En 12 años, apenas el 28 % de los créditos otorgados en Honduras por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) han beneficiado a mujeres. Las campesinas se enfrentan a obstáculos para acceder a tierras y a préstamos, mientras buscan sobrevivir a la violencia en sus hogares.
Doris Hernández observa sus cultivos a punto de entrar en cosecha. Sonríe cuando habla de los ayotes que con mucho esfuerzo crecen cerca de sus pies. Doris no tiene casa propia. Quiere construirla en el terreno donde además de ayotes, tiene maíz, frijoles, plátano, rábano y árboles frutales. Ella tiene una parcela que le cedieron como parte de un proceso de recuperación de tierras en San Pedro de Tutule, ubicado en el departamento de La Paz, al oeste de Honduras. Ahora las autoridades hondureñas pueden desalojarla de este espacio en cualquier momento.
Doris es una mujer lenca campesina. Ha sobrevivido a la violencia sexual, económica y doméstica. Cuando se le pregunta si quiere contar su historia sin ocultar su identidad, con mucha seguridad dice que sí, que no tiene por qué esconderla: «Es mi historia, mi vida», dice. Tiene 36 años y desde los 8 se dedica a cultivar, obligada por su padrastro, que decidió que ella y sus hermanos debían dejar de estudiar para trabajar la tierra. Ahora vive en una base campesina, cuando se enteró de que había espacio para trabajar en ella, hace dos años.
Las bases campesinas están formadas por grupos de comunidades indígenas lencas, que se trasladaron a tierras desocupadas que no estaban siendo trabajadas por sus propietarios. Mientras algunos grupos tienen tierras comunitarias, que están tituladas a nombre de las comunidades indígenas, otros se dedican a la recuperación de terrenos, con la intención de ocuparlos, ya que que pertenecían al Estado y al pueblo lenca y que —según los grupos dedicados a su defensa— se les otorgó irregularmente a terratenientes.
Viven en la pobreza. No tienen acceso a créditos y tampoco a asistencia técnica del Gobierno porque, aunque algunos grupos llevan más de quince años cultivando, no son dueños legales de esas tierras, requisito que es solicitado para estos beneficios.
La base campesina de la que Doris es parte está conformada por 18 hombres y ocho mujeres. Se llama 5 de noviembre, porque hace dos años, en esa fecha, decidieron entrar a esas tierras que estaban sin cultivos, con el fin de trabajarlas. La base forma parte de una cooperativa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
Integrantes de la CNTC dicen que el terreno de San Pedro de Tutule —donde se encuentra la base 5 de noviembre, pero que también cuenta con otras bases campesinas— pertenece a exdiputados del Congreso Nacional, aunque estos nunca les han mostrado un título de propiedad. Añaden que han sido parte de «la criminalización en contra de las comunidades campesinas que ha resultado en el asesinato de varios de sus líderes y en la judicialización de 3000 campesinos en Honduras, de los cuales 2000 pertenecen a la CNTC». Hasta el momento la base 5 de noviembre no ha sido lugar de desalojo ni judicialización.
María Vicenta Hernández tiene 38 años y cultiva para consumo propio en la base Nuevo Amanecer, desde hace 12 años. Dice que ella nunca ha accedido a un crédito de ninguna institución del Estado porque a las mujeres en proceso de recuperación de tierras se les niegan al no tener un título de propiedad. «Sentimos que no hay apoyo del Gobierno, aunque en las noticias lo diga, ya yendo al lugar de los hechos, es mentira», denuncia Hernández.
Doris tampoco ha recibido un crédito o una ayuda del Gobierno, como fertilizante, capital semilla o apoyo técnico para cultivar. Vicenta perdió parte de sus cultivos después de las lluvias por la tormenta Eta, que ingresó a Honduras el 4 de noviembre de 2020, y además de las afectaciones graves que sufrió la zona norte, provocó deslaves en varias zonas montañosas de La Paz. Al menos 60 familias pertenecientes a la CNTC en La Paz se vieron afectadas por la pérdida de sus cultivos, aunque aún no han podido medir la magnitud de los daños. Dicen que no esperan recibir ningún apoyo para volver a levantarse, que nunca lo han tenido.
