En Honduras, la única opción viable para frenar el avance de las redes criminales que amenazan la gobernabilidad democrática es la instauración de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), una promesa de campaña que se hizo hace cuatro años y que sigue sin concretarse.

Por Noah Bullock
Ilustración: Lissette Figueroa

El 19 de febrero de 2007, en las afueras de la ciudad de Guatemala, fueron hallados los restos calcinados de cuatro diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) dentro de su camioneta blindada. Tres días después, cuatro policías guatemaltecos fueron detenidos por la masacre y recluidos en el centro penal de máxima seguridad “El Boquerón”, donde murieron ejecutados, bajo custodia del Estado, por un comando armado. Este episodio marcó un punto de inflexión para la sociedad guatemalteca. La infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia y seguridad había alcanzado tal nivel que amenazaba la gobernabilidad del país, y quedó claro que la clase política carecía de capacidad y credibilidad para gestionar una salida de la crisis sin el acompañamiento internacional.

Honduras se encuentra hoy en un punto de inflexión similar. La circulación pública de un video y de un reportaje que implican a miembros de la familia y del partido político de la actual presidenta, Xiomara Castro, en vínculos con narcotraficantes; el asesinato del defensor ambiental Juan López, así como la extradición a Estados Unidos y condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández, evidencian que el crimen organizado amenaza la vida de los hondureños y obstaculiza el desarrollo económico, social y democrático del país. Mientras tanto, las instituciones públicas y la clase política han perdido la credibilidad necesaria para cumplir sus promesas de refundación democrática, y mucho menos para erradicar la corrupción y desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. La única opción viable para restaurar la confianza pública y salvaguardar la gobernabilidad democrática es recurrir al acompañamiento internacional mediante la creación inmediata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña que se hizo hace cuatro años.

En Guatemala, en respuesta a los brutales asesinatos de 2007, las autoridades aceleraron la implementación de un acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el gobierno, estableciendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este acuerdo otorgó a la CICIG el mandato de “detectar la existencia” y “desarticular” los “aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad” surgidos durante el conflicto armado. La CICIG fue concebida originalmente como una herramienta de justicia transicional, destinada a restaurar el estado de derecho y la democracia tras un largo periodo de violaciones masivas de derechos humanos y conflicto armado. Su mandato no se limitaba a delitos de corrupción, sino que abarcaba la lucha contra la impunidad de diversas estructuras criminales que, tras la firma de la paz, amenazaban la transición hacia la gobernabilidad democrática.

La situación actual en Honduras exige respuestas similares a las de la crisis postconflicto guatemalteco. Durante los últimos 16 años, la sociedad hondureña ha enfrentado graves amenazas a la gobernabilidad democrática, entre ellas la corrupción a gran escala, violencia generalizada y graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos valientes de víctimas, defensores de derechos humanos y funcionarios íntegros, muchos de estos crímenes permanecen impunes en el sistema judicial hondureño. La mera alternancia de poder en 2020 ha sido insuficiente para iniciar una verdadera transición democrática. Por ello, la CICIH puede ser una herramienta de justicia transicional, con un mandato amplio para detectar y desarticular todo tipo de estructuras criminales, incluyendo pandillas, narcotraficantes y redes de sicarios, trata y corrupción. Una CICIH con un mandato amplio y extendido en el tiempo no sería una amenaza para la soberanía nacional, sino un apoyo crucial para rescatar al Estado hondureño de las garras de redes criminales que cooptan el poder, roban, matan y violan los derechos humanos de la población con total impunidad.

La CICIH, con su mandato amplio, podría ser el pilar de una política de seguridad democrática basada en la investigación científica de redes criminales y delitos graves, así como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Durante décadas, los gobiernos de la región han caído en la tentación de modelos autoritarios de seguridad militar —mano dura y estados de excepción— o han optado por la corrupción, negociando la seguridad a cambio de favores entre élites políticas y el crimen organizado. Ambos enfoques han tenido un alto costo en términos de derechos humanos y de debilitamiento de la institucionalidad democrática. En años recientes, El Salvador ha sido emblemático por sus treguas y pactos con pandillas y, más recientemente, por su estado de excepción. Investigaciones realizadas por nuestra organización han demostrado que, bajo este régimen, la detención arbitraria, la tortura y la muerte son políticas de Estado. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos han afectado injustamente a miles de familias salvadoreñas, la mayoría pobres, sin producir resultados efectivos en la investigación de delitos graves como homicidios, extorsión o violencia sexual, ni en la identificación y enjuiciamiento de los principales líderes pandilleros. Aplicado con el mismo rigor en Honduras, un estado de excepción impactaría a las familias más pobres sin ser efectivo en llevar ante la justicia a las élites criminales que han causado tanto daño a la población. Una política de seguridad fundamentada en investigaciones de la CICIH podría ofrecer a los hondureños una alternativa a los modelos de populismo punitivo y abuso de poder, proporcionando una seguridad con justicia.

Lamentablemente, tras las repercusiones del narco-video, la polarización política en Honduras se ha agudizado. Los principales partidos, carentes de credibilidad, buscan encuadrar la coyuntura a su favor, movilizando a sus bases con consignas como “fuera familión”, mientras que del otro lado se responde con “no regresarán”. La lucha contra la corrupción se instrumentaliza en un ciclo de revancha política, en el cual los partidos prometen combatir la corrupción de sus adversarios sólo para perpetuar los mismos beneficios ilícitos una vez en el poder. Esto, por supuesto, en detrimento de las profundas necesidades de una población harta de la influencia del crimen organizado en la vida pública, de la violencia incesante de pandillas y de los grupos oscuros que persiguen a defensores de territorios, del medio ambiente y de derechos humanos.

Es hora de acelerar la instalación de la CICIH. El país no puede continuar tambaleándose en la incertidumbre mientras las redes criminales amenazan la gobernabilidad democrática y el bienestar de la población. La instalación de la CICIH es un paso imprescindible, y los sectores que se oponen lo hacen porque desean que todo siga igual. La transición democrática y la lucha contra la impunidad requieren un pacto nacional; la población ya se expresó a través de su voto hace cuatro años, cuando la CICIH fue el eje de la plataforma electoral ganadora. Para salir de la crisis actual, el poder político y económico del país debe dar el paso. De cara a la ya iniciada campaña electoral, la instalación de una CICIH con mandato amplio no debe ser una mera promesa electoral, sino una condición indispensable para los partidos y políticos que esperan el voto de la población en noviembre de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en Redacción Regional , del que Contracorriente forma parte.

El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), anulando su marco normativo desde su creación en 2013. La decisión, unánime entre 15 magistradas y magistrados, pero con diferencias en cuanto a los efectos jurídicos, resaltó que las ZEDE vulneran artículos fundamentales de la Constitución. Mientras el Gobierno celebra la resolución, los inversionistas la critican, considerándola «abusiva». Además, se ha generado un debate sobre posibles cargos de traición a la patria contra las y los diputados que promovieron las ZEDE.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

La sentencia de inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), decretada el 20 de septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló por completo el marco normativo que reguló a estos controversiales regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales que estuvieron vigentes en Honduras desde el 6 de septiembre de 2013. Mientras el Gobierno celebra dicha resolución de la CSJ, quienes invirtieron en este modelo califican al Estado hondureño de «mentiroso» y «abusivo». 

La resolución judicial, firmada por 15 magistradas y magistrados de la Corte Suprema —entre propietarios y suplentes—, fue unánime apuntando que las ZEDE «vulneraban artículos pétreos de la Constitución de la República» y, por tanto, debían ser eliminadas. Sin embargo, la decisión del pleno del alto tribunal se dividió entre quienes fallaron a favor de que la inconstitucionalidad tuviera efectos ex tunc, es decir, que las ZEDE se anularan desde su origen, y quienes basaron su fallo en un efecto ex nunc, o sea, con carácter derogatorio a partir de la fecha de la sentencia.

Según información verificada por Contracorriente, las y los magistrados que votaron a favor de la opción ex tunc fueron Rebeca Ráquel, José Ricardo Pineda, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Aída Martínez, Roy Pineda (Partido Libre), Milton Jiménez Puerto y Felipe Speer (Partido Liberal). Por otro lado, a favor de la opción ex nunc votaron Gaudy Bustillo, Walter Miranda, Luis Discua, Anny Ochoa, Marvin Espinal (Partido Nacional), Odalis Nájera y Nelson Mairena (Partido Liberal).

Con una mayoría de ocho votos a favor del efecto ex tunc, la sentencia anuló todo: la reforma constitucional contenida en los artículos 294, 303, 304 y 329, la Ley Orgánica de las ZEDE, las garantías y derechos otorgados a los inversionistas por 10 años en caso de una eventual derogación de la ley, e incluso una resolución emitida el 14 de junio de 2021 por la misma Corte Suprema, mediante la cual se creaba una jurisdicción especial para las ZEDE.

La decisión de los magistrados y magistradas se produjo dos años después de que el Congreso Nacional (CN) derogara, el 21 de abril de 2022, la Ley Orgánica de las ZEDE y los artículos que reformaron la Constitución para establecer dichos regímenes. Sin embargo, aunque se completó la eliminación de la ley secundaria, la reforma constitucional no fue ratificada en la legislatura siguiente, por lo que la constitucionalidad de las ZEDE permaneció vigente durante más de dos años.

Las y los 15 magistrados de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad de las ZEDE y su marco normativo. Sin embargo, existió diferencia de opiniones respecto al efecto de la sentencia. Una foto de la estatua de la diosa Temis y el Palacio de Justicia al fondo. Distrito Central, septiembre 2024. Foto CC/Fernando Destephen

Bajo esas reglas del juego, y pese a no existir una ley orgánica, las ZEDE, existentes y con derechos adquiridos, podían acogerse a algunas garantías que otorgaba dicha normativa contemplando una eventual derogación. Por ejemplo, los artículos 12 y 45 establecían cláusulas o acuerdos de estabilidad jurídica. La normativa indicaba que, incluso después de ser derogada la ley, debían mantenerse por un mínimo de 10 años los derechos de los habitantes e inversionistas en las ZEDE.

El artículo 32 de la ley orgánica también contemplaba que las personas jurídicas o naturales que operaran dentro de las ZEDE obtendrían «la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido a las demás partes en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras».

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En una entrevista publicada por Contracorriente el 3 de mayo de 2023, el secretario técnico de Próspera —una de las tres ZEDE erigidas antes del fallo de la Corte Suprema—, Jorge Colindres, había manifestado que, bajo ese contexto, las mejores condiciones las ofrece un tratado internacional suscrito con el Estado de Kuwait que implica una garantía de inversiones por 50 años. Sin embargo, con la retroactividad decretada por la Corte Suprema, y a la espera de que se haga pública la sentencia, no existe claridad en torno a si las ZEDE podrán continuar amparándose en ese precepto.

Las ZEDE califican al Estado hondureño de «embustero»

La resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024 ha generado reacciones en diversas vías. El Gobierno, incluida la propia presidenta Xiomara Castro, calificó la decisión como «patriótica, histórica, justa y legal».

«La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía», indicó Castro a través de un mensaje difundido en la red social X, minutos después de que el Poder Judicial oficializara la decisión adoptada por el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema.

Antes de llegar a la presidencia, Castro había establecido como una promesa de campaña la derogación de las ZEDE y, aunque ciertamente la bancada de su partido, Libertad y Refundación (Libre), logró consensos en el Congreso Nacional para lograr los votos para derogar la ley orgánica en 2022, no consiguió las voluntades para efectuar una ratificación en la legislatura correspondiente a 2023, y la reforma a la Constitución que instauró las ZEDE se mantuvo en vigencia.

Del lado de las ZEDE y sus representantes hay decepción y reproches hacia el Estado hondureño. Carlos Fortín Lardizábal, secretario técnico de Ciudad Morazán —una ZEDE localizada en Choloma que pretendía generar 10,000 empleos y albergar a 15,000 personas— cuestionó abiertamente el fallo de la Corte Suprema, al que calificó de «abusivo» e «ilegal».

Para el representante de las ZEDE, la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal, está dando al mundo un mensaje de «inseguridad jurídica» en el país. Se cuestionó cómo el mismo órgano que aprobó en 2021 una jurisdicción especial para las ZEDE, basando su resolución en la Constitución de la República, ahora asegura que las ZEDE siempre fueron inconstitucionales.

«Se interpusieron recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma de las ZEDE y de la ley, y la misma Corte declaró sin lugar esos recursos. Como puede ver, todo inversionista y persona que obedeció la ley actuó bajo la creencia de que la ZEDE era constitucional y no tendría mayores problemas. Sin embargo, resultó ser otra cosa: esta Corte Suprema declara no solo inconstitucional las ZEDE, sino que lo hace con efecto retroactivo, desde su origen y con carácter nulatorio. Es decir, todos los actos previos están siendo declarados nulos e inválidos», reprochó en entrevista con Contracorriente.

Carlos Fortín Lardizábal aseguró que, además de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el Estado hondureño ha dejado completamente desamparados a los inversionistas y les ha bloqueado cualquier opción para operar en el país a través de otros regímenes.

«Nosotros en Ciudad Morazán hicimos al gobierno una propuesta para convertir la ZEDE en una zona residencial, que excluyera la parte regulatoria, pero que nos mantuviera una exoneración fiscal, al igual que las zonas libres. Además, nos encargaríamos de la seguridad, salud y educación internas, y tampoco quisieron. Es mentira que buscan una alternativa para nosotros; su idea es expulsarnos», dijo Fortín Lardizábal.

Un rótulo que referencia la edificación de las residencias Duna, en la ZEDE Próspera. Roatán, Islas de la Bahía. Noviembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

A pesar de las expresiones vertidas por los representantes de las ZEDE, en el Gobierno aseguran que desde 2022 habían ofrecido alternativas a los inversionistas de las ZEDE y que ellos no las aceptaron. Fernando García, comisionado presidencial contra las ZEDE, aseguró que sostienen una postura encaminada a trabajar con inversionistas que «actúan de buena fe».

«Cuando yo fui al Congreso Nacional a presentar la propuesta del Ejecutivo para derogar la ley y la reforma constitucional, trabajamos con Luis Redondo, el presidente del Congreso, varias semanas, hasta las diez u once de la noche, en propuestas para los inversionistas. El gobierno hondureño mantiene esa postura de diálogo con las ZEDE, a pesar de que es una figura totalmente inconstitucional de origen. Eso sí, con los inversionistas que han actuado de buena fe, claro que sí», manifestó García a Contracorriente.

No obstante, expresó que los inversionistas ahora están sufriendo las consecuencias de un mal asesoramiento y del abuso de poder de exdiputados y exfuncionarios que tomaron atribuciones que no les correspondían.

«Estos inversionistas cayeron inocentemente en manos de vendedores de ilusiones. ¿Cómo es posible que los asesores jurídicos de los inversionistas no les dijeran que este régimen era totalmente inseguro? Es ingenuo pensar que no conocen el derecho constitucional, el derecho internacional público, y la diferencia entre una zona con cesión de soberanía casi total y la concesión de una obra pública, un puerto, un aeropuerto, o la privatización parcial de empresas del Estado. Son conceptos totalmente diferentes», apuntó García.

El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, mientras ofrecía una entrevista a Contracorriente desde su despacho. Distrito Central, 25 de septiembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen

Las ZEDE, constituidas en 2013, fueron regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales, con independencia presupuestaria, fiscal y jurisdiccional, impulsados por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa con el supuesto objetivo de promover el desarrollo de centros financieros, ciudades autónomas y distritos de inversión, entre otros. En el país se establecieron tres ZEDE: Próspera, en Roatán, Islas de la Bahía; Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca; y Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés.

Desde su concepción, diversas organizaciones sociales se opusieron a ellas, argumentando que violaban los principios de soberanía y territorialidad establecidos dentro de la Constitución de la República. No obstante, desde que fueron impulsadas por el gobierno de Lobo Sosa (2010-2014) y luego durante la doble administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), gozaron de total tranquilidad para desarrollarse dentro de Honduras.

El gran dilema: ¿hubo traición a la patria? 

Tras la anulación constitucional de las ZEDE emitida por la Corte Suprema de Justicia, se ha generado un debate en torno a si los diputados y diputadas que las promovieron deberían ser requeridos y juzgados por comisión de delito de traición a la patria. El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional (CN) aprobó con 102 votos a favor y 26 en contra la Ley Orgánica de las ZEDE, después de que se había declarado la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).

El artículo 375 de la Constitución de la República establece que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a mantener la vigencia de la Constitución, y señala que serán juzgados quienes quebranten ese precepto, así como los funcionarios que no contribuyan a establecer el imperio constitucional.

Además, en el ámbito penal, el artículo 555 del Código Penal indica que «quien ejecute actos que menoscaben la integridad territorial de la República, sometiéndola total o parcialmente al dominio extranjero, comprometiendo su soberanía o atentando contra la unidad del Estado, así como quien realice cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, debe ser castigado con penas de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión».

En ese sentido, el 23 de septiembre de 2024 el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia encaminada a que se procese «a todas aquellas personas que, directa o indirectamente, se involucraron en la aprobación de las ZEDE, es decir, en la venta del territorio nacional».

«Estamos pidiendo al Ministerio Público que solicite una copia certificada de la Secretaría del Congreso Nacional para determinar de forma fidedigna quiénes fueron los diputados y las diputadas que aprobaron aquel infame decreto que dio lugar a las ZEDE», declaró Herrera a los medios de comunicación.

A pesar de la denuncia presentada por el diputado Herrera, tras una reforma del 16 de octubre de 2019, la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que la función legislativa es «inviolable» e «indelegable». «Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa para los diputados y las diputadas que participen en dicho proceso parlamentario», cita la reforma.

Sin embargo, Joaquín Mejía consideró que esto no es un «blindaje total» para los diputados o exdiputados del CN, ya que dicha inmunidad no está consignada en la Constitución de la República y solo figura en una ley secundaria.

«En 2019, el Congreso Nacional aprobó, con el voto de 87 diputados y diputadas, una reforma al artículo 10 para volver a incluir la inmunidad, pero no en la Constitución, sino en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Aquí lo que aplica es el artículo 320 de la Constitución, que indica que cuando hay un conflicto entre la Constitución y una norma secundaria, se aplica la supremacía constitucional», explicó Mejía.

El artículo 375 de la Constitución de la República también establece que quienes quebranten el orden constitucional pueden someterse a que el Congreso Nacional, por mayoría absoluta, incaute parte o todos los bienes de estas personas para resarcir al Estado.

«Por otra parte, el delito de traición a la patria puede ser encuadrado por el Ministerio Público en los requerimientos fiscales contra todas estas personas, y la Procuraduría General de la República (PGR), que también creo que es el artículo 324, está facultada para incoar acciones de repetición para que estas personas respondan por el daño económico que puedan generar al Estado de Honduras debido a esa reforma», concluyó Joaquín Mejía.

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Tras la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, en 2022, una de ellas, Próspera, presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una demanda internacional por 10,775 millones de dólares por daños a inversiones; ahora, tras la sentencia de la CSJ, sus representantes han amenazado con la presentación de nuevas demandas ante instancias internacionales.

Vista de la construcción de un edificio de apartamentos en Próspera. Roatán, Islas de la Bahía. Noviembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Sin embargo, por voluntad política del gobierno de Xiomara Castro, el Estado de Honduras está actualmente en proceso de retirarse del Ciadi.

¿Por qué la CSJ se pronuncia hasta ahora? 

Para conocer el origen de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, es necesario comprender que entre 2014 y 2021, la Sala de lo Constitucional recibió seis recursos de inconstitucionalidad, pero solo falló a favor de uno de ellos. Se trata del presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el 21 de julio de 2021, en el que solicitó que se declarara inconstitucional el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que se refería al establecimiento de políticas educativas y curriculares en todos los niveles, por considerar la vulneración de al menos tres artículos de la Constitución de la República.

A pesar de que el recurso de inconstitucionalidad fue admitido desde el 21 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional del período 2016-2023 no lo había tramitado. Fue solo con la llegada de los magistrados y magistradas actuales que el órgano jurisdiccional deliberó sobre el asunto, resultando en una resolución no unánime del 9 de agosto de 2024.

Al no haber unanimidad en la resolución emitida, el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, Wagner Vallecillo, elevó el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que deliberó el pasado 20 de septiembre y decretó la inconstitucionalidad de todo el marco normativo y constitucional de las ZEDE.

Para el doctor Mejía, la sentencia ex tunc que emitió la mayoría del pleno del alto tribunal es justificada, debido a que solo así podría el Estado hondureño anular los perjuicios que las ZEDE causaron a los preceptos constitucionales referentes a la soberanía y el territorio.

«La Constitución de la República no prohíbe que las sentencias puedan ser hacia el pasado. Es decir, la Constitución establece, como un género, que las sentencias son de ejecución inmediata y con efectos generales», explicó Mejía en entrevista con Contracorriente.

Mejía explicó que la reforma a la Constitución de la República destinada a incorporar las ZEDE no cumplió el requisito de validez, debido a que el Congreso Nacional violentó en 2013 la prohibición de reformar artículos pétreos, y además incluyó una reforma que lesionó el mismo texto constitucional en lo referente a los principios de integridad del territorio, igualdad y soberanía.

«Entonces, ¿qué pasó en este caso? En 2013 se reformó la Constitución por un sujeto que no estaba facultado para ello y, además, vulnerando principios esenciales de nuestro marco normativo. El Congreso Nacional tomó atribuciones que solamente le corresponden al pueblo hondureño a través del plebiscito», indicó Mejía.

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Joaquín Mejía prosiguió su análisis en defensa del carácter ex tunc que otorgó la Corte Suprema en su sentencia, y utilizó una técnica de lógica jurídica denominada «reducción al absurdo». El abogado planteó un escenario en el que el Congreso Nacional reforma un artículo de la Constitución de la República para permitir la venta de niños para explotación sexual, violentando artículos pétreos.

«Si el Congreso modifica ese artículo, empezaría el mercado de venta de niños para explotación sexual. Si ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿significa que la Corte no puede dictar una sentencia hacia el pasado para anular toda esa barbaridad que se hizo con esa reforma? Sería totalmente absurdo. En este caso, la Sala o la Corte Suprema no podría hacer nada en relación con aquellos niños que ya fueron vendidos bajo el marco de esa sentencia. Esto significaría que los niños vendidos durante todo el tiempo que estuvo vigente esta norma de las ZEDE quedarían siempre como esclavos sexuales», argumentó Mejía.

El Gobierno de Honduras entregó un segundo borrador de convenio a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih). El vocero del Secretario General de la ONU, António Guterres, le confirmó a este medio que se trata de un documento que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas, y que las negociaciones continúan. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Organización de las Naciones Unidas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro entregó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, un segundo borrador de convenio para la instalación de una Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), durante una reunión privada sostenida el 24 de septiembre en Nueva York. 

El Gobierno aseguró en un comunicado que en este borrador se plantea la Cicih como una figura de acusador privado. Además, señaló que el documento fue entregado tras incorporar las observaciones de ambas partes, hechas durante las negociaciones iniciadas con el primer borrador, entregado en septiembre del año pasado.

Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente que se trata de un borrador que aún no se aprueba: «La propuesta fue presentada ante las Naciones Unidas, la cual estudiaremos. Creo que lo más importante es que el Secretario General designó a un punto focal de su equipo que lo representará en las discusiones, que avanzará con el ministro de Relaciones Exteriores», aseguró.

El secretario general de la ONU instruyó al subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, para que lo represente en las negociaciones.

Sobre la secretividad que la ONU ha solicitado para los documentos de la negociación, cuya desclasificación ha sido solicitada por el Gobierno de Honduras, Dujarric dijo que «no creo que sea muy útil entrar en los detalles de las negociaciones. Obviamente, las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo». Aseguró que el secretario general se encuentra comprometido a apoyar esta comisión, que debe ser independiente e imparcial.

Por su parte, el canciller Enrique Reina le dijo a Contracorriente que, aunque pidieron que se hicieran públicos los documentos de las negociaciones, la ONU tiene por norma no hacerlo «porque es un proceso de negociación de temas delicados y no quieren influencia externa», explicó. Aseguró que el documento seguirá siendo privado mientras continúen las negociaciones, pero que el proyecto de ley presentado por la diputada Hortensia Zelaya, hija de la presidenta Castro, ante el Congreso Nacional para la instalación de la CICIH, contiene observaciones que Naciones Unidas había hecho en torno a reformas necesarias para la instalación.

Hasta el momento, un equipo de expertos de la ONU ya realizó tres visitas al país para entregar al Congreso Nacional una lista de nueve normativas que necesitaban revisión, derogación, aprobación o reforma para facilitar el establecimiento de la CICIH. 

Entre estas reformas están la derogación del decreto 117-2019, la revisión del decreto 4-2022, reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y una ley de Colaboración Eficaz que se estuvo discutiendo en el Congreso Nacional meses atrás, pero que no ha vuelto a retomarse ante el pleno.

Según un comunicado del Gobierno, al igual que el proyecto de la diputada Zelaya, este segundo borrador incluye un catálogo de delitos por investigar y establece los elementos necesarios para asegurar la autonomía administrativa y funcional de la Cicih.

Sin embargo, el proyecto de ley de la diputada Zelaya ha sido criticado por analistas, que consideran que aprobar un marco regulatorio de una comisión que aún no está instalada podría ser contraproducente y limitar sus capacidades. 

Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) dijo en un XSpace de Contracorriente que, tal como se ha planteado el proyecto de ley, tener un catálogo de delitos y que la acreditación sobre quiénes de la CICIH podrán ejercer como acusadores privados deba ser proporcionada por el fiscal general, podría limitar las capacidades de la comisión. 

Al respecto, el canciller aseguró que el convenio incluye que sea la ONU quien defina los procedimientos, estándares y la elección de las personas que integren dicha comisión. «Todo el proceso de selección de coordinación lo hace la Secretaría General y para eso ofrecemos además, como lo hemos mencionado, las unidades y privilegios que necesite un convenio de este tipo para proteger a los funcionarios que Naciones Unidas designe para la Comisión, y que se les proteja en un caso tan delicado como es la lucha de altos temas de corrupción y la investigación», dijo Reina. 

La llegada de la CICIH al país es algo que la población hondureña ha esperado por años; inició como una demanda ciudadana en 2015, con las marchas de las antorchas que surgieron tras hacerse público un caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que desvió al menos 3.6 millones de lempiras para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.

Ante esa demanda, el expresidente Hernández, ahora preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, firmó un acuerdo para la instalación de la MACCIH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016, pero después de cuatro años la misión no renovó contrato porque el Congreso Nacional de ese entonces votó en contra del convenio. 

La MACCIH investigó 13 casos en los que detectó el involucramiento de funcionarios públicos en 13 casos de corrupción, e identificaron la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no se lograron sentencias condenatorias contra los involucrados, especialmente de los perfiles de más alto nivel. Además, el convenio de la MACCIH no se renovó porque empezó a investigar a los entonces presidentes del Ejecutivo y del Congreso Nacional, Hernández y Mauricio Oliva.  

De acuerdo con el canciller, la presidenta Castro le pidió al secretario acelerar el proceso de instalación porque queda poco tiempo para concluir su mandato: «Ella quiere suscribir el documento lo más pronto posible, si es posible que antes de que termine el año nos pongamos de acuerdo con los equipos negociadores». 

Por su parte, Yahvé Sabillón, del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH, dijo que esta comisión tiene una gran complejidad, por la que incluso si se aprobara hoy podría tardar mínimamente seis meses en llegar a Honduras. 

Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) reveló que un 59.2 % de la población hondureña no cree que la CICIH llegará al país durante el actual gobierno, y un 61.6 % considera que la llegada de la CICIH será importante para decidir por quién votar en las próximas elecciones.  

Lida Perdomo, una hondureña migrante radicada en EE. UU que ha sido parte de las protestas de migrantes afuera de los tribunales durante los juicios en el Distrito Sur de Nueva York, le dijo a Contracorriente que este es el momento en que Honduras necesita una CICIH porque los actores gubernamentales siguen coludidos con el crimen organizado. 

«Venimos saliendo de una década de una narcodictadura criminal y sangrienta, donde hubo muchas organizaciones sociales que lucharon, hubo alianzas políticas para terminar con la dictadura de Juan Orlando Hernández bajo la narrativa de eliminar nepotismo, corrupción, y hoy por hoy, seguimos viendo que en todos los poderes del Estado hay altos funcionarios fuertemente señalados con vínculos con el crimen organizado, se ha incrementado el nepotismo y seguimos viendo asesinatos de líderes sociales como Juan López», mencionó Lida. 

La activista se refería a la divulgación de un video en el que el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya Rosales, miembro prominente del partido de gobierno y en ese entonces secretario del Congreso Nacional, aparece reunido con narcotraficantes, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del Partido Libre en 2013.

Sin embargo, ese no es el único nexo del gobierno de Castro con el narcotráfico; este medio ha investigado otros dos casos de esta índole. El primero involucra a tres empresas que fueron objeto de investigación por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso de Tony Hernández, y que continúan operando sin restricciones bajo el gobierno de Castro. Una de ellas mantiene contratos millonarios con el Estado; otra, vinculada a una de las empresas investigadas, se ha certificado como contratista estatal; y la tercera recibió contratos en 2020 por parte de un político que hoy ocupa un alto cargo en el actual gobierno.

El segundo caso aborda una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, en la que se menciona que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su círculo familiar estaban siendo investigados por lavado de activos y tráfico de drogas.

«Al haber un alto grado de nepotismo, preocupa porque personas que son involucradas en estos crímenes tienen nexos familiares con personas señaladas en los crímenes y buscarán protegerlos», mencionó Perdomo.

Durante dos días, el movimiento campesino y popular de Honduras se movilizó en una Tegucigalpa colapsada por el tráfico. Los manifestantes exigieron justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre, un alto a la criminalización de la protesta social y mayor acceso a la tierra para los campesinos. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen.

El movimiento campesino de Honduras, articulado en unas 25 organizaciones, se movilizó durante el martes 24 y miércoles 25 de septiembre en Tegucigalpa; donde acamparon los dos días en los bajos del Congreso Nacional, para movilizarse desde ahí un día hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el otro frente a Casa Presidencial, en demanda de acceso a tierra, la derogación del artículo 93-2021 que criminaliza la protesta social, y la revocación del decreto 31-92 de la Ley de la Modernización del Sector Agrícola, porque permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales. 

La jornada de protesta también se realizó para exigir justicia en el caso del asesinato del ambientalista de Tocoa, Colón, Juan López, a quien unos sicarios le quitaron la vida el pasado 14 de septiembre. En los bajos del Congreso Nacional instalaron colchonetas, cocinas y baños portátiles, mientras la sesión ordinaria se llevaba a cabo en el hemiciclo.

Unas 25 organizaciones campesinas instalaron el Gran Campamento por la Democratización de la Tierra en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El martes 24 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez y varios exfuncionarios públicos vinculados a las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, por «supuestos daños al parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Juan López fue un importante opositor de los proyectos extractivistas de estas empresas.

Los campesinos y defensores de la tierra que protestaban en los bajos del Congreso Nacional celebraron la acción del MP. Las investigaciones de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) revelan que las empresas habrían causado deforestación no autorizada, alteración de suelos y daños a las comunidades locales por la explotación minera en zonas protegidas.

Luego de haber pasado la noche en los bajos del congreso, los campesinos desayunaron en una de las cuatro estaciones de cocina improvisadas alrededor del edificio del poder legislativo, para luego responder al llamado de Jonny Rivas, de la Plataforma Agraria, que los convocaba para continuar la movilización, que se dirigió el segundo día hacia Casa Presidencial.

Campesinos movilizados desde el Congreso Nacional hasta Casa Presidencial en demanda de acceso a tierras y justicia por los compañeros asesinados. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Los manifestantes solicitaban una reunión con la presidenta Xiomara Castro, pero al llegar al frente de Casa Presidencial, sus gritos chocaron contra una barrera de agentes de la Policía Nacional que los recibió con escudos antimotines.

Víctor Fernández, abogado del bufete Estudios Para la Dignidad, expresó que es el alto nivel de impunidad en el país lo que ha generado una persecución penal en contra de los defensores y campesinos: «Cuando quienes tienen como norma ejecutar crímenes, y sobre todo tienen garantía de que los ejecutan sin problema; cuando existen grupos económicos, empresariales y agroindustriales que entienden que esa dinámica les tiene garantizada impunidad, pues entonces van a seguir existiendo muertos».

Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria del Aguán, se sumó a las exigencias a la CSJ: «Estamos exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con los recursos de inconstitucionalidad que hemos interpuesto como bloque campesino».

Acción de protesta en la Corte Suprema de Justicia de parte de campesinos de todo el país, que acamparon en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Da la impresión de que la institucionalidad no escucha a los campesinos; tal vez los observan, pero han dejado de escucharlos. La manera de disolver una manifestación o movilización es hacerles integrar una comisión para ser «atendidos» por funcionarios o emisarios de los poderes del Estado, pero no por las autoridades que sí podrían dar respuesta a sus solicitudes. En la  CSJ se reunieron con la magistrada presidenta, Rebeca Raquel Obando, quien recibió los planteamientos de los campesinos por escrito, pero diplomáticamente encargó a las magistradas integrantes Aída Martinez y Martha Merino Ponte que conversaran con la comitiva.

Durante su discurso en la 79.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se refirió al sesinato de Juan López: «Repudio y condeno el vil asesinato y he ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen», dijo.

El miércoles 25 por la tarde, siempre desde los bajos del Congreso Nacional, las organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa, e invitaron a los congresistas a que se les unieran. Solo respondieron al llamado la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y el diputado oficialista Jari Dixon, del Partido Libre. Gerardo Aguilar, de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), del sur de Honduras, expresó sentirse solo, sin el acompañamiento de los diputados de su departamento, Valle. Ya casi al final de la conferencia llegaron los diputados oficialistas Rafael Sarmiento, Bartolo Fuentes, Rasel Tomé, Rafael Barahona, y el diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya. 

Hora de la cena el primer día del Gran Campamento por la Democratización de la Tierra en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El jueves a mediodía los campesinos salieron del Distrito Central, otra vez sin soluciones, con muchas promesas y cargando el recuerdo de los compañeros caídos en la defensa del ambiente y de los territorios enfrentando a grandes empresas, a la corrupción y la impunidad de un país que los reconoce hasta que los asesinan.

Una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, indica que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su entorno familiar estaban siendo investigados en un caso de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. La fiscalía colombiana envió a las autoridades hondureñas un material con escuchas telefónicas de investigaciones  relacionadas con acontecimientos que vinculan a miembros de la familia Zelaya con el tráfico de drogas y compras irregulares de propiedades. Hasta el momento no se ha presentado requerimiento fiscal ni se ha comunicado avances en esta investigación por parte del Ministerio Público hondureño. 

Texto: Contracorriente 

Una serie de documentos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y una solicitud de asistencia legal a los que Contracorriente tuvo acceso detallan cómo, en el contexto de un caso por lavado de activos en contra de Grupo Fluir S.A. (Fluirsa) en 2012, el Ministerio Público de Honduras solicitó a la Fiscalía General de la Nación en Colombia apoyo en una investigación en la que también señalan a miembros de la familia Zelaya por presuntamente adquirir propiedades de manera irregular y amplían la investigación a un presunto involucramiento de Marco Zelaya, hermano del expresidente, en una operación de tráfico de drogas. La Fiscalía requirió específicamente información sobre José Manuel Zelaya, expresidente y actual asesor presidencial, sus hermanos, Marco Antonio Zelaya y Carlos Armando Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro.

El caso comienza en noviembre de 2010, después del golpe de Estado en el que fue derrocado Manuel Zelaya Rosales.  Medios de comunicación hondureños reportaron la incautación de tres propiedades ubicadas respectivamente en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, zona central de Honduras, que según el representante de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en ese entonces, pertenecían a Grupo Fluirsa, una empresa acusada por lavado de activos. El caso de privación de dominio fue presentado por la fiscalía en el departamento de Santa Bárbara, donde previamente había sido incautada una hacienda en el municipio de Petoa, posteriormente esta hacienda sería vinculada con el expresidente Zelaya en la investigación.

Según el acta de constitución de Fluirsa, que data del 27 de abril de 2006, sus socios eran Aldo Asfura Laca — un empresario vinculado al lavado de activos que, en febrero de 2018, fue capturado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) por este caso, pero que fue liberado una semana después por falta de pruebas — y Elmy Valladares Ruiz, quien también figuraba en representación de los dos hijos que procreó con Sergio Neftaly Mejía Duarte, un narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en la Corte del Distrito Sur de Florida en 2018 por conspirar para distribuir droga hacia los Estados Unidos.

Cuando este caso se procesó, el Ministerio Público estaba liderado por Luis Rubí, un fiscal general señalado por malversación de recursos públicos e incompetencia, algo por lo cual renunció de su cargo en 2013. Luego el Ministerio Público pasó a manos de Oscar Chinchilla, un fiscal general señalado por proteger a narcotraficantes ligados a las operaciones del expresidente Juan Orlando Hernández. Actualmente, el MP está liderado por el fiscal general Johel Zelaya quien ha prometido ser implacable con quienes abusan del poder para cometer actos de corrupción o narcotráfico incluso dentro del mismo gobierno o del mismo partido con el que comulga, el Partido Libre. Johel Zelaya ha llamado a declarar al exdiputado Carlos Zelaya al MP por su participación en una reunión con narcotraficantes en 2013 en la que negoció un soborno para la campaña del Partido Libre, sin embargo hasta el momento no ha llamado públicamente a declarar a más miembros de la familia Zelaya. 

Consultamos al Ministerio Público hondureño, a través de su vocero, sobre el caso y el seguimiento del mismo tras la solicitud de apoyo a la fiscalía colombiana, sin embargo al cierre de esta nota no respondieron sobre el estatus actual del mismo. 

Fiscalía de Colombia entregó grabaciones que involucrarían a los Zelaya en negocios ilícitos

Dos años después de las primeras incautaciones contra Grupo Fluir, el Fiscal General de la República de ese entonces, Luis Rubí, solicitó la asistencia jurídica internacional de Colombia para determinar la participación de miembros de una organización criminal ya previamente investigada en Colombia.

El entonces fiscal general no sólo señaló a Aldo Asfura Laca, Elmy Valladares y  Sergio Neftaly Mejía –quienes constituían Fluirsa– como culpables, sino que también extendió la investigación al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, a su hijo José Manuel Zelaya Castro y a los hermanos del expresidente  Carlos Zelaya y Marcos Zelaya. El expresidente fue vinculado por la supuesta adquisición de una parte de los bienes incautados a Fluirsa y uno de sus hermanos fue vinculado por una supuesta llamada que ordenaba detener un cargamento de droga en Honduras previo al Golpe de Estado en 2009, según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Los socios de Grupo Fluirsa estaban siendo señalados por adquirir de forma irregular  propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, y una hacienda con caballeriza, helipuerto y cabezas de ganado en Santa Bárbara, y que, según las autoridades, había sido adquirida en dólares en efectivo. Estos bienes, según la fiscalía, estaban vinculados a personas investigadas por lavado de activos. Según un oficio al que este medio tuvo acceso, hasta mayo de 2024, tres de las propiedades incautadas en la zona central de Honduras continuaban aseguradas, en manos del Estado de Honduras.

Posteriormente, en la solicitud de aseguramiento de bienes de esta sociedad, el juzgado de Santa Bárbara detalla que el terreno localizado en Santa Lucía, Francisco Morazán, fue comprado a Inversiones HU S. de R.L., específicamente al abogado Enrique Ortez Sequeira, cuando entonces era gerente de esta sociedad en marzo de 2007. Enrique «Kike» Ortez, — un politico liberal que ha sido cercano al expresidente Zelaya —, ya no es gerente de esta sociedad y en mayo de 2023 fue nombrado por el actual gobierno como embajador de Honduras ante Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés).

Luego de las incautaciones de los bienes de Grupo Fluir, la fiscalía señala al expresidente José Manuel Zelaya como uno de los posibles acreedores de una parte de los inmuebles y decide ampliar la investigación al propio ex presidente, sus dos hermanos y uno de sus hijos. Además, la fiscalía señaló a otras personas de varias nacionalidades al aparecer sus nombres en tarjetas de débito solicitadas por el «cliente titular» de Grupo Fluir.

«De las diligencias investigativas se obtuvieron algunos indicios de que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales era la persona que había adquirido parte de dichos inmuebles, razón por la cual se amplía la investigación hacia él, su hijo Jose Manuel Zelaya Castro, sus hermanos Carlos Armando Zelaya Rosales, Marco Antonio Zelaya Rosales y otras personas», indica el documento en poder de Contracorriente, que tampoco detalla la forma en la que Zelaya habría sido el acreedor de dichas propiedades.

En dicha solicitud de asistencia legal, la Fiscalía hondureña solicitó a la Fiscalía de Colombia en 2012 un expediente específico que contenía intervenciones telefónicas, grabaciones que supuestamente contenían la instrucción de un hermano del expresidente Zelaya — que después la fiscalía de Colombia identificaría como Marco Zelaya — para cancelar el envío a territorio hondureño de un cargamento de droga debido al golpe de Estado en 2009. Según la solicitud de asistencia, con estas grabaciones la fiscalía en Honduras podría identificar a las personas que recibían la droga enviada a Honduras y restablecer su vinculación con personas investigadas, según indica el documento.

Los documentos en posesión de Contracorriente indican que esa investigación contra Marco Zelaya, que estaba siendo llevada por la Fiscalía de Colombia, motivó la solicitud de apoyo del Ministerio Público de Honduras. El objetivo era «acreditar la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades ilícitas como ser el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas», en la que estarían involucrados el expresidente, sus hermanos y su hijo menor. 

«Se brindará la colaboración internacional solicitada por la autoridad judicial de la república de Honduras, para lo cual se procederá a duplicar de manera íntegra el citado expediente y ubicar un investigador del caso para que reproduzca los CD que contienen las grabaciones de las intervenciones telefónicas que reposan en la investigación», respondió la Fiscalía General de la Nación en  Colombia en mayo de 2013. Según el documento en poder de Contracorriente, en la respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación en Colombia, a la asistencia jurídica número 10016000098201200414 se entregaron a la fiscalía hondureña al menos 19 carpetas con centenares de folios. La respuesta de las autoridades colombianas a la Fiscalía hondureña puede verificarse en el portal de la Cancillería colombiana.

Escribimos y llamamos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales y a su hijo José Manuel Zelaya Castro para solicitar su versión de los hechos y preguntar si conocen sobre este caso que les implica, pero al cierre de esta nota no respondieron a nuestras solicitudes y el expresidente tampoco respondió al cuestionario enviado a su número de teléfono celular. 

Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas 

En 2017, cuatro años después de que la fiscalía colombiana hizo efectivos los envíos de CDs con las grabaciones que podrían implicar a Zelaya en un caso de lavado de activos y tráfico de drogas, una fiscal de la FESCCO solicitó a una jueza de jurisdicción nacional dar trámite a las mismas y nombrar a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para realizar el peritaje correspondiente.

La encargada de resolver y autorizar la juramentación del perito correspondiente para el caso que dio paso a la revisión del material enviado por la Fiscalía colombiana, fue la abogada Lisseth Vallecillo Banegas, jueza de letras con competencia territorial nacional. Vallecillo Banegas es una jueza que ha estado en el centro de varios señalamientos al haber sido parte del proceso criminalización que enfrentaron defensores del ambiente en Tocoa que se opusieron a la instalación de una mina en la zona de Guapinol; también fue señalada en un informe del TSC por irregularidades en la liquidación de viáticos durante su gestión pública. Además, es hermana del ex juez Marco Vallecillo, acusado en agosto de 2024 por utilizar su cargo para cometer presuntos delitos de extorsión.

Finalmente, en septiembre de 2017 se asignó a un perito encargado de inspeccionar y escuchar los 15 CDs y 11 DVDs proporcionados por la fiscalía colombiana; sin embargo, se desconoce el trámite o el estado actual en el que está la investigación. Contracorriente contactó a algunos de los fiscales, agentes y jueces mencionados en el documento de asistencia legal; sin embargo, expresaron que no están autorizados a hablar sobre los casos a los que han dado trámite.

«Foncho» Rodríguez otro presunto vínculo entre Mel Zelaya y el crimen organizado

La solicitud de aseguramiento de los tres bienes en la zona central de Honduras a Grupo Fluir S.A., también menciona a Rene Alfonso «Foncho» Rodríguez Valle, Wilfredo Humberto Hernández Herrera y a María Antonieta Mejía Serrano por el delito de lavado de activos. 

«Foncho» Rodríguez Valle es un personaje que suena en el ámbito criminal desde hace tiempo. 

En 2010, Marlene Banegas, entonces coordinadora de Fiscalías del Ministerio Público, lo mencionó  diciendo que ya se había identificado que «Foncho» Rodríguez Valle  era uno de los dueños de la primera hacienda incautada en Petoa, Santa Barbara; en ese entonces Rodríguez Valle enfrentaba un caso de lavado de activos. Banegas, quien fue asesinada en 2014, explicó también que Rodríguez estaba identificado como un testaferro ya que no podía justificar la existencia de los bienes que le incautaron. 

Pasaron más de 13 años para que Foncho fuera de nuevo noticia en Honduras cuando el 27 de octubre de 2023, un juez le devolviera otros bienes que se le habían incautado (unas joyas, 60 mil dólares y varias cuentas bancarias) a pesar de que en el juicio, ante las preguntas de la fiscalía, no logró desvincularse de actividades del narcotráfico con hondureños ya extraditados a Estados Unidos.

En dicho juicio, una fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado le preguntó a «Foncho» Rodríguez Valle por supuestas transacciones hechas con el expresidente Manuel «Mel» Zelaya. Este contestó que sólo compartían el gusto por los caballos, pero que nunca había hecho negocios con él.  

