La vida de las mujeres en Honduras no es ajena al negocio de drogas y crimen organizado que gobierna el país: forman parte de la dinámica como objetos de satisfacción del narco, como fuerza de trabajo indispensable para sostenerlo y expandirlo al asumir las tareas del hogar para que el narco trabaje e incluso resistiendo las violencias de género que derivan del crimen organizado. Este análisis realizado por el colectivo feminista Luchemos, se da después de que se conociera la culpabilidad del hermano del presidente de Honduras, Antonio “Tony” Hernández, por cuatro delitos, entre ellos el de conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.
Los personajes involucrados en el narcotráfico incluyen a funcionarios públicos, políticos y expolicías acusados en Estados Unidos, pero también hablan de una relación con la policía y los militares. En sus declaraciones, Emil Bove, fiscal del caso, menciona que “a partir del 2010 el presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el tráfico de drogas” además de que obtenían información de los radares militares, así como de las bases y movimientos con el fin de cuidar los cargamentos de drogas.
Aunque la relación de los militares en el narcotráfico fue cuestionada durante el juicio, un mes antes el presidente Hernández había aprobado mediante decreto ejecutivo un Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras que será administrado por las Fuerzas Armadas de Honduras, esto significaría que los militares estarán encargados de administrar no sólo la seguridad pública como el mismo presidente lo determinó al crear fuerzas policiales militarizadas, sino también la seguridad alimentaria.
El programa tendrá un presupuesto de 4 mil millones de lempiras (163 millones dólares) que se ejecutarán entre 2019 y 2025, acción que para diversos sectores viene a fortalecer la militarización del país. La organización “Luchemos” tuvo acceso al plan agrícola y han denunciado que tiene como foco los departamentos donde hay más conflictos territoriales por proyectos extractivos, también territorios para la ruta del narcotráfico.
Contracorriente (CC) habló con Andrea Nuila (AN), miembro del colectivo feminista Luchemos, sobre la situación de violencia en los conflictos territoriales, incluyendo el narcotráfico, y cómo esto recrudece la violencia contra las mujeres.
CC: ¿Cómo ven la situación de violencia contra la mujer en Honduras?
AN: Los femicidios han subido, la violencia doméstica e intrafamiliar es una situación que permanece y no ha mejorado porque tiene que ver con situaciones estructurales que van más allá de hacer políticas públicas superficiales que solo pretenden que van dirigidas a responder el problema de la violencia o del sexismo pero que en realidad no responden a las realidades de la mayor parte de las mujeres. Nosotras estamos interesadas en entender cómo una violencia generalizada, que es parte de la producción de la droga en este país está, está relacionada también con la vida de las mujeres.
CC: Según los análisis que han hecho como organización ¿Qué relación encuentran entre la violencia contra las mujeres y el narcotráfico?
AN: Las compañeras mexicanas que han tenido más tiempo para poder analizar de una forma conceptual lo que está pasando y cómo afecta a las mujeres el narcotráfico usan diferentes categorías, no es para designar el rol moral que cumplen las mujeres sino para entender cómo estamos en ese sistema.
Hablan sobre las mujeres como parte de la producción de la droga, así como pasa en el narcotráfico pasa en cualquier ámbito de la economía, las mujeres toman los trabajos menos pagados, más peligrosos, el trabajo está altamente sexualizado, tiene que ver con el género y cómo a las mujeres se les impone que tienen que utilizar su cuerpo de cierta forma para que la producción y la acumulación del narco siga existiendo. En términos más conservadores: es el narco utilizando los cuerpos de las mujeres para acumular capital.
Por otra parte, las mujeres como víctimas de la violencia: víctimas de trata, las que viven en ese entorno donde la resolución de conflictos pasa por las armas, eso significa generalmente que las mujeres están en una posición de vulnerabilidad porque se utilizan también como trofeo. Todo esto fue interesante para entender lo que está pasando en Honduras que es como un inframundo, porque no hay datos.
CC: ¿Qué análisis hay detrás de cómo los narcotraficantes se refieren a las mujeres?
AN: En medio del juicio de Tony Hernández tanto los periódicos, los analistas invitados a los programas, las personas que estaban escribiendo sobre esto eran hombres: el análisis siempre desde su mirada, desde la política de los hombres, el problema pero también la solución. Nosotras somos parte de la oposición y nos sentimos bastante alarmadas de ver que la solución también sin que la agenda feminista se viera como una contribución. A lo largo del juicio la única referencia a cómo afecta a las mujeres el narcotráfico la hizo el mismo acusado, ni siquiera en el juicio, sino en el vídeo que se hizo viral cuando la DEA lo interroga y él hace alusión a las mujeres que están en las fiestas como diciendo “las cosas, los accesorios” y nos volvimos como un accesorio no sólo de esa escena sino de la discusión en general y por eso nuestra apuesta fue entrar a la discusión otra vez.
Plantón de las organizaciones feministas contra la militarización del país frente a Casa Presidencial, Tegucigalpa, 1 de noviembre de 2019. Foto: Martín Cálix.
CC: En el caso del movimiento social ¿creen que el tema de los derechos de las mujeres es una segunda agenda?
