Victoria sufrió una emergencia obstétrica en 2010, no sabía que estaba embarazada y cuando acudió al hospital, el personal médico que la atendió la denunció por aborto. Once años duró el proceso judicial al que se enfrentó. Fue expuesta en medios de comunicación y tuvo que huir del lugar donde vivía, por años no pudo conseguir un trabajo estable y ha lidiado con el estrés postraumático desde ese día. Durante el juicio oral y público en abril de 2021, el Ministerio Público (MP) pidió una sentencia absolutoria por falta de pruebas y el tribunal la absolvió. Ahora cuenta su historia bajo protección para evitar ser estigmatizada o discriminada.
Texto: Vienna Herrera
Fotos: Catherine Calderón y Martín Cálix
Edición: Jennifer Avila
Victoria* no recuerda mucho de lo que pasó el día que fue acusada por aborto, llevaba varias horas presentando dolores abdominales fuertes y se movilizó al Hospital El Progreso, en Yoro, para ser atendida. Esperó durante muchas horas de la mano de su hija, que en aquel entonces tenía 8 años. Ahora lo cuenta y recuerda la sangre en el baño, el sentimiento de angustia y miedo, luego irrumpe otro recuerdo: ella esposada a la cama del hospital con sus muñecas moradas. Estuvo una semana así, detenida en su propia convalecencia, varias veces escuchó que las enfermeras se referían a ella como «una vaca» y se negaban a atenderla.
Victoria fue acusada por aborto en 2010 «en perjuicio de un no nacido de veinte semanas», de acuerdo con la acusación de la fiscalía hondureña, cuando el personal de salud que la atendió decidió que se miraba sospechosa después de buscar ayuda, tras haber presentado un sangrado en el baño de su casa.
«Yo sentía miedo de que ellos me pudieran matar por cómo me trataron. Me acusan, llaman a la policía y comienzan a decir que yo era una “tal por cual”, yo insisto en que no hice nada, incluso ni sabía (del embarazo) porque yo tengo problemas con mi período, a veces yo lo espero en una fecha y llega en otra», dice Victoria. Durante el juicio, que se llevó a cabo, una parte el 22 de abril y otra el 6 de mayo, las pericias psiquiátricas y psicológicas explican que su actitud ese día era parte de un shock emocional.
El estudio Criminalización del aborto en Honduras que comprende archivos de mujeres hondureñas judicializadas por abortar de 2006 a 2018, realizado por las organizaciones Somos Muchas y Optio, indica que en el 64 % de los casos, la denuncia fue interpuesta por personal de salud.
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Victoria tiene aproximadamente tres años de recibir apoyo económico, emocional y legal de parte de estas organizaciones, que durante la realización de ese estudio, decidieron dar acompañamiento a casos judiciales por aborto que se encontraran abiertos.
Merary Ávila, abogada de Somos Muchas y representante legal de Victoria, señala que la motivación detrás de dar este acompañamiento es una apuesta política: «Insistía en que debíamos representar casos para poner esos nombres, rostros y esas historias reales a todos esos índices que se manejaban tanto en los informes (…) para poder visibilizar la discriminación, el prejuicio con el que son atendidos y luego ver en un futuro cómo logramos reparación para estas víctimas».
El tribunal mencionó que el juicio se reprogramó cinco veces, durante varios años, y que lo normal es entre dos y tres veces, esto se hizo para permitirle a la Fiscalía obtener las pruebas necesarias para demostrar el caso que tenían contra Victoria, al final el MP no agregó ninguna prueba al caso.
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Victoria tiene 37 años, es madre soltera de una joven de 19 años, se separó del padre de su hija cuando ella tenía 2 años y desde entonces no ha recibido ningún apoyo de su parte. Victoria se dedica al trabajo doméstico y aunque es originaria del municipio de Yoro, lleva casi 18 años viviendo en El Progreso.
Recuerda haber tenido una niñez muy dura. Estudió hasta sexto grado en una jornada nocturna porque tenía que trabajar, y a los 9 años fue sobreviviente de violencia sexual, su agresor la amenazó con un arma. «No recibí atención en ese caso, mi mamá me dijo que había que denunciar, pero igual una por el mismo miedo no lo hace, después ahí se quedó, no hicimos la denuncia y yo quedé con mi daño, marcada», cuenta Victoria.
El sistema de justicia no actúa diligentemente en denuncias por violencia sexual y muchas mujeres y niñas deciden no denunciar para no ser revictimizadas. Aunque no son datos de la fecha en la que Victoria fue agredida, la realidad de violencia contra las niñas sigue empeorando: entre 2014 y 2020 el MP recibió 23,636 denuncias por delitos contra la libertad sexual, 53 % de los cuales ocurrieron en menores de edad entre 1 y 17 años. Honduras mantiene desde 2009 la prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) y esto ha impedido que exista un protocolo para atender sobrevivientes de una agresión sexual.
