A poco tiempo de finalizar el proceso para la elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto del Estado, se revelan los vínculos de los candidatos con el poder y las redes de corurpción. Algunos de los que se elegirán para la etapa final enfrentan denuncias de cuando ejercieron en otras dependencias estatales y otros demuestran evidentes conflictos de interés, muchos de ellos con fuertes conexiones personales con los gobernantes del país.
28 candidatos se postularon y ahora solo quedan 18, al proceso solo le hace falta que la Junta Proponente elija a cinco nominados que se enviarán al Congreso Nacional dentro del cual se nombrará a dos. Para aprobarlo, se tiene que llegar a una mayoría calificada (86 votos) en un Congreso donde prima el Partido Nacional con 61 curules ganados de 128.
La nómina de 5 candidatos debe enviarse a más tardar 30 días antes de que termine el período del Fiscal General y Fiscal General Adjunto en funciones el próximo 24 de septiembre.
Candidatos con denuncias
Dentro del proceso de evaluación de los aspirantes, la Junta Proponente dio a conocer los nombres de cuatro candidatos que poseen denuncias en el Ministerio Público: Mario de la Cruz Melgar, Hermes Moncada, Lidia Estela Cardona y Juan Barrientos. Entre ellos, uno está acusado de inscribir varias propiedades a favor de Sergio Neftalí Mejía Duarte, extraditado por supuesto narcotráfico.
La Junta Proponente es la única que conoce las causas por la que fueron denunciados los cuatro aspirantes. Sin embargo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció recientemente ante la CSJ, que son siete los candidatos al cargo de Fiscal General que no deberían ser tomados en cuenta porque presentan irregularidades.
De acuerdo a las declaraciones del CNA, un candidato tiene 14 denuncias en el Ministerio Público por retardo malicioso de justicia, abuso de autoridad, degeneración de justicia, violación a los deberes de los funcionarios y traición a la patria cuando fue juez en el Poder Judicial. También señaló que otro aspirante fungió como funcionario de la Secretaría de Finanzas y de acuerdo a una denuncia promovida en su contra por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), el aspirante dictó una resolución validando un fraude en contra del Estado.
De igual manera, otro de los candidatos denunciados fue notario público de Carlos Arnaldo Lobo, uno de los primeros extraditados por estar vinculado al narcotráfico y también manifestó que otro aspirante recientemente participó como candidato a diputado suplente por una corriente de un partido político tradicional del país.
Una investigación de Revistazo en la que consultaron las bases de datos de la participación en las elecciones primarias de 2017, reveló que 9 de los 18 candidatos a Fiscal General votaron en urnas nacionalistas mientras que 4 lo hicieron en las liberales y los demás no aparecen en el censo.
El abogado cercano a Elvin Santos
Juan Carlos Barrientos es el candidato con el puntaje más alto en las evaluaciones de la Junta Proponente, detrás de él se encuentra el apoyo de parte de la bancada liberal pues tiene nexos con el diputado, Elvin Santos, actualmente señalado en el caso de corrupción “Pandora” en el que se desfalcó por más de 200 millones de lempiras la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Barrientos fue el abogado que presentó en 2013 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un recurso de reposición para anular una resolución que inhabilitaba a Elvin Santos a aspirar a la candidatura presidencial del Partido Liberal debido a que era Vicepresidente en aquel momento. De igual manera, Barrientos se ha encargado de ser el abogado de los convenios públicos de la empresa constructora Santos y Asociados.
En 2015 la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, denunció que el abogado Barrientos inscribió una propiedad que pertenece a la UNAH a nombre de Santos y Compañía cuando fue Secretario general del Instituto de la Propiedad: “mi sorpresa es que en la audiencia sobre este caso el defensor de esa empresa es también Barrientos” señaló Castellanos a los medios en aquella ocasión.
Actualmente la esposa de Barrientos es la diputada suplente de Elvin Santos, el mismo que se encuentra bajo investigaciones de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) dentro de un caso de corrupción en el habrían drenado fondos desde la SAG para el financiamiento de las campañas políticas en 2013. De acuerdo a las investigaciones, 99 millones de lempiras habrían sido destinados al Partido Liberal.
