Hasta agosto de 2020 se han registrado 2199 homicidios, según datos de la Policía Nacional. Aunque esto representa una disminución de 425 en relación con el mismo periodo de tiempo en 2019, analistas señalan que la violencia sigue siendo un problema grave en el país y que las restricciones por la pandemia no generaron un impacto considerable en el curso de disminución de los homicidios.
A pesar de la cuarentena prolongada desde marzo en Honduras, el Sistema Estadístico Policial en Línea de la Policía Nacional (Sepol) contabilizó más de 2000 homicidios hasta agosto de 2020. A pocas semanas de la reapertura de la economía en el país, se registraron 3 hechos violentos de gran impacto: el asesinato de un periodista independiente, la masacre en la que un defensor de derechos humanos y el medio ambiente fue asesinado y el primer transportista víctima de una muerte violenta a pocos días de la reapertura del transporte público tras la pandemia.
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Ov-unah), señala que la violencia y criminalidad ha disminuido muy poco en el país y prevé que aumentará la tasa de homicidios este año. «El promedio nos evidencia que a diario 9 personas están siendo víctimas de la violencia y criminalidad y esto es grave porque el año pasado eran 10 u 11 y con estas excepciones que se mantienen en el país que nos mantiene encerrados en cuarentena y ahora con la reapertura, se evidenció que no disminuyó la violencia».
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Uno de los últimos homicidios registrados en el país es el del periodista independiente Luis Almendares, de Comayagua, quien tras recibir 3 impactos de bala por parte de desconocidos comenzó a transmitir en vivo por su página de Facebook en busca de ayuda. Almendares tenía 25000 seguidores en esa red social que utilizaba para denunciar corrupción y hacer periodismo humano.
«Se encargaba de gestionar ayuda para personas pobres y tenía mucha proyección en su ciudad. Eso le hace tener un reconocimiento en la sociedad y un afecto que se hizo tangible el día de su entierro, que pese a haber un estado de excepción y toque de queda la gente incumplió y decidió acompañarlo», dice Miriam Elvir, encargada de comunicaciones del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Con el asesinato de Almendares se contabilizan 80 asesinatos de periodistas desde 2009, los 3 ocurridos en 2020 se dieron en medio de la pandemia y con restricciones en la libertad de movilidad.
Según la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, emitida en 2018, el 91 % de los asesinatos a periodistas aún no han tenido una condena hacia los responsables.
De acuerdo con C-Libre, esta organización emitió 7 alertas por Luis Almendares desde el 2018 y documentaron 12 agresiones contra él, la mayoría eran violencia directa. «Incluso en febrero de este año denunció un sabotaje a su vehículo, le quebraron los vidrios del carro y era un mensaje, según él, directo por las denuncias que había hecho en sus redes sociales», añadió Elvir y dice que ante todas las denuncias que hizo C-Libre, ninguna institución ni estancia encargada de darle protección a periodistas hizo caso de las alertas para garantizar la vida de Luis.
Por su parte, el Colegio de Periodistas de Honduras, mediante un comunicado exigió una exhaustiva investigación por la muerte de Almendares. A la vez, denunció que han demandado «el fortalecimiento logístico humano y financiero del Mecanismo de Protección para que cumpla con eficiencia su mandato de proteger a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, pero lamentablemente nuestras peticiones han sido ignoradas y no hemos tenido respuesta».
La Policía Nacional de Honduras declaró a través del director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, que el Ministerio Público inició varias operaciones para localizar evidencia o algún hallazgo relacionado al hecho: «se desplazó un componente de la fuerza de tarea de Delitos contra la vida que se encarga de investigar cuando las víctimas forman parte de un sector más vulnerable. Es por ellos que sentimos que se están dando pasos bastante adelantados para responsabilizar a los responsables».
Luis, en reiteradas ocasiones, afirmó querer irse del país porque temía por su vida. Durante su ejercicio periodístico denunció sobre la falta de agua y el mal manejo de la basura en las calles de Comayagua, además de ser uno de los pocos periodistas que cubrían de manera constante a la Corporación Municipal y que denunciaba las anomalías en sus gestiones.
A Luis lo asesinaron a 2 semanas de haber denunciado a través de su página de Facebook Luisito Almendares (La voz del pueblo), el machismo y la transfobia ejercida supuestamente por el Poder Judicial, luego de haber negado atención a la denuncia de Grey Anahi, una mujer trans que fue agredida a machetazos en San José de Comayagua. La noticia se hizo viral y las autoridades publicaron una aclaración en la que desmentían la denuncia de Grey y afirmaban que con eso dañaban la imagen de la institución.
