Caso Arca Abierta: Diputados acusados de malversación seguirán legislando

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Martín Cálix

El pasillo frente a la sala 3 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está lleno, son 20 imputados por el caso conocido como «Arca Abierta», entre ellos: diputados actuales y ex diputados, los que enfrentan cargos por malversación de fondos públicos. Los acompañan sus familias, amigos y sus abogados. La mayoría lucen tranquilos, se toman fotografías sonrientes y deciden compartirse un aceite que aseguran fue bendecido por la iglesia católica.

Minutos después, dentro de la sala, entre la tensión y la calma, los diputados reciben la resolución de la audiencia inicial: sus familiares y conocidos están libres del proceso, cinco de ellos con sobreseimientos definitivos y seis con provisionales. Sin embargo ellos estarán enfrentando un juicio que comenzará el 20 de febrero y deberán defenderse del delito de malversación de caudales públicos, cargo que es equivalente a entre seis y ocho años de prisión, así como la inhabilitación del cargo por al menos tres años.

Sin embargo, todos se defenderán en libertad y seguirán legislando en el Congreso Nacional de la República, lo único diferente en sus vidas será no poder salir del país y cada viernes visitar la secretaría de la CSJ para firmar un registro.

El caso Arca Abierta se trata del octavo caso presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) en el que se acusa a los imputados por la malversación de caudales públicos por 21 millones de lempiras (más de $879,000) mediante la Asociación No Gubernamental «Planeta Verde».

De acuerdo a la información revelada, los diputados solicitaron dos millones de lempiras en Casa Presidencial ($83,333), tres millones del Congreso Nacional ($125,000) y 16 millones de la Secretaría de Finanzas ($666,000) que en menos de dos meses mediante transferencias se depositaron en la cuenta bancaria de Banco PROMERICA que tenía la Asociación Planeta Verde. La fiscalía señala que posteriormente los fondos se trasladaron a las cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a sus familiares y terceras personas.

El procedimiento de Planeta Verde es similar al Caso Pandora, donde a través de dos ONG’s se sacaron más de 283 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas políticas del partido Liberal y Nacional, como también favores particulares.

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Para la UFECIC la decisión del juez los deja «conforme parcialmente», los acusados que ahora enfrentarán un juicio por el cargo de malversación de caudales públicos son los actuales diputados por el Partido Nacional (PN): Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton de Jesús Puerto, de igual manera los ex congresistas Fabricio Puerto y José Alejandro Flores (quien fue suplente del diputado recientemente fallecido, Edwin Pavón, también implicado).

Entre estos diputados acusados se encuentra Gladis Aurora López, actualmente la vicepresidenta del CN y que durante 2014 y 2017 fue la presidenta del Comité Central Ejecutivo del Partido Nacional.

López, al conocer la resolución no mantuvo su sonrisa característica y manifestó que analizarían ir a una apelación o continuar con el proceso, «yo lo miro como algo positivo porque continuamos con el proceso de demostrar nuestra inocencia y yo quiero recordarles que muchas personas se alarmaron porque decían que nos iban a quitar el cargo, que teníamos que pagar 21 millones de fianza y me siento muy contenta porque nada de eso se dio».

Mientras tanto, para Geovanny Castellanos y Allan Arony San Martín que eran acusados de cómplices, el juez decidió cambiarles el cargo y junto a Gregorio González acusarlos de fraude en perjuicio de la administración pública, todos ellos eran miembros de la junta directiva de Planeta Verde.

Para el caso del actual diputado Juan Carlos Valenzuela (PN) y los ex parlamentarios Audelia Rodríguez (Independiente), Óscar Álvarez (PN), Hernán Vindel (PN), Carlos Bonilla (PN), así como a Iveth Navas, empleada de la ong, se les dio un sobreseimiento provisional.

Oscar Álvarez, por su parte, señaló al finalizar la audiencia que «estamos complacidos con la decisión del honorable juez, dándole gracias a Dios que se ha hecho justicia. En el caso de mis compañeros que tienen auto de formal procesamiento oraré por ellos y espero salgan bien librados».

Mientras que a los familiares de los diputados, que fueron acusados de cómplices por la UFECIC, se les dictó sobreseimiento definitivo: Estela Muñoz (esposa de Juan Carlos Valenzuela), Arnold Gustavo Castro, Ana Lucía Castro (esposo e hija de Gladis Aurora López), Yajaira Talbbott (ex esposa de Edwin Pavón), así como a Indira Osorio.

Para los acusados por malversación pública y por fraude el juez decidió que podrán defenderse en libertad, sin la suspensión de sus cargos en los casos de los diputados y les decretó las medidas sustitutivas a la prisión de no salir del país y firmar cada viernes un libro de registro.