«Los casos por delitos contra la libertad sexual que ingresaron al Poder Judicial en 2019 indican que el 53 % terminaron en una sentencia absolutoria a favor de los agresores».
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Con pocas oportunidades y un trauma encima, Victoria siguió sobreviviendo y desde los 13 años comenzó a trabajar con su familia y a los 18 a ganar su sustento propio como trabajadora doméstica. Después de que fue judicializada por aborto continuó haciendo el mismo trabajo, ya que por su naturaleza informal nunca le solicitaron una hoja de antecedentes penales. Victoria, de todos modos, no sabía que tras ser detenida y luego puesta en libertad aquel 15 de mayo, ella debía presentarse a audiencias, nadie le dijo que había un proceso judicial que debía enfrentar y que las medidas sustitutivas de la prisión requerirían que fuera a firmar cada cierto tiempo a los Juzgados.
En 2015, cuando habían pasado ya cinco años desde aquel día en el hospital donde la acusaron por aborto, la policía llegó a su casa a detenerla por estar prófuga. Las fotos de su detención salen en varios medios de comunicación.
Las noticias de algunos medios que cubrieron esto aún se encuentran en internet, dijeron que Victoria había sido detenida por abortar a un feto de muchos más meses que la acusación real del MP, que había utilizado métodos caseros y tirado al feto cerca de su casa días atrás de la detención en 2015, cuando en realidad su caso estaba abierto desde 2010. El rostro de Victoria fue expuesto, sus vecinos la hostigaban mostrándole las noticias en sus celulares, muchos guardaron las fotos y le mostraban los recortes del periódico.
La abogada Ávila, su abogada defensora, dice que la exposición en medios es lo que ella identifica con mayor trauma: «A ella la capturan y exponen en medios de comunicación, eso le provoca tener que salir de su comunidad por los señalamientos tan graves».
Para Victoria la detención y la exposición fue el momento más doloroso de su vida: «me agarró un trauma, cada vez que escuchaba una patrulla me ponía a llorar pensando en que me iban a llevar y todo ese tiempo no estuve comiendo, solo llorando pasaba, yo no quería hablar con nadie, ni siquiera con mi hija», cuenta.
Victoria ahora vive lejos de su hogar anterior, en un lugar en el que se siente segura y tranquila. Vive junto a su hija y de vez en cuando con su sobrina, a quien cuida cada dos meses, pues su hermana emigró a España. La casa donde vive Victoria no es suya, pero la cuida a cambio de pagar los servicios públicos y limpiar el terreno, tiene un piso de tierra y en su patio siembra papayas, guayabas y plátano, además vive con patos, un perro y un gato a quienes cuida con mucha ternura.
«Yo quiero ahorrar, tener un mejor empleo y no trabajar así por días porque uno va a trabajar y otro día ya no tiene el pisto porque no rinde. Por este proceso no he podido tener trabajo ni he podido viajar, hace poco me contactó una empresa, pero como me piden hasta los antecedentes no puedo», añade Victoria, quien tras la pandemia solo logra conseguir trabajo cada quince días y en una jornada diaria gana apenas 400 lempiras (unos 15 dólares).
Grecia Lozano, abogada de Somos Muchas, asegura que las mujeres criminalizadas por aborto sufren un desgaste emocional y económico muy fuerte que se ensaña con las más pobres: «a una mujer rica no le hubiera pasado esto, primero porque no habría ido a un hospital público y segundo porque si la hubieran acusado tendría el dinero para defenderse con una defensa diligente».
Después de su detención en 2015, Victoria comenzó a ir a los juzgados cada quince días y así conoció al equipo legal de Somos Muchas que lograron que esa medida cambiara para que ella solo fuera a firmar una vez al mes. Victoria cuenta que sufrió violencia, el personal de secretaría del Poder Judicial la trataba mal y en varias ocasiones le tiraban el libro de firmas o solo le señalaban, de mala forma, donde debía ir, ella dice que sabían por qué delito firmaba.
Victoria tiene miedo al personal de salud y de justicia, según la psicóloga de Optio, Iveth Ortíz, que atiende a mujeres criminalizadas por aborto, este es un patrón: «sufren de estrés postraumático que viene de los estigmas sociales que hay, incluso en el personal médico y de justicia. Recuerdan todas las palabras que les han dicho los médicos y el personal de la Justicia», asegura.
La abogada Lozano señala que antes de la pandemia hubo una audiencia de proposición de pruebas en la que llegó una agente del MP y frente a la abogada y el psiquiatra «le dijeron que era una perra por haber matado a su hijo, dentro de la corte y de la misma sala donde se llevó a cabo del juicio y la secretaria del juzgado le dijo algo similar cada vez que iba a firmar».