Dalila Aguilar, representante de la Central de Trabajadores del Campo (CNTC), dice que las mujeres viven en una constante tensión psicológica.
«Esa mujer que vive en su casita, piensa que, quiérase o no, a cualquier hora del día les puede caer un desalojo. Viven con mucha tensión por parte de terratenientes y por parte del Gobierno, que no se preocupa porque obtengan esa tierra».
Según el Estudio sobre mujeres y tierra en Honduras del Consejo para el desarrollo integral de la mujer (Codimca), que recopila datos del Instituto Nacional Agrario (INA), solo el 22.87 % de las titulaciones entre 2001 y 2017 le benefició a las mujeres. También destaca que la titulación ha sido limitada. En 16 años apenas se han titulado anualmente 5020 hectáreas.
Contracorriente también solicitó una base de datos al INA sobre la titulación de tierras los últimos diez años segregada por sexo. La institución no entregó la información y al momento de publicar este texto aún estaba en proceso un recurso de revisión que se interpuso ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El informe de Codimca señala que en los últimos años, el porcentaje de mujeres que posee tierras se ha incrementado. Sobre todo si se compara con los datos de la última reforma agraria, en 1979. Entonces, las mujeres solo tenían el 4 % de las tierras. Actualmente es del 8 %. Además, un 5 % está en copropiedad (de hombres y mujeres). En 1979 no existía esta modalidad.
Aun así, el informe aclara que «debido al deficiente registro estadístico y la manera en que se levanta esta información en el terreno, no es posible confirmar si cuando una mujer declara ser propietaria de una superficie de tierra es porque los socios de una base campesina, su esposo y otra persona, le ha cedido el usufructo de una parcela de tierra, si la alquila o si su acceso es por aparcería».
Doris dice que en la base campesina de la que forma parte le costó que sus compañeros comenzaran a escuchar a las mujeres. Alguna vez tuvo que contratar a otros hombres para que le ayudaran a trabajar en el terreno. «Me preguntaban si era de mi marido y me querían sacar de aquí», asegura.
Los hombres comenzaron a tomar en serio a Doris y a sus compañeras a raíz de un proyecto de la CNTC, en el que trabaja Dalila Aguilar, llamado Lucha por el acceso a la tierra y el empoderamiento de la mujer campesina de La Paz, y que está financiado por la organización irlandesa Trocaire.
Aguilar dice que el acompañamiento que le ha dado a las mujeres ha sido difícil, que muchas veces ha visto cómo ellas son quienes luchan por la tierra y al final termina quedando a nombre de los hombres. «Una se siente frustrada por no poder ayudar a las mujeres para que luchen por lo que pretenden. A veces somos controladas hasta en los pensamientos sobre qué queremos hacer en esas parcelas», cuenta.
Wendy Cruz, de la Vía Campesina considera que «no nos ven como sujetas de derecho, por eso no hay políticas para el acceso a bienes de producción para las mujeres rurales. Es nula la presencia del Estado donde están las mujeres más pobres del país».
Yasmín López es la coordinadora de Codimca, la organización que publicó el estudio sobre mujeres y tierra en Honduras. Señala que este tipo de situaciones se dan porque existe una deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres desde la Reforma agraria en la década de los setenta. «Hoy no existe una política pública que garantice la reforma. Lo que hay es una Ley de modernización agraria que no habla del acceso a la tierra y que más bien permitió la privatización del territorio, la compra y venta de la tierra», lamenta.
Según el artículo 79 de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, vigente desde 1992, que vino a suplantar la Ley de Reforma Agraria, «el título de propiedad se extenderá a nombre de la pareja, si ésta así lo solicita». Para López esta es una de las trabas para que las mujeres accedan a la tierra: «Al estar frente a un sistema patriarcal y capitalista, difícilmente un compañero va a pedir que su tierra esté a nombre también de su mujer». Añade que el hecho de que las mujeres no sean dueñas de la tierra es la principal causa para que tampoco accedan a créditos ni de los bancos, ni de los otorgados por el Gobierno en sus diferentes instituciones.