Las organizaciones detrás de la familia González

Durante la presentación de los medios de prueba admitidos, uno de los testigos presentados por la fiscalía era el motorista que aseguró llevaba los documentos de la ong y que realizó alrededor de 9 cambios de cheques de Planeta Verde que Gregorio González Rivera le pidió, a pesar de que él fue contratado para otra ONG de la que González es representante legal, la Asociación para el Fortalecimiento de los Hondureños (AFH). Tanto la Asociación Planeta Verde como la AFH consiguieron su personería jurídica en 2015 con dos meses de diferencia y registradas por la madre de Gregorio González, Julia Rivera.

Tal como mencionó el testigo en la audiencia, Planeta Verde fue creado en la misma oficina de Asociación para el Fortalecimiento de los Hondureños (AFH) ubicadas en el Centro Comercial Miramontes, en el mismo cubículo. Sin embargo su página web ahora menciona otra dirección y se ubica en el edificio Altaris, piso 2, en el mismo edificio donde se encuentra la Asociación Esperanza Para Todos, cuyo representante legal es su hermano Julio González Rivera y que también fue registrada por Julia Rivera.

Asociación Esperanza para Todos actualmente tiene un convenio que firmó en noviembre de 2018 con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)  por un valor de más de seis millones de lempiras ($268,572) otorgado por 3 meses para la construcción de techos, pisos y letrinas.

Julio González además fue mencionado durante la resolución de la audiencia inicial del caso Arca Abierta por tener un cheque a su nombre proveniente de le Asociación Planeta Verde por un valor de 200 mil lempiras.

Esta clase de contratos en familia no es un comportamiento atípico, la ONG de Gregorio González, AFH, en noviembre de 2018 firmó un convenio con la SEDIS con duración de casi 3 meses por el valor de más de cinco millones de lempiras ($222,321) para la construcción de viviendas, techos, pisos y letrinas sencillas.

La relación de González con las estructuras de gobierno tiene tiempo, en octubre de 2015 también recibió 359,500 lempiras ($14,949) del Instituto Nacional Agrario que en aquel momento era dirigido por Ramón Lara Bueso, actualmente uno de los imputados por el Caso Pandora.

Detrás del caso y de la audiencia inicial

De acuerdo a la UFECIC, los fondos del caso Arca Abierta fueron sustraídos mediante la emisión de 87 cheques por parte de la Asociación Planeta Verde a favor de los encausados, de los cuales 22 cheques fueron otorgados a diputados y familiares, 52 cheques canjeados en efectivo, seis recibidos por particulares, dos a favor de la Asociación Beneficios Infantiles de Transformación y Alternativas (BITAL), y cinco cheques pagados a diferentes empresas privadas.

El informe preliminar financiero presentado como medio probatorio señala que de los 16 millones de lempiras solicitados a Secretaría de Finanzas cinco eran para limpieza de solares, dos y medio para mantenimiento y reparación de calles, casi tres millones para capacitaciones y talleres, y cinco para fumigación y capacitaciones.

Dentro de los medios de prueba el Ministerio Público entregó 75 cheques originales, un video y un audio que incita a la falsificación de documentos para liquidar fondos. Según el testigo que proporcionó el audio y que era representante legal de Planeta Verde, en noviembre de 2017 se reunió con Gregorio González y él le pidió que firmara unas liquidaciones porque «tenía que entregar esos fondos para encubrir a los diputados, me dijo que había que liquidar, que descargara fotos del internet de montañas o de lugares de Honduras», momento que fue captado en audio.

El apoderado de Planeta Verde declaró en la audiencia que él solicitó algunos proyectos y firmó varios cheques vacíos, pero que «decidió dejar de firmar porque no vio la ejecución de los proyectos». En ese período de tiempo el banco le alertó de alguien que intentaba cambiar un cheque con una firma que no concordaba con la suya «al revisar la chequera que siempre tuvo en posesión Gregorio, la numeración no concordaba, la chequera fue manipulada y pegada con pegamento y alguien extrajo ocho cheques de los cuales siete fueron cambiados por un valor de un millón 400 mil lempiras ($58,333)».

Según la pericia del Ministerio Público la cuenta de Planeta Verde creció a 4 millones 500 mil lempiras ($187,500) en un periodo de 10 días hábiles, tanto el testigo como Gregorio González colocaron una denuncia por el dinero «robado» y decidieron hacer una investigación no formal para la cual contrataron a la abogada Ritza Antúnez, que fue recomendada por Geovanny Castellanos.

El testigo manifestó no conocer la junta directiva de la asociación, pero que en una ocasión que cambió un cheque para Castellanos «lo atendían como si fuera el presidente del banco… colocamos una denuncia por el millón de lempiras en la Dirección Policial de Investigaciones con una jefa que ahora fue depurada».

