Monserrath* tenía aproximadamente cuatro meses de haber sido deportada desde México. En la ruta migratoria sobrevivió a un abuso sexual, pero no sabía que producto del mismo estaba embarazada, hasta que sufrió una emergencia obstétrica en la letrina de su casa. Monserrath dice que su bebé nació muerto, pero aun así fue acusada por la fiscalía hondureña por el delito de parricidio, que tiene una pena de entre 20 y 25 años de prisión. En octubre de 2023, un tribunal le dio un fallo absolutorio, pero la vida de Monserrath no volvió a ser la misma.
Texto: Vienna Herrera
Portada generada con IA de Canva
Diseño de gráficos: Daniel Fonseca
Cuando Monserrath sufrió una emergencia obstétrica en la madrugada de un día de octubre de 2022, la realidad de todo lo que había vivido meses atrás le llegó de golpe: estaba embarazada como producto de una violación. La memoria de Monserrath sobre lo que sucedió el día de la emergencia es como un laberinto. Recuerda apenas algunos detalles: estaba en la letrina cerca de su casa, había mucha sangre, su bebé nunca abrió los ojos y no lloró. Monserrath tenía miedo; con apenas 18 años, otro hijo a su cargo y recién deportada, no quería explicar a nadie lo que ella misma estaba procesando y correr el riesgo de que no le creyeran, de que la juzgaran.
Monserrath dice que acercó su oído al pecho del bebé, buscando un latido, pero solo escuchó un profundo silencio. «Le pregunté a Dios por qué, si estaba embarazada, me lo dio muerto», dice, y explica entre lágrimas que solo guardó el cuerpo en una bolsa.
Horas más tarde encontraron el cadáver. La comunidad de donde Monserrath es originaria es pequeña, todas las personas se conocen y las noticias se esparcen rápido. A ella le llegó la información porque su cuñado más jóven le mostró una fotografía. «¿Viste esto? Encontraron un bebé», le dijo.
Las autoridades de Medicina Forense llegaron aproximadamente cuatro horas después a hacer el levantamiento del cuerpo. Menos de 48 horas después, Monserrath estaba siendo procesada por el delito de parricidio.
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Monserrath se sienta frente al tribunal. Luce mucho más pequeña de lo que es frente a los tres jueces hombres que se encuentran sentados en un estrado; todos visten togas y lucen semblantes muy serios.
La sala de juicios, ubicada en un departamento cuyo nombre reservamos para protección de Monserrath, es pequeña. Algunas de las amigas que llegaron a apoyarla fueron expulsadas de la sala porque iban vestidas con faldas hasta la rodilla; un rótulo en la puerta sentencia que las mujeres deben vestir pantalones de tela o faldas que lleguen cuatro dedos abajo de la rodilla, si no, no pueden entrar. Un guardia de seguridad se acerca a las demás mujeres que han asistido a escuchar el juicio, y aunque cumplen con el código de vestimenta, pide que no crucen una pierna sobre la otra, que tengan ambas rodillas pegadas y la espalda recta; «es petición de los jueces, para evitar distracciones», dice.
Las fiscales que acusan a Monserrath le lanzan miradas de desprecio cada tanto. Monserrath se encoge ante ellas, y se toma de las manos en un intento por calmarse. Está ahí para contar de nuevo su relato.
El juicio oral y público se suspendió semanas atrás porquecuando Monserrath sufrió un ataque de pánico al tener que contar su versión de los hechos, porque la fiscalía cuestionó mucho si había sufrido abuso sexual o no. Monserrath, que ya había sido diagnosticada con depresión severa, ese día terminó internada en el hospital a raíz del episodio.
Esta vez, antes de que hable, los jueces le recuerdan a Monserrath que no está ahí para demostrar su inocencia, sino que es la fiscalía quién debe probar la acusación. Le piden a las dos fiscales que interroguen de forma sensible, que contemplen la condición de salud mental de la acusada.
Las fiscales, sin embargo, se sonríen entre ellas. Minutos más tarde vuelven a cuestionarle a Monserrath si es cierto que es sobreviviente de violencia sexual. «¿Observó características extrañas en su cuerpo, fluidos extraños? ¿No sintió cambios en el viaje?», le dicen, y la defensa objeta las preguntas; el tribunal les llama la atención. Entonces deciden indagar por qué, después de la deportación, Monserrath se quedó un tiempo en la casa de su madre y no en donde vivía previo a la deportación, con la familia del padre de su hijo; intentan sembrar desde otra perspectiva la duda sobre el abuso.
Monserrath llora. Explica que estaba intentando procesar lo sucedido, pero que finalmente regresó a casa de su suegra, en donde vivía también la hermana de su pareja.
