públicos como parte de las mociones preliminares al juicio de Tony Hernández, hermano del presidente, programado para septiembre. Tony fue arrestado en 2018 en Miami y está siendo acusado de organizar durante años la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con la información pública, la DEA pidió a las empresas Apple, Mircosoft, Yahoo, AOL y Google proporcionar toda la información de los títulos de los correos electrónicos de varias cuentas. Aunque por el momento no se ha confirmado si finalmente accedieron a esa información.
Mientras tanto, el gobierno de Hernández emitió un comunicado posterior a la información pública en el que dice que las acusaciones son falsas, “irritados por haber sido enjuiciados y extraditados por el presidente Juan Orlando Hernández, varios líderes narcotraficantes de Honduras acusaron falsamente al presidente y sus colegas ante el gobierno de Estados Unidos en el año 2015” añaden que la DEA reconoció la colaboración de Hernández en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el expresidente Lobo habla desde su experiencia con la extradición de uno de sus hijos acusado de trabajar junto a Los Cachiros, menciona que las investigaciones en estos casos duran mínimamente cinco años, que sería difícil que la de Hernández estuviera cerrada en tan poco tiempo.
“Si hay un evento nuevo es otra investigación y lo de su hermano pasó recientemente, investigan todo el núcleo familiar: los bienes que tenga, todo… Tenga la garantía de que tienen que estarlo revisando a él, a los hermanos, a los padres, las esposas, los hijos. Lo revisan todo, lo hacen de oficio para ver y verificar que la familia no esté ligada ni relacionada” concluyó Lobo, mientras en las calles de Honduras las protestas no paran, los liderazgos sociales involucrados no aceptan diálogo y ya la única vía de demanda es bloquear el país ante las acciones del gobierno de Hernández, cuestionado en mayor escala desde su segundo mandato.