La fiscal le preguntaba eso porque, según una investigación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), entre 2008 y 2009, Mel compró una propiedad en Palos Blancos, Santa Bárbara, por 8 millones de dólares, terreno en el que supuestamente aterrizaron aviones militares y llegaron funcionarios de su Gobierno, aunque, según lo dicho por investigadoras de la DLCN en el proceso legal contra «Foncho», la propiedad siempre ha estado inscrita a nombre de Valle, señalado como «testaferro» del expresidente. El abogado defensor de Rodríguez catalogó la mención del expresidente Zelaya en este caso como «persecución política» y no se concluyó en este proceso alguna transacción directa entre Rodríguez y el expresidente. 

La fiscal le preguntó a Rodríguez por el origen de sus activos — propiedades, cuentas bancarias, joyas — y él respondió que es ganadero, empresario y vende terrenos.

El piloto de confianza de Mel y del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina

Pero «Foncho» Rodriguez Valle y Manuel Zelaya no solo comparten el gusto por los caballos. A ambos los une el piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer.

En enero de 2007, René «Foncho» Alfonso Rodríguez Valle conformó la sociedad mercantil Helicópteros Turísticos S.A. junto al piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer, quien realizó vuelos para narcotraficantes en Guatemala y Honduras durante 2004: en Guatemala para Los Lorenzana y en Honduras para los Cachiros y los hermanos Valle Valle. Esto lo dijo el piloto cuando fue testigo de la Corte del Distrito Sur de Florida en el juicio en contra de Sergio Neftalí Mejía, un narco para quién Lozano Bahuer movilizó aproximadamente 6 mil kilogramos de cocaína en helicóptero entre 2007 y 2009, desde la Moskitia hondureña hasta San Esteban en Olancho y San Pedro Sula en Cortés. Sergio Neftalí, el mismo vinculado a Grupo Fluir.

En una auditoría entre 2006 y 2009 a Casa Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló una serie de irregularidades en pagos realizados por alquiler de aeronaves para la movilización del presidente de ese entonces, José Manuel Zelaya Rosales, dentro de los cuales figuraba Empresa Aeroservicios Centroamericanos (Aerocentro), que era representada por el piloto de los narcos: Guillermo Abraham Lozano.

En la auditoría señalan el pago por más de 2 millones de lempiras a Aerocentro entre septiembre y diciembre de 2006, vuelos que no fueron solamente de uso de Zelaya Rosales, sino para otros funcionarios, empleados y personas particulares y por los cuales no se encontró un contrato por el servicio de alquiler.

En 2012, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) capturó en San Pedro Sula a Haward Suhr, uno de los socios de Lozano Bahuer en Aerocentro, y a Juan Luis Gonzalez, exdiputado guatemalteco, ambos pilotos de esta empresa a raíz de otro hallazgo que habían realizado en  2010, uno que vinculaba esta empresa al narcotráfico: el decomiso de un helicóptero de esta empresa con rastros de drogas en la moskitia que operaba en un vuelo ilegal y con posibles vínculos al Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2013, ambos fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.

El Periodico de Guatemala también reveló que Lozano Bahuer fue un piloto de confianza para la familia presidencial de ese entonces en Honduras, tanto que después del Golpe de Estado en 2009, transportó a Manuel Zelaya Rosales y su familia hasta Guatemala, y luego regresó al expresidente a Honduras sin activar la detección de radares internacionales.

Guillermo Abraham Lozano declaró ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida que había volado para el expresidente José Manuel Zelaya, aunque dijo que nunca transportó drogas para él.

Fragmento del testimonio de Guillermo Lozano en el juicio en contra del narcotraficante Sergio Neftalí Mejía en 2018.

Desde 2007, Bahuer colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), y dijo en 2018 al juez Michael Moore de la Corte del Distrito Sur de Florida que negoció con los ejecutivos de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) un soborno de 30 millones de dólares a cambio de otorgarles el usufructo de un terreno para operar una terminal portuaria privada mientras volaba también para otro presidente centroamericano de ese entonces: el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El piloto y el expresidente fueron acusados por el Ministerio Público de Guatemala y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por haberse beneficiado de sobornos en 2016.

Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas 

Algunos de los señalados en este documento han rendido cuentas ante la justicia, como Sergio Neftaly Mejía, sentenciado a cadena perpetua por una Corte de los Estados Unidos en 2018, o el caso de la familia Montes-Bobadilla, de la cual solo Juan Carlos Montes-Bobadilla se encuentra prófugo y por el cual Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares como recompensa.

El documento del Ministerio Público también relaciona — sin decir la razón — a Elmy Valladares (socia del Grupo Fluir) con Pedro García Montes, quien perteneció a la estructura de los Montes-Bobadilla, una familia que se dedicaba al cultivo de coca y tráfico de cocaína en el departamento de Colón. Esta familia trabajó estrechamente con Los Cachiros y Los Valle Valle. Pedro Montes, quien residía en Colombia inicialmente e introdujo a la familia al tráfico de drogas, fue asesinado en 2004 en ese país.

A Valladares — quien conformó Grupo Fluir S.A. junto a Aldo Asfura Laca — se le incautó una serie de bienes después de la sentencia de Sergio Neftaly Mejía, dentro de los cuales estaba un club social privado y apartamentos a su nombre en La Ceiba, al norte de Honduras, y un hotel en la Moskitia, Gracias a Dios.

Pero esta no fue la única vez en la que Elmy Valladares y Aldo Asfura, socios de Grupo Fluirsa, colaboraron en la adquisición y venta de bienes de origen ilícito. 

En marzo de 2009, Aldo Asfura Laca vendió una de sus propiedades en Tegucigalpa, específicamente en la Colonia Florencia — donde en ese momento estaba la sede del club deportivo Necaxa según medios de comunicación — a Horizontes Turísticos de Honduras S.A. de C.V., una sociedad en la que él mismo figuró como ejecutor especial desde 2006 y que tenía un nombre casi idéntico con Horizontes Turísticos de Honduras S. de R.L., otra sociedad conformada por Elmy Valladares, Sergio Neftaly Mejia y Claudia Patricia Hernández.

La confirmación de una investigación del MP por narcotráfico y lavado de dinero contra los Zelaya, relacionados con Grupo Fluir, es un segundo indicio de los vínculos de la familia presidencial con estructuras del crimen organizado. El pasado 3 de septiembre, el medio Insight Crime reveló  un video en el que se ve a Carlos Zelaya — hermano del expresidente José Manuel Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cacique del Partido Libre — reunido con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y con los narcotraficantes Ramón Matta Waldurraga y los hermanos Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, algo que ha generado un terremoto político sin precedentes en Honduras aunque de momento  no hubo un paso contundente de la justicia hondureña para acusarlos. 

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Durante la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la presidenta Xiomara Castro dio un discurso en el que denunció un intento de golpe de Estado impulsado por «fuerzas del capital» y las «diez familias más poderosas de Honduras». La denuncia de Castro de un golpe de Estado se intensificó tras la publicación de vínculos de sus familiares y otros miembros de su partido político con narcotraficantes. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo Naciones Unidas

«Hoy estoy amenazada por las mismas fuerzas del capital que hace 15 años dieron un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya»; así inició su discurso la presidenta Xiomara Castro, durante la 79.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. 

De acuerdo con el discurso de Castro, las amenazas de un golpe de Estado han sido por impulsar «cambios estructurales del modelo económico», refiriéndose al proyecto de ley de justicia tributaria que, dos años después de que iniciara el gobierno, sigue sin presentarse en el Congreso Nacional tras haber sido socializada. La presidenta se jactó de haber denunciado «el injusto régimen tributario que perpetúa desigualdades, alimenta a los poderosos y explota a los pobres» y señaló que por esto, detrás de las amenazas de un golpe de Estado a su gobierno, se encuentran las diez familias más poderosas de Honduras que «se niegan al cambio». 

Castro dijo que estas amenazas las denunciaron durante las manifestaciones que el partido oficialista hizo el pasado 14 y 15 de septiembre, tras una convocatoria en cadena nacional que hizo el Gobierno.

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«Nuestra soberanía es base fundamental y principio indeclinable de las relaciones internacionales, pero en Honduras continúan imponiéndose prácticas coloniales, injerencia, dominios económicos, mediáticos, políticos», añadió Castro.

El 29 de agosto, la presidenta Castro ordenó denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, alegando que el país norteamericano ejercía «injerencia» e «intervencionismo» en los asuntos internos de Honduras. 

Sin embargo, la medida de denunciar este tratado fue polémica porque no solo fue presentada bajo una narrativa de «cero injerencia internacional» y anunciando que buscaba fortalecer la soberanía hondureña, sino porque ocurrió pocos días antes de la divulgación de un video en el que su cuñado Carlos Zelaya Rosales, miembro prominente del partido de gobierno y en ese entonces secretario del Congreso Nacional, aparece reunido con narcotraficantes, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del Partido Libre en 2013.

Carlos Zelaya, hermano del asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya, admitió en su declaración al Ministerio Público que efectivamente se reunió con líderes del narcotráfico en ese periodo; asimismo, renunció a sus cargos de diputado y secretario del Congreso Nacional, y desde entonces no volvió a dar declaraciones públicas. Su hijo, José Manuel Zelaya, quien era ministro de Defensa, también renunció y en su lugar, la presidenta nombró a la candidata presidencial oficialista para las próximas elecciones: Rixi Moncada.

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Castro también se refirió a la entrega de un segundo borrador de convenio para la instalación de una Comisión Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Cicih), que aún se encuentra en negociaciones para ser aprobado. 

¿A qué otras cosas se refirió Castro en su discurso?

Ante la ONU, la presidenta Castro también se refirió a la declaración de inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), declaración aprobada el pasado 20 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia.  

«El proyecto internacional de las ZEDE que vendía nuestro territorio a pedazos como un botín para el capital internacional, aprobado por apátridas en el narcorrégimen anterior, ha sido cancelado definitivamente por mi gobierno del socialismo democrático», dijo Castro. Asimismo, afirmó que su gobierno denunció el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial con sede en Washington. Honduras enfrenta seis demandas de arbitrajes internacionales ante el CIADI entre las que se encuentran las demandas de los inversionistas de la Zede Próspera.

Posteriormente, Castro dijo ante la ONU que el Plan «Solución contra el crimen» logró una «disminución histórica de 15 puntos de los homicidios, la mayor reducción en los últimos 20 años». Sin embargo los expertos consideran que en algunas zonas del país, como en la Rivera Hernández en el norte, la cifra real de los homicidios se esconden en desapariciones que no están siendo investigadas. Por otra parte, la medida del Estado de Excepción ha facilitado las violaciones a derechos humanos y las desapariciones forzosas.

Castro también condenó en su discurso el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en Tocoa el pasado 14 de septiembre: «Denunció permanentemente el modelo de explotación extractivista. Repudio y condeno el vil asesinato y he ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen», dijo.

Familiares y organizaciones cercanas a López pidieron que su asesinato sea investigado por una comisión internacional y que no permitan que actores locales formen parte del proceso, debido a que desconfían de que puedan hacer investigaciones imparciales. 

En los últimos días en Honduras varias organizaciones campesinas y defensoras del medioambiente han protestado en distintos puntos en demanda de justicia por López. El pasado 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y otros empresarios involucrados a la empresa Inversiones Los Pinares y a Ecotek, por daños ambientales al Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, empresas contra las que luchaba López. 

Para cerrar su discurso, Castro pidió un alto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, condenó el genocidio contra Palestina y los recientes ataques de Israel en Líbano, y dijo que esperaba que no se convirtiera en una nueva Franja de Gaza. Cerró citando a la ambientalista hondureña Berta Cáceres con su frase más conocida: «Despertemos, humanidad, aún hay tiempo».

Concentración de poder, violaciones a derechos humanos y ruptura del Estado de derecho. Esta serie de circunstancias irregulares han sido desde el inicio los tres pilares que han asegurado el éxito del “Modelo Bukele”. Lo que el presidente presume como “el país más seguro del hemisferio occidental” es en realidad un país donde se vive con miedo de ser señalado como el enemigo.

Por Verónica Reyna

“Ahora uno tiene miedo no solo de la delincuencia y de las pandillas, sino también de las autoridades”

Familiar de persona detenida durante el régimen de excepción

La Asamblea Legislativa aprobó la trigésima prórroga del estado de excepción en El Salvador el pasado 4 de septiembre. Ese mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe El Salvador. Estado de excepción y derechos humanos, en el cual urge al Estado salvadoreño a suspenderlo, pero sobre todo por la existencia de presuntos patrones de detenciones arbitrarias e ilegales, faltas al debido proceso y garantías judiciales, así como por la grave situación de hacinamiento e insalubridad de las personas privadas de libertad. El Salvador ha logrado reducir la criminalidad, pero no ha logrado la seguridad. Mientras en el país no se reconozcan a todas las víctimas, incluyendo las del Estado, lo único que construiremos es un país donde se viva con miedo de ser señalado como enemigo. 

La que se ha presentado como la más exitosa política de seguridad en el país ha implicado la detención de 81,945 personas, resultando en más de 107 mil personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Al presidente le gusta presumir cómo El Salvador dejó de ser el país con más homicidios en el mundo, y parece gratificarse del hecho de que eso ha significado convertirnos en el país con la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo.

El presidente y su partido insisten en que las personas detenidas son las responsables de la violencia sufrida durante las últimas décadas, y que solo debido a la voluntad política de su gobierno para combatir a las pandillas ahora los homicidios y la violencia ya no son el principal problema de la población. Si bien la CIDH, las organizaciones sociales y el periodismo –esos que el mismo gobierno ataca y busca desacreditar– reconocen la disminución de la violencia homicida y delitos vinculados al accionar de las pandillas, también han evidenciado que estos mismos sectores sociales no han estado dispuestos a ceder sus derechos para lograr una supuesta seguridad, una seguridad que sienta sus bases en injusticias, abusos de poder y temor. 

La política del presidente Bukele se basa en lo que se han basado la mayoría de las propuestas de los gobiernos anteriores: enfocarse exclusivamente en las pandillas, tener un discurso de guerra hacia las mismas, negociar en privado con ellas una reducción de homicidios, adjudicarse esa disminución, llevar a cabo miles de detenciones, saturar las cárceles y usarlas como herramienta de terror. La diferencia principal entre esta supuesta voluntad política que antes no se tuvo es nada más una: el Ejecutivo ha logrado controlar cada una de las instituciones del Estado, haciendo que la Policía capture sin investigación previa, que la Fiscalía acuse sin pruebas y que el Órgano Judicial mande a prisión a toda persona a la que se le señale de pertenecer a pandillas, aunque no se tenga fundamento para esa detención. 

La concentración de poder ejecutada por el presidente y la Asamblea Legislativa, a partir de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, así como la “depuración” del sistema de justicia, han generado las condiciones para que nada se interponga entre el poder del Estado y una población que solo cruza los dedos para no ser detenida por sus tatuajes, por ser pobre o por ser parte de la cuota que tenía pendiente cumplir el policía. 

Las organizaciones de derechos humanos han registrado en estos dos años un total de 6,426 víctimas de violaciones a derechos humanos durante la implementación del régimen de excepción. Las detenciones arbitrarias e ilegales, las faltas al debido proceso, los malos tratos e, incluso, la tortura han sido las denuncias más frecuentes en estos casos. Más de 265 personas han muerto bajo custodia del Estado, sin que se cuente con información confiable de las causas de estas muertes. Las cárceles, que ya sufrían condiciones deplorables de hacinamiento e insalubridad, se han convertido en verdaderos centros de tortura, donde las personas que han tenido la suerte de salir relatan historias de golpizas frecuentes, de estar hincadas en grava durante horas, esposadas por un día entero bajo el sol, donde se les rocía de gas lacrimógeno y se les dan toques eléctricos. La violencia sexual hacia hombres y mujeres, y la violencia obstétrica en estas últimas también se ha podido registrar en casos de personas liberadas. 

La CIDH, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación han documentado cómo las reformas legales y la concentración de poder han permitido la detención de personas sin mayor fundamento, basada en prejuicios, denuncias anónimas y, por supuesto, por vivir donde antes se vivía con el terror de las pandillas. La seguridad que ahora parecemos respirar se ha cambiado por la arbitrariedad del Estado y la amenaza tácita de poder ser la próxima cifra de detención. 

Es comprensible que la población aplauda esta medida. La gente que ha tenido que vivir durante décadas la violencia atroz de las pandillas tiene derecho a ya no vivir con miedo, tiene derecho a que un gobierno garantice seguridad y paz, que nadie le quite su salario ni su propia vida. Tiene derecho a usar sus parques y poder caminar por su comunidad con tranquilidad. Tiene derecho a que todo eso se logre sin que limiten sus demás derechos, ni los de nadie, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, sin que se limiten los derechos de nadie. Por eso usar el dolor de las víctimas de las pandillas para justificar ahora la violencia del Estado es cínico y tramposo.  

Además de haber cedido a la idea que nos han querido vender de que es necesario sacrificar algunos derechos para lograr otros, la población reconoce que las comunidades se han convertido en un espacio donde las pandillas ya no son las que reinan desde la ilegalidad. Pero también, poco a poco, está tomando conciencia de que ahora reina otro terror, el de un ejército y una Policía que no tiene límites, un brazo del Estado que alcanza generalmente a la población más empobrecida. 

Ahora el régimen de excepción se extiende a grupos sindicales, a vendedoras del Centro de San Salvador, a quien se oponga al desalojo que busca el “desarrollo económico” del país. La gente tiene cada vez más temor de expresar públicamente su opinión sobre el régimen de excepción, y conoce cada vez más sobre casos de personas detenidas sin causa real.

La seguridad de un país no es solo la reducción del crimen, aunque esto implica una parte sustantiva de la misma. La seguridad debe estar mediada por la certeza que tenemos de que la institucionalidad del Estado funcionará como debe funcionar cuando se me violenta, sea por pandillas, por mi vecino o por la Policía. La seguridad implica también la confianza que se tiene para acudir a las instituciones creadas para protegernos ante abusos. Implica que las instituciones, todas, podrán garantizar independencia en sus funciones y permitirán desarrollar investigaciones donde se determine la responsabilidad o no de los delitos. La seguridad de un país también significa la capacidad de reconstruir una sociedad dañada por la violencia, donde se reconozca a las víctimas y se les acompañe en su reparación, garantizando que los hechos que les dañaron no volverán a ocurrir. Implica tejer nuevamente la comunidad y buscar las formas donde la desigualdad y la injusticia no vuelva a dejar a la violencia como la única alternativa. 

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Honduras, como parte de los países que integran el sistema de Naciones Unidas, se comprometió a adoptar el Pacto para el Futuro para hacer frente a los desafíos sobre cambio climático, seguridad, derechos humanos, la gobernanza global y la igualdad de género. El documento también incluye un pacto digital que busca que el ciberespacio sea un lugar seguro para las niñas y mujeres del mundo. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo de Naciones Unidas

El Pacto para el Futuro, un documento no vinculante aprobado este fin de semana en Nueva York por la mayoría de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue reafirmado por Honduras a través del canciller de la República, Enrique Reina, durante su intervención en la Cumbre del Futuro, el 23 de septiembre.

«Honduras está firmemente convencida [de] que un mundo mejor, de oportunidades para todos, sí es posible, y consecuente con nuestras aspiraciones, seguimos convencidos que reafirmar la paz y la seguridad internacionales son indudablemente normas necesarias para la convivencia pacífica entre nuestras naciones», dijo el canciller Reina. 

El pacto, que contiene 66 páginas, busca que los países del mundo se comprometan al desarrollo y financiamiento sostenible; a la paz y seguridad internacional; a la ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital; a escuchar a las juventudes y a las futuras generaciones; y finalmente a transformar la gobernanza global.

Este pacto se originó del informe Nuestra Agenda Común presentado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021, debido a que los Estados del mundo no van por un buen camino para alcanzar los objetivos que se han fijado a través de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y tampoco están respondiendo adecuadamente a los nuevos retos ni a las nuevas oportunidades que se les presentan.

La igualdad de género es una de las metas a las que los países se han comprometido en la agenda 2030, y ahora en el Pacto para el Futuro. En su discurso inaugural, Guterres dijo: «Ante el aumento de la misoginia y el retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres, los gobiernos se han comprometido explícitamente a eliminar las barreras legales, sociales y económicas que impiden a las mujeres y las niñas desarrollar su potencial en todas las esferas».

Por su parte, el canciller de Honduras, durante su participación, dijo que es urgente una sociedad con igualdad de género para alcanzar una verdadera justicia social.

El Pacto implica el compromiso de que los países tomen acciones inmediatas para erradicar todas las formas de violencia basada en género y el acoso sexual. En Honduras, al 31 de agosto se habían registrado 167 femicidios, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres, y 28 de los casos ocurrieron en ese mes. 

De acuerdo con el Pacto, la igualdad de género también implica que los países aseguren el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, según lo acordado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995. Dicho documento destaca que ese acceso universal incluye no solo la provisión de servicios de salud de calidad, sino también la educación integral en sexualidad y la toma de decisiones informadas sobre la salud reproductiva. 

«El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos», dice la Declaración de Beijing. 

En Honduras, Contracorriente ha reportado en varias ocasiones cómo la prohibición total de la interrupción del embarazo afecta principalmente a mujeres pobres que sufren emergencias obstétricas y posteriormente son injustamente acusadas del delito de aborto, enfrentando procesos revictimizantes extendidos. Aunque si las mujeres tienen una asistencia legal con enfoque de género pueden obtener sentencias absolutorias, las consecuencias de esos procesos en su vida no son reparadas por el Estado. 

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En cuanto a la gobernanza digital, el Pacto establece un marco integral para la cooperación en el uso de la inteligencia artificial y la protección de los derechos humanos en el entorno digital. Pero el acuerdo no solo busca conectar a todas las personas a internet, sino también garantizar que el espacio en línea sea seguro para todas las personas, especialmente las mujeres.

En Honduras, el ciberespacio no representa un espacio seguro para niñas y mujeres, que son víctimas de violencia. En el último especial periodístico de Contracorriente, Desprotegidas en la red, contamos historias sobre cómo mujeres y niñas en Honduras son víctimas de explotación, acoso, difusión de material de abuso sexual y trata en el ciberespacio. Las víctimas esperan que Honduras adopte reformas legales que brinden protección y apoyo a niñas y mujeres que sufren ciberviolencia.

El Pacto que ha sido suscrito por Honduras señala que los Estados miembros no solo buscarán cerrar la brecha digital de género, sino que también cada país «combatirá y eliminará todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género que ocurre a través del uso de la tecnología o es amplificada por esta». 

Tensiones durante la aprobación del Pacto

Este Pacto es el resultado de años de colaboración y es considerado el acuerdo internacional más extenso en décadas, con el que se busca la eliminación total de las armas nucleares, y un compromiso para evitar una carrera armamentista en el espacio exterior. Además, propone medidas para regular el uso de nuevas tecnologías, como las armas autónomas letales.