El testigo dijo finalmente que tiempo después González le dijo que debían retirar todo el dinero de la cuenta y la denuncia porque lo estaban investigando a él y al banco PROMERICA por los cambios indebidos «me dijo que iban a hacer una coperacha para recolectar el dinero robado y se iba a tapar eso con cada persona de la dirección de Planeta Verde».

A pesar de las declaraciones del testigo, la información de que éste desconocía del caso fue desestimada por el juez durante la resolución debido a que el testigo aseguraba no tener cheques a su nombre, pero en la evidencia había al menos 3 cheques a su nombre por el valor de más de 250 mil lempiras, por lo que calificaron había un interés por salvar su responsabilidad dentro del desfalco.

Los nombres detrás de las aprobaciones del dinero a las ONG

Una de las conclusiones finales del Ministerio Público durante la audiencia inicial era que la ONG Planeta Verde debió ejecutar los proyectos como lo detallan las solicitudes que realizaron los diputados, por lo tanto los fondos para los proyectos no debieron caer en las cuentas personales de los encausados.

La Ley del Presupuesto General de la República señala mediante decreto 87-2011 una reforma realizada en el período en que el presidente del Congreso Nacional era Juan Orlando Hernández, que autoriza a la Secretaría de Finanzas la transferencia del 25% de los valores no ejecutados en los fondos nacionales para transferirlos a la Institución 449 Servicios Financieros de la Administración Central con el propósito de constituir un fondo destinado a financiar diferentes programas y proyectos acorde a los objetivos en el Plan de Nación y Visión de País.

En diciembre de ese año se realiza una nueva reforma, que pide se reduzca el gasto de servicios no personales, materiales y suministros de más de 50 instituciones para trasladarlo a la Institución 449 destinado a financiar diferentes programas y proyectos. Este fondo es administrado por el Presidente de la República, un representante de la Secretaría de Finanzas, representante de cooperación externa y los presidentes de la comisión del presupuesto  del Congreso Nacional. Esto quiere decir que todas las solicitudes para esa asignación de fondos para programas sociales, deben pasar primero por el Presidente del Poder Ejecutivo.

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Para el abogado penalista, Celso Alvarado, en estos casos de corrupción se trata de una criminalidad organizada y deberían de estar en investigaciones las personas que autorizan los fondos. «Existe también impunidad en el hecho de encubrir a los actores directos, parte de ese cuadro de impunidad que acontece con los delitos de cuello blanco es que no nos cuentan toda la historia, deberían haber llegado hasta las personas que autorizaron ese desembolso porque esos son los autores intelectuales del hecho», manifiesta.

De acuerdo a las informaciones de la pericia del Ministerio Público, una de las solitudes de fondos fue firmada por Mauricio Oliva, el presidente del Congreso Nacional y todas las solicitudes se le planteaban al Presidente Juan Orlando Hernández, quien al aprobarlas le pedía a la Secretaría de Finanzas realizar las transferencias.

Al finalizar sus conclusiones en la última etapa de la audiencia inicial, la fiscalía solicitó la suspensión de los diputados actuales, un auto de formal procesamiento con medidas como la presentación a los juzgados para firmar el libro de control y la prohibición de salir del país, así como el pago de una fianza equivalente a 21 millones de lempiras. Mientras tanto solicitó para Gregorio González y Geovanny Castellanos, auto de formal procesamiento con prisión preventiva.

Ante esta declaración, los seis equipos de defensa que representan a los 21 acusados solicitaron un sobreseimiento definitivo argumentando que el ente acusador no demostró el delito por el cual los señalan, hubo insuficiencia probatoria y que sus apoderados realizaron las liquidaciones de los fondos «que hayan liquidaciones extemporáneas no es un requisito esencial para enmarcarlo como malversación de caudales públicos» a la vez que argumentaron que «no hay ley que establece que a los funcionarios no se les puede depositar en sus cuentas personales para que utilicen esos fondos en actividades, eso solo lo exigen las campañas políticas con la ley de transparencia».

Para el abogado penalista, Celso Alvarado, este argumento de la defensa fue débil ya que la Ley del Presupuesto establece que los recursos del Estado se manejan en un fondo común, «si se presume que los fondos utilizados por los diputados iban a ser invertidos en proyectos comunitarios la gran pregunta es ¿por qué el Estado no los transfiere de manera directa? De forma transparente tal cual lo establece la ley».

Para el juez que conoce del caso Arca Abierta, el Ministerio Público no logró probar su tesis y sus testigos no resultaban veraces.

Los abogados defensores de los imputados en casos MACCIH

Las defensas en el caso Arca Abierta ya eran bastante conocidas, al menos cinco de los abogados son defensores también de otros casos investigados por la MACCIH, entre ellos los abogados de más de cinco imputados en este caso: Doris Imelda Madrid, Dagoberto Aspra y Marlon Duarte también representan a varios imputados en el Caso Pandora.

