El Centro de Derechos Reproductivos presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amicus curiae sobre el recurso de inconstitucionalidad a favor del aborto por 3 causales admitido en la Corte Suprema de Justicia el 4 de junio de 2021. El amicus curiae es un escrito realizado por terceros, ajenos a un caso, en el que ofrecen su opinión para aportar más contexto e información a la discusión que se debe dar en un tribunal, en este caso ante la Corte hondureña.
Honduras es uno de los seis países del mundo con una prohibición total del aborto; el recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones feministas y la plataforma Somos Muchas es la primera acción legal por el derecho a decidir en torno a las tres causales en el país y señala que hay una contradicción entre los convenios internacionales y la legislación nacional que violenta varios derechos de niñas y mujeres en el país.
El Centro de Derechos Reproductivos se dedica a hacer litigio estratégico para promover los derechos reproductivos humanos a nivel mundial. Contracorriente (CC) conversó con la directora regional para América Latina y el Caribe, Catalina Martínez Coral (CM), sobre el acompañamiento a este caso en Honduras, los pasos que se pueden dar para la despenalización del aborto y su experiencia con otros países, especialmente sobre la victoria más reciente de litigio de la que fue parte: la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia.
Contracorriente (CC): ¿Cómo han visto el contexto de salud sexual y reproductiva en Honduras?
Catalina Martínez (CM): En Honduras hay grandes deudas. Primero la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, es ridículo que sea el único país de América Latina y el Caribe que sigue teniendo una prohibición sobre la anticoncepción de emergencia cuando esto es esencial sobre todo para protocolos de violencia sexual. Recordemos que Honduras es uno de los países que más altas tasas de violencia sexual tiene y todas estas víctimas tienen que poder acceder a una atención integral. Esa es una primera deuda histórica que hemos venido trabajando desde la sociedad civil desde sus inicios y que esperamos que con este nuevo gobierno se den pasos contundentes hacia la legalización de la PAE, es lo primero que debe pasar. Además, teniendo a una mujer presidenta que tiene que reivindicar los derechos de las mujeres.
Segundo, creo que hay una gran oportunidad en el país para regular el secreto profesional médico a la luz de estándares internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo menciona en el caso Manuela contra El Salvador. Esos estándares deben ser adoptados por todos esos países que reconocen las competencias de la CIDH, Honduras es uno de ellos. Se necesita una regulación que permita a los profesionales de la salud guardar el secreto profesional y que no tengan que exigirles un deber de denuncias cuando atienden casos de salud sexual y reproductiva.
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Y la tercera deuda es el aborto, Honduras es uno de los seis países de la región que tiene una prohibición total del aborto; lo que quiere decir que una mujer cuya vida corre peligro no puede asistir el aborto, una niña víctima de violencia sexual o una mujer que tenga un embarazo incompatible con la vida fuera del útero no pueden acceder al aborto.
CC: ¿Y qué contenido tiene el amicus curiae que han presentado?
CM: Estamos presentando estándares de derechos humanos frente a por qué el aborto es un derecho reproductivo, por qué es una obligación de los Estados proveerlo como parte de sus obligaciones en salud sexual y reproductiva y cómo ya hay diferentes cortes en el mundo que se han pronunciado en estos temas. La corte es un lugar legítimo para darse estas discusiones a diferencia de lo que piensan algunos que creen que son temas que solo se dan en el congreso; no es verdad. Las cortes, sobre todo aquellas que tienen Sala de lo Constitucional, tienen una competencia muy específica y es valorar que toda su normativa esté conforme a la constitución y ésta integra los derechos humanos que se han firmado a nivel internacional como regional.
A nivel internacional ya existe una jurisprudencia vasta sobre por qué el aborto es un derecho humano y eso lo tiene que integrar la constitución de Honduras.
CC: ¿Hay algún caso de litigio hondureño que planean ante sistemas de derechos humanos internacionales?
CM: Estamos documentando un caso en Honduras de una mujer víctima de agresión sexual que no pudo acceder ni a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, ni al aborto. En este caso ya agotamos los recursos dentro del país, es decir, ya tratamos de buscar justicia y no se logró y estamos próximas a interponerlo ante un organismo de derechos humanos a nivel regional o internacional, lo estamos decidiendo, y por supuesto lo que se busca es que se condene al Estado de Honduras por no estar garantizando los derechos reproductivos en el país. Nosotras esperamos con mucho optimismo que no tengamos que llegar a una decisión de estos tribunales porque confiamos en que el Gobierno y la Sala de lo Constitucional en Honduras darán pasos contundentes en la legalización de la PAE y el aborto, de lo contrario se viene un litigio internacional contra el Estado de Honduras.
CC: ¿Y cuántos años llevan acompañando ese caso?
CM: Se viene documentando desde hace al menos cinco años llevando a nivel de tribunales internos que no han dado respuestas y por eso se está tomando la decisión de salir.
CC: ¿Qué pasos deben tomar países como Honduras para la despenalización del aborto y como se hace no solo la despenalización legal sino también la social en estos casos?
CM: Creo que es algo que nos han enseñado los movimientos latinoamericanos como Argentina, México, Colombia acerca de lo importante que es acompañar la despenalización legal con la despenalización social.
