Elena* y sus hijas menores sufrieron acoso digital cuando un perfil falso publicó fotografías de las niñas en grupos de pedofilia, junto a sus números y direcciones de contacto. Elena no da su verdadero nombre para proteger su identidad, pero cuenta cómo en su camino por intentar obtener justicia y protección para sus hijas, descubrió que este tipo de violencias se apoya en vacíos legales y la negligencia de las autoridades.
Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté
Elena no durmió bien durante meses, y cuando lograba conciliar algo de sueño, siempre despertaba gritando. Era como si su cuerpo quisiera expulsar la frustración acumulada. Sus hijas estaban siendo vulneradas en redes sociales, en grupos de pedofilia, y Elena se sentía impotente. Ahora, cuando habla, parece que lleva mucho tiempo esperando que alguien la escuche. Lleva un registro minucioso de su larga historia, un reflejo de la impunidad del ciberacoso en Honduras.
En abril de 2022, el esposo de Elena, un agente policial, empezó a recibir mensajes de diferentes países en los que preguntaban el costo de más fotos y videos de sus hijas. Ni él ni Elena entendían qué estaba sucediendo, hasta que descubrieron de dónde provenían.
Eran fotografías comunes, robadas de las redes sociales de ambos padres, que habían sido publicadas por un perfil falso en 14 grupos de Facebook dedicados a difundir imágenes para pedófilos, junto con el número de teléfono del padre, la dirección y los datos de dónde estudiaban las menores. Las fotos iban acompañadas de material de abuso sexual infantil, para que en el grupo creyeran que se trataba de las mismas niñas.
«Yo realmente me puse muy mal, no sabía ni qué hacer», explica Elena. Aun con esas dudas, acudió a una estación policial al norte de Honduras a interponer la denuncia. Muestra la copia del documento de recepción de denuncia y cuenta que en la estación policial, el agente que recibió el caso miraba a su celular casi sin inmutarse con la historia y la angustia de Elena. «Quería como tener poderes para saber quién era que había subido a mis hijas ahí», relata con desesperación, como si estuviera de nuevo frente al agente policial.
Si bien las fotografías de abuso sexual infantil que estaban en los post con fotos de las hijas de Elena, en Honduras hay un amplio registro de casos de contenido de menores. Entre 2020 y 2022, se registraron 99 denuncias por la elaboración o posesión de material de abuso infantil. De estos casos, 43 fueron investigados y llevados a los juzgados, involucrando a múltiples víctimas, la mayoría niñas.
En el Código Penal hondureño, el delito se conoce como «pornografía infantil». Sin embargo, la Guía de Luxemburgo, un documento elaborado en 2016 por un grupo de expertos de 18 organizaciones internacionales, liderado por la red mundial Ecpat ‒que trabaja para poner fin a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes‒, recomienda utilizar el término «material de abuso sexual infantil» porque refleja que estos contenidos registran un abuso y constituyen evidencia de un delito. El uso de «pornografía infantil» puede minimizar la gravedad del crimen o darle una apariencia de legitimidad.
El delito en Honduras contempla que la elaboración, venta, distribución o difusión del material de menores de 18 años conlleva una pena de prisión de 4 a 6 años. Durante la aprobación del Código Penal vigente, organizaciones de mujeres y de la niñez denunciaron que hubo una disminución de la pena, pues la legislación anterior tenía una sanción de 10 a 15 años de cárcel.
El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, el subcomisionado Juan Sabillón, aseguró que cuando los casos involucran a menores, trabaja en conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) «porque muchas veces las imágenes de los menores son difundidas en páginas web en el extranjero; entonces la ventaja de Interpol es que tiene sistemas muy avanzados y son 196 países los que conformamos esta red internacional de policía», apuntó.
El subcomisionado Sabillón agregó que existen casos exitosos en Honduras donde Interpol ha intervenido. En abril de 2024 desarticularon una red de trata de personas y material de abuso sexual infantil en Roatán, donde había dos estadounidenses y un hondureño involucrados. «También el año pasado se dio la operación más grande contra la trata de personas, siempre en Roatán, dándole detención a 14 personas involucradas. Era trata de personas en su modalidad de explotación sexual, pero cibernética o informática, o sea, ellos lo que hacían era que tomaban fotos y o videos y luego las vendían en diferentes páginas web», explicó Sabillón.
Elena cuenta que, en su caso, nunca le dieron la opción de que Interpol interviniera porque el agente policial que recibió la denuncia no veía la situación como un delito contra menores; «ni que las hayan tocado, si eso fue por Facebook», asegura que le dijo el agente en una ocasión y que además, aunque tanto ella como su esposo pusieron a disposición de las autoridades sus celulares, el oficial le dijo que esa revisión tardaría mucho y solo perdería el tiempo.
Pero Elena sí tenía clara la gravedad de la situación contra sus hijas. Ella es una sobreviviente, de niña sufrió abuso sexual por parte de su padre. «El irrespeto que hicieron con mis hijas, que las expusieron ante estos hombres, eso me trajo demasiados recuerdos. El hecho de saber que mis hijas estuvieron ahí y lo que esos hombres les ponían que querían hacer, eso me puso mal», cuenta.
