En Honduras, grupos de usuarios de la aplicación de mensajería Telegram se dedican a la difusión y venta de contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento, una actividad que va más allá de la simple distribución de estos materiales. Detrás de estos grupos se esconde una red de enriquecimiento ilícito y trata de personas en el ámbito digital, donde la explotación y el acoso generan un negocio perverso y lucrativo.
Texto: Vienna Herrera
Ilustraciones: Ambar Nicté
Una vez que el mensaje es enviado, se esparce sin control, y la pesadilla para mujeres, adolescentes e incluso niñas en Honduras apenas comienza.
El modus operandi es así: hombres que se ocultan en el anonimato, crean perfiles falsos usurpando identidades reales de mujeres en todas las redes sociales. Con estas identidades, agregan a las amistades de la persona a la que suplantan y comienzan a enviar mensajes a otras mujeres.
Las mujeres, sin sospechar nada, creen haber recibido un mensaje de alguien conocido. El mensaje es una oferta laboral, que les pide ingresar a una solicitud de inscripción que imita perfectamente un formulario de Google para agendar una entrevista de trabajo, comprar uniformes o unirse a un grupo de WhatsApp de la supuesta empresa. Inocentemente, las mujeres ingresan su correo y contraseña. Con eso, los hackers obtienen acceso a todas las redes vinculadas a ese correo.
Entre 2019 y 2023, el delito relacionado con el ciberespacio que más se denunció en el Ministerio Público fue el de acceso no autorizado a sistemas informáticos, con 1,232 denuncias en los últimos cuatro años. Asimismo, son las mujeres, adolescentes y niñas quienes más denuncian ser víctimas de este delito y otros que ocurren en el ciberespacio.
Los hackers actúan de noche, eliminando cualquier rastro que indique que estuvieron dentro de las cuentas. Borran incluso los mensajes de alerta que las redes sociales envían cuando se detecta un nuevo inicio de sesión. Las mujeres ni siquiera saben que han sido hackeadas. Los hackers obtienen imágenes de los chats, así como las que están almacenadas en la nube (a menudo, las mujeres no saben que todas sus imágenes se copian automáticamente en la nube).
Cuando las mujeres se enteran, ya es demasiado tarde. Imágenes que tomaron en confianza han sido robadas y publicadas en chats de Telegram, acompañadas de sus direcciones, nombres y números de teléfono. Las mujeres se convierten en un catálogo para miles de ojos.
Existen grupos exclusivos en Telegram donde se paga una membresía de entrada de 800 lempiras, las identidades detrás de los cobros serían fáciles de rastrear para las autoridades, las personas que reciben las transferencias no se ocultan en el anonimato y siempre utilizan las mismas cuentas bancarias.
Las imágenes que se difunden en los grupos pertenecen a miles de mujeres hackeadas. «Ponen una foto con ropa normal, una foto en ropa interior o una foto desnuda, y la publican como un catálogo de tres fotografías, o dos fotos y un video. Luego agregan el nombre de la persona y el enlace al grupo privado para acceder al contenido», explica Iris Alas, parte del Laboratorio Ciudadano, una organización que ha rastreado y documentado quiénes y cómo participan en estos grupos de Telegram. Según un recuento de esta organización, más de 550 mujeres fueron afectadas por un solo grupo de Telegram que cerró en 2022.
Una vez publicadas, las mujeres sufren acoso sexual de forma digital cuándo empiezan a recibir mensajes de números desconocidos pidiéndo más contenido y luego, cuando en su vida cotidiana también sufren acoso sexual, les resulta dificil identificar si ese acoso está ligado a la difusión de sus imágenes.
El acoso se entrelaza con la existencia de estos grupos. Los hackers contactan a las mujeres para extorsionarlas, exigiendo que produzcan más imágenes bajo la amenaza de enviar las fotos robadas a sus familiares o lugares de trabajo. Muchas mujeres, presionadas por esta amenaza, ceden; especialmente porque, en muchos casos, fueron hackeadas mientras buscaban empleo, una vulnerabilidad que estos hackers explotan.