Contracorriente solicitó una entrevista con la coordinadora de la oficina de la mujer del Instituto Nacional Agrario, Rosaura García, quien argumentó que no podía concederla por estar en su período de vacaciones. Añadió que existen esfuerzos y limitantes de la institución que podían explicarse desde la División de Planificación del INA. Contactamos a Danilo Merlo, coordinador de esa división, pero no respondió a las solicitudes de entrevista realizadas vía mensajes, llamadas telefónicas y de manera presencial a través de la oficina de comunicación del INA.
Poco acceso a créditos agrícolas para las mujeres
Entre enero de 2008 y el 25 de septiembre de 2020, Banadesa entregó 27 500 créditos. De estos, solo 7555 (el 21.86 %) fueron para mujeres.
En 2015, tras el trabajo de incidencia de organizaciones campesinas y feministas, el Congreso Nacional aprobó el programa Crédito solidario para la mujer rural (Credimujer). Pasaron tres años hasta que se creó un reglamento que sentara las bases de este crédito, en 2018.
De acuerdo con el reglamento, el programa debe funcionar a nivel nacional, pero con mayor incidencia en comunidades en situación de pobreza y con alta vulnerabilidad agroecológica. Los créditos se darán a través del Banco hondureño para la producción y la vivienda (Banhprovi).
El Banhprovi señaló, en respuesta a una solicitud de información realizada para este reportaje, que a la fecha (cinco años después de la creación del crédito) todavía no hubo ninguna beneficiaria de Credimujer.
En agosto de 2019, Banhprovi abrió cinco ventanillas para que las mujeres pudieran ser atendidas en Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula. «Pero las mujeres rurales no viven cerca», explica Yasmín López, la coordinadora de Codimca, y agrega que «no solo es que había que viajar largas distancias, sino que debían tener planes de inversión, de negocios, una cantidad de cosas y que igual se hizo, pero que al presentarse, Bahnprovi dijo que no eran planes que fueran de su aprobación. Las mujeres no han podido acceder a ese programa». López añade que, aunque existe una asignación presupuestaria de 35 millones de lempiras, no hubo voluntad política para que se creara un fideicomiso.
El decreto 110-2015 que crea el programa Credimujer señala que el programa se administrará mediante un fideicomiso que establezca la Secretaría de Finanzas y Banhprovi. Actualmente el funcionamiento de este fideicomiso está a cargo del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), una entidad descentralizada de la presidencia que se creó en julio de 2019, con el PCM 034-2019. Las organizaciones campesinas consultadas señalaron que no han recibido comunicaciones de parte de la institución y que cancelaron un evento que tenían a finales de octubre para conocer los avances de Credimujer porque nadie del Gobierno contestó su participación.
«Nos preocupa porque queremos los créditos para las mujeres ya y no hay una respuesta del Estado. Cada día las mujeres vemos que no nos dan nuestros derechos», cuenta Felicita López coordinadora de las mujeres del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah). Desde hace dos años, cuatro grupos de esta organización de Felicita se organizaron para elaborar propuestas de proyectos, con el propósito de acceder a Credimujer y poder cultivar café y abrir tiendas de consumo, pero hasta ahora siguen sin tener una respuesta.
Dentro de Senprende también se encuentra la institución Crédito Solidario, un programa presidencial creado en 2015, que tiene como finalidad brindar asistencia técnica y acceso a créditos a microempresarios que no han tenido acceso a préstamos en el sistema bancario. Cuenta dentro de su proyecto con créditos agrícolas para ofrecer, con una tasa de 12 % de interés y de acuerdo a un plan de inversión, «apoyo directo a empresas asociativas campesinas (EAC) de producción, cooperativas agropecuarias, cajas rurales de ahorro y crédito, asociaciones de productores y productores independientes».