«He convocado esta cumbre porque nuestro mundo se está descarrilando y necesitamos decisiones difíciles para volver al buen camino. Los conflictos se multiplican, desde Oriente Medio hasta Ucrania y Sudán, y no se vislumbra el final. Nuestro sistema de seguridad colectiva está amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y escenarios de guerra. Los recursos que podrían aportar oportunidades y esperanza se invierten en muerte y destrucción», dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, al inicio de su intervención en la inauguración de la Cumbre del Futuro.

El Pacto para el Futuro también busca la paz mundial en un momento en el que, según la misma ONU, «se viven las mayores tensiones desde la Segunda Guerra Mundial».

Para ejemplificar esas tensiones, no todos los países estuvieron de acuerdo con adoptar el pacto. Durante la sesión de aprobación del documento el domingo, la delegación de Rusia se pronunció en contra, debido a que aseguraron no haber recibido el documento completo con tiempo para estudiarlo párrafo por párrafo. «Solo se presentaron enmiendas para beneficiar a países occidentales», afirmó Rusia, cuya intervención fue apoyada por Venezuela.

Posteriormente, la República del Congo solicitó no tomar en cuenta la intervención de Rusia, y 143 países apoyaron esta moción, entre ellos Honduras, mientras que 15 se abstuvieron y hubo 7 votos en contra: Rusia, Sudán, Corea del Norte, Nicaragua, Irán, Siria y Bielorrusia. 

Rusia aseguró que no adoptaría el Pacto, pues es un documento sin carácter vinculante. Sin embargo, es importante destacar que este documento plantea reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para reparar la injusticia histórica contra África y mejorar la representación de las regiones y grupos subrepresentados o no representados, como Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. En su intervención, el canciller Reina recalcó la importancia de reformar el Consejo «para tornarlo más democrático». 

El Consejo de Seguridad de la ONU es un organismo encargado de la paz y seguridad del mundo. Actualmente está integrado por solo 15 miembros que tienen un voto cada uno, de los cuales cinco son miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China (todos con el derecho de veto); y diez miembros no permanentes que se eligen de cinco en cinco cada año por la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU cuyas decisiones deben ser acatadas por todos los Estados miembros, o de lo contrario pueden ser objeto de embargos o sanciones económicas. El Consejo puede incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir sus mandatos.

En su intervención en la sesión de clausura de la Cumbre, Philémon Yang, presidente del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, expresó su esperanza de que las ideas ahí surgidas inspiren nuevas iniciativas a escala nacional, regional y mundial. «Al clausurar la Cumbre del Futuro, insto a todos los Estados Miembros a que sigan impulsando medidas decisivas y creando avances significativos», finalizó.

Por: Jorge Paz

«Inmigrantes que comen perros y gatos» y «cirugías transgénero a inmigrantes ilegales» fueron algunos de los comentarios virales que surgieron del debate presidencial estadounidense de la semana pasada. En el debate, de 90 minutos de duración, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentaron para presentar sus argumentos al pueblo estadounidense y al mundo. Sin embargo, cuando se les preguntó por sus políticas de inmigración, específicamente las causas de la migración procedente de Centroamérica, ambos candidatos dejaron mucho que desear. En lugar de presentar una posición política clara, se centraron en atacarse mutuamente. 

Mientras tanto, a 3,000 kilómetros de distancia, en Honduras, los medios de comunicación han estado ocupados cubriendo uno de los periodos más controversiales de la actual presidenta Xiomara Castro. En solo tres semanas, luego de que el gobierno de Castro anunciara su intención de poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos, estalló un escándalo de narcotráfico que involucra al cuñado de Castro, en ese entonces también miembro del Congreso, y en las calles se manifestaron tanto grupos de la oposición exigiendo la renuncia de Castro como grupos convocados por el gobierno con toda su base partidaria para brindar su apoyo a la presidenta. 

Las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Honduras se encuentran en uno de los peores momentos desde la llegada de Castro, y con las elecciones presidenciales de EE. UU. a la vuelta de la esquina, mucho está sobre la mesa. Sin embargo, algo está claro; ya hemos estado en esta situación antes.

Estos capítulos políticos no son particularmente nuevos o sorprendentes. Trump sigue impulsando la misma retórica antiinmigrante de siempre, de forma más incoherente, pero similar a la que pregonó en 2020. Por su parte, Harris sigue luchando por definir sus posiciones y su enfoque político separada de Biden. Mientras tanto, en la política de Honduras, los escándalos de narcotráfico no son nada del otro mundo, dado que el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. 

También hemos visto las políticas exteriores tanto de Biden/Harris como de Trump en acción en Centroamérica durante los últimos siete años. Entonces, ¿qué podemos aprender del pasado y qué nos puede decir sobre el futuro de la dinámica diplomática entre Honduras y Estados Unidos? 

Los años de Trump 

Durante la presidencia de Trump de 2016 a 2020, con su enfoque de disuasión y mano dura hacia la migración, la crisis humanitaria de la región se agravó. El Acuerdo Migratorio del 2019 obligó a México y Centroamérica a impedir a toda costa la llegada de migrantes a la frontera sur. Este enfoque llevó a México a militarizar su frontera con Guatemala y a crear condiciones inhumanas para millones de migrantes, incluidos miles de hondureños, durante la pandemia mundial. Trump también decidió recortar la ayuda al llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tras el aumento de migrantes de la región a Estados Unidos, como medida disciplinaria.

Sin embargo, mientras Trump intentaba utilizar una política disciplinaria recortando millones de dólares a programas humanitarios, elogiaba al ahora condenado presidente Juan Orlando Hernández. La presidencia de Hernández estuvo marcada por el narcotráfico y la militarización y, sin embargo, se convirtió en uno de los principales aliados de Trump en la región. Trump lo elogió en múltiples ocasiones por sus esfuerzos para frenar la migración, a pesar de las acusaciones de narcotráfico que ya empezaban a salir a la luz.  

Dada la clara postura de la administración Castro frente al imperialismo estadounidense, no es difícil imaginar una relación hostil entre Honduras y Estados Unidos durante una presidencia de Trump. Sin embargo, Trump es inconsistente por naturaleza. Por ejemplo, sus críticas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Convención Nacional de la República sorprendieron a muchos, ya que Bukele parece ser el modelo autoritario ideal que Trump alaba. En cambio, le acusó de «enviar a todos sus criminales» a Estados Unidos y dudó de su popularidad. Esta incoherencia hace difícil precisar cómo Trump abordará al gobierno de Castro, dado que la presidenta hondureña demuestra tendencias autoritarias. Pero una cosa está clara: durante los años de Trump, sus políticas fueron duras para los hondureños y fáciles con los autoritarios. 

Los años Biden~Harris 

Para Harris, su papel como vicepresidenta proporciona una idea general de cómo será la política exterior estadounidense para Honduras. 

Bajo la administración Biden, Harris se encargó de poner en marcha la Estrategia para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración en Centroamérica, un plan centrado en abordar los retos socioeconómicos y de gobernanza de la región mediante la cooperación económica y política. Con un enfoque más integral, la administración Biden aumentó la financiación de programas humanitarios y colaboró con el sector privado y la sociedad civil para impulsar las economías del Triángulo Norte. 

Las relaciones entre EE. UU. y Honduras también experimentaron una reactivación al inicio de la administración Castro. Harris estuvo presente en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y poco después Estados Unidos nombró a una embajadora oficial, Laura F. Dogu, en Honduras, después de tener solo una encargada de negocios desde 2017. La administración Castro correspondió a su intención de establecer buenas relaciones gastando 90 millones de dólares en una firma de lobby para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Honduras en 2022. 

Sin embargo, a pesar de ello, las relaciones entre las administraciones de Biden y Castro han tenido sus baches. A lo largo de los dos últimos años, las administraciones Castro y Biden, y por extensión de la embajadora Laura Dogu, han creado también una relación de amor-odio. 

La embajadora Dogu no se ha contenido cuando se trata de decisiones políticas cuestionables de la administración Castro. Dogu ha expresado su preocupación por diversas cuestiones relacionadas con la política económica, la reforma energética y la estrategia de seguridad de Castro. Por el otro lado, el gobierno de Castro no ha tomado bien las críticas, citando la vieja retórica de la Guerra Fría sobre el imperialismo y el intervencionismo de Estados Unidos para socavar las posturas de Dogu.

Sin embargo, Honduras y Estados Unidos siguen trabajando juntos para mostrar un frente diplomático unido, a pesar del más reciente intercambio hostil con la embajadora Dogu, que expresó su preocupación por una reunión entre el exministro de Seguridad y funcionarios venezolanos, y el plan de Castro de poner fin al tratado de extradición con EE. UU. El embajador Dogu sigue trabajando con el ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Enrique Reina. La semana pasada, el 6 de septiembre, Dogu se reunió con la recién nombrada ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el general Roosevelt Hernández, el mismo que se reunió con funcionarios venezolanos. 

Este ir y venir es característico de la diplomacia. Sin embargo, con las próximas elecciones, Harris podría verse presionada para adoptar un enfoque más firme contra la corrupción en la región. Su formación como fiscal es algo que se ha destacado como un punto fuerte y, por tanto, su experiencia en la persecución de organizaciones criminales transnacionales ha cobrado relevancia a la hora de tratar el tema de la inmigración. Es probable que si los vínculos con el narcotráfico siguen surgiendo en torno a la administración Castro y aumenta la hostilidad, el plan integral de Biden sea sustituido por enfoques diplomáticos menos flexibles. 

Ayuda e inmigración en el centro 

En general, tanto bajo Trump como bajo Harris, la relación entre Estados Unidos y Honduras parece clara en algunos aspectos e incierta en otros. Pero al considerar el futuro de Honduras en relación con Estados Unidos, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Las relaciones entre Estados Unidos y Honduras están determinadas por la inmigración y la ayuda. Ya sea a través de una política disuasoria o un enfoque humanitario, el objetivo principal de Estados Unidos es reducir la inmigración, a través de la ayuda financiera.  

La principal diferencia entre la administración Trump y la administración Biden en lo que respecta a Centroamérica es la cantidad de ayuda dirigida a la región. Durante la administración Trump, Estados Unidos destinó cerca de 3,700 millones de dólares de 2016 a 2021; sin embargo, para 2019, la administración Trump detuvo cerca de 396.2 millones de dólares como castigo por el aumento de inmigrantes provenientes de Centroamérica.

Mientras que la administración Biden propuso asignar 4,000 millones de dólares, Harris consiguió 4,200 millones de dólares para inversiones del sector privado, a través de su iniciativa Centroamérica Adelante. 

Los diplomáticos, expertos y agencias estadounidenses siguen trabajando en las causas profundas de la inmigración en Honduras, abordando la crisis climática y los retos socioeconómicos por medio de programas humanitarios y enfoques de inversión. Por ejemplo, a través de agencias como la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Estados Unidos financia iniciativas de seguridad pública y sistemas anticorrupción. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esta iniciativa es vulnerable al cambio presidencial; por ejemplo, se estima que cuando Trump decidió recortar la ayuda a la región, alrededor del 56 % de los proyectos financiados por Estados Unidos en el Triángulo Norte se vieron afectados.

Al final, tanto Honduras como Estados Unidos tienen el mismo objetivo final con diferentes motivos: mantener a los hondureños en Honduras. 

Pero para que los hondureños sean menos dependientes de la ayuda estadounidense, primero deben tomar la iniciativa para hacer frente al mal gobierno. El escándalo político del gobierno de Castro este mes demostró que Honduras sigue plagada de corrupción y narcotráfico, condiciones que exacerban las raíces de la migración y la dependencia de la ayuda estadounidense.

Ahora es más importante que nunca que el pueblo hondureño exija el establecimiento de un sistema anticorrupción como la Cicih, para que la dinámica entre Honduras y otros gobiernos extranjeros se convierta en una de acuerdo mutuo y no en una de control y gestión.

Sin duda, las elecciones estadounidenses marcarán las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, pero serán las próximas elecciones hondureñas las que determinarán si se repite la misma historia de siempre de ayuda e inmigración. Los hondureños deben centrar su energía en exigir responsabilidades a sus dirigentes en lugar de idealizar a partidos políticos o gobiernos extranjeros.

Nayib Bukele y su círculo íntimo adquirieron 363 hectáreas, el 92 % de las que poseen, durante su primer mandato, según registros oficiales. Solo en 2023 acumularon, a través de diferentes empresas, dos inmuebles a orillas del lago Coatepeque, una finca con cultivos de azúcar, y los terrenos donde se cultiva “Bean of Fire”, la marca de café gourmet del presidente de El Salvador. Desde junio de 2019, la esposa de Bukele, su madre y hermanos compraron a título personal 16 inmuebles en zonas exclusivas. Las nuevas propiedades suman un valor de 9.2 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia ha declarado bajo reserva las versiones públicas de las declaraciones de patrimonio del actual presidente de facto.

Por Jaime Quintanilla

Cuando Nayib Bukele fue reelegido inconstitucionalmente como presidente de El Salvador en febrero de 2024, él y su familia se habían convertido en terratenientes durante su primer mandato. Solo en 2023 el clan Bukele adquirió 361 hectáreas, el 92 % de tierras que posee actualmente, a través de sociedades controladas por el propio Bukele, sus hermanos, su madre o su esposa. Al final del anterior quinquenio comenzaron a administrar las fincas cafetaleras donde se cultiva Bean of Fire, la marca de café gourmet del presidente, terrenos con cultivos de azúcar y dos inmuebles con vistas privilegiadas al lago Coatepeque. La superficie de estas propiedades equivale a cuatro veces la del bosque El Espino, la principal área protegida de la capital del país.

Un análisis realizado por Redacción Regional y Focos a 64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia presidencial registrados hasta marzo de 2024, muestra también que desde junio de 2019, cuando Bukele llegó al poder, su círculo íntimo ha comprado a título personal 16 propiedades que suman 13,371.33 metros cuadrados valorados en $1.4 millones: ranchos de playa, apartamentos y casas de campo.

El círculo íntimo de Bukele está compuesto por sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, quienes a pesar de no tener ningún cargo oficial en su Gobierno, son sus asesores de más alto nivel. Karim, por ejemplo, le ha acompañado en misiones oficiales y en la inauguración de obras de gran envergadura como la nueva Biblioteca Nacional donada por China; Ibrajim ha sido emisario de la Cancillería y, en algunos casos, ha recibido dinero público para estas asignaciones. Yusef fue clave para la designación del primer gabinete de gobierno y participó, junto a Ibrajim, en la planeación de la apuesta por la criptomoneda de su hermano presidente

En este grupo también entra la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien adquirió dos terrenos de playa en la Costa del Sol, en La Paz, compartidas con sus familiares cercanos; y la madre del presidente, Olga Ortez.

Las nuevas tierras que posee el clan Bukele están divididas en 34 inmuebles, entre los obtenidos a través de las sociedades que administran y en las que son accionistas, y los adquiridos a título personal, según el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros. La extensión de sus tierras equivale a 15 veces la del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel en la que el presidente salvadoreño prometió encerrar a los pandilleros.

Los nuevos terrenos adquiridos en 2023 fueron parte de las fincas de algunas de las históricas familias terratenientes, como los Regalado y los Hill Tinoco. Los Bukele adquirieron el control sobre los mismos a través de Corporación Logística de Servicios, con inversiones a largo plazo en las sociedades Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau, y Grupo Bukele, empresa manejada por sus hermanos y su madre.

Dentro del portafolio empresarial familiar, tanto Corporación Logística de Servicios como Grupo Bukele pasaron de reportar bajos activos en los últimos años a sobrepasar, cada una, los 6 millones de dólares en en 2023, según documentación oficial disponible en el Centro Nacional de Registro (CNR).

Corporación Logística de Servicios pasó ocho años reportando activos por $14,488.32 hasta el cierre de 2021. Mientras El Salvador comenzaba una lenta y costosa recuperación por la pandemia de covid-19, esta sociedad  dio un salto hasta los $944,413.28 al final de 2022. Para 2023 se disparó hasta los $6,220,399.99. 

Grupo Bukele multiplicó su capital inicial de $2,000 a poseer activos de $783,928.07 en 2021, y aumentó a $5,182,211.17 en 2022. En 2023 cerró con $6,804,557.05.

De las propiedades que adquirieron desde el 1 de junio de 2019, 18 están  vinculadas a las sociedades Corporación Logística de Servicios, Hacienda Dorada, Santo Tomás Pau, Grupo Bukele, Lagencia y Prepare. Otras 16 están a nombre de los hermanos Bukele Ortez, su madre y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, junto con algunos de sus familiares. 

Antes de que Nayib Bukele llegara a la Presidencia, los Bukele ya formaban parte de la élite empresarial de El Salvador y poseían en suma alrededor de 29 hectáreas divididas en 22 inmuebles obtenidos a título personal, a través de sociedades o a través de porcentajes de participación en inmuebles heredados por el patriarca de la familia, Armando Bukele. La extensión de tierras que ahora poseen se ha multiplicado 12.2 veces.

Previo a que Nayib Bukele tomara las riendas del país en 2019, él y su núcleo familiar alcanzaban un aproximado de 298,243 metros cuadrados de propiedad según los datos oficiales a los que se tuvo acceso. En el quinquenio, sumaron otros 3,633,456 metros cuadrados nuevos. 

La Redacción Regional y Focos pudieron tener acceso al informe preliminar que trabajó la sección de probidad cuando investigó a Bukele mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y a la declaración patrimonial de la toma de posesión presidencial de Nayib en 2019. En aquel entonces, registró activos junto con su esposa, Gabriela Rodríguez, por $2,548,967.35, de los cuales solo $171,423.64 eran inmuebles. Según documentos oficiales, el presidente Bukele tenía asignado un salario de $5,181.72, aunque él aseguró que no lo cobró. 

Cuando se solicitó en julio de este año los informes de salida de Bukele del quinquenio 2019-2024 y su informe de llegada al inicio de gestión de facto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró que esa información, que antes podía ser consultada por la ciudadanía, ahora es reservada.

La Corte Suprema de Justicia, impuesta por los diputados de Nuevas Ideas, ha declarado en reserva las versiones públicas de las declaraciones que contenían el monto en dólares de los bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar, inversiones y deudas.  La Constitución salvadoreña ordena al órgano judicial a investigar el patrimonio de los funcionarios y establece que “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente”.

Para ese reportaje se intentaron obtener reacciones y explicaciones de los procesos de adquisición de estos inmuebles con todos los miembros del clan Bukele a través de las oficinas de la secretaría de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia, el correo institucional de Bukele, y a través de las oficinas de las sociedades Corporación Logística de Servicios y Grupo Bukele. No hubo respuesta. 

Vista aérea de las tierras vinculadas a Hacienda Dorada y a Santo Tomás Pau, en Santa Ana. Dos sociedades relacionadas con Corporación Logística de Servicios.

Hacienda Dorada: el retorno de un cafetalero a la Casa Presidencial

En las montañas del departamento de Santa Ana, entre el lago de Coatepeque y el Cerro Verde, dos de los sitios turísticos más importantes del occidente de El Salvador, se encuentran siete terrenos cafetaleros, 231 hectáreas, que componen la Hacienda Dorada, el nombre con el que los Bukele han rebautizado estas tierras. Frente al portón de entrada un guardia con chaleco anaranjado explica que desde el cambio de dueños es necesaria la autorización para entrar al casco de la hacienda, cuyos terrenos son atravesados por dos arroyos que nacen en el volcán de Santa Ana y desembocan más abajo, en el río Comecayo, en el mismo municipio. En agosto de 2024, habitantes de la zona aseguraron que antes se podía transitar sin restricción por este camino que ahora está cercado con malla ciclón. El guardia agrega otro detalle, que repiten varios trabajadores y extrabajadores que recorrían las “calles” de tierra que rodean la hacienda: dentro hay un puesto militar que custodia la hacienda.

En estas tierras el clan Bukele asegura que se siembran nueve variedades de café que, al menos desde el 12 de julio de 2024, cuando Nayib anunció al mundo que se había convertido en cafetalero, se comercializan en Estados Unidos y en un local en el Aeropuerto Internacional de El Salvador bajo el sello de “Bean of Fire”. Según el propio sitio web de la marca, “el café de volcán crece en uno de los suelos más fértiles y ricos en minerales del mundo”. 

La historia de estas tierras es la de un intrincado laberinto de sociedades, socios fundadores, administradores y representantes legales que vincula a Bukele y su madre con los herederos de Tomás Regalado, un militar y cafetalero que llegó a ser presidente en 1898 tras el golpe de Estado contra Rafael Antonio Gutiérrez y que se convirtió en uno de los hacendados cafetaleros más importantes de en la historia salvadoreña.

  1.  De oligarcas a estudiantes

La historia comienza con los Regalado, una de las familias más poderosas del país entre los siglos XVIII, XIX y XX. Los Regalado, una de las “14 familia oligarcas de El Salvador”, crearon en Santa Ana su señorío del café cuando este grano era el principal producto de exportación. Actualmente, los Reglado son reconocidos como los principales azucareros del país  y con su fortuna, un siglo más tarde, fueron uno de los principales soportes y principales financistas de Arena, el partido de extrema derecha que gobernó entre 1989 y 2009. 

Esta familia terrateniente fue poseedora de cafetales y grandes extensiones de tierra en Santa Ana a través de su empresa Regpa, S. A. de C. V. y de Tomás Regalado Dueñas. Entre 2014 y 2017 decidieron vender siete terrenos de 231 hectáreas a las sociedades El Lindo Sueño y Santo Tomás Pau.

El Lindo Sueño fue constituida el 14 de mayo de 2014. Sus fundadores fueron Madlyn Sofía Sánchez Torres y Carlos Lucién Meyer Molina, que para entonces eran unos estudiantes, según los documentos de identidad que presentaron al registro público. La finalidad principal que establecieron, según el acta de constitución disponible en el CNR, fue “el desarrollo, compra, venta e inversión de bienes inmuebles”. La sociedad nació con 20 acciones con un valor nominal de $100. En el acta de constitución, también eligieron la primera administración para un periodo de siete años. El ingeniero agrónomo Óscar Armando Martínez Morales quedó como administrador único propietario y el contador Savalvador Silva Contreras, como su suplente. 

El 26 de octubre de 2016, Martínez y Silva, los administradores de Lindo Sueño, fundaron Santo Tomás Pau S. A. de C. V. a través de una escritura con muchas similitudes entre ambas sociedades. En noviembre de ese año, también adquirieron otro terreno de 850,689.21 metros cuadrados a nombre de su nueva sociedad,  que también era de la propiedad de la familia Regalado. 

Foto de Nayib Bukele y su madre Olga Ortez de Bukele, ambos dirigen Corporación Logística de Servicios como administrador propietario y suplente, respectivamente.

