Dos semanas después de que despenalizaran el aborto en Argentina, el diputado hondureño Mario Pérez presentó un proyecto de ley, en el Congreso Nacional, que busca negar que el aborto —penalizado por cualquier causa en Honduras— pueda ser legal aunque se cambie de constitución.
Texto: Vienna Herrera
Fotografías de Martín Cálix
Los diputados en Honduras no suelen estar de acuerdo fácilmente, excepto cuando se trata de discutir sobre el aborto. En 2017 cuando analizaban los artículos del nuevo Código Penal, apenas siete diputados votaron a favor de eliminar la prohibición del aborto por tres causales, esto ocurría a la par de las demandas de mujeres organizadas que buscaban su despenalización y de sectores conservadores que exigían continuar su prohibición.
Desde entonces el tema no volvió a aparecer en el Congreso Nacional, hasta el pasado 11 de enero de 2021, cuando el diputado nacionalista Mario Pérez presentó un proyecto de reforma de ley a la Constitución de la República. Pérez sugirió añadir al artículo 67 que prohibe el aborto: «solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional, sus disposiciones no perderán vigencia o dejarán de cumplirse cuando sea supuestamente derogado o modificado por otro precepto constitucional. En caso de aprobarse una nueva Constitución sus disposiciones serán incorporadas a la misma, salvo que por unanimidad de la Asamblea Constituyente se establezca lo contrario».
Esto ocurre a pesar de que Honduras es uno de los cinco países en Latinoamérica que aún tiene una restricción total contra el aborto. Pérez señaló en un medio televisivo que buscan blindar el tema: «estamos preocupados de que la legalización del aborto en Argentina pueda llegar aquí, por lo que un grupo de diputados acordamos proponer, poner un candado para evitar su aprobación, ya que el aborto es un delito».
El Código Penal de Honduras, vigente desde junio de 2020, dice en su artículo 196 que las penas por aborto van de tres a seis años si la mujer lo hubiere consentido o producido, de seis a ocho a la persona que lo induce sin el consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación; y, de ocho a diez si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. Además, añade que los profesionales sanitarios que cooperen con el aborto tendrán «la pena de multa de quinientos (500) a mil (1000) días».
«Si se toma como válida para Honduras las estimaciones de otros países que indican que solo 1 de cada 6 mujeres que se realiza un aborto llega a un hospital, en el país estarían ocurriendo entre 50,749 y 82,135 abortos por año», señala un informe del Centro de Derechos de la Mujer.
Una de cada 23 muertes maternas en Honduras es resultado de un aborto, según datos que la Secretaría de Salud le dio al medio Al Jazeera.
Después de conocer las intenciones de los diputados, la plataforma Somos Muchas convocó a un plantón frente a las instalaciones del Congreso Nacional. Neesa Medina, integrante de la plataforma, dice que «es una propuesta que no resuelve ninguno de los problemas actuales de las mujeres y niñas en el país, una propuesta que pareciera motivada por el desprecio hacia las niñas y mujeres, sin ningún interés genuino por su dignidad y su salud».
Durante el plantón, las integrantes de Somos Muchas exigían que se legislara a favor de los derechos de las mujeres al aprobar la Ley de casas refugio, la Ley de trabajadoras domésticas y que legalizaran nuevamente la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).
La PAE tiene una prohibición desde hace 11 años, además la Secretaría de Salud no ha aprobado un protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual porque esto implicar permitir el uso de la anticoncepción de emergencia. Si bien no hay un dato exacto sobre la cantidad de violaciones sexuales en el país, según el registro estadístico de Medicina Forense, las denuncias en los últimos 10 años aumentaron a un poco más del doble.
Durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres violadas mientras que para 2018 se registraron 2972.
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Rafael Contreras, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Honduras, una organización que se dedica a atender sobrevivientes de violencia sexual, le dijo a Contracorriente que los médicos que atienden casos de violencia sexual se ven muy limitados en la atención integral al no poder evitar un embarazo no deseado.
Para Nessa Medina «no existe justificación para tanta tardanza en aprobar leyes que deberían de ser casi instintivas, ¿por qué seguir prohibiendo la PAE en un país con tantos casos de violación? ¿Cuál puede ser el interés de este Gobierno si no es el de condenar a maternidades no deseadas?».
Diario El Heraldo recopiló una base de datos de la Secretaría de Salud que señala que entre enero de 2017 y noviembre de 2019 ocurrieron 33,378 partos de menores de entre 14 y 17 años y 647 niñas de entre 9 y 13 dieron a luz.
La Organización Mundial de la Salud dice que los partos en menores representan un riesgo por las complicaciones durante el embarazo, el parto es la segunda causa de muerte en menores de 15 a 19 años en todo el mundo.
«Es alarmante y doloroso vivir en un país gobernado por personas a las que no les interesamos en lo absoluto, ser niña y mujer en Honduras es dar por hecho que el Gobierno nos desprecia», añade Medina.