Contracorriente solicitó datos sobre los créditos otorgados segregados por sexo. Al momento de publicar este texto aún seguía un proceso el recurso de revisión interpuesto ante el IAIP porque la institución no entregó respuesta. En su página web señalan que en total han entregado 177 522 créditos por un total de 1720 millones de lempiras (68 millones de dólares), pero no existe un dato de cuántos de ese total fueron otorgados al sector agrícola.
Estos créditos solidarios agrícolas son parte del decreto ejecutivo PCM 052-2019 aprobado en septiembre de 2019 donde se asignan casi 4000 millones de lempiras (160 millones de dólares) a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para impulsar el desarrollo agrícola del país. Según medios nacionales, las FF. AA. aseguran que apenas han recibido 22 millones de lempiras (880 000 dólares). Sin embargo, las organizaciones consultadas para este reportaje señalaron que no han podido acceder a los créditos de esa iniciativa. Tampoco las mujeres con las que trabajan.
«Nos preocupa que los fondos fueron pasados a las FF. AA. sabiendo que los militares son los primeros agresores. ¿Cuándo tendremos una oportunidad? Nunca la vamos a tener», lamenta Felicita López, quien además ha dado acompañamiento en su comunidad a casos de manutención económica. Desde la Oficina Municipal de la Mujer en Santa Elena, dice que la mayoría de las denuncias activas en ese municipio por manutención alimenticia son contra militares.
Durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno aprobó varios decretos ejecutivos destinados a la agricultura. El PCM 030-2020 establece el concesionamiento de tierras nacionales a 100 lempiras (4 dólares) por manzana para la producción agrícola.
De igual manera, el Banco Mundial aprobó un fondo de 75 millones de dólares para fortalecer el sector agrícola a través del Proyecto Competitividad Rural (Comrural), manejado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h), una unidad de gestión de proyectos y programas estratégicos adscrita a la Coordinación General de Gobierno. Esta institución está siendo investigada por la fiscalía hondureña por presuntas irregularidades en las compras durante la pandemia por COVID-19.
De 2019 a 2020, Invest-h otorgó 31 296 créditos agrícolas. De estos, 8442 (el 27 %) fueron para mujeres. Invest-h no detalló los montos entregados. El departamento de La Paz, donde vive Doris, es uno de los que menos créditos recibió del proyecto. Según información de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), desde 2010 han realizado 17 proyectos en beneficio de mujeres campesinas. Ninguno de estos se realizó en el departamento de La Paz.
La SAG cuenta con unidades de igualdad de género. Sin embargo, la misma secretaría afirma en un documento oficial entregado a Contracorriente que «tienden a ser poco visibles, con pocos recursos y capacidades, y lejos de la toma de decisiones de alto nivel (…) nunca ha tenido un programa específico para implementar. Además, las personas a cargo de género tienen otras funciones en paralelo».
La SAG además contó con un bono cafetalero vigente entre 2018 y 2019. Según los datos proporcionados, apenas 19 339 mujeres fueron beneficiarias del proyecto, frente a 72 087 hombres.
El monto del proyecto fue de 300 millones de lempiras (12 millones de dólares). Cada saco fertilizante costó 540 lempiras con gastos operativos y entrega. La información del proyecto no indica las cantidades de fertilizante entregadas segregadas por sexo.
Doris espera poder sembrar su propio café algún día. Durante muchos años ha trabajado cortando café para hombres dueños de fincas cafetaleras. Le pagan 100 lempiras por un quintal (4 dólares). En un día de trabajo, que empieza a las seis de la mañana y termina a las dos de la tarde, puede llegar a conseguir hasta cuatro quintales. El corte de café únicamente dura seis meses. Doris cuenta que, con el dinero que gana en este tiempo, ahorra para comprar abono al acabar la temporada y así poder trabajar en su propia tierra. Dice que sobrevivir así significa «que vamos días comiendo y días no comiendo. Uno tiene que decidirse para poder tener algo».