Dos años antes, Elena había denunciado que cuentas falsas la acosaban tanto a ella como a su esposo. Posteriormente, ambos recibieron amenazas de muerte y les exigieron un pago de 10 mil lempiras para detener el acoso. A pesar de presentar denuncias y presionar a las autoridades para que investigaran, la Dirección Anti Maras y Pandillas solo logró identificar que la dueña de la línea telefónica que solicitaba el dinero era la mejor amiga de la expareja de su esposo. Sin embargo, le informaron que no podían hacer nada más porque consideraban que se trataba de un «pleito personal».
Así que cuando Elena volvió años después, el agente la conocía y sabía que era insistente, y tenía razón. Tras 15 días de haber puesto la denuncia y que Elena no recibiera ninguna respuesta, comenzó a contactar a organizaciones de derechos humanos y a la Fiscalía de la Niñez para que le apoyaran. Ante la presión de correos y llamadas de varias organizaciones, el agente policial tuvo que responder.
No muy contento, la confrontó. «Mire, le voy a decir algo: usted puede llamar a mi jefe, puede llamar al mero jefe de la policía y nada va a cambiar, porque el que lleva el caso soy yo. Ya puede ser la esposa de quien sea, eso no va a cambiar, que a mí no me gusta tomarle importancia a este tipo de casos, son peleas de hombre».
Aun así, Elena ignoraba esos comentarios e iba a donde le pedían que fuera, dedicaba días a apoyar al agente policial a armar el expediente investigativo, en una ocasión logró que un fiscal del Ministerio Público les atendiera a ella y al agente asignado, el fiscal insistió en que debían interrogar a las personas que la Dirección de Anti Maras y Pandillas había identificado, pero el agente solo dijo que él nunca había interrogado a un sospechoso y no sabría como hacerlo.
Elena comenzó a trabajar sola, se metía a los perfiles de cada persona que comentaba o reaccionaba a las fotos de sus hijas, creó un registro detallado por país con capturas de pantalla y números de cada hombre que le había escrito a su esposo y entregó carpetas enteras con fechas y capturas de pantalla, todo lo que pudiera facilitar a crear el expediente investigativo.
Identificó un patrón de perfiles falsos que agregaban a todos los familiares de Elena y su esposo; así lograban mantenerse en el círculo y conseguir fotografías nuevas de sus hijas. Aunque Elena dejó de subir fotos de sus hijas e incluso prohibió que la escuela o familiares lo hicieran, algunos no le hicieron caso, por lo que el perfil falso siempre lograba recopilar nuevas fotos.
Pero cuando Elena llevó esta información a la policía, el agente comenzó a desconfiar de ella, le decía que sabía mucho de computación, e incluso le dijeron al esposo de Elena que si no retiraba la denuncia, la acusarían de haber puesto una denuncia falsa.
Elena comenzó a responderles a las cuentas que preguntaban por sus hijas; así logró que Facebook bloqueara muchas de las publicaciones. Pero fuera de las redes, la situación tampoco era fácil. Elena vendía en línea y el acoso que recibía en redes fue tanto, que afectó sus ventas. «Los hombres me gritaban que cuánto cobraba, porque como habían unos vídeos en TikTok con mis fotos diciendo que yo era “prepago” (trabajadora sexual) y tenían agregados a muchos vecinos conocidos de la colonia, entonces a veces los hombres, cuando andaban tomados, me gritaban cosas», relata.
Elena no solo sufrió estas violencias, sino también acoso sexual. El agente que no respondía por su caso le decía que «era muy bonita como para pelear por un hombre» o que quería invitarla a salir, que le daría el valor que merecía. También quiso valerse de su posición como investigador del caso para verla más seguido. En varias ocasiones también la amenazó; por ejemplo, cuando bromeaba con que se le caía un arma que estaba descargada, o cuando le dijo que él mataría a una mujer que le hiciera lo que ella le estaba haciendo a su esposo, algo que él consideraba una «humillación».
Finalmente, Elena se unió a una red de mujeres que buscan impulsar reformas judiciales contra la ciber violencia en el país, pero que también quieren concienciar a las autoridades sobre la importancia de aplicar la legislación actual en la protección de niñas y mujeres. Por ejemplo, el artículo 272 del Código Penal, en el capítulo de delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y la intimidad, protege el descubrimiento y revelación de secretos, un artículo que puede aplicar en casos de divulgación de imágenes, castigado con prisión de uno a tres años.
Olimpia Coral, activista contra la violencia digital y promotora de la Ley Olimpia en México, un listado de reformas que protegen a las mujeres de la publicación y difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, explicó a Contracorriente que en las legislaciones de cada país se deben ver de forma diferencial los casos de menores. «Es imprescindible que también entendamos que no son los mismos procesos para niños, niñas y adolescentes, que para personas mayores de 18 años. En México y Argentina, donde se aplica la Ley Olimpia, se aplican leyes donde se vela por el interés mayor de la niñez y se persigue por oficio».
Coral añadió que la violencia sexual digital afecta mayormente a la niñez en Latinoamérica, pues el Consejo Ciudadano de México registra que «más del 50% de los videos que se consumen en los nortes globales sobre lo que le mal llaman porno, pero es abuso sexual infantil, son de niños latinos».
Al final, Elena desistió de encontrar justicia en el caso de sus hijas con la policía, y ahora tiene un plan a futuro. «Quiero saber todo de las leyes, quiero saber cómo funciona, por qué no actuaron, qué fue lo que pasó y qué puedo hacer yo en contra de este agente». Ahora estudia para ser abogada, con lo que espera algún día influir en un cambio de legislación para que esta proteja a todas las niñas del país de la forma en que las leyes y las autoridades actuales no lo hicieron con las suyas.