El notario de Juan Orlando Hernández
Abraham Alvarenga Urbina, actual Procurador General de la República, es uno de los candidatos más fuertes, se posiciona entre los tres aspirantes mejor evaluados por la Junta Proponente y mantiene un historial muy cercano con el partido de gobierno y con Juan Orlando Hernández.
Alvarenga Urbina es procurador desde 2015 y sigue ocupando el puesto a pesar de que su plazo venció en enero, esto debido a que el Congreso Nacional, en medio de una reciente crisis post-electoral, no logró reunir suficientes votos para elegir a su sustituto. En aquel momento, varios diputados nacionalistas declararon que esta elección se haría hasta después de que se decida al Fiscal General, cuando se desconocía que Urbina participaría del proceso.
El procurador es reconocido por su afiliación al Partido Nacional, fue diputado por Lempira en el período de 2006 y 2010, legislación que estuvo marcada por respaldar y dar órdenes para la ejecución de un Golpe de Estado en 2009 al expresidente Manuel Zelaya. De acuerdo a los documentos oficiales, su diputado suplente, Samuel Armando Reyes Rendón, fue uno de los que votaron a favor de la separación del cargo del ex mandatario.
Durante su período como diputado, además de ser compañero de curul con Juan Orlando Hernández en esa época, fue mencionado por la Fundación Democracia Sin Fronteras como uno de los legisladores más improductivos. Alvarenga Urbina fue suplente en la legislación siguiente.
La Confraternidad Evangélica lo respaldó en 2015 cuando propusieron para ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia, aunque no pasó a formar de la lista de los primeros 100. Esta confraternidad ha demostrado tener poder de decisión en el país en varias ocasiones, actualmente su líder, Alberto Solórzano es miembro de la Comisión Especial para la Depuración de la Policía Nacional.
Alvarenga se postuló el año pasado para formar parte de la Unidad de Política Limpia, a pesar de que uno de los requisitos era no haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos seis años. De acuerdo con una escritura pública que dio a conocer la ex diputada de Libertad y Refundación (LIBRE), Beatriz Valle, Abraham Alvarenga además de ser procurador, ha sido notario público de Juan Orlando Hernández.
El hombre cercano a Óscar Chinchilla
Daniel Arturo Sibrían Bueso es el cuarto puesto mejor calificado según la Junta Proponente, actualmente se desempeña como jefe de la División Legal del Ministerio Público y es asesor del despacho del actual Fiscal General, Oscar Chinchilla y fue su asistente cuando este era Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Además, es hermano del ex diputado suplente del Partido Liberal, Francisco Sibrián Bueso, quien dirigió la Oficina Normativa de Compras del Estado (ONCAE) cuando Yani Rosenthal era Ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya.
La magistrada que falló a favor de la reelección
Lidia Estela Cardona es la quinta candidata con mejores calificaciones en el proceso, actualmente es una de los cuatro aspirantes que un proceso de investigación por denuncias en su contra interpuestas en el Ministerio Público, tiene poderosos vínculos con Juan Orlando Hernández.
Cardona fue viceministra del Interior y Población en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en 2011, además se desempeñó como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Sosa y en el de Juan Orlando Hernández, durante este último formó parte del fallo que dio lugar a la reelección ilegal de Hernández y actualmente se dedica a ser enlace entre el él y la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción (MACCIH).
El asistente de Rolando Argueta
“No cabe duda, que el altísimo, me ha ubicado en un momento histórico para Honduras, al participar en este proceso y postularme para ser Fiscal General” es la frase que se puede leer en la primera hoja de la propuesta de Hermes Omar Moncada, el sexto candidato con mejores calificaciones de acuerdo a la Junta Proponente.
Moncada es uno de los candidatos que se encuentra en investigación por denuncias en el Ministerio Público (MP), actualmente es asistente del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien forma parte de la Junta Proponente que elige a los cinco candidatos finales.
En 2006 el abogado fue denunciado en diferentes comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) debido a que cuando era Juez de Letras en Gracias, Lempira dejó sin valor y efecto la resolución a favor de la libertad de Luciano Pineda, según COPINH acusado injustamente de asesinato en medio de una lucha por el territorio en Montaña Verde en Lempira.