2. De los estudiantes al presidente y su madre

Entre 2015 y 2018, Bukele gobernaba la alcaldía de San Salvador y comenzaba a construir su carrera como candidato presidencial al tiempo que se enemistó con su partido, el izquierdista FMLN. Para esas fechas, además, fungía como director presidente de Corporación Logística de Servicios, una sociedad fundada en 2004, cuya primera finalidad es  la “comercialización de productos de comunicación”. Su vinculación con las sociedades dueñas de una finca cafetalera está ligada a esta otra sociedad, que sigue controlando hasta la fecha.  Al cierre de 2022, al cierre de su cuarto año de gestión como presidente de El Salvador, su cargo en la sociedad pasó de director presidente a ‘administrador único propietario’, según un cambio de régimen de la sociedad. Su madre, Olga Ortez, le acompaña desde entonces como administradora suplente. 

Bajo su administración, según una anotación preventiva fechada el 3 de febrero de 2023, la sociedad recibió la aprobación de apertura de una hipoteca a través de la aprobación de un crédito decreciente de $2.5 millones del Banco Agrícola a favor de la empresa “Corporación Logística de Servicios”. El documento da cuenta que este fue garantizado con una primera hipoteca en la que la sociedad “El Lindo Sueño” comprometió un terreno de la finca Buenos Aires que tiene un área de 726,239.50 metros cuadrados. 

Anotación preventiva de una hipoteca que Corporación Logística de Servicios intentó obtener el 3 de febrero de 2023. El terreno era propiedad de El Lindo Sueño, que posteriormente fue rebautizado por el clan Bukele como Hacienda Dorada.

Un mes más tarde, el 22 de marzo, el Banco Agrícola y Salvador Silva, en representación de las sociedades El Lindo Sueño y Santo Tomás Pau, firmaron el crédito por cinco de los siete terrenos cafetaleros por el mismo monto establecido en la anotación preventiva y a un plazo de 15 años. 

El 18 de septiembre, a través de una llamada telefónica, Silva Contreras negó tener información de la hipoteca, a pesar de que él firmó el documento. “No tengo ninguna información sobre eso. Yo no he firmado nada. No le puedo dar ese tipo de información”, dijo. Posteriormente se le envió un mensaje para solicitarle otra entrevista, pero no respondió. También se contactó a Óscar Martínez Morales a través de una llamada y un mensaje de texto, pero tampoco hubo respuesta. 

La vinculación de la sociedad de los Bukele con las sociedades hipotecantes con control de los terrenos cafetaleros reaparecería al cierre del ejercicio 2023, en una auditoría que evidencia que la sociedad Corporación Logística de Servicios hizo “inversiones permanentes” en las sociedades Hacienda Dorada, por un monto de $3,148,142.64; y con Santo Tomás Pau, por $1,825,649.18. Con estas dos sociedades también se convirtieron en partes relacionadas por un monto de $40,680 en el caso de la primera y $336,402.45 para la segunda. 

El pasivo no corriente también refleja que la entidad tiene montos por pagar a largo plazo por $4.2 millones al Banco Agrícola, una deuda que un año antes no existía. La sociedad también reflejó pagos pendientes a otras tres cuentas. A una cuenta que solo identificaron como “N.B.” le adeudaba $971,681.31; a otra llamada “STP, S. A. DE C. V.”, $150; y a MOV-I, S. A. de C. V. por un de $929,924.96, una de las sociedades de la familia Bukele más cuestionadas y relacionada con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y con la secretaria privada y expresidenta interina del país, Claudia Juana Rodríguez de Guevara.  

En sus balances de 2023, Corporación Logística de Servicios tiene millonarias inversiones permanentes con Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau.

De esta manera, los Bukele entraron al grupo selecto del 2 % de grandes productores de café de El Salvador que poseen más de 100 manzanas cultivables, según el Instituto Nacional del Café.

Desde que  Nuevas Ideas, el partido de los Bukele, tomó el control del Legislativo, los diputados han aprobado 17 leyes relacionadas con la producción, comercialización en el extranjero y promoción del café, incluyendo un fideicomiso de $640 millones para el rescate de la caficultura. Expertos advierten acá un conflicto de interés, ya que Bukele ha sancionado esas leyes que ahora benefician al rubro de una de sus principales empresas. 

Corporación Logística de Servicios pasó de ser una de las sociedades abandonadas en el portafolio empresarial de los Bukele a ser una mina de millones de dólares. Durante nueve años, de 2013 a 2021, no registró ningún movimiento en sus balances, que se quedaron estáticos en $14,488.32. Pero en 2022 tuvo su primer salto al declarar activos por $944,413.28.

La sociedad actualmente comparte domicilio en una propiedad de la urbanización Maquilishuat junto a otras 12 sociedades de los hermanos Bukele Ortez y de sus primos-hermanos Zablah Bukele, familia  a la que pertenece Xavier Zablah Bukele, presidente del partido Nuevas Ideas. 

El otro documento que relaciona directamente las fincas cafetaleras con la familia presidencial data del 12 de enero de 2024, cuando a través de un acuerdo tomado en junta general extraordinaria de accionistas, los dueños decidieron modificar la cláusula primera del pacto social para modificar el nombre de la sociedad El Lindo Sueño a Hacienda Dorada. La madre de los hermanos Bukele, Olga Ortez, actuando “en su calidad de ejecutor especial de los acuerdos de la junta general extraordinaria de accionistas”, firmó la escritura que oficializó el cambio de nombre.

El 12 de enero de 2023, Olga Ortez de Bukele, actuando como ejecutor especial de acuerdos de junta extraordinaria de accionistas, cambió el nombre de la sociedad El Lindo Sueño a Hacienda Dorada.

En papel, ese día nació el nombre de la propiedad desde donde Bukele puede ejercer su nuevo “hobby” con el que se distrae de sus actividades de gobernante. Empleados del negocio cafetalero ahora con sala de ventas en el Aeropuerto de El Salvador aseguran que fueron contratados en 2022 y desde entonces “el jefe”,  como llaman a Bukele,  comenzó a cuajar la estrategia comercial. 

Los antiguos administradores de la recién rebautizada Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau, Salvador Silva y Óscar Martínez Morales, permanecieron en sus cargos en estas dos últimas sociedades hasta el 8 de marzo de 2023, cuando “el presidente de la junta general de accionistas expuso la necesidad de realizar la elección de la nueva administración de la sociedad”. Los accionistas eligieron a Raquel Abigail Ordoñez Gutierrez, afiliada a Nuevas Ideas, como administradora única propietaria y a Jonathan Ernesto Martir Pineda, suplente. 

Ordoñez contestó una llamada el 19 de septiembre por la mañana, pero al preguntarle cuál es su relación con Hacienda Dorada y con Santo Tomás Pau dijo que se reservaba el derecho de respuesta y que no tenía tiempo para responder preguntas.

Ordoñez y Pineda ostentan los mismos cargos en ambas sociedades, que además comparten al mismo secretario de junta general de accionistas, Douglas Alexander Rivas Hernández, quien tiene ese mismo puesto en Corporación Logística de Servicios.

El 18 de mayo, Martir Pineda recibió un poder administrativo con cláusulas especiales para poder actuar en nombre y representación de Hacienda Dorada y también lo delegaron para realizar las diligencias respectivas ante el Instituto Salvadoreño del Café, una institución que nació en la legislatura 2021-2024, la primera bajo el control del partido de Bukele.

El 29 de agosto, Hacienda Dorada abrió un puesto de ventas en el local 2-100, segundo nivel, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El contrato de arrendamiento fue declarado en reserva por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, institución que preside Federico Anliker, amigo de infancia de Nayib Bukele, ex secretario general de Nuevas Ideas y primo del exministro de Agricultura Pablo Anliker, uno de los principales señalados en las compras irregulares de la pandemia de covid-19.

El 19 de febrero de 2024, Raquel Ordoñez y Jonathan Pineda fundaron Hacienda Dorada LLC para comercializar el café de Bukele a través de Amazon. En la imagen, la publicidad de la sociedad y la viñeta de registro que presenta Amazon.

3.  Café de Santa Ana en Miami

El 19 de febrero de 2024, Hacienda Dorada se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Company, LLC) con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Este es un mercado estratégico para los productores, pues es mayor comprador de café salvadoreño a nivel mundial. Según estadísticas del Instituto Nacional del Café, este país norteamericano recibió el 49 % de las exportaciones en 2023. 

Como gerentes de la nueva sociedad fueron inscritos dos nombres que se corresponden a los nombres de los representantes de Hacienda Dorada en El Salvador: “Raquel A Ordoñez Gutierrez”, como la afiliada en Nuevas Ideas, y a “Jonathan E Martir Pineda”. De acuerdo con documentos del estado de Florida, la empresa FastForward Company LLC y su director Carlos Nahuel Bisio fueron los encargados de inscribir el negocio de los Bukele en suelo estadounidense. 

La dirección principal de Hacienda Dorada está en el condado de Miami-Dade y es  una bodega ubicada a unos 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Pero esta no fue la única dirección que utilizaron. Ordoñez y Martir también registraron una dirección personal en Miami. 

Los gerentes de la nueva sociedad de los Bukele en Estados Unidos inscribieron en el registro del Estado de Florida la dirección de un apartamento ubicado  en el exclusivo edificio Monarc at Met. Según el sitio Intelius, sitio web especializado en brindar información de personas, números de teléfono, direcciones, verificaciones de antecedentes penales y registros públicos, este apartamento pertenece a Bisio. 

Zillow, un sitio especializado en bienes raíces, indica que el apartamento mide 1044 pies cuadrados o 96.99 metros cuadrados, tiene dos cuartos y dos baños. Además estima que la renta mensual es de $3,760.

El sitio de FastForward Company señala como ventajas de crear una LLC la flexibilidad fiscal en Miami. Ya que “las ganancias y pérdidas pasan a través del negocio a las declaraciones de impuestos individuales de los propietarios” y “alternativamente, una LLC puede optar por pagar impuestos como una corporación, lo que brinda posibles ventajas fiscales según las circunstancias de la empresa”.

El plan de tener personería en el extranjero, según explicaron empleados de la cadena de producción de “Bean of Fire” , fue para poder vender el producto a través de Amazon. La gigantesca de compras por internet, de hecho, vincula el producto producido por Hacienda Dorada en El Salvador con Hacienda Dorada LLC en Miami. 

Foto del empaque en el que Bukele vende su café “Bean of Fire”, que solo se comercializa en Estados Unidos, a través de Amazon y en un local dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador a $50 la libra.

4. El café presidencial

El 12 de julio, Nayib Bukele dio a conocer su nueva faceta como cafetalero en redes sociales. A pesar de ser un emprendimiento personal, las cuentas de la Presidencia y de las secretarías de Prensa y Comunicaciones también se hicieron eco del “hobby” del presidente. El anuncio se produjo en medio de un contexto de crecimiento de los índices de pobreza nacional y desigualdad y con el malestar de la población por el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta básica, que habían aumentado en al menos $50 desde 2019. 

La respuesta de Bukele fue promocionar su plan de recuperación económica y publicitar que donaría “(en carácter personal y no del gobierno) 200 libras de café y 8,000 vasitos (y azúcar, etc.)” a diferentes negocios. Algunos de sus amigos e influencers también recibieron una selección de su cosecha de café para que lo promocionaran en sus redes. 

Para los que no se beneficiaron de las donaciones de Bukele, el único punto de venta del café presidencial está en el Aeropuerto de El Salvador, después de cruzar aduanas. Es decir, solo se pude comprar o a la entrada o a la salida del país. “Beans of Fire” es empacada en latas negras con letras doradas que dan un poco de información de quiénes están tras su fabricación y la ubicación donde se elaboran. Después de ser recolectado en las montañas de Santa Ana, el café que venden los Bukele viaja hasta el beneficio Buenavista, en Juayúa, Sonsonate. 

Este beneficio es manejado por empresarios cafetaleros de larga data. Actualmente la directiva está conformada por Juan Andrés Molins Daglio, José Luis Molins Daglio y Carlos Alberto Funes Mendoza.

Vista panorámica al lago Coatepeque desde los terrenos adquiridos por una de las sociedades controladas por Nayib Bukele.

La finca del lago Coatepeque

El 1 de junio de 2023, Nayib Bukele celebró su cuarto año como presidente. En su discurso anunció el inicio de lo que llamó “guerra contra la corrupción”. El primer caso que judicializó fue contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994). En medio de las acusaciones contra el exmandatario de derecha, Bukele aseveró que “El Salvador no volverá a ser la finca de nadie”. El 20 de junio de ese año, Corporación Logística de Servicios compró dos porciones de tierra a la sociedad Hill Tinoco, S. A. de C. V., una de las empresas de la familia de la ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco, por un monto de $796,250.

Los terrenos están ubicados en una de las laderas con vista al lago de Coatepeque, desde donde se pueden ver las aguas que se tornan turquesas y la isla Teopán, donde la Presidencia del país tiene propiedades a disposición de la familia del mandatario de turno. Según el registro nacional, los dos terrenos están en la Villa Coatepeque y abarcan la finca El Porvenir. La hermana de la ministra, Irma Roxana Hill de Salaverría, firmó junto con Nayib Bukele la compraventa de los dos terrenos que tiene una superficie conjunta de 791,055.07 metros cuadrados.

Al consultarla por el proceso de venta, Hill de Salaverría dijo que “no tiene por qué dar ningún tipo de información”. Posteriormente se le envió un mensaje para solicitarle una entrevista pero ya no respondió. 

Los Hill Tinoco son conocidos como otra de las familias que formaron la oligarquía terrateniente en El Salvador y por poseer grandes extensiones de tierra en Santa Ana, en las que también cultivaron café en el siglo pasado. Según una nota de periódico El Faro, llegaron a acumular más de 2,458 hectáreas de tierra en el municipio de Coatepeque y de El Congo. Por la expropiación de parte de esas tierras durante la reforma agraria de marzo de 1980, la familia de la canciller exigió una compensación de $254.9 millones al Estado salvadoreño en 2021.

Los terrenos se extienden a ambos lados de la ruta nacional 10 y bajan por las laderas del cráter que se formó con la erupción volcánica milenaria, aunque no tienen salida al lago. Hasta agosto de 2024, aún conservaban sus bosques, salvo donde están ubicadas las viviendas en la finca El Porvenir  y una porción adyacente a esa zona que había sido chapodada. 

Colindando con los terrenos de la familia presidencial hay una comunidad empobrecida con viviendas mínimas, y junto a la comunidad un puesto militar instalado en una casa pintada de blanco y azul como las propiedades del Estado. El puesto militar es nuevo, según los habitantes de la comunidad, aunque no recuerdan con exactitud si los soldados llegaron antes o después de la entrada en vigencia del régimen de excepción, en marzo de 2022.   A las 11:03 de la mañana del 26 de julio de 2024, un militar con uniforme de fatiga salió de su cuartel improvisado portando su fusil M-16 entre las manos. El militar dirigió su mirada hacia un pickup que sin avisar entró a la finca El Porvenir, ubicada en las alturas del cráter del lago de Coatepeque. Al fondo del paisaje, el militar podía apreciar una vista paradisiaca que ahora ya tiene nuevo dueño: su comandante en jefe. 

Los hermanos de Nayib Bukele junto a su madre, Olga Ortez, controlan una de las sociedades que despuntó en activos entre 2021 y 2023.

Grupo Bukele y las plantaciones de caña de azúcar

El 2 de agosto, varios tramos de la calle Antigua Vía de Ferrocarril, en Armenia, Sonsonate, estaban cerrados. La Dirección de Obras Municipales (DOM) estaba interviniendo la ruta que conduce a dos terrenos propiedad de Grupo Bukele S. A. de C. V., una de las principales sociedades de la familia presidencial de El Salvador. La DOM es una institución del Ejecutivo que sustituyó la ejecución de las obras públicas que con anterioridad administraban las alcaldías. La institución, dirigida por funcionarios que a la vez son dirigentes del partido oficial, centralizó todas las obras y ha ejecutado millonarios contratos irregulares, algunos de los cuales han favorecido a  sociedades vinculadas a miembros del partido oficial.

Grupo Bukele adquirió dos terrenos vecinos en esa zona el 14 de junio de 2023. Entre ambos suman 503,271.08 metros cuadrados con un valor de $1.159 millones, según documentos oficiales de la compraventa. Las fincas tienen algunas edificaciones, pero en su mayoría están ocupadas por siembra de caña de azúcar. 

Estos terrenos le pertenecieron a la familia Velasco Rivas y a Gliter, una de sus sociedades.  El 18 de septiembre por la tarde, Liliana Velasco se negó a dar detalles de la venta de los terrenos. 

Vista panorámica de la zona en la que se ubican los terrenos con cultivos de caña de azúcar de Grupo Bukele en la zona occidental del país.

La historia de Grupo Bukele, la sociedad que reúne a los tres hermanos y a la madre de Nayib, comienza en 2016. Karim, Yusel e Ibrajim Bukele junto con Olga Ortez fundaron la sociedad con un capital inicial de $2,000. En la escritura de constitución establecieron que su principal objetivo sería la “comprar, vender, arrendar, permutar, dar o recibir en arrendamiento, depósito, comodato hipoteca, prenda o en cualquier otra clase de contrato los bienes muebles e inmuebles de la sociedad” y que “podrá desarrollar cualquier otra actividad (…) ya sean industriales, comerciales o de servicios”. 

Desde el 5 de octubre de 2021, la administración quedó en manos de los mellizos Ibrajim y Yusef. Desde entonces, Ibrajim ha entregado poderes a cuatro personas para que puedan representar a la sociedad. Entre ellos está Walter Edgardo Serrano Guevara, uno de los fundadores de Nuevas Ideas, la abogada y notaria de confianza Claudia Beatriz Juárez Galvez, también afiliada al partido oficial, Melvin Josué Bolaños Velasquez y Héctor Manuel Velasquez.

El 20 de octubre de ese año, Global Motors, S. A. de C. V., otra de las empresas de los Bukele, le vendió tres terrenos, ubicados en la Loma Alta, Santa Ana Centro, que suman 3,584.58 metros cuadrados a su sociedad hermana a un precio conjunto de $750,000. Ibrajim Bukele actuó en representación de ambas sociedades. 

Meses después, el 16 de agosto, Grupo Bukele compró otros dos inmuebles más en la urbanización Miramonte, en Santa Ana Centro, a un costo de $370,000. Los inmuebles tienen un área combinada de 539.37 metros cuadrados y también eran propiedad de Global Motors.

Los balances de Grupo Bukele tuvieron otro aumento significativo al año siguiente. Al final de 2022, registró activos por $5,182,211.17. Según los registros de las propiedades, el 24 de marzo de ese año, la sociedad  hipotecó los terrenos ubicados en Loma Alta, Santa Ana, que le compró a Global Motors un año antes a un monto de hasta por $4,339,000 con el Banco Davivienda. 

Nayib Bukele y su esposa, Gabriela, en el arranque de su gobierno inconstitucional, el 1 de junio de 2024.

La casa matriz y un semáforo

En mayo de 2023, el Ministerio de Obras Públicas instaló un semáforo en la intersección de la avenida Jerusalén y la calle La Mascota, en uno de los límites de la ciudad capital, y retiraron la pasarela que atravesaba una de las vías más concurridas de la ciudad. 

En la avenida Jerusalén los semáforos instalados solo cambian a color rojo cuando hay peatones que desean cruzar la calle o al haber vehículos para atravesar desde calle La Mascota”, publicó el Ministerio de Obras Públicas en sus redes sociales el 25 de mayo. El tráfico en una de las avenidas más transitadas del país empeoró.

Muchos de los vehículos que atraviesan esa intersección se dirigen hacia dos propiedades de Prepare, una sociedad dirigida por la pareja presidencial. Las casas fueron compradas el 30 de junio de 2023 a $400,000 cada una. Ese mismo día, Rodriguez hipotecó en nombre de Prepare uno de los inmuebles por un valor conjunto de hasta $960,000 a un plazo de 20 años con el Banco Cuscatlán. Según el registro de propiedad, la primera tiene un área de 1,540 metros cuadrados y la segunda, 1,597.27. 

Esta sociedad fue otra de las que tuvo un crecimiento en sus balances pronunciado. En 2022, registraron poseer $91,921.29 y para el cierre de 2023 ese monto había crecido cerca de diez veces hasta llegar a $1,023,890.23

La dirección del primer inmueble coincide con el domicilio donde la familia Bukele ha registrado 12 de sus sociedades, entre ellas Obermet, Corporación Logística de Servicios, la sociedad que controla las fincas de café, Corporación del Sur, Lagencia, Hifumi, Grupo Altermedia, etc. 

Bukele junto a sus hermanos durante su primera gestión. La legítima.

Las otras 22 propiedades del “centro de poder”

Desde que Nayib Bukele incursionó en la escena política salvadoreña, sus hermanos y primos se convirtieron en asesores cercanos que operaban desde las sombras. Cuando ganó su primer puesto público en 2012, Karim Bukele y los hermanos David y Xavier Zablah formaron parte del equipo de transición junto con figuras históricas del FMLN, el partido de izquierda al que perteneció hasta 2017.

Los hermanos de padre y madre (Karim, Ibrajim y Yusef Bukele) no ostentan ningún cargo público, aunque son piezas clave y emisarios de la Presidencia en asuntos tan sensibles como las negociaciones de fondos de emergencia para la pandemia, viajes diplomáticos y establecimiento de políticas públicas como la Ley Bitcóin.

Según una investigación periodística, el extinto Grupo Especial Antimafia (GEA) de la Fiscalía General de la República llegó a señalarlos como el centro de poder de una estructura criminal enquistada en el Estado en una investigación sobre negociaciones con pandillas, robo y venta de sacos de alimentos y adjudicación irregular de contratos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). 

Luego de que los diputados de Nuevas Ideas sustituyeran inconstitucionalmente al fiscal general Raúl Melara y nombraran a Rodolfo Delgado, las investigaciones del GEA fueron archivadas y los fiscales que trabajaron en ellas salieron exiliados. 

Una persona que trabajó en la FGR y que tuvo conocimiento cercano de esta investigación dijo que “los hermanos del presidente, no tienen cargo oficial y por ende no tienen obligaciones, pero dentro de la estructura de poder tienen la capacidad de influenciar las decisiones de los demás abajo”.

Los hermanos de Nayib,  junto con su madre,  Olga Ortez,  y su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele, han adquirido 16 propiedades valuadas en $1.4 millones, según los registros del CNR, entre septiembre de 2019 y marzo de 2024.

El  3 de septiembre de 2019, Ibrajim Bukele compró un apartamento con dos estacionamientos y dos bodegas en Antiguo Cuscatlán, a un costo conjunto de $166,300. Ibrajim ha recibido fondos públicos para viajar en misiones oficiales para representar al Gobierno de El Salvador, a pesar de que públicamente no tiene ningún cargo público. 

Después de esa adquisición, tardaron dos años en comprar otros inmuebles. El 25 de marzo de  2021, Karim Bukele compró dos terrenos que suman un área de 3,339. 96 metros cuadrados ubicados en Talnique, por un monto de $60,000.

El 24 de febrero de 2022, Yusef compró un apartamento con dos estacionamientos y una bodega en la exclusiva colonia San Benito, por un valor de $442,000.