Luis fue enterrado y acompañado por más de un centenar de personas que le seguían por su trabajo y su cercanía en denunciar las injusticias que suceden en su ciudad. En diversas publicaciones, la ciudadanía exige justicia para el periodista.
El ciclo de la violencia y la impunidad
Un informe publicado en agosto por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) señala que, aunque hay una disminución del 10 % en la impunidad, las cifras aún son altas pues de cada 100 asesinatos, 86 quedaron en la impunidad.
Arabezka Sánchez, experta en criminología, destaca que uno de los mayores retos que tiene la seguridad y la justicia en Honduras es la alta tasa de impunidad y que, aunque los índices de sentencia han disminuido según los informes de la ASJ, la sentencia no siempre es condenatoria.
«Esto puede estar pasando porque no hay suficientes elementos de prueba recolectados por partes de unidades investigativas, puede ser que aún con los elementos no son sostenidos y defendidos en juicio por parte del ente acusatorio o simple y sencillamente las personas que están siendo cuestionadas recolectan suficientes evidencias para contrarrestar las pruebas de la fiscalía», añade Sánchez.
La experta detalla que en la última auditoría que se le realizó a la tasa de seguridad el año pasado por parte del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) uno de los principales hallazgos fue que había una deuda de más de un año porque se había adelantado el uso de esos recursos «68 % de esos fondos fueron usados para estructura, concretar unidades de investigación e inteligencia, Policía Militar y todas las reformas que necesitó la Policía Nacional de Honduras y programas de prevención».
Para Migdonia Ayestas es importante que las instituciones del Estado gestionen apropiadamente las acciones que tienen que ver con la seguridad pública «que controlen la violencia y criminalidad, que investiguen y sustenten bien las pruebas porque luego dejan libre a la gente y nunca llega a los tribunales».
Los homicidios múltiples no se han detenido
Según el Ov-unah hasta el momento se han registrado 39 homicidios múltiples, estos son los asesinatos con más de 3 víctimas. Estos homicidios suman 145 personas víctimas este año, 33 mujeres y 112 hombres. Del total, 28 de los eventos ocurrieron en Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho. «Los posibles móviles son la venganza, pelea de territorio para negocios ilícitos y pelea de terrenos entre familias o riñas interpersonales», añade Ayestas.
En la última masacre fue asesinado José Antonio Teruel de 72 años junto a su esposa, Francisca Zavala y su cuñado, Marco Zavala en la aldea de San Fernando de Patuca, Olancho. Teruel era conocido por su labor como defensor de derechos humanos y su lucha por el medio ambiente, laboró por muchos años para Cáritas de Honduras como Coordinador de Participación Ciudadana.
Cáritas de Honduras a través de un comunicado exigió a las autoridades competentes «una investigación inmediata y exhaustiva de su trágica muerte». Además, reconoció el trabajo que realizó durante muchos años y que actualmente era el colaborador más cercano: «extrañaremos sus aportes tan acertados, así como su carisma de hombre de lucha por un mundo más justo, fraterno y solidario».
Teruel además integró la Alianza Hondureña para la Defensa y Desarrollo Forestal, y recientemente participó en reuniones por el conflicto que tienen pobladores con autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por la represa Patuca III.
Miguel Cálix, docente universitario y amigo cercano de José Teruel, dijo que la información que se tiene sobre un posible móvil no es oficial: «no debe considerarse concluyente ni que descarte otras motivaciones, pero de personas allegadas se cree que es por temas de posesión de tierras de una zona donde vivía. Tenía una larga trayectoria como luchador social, por temas ambientales, pero hasta donde yo tengo conocimiento no pareciera haber un vínculo entre su lucha y esos hechos que ocurrieron».
Calix añade que son las autoridades las obligadas a dar respuestas: «quisiera creer que dada las circunstancias y por quien era, reconocido incluso por las autoridades como defensor de derechos humanos, quizás eso me dé un poco de confianza de que se pueda indagar y castigar a los culpables».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) instó al Estado hondureño a realizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar a los responsables del crimen contra Teruel y su familia y presentar resultados en un plazo razonable de conformidad con sus obligaciones internacionales.
Por su parte, Roberto Herrera, comisionado nacional de derechos humanos, denunció el hecho y pidió protección para los defensores de derechos humanos. «Debemos facilitarles el trabajo y lograr, en todo caso, que las objeciones a opiniones contrarias a los planteamientos que se deriven de sus investigaciones se hagan en forma cívica, democrática, responsable, y documentada, pero que nadie pueda utilizar la fuerza contra ellos», Cáceres añadió que abrieron un expediente para darle un seguimiento respectivo.