El juicio
Son las dos y treinta de la tarde, un día de abril, en una sala de juicios orales y públicos de El Progreso Yoro. Hace calor y eso dificulta la impaciencia de los presentes. Uno de los jueces que compone el tribunal y la fiscal acusadora llevan ya más de una hora de retraso, Victoria luce impaciente, le han hecho esperar once años y, según el mismo tribunal ya llevan más de cinco veces retrasando el juicio. En el público hay doce personas, todas acompañando a Victoria.
La fiscal llega con un retraso de hora y media y solicita reprogramar el juicio por falta de testigos. El tribunal, compuesto por dos hombres y una mujer, deliberan y aunque los micrófonos están apagados, se puede percibir que uno hace referencia a la cantidad de años que se ha dilatado el proceso. Le permiten a la fiscal regresar en quince días con sus testigos, pero el juicio quedará abierto desde ese día y terminará entre el 6 y 7 de mayo, haya o no pruebas de la fiscalía.
Ese día evacúan las pruebas de la defensa privada de Victoria, compuesta por dos testimonios: uno de su hermana y otro de quien era su jefe en ese momento. También permiten que exista un peritaje psicológico y psiquiátrico para desestimar lo presentado por la fiscalía.
«El Ministerio Público la acusa por el delito de aborto en perjuicio de un no nacido de 20 semanas de gestación». dice la fiscal, luce cansada, dice que se retrasó porque estaba en deliberación en otra audiencia en los juzgados de la niñez.
Generalmente los fiscales pueden tener a su cargo más casos de los que pueden atender. En 2013 cuando el MP fue investigado por una comisión del Congreso Nacional que culminó en el despido del entonces fiscal general, Luis Alberto Rubí, el informe de esa comisión señaló que al año el MP recibía 50,000 casos y que apenas un 5 % se investigaban.
El antiguo jefe de Victoria señala que ella siempre tuvo problemas con su periodo, que se ponía pálida y con mucho dolor, por tanto, ese día permitió que se fuera antes. Que cuando la volvió a ver ella estaba esposada a una camilla del hospital.
La hermana de Victoria cuenta que su sobrina (la hija de Victoria) sufrió violencia ese día, cuando una de las doctoras la agarró del brazo y la quería obligar a que confesara qué había hecho y dónde estaba su mamá. En la sala todos en el público lucen abrumados por la angustia con la que cuenta la historia, como si estuvieran todos ahí, once años atrás.
La fiscal no realiza muchas preguntas y el tribunal convoca a la finalización del juicio en quince días, después de esos quince días la fiscalía no presenta ninguna prueba ni testigo nuevo.
Victoria dice que se ha sentido acompañada desde que el equipo de Somos Muchas y Optio tiene su caso, cuenta que asistió a eventos de En Clave Mujer para conocer más sobre salud sexual y reproductiva donde le dieron un pañuelo verde que dice «Juntas, valientes y libres» que utilizaba para amarrarlo en su cabeza cada vez que todo el proceso judicial en su contra le daba dolores de cabeza o hacía que se sintiera mal.
La razón detrás de que su proceso se alargara durante once años es debido a las fallas en el sistema de justicia hondureño, para la abogada Lozano «desde lo legal es inconcebible, es una violación al debido proceso porque incluso si la hubieran declarado en condena, ya estuviera libre después de once años porque la pena máxima son seis años para estas cosas».
El delito de aborto no fue modificado en la aprobación de un nuevo Código Penal, a pesar de que las organizaciones de mujeres presionaron en 2017 para debatir en el Congreso Nacional la despenalización del aborto por tres causales: violación sexual, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, solamente se lograron nueve votos a favor.
En 2021 el diputado hondureño Mario Perez, perteneciente al Partido Nacional, presentó un proyecto de ley que luego se denominó Escudo contra el aborto, con la intención de convertir los artículos constitucionales que penalizan el aborto, en artículos pétreos que solo puedan modificarse vía una asamblea constitucional. Aunque no se aprobó de esta forma, la reforma quedó en que ahora se necesitan 3/4 partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) para poder modificar ese artículo, cuando antes se necesitaban solo 86 votos.
La realidad es que las mujeres criminalizadas por aborto son mujeres muy pobres, el estudio de Optio y Somos Muchas señala que las mujeres provienen una mitad de zonas rurales, y la otra de zonas urbanas. Sin embargo, estas últimas en su mayoría son migrantes rurales que trabajan en casas particulares o viven en las periferias de las ciudades. Además de esto, un 40 % eran empleadas domésticas.
Todas las que fueron denunciadas por personal médico, provienen de hospitales públicos. Victoria dice que cuando estuvo una semana esposada en el hospital, las enfermeras se negaron a atenderla y darle medicamentos, al salir su hermana tuvo que pagar por atención en una clínica privada: «aún me habían quedado restos de lo que me pasó, las enfermeras solo se dedicaron a acosarme no a revisarme», comenta.