La cuñada de Monserrath sirve de testigo en el juicio; explica ante el tribunal que su hermano se casó con ella cuando salió embarazada. Monserrath tenía apenas 17 años. El padre del hijo de Monserrath migró a Estados Unidos, pero antes de irse había sido bastante controlador con ella. «Siempre le decía a dónde podía salir o si no le gustaba cómo se vestía»; por eso tenía miedo de lo que podría pensar sobre el abuso. Él le pidió a Monserrath que se fuera a Estados Unidos junto a su hijo y ella se fue sin avisarle a nadie, hasta que llegó a México, donde fue abusada. Poco después fueron deportados ella y su hijo de un año, antes de lograr llegar a Estados Unidos.
La cuñada de Monserrath vio un cambio cuando ella regresó a Honduras. «No la veía como antes, ella era una chava alegre, divertida, le gustaba hacer tiktoks. Ahora, no salía ni a comer», dice su cuñada. Monserrath le terminó contando que la habían violado, pero le hizo prometerle que no le diría a nadie, mucho menos a su hermano, y ella guardó la información como si hubiera hecho un juramento sagrado, uno que tuvo que romper hasta ahora, frente a los jueces.
Monserrath pasó la mayoría de su primer embarazo sin que fuera notorio; por eso no es extraño que nadie, ni siquiera ella misma, se diera cuenta de que estaba nuevamente embarazada. El mismo médico que hizo la evaluación forense durante la detención refirió que a simple vista no se notaba un embarazo.
El doctor Braulio Mercado, un ginecobstetra que llegó al juicio como parte del equipo consultor de la organización Optio, que representa la defensa de Monserrath, explica que los embarazos crípticos o silenciosos son más comunes de lo que la mayoría conoce, que suceden en uno de cada 475 y que suelen ocurrir más en países como Honduras, debido a factores como la desnutrición estructural y los embarazos en mujeres jóvenes.
La acusación
La Policía Nacional comenzó a investigar tras el levantamiento del cuerpo. Se acercaron al centro de salud y vieron que todas las embarazadas en control seguían con sus embarazos en curso. Después de interrogar al personal médico, uno de los promotores de salud les dijo que sospechaba de alguien.
Días antes de la emergencia obstétrica, Monserrath tuvo mucha fiebre y llegó a ese mismo centro de salud. La fila era larga y estar ahí hizo que empeorara; además, su hijo la necesitaba en casa, así que se fue antes de ser evaluada. Esa acción le pareció sospechosa al personal del centro, que le dijo a la Policía Nacional que el cuerpo encontrado podría estar relacionado con ella, porque además vivía cerca de donde fue encontrado.
Aunque no existen estudios estadísticos sobre casos como el de Monserrath, acusada de parricidio, el otro delito por el que se suele enjuiciar a las mujeres en Honduras que han sufrido una emergencia obstétrica es aborto. La mayoría de estas denuncias, un 64 %, provienen de personal de salud del sistema público, según reveló el estudio Criminalización del aborto en Honduras, realizado por las organizaciones Somos Muchas y Optio, que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018.
Muchas veces el personal de salud ni siquiera forma parte del proceso, no aparecen en las audiencias a declarar, solo denuncian y violan el secreto profesional médico, ese que les obliga éticamente a no revelar información sobre sus pacientes. En este caso, ni siquiera se supo el nombre de quién había denunciado a Monserrath.
La policía llegó a su casa a interrogar a Monserrath y a su cuñada, que eran las únicas mujeres en edad fértil viviendo ahí; fueron trasladadas a Medicina Forense para una inspección clínica. Cuando pasó Monserrath, tardó mucho. Su cuñada cuenta que al salir venía llorando y solo le dijo: «Cuidame a mi hijo como si fuera tuyo». Explica que Monserrath es una madre muy amorosa y que su hijo es muy dependiente de ella, por lo que sufrió mucho cuando su madre fue detenida.
A Monserrath la detuvieron y expusieron públicamente por el delito de parricidio. Varios medios difundieron la noticia revelando su nombre y acompañándola con fotografías de Monserrath en ropa corta; aunque aún no había pasado por el proceso judicial, los medios la estaban sentenciando socialmente. A raíz de esta situación, Monserrath comenzó a tener mayores problemas de salud mental. No dormía, no comía, estaba triste. Llegó incluso a presentar un caso severo de anemia.
La organización Optio, que se dedica a litigar por otros casos similares, le dio acompañamiento psicológico. Monserrath se reunió con otras mujeres que habían pasado por un proceso de criminalización similar y que ahora han sido absueltas; esto le ayudó mucho a seguir con su proceso.