«Con las imágenes publicadas, realmente se agrava la posibilidad de que la persona continúe desempleada. Si un empleador se entera, especialmente si aún no ha sido contratada, es un gran problema, ya que no se puede denunciar por discriminación en estos casos», señala Alas, quien cuenta que desde el Laboratorio Ciudadano han atendido casos de mujeres que son amenazadas con despidos después de que sus imágenes han sido difundidas, pero que han podido apoyar con asesoría, pues el Código del Trabajo protege contra todo tipo de discriminación.
En otros casos, las mujeres son víctimas de la misma extorsión, pero los hackers les ofrecen no compartir las imágenes ni revelar sus identidades, a cambio de que ellas administren los grupos de Telegram. Algunas aceptan, viendo en ello una forma de evitar la difusión de su contenido, a pesar de la situación desesperada en la que se encuentran. A esto se le suma que algunos hombres que pagan por ingresar a los chats ni siquiera saben que las imágenes provienen de un delito; creen que son mujeres que han decidido vender ese contenido.
«En estos grupos se compartían todos los videos, imágenes y demás contenido íntimo que lograban hackear. Prácticamente era un contenido exclusivo, un catálogo de mujeres del que se podía escoger cualquier material que se quisiera comprar. Esto movía una gran cantidad de dinero, a tal punto que otras personas comenzaron a verlo como un negocio, abriendo canales de Telegram por ciudades, e incluso por colegios», relata Alas.
¿Tiene responsabilidad Telegram en estos delitos?
Telegram es una aplicación conocida por ser de software libre y valorada por su seguridad, pero esa misma seguridad que protege la privacidad de sus usuarios también crea un entorno donde resulta más complejo implementar filtros efectivos que prevengan la difusión de contenidos no consentidos, como material íntimo robado y acoso digital.
Recientemente, el CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en Francia, acusado de permitir la comisión de múltiples crímenes al negarse a intervenir en las actividades de su plataforma. Las autoridades francesas lo señalan como cómplice en casos de tráfico de drogas, permitir el material de abuso sexual infantil (más conocido como pornografía infantil), terrorismo, recepción de bienes robados y fraudes.
La situación es compleja, ya que su detención podría estar influenciada por factores geopolíticos, dado que Telegram es también una plataforma clave para la difusión de información sobre la guerra en Ucrania y, según han reportado medios internacionales, es utilizada por el ejército ruso para sus comunicaciones. Sin embargo, Francia negó que la detención fuera «política».
Si bien Telegram bajo el esquema de software libre tiene muchísimas ventajas, también hay un costo para las mujeres: la plataforma permite la impunidad con la que operan redes de delitos digitales, y en casos como el de Honduras, en donde las regulaciones legales son ambiguas y la policía no sabe cómo actuar, dejan a las mujeres como víctimas sin recursos claros para detener la difusión de su información personal.
La ciberviolencia como extensión de la violencia de género
Gabriela*, una joven que pidió el anonimato, compartió con Contracorriente su experiencia de acoso digital, que, aunque no resultó en la publicación de su contenido, le dejó cicatrices profundas. Durante un tiempo, ella enviaba imágenes y realizaba videollamadas con un hombre, creyendo que había tomado todas las precauciones para evitar que él guardara el material. Sin embargo, lo que comenzó como una interacción consensuada y divertida, pronto se transformó en una situación aterradora.
Este hombre empezó a molestarse cuando Gabriela ya no quería seguir hablando con él, hasta que un día la amenazó: le exigió más contenido o, de lo contrario, publicaría las imágenes que había guardado de todas sus llamadas.
El miedo y la angustia se apoderaron de Gabriela. Decidió bloquear su número y eliminarlo de todas sus redes, pero él no se detuvo. Encontró a una de sus amigas y, a través de ella, le envió nuevas amenazas. Desesperada, Gabriela buscó apoyo en el Laboratorio Ciudadano, con la esperanza de proteger sus imágenes.