Ahora, con la pandemia por COVID-19, tuvo muchas dificultades debido a las medidas de restricción de circulación que aprobó el Gobierno, en donde las personas solo podían circulan por un dígito de la identidad al día para evitar aglomeraciones. Cuando no trabaja en su parcela ni corta café, Doris se mueve al municipio de La Paz para lavar y planchar ropa. Por cada docena de ropa lavada le pagan 20 lempiras (0.80 dólares) y planchada son 12 (0.48 dólares). «Si hay bastante y que uno lave unas cinco docenas, pues ya son 100 lempiras, pero lo más que se gana a diario son 150 (6 dólares). No es mucho y es buscando de casa en casa. Una sufre para poder sacar a los hijos adelante», agrega.
La violencia en la vida de las mujeres campesinas
Doris se fue de su casa después de contarle a su familia que fue víctima de una violación a los quince años, de la cual resultó embarazada. Nadie le creyó. Después de eso, tuvo una pareja con quien procreó cuatro hijos más y quien durante años ejerció violencia física, psicológica y económica contra ella.
«Cuando empecé a sufrir violencia, como yo crecí viendo el maltrato en mi mami, pensaba que era normal», cuenta Doris.
Doris tenía una casa de bahareque, en un terreno de su hermano. La vivienda se cayó el año pasado y ahora vive en la de su madre, que está en el mismo terreno. Quiere construir su casa propia en las tierras de la base campesina, no solo porque su hermano le dijo que debe irse, sino porque dice no sentirse bien donde su mamá. «La persona que abusó de mí vive cerca de nosotros. A veces me pongo a pensar: vivir mirando el rostro de esa persona… uno por mucho que quiera olvidar eso no puede», relató.
La situación de Doris es la misma que viven muchas mujeres en la zona, que se ven obligadas a sobrevivir a la violencia, a las desigualdades económicas y a buscar el sustento de sus hijos solas. Por eso muchas terminan formando parte de bases campesinas.
Doris llora y esconde sus ojos debajo de su gorra cuando cuenta que a veces se siente sola: «Como yo trabajo la tierra me vengo sola, traigo mi azadón, mi machete y de vez en cuando vienen esos malos recuerdos. A veces parece que la vida no valiera nada para mí». Ahora Doris solo vive con sus hijos, dejó a su expareja al ver que la violencia cada vez era más frecuente. Lo entendió cuando su hijo mayor le dijo: «mami, te va a matar mi papá», pero decidió hacerlo cuando su pareja intentó violar a su hijastra, una niña de catorce años.
Datos del Ministerio Público (MP) sobre delitos contra la libertad sexual entre 2014 y 2019 señalan que de 4130 denuncias en que las víctimas consignaron la ocupación del imputado, 2630 eran personas que trabajan en el campo.
Doris dice que antes de dejarlo y aún cuando ya llevaban tiempo de estar separados, su expareja le disparaba cerca de los pies o de la cara y a veces le pegaba con el machete. Ella no sabe de su expareja desde hace ya ocho años. «Prefiero trabajar, luchar para mis hijos, porque ¿de qué me sirve quedarme aquí comiendo frijoles y que vaya a terminar en el cementerio y mis hijos queden huérfanos? Yo no necesito un hombre que viva queriendo darme órdenes, a mí me gusta trabajar», concluye ella.
Rosmery Álvarez, de la Oficina Municipal de la Mujer en Marcala (OMM), ubicado a 39 kilómetros de San Pedro de Tutule, señala que las zonas rurales como La Paz son machistas
«La violencia doméstica es algo con lo que vivimos día a día y no digamos ahorita en términos de pandemia, así como vivimos una curva de COVID-19, hubo una en aumento de casos de violencia doméstica e intrafamiliar».
La oficina regional de Comayagua, ubicada a 23 kilómetros de La Paz, es la coordinadora de las fiscalías que cubren los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz y fue la primera en tener un Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE) en las cinco fiscalías. Ahí las víctimas son atendidas por un equipo multidisciplinario para que cuenten la historia una sola vez y evitar la revictimización.