Cuatro meses después, Ibrajim Bukele compró el inmueble de mayor valor entre sus hermanos. El 27 de julio de 2022, adquirió un terreno de 6,961.58 metros cuadrados en la urbanización Palmira por $431,980.56. 

El 9 de marzo de 2023, la madre de Bukele también compró una propiedad en la colonia Escalón que está valorada en $190,000.

En marzo de 2023, durante el primer gobierno de su marido, la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele también adquirió junto con su familia dos terrenos en la Costa del Sol, La Paz Centro, que suman 1,775.14 y tuvieron un costo de $26,986.12. En mayo de 2024, comerciantes de esta playa fueron desalojados por una orden judicial y agentes policiales y municipales quemaron y destruyeron sus ranchos ubicados a la orilla del mar. 

La Corte Suprema oficialista controla la sección de Probidad, instancia mandatada por ley para vigilar y alertar de indicios de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

El silencio de probidad 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró reservada las declaraciones públicas de patrimonio de los funcionarios, incluyendo la del presidente de la República. Expertos señalan un retroceso y que esto viola derechos fundamentales y oculta información que ayuda a fiscalizar el poder. 

Previamente, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia elaboraba una tabla con los datos públicos para entregar la información solicitada, pero desde hace dos años se ampara el argumento de confidencialidad para negar este tipo de solicitudes. Sin embargo, el 25 de julio, UAIP negó la declaración patrimonial de Nayib Bukele bajo tres argumentos. 

En el primero citan la limitante que el tercer inciso del artículo 240 de la Constitución establece con respecto a la reserva y resguardo de las declaraciones juradas de patrimonio. En el segundo, señalan que el artículo 6 de la a Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos dicta que “las declaraciones serán mantenidas en reserva y se clasificarán y guardarán en un archivo especial que al efecto llevará la Corte Suprema de Justicia”. Y, por último, echaron mano del literal f del artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública que señala que “la información confidencial es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”.

Esta nueva interpretación choca con diferentes resoluciones que el Instituto de Acceso a la Información Pública emitió en 2015 y 2016 que terminaron botando el argumento de reserva en el caso del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González.  En aquel entonces, la máxima autoridad en la entrega de información señaló que la reserva hace referencia a datos confidenciales contenidas en las declaraciones patrimoniales y ordenó que la entrega de las declaraciones siempre y cuando “se tache u omita la información confidencial del magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla, tales como números de cuentas bancarias, nombre de cónyuge e hijos, domicilios o direcciones de propiedades, y placas de vehículos automotores”, estableció el 23 de julio de 2015.

“Mediante la publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios se fomenta el principio ético de la transparencia, sirve como mecanismo de combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático”, agregó el IAIP. 

Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional que estuvo en el periodo 2009-2018 agregó que la discusión en el pleno de la corte avaló la entrega de la declaración pública del exmagistrado González porque “los ciudadanos tenían derecho a conocer información de interés público”. 

El exmagistrado dijo que la interpretación de la reserva de la que habla el artículo 240 de la Constitución “está referida a datos sensibles y no al patrimonio. El patrimonio debe ser público”. 

“A partir de ahí, con ese criterio, se comenzó a extender a todos los solicitantes la información sobre declaraciones patrimoniales con la instrucción que se tachara aquellos datos sensibles y que se hiciera un formato de versión pública”, dijo el exmagistrado. 

“La negatoria de la información patrimonial impide a los ciudadanos tener claridad sobre el trabajo de los funcionarios públicos y sobre los posibles enriquecimientos injustificados. La interpretación que niega la información es una interpretación restrictiva que da primacía los intereses particulares y es contraria al estándar internacional”, apuntó. 

Eduardo Escobar, Director de Acción Ciudadana, una de las organizaciones de la sociedad civil que investigan la rendición de cuenta del Gobierno salvadoreño, coincidió en que existe un retroceso en el acceso a la información patrimonial de los funcionarios “porque al negar este tipo de información está propiciando la opacidad en la función pública. Le está dando vía libre a los funcionarios para ser arbitrarios en la gestión de la cosa pública sin que la prensa y la ciudadanía se dé cuenta de esa arbitrariedad. Eso está promoviendo la CSJ bajo ese argumento de confidencialidad”.

La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y  tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.  

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

La organización Ayudando con Amor, que, como evidenciamos en una publicación anterior, ha sido utilizada por políticos para elevar su perfil ante el electorado y ha recibido millonarios fondos del Instituto de la Propiedad (IP) y del Congreso Nacional (CN) entre 2022 y 2023, no fue suficientemente precisa ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) en su declaración jurada correspondiente a 2022, respecto a los proyectos ejecutados y las donaciones recibidas ese año.

El 17 de julio de 2024, Contracorriente pidió a la Dirrsac los estados financieros de la organización Ayudando con Amor de los años 2021, 2022 y 2023. La institución respondió con dos declaraciones juradas de la ONG correspondientes a los primeros dos años y un memorando de la directora de la Dirrsac, Flor Salgado, en el que se explica que hasta el 22 de julio de 2024 Ayudando con Amor no había presentado los estados financieros de 2023.

En la declaración jurada de 2022, que fue firmada y certificada notarialmente hasta el 7 de diciembre de 2023, es decir, un año después del año declarado, la presidenta de Ayudando con Amor, Claudia Álvarez, afirmó que ese año no se desarrollaron proyectos de ninguna índole y que no se generaron cifras contables para reportar.

«Ayudando con Amor, en el año 2022, se enfocó en estructurar y conformar completamente la estructura organizacional, el plan operativo de actividades y la logística necesaria para el funcionamiento», indicó Álvarez en la declaración jurada, que está certificada por el notario Laureano Carbajal Rivas, actualmente procesado judicialmente por delitos de falsificación de documentos públicos.

Sin embargo, Contracorriente pudo identificar que esta información contiene irregularidades y ambigüedades, ya que Ayudando con Amor firmó el 20 de junio de 2022 un convenio de cooperación técnica con la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP), durante la administración de Darío García como secretario ejecutivo, para la entrega de 3,200 kits de emprendimiento y gastos logísticos como capacitaciones, personal técnico, movilización y entrega de los kits.

Oficinas del Instituto de la Propiedad en el Centro Cívico Gubernamental (CCG). Distrito Central, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Dicho convenio estipulaba una donación de 39.5 millones de lempiras, efectuada por el IP en cuatro desembolsos. La ayuda, que supuestamente se distribuiría en 11 departamentos del país, consistía en kits de emprendimiento que incluían asadores de pollo, estufas, planchas, freidoras y productos de belleza.

Contracorriente consultó a Claudia Álvarez, presidenta de Ayudando con Amor, si la donación se había efectuado en 2022. Vía telefónica, contestó lo siguiente: «No sé de qué me habla; no manejo la información. Ante todo lo sucedido, no puedo hablar por este medio. Podemos hacerlo por la vía legal y con gusto responderemos a las preguntas».

No obstante, el convenio cuenta con la firma de Álvarez y de la entonces coordinadora técnica de la UCP del IP, Cristy Sánchez. El convenio indicaba que un primer desembolso de más de 5.9 millones de lempiras se efectuaría después de la suscripción del convenio y de la entrega del primer producto.

Recorte fotográfico del convenio suscrito entre la UCP del IP y Ayudando con Amor el 20 de junio de 2022, en el cual se consignan las firmas de Cristy Sánchez y Claudia Álvarez. Foto CC

De igual modo, el documento consignaba que el acuerdo tendría vigencia a partir de la fecha de suscripción y que la ejecución del proyecto se llevaría a cabo en un período de seis meses contados desde la fecha del primer desembolso. Sin embargo, Claudia Álvarez se negó a informar a este medio sobre cuándo se efectuó el primer pago o si existió alguna adenda al convenio que justificara retrasos en la entrega del primer producto y, por ende, en la recepción del primer desembolso.

El convenio entre el IP y Ayudando con Amor fue suscrito 16 días después de que se ordenara la liquidación del fideicomiso que sirvió como fuente de financiamiento para el proyecto, y apenas tres días después de que la ONG experimentara un cambio en su junta directiva. El 17 de junio de 2022, Claudia Álvarez y tres personas más habían asumido sus cargos en la junta directiva que continúa en funciones hasta la fecha, según los registros de la Dirrsac.

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Contracorriente intentó obtener una respuesta de la Dirrsac respecto a las irregularidades encontradas en la declaración jurada de Ayudando con Amor. Inicialmente, solicitamos una entrevista con Flor Salgado, directora de la Dirrsac, pero se nos comunicó que estaba de baja médica y que regresaría a sus funciones en octubre.

En su lugar, fuimos atendidos por Nasry Medardo Hernández, quien se negó a informar cuál es el cargo que tiene dentro de la Dirrsac. A pesar de que observó las inconsistencias en las declaraciones juradas de Ayudando con Amor, el funcionario se limitó a afirmar que la institución no puede hacerse responsable de lo que las organizaciones declaran, y nos sugirió pedir explicaciones a la ONG.

«La ley [de Fomento para las ONG] establece que lo contenido en las declaraciones juradas es responsabilidad exclusiva de las ONG y no de la Dirrsac», aseveró. 

Cuando le consultamos acerca de que la Ley Especial de Fomento para las ONG también estipula que el incumplimiento de la presentación de estados financieros conlleva la cancelación de la personalidad jurídica, respondió de forma superficial: «No se imagina la cantidad de ONG que están actualmente con ese problema».

Controversia rodea al convenio entre el IP y Ayudando con Amor

El convenio de cooperación entre el IP y Ayudando con Amor ha sido cuestionado por funcionarios del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, y el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, por supuestamente haber sido utilizado para entregar los kits sin ningún seguimiento al fomento del emprendimiento, y como estrategia para favorecer al diputado del Congreso Nacional (CN) Jorge Cálix, quien es actual precandidato presidencial por el Partido Liberal y antes lo fue por el oficialista Partido Libre, del que se desligó el 16 de julio de 2024. 

El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) debido a la falta de registros confiables y violaciones legales en el manejo de más de 18,000 millones de lempiras desde 2015. Se denunciaron irregularidades en la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, entre otras. 

Activistas de Libertad y Refundación afines a Jorge Cálix, antes de regresar al Partido Liberal, se tomaron el Instituto de la Propiedad denunciando una persecución política. Distrito Central, Junio 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Simultáneamente, el Ministerio Público (MP) abrió líneas de investigación en relación a la inadecuada administración de recursos por parte del IP en ese período y presentó un requerimiento fiscal contra su exsecretario ejecutivo Ebal Díaz, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber obtenido en 2022 la nacionalidad nicaragüense, país que prohíbe la extradición de sus ciudadanos. El MP negó a Contracorriente dicho requerimiento fiscal cuando lo solicitó vía información pública. 

En el caso de la gestión de Darío García —cercano a Cálix— como secretario ejecutivo del IP, entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, se habrían mal utilizado 1,000 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Lafise Honduras S.A., que era administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y estaba destinado a la modernización del registro vehicular.

A pesar de que el CN derogó el decreto del fideicomiso el 4 de junio de 2022, el IP no reportó los fondos disponibles a la Secretaría de Finanzas. El 13 de junio de 2024, el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció que, para junio de 2022, el monto no reportado superaba los 2,000 millones de lempiras, y que para julio de 2023 se había reducido en cerca de 1,000 millones.

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Cuando el 30 de mayo se dio a conocer que la Fiscalía estaba investigando el inadecuado uso del fideicomiso utilizado para financiar la donación de 39.5 millones de lempiras a Ayudando con Amor, Jorge Cálix, que todavía militaba en el Partido Libre, subió un video a sus redes sociales frente al MP, asegurando que el fiscal general Johel Zelaya y Rixi Moncada, actual precandidata presidencial por el partido de gobierno y recientemente nombrada secretaría de Defensa, estaban llevando a cabo una persecución contra él y sus personas cercanas.

Actualmente, Darío García es coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio del Partido Liberal, que apoya a Jorge Cálix de cara a las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Qué más sabemos de Ayudando con Amor 

En el reportaje Ayudando con Amor, una ONG para el proselitismo político, expusimos los vínculos del primer apoderado legal de esta ONG, Junior Toscano, con los exdiputados Fredy Nájera y Dennys Sánchez. Nájera está sentenciado por una corte federal de Nueva York a 30 años de prisión por narcotráfico, y Sánchez enfrenta actualmente un proceso judicial por el desvío de fondos asignados por el Congreso Nacional (CN) a una ONG.

De igual modo, informamos sobre la relación del diputado Ernesto Lezama, actual vicepresidente alterno VI del CN, con Ayudando con Amor. El congresista ha utilizado la ONG con fines proselitistas mediante la construcción de obras sociales en su departamento, Choluteca, utilizando fondos de las subvenciones que otorga el Congreso sin registros de liquidación o beneficiarios. Entre 2023 y 2024, los montos erogados por subvenciones suman 352 millones de lempiras, adicionales a los 21.9 millones que ese poder del Estado ha donado a ONG en el mismo período.

Interior de un edificio construido en Marcovia, Choluteca por la fundación Ayudando con Amor por la intervención de actores políticos de los zona. Agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Además, revelamos que uno de los actuales directivos de Ayudando con Amor, el vocal Henry Joel Solórzano Chávez, laboró en el Programa de la Red Solidaria, dependiente del Poder Ejecutivo, entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre de 2023. Otro directivo, el tesorero Bairon Josué Berríos Salinas, tiene actualmente un contrato de servicios laborales en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que plantea dudas sobre posibles conflictos de interés.

La presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala enfrenta el reto de pasar de administrar un sistema político viciado a transformarlo. En el camino, sin embargo, ha completado la primera mitad de su primer año de gobierno sin tener resultados claros y con el cerco de un Ministerio Público que busca erosionar su legitimidad.  

Por Bill Barreto
Crédito: Ilustración: Donají Marcial

“¡Fuera Consuelo, fuera Consuelo!”, gritaba una comitiva gubernamental encabezada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, el pasado 6 de mayo mientras se dirigía a pie desde el Palacio Nacional hacia el Congreso para presentar una iniciativa de ley que permitiría la remoción de Consuelo Porras como fiscal general de la República.

Al día siguiente, los 23 congresistas de Semilla, el partido de Arévalo, entraron al hemiciclo al grito de “¡107 votos!, ¡107 votos!”, el número de diputados para aprobar de urgencia nacional la reforma de la Ley del Ministerio Público. Pero la sesión se cerró con 107 ausentes. Los llamados del jefe del bloque de Semilla, el diputado Samuel Pérez, de “ponerse del lado correcto de la historia” resonaron entre los curules vacíos.

En aquel entonces el gobierno de Arévalo, que había llegado al poder con la promesa de acabar con la corrupción sistemática que sufre el país durante los últimos años, ya había cumplido la simbólica cifra de los 100 días. Esa misma semana la influyente organización comunitaria 48 Cantones señalaba en un comunicado que “la primavera aún no florece”. Según fuentes de Semilla, el mandatario estaba recibiendo críticas internas por su tibieza ante Consuelo Porras.

Karin Herrera y Bernardo Arévalo PIE DE FOTO: El binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron el cargo la madrugada del 15 de enero tras una convulsa sesión parlamentaria de más de ocho horas. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

La fiscal general, electa por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, encarna para muchos guatemaltecos el llamado Pacto de Corruptos. El término nació como un hashtag en redes sociales contra el cierre Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); continuó con las protestas de septiembre de 2017 contra la reforma aprobada por el Congreso para modificar el Código Penal para que las condenas que no superen los diez años de prisión fueran conmutables; y ha acabado por designar una alianza nebulosa de políticos, empresarios, operadores de justicia e integrantes de grupos criminales que forman una especie de estado paralelo en Guatemala.

Durante la administración de Porras se han cerrado varios casos de corrupción contra altos cargos investigados, entre ellos una investigación por la trama de Odebrecht protagonizada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y dos investigaciones sobre el candidato presidencial Manuel Baldizón, también incluido en el expediente de la empresa brasileña. El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala Juan Francisco Sandoval, destituido del cargo, tiene una orden de captura vigente por acciones al frente de la fiscalía. Sandoval, que cuenta con asilo político en Estados Unidos desde septiembre de 2023, fue responsable de investigaciones sobre corrupción en contra de los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Al salir al exilio en 2021,  aseguró que su remoción del MP se produjo cuando comenzó a investigar al expresidente Alejandro Giammattei, el presidente que ratificó a Porras como fiscal general.

El día anterior a la presentación de la iniciativa en el Congreso para remover a Porras, el presidente Arévalo había dicho en cadena nacional que “una minoría corrupta” seguía controlando la política del país. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, dijo el mandatario en la antesala al hemiciclo. Pero la derrota de aquel 7 de mayo en el Congreso, según fuentes gubernamentales, estaba anunciada.

El presidente Arévalo, junto a su gabinete de gobierno, presentó el 6 de mayo la iniciativa de reformar la ley del MP y permitir la destitución de Consuelo Porras.

Los propios diputados que buscaron apoyo de otros bloques reconocen no haber tenido contacto con el partido Vamos, del expresidente Giammattei, la principal fuerza con 39 diputados, y los opositores Valor y Unionista, que suman 12 curules. Sin contacto con 51 de 160 diputados para que la iniciativa pudiera salir adelante debieron contar con 107 de 109 votos disponibles. Además, dos diputados fuera del oficialismo reconocieron, bajo reserva de su identidad, haber recibido presiones que identifican como provenientes de la fiscalía desde ese intento de Semilla de tumbar a Porras.

“El negocio de un familiar, con el que tengo algunas relaciones comerciales, fue allanado. Sé que me querían presionar, le hablé a uno de sus contactos acá (en el Congreso), para decirle que no me iba a dejar  intimidar”, dijo uno de los congresistas.

El otro diputado, de una fuerza minoritaria, indicó que algunos de sus contribuyentes de campaña, cuyos registros de aportes del Tribunal Supremo Electoral se encuentran en poder del MP, comenzaron a ser “sondeados” por la fiscalía como un mensaje para evitar cambiar su lealtad.

El resultado de este primer pulso en el Congreso concluyó a un Ejecutivo sin la capacidad de lograr acuerdos políticos, una bancada oficial con el partido suspendido y aislada. Fuera del hemiciclo, el Ministerio Público, comandado por Porras, aglutinaba a la oposición con un mensaje muy diferente: la victoria electoral de Semilla en 2023 debe ser cuestionada y la presidencia de Arévalo debe caer. 

El presidente del Congreso, Nery Ramos, del minoritario partido Azul rodeado por integrantes de Semilla que apoyaron su elección al Legislativo. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

Tras la cabeza del presidente

“El presidente Arévalo es el principal responsable de fomentar la impunidad”, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, al presentar el 21 de agosto desde la sede central del Ministerio Público la solicitud de retiro de inmunidad contra el mandatario. El nuevo caso, denominado “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago” presentado por el fiscal Curruchiche acusa al presidente de ordenar el pago a contratistas del Ministerio de Comunicaciones mediante un procedimiento que calificó de “irregular”. 

La fiscalía sustenta su acusación en un listado con autorizaciones de pago firmadas por el presidente durante la gestión de la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, destituida el pasado 17 de mayo, según un comunicado de la presidencia, por incumplir “instrucciones del presidente de la República, autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”. El proceso abierto por el MP, que busca equiparar la ejecución de obra pública del gobierno de Arévalo con los casos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, incluye una llamada grabada por de la Vega al momento de ser destituida.

En dicho audio filtrado en redes sociales y confirmado por el presidente, el mandatario le reclama a de la Vega autorizar pagos, incluyendo 16 operaciones por más de Q100 millones, “en una lista que no está autorizada por mi persona”, dice Arévalo en el audio.   Según explicó el presidente posteriormente en conferencia de prensa, la lista de pagos era elaborada con obras que estaban  supervisadas, con avances físicos y que fueran proyectos sin problemas de corrupción, además de que se evitara repetir pagos a la misma compañía. 

De la Vega negó haber filtrado la conversación o entregado los documentos con las autorizaciones de pagos firmados por el presidente mostrados por el fiscal Curruchiche.

Los pagos corresponden a obras contratadas tanto en el anterior gobierno como en el actual, pero todas pagadas durante esta administración. Entre ellas está la adjudicación a una empresa que participó en la destitución del director general de Caminos, Gilberto Guerra, el pasado julio, señalado de coaccionar a integrantes de una junta de licitación.  

La acusación,  respaldada también con la denuncia de otro integrante de la Lista Engel, como Curruchiche, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, vino a mostrar la vigencia de este pulso encarnado en el presidente Arévalo y Porras.

La fiscal general, Consuelo Porras, rodeada por su equipo de seguridad. Porras ha limitado sus apariciones públicas desde las protestas del Paro Nacional de 2023. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

La denuncia judicial también condujo a la solicitud de juicio político al ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. “No vamos a premiar al mediocre, uno no puede premiar al que se está portando mal manteniéndolo en el cargo”, dijo el 11 de julio en el Congreso Allan Rodríguez, diputado del partido Vamos y presidente del Legislativo durante dos años del gobierno de Giammattei, sancionado por la Ley Magnitsky de Estados Unidos por un supuesto uso de “la autoridad para otorgar subvenciones o sobornos financieros”. 

La ofensiva judicial contra la administración de Arévalo llegaba así al mismo Congreso que había tumbado su iniciativa para remover a Porras.

Los recursos del Estado

“El escenario en el que navegamos es el más complejo que preveíamos. No somos oposición, ni utilizamos el desgaste, ni tenemos instrumentos del poder Legislativo”, dice Samuel Pérez, jefe de bloque del partido Semilla (suspendido por el Tribunal Supremo Electoral tras una investigación del MP). Pérez, uno de los protagonistas del intento de remoción de Porras, señala que su estrategia inicial de gobierno contemplaba encabezar la Junta Directiva del Congreso y poder impulsar desde el Ejecutivo un proceso de reformas  para “cambiar de régimen, cambiar la forma en que se ejerce el poder para que ya no sea bajo términos de corrupción impunidad”.

El jefe de bloque de Semilla, Samuel Pérez (derecha) junto al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos asistiendo a una reunión en el Congreso de la República. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

Pero una vez que esa estrategia fracasó, el congreso se ha convertido en un escenario de enorme desgaste para el Ejecutivo con  las solicitudes de interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.

Detrás del pulso representado por el Ejecutivo y el MP, lo que se encuentra en juego en Guatemala es el control de los recursos del Estado en un país que ocupa el puesto 150 de 184 calificados, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2023.

“El declive que registra Guatemala (23 puntos sobre 100) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción”, destacaba el informe de IPC.

Desde su despacho en Casa Presidencial, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social y excomisionado presidencial contra la corrupción, señala que hay 104 denuncias presentadas por su oficina en materia de infraestructura, contratos públicos, compra de insumos, contrataciones y un largo etcétera, que han presentado ante el MP, sin obtener resultados. Palomo identifica a la administración de Porras en el MP como: “la trinchera de la impunidad, del crimen organizado”.