Por otro lado, Jaime Banegas, el abogado de Oscar Álvarez ha participado en otros momentos emblemáticos en la CSJ, fue el apoderado legal de ASTROPHARMA y también fungió como apoderado de la empresa Desarrollos Energéticos S,A (DESA) cuando se intentó colocar una demanda por un millón de lempiras (41,666$) contra Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), que en una ocasión pidió que se investigara a DESA por el asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, la demanda fue declarada inadmisible

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En 2015 Banegas también representó al Partido Nacional (PN) cuando colocó una querella en contra del ex candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, luego de que este declarara en un debate televisivo con Óscar Álvarez que el PN había creado empresas para beneficiarse de 2mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La querella se declaró inadmisible por la Corte Suprema de Justicia un mes después.

Finalmente, el abogado Juan Carlos Sánchez que defiende a cuatro imputados en Arca Abierta, fue el defensor de los cinco diputados involucrados en el caso «Red de Diputados», caso que la Corte Suprema de Justicia decidió suspender por las reformas al artículo 123-A de la Ley del Presupuesto, que dice que el caso debe ser investigado primero por el TSC, una reforma conocida como Pacto de Impunidad y que también se intentó usar en esta audiencia.

El destino de la MACCIH

Durante la audiencia inicial de Arca Abierta, el equipo de defensa de los imputados solicitaron que la audiencia se detuviera, amparándose en el artículo 131-A la Ley Orgánica del Presupuesto, una reforma que se dio cuando salió a la luz el caso Red de Diputados, que dice que no se puede proceder legalmente en recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010 y 2014-2018 hasta que el Tribunal Superior de Cuentas realice las auditorías correspondientes con un límite de tres años para investigar.

Durante la presentación del caso en diciembre de 2018, el Vocero de la MACCIH, Luiz Guimarães Marrey, señaló que el Ministerio Público era un ente independiente del TSC y no debía esperar a que este actuara, además aseguró que «los mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público».

El juez que conoce del caso Arca Abierta negó la solicitud a la defensa y solicitó a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional ese artículo, ante esto una de las defensas le planteó al juez «que no tenía sentido seguir con el proceso porque si en su momento la Sala Constitucional resuelve que estas reformas no son inconstitucionales, no tendría sentido someter a estas personas a un proceso injusto».

Finalmente la Sala de lo Constitucional sentenció como inconstitucional las reformas realizadas ya que «vulnera los alcalces y límites constituciones y legales de las funciones atribuidas al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público», a la vez que señaló que el caso Red de Diputados deberá ser devuelto a la jueza que lo archivó y finalmente que se debe de certificar la sentencia sobre la inconstitucionalidad para enviarla al Congreso Nacional para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

De acuerdo al ex fiscal, Edmundo Orellana, «el juez magistrado asignado ha actuado con apego a la ley cuando se le planteó la solicitud para que aplicara el Pacto de Impunidad, él correctamente decidió elevar a la sala de lo constitucional la solicitud para declarar inconstitucional esa ley porque a su juicio lo es, de manera que hizo lo correcto y es lo que debió hacer el juez natural que correspondió a otros casos».

A la MACCIH solo le queda este año dentro del convenio firmado entre Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA) y el panorama aún es incierto, mientras el ex fiscal Edmundo Orellana dice que «la presencia de la MACCIH ha generado incomodidades y que la renovación de su convenio depende de que ese dolor de cabeza termine o se intensifique, desde la perspectiva del gobierno seguramente están viendo la posibilidad de disminuir la capacidades y las posibilidades que tiene la MACCIH para investigar».

Por otro lado, en este último escenario que señalan analistas se trataría de ratificar a la MACCIH, pero que esta siga sin investigar al Ejecutivo. El abogado penalista Celso Alvarado señala que «no hay que perder la perspectiva de que la MACCIH viene de una instancia política que podríamos decir es hasta corrupta, la OEA, que las denuncias que realizó Jiménez Mayor y otros al momento de su salida nos indica que estamos en la misma manada de lobos. Puede ser que esa perspectiva o influencia política para no manchar la imagen del titular del ejecutivo o del CN, puedan ser parte de las negociaciones para la continuidad».

Lo único que parece claro de estos escenarios es que tanto el caso Arca Abierta, como el de Red de Diputados y Caja de Pandora, tienen una misma estructura: la creación de ONG’s que permite la filtración de fondos públicos a cuentas personales. Las últimas declaraciones de uno de los involucrados en el caso Pandora señalaban al Presidente Hernández como la cabeza detrás de estas operaciones, un escenario oscuro para el gobierno de Hernández al que se le suma la recién extradición de su hermano y ex diputado por el Partido Nacional, Tony Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Un empleado del Ministerio Público subiendo cajas con documentos referentes al caso Arca Abierta hacia la sala 3 de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Tegucigalpa. Foto: Martín Cálix.