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Las pruebas
Uno de los mayores problemas de la acusación fue cómo la fiscalía determinó la edad gestacional. Según la acusación, el bebé tenía más de 30 semanas, cálculo que establecieron de acuerdo a la fecha de la última menstruación de Monserrath. Sin embargo, el médico ginecobstetra consultado durante el juicio explicó que los mismos datos dados por la evaluación de Medicina Forense indican otra edad.
El ginecobstetra señaló que existen varios test gestacionales, como el de Capurro o el de Ballard, que permiten definir una edad gestacional, pero la fiscalía no hizo ninguno de estos.
«La edad gestacional es importante porque un feto de entre 28 a 32 semanas podría sobrevivir con la atención adecuada. Uno de 28 es muy difícil; se han visto muy pocos casos en Honduras, pero es posible», explica el especialista, y procede a demostrar cómo, según los mismos registros de la evaluación de Medicina Forense, la edad gestacional realmente estaría entre 22 y 28 semanas, una edad que compromete de forma extrema la vida extrauterina.
Antes del embarazo, el tamaño del útero de las mujeres es de entre 6 y 8 centímetros. A medida que avanza la gestación, puede llegar a medir hasta 33 centímetros. Cuando Monserrath fue evaluada, el tamaño de su útero era de 10 centímetros, es decir, que no había crecido tanto como para encontrarse en el último trimestre del embarazo, como sostuvo la fiscalía.
Además, la evaluación forense también indicaba que el útero se encontraba a cinco centímetros sobre el ombligo. «Un parto a término se ubica entre 15 o 16 centímetros; con estas medidas podemos ver que se trataba de un parto pretérmino extremo», explica el doctor Mercado, y dice que la edad gestacional incluso podría ser menor a las 22 semanas.
De acuerdo con el especialista, estas medidas debieron advertir que existía la posibilidad de que Monserrath hubiera sufrido una emergencia obstétrica, pero no le realizaron exámenes para descartarla. Monserrath había referido tener fiebre en los últimos días, pero al momento de la evaluación no le tomaron la temperatura: «La fiebre agrega morbilidad al parto pretérmino», añade el especialista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que sentenció el caso de Manuela vs. El Salvador —una historia similar a la de Monserrath, en la que una mujer sufrió una emergencia obstétrica en su hogar y fue judicializada por homicidio—, señala que una de las mayores fallas que cometió la fiscalía salvadoreña fue omitir el principio de presunción de inocencia, que «implicaba que las autoridades internas debían investigar todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que la muerte del recién nacido no fuese causada por Manuela, lo cual podría haber sido examinado investigándose sobre el estado de salud de Manuela, y si esto hubiera podido afectar al momento del parto», dice la sentencia.
La formación forense
De acuerdo con la doctora que hizo el levantamiento del cuerpo, un signo de que el bebé había nacido vivo fue que encontró vernix caseosa, una sustancia blanquecina densa que protege la piel del feto mientras está en el líquido amniótico y se comienza a formar entre la semana 18 y la 20. Según el ginecobstetra Mercado, este no es un signo que confirme vida, ya que esta característica forma parte de todos los embarazos y se presenta con mayor visibilidad en abortos espontáneos, porque la capa es gruesa cuando comienza a formarse y se va haciendo más delgada a medida que termina el tiempo de gestación; incluso existen casos de bebés que nacen sin esta capa.
La doctora que hizo el levantamiento dice que tiene cinco años de experiencia en Medicina Forense, pero no había atendido otros casos similares, y no definió una edad gestacional porque no le correspondía. Cuando uno de los consultores de la defensa, un médico especialista en Forense, le consulta qué temperatura aumenta el deterioro de un cuerpo, porque en el Acta de Levantamiento Cadavérico ella destaca una «temperatura caliente», la doctora responde que no le compete esa información, y agrega que su trabajo no es hacer conclusiones, sino que estas se hacen durante la autopsia médico-legal.
El consultor experto de la fiscalía, que además es el jefe de la doctora que hizo el levantamiento, le pregunta si es madre. Cuando la doctora dice que sí, pregunta si en su experiencia como madre puede saber si un bebé nació vivo o muerto; la pregunta es objetada por la defensa y por los jueces.
Que las evaluaciones de Medicina Forense tengan estas falencias tiene una explicación profunda. Honduras tiene muy pocos médicos especialistas en Medicina Legal en el país que laboran en el sistema público; existen apenas cinco en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula. El resto del país funciona con médicos generales que reciben una capacitación intensiva de dos meses sobre medicina forense, en los cuales abarcan varios temas.
Aunque Honduras es uno de los países de América Latina en donde se ejerce más violencia contra las mujeres, y ya existen varios casos registrados de acusaciones erróneas contra mujeres que sufren emergencias obstétricas, en ninguno se aplica una perspectiva de género al atender estos casos, y tampoco de obstetricia forense.