¿Cómo logramos entablar conversaciones, ponerlo en la agenda pública? se logra a través de los medios, las redes digitales juegan un rol fundamental. El cómo logramos entablar conversaciones sobre este tema ahí y hacer pedagogía, cómo logramos que un periodismo nos acompañe, un periodismo juicioso y feminista, que cubra las noticias con ese ángulo y enfoque de género que es tan necesario ahora. Yo creo que todas estas estrategias que se usaron en Argentina, México y Colombia son muy importantes para validar y legitimar las decisiones de una corte, un congreso o una presidencia. En el caso de un acuerdo ministerial para la PAE, porque si se siente que hay un apoyo de la ciudadanía, que es masivo e importante, estos entes que representan a la democracia se van a sentir legitimados por las personas que estamos hablando, y eso es fundamental.
CC: ¿Qué casos de litigio han acompañado y qué avances han representado para las mujeres latinoamericanas?
CM: El primer caso de aborto que se litigó ante un comité de derechos humanos de Naciones Unidas lo litigó el Centro de Derechos Reproductivos y es el caso KL contra Perú, en donde se reconoció que obligar a una adolescente a seguir con un embarazo, que además tenía malformaciones, constituía tortura, trato cruel, inhumano y degradante; y con base a esa decisión del comité en Perú se creó el protocolo de acceso al aborto terapéutico en Perú.
Litigamos otro caso que se llama LC contra Perú que se litigó ante el comité contra la discriminación de Naciones Unidas; otro de mortalidad materna que es el de Aline contra Brasil, ese caso nos permitió avanzar en términos de salud materna en Brasil y en toda la región porque recordemos que como son casos decididos en comités internacionales regionales de derechos humanos crean obligaciones para todos los Estados que han ratificado un tratado o una convención.
Los casos más recientes han sido aquí en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el caso de Paola Guzmán contra Ecuador, que es el primer caso que habla del derecho a la educación sexual integral como un derecho humano y crea esta obligación de todos los Estados de brindar educación sexual integral como parte de sus políticas de educación.
Litigamos también el caso de Manuela contra El Salvador que es un caso de una mujer que sufre una violencia obstétrica, fue criminalizada, llega a la cárcel por homicidio agravado y muere ahí porque le detectan un cáncer que posiblemente le causó la emergencia obstétrica y ese es un caso muy importante porque crea estándares jurídicos frente al secreto profesional médico y el principio de confidencialidad; es decir, como profesionales de la salud debe primar el secreto profesional médico sobre cualquier denuncia cuando están atendiendo casos de salud sexual y reproductiva.
Y bueno, la victoria más reciente es el caso que se litiga ante la Corte Constitucional Colombiana con otras cinco organizaciones que buscaba la eliminación del delito de aborto en Colombia porque considerábamos que el delito de aborto es ineficaz, que es un servicio de salud que no debe estar regulado a través del ámbito penal sino de iniciativas de salud. Finalmente, la Corte falla con una decisión muy favorable, no con lo que estábamos buscando, pero el fallo despenaliza el aborto hasta la semana 24 en el país y de ahí en adelante siguen rigiendo las causales que existían en Colombia desde 2006.
CC: ¿Y cómo se toma el país esa decisión de la Corte, ¿cuál fue el ambiente en ese momento?
CM: Esta demanda la presentamos cinco organizaciones que hacemos parte de un movimiento que se llama Causa Justa con más de 90 organizaciones, más de 30 activistas; entonces éramos muchas y esto lo digo para complementar el hecho de que la estrategia en Colombia no fue solamente poner una demanda ante la Corte Constitucional sino generar una discusión pública. Por supuesto la decisión ha creado diferentes reacciones, las celebraciones de quienes nos acompañan en el proceso y siempre quienes siempre se han opuesto a este tema y que están tratando de polarizar con desinformación. Hay un centro neutro que no está a favor o en contra, pero que les ha costado entender el tema de la semana 24.Se viene un reto en el país de pedagogía sobre la decisión y que políticas se deben acompañar para garantizar que el aborto sea en las etapas más tempranas posibles.
CC: ¿Qué dificultades has tenido al enfrentar estos temas en países tan conservadores?
CM: Es difícil. Por ejemplo, en el caso de Manuela contra El Salvador es la Corte Interamericana quien falla contra El Salvador y lo que dice la Corte es que El Salvador tiene un contexto de persecución sistemática contra mujeres, adolescentes y niñas que sufren emergencias obstétricas y que son acusadas en los servicios de salud.
Hay como un estereotipo de que una mujer no puede perder un embarazo a no ser que se lo indujo. Entonces en vez de brindar servicios de salud terminan denunciando a las mujeres sin ninguna prueba y esto las lleva a enfrentar juicios penales muy horribles, no tienen garantías en el proceso, están permeados por estereotipos de género en donde básicamente una mujer tiene que hacer todo por la maternidad, inclusive si acabas de tener una emergencia obstétrica. Realmente es muy complejo cuando las personas tienen en la cabeza que el rol de la mujer es el de incubar y maternar.
Lo importante es que la Corte Interamericana dice que, si bien no son casos de aborto porque son pérdidas involuntarias del embarazo, la penalización total del aborto causa estos estigmas, son la base para que existan estos prejuicios porque si el aborto no existiera entonces los médicos y profesionales de salud no tendrían que denunciar a las mujeres, ¿qué produce el delito en la sociedad? Esto.
El llamado es que sigamos haciendo una pedagogía importante para que podamos lograr una transformación cultural que nos permita ver estos temas como lo que son: derechos.