La doctora Clara López, de Optio y parte del equipo de acompañamiento a Victoria, señala que el trato que recibió tuvo grandes omisiones al protocolo de atención según la normativa nacional que se llaman las normas de salud materno neonatal para atender emergencias obstétricas.
«La acusación que viene de parte del personal de salud del Hospital El Progreso representa una falta al secreto médico y desde que ella pone un pie en el hospital hasta que sale, hubo errores en cada etapa del tratamiento que pusieron en riesgo la vida, dignidad y salud de Victoria», añade la doctora López.
Durante el juicio contra Victoria, la doctora que la denunció no quiso presentarse ni dar su testimonio a pesar de los múltiples llamados que le hizo el MP. «Ella rindió su declaración a la policía y lo que se presenta es la declaración escrita que el policía presentó en el hospital. Ahí dice que el baño estaba lleno de sangre y no encontraron feto, es inconsistente», señala la abogada Lozano.
Añade que a Victoria no se le practicó una prueba de ADN y que cuando se presentó a Medicina Forense, le dijeron que no existía ningún feto. La abogada Lozano cuenta que le dieron acompañamiento a otro caso registrado en La Ceiba, en donde la muchacha era virgen, pero la habían acusado y colocado un feto que no era de ella, lo que se demostró con una prueba de ADN. Para Lozano a Victoria quisieron hacerle lo mismo.
La abogada Ávila cuenta que el expediente de Victoria presentaba una autopsia preliminar de un feto que tenía laceraciones, hematomas, golpes, pero no se encontraban en el expediente fotografía del lugar de los hechos. «Decían como que ella después de expulsar el feto, lo agarró a golpes, esa era la hipótesis preliminar de la fiscalía», la abogada añade que al no haber fotografías ese dictamen quedaba nulo.
Igualmente, los dos policías que supuestamente hicieron el levantamiento del feto, no se presentaron y al momento de la audiencia se dio a conocer que ambos habían sido depurados de la institución. Victoria dice que fue una mujer policía que quedó acompañándola en el hospital durante la semana, incluso llegó a ponerla a escuchar una canción sobre aborto y que ella solo se escondía debajo de sus sábanas.
Contracorriente buscó la versión oficial de la Policía, pero la oficial de comunicaciones no atendió a las distintas solicitudes de entrevista sobre el tema.
Para el equipo legal de Victoria, desde el momento en que no existen pruebas contundentes de ADN, autopsias y el mismo feto, se debió extinguir la causa penal y no llegar hasta un juicio oral y público. Esto sucedió porque antes de llegar a ese proceso, Victoria solo tenía defensores públicos que no eran eficientes.
«Este proceso no debió pasar desde la primera etapa del juicio en la etapa preliminar por todas las pruebas que hacían falta y que la Fiscalía no presentó ni en el final del juicio oral y público, nos hace entender que ella estuvo firmando durante cinco años sin necesidad», dice la abogada Ávila.
Además, durante el juicio la defensa privada demostró que el expediente sobre la atención de Victoria en el hospital fue incinerado y la fiscalía no tenía forma de probar que esa atención fue por una emergencia obstétrica o por un dolor de otra índole.
Todo este tiempo, Victoria ha querido obtener un trabajo formal, con todos los derechos que le corresponden por ley, también sueña con irse a España a trabajar con su hermana, la mamá de la sobrina que cuida y durante once años ese ha sido un sueño retenido.
Ahora el equipo que acompaña a Victoria dice que buscará una demanda civil para exigirle al Estado que responda las graves violaciones a derechos humanos y a tratados internacionales que presentó el caso. «Que sea un ejemplo para operadores de justicia, personal de salud y creo que son casos importantes donde visibilizamos también la violación al secreto profesional y graves violaciones a derechos humanos que se cometen cuando estas mujeres van en busca de apoyo de servicios médicos y que reciben otras cosas», añade Ávila.
El MP no presentó pruebas ni testigos durante el juicio, tampoco cuestionó los dictámenes realizados y al final solicitó una sentencia absolutoria por falta de pruebas. El tribunal señala en sus valoraciones finales que le correspondía al MP presentar pruebas claras y consistentes, pero que no se logró demostrar la participación de Victoria en los hechos de los que se le acusó.
A pesar de lo mucho que lo esperó, cuando el tribunal anunció la sentencia absolutoria por unanimidad de votos, Victoria no se mostró muy emocionada, pero al recibir la videollamada de sus abogadas rompió en llanto.
—Victoria, ya es libre— le dice su abogada.
—Sí— le responde mientras limpia sus lágrimas —juntas, valientes y libres.
*El nombre real de Victoria fue cambiado por razones de seguridad.