Una de las quejas es que el MAIE opera únicamente de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. «Pero el MP es una institución de 24 horas al día, siempre queda activa la fiscalía de turno, el médico forense quien evalúa y el fiscal toma las acciones necesarias ya sea de imponer las medidas o de ordenar a la Dirección Policial de Investigación», responde ante estas quejas Carlos Ávila, vocero regional de la institución.
En lo que va de 2020 el MP ha judicializado 137 casos por violencia doméstica y violencia intrafamiliar en el departamento de La Paz. Doris intentó poner denuncias en la Policía de La Paz, donde asegura que le dijeron que solo si tenía pruebas lo denunciara. «Y ¿qué pruebas iba a tener? Si solo yo sabía lo que estaba sufriendo (…). Él me castigaba, me empujaba, me decía que yo ya no valía nada, que ya había pasado de moda», añade.
La coordinadora de Codimca dice que el acceso a recursos, tierra, financiamiento y asistencia técnica mejora la vida de las mujeres para que puedan bajar los grados de violencia intrafamiliar y doméstica, porque muchas veces a las mujeres se les dificulta seguir todo el proceso de una denuncia al depender económicamente de su agresor.
La eterna lucha por la manutención alimenticia
En Honduras no existe una ley ni un delito contra la violencia económica. El término solo aparece en la Ley contra la violencia doméstica, cuando se le reconoce como una de las cuatro formas de ejercer violencia doméstica por «menoscabo, reducción o negación que afecten los ingresos de la mujer o el incumplimiento de obligaciones alimentarias». Sin embargo, la ley no señala penas específicas, solo que el agresor deberá restituir los gastos y reparar los daños ocasionados a las víctimas.
Tampoco existen datos de cuántos de esos casos han ingresado a los juzgados de violencia doméstica como violencia económica. «Es porque ese tipo de denuncias generalmente van con hechos más graves como agresiones físicas (…), pero muchísima parte de la población de mujeres que viven violencia económica no lo denuncia porque ignora que pueda hacerlo», explica la jueza Claudia Isbela López, del Juzgado especial contra la violencia doméstica de San Pedro Sula.
Contracorriente contactó, a través de su secretaria, a la jueza Ana Concepción Romero, coordinadora de Juzgados de Violencia Doméstica, para conocer información sobre violencia económica y sus dimensiones a nivel nacional, pero a la fecha de publicación de este texto no dio una entrevista.
Doris vivió la violencia económica cuando aún estaba con el padre de sus hijos. Aunque ella era la que se dedicaba a cortar café, con lo que ganaba alrededor de 1200 lempiras (48 dólares) a la semana, su pareja se quedaba con la mayoría del dinero y lo usaba para comprar alcohol.
«Cuando estaba con él, me tocaba trabajar para sus tres hijos y los cinco míos. Ahora estoy mejor porque yo sé qué obligación tengo. Mis hijos calzan, visten, si se enferman tengo para llevarlos al médico. Yo soy padre y madre para ellos», dice Doris.
Ella no piensa en ponerle una demanda por manutención a su expareja porque no quiere que sus hijos vuelvan a tener acercamiento con él.
Aunque en Honduras existen juzgados especializados para la violencia doméstica, no llegan a las zonas rurales. Allí los casos los conocen los juzgados de paz, lo que, según la jueza Claudia Isbela López, hace más difícil el acceso a la justicia. «Las necesidades de las mujeres en el área rural son diferentes, hay niveles de escolaridad más bajos y tienen menos conocimiento de sus derechos», explica.
Felicita López, del Movimiento Indígena Lenca de La Paz, vive en una comunidad cerca de Santa Elena, a 65 kilómetros de Marcala. Cuenta que la situación es aún más difícil lejos de las cabeceras departamentales porque, aunque le da acompañamiento a varios casos de demanda alimenticia «las autoridades no requieren a los papás de los bebés y muchas víctimas dicen que la abogada no les pone atención. Solo cuando anda acompañada la víctima hay una respuesta». Felicita añade que personal encargado de ver los casos en Santa Elena suele ponerse contra las víctimas cuando la coordinadora del juzgado de paz no está.
