Catástrofe ambiental se avecina tras legalización de importación de desechos tóxicos

Una reforma a la Ley General del Ambiente permitirá que Honduras pueda importar desechos tóxicos al país, provenientes de baterías de carros, después de que se aprobara la interpretación de varios artículos de la ley durante una sesión virtual del Congreso Nacional el pasado 17 de junio. Los cinco artículos mencionados en el decreto prohibían la introducción al país de desechos tóxicos considerados perjudiciales o contaminantes y se modificó para señalar que “no es prohibida la importación, fabricación y/o reciclaje de baterías de plomo/ácido, selladas nuevas o usadas”.

El Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho), una organización no gubernamental dedicada a la justicia ambiental, declaró a través de un comunicado, que no existe una razón jurídicamente válida para interpretar esos artículos. “Se deduce de sus propios términos la intención de los legisladores de 1993 que prohíben la importación de desechos tóxicos proveniente de otros países, por el daño que producen a la salud de la población y a los ecosistemas”.

La iniciativa fue presentada por la diputada nacionalista, Leonor Osorio, quien declaró a través de redes sociales que la polémica generada después de su aprobación era “una interpretación malintencionada de diputados de oposición”. Para la parlamentaria no se está abriendo el país al ingreso de tóxicos sino únicamente de baterías de plomo. 

El analista ambiental Pedro Landa dice que los daños a la salud humana y los efectos ambientales por el plomo ácido ya se habían vivido en Honduras con fábricas de batería de plomo que cerraron operaciones por los daños ambientales que verificó el Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO). “Los resultados de investigaciones identificaron que más del 30% de los trabajadores estaban contaminados con niveles de plomo en su sangre por encima de 10 veces más del límite máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud”. 

Jari Dixon, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), señaló que “el problema es que van a traer cantidades industriales de este material, baterías en mal estado, eso es considerado en cualquier parte del mundo desecho tóxico, hay países que se están queriendo deshacer de ese material porque es contaminante”.

Osorio dice que su propósito es crear una industria del reciclaje de baterías que además genere empleo. “Si no fomentamos la industria de reciclaje de una manera seria y ordenada que cumpla con todos los estándares internacionales, lo que vamos a lograr es que no tengamos la industria, cierren sus operaciones y se vayan a un país donde sí les den las condiciones para poder operar y competir, así como Guatemala y Costa Rica” decía la publicación. En Costa Rica existe la planta de reciclado BP Metals, mientras que en Guatemala existe Acumuladores Iberia, representante de las baterías LTH.

La situación para la población hondureña podría complicarse, como sucedió antes. Un informe del CESCCO señala que en el área urbana de Tegucigalpa hasta 2004 operaban cuatro fábricas y cerraron operaciones por presiones legales, laborales, ambientales y sociales. Datos generados para el estudio indicaron que 33% de trabajadores expuestos al plomo manifestaron padecer  síntomas del sistema nervioso central como cefalea y náuseas, seguido por letargia e irritabilidad y tenían niveles excesivamente altos de plomo en su sangre.

En el mismo informe señalan que entre 1969 y 1976 se reportaron 5 eventos de mortandad de peces en el Lago de Yojoa, cifra que ubica al sitio como el de mayor incidencia de estos eventos en el país, que en autopsias posteriores se determinó que la causa de muerte era intoxicación aguda por metales pesados que contaminaban la zona, entre ellos el plomo. 

 “Estos datos son importantes, dado que indican, por una parte, que los trabajadores que manipulan plomo en los puestos de trabajo carecen de medidas de higiene y seguridad y, por otra parte, revela un manejo inadecuado del plomo en todo el ciclo de vida” añade el documento. 

Dennis Castro Bobadilla, diputado por el partido Alianza Patriótica, señaló en medios de comunicación que “ninguna ley de ese tipo surge si no hay alguien interesado en ese aspecto (…)  las personas que tienen un interés particular, un diputado que representa o cuida intereses económicos”.

Bobadilla señala que Honduras tuvo la fábrica Distribuidora de baterías Yojoa, pero que además el país ha tenido una relación cercana con la industria de reciclaje de plomo con El Salvador que desde 1994 hasta 2007 tuvo la fábrica de baterías Record ubicada en La Libertad de El Salvador. Esta fábrica produjo tantos daños ambientales y a la salud de personas que se emitió emergencia ambiental en la zona. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en El Salvador identificó 300% de plomo en aguas residuales de la compañía y 99 casos positivos de plomo en la sangre, 79 de ellos correspondían a menores de edad.

