Texto: Vienna Herrera
Foto de archivo: Martín Cálix
En medio de juicios por malversación de fondos en contra de varios diputados, en el Congreso Nacional comenzó un proceso para blindar nuevamente a los funcionarios de gobierno con el fin de que el Ministerio Público no pueda proceder en contra de funcionarios públicos, lo que también obstaculizaría a la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH).
El proyecto lo introdujo el diputado del Partido Nacional, Marcos Paz Sabillón, para reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública. Los sectores que se oponen a la reforma, señalan que esta busca limitar las atribuciones del Ministerio Público (MP) y designar como responsable de determinar las responsabilidades civiles y penales al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre acciones u omisiones ejecutadas por funcionarios de órganos colegiados en el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, las intervenciones del TSC son las que darán lugar a que el Ministerio Público proceda por la vía correspondiente, mientras no se pronuncie el TSC. “No procederá el ejercicio de la acción civil, penal o administrativa contra los miembros de los órganos colegiados como resultado de la función pública ejercida mientras no se determine la responsabilidad de los mismos por parte del Tribunal Superior de Cuentas” señala la reforma.
Esta reforma es parecida a la que se realizó en 2018 a la Ley General del Presupuesto y que logró detener el proceso en contra de varios diputados acusados por malversación de caudales públicos a través de ONG’s en las que se apropiaron de 8 millones de lempiras ($44,400). Hace dos semanas la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional esa reforma cuando los diputados acusados en el Caso Arca Abierta intentaron utilizarla en su defensa.
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Mientras tanto el diputado Marco Paz, quien presentó el proyecto de reforma, asegura que está orientada a que el TSC fiscalice y audite aquellos diferentes entes colegiales cuyas juntas directivas están integradas no solo por funcionarios públicos.
Sin embargo, de acuerdo al artículo 2 de la ley en discusión, la administración pública central y descentralizada está constituida por “Organismos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública los curadores administrativos, los centros asociados, patronatos, asociaciones comunitarias, los concesionarios del Estado, las alianzas público-privadas, los fideicomisos que presten un servicio al Estado o las personas jurídicas de derecho privado que por propiedad o gestión sean controladas por la Administración Pública”.
De acuerdo a parlamentarios de oposición, el proyecto fue presentado de manera abrupta y en menos de 8 días ya se encontraba dictaminado y agendado para su discusión y aprobación, además asegura que el proyecto no fue socializado y que ni siquiera lo conocía el TSC.
Mientras tanto, la MACCIH denunció a través de un comunicado que esta reforma iría en contra de la Constitución debido a que le resta atribuciones al Ministerio Público para ejercer su labor de investigación, “pretendiendo que sus actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas, retrasando con ello las investigaciones, lo cual abre la puerta a la impunidad y sin duda es una medida que debilita todos los esfuerzos del país en la lucha contra la impunidad”.
Ante esta situación, la directiva del Poder Legislativo suspendió la discusión del mencionado proyecto, anunciando que lo van a socializar con los sectores obreros y empresariales, según ellos los únicos involucrados en las reformas que se estarían realizando.
Los diputados del Partido Nacional aseguran que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. “Existen diputados que se prestan y colaboran a desprestigiarnos como institución y sobre todo que mal interpretan y con algún tema dañino quieren darle otro rumbo, otro sentido a los decretos y temas que se manejan aquí en el Congreso Nacional. Son los que más salen criticando asuntos que se están discutiendo” añadió Zambrano en declaraciones públicas sobre el tema.
Sin embargo, para la diputada por el Partido Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez el proceso no se les dio a conocer antes. “Ahora dicen que lo van a socializar ¿por qué no lo hicieron antes si era tan bueno? Nos quieren engañar diciendo que eso nos va a favorecer a los diputados, tenemos que cuidar los fondos públicos sea que en la junta directiva estén obreros, campesinos, funcionarios públicos o empresarios porque el dinero es dinero del pueblo” sentenció.
Yhavé Sabillón, coordinador de la MACCIH, asegura que esta reforma es una respuesta a los últimos procesos judiciales que se han realizado contra funcionarios públicos. “El análisis es extensivo y sabemos las intenciones de los grupos vinculados a actos de corrupción que quieren empantanar estas resoluciones presentes y las futuras que vienen” señaló.
Hasta el momento la MACCIH en conjunto con La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad Corrupción (UFECIC) han revelado al menos tres casos de corrupción involucrando a diputados y exdiputados en malversación de fondos a través de organizaciones no gubernamentales y que en algunos casos, aseguran que los fondos fueron utilizados para campañas políticas del Partido Nacional y Liberal en 2013.
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Para la diputada Doris Gutiérrez los avances de la MACCIH no han sido fáciles debido a las estructuras que se comienzan a tocar. “Tienen varios candados para hacer una buena investigación, no se ha aprobado la Ley de colaboración Eficaz, existe la Ley de Secretos y lo poco que se ha hecho ha sido con un gran esfuerzo, rompiendo redes tremendas de impunidad y corrupción, enfrentándose con grupos de poder realmente fuertes” finalizó.
De acuerdo a la información pública de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, en los últimos 4 meses el gobierno ha desembolsado casi 70 millones de lempiras para organizaciones no gubernamentales, algunas de ellas pertenecientes a personas que actualmente enfrentan procesos judiciales por malversación de fondos.
