En casi 7 meses, Honduras ha detectado más de 65 000 casos positivos de COVID-19. Debido a la emergencia, el gobierno ha recibido transferencias de dinero, insumo médico y equipo de protección personal en donaciones internacionales. Los portales de transparencia no dejan claro el destino de las mismas.
Portada: Foto de Archivo/ Deiby Yánes
Texto: Vienna Herrera
El gobierno de Honduras ha ejecutado 5000 millones de lempiras (213 millones de dólares) en la compra de hospitales móviles, pruebas PCR, algunos insumos médicos, contratación de personal a través del programa Código Verde, bonos a ciertos sectores de trabajadores, transferencias municipales para abrir centros de triaje y la operación Honduras Solidaria. Sumado a esto, el gobierno también ha recibido insumo médico, de bioseguridad y dinero en efectivo, como parte de donaciones de otros países y de organismos internacionales. Las donaciones suman 30 millones de dólares entre proyectos y dinero en transferencias, esto excluye el equipo médico, 120 ventiladores mecánicos, 152 000 pruebas PCR y los insumos de bioseguridad como mascarillas.
Al inicio de la pandemia se decretó que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargaría de gestionar y registrar todas las donaciones que recibiera el país, pero que sería la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) la que se encargaría de recibirla y entregarla en los lugares donde fuera necesaria. El canciller Lisandro Rosales, es el mismo encargado del Sistema Nacional de Emergencias (Sinager).
Excepto un par de casos en que las donaciones fueron entregadas directamente de los donantes a los centros hospitalarios, el registro que lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores no detalla más información sobre las demás donaciones recibidas por Copeco. En el portal de transparencia de Copeco, tampoco señalan cuáles fueron los destinos finales. Mientras tanto, en el Instituto Cardiopulmonar y en el Hospital Escuela Universitario —centros hospitalarios consultados por Contracorriente—, tampoco tuvieron claro qué equipo de bioseguridad entregado por Copeco era donado y cuál fue comprado.
En abril, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) le pidió a Gabriel Rubí —en aquel momento ministro de Copeco—, que se estableciera un área dentro de la bodega que tenía la institución en sus instalaciones, para agrupar los insumos que venían de donación y diferenciarlos de las adquisiciones. Además, pidieron que se le instruya al área de Ayuda y Asistencia Humanitaria de Copeco a acompañar con documentación la salida de los insumos y sus autorizaciones.
Las compras realizadas durante la gestión de Rubí fueron sumamente cuestionadas, esto llevó a que fuera destituido de su puesto como director y a que el Ministerio Público (MP) abriera líneas de investigación sobre su gestión. En mayo, Rubí declaró ante la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, sobre la compra de un hospital móvil instalado en Villanueva, Cortés.
Contracorriente contactó al actual ministro de Copeco, Carlos Cordero, así como a la vocera para conocer las condiciones actuales de las bodegas y los detalles de las donaciones recibidas. Tras varios días de solicitar entrevistas no se tuvo una respuesta.
En el registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre donaciones aparece que Honduras recibió 2 millones de dólares de Estados Unidos para mejorar el laboratorio de virología de San Pedro Sula, 1 200 000 dólares de la embajada de España para la alcaldía de Comayagua y para organizaciones no gubernamentales; 2 414 300 dólares de Taiwán y 75 000 dólares de la embajada de Colombia.
De los fondos de Taiwán y Colombia solo mencionan que se donaron para apoyar a la emergencia por COVID-19 en Honduras. Ambos fondos fueron recibidos por Copeco, pero en sus portales de transparencia no aparece información sobre el fondo de Colombia. Mientras que el dinero de Taiwán, Copeco señala que lo utilizó para la elaboración 225 000 batas quirúrgicas descartables suministradas semanalmente por un total de 37 000 dólares, el contrato se firmó con la Asociación Hondureña de Maquiladores. Además de eso, utilizaron estos fondos para pagar el contrato de hospedaje y alimentación para la Brigada Médica Cubana, en el departamento de Cortés, por un total de 946 000 lempiras ($37 840) a la Sociedad Mercantil Maya Colonial. El resto de la donación en efectivo de Taiwán no han explicado en que se utilizará.
Otras donaciones de parte de Taiwán, Estados Unidos, Corea y el Consejo Empresarial de América Latina fueron de equipo de bioseguridad, más de 2 millones de mascarillas quirúrgicas y N95, guantes, gel antibacterial, batas, kits de limpieza, gafas, gorros, protectores faciales. En ningún documento de Copeco se señala dónde fue asignado exactamente este equipo.
Además, se recibió apoyo de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, Taiwán y la India, para mejorar los centros hospitalarios con cámaras termográficas, oxímetros de pulso y más de 1 millón de tabletas de hidroxicloroquina.
Sumado a esto 120 respiradores mecánicos fueron recibidos por el Estado de Honduras en concepto de donación. El doctor hondureño con residencia en Estados Unidos, Plutarco Castellanos, donó 34 ventiladores, Naciones Unidas donó 6 para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Estados Unidos dio 20 ventiladores el Hospital Escuela Universitario y al Hospital María de Especialidades Pediátricas y 50 para la Secretaría de Salud y Banco Atlántida donó 10 respiradores recibidos por el Poder Ejecutivo.
Nia Carbajal, vocera del Instituto Hondureño Cardiopulmonar (Tórax), señala que debido a las donaciones recibidas fue que se mejoró la capacidad hospitalaria, «en su inicio UCI tenía capacidad para 4 pacientes para ser intubados y a medida que recibimos donaciones —incluso la Asociación de Bancos nos donó respiradores y ventiladores— se incrementó a una capacidad de 8 pacientes que necesiten ser intubados».