La empresa Central America Data señala que en 2019, el valor importado de baterías para autos desde México a Centroamérica registró $72 millones. El mayor comprador de baterías nuevas provenientes de las fábricas de reciclaje de México fue Guatemala con $21 millones, seguido de Honduras y Costa Rica, con $15 millones cada uno. 

El plomo, a pesar de ser un metal muy utilizado es extremadamente peligroso para la salud por su neurotoxicidad. Es una sustancia que se acumula y afecta a diversos sistemas del cuerpo: nervioso, hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal, con mayores efectos nocivos en los niños y niñas. 

Las baterías de carros contienen ácido sulfúrico, agua destilada, placas positivas compuestas por pentóxido de plomo y placas negativas de plomo activo. Para el proceso de reciclaje, las baterías son aplastadas y mediante un proceso de combinación con agua, se puede separar el plomo del plástico que las recubre. 

Aunque las compañías que se dedican a esto filtran el agua utilizada con químicos para separarla de los residuos del plomo, esto produce emisiones de plomo en el aire y un mal manejo expone a los seres humanos que manipulan el plomo, al terreno en donde se encuentra la empresa y a las fuentes de agua que tengan contacto. 

La diputada Osorio asegura que con industrias certificadas no representan daños a la salud. “Si las baterías son recicladas por industrias certificadas no hay daños a la salud de nadie, ni de los empleados ni de las poblaciones. En el caso de las plantas establecidas en el país (en naciones que permiten la industria de reciclaje de baterías), tienen estrictas medidas de bioseguridad con reconocimientos internacionales, cada empleado usa equipo de protección personal y de forma muy regular se hacen inspecciones médicas. En el caso de la población, en más de una década no se conoce de denuncias por toxicidad porque simple y sencillamente no la hay”. 

Sin embargo, los marcos normativos que regulan a las fundidoras secundarias de plomo en Canadá, Estados Unidos y México no brindan niveles equivalentes de protección ambiental y de la salud, según reportó un “Estudio sobre las exportaciones de baterías de plomo-ácido usadas generadas en Estados Unidos y el reciclaje de plomo secundario en Canadá, Estados Unidos y México” realizado por el secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental del norte. 

El estudio destaca que en México no existen reglamentos que establezcan límites en la emisión de plomo en chimeneas, tampoco tiene un protocolo obligatorio para la separación, por motivos médicos, de los trabajadores que presentan niveles de plomo en la sangre iguales o superiores a un umbral especificado. 

Para el analista ambiental Pedro Landa, la ley “estaría condenando al país a convertirse en un basurero tóxico y a tener una pandemia permanente peor que la que estamos viviendo a nivel mundial”. Agregó que el país no tuvo voluntad política para atender a la población que se contaminó en el Valle de Siria por la presencia de la empresa la empresa Minerales Entre Mares de Honduras, donde la Fiscalía del Medio Ambiente certificó los daños en la salud. 

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La situación que se podría generar en Honduras nuevamente motivó a que la Consultoría Especializada en Legislación y Gestión Ambiental (Ecojuris) recolecte firmas digitales para hacerlas llegar al Congreso Nacional, hasta el momento han recolectado más de 4 000, “con lo que tengamos se las vamos a hacer llegar porque como no se sabe con la pandemia cual es el mecanismo para presentarlas” señaló Nohelia Vallejo, encargada de gestión del turismo y patrimonio en Ecojuris.

La petición va acompañada de una carta dirigida a los diputados en la que señalan que estas modificaciones pueden ser malinterpretadas y no solo permitir el ingreso de baterías en mal estado “puede entenderse también, que los productos o desechos clasificados en el Convenio Basilea podrán importarse cuando se notifique su movimiento transfronterizo lo cual es una carta abierta para introducir no solo baterías, sino cualquier tipo de desperdicio”. 

Ecojuris añade que esto sería una regresión contra el Convenio de Basilea y otros tratados internacionales suscritos por Honduras, que regulan el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

De igual forma, el Gremio de profesionales de la ingeniería ambiental de Honduras, a través de un comunicado, asegura que el país manda un mensaje de incumplimiento y un irrespeto a las condiciones elementales de mantener un ambiente sano a su población. Además, denuncian que la reinterpretación “deja un vacío en la cadena de la gestión integral del residuo como el drenado de los electrolitos de la batería o acumulador de plomo, los electrolitos son una solución altamente corrosiva y con plomo soluble y en partículas con potencial riesgo sanitario y ambiental que merece atención si es tratado en el ámbito nacional”. 

Landa asegura que la puesta en marcha de una fábrica de reciclaje de baterías de plomo significaría “condenar a esta población a la muerte, al exterminio y probablemente un problema del éxodo de estas comunidades, todo por el negocio de unas cuantas personas”.