Iris Alas se convirtió en activista por los derechos digitales después de ser víctima de violencia y acoso digital. Ahora, desde la organización Laboratorio Ciudadano, sigue los pasos de Olimpia Coral, la activista mexicana que impulsó reformas legales que llevan su nombre en México y Argentina. Alas busca que en Honduras también se logre una legislación más clara y efectiva para proteger a niñas y mujeres de la violencia digital.
Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté
La historia de Iris se parece mucho a la Olimpia Coral, se trata de reivindicación, de reclamar su nombre y su cuerpo ante la violencia digital. Pero al igual que Olimpia, no comenzó sintiéndose así.
En 2021, Iris Alas recibió un mensaje de un compañero de clases, que le avisaba que sus fotografías íntimas estaban en un grupo de Telegram llamado «Catranuds» en donde había miles de suscriptores.
Iris podía imaginarlo todo: los ojos, las manos sobre las pantallas, el almacenaje en miles de celulares: era como si cuerpo estuviera fuera de su alcance. Se encerró, no sabía a dónde podía ir, con quienes hablar; le aterraba ir de nuevo a la universidad porque temía que se le acercaran porque había visto sus imágenes: «es como que fuera una violación pública, esa sensación de paranoia, de sentir que todo el mundo sabe cómo se ve uno desnudo», relata Iris.
Aunque primero pensó que su expareja había filtrado el contenido, tras investigar se dio cuenta que su correo y varias cuentas de redes sociales habían sido hackeadas cuando había aplicado a un trabajo; de ahí provenían las imágenes que se estaban difundiendo sin su consentimiento.
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Así que Iris fue a denunciar. En la policía le dijeron que no podían actuar si no sabían quién estaba detrás y que tampoco era realmente un delito, pero Iris había leído el Código Penal y sabía que el artículo 272 protegía la divulgación de secretos. Cuando lo explicó en la estación policial, aceptaron recibir la denuncia.
Iris, quien ya tenía un historial de activismo por los derechos humanos, decidió buscar otras opciones para presionar por justicia, y así se integró a la organización Laboratorio Ciudadano, una plataforma por los derechos digitales en Honduras. Ahora desde ahí documenta y acompaña casos de otras mujeres, y también ha organizado grupos que buscan lograr reformas en la legislación hondureña para que se reconozca a la violencia digital como un delito con penas específicas.
¿Qué implica una «Ley Olimpia» en Honduras?
Olimpia Coral, una activista mexicana, hace 10 años vivió la misma historia de Iris; su expareja difundió un video sexual y al menos 80 mil personas lo vieron. Más de la mitad de las personas vivían en su estado, en Puebla.
«Obviamente una ya lo cuenta de una manera diferente y con muchísimas otras expresiones, pero en ese momento fue algo muy difícil. El que el que tomen sin tu consentimiento, que produzcan sin consentimiento, que en una relación de confianza, tal vez de amor de relación, se haya grabado este vídeo dentro del sexting y que se haya hecho viral en redes sociales», relata Olimpia.
Olimpia cuenta que, en su momento, también le dijeron que no existía un delito y en la policía la revictimizaron. Pero, tal como lo hizo Iris años después, Olimpia decidió organizarse y comenzó a recopilar testimonios. «Decidí hacerme también responsable de ser víctima y decir: somos víctimas de una violencia que todavía no tiene nombre, pero hay que ponerle un nombre y hay que luchar, despojarnos nosotras del miedo a nuestro cuerpo desnudo», cuenta Olimpia.
Así, en 2014 presentó una propuesta de ley en Puebla para sancionar este delito, pero fue hasta en 2018 que consiguió que ese estado reconociera la violencia digital como un delito. Al conjunto de reformas legales que sanciona con penas de hasta seis años de prisión a quienes elaboran o difunden material íntimo sin consentimiento se le conoce como «Ley Olimpia». Hoy, los 31 estados de México se han adscrito a las reformas.
Según explica Olimpia, lo primero que hace la ley que lleva su nombre es reconocer violencias como ciberacoso o de violencia digital. Fue con esas reformas que encontró un poco de justicia. «Buscas mi nombre en internet y yo ya no soy la puta, la zorra, la que se dejó grabar, la que ofendían y señalaban. A mí me dio justicia, una forma de lucha, ¿no? Ahora soy Olimpia, la de la Ley Olimpia», dice. Comparte también que forma parte de la colectiva Defensoras Digitales de América Latina, que trabaja para impulsar las mismas reformas de México en toda la región, ya que la violencia digital afecta de manera diferenciada a las mujeres latinas.
Para Olimpia, es importante resaltar que las reformas legales no son todo lo que se debe hacer para combatir la ciberviolencia, sino que también debe haber campañas de prevención en todos los espacios, y que las plataformas digitales, por su parte, asuman la responsabilidad de bajar o bloquear directamente el contenido no consentido.