“El licenciado Moncada fue el mismo que se negó a reconocer la prescripción del delito robo y daño, del que también el estado de Honduras ha acusado al compañero Luciano Pineda, por el cual todavía está en prisión” señala un comunicado de COPINH de enero de ese año. Este caso podría representar un conflicto de intereses si Moncada llegara a ser Fiscal General, ya que el MP actualmente se encuentra investigando el asesinato de Berta Cáceres, coordinadora y fundadora del COPINH que fue asesinada en marzo de 2016.
Los nexos de poder de los demás candidatos
Otros postulantes que se disputan el cargo de Fiscal General parecen ser cercanos a los gobernantes actuales o grupos de poder que lideran el país. Por un lado, se encuentra entre los candidatos el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Antonio Castro Barrientos, cuya dependencia se encarga de encabezar casos considerados como de alto impacto.
La ATIC fue creada en 2014 y desde entonces Ricardo Castro ha trabajado de cerca con el actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, y con el presidente Hernández, sobre todo en los casos de extraditados por narcotráfico.
De igual manera, otro de los postulantes es Óscar Armando Vásquez Tercero, quien fue director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cargo que consiguió al ser electo por el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) y posteriormente fue aprobado por Juan Orlando Hernández
Diferentes especialistas cuestionaron en su momento que la DIECP, en cinco años de funcionamiento y con un presupuesto de 200 millones de lempiras, presentara pocos resultados. La salida de Vásquez dio paso a la reorganización hacia la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL).
Otro candidato que tiene vínculos muy fuertes con la Policía Nacional es Eduardo Antonio Lagos Galindo, fue Coordinador Regional e Inspector de ese ente y luego fungió como gerente de Investigación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), entidad que desapareció por considerarla ineficiente e inmediatamente entrara en función la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía (DIDADPOL).
Cuando Juan Orlando Henandez era presidente del Congreso Nacional en 2012, destituyó a cuatro magistrados de la CSJ ilegalmente. Ante esta acción, los separados de su cargo presentaron un recurso de amparo que varios jueces declararon inadmisible. Uno de ellos es candidato, se trata de Omar Bonilla Jiménez, diversos observadores calificaron la acción como un “golpe” de esa legislatura en contra del poder judicial.
Finalmente, Mayra Lizeth Aguilera Torres, una candidata propuesta por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) es magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, ostentó los cargos de fiscal del Ministerio Público y juez de sentencia en el poder judicial.
La abogada Aguilera fue una de las juezas que condenó de difamación a Gladys Lanza, en aquel entonces coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz Visitación Padilla. Lanza fue condenada por difundir una denuncia de acoso sexual y hostigamiento laboral, interpuesta por Lesbia Pachecho, ex jefa de Recursos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social, Urbana y Rural (FUNDEVI) en contra del director de la institución, Juan Carlos Reyes.
Reyes es esposo de la ex diputada liberal, Gabriela Núñez, y ex ministra de Finanzas en el gobierno de Roberto Micheletti, juramentado como presidente por el Congreso Nacional durante el Golpe de Estado de 2009.
La elección del Fiscal General también ha sido muy custodiada por la Confraternidad Evangélica, quienes se encuentran orando por un Fiscal General “cinco estrellas”. Una de esas jornadas de oración la realizaron frente al Congreso Nacional donde el líder del movimiento, Alan Ver Beek, uno de los confundadores de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que a su criterio hay candidatos que tienen nexos con delincuentes y narcotraficantes que quieren adueñarse del Ministerio Público y que es este ente el que se encargará de “enjuiciar a quién realizó una masacre, asesinó a un miskito, mató a su vecino en Nueva Suyapa”.
El actual fiscal general, Óscar Chinchilla, fue propuesto para una reelección por cinco comités de colonias capitalinas y un pastor evangélico a último momento. Sin embargo, Chinchilla renunció a esa candidatura.
Ante todo este panorama, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, denunció en un foro que los encargados de elegir al próximo Fiscal General han sido cuestionados públicamente y procesados por corrupción
Diputados del Congreso Nacional han sido acusados en casos de corrupción, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, a quiénes no se les ha comenzado ningún proceso judicial y siguen ostentando sus cargos, estos diputados son los mismos que tienen relaciones estrechas con muchos candidatos y entre ellos elegirán a la persona que debería investigar esas acusaciones.