Por su parte, el precandidato presidencial del Partido Nacional, Mauricio Oliva, anunció a través de Twitter que podía ser flexible con varios temas del nuevo Código Penal: «pero no voy a ceder en permitir el aborto en Honduras», gritaba en un vídeo publicado en sus redes, en otro tweet decía: «Soy médico cirujano, me preparé para preservar la vida. No estaré nunca a favor del aborto en el Congreso Nacional, votaré por la vida».
Para Regina Fonseca, también integrante de Somos Muchas, la afirmación de ser «provida» que tienen los precursores de la reforma de ley es absurda: «Si estuviesen preocupados por la vida este señor y los diputados y diputadas en el Congreso ya hubieran llamado a Invest-h, a la Secretaría de Salud y toda la gente que ha hecho piñata con los fondos del pueblo con la excusa de la pandemia o actos de corrupción por las tormentas Eta e Iota, ¿no son importantes las vidas que se pierden por mal manejo de recursos y corrupción?, ¿les importa la vida de la gente que huye de este país en caravana?», agrega.
Fonseca dice que si el Congreso Nacional aprueba la reforma estaría usurpando al poder constituyente en sus decisiones: «desde entonces están violando el Estado de derecho, usurpando funciones que no les corresponden y están más preocupados por atacar esas agendas externas, como reacción de los grupos antiderechos, que están bien artículos en América Latina, por lo que ocurrió en Argentina».
La infiltración de grupos religiosos en las decisiones políticas del país no es nueva, en 2019 Contracorriente fue parte de la investigación Transnacionales de la fe, una colaboración de 16 medios latinoamericanos, bajo el liderazgo de Columbia Journalism Investigations y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que ganó el Premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística, reveló como la organización religiosa Capitol Ministries, patrocinada por líderes políticos en el Gobierno de Donald Trump que se dedica a evangelizar a líderes políticos del mundo a partir de sus estudios conservadores que cuestionan los derechos de la población LGBTIQ+, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los migrantes. En Honduras el Congreso Nacional los recibió desde el primer momento.
En la investigación realizada por Contracorriente el pastor Alberto Solórzano, líder religioso del Centro Cristiano Internacional, pero que también ha sido miembro de comisiones de gobierno, dice que su cercanía con el Gobierno es estratégica y no forma parte de ningún hecho espontáneo, sino que lo hacen para que los políticos no tomen decisiones en contra de sus principios: «la iglesia busca esos espacios porque allí se toman decisiones que nos van a afectar como ciudadanos».
Mientras tanto, organizaciones como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado su preocupación ante prohibición del aborto: «la criminalización absoluta del aborto resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad».
Naciones Unidas en Honduras advirtió directamente que «debería modificar con carácter urgente su legislación para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y asegurar que no deban recurrir a abortos clandestinos que pongan en peligro sus vidas y salud. En este sentido, el Estado parte debería asegurar el acceso a un aborto legal y seguro incluyendo en los casos de amenaza a la vida o a la salud de la mujer, violación o incesto, y de feto inviable debido a anomalía, y considerar la descriminalización del aborto (…)».
Las organizaciones de mujeres han denunciado en varias ocasiones que las prohibiciones sobre el aborto también atentan contra mujeres que sufren abortos espontáneos y contribuyen a la revictimización.
Un caso que lo demuestra fue reportado por el Foro de Mujeres por la Vida en su boletín Violencia sexual y aborto en cuarentena publicado en 2020. Jennifer es una mujer que tenía cinco meses de embarazo, durante la cuarentena experimentó fuertes dolores que la llevaron a hacerse un chequeo médico. Después de las negligencias de una clínica privada, Jennifer dio a luz a su hijo quien permaneció vivo por media hora. La clínica privada le cobró 18,000 lempiras por la atención, pero esto no incluía un legrado y fue derivada al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Cuando Jennifer despertó en el Seguro Social, policías custodiaban la sala de maternidad y le hicieron firmar papeles. Al día siguiente fue detenida y trasladada a la Primera Estación de Policía en San Pedro Sula, para una audiencia de declaración de imputados, la cual finalizó con medidas sustitutivas debido a la defensa de una abogada privada.
El Foro de mujeres por la vida añade en su informe que es «claro el accionar punitivo desde las instituciones, cuando nos identifican como víctimas la justicia está en cuarentena, pero si nos identifican como victimarías los procesos fluyen sin presiones».
Neesa se sienta tras terminar la protesta y dice que no dejarán de hacerlas: «No salimos de forma egoísta, todas tenemos otras mujeres a las que cuidamos y queremos, que sabemos que les va a afectar (la reforma de ley). Realmente defender el derecho a decidir es un acto desinteresado, de amor, y es una lástima que tengamos que defender con las uñas lo poquito que hay, ya que este Gobierno tajantemente se está robando toda la plata, toda la dignidad y todo el esfuerzo del pueblo hondureño», finaliza Medina.