Calix recuerda que conoció a Teruel trabajando por el diálogo y la paz: «Toño era un hombre bueno, comprometido con la paz y la justicia, que buscaba por los pobres y creía que la lucha violenta solo dejaba perdedores». Añade que Teruel fue parte de un grupo de Soberanía Activa con Alfredo Landaverde, asesinado en 2013 por denunciar a narcotraficantes. «Qué duro darnos cuenta de que Teruel tuvo el mismo destino. Morir por la violencia que denunciaron, que trabajaron por erradicar. Así lo conocí como una persona coherente, una persona valiosa y da tristeza que su muerte sea así», finalizó Calix.
Violencia en el transporte urbano
La Encuesta de percepción ciudadana realizada por el Ov-unah publicada a principios de septiembre, un 60.6 % de los entrevistados dijeron que se sienten inseguros en el transporte público.
El martes 29 de septiembre ocurrió el primer homicidio a un conductor de transporte urbano desde que inició la cuarentena por COVID-19 en Honduras, el pasado 16 de marzo, y después de 15 días desde que se le permitió al transporte público circular nuevamente bajo medidas de bioseguridad.
La víctima fue identificada como Ariel Mejía, conductor del autobús número 140, que cubre la ruta entre la colonia Arturo Quezada y el centro de Tegucigalpa, Mejía fue atacado en Comayagüela en el bulevar del Norte, intersección hacia el sector de la colonia El Country.
La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU), unidad creada en marzo de 2019 para disminuir la violencia en el transporte, reveló que tras escuchar las versiones testimoniales y revisar vídeos de cámaras de seguridad instaladas en la zona, el conductor fue asesinado por una mujer que se transportaba en una motocicleta con un hombre. Posterior al hecho, Mejía fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela Universitario, pero falleció a los minutos de haber ingresado.
El sector del transporte es una de las profesiones más afectadas por la violencia en el país, en 2019 se registraron 130 homicidios de transportistas principalmente en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Puerto Cortés, según el Ov-unah. La Policía Nacional señala que la mayoría de los ataques a este sector es por el cobro de extorsión.
El portavoz de la FNSTU, Juan Sabillón, indicó que, aunque aún realizan investigación sobre el móvil del crimen contra Mejía, la principal hipótesis es el cobro de la extorsión, pero que no descartan que se trate de una venganza por el hecho ocurrido el 12 de marzo, 4 días antes de que iniciara la cuarentena, en el que un sicario fue quemado vivo en la terminal de la Colonia Arturo Quezada, después de haber asesinado a un conductor de bus de esa misma ruta.
«El equipo de inteligencia se encuentra recabando toda la información pertinente que nos pueda conducir a la captura de las personas que cometieron este hecho criminal, pero por lo observado en la escena es el modus operandi de algunas estructuras criminales. Este es el primer hecho de esta naturaleza que ocurre desde que comenzó la emergencia por la pandemia del coronavirus a mediados de marzo pasado y se presenta ahora que el transporte urbano ha reanudado sus operaciones mediante el pilotaje», añadió Sabillón.
En agosto el dirigente del transporte, Jorge Lanza, aseguró en medios de comunicación que la Mara Salvatrucha (MS-13) les notificó que dejaría de cobrar la extorsión durante la pandemia: «Hemos recibido notificaciones de este grupo de personas (MS13), que Dios les ha tocado el corazón y nosotros estamos agradecidos porque era algo que nos torturaba económicamente y esperamos que la palabra de ellos sea real», declaró Lanza en un canal televisivo.
Ayestas del Ov-unah señala que «algunas investigaciones han establecido que en promedio anual de 450 millones de lempiras los que les sacan a los pequeños negocios y se vuelve un problema cuando son las maras y pandillas los principales extorsionadores, pero también es un problema cuando creemos que tenemos que negociar con grupos ilícitos o paralelos al poder porque las instituciones del Estado no han hecho lo que corresponde para tratar de frenar estos problemas».
El sector del transporte fue uno de los más afectados por la pandemia. Debido al cierre total se mantuvo con protestas intermitentes para que se les permitiera circular, las únicas medidas de alivio que recibieron del gobierno fue la posibilidad de dividir el pago de la matrícula vehicular en cuotas de 12 meses y un bono de 2000 lempiras (80 dólares), ejecutado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en el que se entregaron 140 millones de lempiras (5600 millones de dólares) a 70 000 conductores.
La violencia e inseguridad no ha parado en el país y de acuerdo con la encuesta de percepción del Ov-unah, un 59.4 % de los hondureños entrevistados cree que la inseguridad va a empeorar en los próximos 12 meses.