AN: Sí, yo creo que eso ha sido una lucha del movimiento feminista en general y no solo en Honduras. A nivel de organizaciones mixtas siempre es un reto que las mujeres tengan estos puestos de liderazgo, que las mujeres participen en la elaboración de estrategias políticas, que las mujeres estén al frente de las organizaciones. Es difícil por muchas razones y aún más es difícil que en los partidos u organizaciones que le apuestan a este poder institucional, para las mujeres poder combatir esta doble moral que existe en la sociedad en general ¿cómo una mujer llega a ser diputada? tiene que combatir no solo las políticas machistas y sexistas de su propio partido, sino que cuando sale a combatir las estructuras de este país también tiene que ser atacada o está expuesta a ser atacada, no por sus convicciones políticas, sino por cómo se ve y lo que hace en términos privados.
CC: ¿Cuál sería una posible solución a estas situaciones?
AN: Entonces entendemos que ese es un reto real y es una relación complicada, pero no creemos que la solución sea optar por el éxodo, salir de la política sino seguir luchando desde adentro, desde todas las organizaciones para poder combatir y contrarrestar estos estereotipos e ir repensando formas distintas de hacer política, un poco para interrumpir esa dicotomía entre que las feministas somos enemigas de nuestros compañeros hombres cuando se trata de poner la agenda y la cosa es que hay que transformar la agenda completa, no es solo de añadir una colita, una perspectiva de género sino transformar toda la agenda política.
CC: Los análisis que han hecho señalan que las cifras de violencia hacia las mujeres eran más altas en los tiempos en que Los Cachiros tuvieron su mayor espacio de actividad violenta ¿Cómo lo relacionan?
AN: Nos pareció interesante ver que en este plazo en que se estaba consolidando el narco en estos lugares para apoyar la candidatura de Juan Orlando, justo en ese momento es cuando tenemos un aumento de femicidios de manera significativa. Pero ¿cómo se mide esto para poder decir con seguridad que está relacionado al narcotráfico? Es difícil, pero por lo mismo tenemos que ver el contexto en general y para nosotras es más que evidente que en esos lugares donde más violencia hay y en ese momento donde los femicidios escalan, tienen que ver por una lucha por territorio.
Pero es solo una superficie de lo que realmente podríamos encontrar si al Estado le importara indagar un poco más, si existieran los recursos para poder hacerlo, si existiera el acceso.
CC: ¿Qué relación encuentran entre este plan agrícola y los lugares del país con mayores proyectos extractivos? que, según su información, son puntos de foco del plan
AN: Obtuvimos información sobre los departamentos donde se están haciendo preparaciones, no porque hay un documento público que nos permitió acceder a eso, sino que tuvimos acceso a un plan oficial de parte de las personas que estaban participando en la elaboración. Nos pareció que es claro que en Choluteca donde se están pensando hacer las Ciudades Modelo es uno de los lugares donde están priorizando militarizar la producción agroalimentaria, es complicado pensar que los militares están yendo a Colón (por ejemplo) a emprender procesos de formación con las organizaciones campesinas sin pensar que bajo eso también están ejerciendo tipo de control con las organizaciones sobre las dinámicas, estrategias, objetivos políticos que puedan tener y eso es altamente sospechoso.
CC: Mencionaban también que la aprobación viene con un mensaje de instrumentalización de la mujer para justificar el plan agrícola, ¿cómo es la realidad de las mujeres agrícolas según conocen ustedes y en qué debería enfocarse el Estado?
AN: Considerando la lucha que las compañeras campesinas han emprendido en el país, entiendo que CREDIMUJER hace 5 años fue aprobado y todavía no es ejecutado. Sin embargo, deciden otorgar 4 mil millones al Estado Mayor Conjunto para que sean ellos los que administren la agricultura, la lucha de territorios ¿qué rol juegan las mujeres en ese espacio? ¿qué relación tienen los militares en los territorios donde ellas están produciendo? En la fundamentación del decreto ejecutivo para la creación del plan agrícola está fortalecer los planes o políticas públicas inclinadas a asegurar la equidad de género en el campo y la soberanía alimentaria y me parece interesante porque las mujeres que están en los territorios de conflictos sufren una violencia de género distinta a la de los hombres, sobre todo cuando son agredidas por militares.
Las personas que nos involucramos después del Golpe de Estado en la investigación de casos, tuvimos conocimiento de que muchas de las mujeres atacadas por militares eran violadas o les introducían objetos a sus vaginas y hay militares que fueron juzgados por eso, me atrevo a decir y no creo que ellas se sientan más seguras con la presencia de los militares ahí y tampoco creo que necesitan hombres con armas para poder producir y emprender sus proyectos, lo que necesitan es que el Estado asuma la responsabilidad que le toca, ejecute los fondos que prometió y que cumpla con las demandas del movimiento campesino: acceso a tierras, redistribución de los recursos, todo el trabajo que hacen las mujeres que no es reconocido y no es valorado que sea remunerado. Sería ideal pensar en vez de utilizar a las Fuerzas Armadas como una vía para canalizar fondos, pensar de qué forma se le puede asegurar la vida a estas mujeres que hacen trabajo en el campo pero que no tienen acceso a crédito, a las titulaciones de tierras, pero que todos los días se levantan a las 4 de la mañana para que el trabajador salga al campo o hacer el trabajo necesario en la casa para que los hijos y las hijas salgan al campo, pero eso no es una prioridad.
CC: ¿Qué significa para las mujeres mayor militarización?
AN: Para mí simplemente poder o control, no creo que las mujeres tengamos una buena relación con las Fuerzas Armadas en este país, la historia lo dice y no veo cómo eso puede ser una herramienta de emancipación para nuestra condición.