Carbajal añade que el mayor problema que han tenido con personal en primera línea es el desabastecimiento mundial en mascarillas N95 porque se estaba entregando KN95 en los hospitales y se comenzó a dar además una mascarilla quirúrgica para reforzar la seguridad, aunque no sean tan efectivas como la N95. «Eso generó incomodidad en el personal, Secretaría de Salud hace como 15 días suplió como 3000 gamas de N95, pero eso no es suficiente».
Solo en el Tórax se utilizan a diario 600 kits de bioseguridad que incluye N95, quirúrgica, guantes, batas descartables, «el costo de cada kit anda entre 1000 a 1200 lempiras y tenemos un personal de 3 turnos, todos los insumos de bioseguridad que puedan adquirirse para persona en primera línea nunca van a ser suficiente aun recibamos donación y adquisición», añade Carbajal.
Pruebas PCR realizadas han sido donadas
Una de las donaciones que más le han aportado a Honduras son las 152 484 pruebas PCR para detectar COVID-19, estas donaciones son casi la totalidad de las pruebas realizadas en el país hasta el momento. Desde que se reportó el primer caso en Honduras, del 11 de marzo hasta el 8 de septiembre se han realizado 154 645 pruebas de las cuales 65 218 resultaron positivas.
Del total, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó 84 784, la Organización Mundial de la Salud 3000, el Banco Centroamericano de Integración Económica 26 000, Estados Unidos 17 800, Corea 10 900 y Taiwán 10 000 pruebas que, según su portal de transparencia, fueron destinadas al personal de Copeco.
Las pruebas que el gobierno ha comprado oficialmente a través de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-h) fueron 250 000 a la empresa surcoreana Bioneer por 1 875 032 dólares. Estas pruebas se encuentran todas en mal estado.
La junta interventora de Invest-h informó a través de un comunicado que 100 000 que se encontraban almacenadas en bodegas se habían dañado porque no se cumplió con la cadena de frío, mientras que las restantes 150 000 se echaron a perder porque Invest-h no las admitió y se espera que sean sustituidas por el proveedor, pero una cláusula contenida en el contrato firmado por ambas partes, señala que el comprador, o sea el Estado de Honduras, se responsabiliza por daños ocurridos durante el transporte y el almacenamiento.
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Hasta el momento aún no se tiene respuesta de qué pasará con estas pruebas, aunque el gobierno asegura que comenzarán a aplicar PCR en todos los centros de triaje habilitados en el país. Pero, entre mayo y junio el Laboratorio Nacional de Virología reportó una mora en las pruebas, en ese momento también comenzó un repunte de laboratorios en el país autorizados para hacer varios tipos de pruebas: 2 tipos de pruebas rápidas de sangre para detectar anticuerpos, el hisopado nasofaríngeo y la Proteína C Reactiva, que busca detectar infecciones en el cuerpo.
Actualmente las pruebas rápidas en laboratorios privados para detectar anticuerpos cuestan entre 350 y 700 lempiras (entre 14 y 28 dólares) con resultados inmediatos o de máximo 12 horas, mientras que el hisopado puede costar desde 1200 hasta 5000 lempiras (entre 48 y 280 dólares), con entrega de resultados entre 6 y 48 horas.
El martes 9 de septiembre fue presentada la nueva jefa del Laboratorio Nacional de Virología, la doctora en microbiología Mitzi Castro, este es el tercer cambio de coordinación que sucede desde que llegó la pandemia por COVID-19 a Honduras.
Con la reapertura económica decretada por el gobierno en la que las empresas pueden funcionar con el 20 % de empleados y aumentando la cantidad gradualmente, dependiendo de la fase de reapertura en que se encuentre el municipio, en muchos trabajos comenzaron a pedir como requisito una prueba rápida de COVID-19.
Estas últimas semanas el Laboratorio de Virología reportó una baja en los casos debido a que los equipos entraron en mantenimiento para poder incrementar el número de pruebas, el lunes 7 de septiembre apenas se procesaron 281 pruebas. Con los cambios que se realizan en el laboratorio, el gobierno espera poder procesar de 2500 a 3000 pruebas diarias para entregar resultados en 72 horas.
A pesar de esto, Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, aseguró en medios de comunicación que en estos meses ya no se tienen mora en las pruebas, como ocurrió meses atrás, «agosto y septiembre no tiene mora, han venido microbiólogos expertos que van a evaluar algunos casos pendientes, si se eliminan o se hacen otras pruebas». Pavón añadió que entraron más kits de extracción al país y cuatro equipos con lo que esperan dar una mejor respuesta en cantidad de pruebas procesadas.
Mientras tanto, en el Instituto Hondureño Cardiopulmonar, el principal centro de atención para COVID-19 en Tegucigalpa, se preparan para una nueva ola producto de la reapertura económica.
«Han sido ya 9 salas las que se habilitaron por la afluencia de pacientes, luego de que se rebasara la capacidad hospitalaria en 106 %, en este momento hemos cerrado dos salas que antes eran una sala de estadía y tuberculosis, estamos por cerrar la sala que era VIH y el hospital estaría atendiendo esto nuevamente», dice Nia Carbajal, vocera del Tórax, sin embargo asegura que desde el viernes 4 de septiembre el centro asistencial reporta un aumento de 1.43 % en la ocupación hospitalaria.
Carbajal sentencia que de seguir aumentando diariamente 1.40 % por un rango de dos semanas tendría que volver a habilitar todas las salas.