El Ministerio Público registra que entre 2015 y 2023 el personal forense recibió apenas 11 capacitaciones en femicidios, violencia basada en género y delitos contra la libertad sexual, en las que participaron 54 personas del equipo, entre peritos médicos, médicos forenses y médicos de evaluación mental. Ninguna de las capacitaciones trataba de obstetricia forense.
Las autopsias son pruebas fundamentales cuando la fiscalía acusa a una madre de asesinar a su propio hijo. Una de las pruebas hechas durante la autopsia que presentó la fiscalía para indicar que Monserrath había asesinado a su bebé porque este nació vivo es la docimasia hidrostática, una prueba que consiste en sumergir los pulmones en cuatro tiempos, y si flotan, indican que hubo aire y respiró.
Esta prueba ha sido muy cuestionada en la comunidad científica y forense porque ha servido en muchos países, entre ellos El Salvador, para enjuiciar a mujeres, sabiendo que la prueba puede tener falsos positivos. Por ejemplo, el aire y otros gases pueden entrar en los pulmones de un feto muerto si fue presionado a través del canal de parto, si se intentó reanimarlo; también puede aparecer durante el tiempo de descomposición y a través de la manipulación del cuerpo.
El mismo Dr. Theodric Beck, quien inventó esta prueba en 1823, aclaró en sus apuntes que la mera flotación no prueba que el niño naciera vivo. En 2020, la organización National Advocates for Pregnant Women en Nueva York reunió a 25 médicos forenses que firmaron una carta en la que señalaban que no es una prueba científicamente fiable ni un indicador de nacimiento con vida.
La abogada Gabriela, parte del equipo legal de la defensa de Monserrath, explica que de las cuatro fases que comprende la prueba, solo realizaron una en la autopsia: «Ellos están supuestamente capacitados para poder hacerlo. Nosotros miramos como que no hubo un trabajo muy exhaustivo», señaló.
En otro caso gestionado por el equipo legal de Optio en San Pedro Sula, un recién nacido, que contaba con más de 28 semanas de gestación, nació en una clínica privada, y luego falleció dos horas después al no recibir la atención médica requerida. En este caso, en el que tanto la madre como la doctora y los familiares vieron con vida al recién nacido, se practicó una prueba de docimasia pulmonar que arrojó resultados negativos.
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La vida después del juicio
En octubre de 2023, el tribunal de sentencia encargado del juicio emitió un fallo absolutorio para Monserrath. A pesar de la resolución, la abogada Gabriela Girón, parte del equipo legal de Optio y de la defensa de Monserrath, cree que el juicio reveló que aún falta mucha perspectiva de género en el sistema de justicia, «tanto en el trato hacia la víctima, como hacia las personas que estamos en medio del proceso: eso nos incluye a peritos, abogados y personal del órgano jurisdiccional del tribunal de sentencias», señala.
Aunque asegura que el tribunal nunca puso en duda el abuso sexual, la fiscalía, «a pesar de que tenían dentro de sus dimensiones conocimiento de estos temas y conocían que esta chica había sido abusada, ellos lo omitían para poder fortalecer el relato de Medicina Forense», señala.
Para la abogada Girón, que además ha litigado otros casos de criminalización, el que una mujer pase por un proceso judicial así tiene un gran impacto en sus vidas, «porque ellas se sienten muchas veces como atrapadas, se sienten estresadas. Cuando digo atrapadas es como que sienten que las absorbe el proceso y va a marcar toda su vida». Añade que esto incluso afecta en la unificación familiar, porque la comunidad no solo reprocha a las mujeres judicializadas, sino también a sus familias.
«En este caso en particular había también tanto odio por parte de la comunidad de esta chica; hubo gente que le decía que si salía en libertad iban a cortar [matar] una oveja para entregarla en sacrificio, que cómo era posible que fuera a salir en libertad siendo quién era», agrega la abogada.
Aunque Monserrath tiene un fallo que la absuelve del delito, las secuelas del proceso judicial han marcado su vida. Dice que está a las puertas de un desplazamiento forzoso porque el proceso judicial retrasó sus estudios y no tiene oportunidades de empleo. En su comunidad la siguen viendo como la mujer que mató a su hijo, porque la condena a la que fue sometida por exponerla en redes sociales y medios de comunicación, por una fiscalía que falló en las pruebas, por un sistema de salud público ineficiente y, finalmente, por los juzgados que llevaron el caso hasta juicio oral y público, no se elimina con un fallo del tribunal.
*El nombre real de Monserrath fue cambiado para proteger su identidad.