La Ley contra la violencia doméstica identifica el incumplimiento de obligaciones alimentarias como violencia económica, no lo ve como un delito. Los casos de manutención están contemplados en el Código de familia y se llevan a cabo en los juzgados de familia.
Según el Código de familia, la manutención se fija por cada hijo y depende de la capacidad económica del obligado. «Una vez que vemos los requisitos, le embargamos. Cuando vienen a la audiencia, pueden conciliar, se compromete y puede ser que no se la dé o que esté escondiendo bienes, entonces ahí procede a la vía penal», dice Ilde Mejía, coordinadora del Juzgado de letras de familia en Francisco Morazán.
Rosmery Álvarez, de la Oficina Municipal de la Mujer en Marcala, señala que las leyes no siempre ayudan al acceso a la justicia. «Lastimosamente solo se formulan desde un escritorio, pero la realidad que vivimos las mujeres tierra adentro es otra. Los hombres no asumen sus responsabilidades y aunque se llegue a una audiencia como la primera, esta es conciliatoria, porque el mismo código nos genera esas barreras. Los abogados buscan lo más fácil y les dicen a las mujeres que concilien», dice Álvarez.
El vocero regional del MP, Carlos Ávila, señala que «en los casos en que la negación persiste, se puede colocar una demanda por el delito de incumplimiento del deber de asistencia y sustento». Este delito llevaba el nombre de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en el Código Penal anterior, que dejó de estar vigente en junio de 2020. Al igual que en el anterior, este delito contempla una condena de uno a tres años de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas, de uno a dos años de multa y la inhabilitación por cinco años si es un oficial público.
Datos del MP recopilados por Contracorriente señalan que, de 2009 al 2019, el MP recibió 8887 denuncias por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. En 8325 (el 93.7 %) el acusado fue un hombre. En ese mismo periodo de tiempo, ingresaron al Poder Judicial 1156 casos. Apenas 3 fueron contra mujeres. De todos los casos, únicamente 193 han concluido juicio: 112 obtuvieron sentencia condenatoria, 70 absolutoria y 11 concluyeron con sobreseimiento.
Doris decidió no demandar por violencia a su expareja. Para la jueza López, una de las dificultades que enfrentan las mujeres es que, aunque la Ley contra la violencia doméstica lo señala, no existen mecanismos para que las mujeres dejen de tener que confrontar a su agresor. «Otra de las dificultades es que carecen de los recursos económicos siquiera para movilizarse y la institucionalidad no tiene la formación adecuada. En esa búsqueda de la justicia las mujeres muy frecuentemente son avergonzadas por funcionarios», detalla la jueza.
«No decía nada, estaba como ciega. Ahora no, si yo hubiera tenido antes la mente que tengo hoy, no hubiera dejado que alguien que me maltratara o que me manipulara, violentando mis derechos. Eso no es vida», asegura Doris. También dice estar feliz de haber salido de ese ciclo de violencia y no oculta su emoción cuando habla sobre cultivar la tierra para ella y su familia.
El acceso a la tierra, a los créditos y a la asistencia técnica son esenciales para transformar las relaciones de género, pero también para garantizar estabilidad económica que permita que las mujeres salgan de sus ciclos de violencia.
«Es complicado, pero ahí vamos para adelante y gracias a Dios, algún día vamos a tener lo que nunca hemos tenido», dice Doris. No se refiere solo a recuperar la tranquilidad que la violencia le robó por tantos años, también hace alusión a la lucha que emprende día a día por recuperar esas tierras que le han negado la desigualdad y la falta de políticas para las mujeres del campo.
Una vez que Doris ha terminado su historia, se respalda en un árbol y observa con emoción la cosecha, que empieza a asomar entre los cultivos, y con la que espera sostener a su familia lo que resta del año. Siempre sonríe al ver su parcela: «Viera, qué bonito es ver la tierra cuando empieza a producir ¿No quiere llevarse un ayote?».
*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado
por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra
las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega
sobre femicidios, en las que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)y ContraCorriente (Honduras).
Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres.