El discurso de la lucha contra la corrupción le permitió al partido Semilla pasar a segunda vuelta electoral por la presidencia, sumar 23 escaños del Congreso y finalmente obtener la presidencia. Pero en contraparte para ganar la simpatía de los congresistas corren el riesgo de recaer en prácticas de clientelismo político que desacrediten su imagen. Luego de un primer semestre de gobierno el presidente Bernardo Arévalo aún no puede mostrar algún éxito político que vaya más allá de acciones administrativas. Las decisiones que exceden el ámbito presidencial y que depende de las cortes de justicia o del Congreso le son esquivas.

“Yo no he visto un solo puente de diálogo”, dice el jefe del bloque del Partido Valor, Elmer Palencia, secretario de organización del partido que postuló a Zury Ríos a la presidencia en 2023. “Con el gobierno o la exbancada oficial de Semilla no hay diálogo, solo nos dicen esto es lo que queremos y si no estás de acuerdo, sos corrupto”.

El 13 de agosto, después del desgaste enfrentado por el Ejecutivo en el primer semestre del año, una necesidad apremiante ofreció una oportunidad de apoyo del congreso: la desfinanciación del Estado. 

A finales de 2023 las propuestas de reformas del gobierno recién electo al presupuesto de 2024 fueron rechazadas por el Congreso, por lo que quedó vigente el presupuesto del ejercicio anterior. Eso dejaba a la administración con un agujero de Q14, 151 millones (alrededor de US$1,830 millones) para este año en el funcionamiento del gobierno. Con el paso de los meses los reclamos de alcaldes llegaron a los diputados distritales, ante el riesgo de retrasos en ejecución de obras y atención de servicios.

El diputado Allan Rodríguez, integrante del partido Vamos, y uno de los más beligerantes voceros de la oposición descendiendo frente al Palacio Nacional. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

El Ejecutivo consiguió con 114 votos la aprobación de la ampliación del presupuesto. Entre los incrementos se incluían Q1,675 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo que gestionan proyectos de obra pública en todo el país,  y Q1,676.6 millones para las municipalidades.

El antecedente de ese apoyo no pasó desapercibido para la fiscalía. La ampliación fue suspendida mediante un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucional por pedido de integrantes del partido Vamos, de la diputada Sandra Jovel, del partido Valor y ex canciller del presidente Morales; y nuevamente de la FCT. Pero el 27 de agosto, de nuevo con 114 votos del Congreso, se eludió el veto que había otorgado la CC y la ampliación presupuestaria fue acordada.

Es en este punto que fuentes políticas del Ejecutivo y Legislativo señalan la estrategia que sigue el gobierno para propiciar la salida de Porras, una acción en dos movimientos: primero buscar que se mantengan acuerdos más extensos en el Congreso como el que les brindó la ampliación presupuestaria y se sostengan para permitir la reforma de la Ley del Ministerio Público; segundo en paralelo apoyar que el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, les brinde apoyos en la cortes para mermar el poder del MP de iniciar procesos con motivos políticos.

De momento los apoyos en el Congreso lograron ser sostenidos y con una nueva iniciativa de ampliación presupuestaria, aprobada el 27 de agosto con 114 votos, se eludió el veto que había otorgado la CC.

El presidente Arévalo aprovechó la sesión solemne en el Congreso del 12 de septiembre en conmemoración de la Independencia para reconocer el respaldo de los congresistas en la ampliación presupuestario y realizó un llamado por la elección de las cortes:  “Diputados y diputadas, debemos mantener esa sintonía, pues se anticipan retos importantes para la justicia de Guatemala, la justicia vale la pena, la democracia vale la pena”.

El poder judicial y el rumbo de la democracia

El 26 de agosto, un día antes de la votación definitiva sobre la ampliación de los presupuestos, los jefes de bloque de las bancadas fueron invitados a una reunión en el MP, según la comunicación oficial de la institución “para abordar el delito de usura” y posibles reformas legales. A la cita no acudieron los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, apoyada para su integración por el bloque de Semilla. Fuentes que participaron de la reunión aseguran que esta también sirvió a los asesores de la fiscal general para medir cuánto respaldo tiene en el Congreso para evitar una reforma legal que permita al presidente Arévalo destituirla.

En este contexto se producirá la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En este proceso de elección de Cortes 11 aspirantes a cargos de magistratura, algunos de ellos provenientes del MP como el fiscal Curruchiche, han sido incluidos en la Lista Engel como actores antidemocráticos que propician la corrupción. Fuentes diplomáticas, señalan que un proceso transparente y sin intervenciones es clave para la continuidad democrática.

Para el gobierno Arévalo, según fuentes de Semilla, puede marcar el futuro de su mandato. Ahora mismo el gobierno cuenta con que sus acciones desde el Ejecutivo estarán bajo el riesgo de judicialización en el MP, pero unas cortes menos plegadas a la fiscal general le restarían poder de acción. Arévalo enfrenta otro momento clave en su pulso con Porras.  

Texto:  Fernando Destephen y Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen

«Buenas tardes, Juan López», saludó el sacerdote Carlos Orellana al iniciar la misa de cuerpo presente en la catedral de Tocoa, Colón. «Buenas tardes, Juan López», repitió, y todos en la iglesia respondieron a coro alrededor del ataúd. A Juan López lo asesinaron el 14 de septiembre; salía de la iglesia cuando un sicario se acercó a su vehículo y disparó.

Juan fue criminalizado en 2019 por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal. Él, junto a más de 30 ambientalistas, fueron procesados y encarcelados por oponerse a la instalación de una mina de la empresa Inversiones Los Pinares que estaba contaminando el río Guapinol y el río San Pedro, principal fuente de agua de varias comunidades en Tocoa.

En las últimas semanas, Juan había denunciado nuevos procesos de criminalización en contra de él y sus compañeros defensores del ambiente.

«Sabías muy bien que el sistema extractivista y minero es un sistema que mata y destruye a todo el mundo, junto con la corrupción de los falsos políticos y los narcogobiernos. Pero sobre todo, entendiste que la lucha por la vida de los pueblos no termina jamás», fueron las palabras del obispo de Trujillo, Jenry Ruiz.

El padre Ismael Moreno, reconocido líder eclesiastico y social en Honduras, en su intervención en la misa dijo: «El asesinato de nuestro hermano Juan López, desde su plena y absoluta identidad inicial, fue un asesinato político», y agregó que lo que buscan con este crimen es infundir miedo en la comunidad y en la lucha por la defensa de los territorios.

López desde 2023 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que debía garantizar el Estado, pero nunca se cumplieron.

«¿Qué queremos en el Aguán? ¡Justicia para Juan!», se oía dentro de la iglesia, consigna que exige una verdadera justicia, una investigación seria y que los autores tanto materiales como intelectuales no queden en las sombras de la impunidad.

El martes 17 de septiembre, el director de Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Godoy, dijo que la investigación está avanzada, pero que «existe una profunda preocupación por una mayor incidencia que se pueda dar en el sector, porque están muy caldeados los ánimos». La lógica de la fuerza de seguridad es asegurar que no pase nada, cuando ya ocurrió.

Momento de la siembra de Juan López en el cementerio de Tocoa. Cientos de personas, entre amigos, familiares y compañeros de lucha, acompañaron a Juan hasta su lugar de descanso. Tocoa, Colón, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Juan solía escribir textos de reflexión sobre lo que ocurría en nuestro país y los enviaba por Whatsapp. El último que escribió y compartió fue del 14 de septiembre, en el cual se refirió a la independencia de la «patria rota», haciendo un análisis histórico de todas las industrias que han abusado de la tierra en Honduras, desde las compañías bananeras hasta las minas.

Juan era regidor de la alcaldía de Tocoa, Colón, una tarea nada fácil y muy hostil. Enfrentaba al lobo en su madriguera, por lo que sus palabras y acciones incomodaron, y su gestión en favor de los bienes comunes ofendió al poder político y criminal en esa zona. 

«Admito que la lógica de Adán Fúnez y su equipo cercano es incompatible con los principios que rigen mi orientación política», escribió el 14 de septiembre, horas antes de ser asesinado, y condenó que «ser pueblo es el mayor delito ante quienes se obstinan en dominar y explotar».

Juan fue sembrado la noche del 16 de septiembre. Algunas de las nubes que ocultaban la luna llena quedaron amarradas a las montañas que Juan cuidaba, como una despedida de la naturaleza, que perdió un defensor, pero conserva su legado.

«Este es un crimen político, y esperamos que la policía y la fiscalía investiguen quienes son los responsables de la muerte de Juan», dijo el diputado de Libre Juan Barahona, quien acompañó la caminata desde la funeraria hasta la iglesia, y agregó que «el Estado tiene medios de cómo investigar esta muerte para que el pueblo sepa quienes son los asesinos». Lo que no dice Barahona es que su partido tiene el poder sobre las instituciones del Estado, y en lugar de «esperar la justicia» debe ejecutarla.

Tras el anuncio de que el «equipo multidisciplinario» creado y propuesto por la Secretaría de Seguridad para investigar el crimen sería integrado por la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, al que pertenecía Juan, emitió un comunicado en el que manifiestan que no confían en la capacidad de estas instancias de investigar de forma objetiva e independiente lo que calificaron como «crimen político».

Además, en una conferencia de prensa del 18 de septiembre, el Comité exigió la protección inmediata de los defensores y sus familias, así como la cancelación definitiva del megaproyecto de Grupo Emco, al que pertenecen la mina de la empresa Los Pinares, y la planta peletizadora de la empresa Ecotek. También han pedido la sanción inmediata de «funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido la escalada de violencia y criminalización en el municipio de Tocoa».

Por: Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

Estamos en el mes de la visibilidad bisexual, que se conmemora el 23 de septiembre, Generalmente, esta sexualidad pasa debajo del radar social, o es negada a propósito para conveniencias de la heteronorma.

En los últimos veinte años hemos podido ver cómo existe representación de la bisexualidad en mujeres, sea positiva o negativa, pero todavía existen ciertos desafíos en el caso de los hombres; he ahí la razón de este artículo.

¿Por qué hablar de bisexualidades? Porque a diferencia de las monosexualidades, como la heterosexualidad o la homosexualidad, la bisexualidad opera en diferentes grados y a menudo esto genera una confusión semántica, es decir, genera ruido en los conceptos que se manejan hoy día. La bisexualidad va más allá de solo que te atraigan hombres y mujeres, sino que más bien es como un paraguas o un espectro, como explico en mi libro El continuum masculino.

Existen bisexualidades en las que una persona puede sentirse atraídas por mujeres y hombres; otras donde también existe atracción hacia personas de otros géneros disidentes, bisexualidades en la que existen bifurcaciones con cierta predilección por un género por sobre otros, o sin preferencia alguna.

También es cierto que muchas personas que durante mucho tiempo se consideraron heterosexuales u homosexuales han descubierto o desarrollado orientaciones bisexuales, así como que otras se reconocen desde edades muy tempranas. También hay algunas personas que tienden a ocultar su homosexualidad diciendo que son bisexuales para evitar pasar por un duelo, porque la sociedad les exige conformar una familia «tradicional» (con esposa e hijos), o que se autoconvencen de tener interés hacia personas del sexo opuesto por el dolor que representaría no cumplir presiones heteronormativas. Lo cierto es que la bisexualidad existe, también en hombres, y es más común de lo que quieren creer la mayoría de las personas.

Los hombres bisexuales parecen tener desafíos importantes que no son tan frecuentes en las mujeres bisexuales hoy en día, como tener una pareja heterosexual que los juzgue por su atracción, o experiencias con el mismo sexo. Se presionan a sí mismos para mantener ocultas sus relaciones homosexuales con una fachada heterosexual, lo que además de perjudicar su salud mental puede ocasionar problemas en estas relaciones, si hay de por medio el interés de la pareja en formalizar o tener vida pública juntos. Sienten pánico de ser rechazados por  los varones heterosexuales homofóbicos, o inclusive por amistades gays y lesbianas que desconfían de sus intenciones; incluso sufrir el rechazo de mujeres que también son bisexuales.

Estos tabúes repercuten de forma inmensa en cómo la sociedad percibe a los hombres bisexuales y a su vez, su salud mental. Aunque en los últimos cinco años han existido guiños amigables a este sector poblacional desde la televisión, la literatura o el cine (por ejemplo, los personajes de Buck, de la serie 911, Nick, de la novela gráfica Heartstopper, o películas como Plan B, de Marco Berger), todavía existen muchos desafíos y necesidad de más representación.

Y es que la cuestión es que convivimos con la bisexualidad en los hombres, pero poco o nada la sociedad está dispuesta a aceptarla socialmente. ¿Han escuchado historias de hombres con fachada de mujeriegos de los que se rumorea tener un amante masculino? ¿Conocen historias en las que a un hombre lo hayan descubierto siendo infiel a su pareja mujer, con otro hombre? ¿Han escuchado de  dos o más hombres que, pese a tener novia, han tenido encuentros para masturbarse en grupo, o continuamente hacen bromas sugestivamente sexuales entre sí?

Convivimos con mucho homoerotismo reprimido, sin mencionar las fantasías o deseos homosexuales que reprimen muchos varones autoidentificados como heterosexuales, o los encuentros planificados en aplicaciones para «citas» en los que el común denominador es ser «full discreto». Por supuesto que estos ejemplos tienen en común considerar la conducta bisexual como algo moralmente cuestionable, o reducirla a una práctica sexual clandestina.

No solo se trata de que los hombres hayan mantenido su identidad sexual oculta o en una mentira, para disfrutar de su sexualidad clandestinamente y no perder los privilegios heteronormados ‒lo que genera una visión distorsionada y poco empática de lo que pasa en la mayoría de casos‒, sino también de lo que la sociedad impone constantemente a los hombres. Desde la familia, la religión y los grupos de amistades, se ha naturalizado la mentira de que los «verdaderos hombres» solo se relacionan con mujeres. Esta mentira todavía la siguen asumiendo muchos hombres; así lo evidencia la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (IMAGES) de Chile del 2015, en donde la mayoría de hombres y mujeres opinaron de esa forma.

Esta presión afecta desproporcionadamente a los hombres aquilianos, como se denomina a todas las orientaciones en las que un hombre se siente atraído por otros hombres. Los que deciden valientemente vivir su sexualidad, además, pueden sufrir recriminaciones de otros que la mantienen oculta o reprimida e intentan evadir el rechazo social, terminando en un callejón casi sin salida, por lo que se mantienen en el anonimato.

Y digo «casi» porque siempre hay una salida, pero abrirla es algo que toma tiempo, esfuerzo y energía, y algunos ni siquiera logran alcanzarla por preservar una imagen aceptada por otros, lo que produce una fuerte desconexión social y desgaste emocional. Ciertamente no he conocido a la fecha ningún estudio en donde vivir en el clóset toda tu vida favorezca a la salud mental, parece ser todo lo contrario, según lo que sabemos de lo que implica reconocerse como LGTBIQ+ en un mundo cisheternormado.

En este mes debemos recordar con orgullo a esos hombres bisexuales que se esfuerzan o se esforzaron en visibilizar estos temas, como Pablo Perroni, Leonard Bernstein, Savin Williams, Svante Pääbo, David Bowie, entre otros.

A fin de cuentas, cada quien debería poder amar a quien quiera, pero hacer sentir a las personas que para obtener aceptación y felicidad deben «elegir» tener una pareja del sexo opuesto, lejos de apelar a la autonomía, denota pura presión social o una vida sexoafectiva construida con base a estigmas internalizados; es algo que no debería caber en el imaginario de estos días.

Por: Jennifer Avila

A Juan López lo asesinaron la noche del 14 de septiembre después de un evento religioso que la Iglesia católica llama «Celebración de la palabra». Juan era un delegado de esa Iglesia y acababa de «celebrar la palabra» cuando un sicario le arrebató la vida. Pero Juan realmente celebraba la palabra todos los días, y no solo en la iglesia. Él era un reconocido líder ambientalista y también dirigente político en el Partido Libertad y Refundación (Libre), por el cual resultó electo regidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón, en donde siempre señaló la corrupción y los vínculos entre el crimen organizado y los caciques políticos, incluso los de su propio partido.

Quienes mataron a Juan querían callarlo, pero sepan una cosa: ya es muy tarde, la voz de Juan está por todos lados.

La última vez que hablé con Juan me contó que estaba muy esperanzado por una reciente promesa que les había hecho el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, de que pronto se librarían requerimientos fiscales en contra de los empresarios a los que Juan más se enfrentó en los últimos años: Lenir Pérez y Ana Facussé, los dueños de Grupo Emco, un emporio centroamericano aliado con una transnacional estadounidense, dueños de un proyecto extractivista que Juan llamaba «un megaproyecto minero», que comprendía dos concesiones de explotación minera, una planta procesadora de acero y una planta de energía a base de petcoke. Todo altamente contaminante y sobre todo altamente conflictivo en una zona donde el tejido social ya estaba fracturado tras décadas de explotación de los recursos.

Por supuesto, los requerimientos fiscales no llegaron antes de que Juan fuera asesinado. Ahora le toca al fiscal general investigar y darle justicia a Juan, su familia y su pueblo. 

Cuando supe la noticia de que Juan había sido acribillado no podía creerlo. Juan era una persona muy reconocida. Es cierto que ya había recibido muchas amenazas, y, debido a ello, se le habían otorgado medidas de protección que nunca se cumplieron. Incluso tuvo que desplazarse temporalmente, fue criminalizado y encarcelado injustamente, perdió compañeros de lucha a manos de sicarios y vivió muchas pesadillas por su compromiso de defender las comunidades en la zona protegida donde se instaló el megaproyecto minero en Tocoa, al norte de Honduras. A pesar de todo, su asesinato fue una noticia inesperada.

Muchas veces le pregunté a Juan por qué no se iba del Aguán, y siempre me decía que sufría cuando no estaba en su pueblo. Decía que, incluso cuando tenía que salir temporalmente por seguridad,  se la pasaba muy mal, incluso si iba a un pueblo similar.  Juan tenía un amor enorme por su pueblo, por su comunidad.

Decidí escribir estas líneas desde el dolor que me produce contar las historias de violencia de mi país, porque me duele pensar que perdí una persona que confiaba en mí como para regalarme su palabra de denuncia y su conocimiento, y porque me duele siempre estar escribiendo sobre el país que amo, desde las sombras más profundas que generan la violencia, la desigualdad y la impunidad.

Escribo, sobre todo, porque creo, pienso y siento que a Juan no lo han podido callar sus asesinos. En muchas historias que contamos del Valle del Aguán está su voz, su análisis, su denuncia, en sus escritos que al menos cada semana mandaba a todos sus contactos por Whatsapp, en los que de manera incluso poética escribía lo que estaba analizando en ese momento. 

Siempre me preguntaba al leerlo cómo hacía Juan para estar tan enamorado, enamorado de la vida, de su lucha, de su comunidad, de sus compromisos. ¿Cómo le hacía Juan para soñar y para enseñarnos que hay que tener esperanza?

En este momento, sigo sin poder imaginarme yendo al Aguán sin llamar a Juan para pedirle que me explique lo que está pasando, o que me cuente a profundidad las denuncias que ha decidido hacer, o que me acompañe donde sus otros compañeros para escucharles, o que me diga dónde ir a comer.

Ahora que Juan ha sido asesinado, lo van a escuchar más personas. Su palabra se va a regar, y ojalá llegue a los insensatos que lo quieren usar para justificar sus negligencias e incoherencias: los de su partido, los de su gobierno, los de su pueblo, los de su país. Espero que las palabras de Juan llenen muchas páginas de ahora en adelante y, sobre todo, que traigan un poco de justicia a la historia de mi país.

Iris Alas se convirtió en activista por los derechos digitales después de ser víctima de violencia y acoso digital. Ahora, desde la organización Laboratorio Ciudadano, sigue los pasos de Olimpia Coral, la activista mexicana que impulsó reformas legales que llevan su nombre en México y Argentina. Alas busca que en Honduras también se logre una legislación más clara y efectiva para proteger a niñas y mujeres de la violencia digital.

Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté

La historia de Iris se parece mucho a la Olimpia Coral, se trata de reivindicación, de reclamar su nombre y su cuerpo ante la violencia digital. Pero al igual que Olimpia, no comenzó sintiéndose así. 

En 2021, Iris Alas recibió un mensaje de un compañero de clases, que le avisaba que sus fotografías íntimas estaban en un grupo de Telegram llamado «Catranuds» en donde había miles de suscriptores.

Iris podía imaginarlo todo: los ojos, las manos sobre las pantallas, el almacenaje en miles de celulares: era como si cuerpo estuviera fuera de su alcance. Se encerró, no sabía a dónde podía ir, con quienes hablar; le aterraba ir de nuevo a la universidad porque temía que se le acercaran porque había visto sus imágenes: «es como que fuera una violación pública, esa sensación de paranoia, de sentir que todo el mundo sabe cómo se ve uno desnudo», relata Iris.

Aunque primero pensó que su expareja había filtrado el contenido, tras investigar se dio cuenta que su correo y varias cuentas de redes sociales habían sido hackeadas cuando había aplicado a un trabajo; de ahí provenían las imágenes que se estaban difundiendo sin su consentimiento. 

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Así que Iris fue a denunciar. En la policía le dijeron que no podían actuar si no sabían quién estaba detrás y que tampoco era realmente un delito, pero Iris había leído el Código Penal y sabía que el artículo 272 protegía la divulgación de secretos. Cuando lo explicó en la estación policial, aceptaron recibir la denuncia. 

Iris, quien ya tenía un historial de activismo por los derechos humanos, decidió buscar otras opciones para presionar por justicia, y así se integró a la organización Laboratorio Ciudadano, una plataforma por los derechos digitales en Honduras. Ahora desde ahí documenta y acompaña casos de otras mujeres, y también ha organizado grupos que buscan lograr reformas en la legislación hondureña para que se reconozca a la violencia digital como un delito con penas específicas. 

¿Qué implica una «Ley Olimpia» en Honduras?

Olimpia Coral, una activista mexicana, hace 10 años vivió la misma historia de Iris; su expareja difundió un video sexual y al menos 80 mil personas lo vieron. Más de la mitad de las personas vivían en su estado, en Puebla.

«Obviamente una ya lo cuenta de una manera diferente y con muchísimas otras expresiones, pero en ese momento fue algo muy difícil. El que el que tomen sin tu consentimiento, que produzcan sin consentimiento, que en una relación de confianza, tal vez de amor de relación, se haya grabado este vídeo dentro del sexting y que se haya hecho viral en redes sociales», relata Olimpia. 

Olimpia cuenta que, en su momento, también le dijeron que no existía un delito y en la policía la revictimizaron. Pero, tal como lo hizo Iris años después, Olimpia decidió organizarse y comenzó a recopilar testimonios. «Decidí hacerme también responsable de ser víctima y decir: somos víctimas de una violencia que todavía no tiene nombre, pero hay que ponerle un nombre y hay que luchar, despojarnos nosotras del miedo a nuestro cuerpo desnudo», cuenta Olimpia.