«Había noches en las que no podía dormir, le decía a una amiga que esto me pasaba por tonta, pero ella me respondió que no es malo confiar, sino que él abusó de mi confianza. A veces, una se culpa a sí misma, pero los verdaderos culpables son ellos» dijo Gabriela.
El miedo de Gabriela no es infundado. En el Laboratorio Ciudadano han documentado casos de mujeres que fueron expulsadas de sus centros de estudio al descubrir que se ha difundido material íntimo suyo; también han documentado casos en los que las han expulsado de certámenes de belleza, o han intentado despedirlas en sus trabajos.
Aunque las fotografías de Gabriela no fueron publicadas, el temor de que eso suceda algún día aún la persigue. «Por eso, debería haber una ley que, al menos, nos brinde un lugar al que acudir para denunciar, aunque tal vez no se llegue a la justicia, pero sí tener dónde acudir para sentirnos más tranquilas», expresó.
El estudio Ciberviolencia contra mujeres en Honduras del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, aunque el Código Penal reconoce algunas agresiones contra las mujeres como delitos, no tiene medidas específicas para cuando son perpetradas en línea, «por ejemplo, acoso, extorsión, usurpación, robo de identidad y expresiones discriminatorias. Aunque, sí cuenta con un capítulo exclusivo sobre crímenes de ciberviolencia, no es específico a todas las formas, y no tipifica como delito la captura y/o almacenamiento no consentido de material y difusión de imágenes capturadas», dice el estudio.
El CDM remarca que la ciberviolencia no es el fin último de los agresores, «sino que es una violencia y un medio que permite alcanzar otros objetivos, como: desprestigio, violencia sexual, captación para explotación sexual, femicidio», dice el estudio.
En el mismo estudio se establece que, entre 2020 y 2022, los medios reportaron que tres menores de edad se suicidaron después de ser víctimas de ciberviolencia; en ninguno de los suicidios identificaron responsables. Además, recopilaron que ocurrieron al menos tres femicidios en los que se contactó a las víctimas por medio de herramientas tecnológicas.
En Honduras existe una unidad de cibercrimen en la Policía Nacional, que es la encargada de los delitos relacionados con el ciberespacio. Sin embargo, los datos oficiales analizados por Contracorriente señalan que solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional, son remitidas a la Fiscalía hondureña para que proceda a investigar y requerir.
La unidad de cibercrimen está adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Juan Sabillón, vocero de la DPI, explicó que desde esa unidad trabajan con delitos especiales y con Interpol, dependiendo del caso. «Dependiendo la naturaleza del delito y desde donde se esté cometiendo, pues lo investigará la unidad que está adscrita a Interpol, o lo investigará la unidad que está adscrita a delitos especiales. Nosotros le damos seguimiento al caso. Sí, es lento porque no depende de la Policía Nacional solamente y tenemos que dar solicitudes a empresas grandes del extranjero, como Whatsapp o Facebook», explicó.
El Laboratorio Ciudadano presionó para cerrar estos grupos y lograron hacerlo en algunos casos donde los hackers habían publicado contenido íntimo de menores de edad y se logró denunciar a través de la misma aplicación. «El gran problema en Honduras en la investigación es que no hay recursos para la parte digital, entonces se dice que en este momento está la unidad de delitos cibernéticos, pero imagínense de aquí a que se terminen de formar, mientras tanto la denuncia termina estancada porque no hay una investigación que los pueda sacar adelante».
Aunque varios de estos grupos donde se daba acceso a este material sin pedir membresía fueron desarticulados a inicios de 2024, los grupos de pago aun existen, y cada vez encuentran mayores formas de ocultarse y seguir funcionando.
«Habría que hacer una investigación mucho más fuerte y con recursos económicos y un montón de cosas para poder desmantelar toda esa red de trata de personas, porque la verdad es que ya cuando estamos hablando de que hay catálogos de mujeres, hay dinero de por medio. Para mí, el administrar una cuenta de Telegram [es] casi como una esclavización virtual de las personas, porque al final eso se vuelve un ciclo que entre más ingresa, es más difícil salir», finalizó Alas.