Agrega que, por eso, aún continúa en la lucha contra los «algoritmos machistas», pues muchos solo actúan de acuerdo a si un país tiene una legislación. «No creo que exista todavía una reparación real del daño hacia las víctimas que hemos vivido este tipo de violencia, o sea es imposible que una ley lo pueda poner y ya automáticamente tengamos justicia (…) tampoco ya no nos duele, de nada serviría meter a nuestro agresor a la cárcel, si de todas maneras ese video se sigue difundiendo», dice Olimpia, y explica que en plataformas como Google modificaron sus políticas después de la aprobación de la Ley Olimpia.
Para ella es fundamental que Honduras siga estos pasos. En una revisión rápida, Olimpia identificó que solo en uno de los más de dos millones de mercados de explotación sexual digital que existen en toda América Latina, donde se distribuyen videos sin consentimiento de las personas, encontró 6,146 videos de hondureñas,
«que van desde cámaras escondidas en baños públicos, de poner celulares por debajo de la falda, que son videograbadas en la calle sin que se den cuenta o bajando escaleras, hasta tener fotografías, videos tomados sin consentimiento o grabados con consentimiento, pero difundidos sin el mismo», explica Olimpia.
En Honduras es difícil conocer cuántos delitos de violencia digital ocurren porque no existe el delito como tal. Aunque no todos los reportes que recibe la Policía Nacional tratan de violencia basada en género, desde 2020, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Nacional recibió 1,422 denuncias, de las cuales el 85 % se presentaron entre 2023 y 2024.
Solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional son remitidas como investigaciones a la fiscalía hondureña para que proceda.
De igual forma, en la fiscalía hondureña, aunque no se sabe cuántos delitos están vinculados con la difusión de contenido sexual no consentido, la mayoría de personas que denuncian delitos cibernéticos son mujeres.
«Siento que la mayor parte, o el más grande problema que hay en Honduras en cuanto al avance de este tipo de leyes, es justamente el desconocimiento», analiza Iris, pues en muchas ocasiones la policía no lo considera un delito, aunque algunos artículos de las legislaciones pueden usarse para actuar. «Muchas veces ellos no saben que también pueden inferir o promover leyes desde sus unidades policiacas», agrega.
Cuando Iris denunció su caso, también encontró otro problema estructural: no todos los agentes de la policía tienen una formación con perspectiva de género que sea acorde para recibir e investigar este tipo de delitos. El agente que recibió la denuncia de Iris, le pidió las fotografías filtradas de ella como parte de las pruebas del caso. Aunque Iris temió dárselas, confió en que eran necesarias para el proceso, pero cuando el agente las recibió, comenzó a acosarla sexualmente.
Iris puso una denuncia por hostigamiento sexual en el Ministerio Público y actualmente está en espera de ir a juicio oral y público por este caso. Esa no es la única historia de Iris. En 2023 también sufrió acoso sexual por parte de un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y siguió todo el proceso, pero el docente no fue despedido, sino solamente sancionado con ocho días sin goce de sueldo. En Contracorriente contamos esa historia, protegiendo la identidad de Iris porque en su momento así lo requería para no interferir en el proceso legal.
Iris aún no sabe si el acoso sexual del docente estaba relacionado con la difusión de sus imágenes en los grupos de Telegram. «Uno no sabe al final si esta persona me acosó sexualmente porque vio mis imágenes o me está acosando sexualmente porque vivimos un país extremadamente violento», dice, y cuenta que muchos casos que ha acompañado, el acoso sexual excesivo por redes sociales provoca que las mujeres cierren sus redes, huyan del país o traten de bloquear que ocurrió, lo que puede tener consecuencias psicologicas.
Iris dice que, en su experiencia, lo que la ha salvado para sobrevivir estas historias de violencia son las redes de mujeres, como la que ahora tiene ella para apoyar a las que sufren ciberviolencia. «Esa red de apoyo que uno tiene es lo que lo termina salvando, porque yo he estado como en esa parte de la respuesta a la crisis, y he visto mujeres adultas, ya de unos 30 a 35 años, con hijos incluso, diciéndome que se quieren morir por toda esa situación, porque es algo abrumante», cuenta Iris.
Al igual que Iris, Olimpia señala que la organización es clave para conseguir reformas como la ley que ella promovió en México, a la que considera un movimiento también político. Finaliza con un mensaje para las mujeres que han pasado o pasan por una situación similar a la suya o la de Iris: «No es tu culpa, tu cuerpo desnudo no es un crimen. Nos van a hacer creer de todo: que se va a acabar nuestra escuela, nuestro trabajo, nos van a hacer incluso tener miedo nuestra propia desnudez, nos van a hacer odiarnos (…) pero todo eso es instalado en el miedo de tu cuerpo desnudo, que un agresor se lo acaba de inventar para hacernos creer que nosotras somos las realizadoras de nuestra violencia, y no él como un sujeto activo de este tipo de violencia».