Así, en 2014 presentó una propuesta de ley en Puebla para sancionar este delito, pero fue hasta en 2018 que consiguió que ese estado reconociera la violencia digital como un delito. Al conjunto de reformas legales que sanciona con penas de hasta seis años de prisión a quienes elaboran o difunden material íntimo sin consentimiento se le conoce como «Ley Olimpia». Hoy, los 31 estados de México se han adscrito a las reformas. 

Según explica Olimpia, lo primero que hace la ley que lleva su nombre es reconocer violencias como ciberacoso o de violencia digital. Fue con esas reformas que encontró un poco de justicia. «Buscas mi nombre en internet y yo ya no soy la puta, la zorra, la que se dejó grabar, la que ofendían y señalaban. A mí me dio justicia, una forma de lucha, ¿no? Ahora soy Olimpia, la de la Ley Olimpia», dice. Comparte también que forma parte de la colectiva Defensoras Digitales de América Latina, que trabaja para impulsar las mismas reformas de México en toda la región, ya que la violencia digital afecta de manera diferenciada a las mujeres latinas. 

Para Olimpia, es importante resaltar que las reformas legales no son todo lo que se debe hacer para combatir la ciberviolencia, sino que también debe haber campañas de prevención en todos los espacios, y que las plataformas digitales, por su parte,  asuman la responsabilidad de bajar o bloquear directamente el contenido no consentido.

Agrega que, por eso, aún continúa en la lucha contra los «algoritmos machistas», pues muchos solo actúan de acuerdo a si un país tiene una legislación. «No creo que exista todavía una reparación real del daño hacia las víctimas que hemos vivido este tipo de violencia, o sea es imposible que una ley lo pueda poner y ya automáticamente tengamos justicia (…) tampoco ya no nos duele, de nada serviría meter a nuestro agresor a la cárcel, si de todas maneras ese video se sigue difundiendo», dice Olimpia, y explica que en plataformas como Google modificaron sus políticas después de la aprobación de la Ley Olimpia. 

Para ella es fundamental que Honduras siga estos pasos. En una revisión rápida, Olimpia identificó que solo en uno de los más de dos millones de mercados de explotación sexual digital que existen en toda América Latina, donde se distribuyen videos sin consentimiento de las personas, encontró 6,146 videos de hondureñas, 

«que van desde cámaras escondidas en baños públicos, de poner celulares por debajo de la falda, que son videograbadas en la calle sin que se den cuenta o bajando escaleras, hasta tener fotografías, videos tomados sin consentimiento o grabados con consentimiento, pero difundidos sin el mismo», explica Olimpia. 

En Honduras es difícil conocer cuántos delitos de violencia digital ocurren porque no existe el delito como tal. Aunque no todos los reportes que recibe la Policía Nacional tratan de violencia basada en género, desde 2020, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Nacional recibió 1,422 denuncias, de las cuales el 85 % se presentaron entre 2023 y 2024. 

Solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional son remitidas como investigaciones a la fiscalía hondureña para que proceda. 

De igual forma, en la fiscalía hondureña, aunque no se sabe cuántos delitos están vinculados con la difusión de contenido sexual no consentido, la mayoría de personas que denuncian delitos cibernéticos son mujeres.

«Siento que la mayor parte, o el más grande problema que hay en Honduras en cuanto al avance de este tipo de leyes, es justamente el desconocimiento», analiza Iris, pues en muchas ocasiones la policía no lo considera un delito, aunque algunos artículos de las legislaciones pueden usarse para actuar. «Muchas veces ellos no saben que también pueden inferir o promover leyes desde sus unidades policiacas», agrega. 

Cuando Iris denunció su caso, también encontró otro problema estructural: no todos los agentes de la policía tienen una formación con perspectiva de género que sea acorde para recibir e investigar este tipo de delitos. El agente que recibió la denuncia de Iris, le pidió las fotografías filtradas de ella como parte de las pruebas del caso. Aunque Iris temió dárselas, confió en que eran necesarias para el proceso, pero cuando el agente las recibió, comenzó a acosarla sexualmente.

Iris puso una denuncia por hostigamiento sexual en el Ministerio Público y actualmente está en espera de ir a juicio oral y público por este caso. Esa no es la única historia de Iris. En 2023 también sufrió acoso sexual por parte de un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y siguió todo el proceso, pero el docente no fue despedido, sino solamente sancionado con ocho días sin goce de sueldo. En Contracorriente contamos esa historia, protegiendo la identidad de Iris porque en su momento así lo requería para no interferir en el proceso legal. 

Iris aún no sabe si el acoso sexual del docente estaba relacionado con la difusión de sus imágenes en los grupos de Telegram. «Uno no sabe al final si esta persona me acosó sexualmente porque vio mis imágenes o me está acosando sexualmente porque vivimos un país extremadamente violento», dice, y cuenta que muchos casos que ha acompañado, el acoso sexual excesivo por redes sociales provoca que las mujeres cierren sus redes, huyan del país o traten de bloquear que ocurrió, lo que puede tener consecuencias psicologicas. 

Iris dice que, en su experiencia, lo que la ha salvado para sobrevivir estas historias de violencia son las redes de mujeres, como la que ahora tiene ella para apoyar a las que sufren ciberviolencia. «Esa red de apoyo que uno tiene es lo que lo termina salvando, porque yo he estado como en esa parte de la respuesta a la crisis, y he visto mujeres adultas, ya de unos 30 a 35 años, con hijos incluso, diciéndome que se quieren morir por toda esa situación, porque es algo abrumante», cuenta Iris. 

Al igual que Iris, Olimpia señala que la organización es clave para conseguir reformas como la ley que ella promovió en México, a la que considera un movimiento también político. Finaliza con un mensaje para las mujeres que han pasado o pasan por una situación similar a la suya o la de Iris: «No es tu culpa, tu cuerpo desnudo no es un crimen. Nos van a hacer creer de todo: que se va a acabar nuestra escuela, nuestro trabajo, nos van a hacer incluso tener miedo nuestra propia desnudez, nos van a hacer odiarnos (…) pero todo eso es instalado en el miedo de tu cuerpo desnudo, que un agresor se lo acaba de inventar para hacernos creer que nosotras somos las realizadoras de nuestra violencia, y no él como un sujeto activo de este tipo de violencia».  

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, el 1 de octubre, y la  candidatura de Kamala Harris, en EUA, impulsa aún más el discurso de la representación de las mujeres en espacios donde se toman decisiones que nos afectan respecto a políticas cruciales, principalmente en temas como migración, seguridad, la justicia reproductiva y la violencia de género. Pero, ¿es suficiente con que sean mujeres ocupando esos espacios?

por Chantal Flores

Después de 200 años, México tiene una mujer presidenta. Y el país arriba de nosotros también podría tener la suya a partir de enero 2025. Esto, como se ha venido viendo desde hace tiempo, impulsa aún más el discurso de la representación de las mujeres en distintos espacios, especialmente en aquellos donde se toman las decisiones que nos afectan. Ver a otras mujeres en lugares donde rara vez —o nunca— se les veía, se equipara con que el resto (las que no hemos llegado ahí) tengamos la posibilidad de creer que también podemos llegar ahí. O que al menos, sobre todo en el caso de un cargo político, nuestras posibilidades y oportunidades se ampliarán. Pero, realmente, si ellas pudieron, ¿el resto también podrá?

La representación es principalmente un espejo para ver. Vernos tú, yo, un grupo de personas, una comunidad entera ahí. Llámese pantalla de televisión, mesa directiva, podio olímpico, o la mismísima silla presidencial. Pero, ¿qué sucede cuando no podemos vernos en aquello que supuestamente nos representa? ¿Qué ocurre cuando esa representación que nos venden sólo está basada en una amplia categoría que nos aglomera, pero no nos permite diseccionarnos por miedo a que se caiga aquello que nos han hecho creer que significa ser mujer –con todo y su amplitud y matices– por décadas y décadas? ¿A quién(es) sacrificamos por llegar ahí?

Hay un camino recorrido, claro. Se ha avanzado en la participación y representación política de las mujeres. En México, especialmente desde la reforma constitucional de 2019 “Paridad en todo”, que establece que las mujeres ocupen el 50 % de los cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, a nivel municipal, la violencia política contra las mujeres sigue siendo un obstáculo que limita su acceso y permanencia en estos puestos. Teresa Reyes Loza, candidata a la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos en el centro del país, renunció a la candidatura por falta de seguridad hacia ella y su familia. En Nuevo León, Linda Padilla se bajó de la contienda por la alcaldía del municipio de Guadalupe después de que su camioneta fuera baleada durante un recorrido.

 

Por otro lado, recordemos que ocupar un cargo político no garantiza automáticamente la aprobación de políticas en beneficio de las mujeres. Un ejemplo de esto son las diputadas del estado norteño de Nuevo Léon, quienes en 2019 dieron la mitad de los 30 votos con los que se aprobó la penalización del aborto.

La representación va más allá de ocupar espacios. Una vez que se toma el puesto, y claro en el camino a este, hay que atreverse a ver y escuchar a quienes se representa. Y es aquí donde se continúa dejando atrás a las mujeres históricamente marginalizadas.

Una podría creer que por sentido común —si es que todavía queda algo en este mundo actual—una presidenta tiene que llevar una agenda con perspectiva de género. Pero considerando la amplia gama de las problemáticas que enfrentan las mujeres en México y la región, y las brechas que aún permanecen, o incluso se siguen ensanchando, ¿qué tanto tiene que incluir esta agenda para poder afirmar que esa presidenta sí nos representa? ¿A cuántas mujeres migrantes, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, se tiene que incluir en esa agenda para que no quede en un vil tokenismo?

Cuando ganó Claudia Sheinbaum en México, una parte de América Latina celebró su triunfo no sólo por ser mujer, ya que su principal oponente también era mujer, sino también por ser de la “izquierda progresista”. Una mujer que continuará la transformación de un gobierno que sí volteó a ver al pueblo, pero sólo a la parte que le convenía. No a los desplazados por la violencia del crimen organizado, o a las mujeres de las periferias con mayor riesgo a ser desaparecidas y/o asesinadas, o a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que siguen denunciando el “desprecio, despojo y agresión” que enfrentan. Solo por mencionar algunos ejemplos.

Con el crecimiento de la derecha y extrema derecha en distintas partes de América Latina, y las amenazas y riesgos que esto trae particularmente para las mujeres históricamente marginalizadas, se comprende la celebración de este triunfo. Pero no es un triunfo que se sienta pleno. Especialmente cuando la presidenta electa no centró su campaña en las problemáticas más graves y urgentes que afectan a muchas mujeres en México. Evitó profundizar en las exigencias de las madres que buscan a los más de 100,000 desaparecidos, o en la urgencia de atender y proteger a la población migrante, la cual cada vez incluye a más mujeres y niñas que atraviesan el país bajo el riesgo de ser extorsionadas, secuestradas, abusadas, o desaparecidas. Al contrario, aunque niega más militarización, sigue justificando y consolidando la presencia de militares en el país, la cual amenaza diariamente los derechos humanos de las mujeres y personas migrantes.  Si bien apenas va a tomar posesión en octubre, no ha habido señales de que estos sectores formen parte de su agenda de prioridades.

También habría que cuestionarnos por qué hay una mayor expectativa de que una mujer, al contrario de un hombre que ostenta el cargo de presidente, escuche y atienda a las madres buscadoras o a las madres migrantes que cruzan el territorio mexicano. O, en el caso de Kamala Harris, por qué esperamos que a una vicepresidenta/candidata presidencial de un Estado imperialista le importen las poblaciones, especialmente aquellas racializadas y empobrecidas, que buscan refugiarse de la violencia estructural, el cambio climático, o dictaduras? O ¿por qué ella, particularmente, debería oponerse a un genocidio cuando su país es el principal proveedor de armas? ¿Sólo por ser mujeres? ¿Es acaso por esta creencia de que las mujeres sentimos más, somos cuidadoras “naturales”, o nos conectamos con el dolor más fácilmente? ¿No es eso lo que también nos ha impedido acceder a puestos de poder por nuestra supuesta falta de objetividad o incapacidad de ser seres “racionales”?

Supongamos que ellas están en contra de todo esto, pero a eso se suma la prerrogativa de si realmente tendrán el poder y la fuerza de voluntad suficiente para pararse ante el sistema. ¿Es realmente posible que las mujeres puedan acceder y utilizar un poder que vea, escuche y atienda a una diversidad de mujeres dentro de las mismas estructuras que se sostienen con la opresión y división de las mujeres? De nada sirve buscar ese “asiento en la mesa”, si la conformación de la mesa no cambia.

Con la llegada de Sheinbaum el 1 de octubre, y la posibilidad que se abre con la candidatura de Harris, será interesante ver si hay un cambio respecto a políticas cruciales, principalmente en temas como migración y seguridad, o en temas cruciales para los votantes de ambos países como la justicia reproductiva y la violencia de género. México ha avanzado con la despenalización del aborto a nivel federal, y la lucha por hacer desaparecer el aborto de todos los códigos penales estatales continúa de la mano con la presión de las colectivas que buscan garantizar el acceso a los servicios. Mientras que Estados Unidos anuló el derecho al aborto y continúa imponiendo restricciones severas para su acceso, la elección entre Harris y Trump marcará el retroceso definitivo o la posibilidad de luchar la revocatoria del aborto como un derecho. 

 Es cierto que en ambos países las poblaciones históricamente marginalizadas son las que realizan el trabajo más crucial para cualquier cambio significativo: apostando al trabajo de base y fortaleciendo comunidades. Pero para pensar en colectivo, primero se requiere una introspección individual, y tomando en cuenta los ambientes de violencia, precariedad y hartazgo que predominan en gran parte de la región, crear tiempo y espacio para esto es desafortunadamente un privilegio. Pero, a lo mejor, se podría empezar por girar la mirada hacia el poder en vez de quedarnos en la falsa promesa de la representación. Ahí posiblemente logremos no sólo redefinir el poder, sino también bajarlo de los peldaños y establecer su uso no sólo para las mujeres, pero para todas aquellas poblaciones que llevan décadas buscando representarse a ellas mismas. 

La noche del 14 de septiembre, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López — regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista en la región — fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en una motocicleta. La presidenta Xiomara Castro ha prometido poner todas las capacidades de las fuerzas del orden para investigar este asesinato. López había solicitado recientemente la renuncia voluntaria al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, militante del Partido Libre quien recientemente salió en un video en el que se le ve negociando con narcotraficantes y otros políticos importantes del actual gobierno. 

Texto: Jennifer Avila con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

Cuando escribimos el perfil de Juan López en 2020, en plena pandemia, lo titulamos Cómo defender el medioambiente sin convertirse en mártir. Tenía sentido en ese entonces, después del asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres y de que Honduras fuera el país más letal para defender los recursos naturales; Juan destacaba por su esperanza, a pesar de haber sido encarcelado y constantemente amenazado, él continuaba al frente de una lucha muy desigual. Hoy ese titular no tiene sentido porque a Juan lo asesinaron. 

Juan López fue un líder comunitario, un líder religioso de la Iglesia Católica y un defensor ambientalista. En los últimos días, de manera muy frontal, López solicitó la renuncia del alcalde Adán Fúnez, a quien venía denunciando por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la zona. 

«[…] En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio», apuntó Juan en el contexto de la publicación del video en el que Fúnez y Carlos Zelaya aparecieron negociando sobornos con narcotraficantes.

Juan sobrevivió a muchas violencias en su lucha por defender la montaña Carlos Escaleras en Colón. En 2019, fue criminalizado por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal, él junto a más de 30 ambientalistas fueron procesados y encarcelados. Sin embargo, Juan recientemente había denunciado nuevos procesos de criminalización que estaban preparando contra él y otros miembros de su comunidad. 

También Juan y sus compañeros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa sufrieron campañas de desprestigio por parte de personas vinculadas a la empresa minera Los Pinares, el titán al que Juan se enfrentó desde que esta empresa obtuvo irregularmente dos concesiones mineras en una zona protegida. 

La ministra en funciones de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, escribió en su cuenta de X «Condenamos vil asesinato contra Juan López, reconocido defensor de bienes comunes y públicos, regidor de la municipalidad de Tocoa, gran ser humano, gran luchador histórico, amigo entrañable. Exigimos Justicia, investigación y cárcel para sus cobardes asesinos […]» sin mencionar que Juan López contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue asesinado en su vehículo y en su comunidad en la que no tenía ninguna garantía de protección. Esto es algo que se repite en Honduras. La ambientalista y líder social, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 contando con medidas de protección. 

Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, dijo a Contracorriente a pocos minutos de este asesinato que, según información preliminar, fue una persona en motocicleta quien asesinó a Juan al salir del servicio religioso.

Además, aseguró que Juan y otros defensores del ambiente en la zona habían recibido diversas amenazas tras la serie de cabildos abiertos que Adán Fúnez impulsó a finales de 2023 e inicios de 2024 para la instalación de un proyecto de generación de energía de grupo EMCO y que habían respaldado varios funcionarios de gobierno, entre ellos Lucky Medina, el secretario de Recursos Naturales y Ambiente. Grupo EMCO también incluye la empresa minera Los Pinares de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Pérez es investigado en Estados Unidos por su relación con la empresa Nucor Corporation. 

Esly también explicó que las fuerzas de seguridad e investigación del Estado habían iniciado procesos de  persecución y reactivado procesos de criminalización contra los defensores del medio ambiente. 

Rita Romero, abogada del Comité le dijo a Contracorriente que «es un crimen pensado, quisiera creer que esto por lo menos dará su fruto poniendo sobre la mesa lo que ha significado la complicidad del Estado en esta muerte y muchas otras».

El padre Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y reconocido líder social exigió públicamente que una comisión internacional acompañe al Ministerio Público en la investigación de este asesinato y que no quede en la impunidad ya que no se tiene confianza en las instituciones de investigación y justicia. 

La organización Global Witness en su informe sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente indicó en su más reciente informe que en Honduras en el año 2023 fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas y es el tercero en América y en el planeta, solo detrás de Colombia y Brasil.

Tras una convocatoria en cadena nacional en la que el Gobierno llamó a «todo el pueblo hondureño a movilizarse», este sábado 14 de septiembre se realizó el acto político del Partido Libertad y Refundación (Libre)  «Poder Popular contra el golpe de Estado». En su discurso, Castro exaltó la figura del asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y criticó duramente a la oposición. A pesar de la controversia por un video que involucra a Carlos Zelaya, ex secretario del Congreso, en negociaciones con narcotraficantes, Castro enfocó su mensaje en una lucha contra la corrupción y la opresión, prometiendo una nueva victoria electoral para su partido.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

En lo que por algunos instantes pareció una exaltación de la figura del expresidente Manuel Zelaya Rosales y un mensaje de confrontación hacia los sectores de la oposición, la presidenta Xiomara Castro se dirigió el 14 de septiembre a la militancia de su partido, Libertad y Refundación (Libre), y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), durante la movilización denominada «Poder Popular contra el golpe de Estado».

«Gracias, Mel, por tu tenacidad en esta lucha. Mel, constructor de victorias en nuestro país, gracias pueblo. Gracias a todos los que han luchado por la libertad. Ni la opresión, ni la injusticia, ni la desigualdad, ni la exclusión que por siglos ha sufrido el pueblo hondureño, han podido rendirnos ni doblegarnos», así comenzó su discurso la presidenta y recordó a los mártires de la resistencia. 

La convocatoria fue realizada desde el 1 de septiembre por la coordinación general del Partido Libre, un día después de que el secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, admitiera en una declaración al Ministerio Público (MP) que en 2013 se reunió con narcotraficantes y tres días después de que la presidenta anunció la denuncia al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos que estaba vigente desde 1912. La convocatoria se generó bajo una narrativa de «cero injerencia internacional» y «combate a los golpes de Estado»

Desde hace unas semanas Libre enfrenta diversos señalamientos tras la divulgación de un vídeo en el que el exsecretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, aparece junto a narcotraficantes como Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernández Rosa, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial de Castro en las elecciones generales de 2013.

Uno de los momentos más controvertidos del vídeo, publicado por InSight Crime, es cuando Carlos Zelaya Rosales explica a los narcotraficantes que «la mitad es para “el Comandante” y la otra parte la repartimos entre nosotros». El expresidente Manuel Zelaya Rosales es conocido como «el Comandante» dentro de la militancia de Libre y del FNRP.

Banderas del Partido Libre ondeando. Al fondo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (centro), la secretaria de Defensa, Rixi Moncada (derecha), y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya (izquierda). Foto CC / Fernando Destephen

A pesar de la gravedad del contenido del vídeo, Xiomara Castro ha hecho caso omiso tanto el 3 de septiembre, cuando se publicó, como este sábado, limitándose a condenar «toda reunión entre políticos y narcotraficantes». Además, ha optado por centrarse en una narrativa de conspiración contra los supuestos golpes de Estado en su contra, tema que abordó en cuatro ocasiones durante su mensaje del 14 de septiembre y que la motivó el 28 de agosto a ordenar al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, la denuncia al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos que estaba vigente desde 1912. 

Contracorriente consultó a militantes que se movilizaron este sábado acerca de las recientes acusaciones contra el Partido Libre de ser otro «narco partido», sobre todo a raíz del vídeo en que Carlos Zelaya Rosales aparece junto a narcotraficantes. Samantha Salgado, militante de Libre, aseguró que el llamado de la presidenta a condenar reuniones entre políticos y narcotraficantes fue contundente, y que Zelaya Rosales ya renunció a su cargo.

«Hay que desmontar esa narrativa de que Libre está en un narcogobierno, porque no es así», mencionó Salgado.

El Tribunal de Honor del Partido Libre notificó el 11 de septiembre que había aceptado la renuncia de Carlos Zelaya Rosales, y admitió en un comunicado que «reunido con connotados criminales, el hoy exdiputado de Libre, Carlos Zelaya, les propone repartir un aporte político condicionado e ilegal». 

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En una entrevista con Contracorriente este sábado, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, también aseguró que «existen movimientos de generales retirados de las Fuerzas Armadas que pueden dar indicios de un golpe de Estado» cuando este medio de comunicación le consultó acerca de informes de inteligencia que puedan sustentar el supuesto complot para derrocar a la presidenta Castro. 

A pesar de lo expresado por Sánchez, el pasado viernes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, descartó que a lo interno de la institución castrense esté gestándose un golpe de barracas. «En las Fuerzas Armadas no creemos en esas situaciones porque no están en nuestro pensamiento. Puede haber voces disonantes e inconformes, pero no está en nuestra mente. Las Fuerzas Armadas nos sujetamos y subordinamos a las leyes y a la Constitución de la República», manifestó Hernández a medios de comunicación.

Más allá de ello, el discurso de Xiomara Castro este sábado fue polarizante y confrontativo, dado que se pronunció apenas seis días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó las elecciones primarias para el 9 de marzo de 2025, en las que participarán los tres principales partidos: Libre, Nacional y Liberal. Castro tildó a la oposición, especialmente al Partido Nacional, de haber dirigido «una narcodictadura» y aseguró que «no volverán» a gobernar.

«Ellos no volverán… No volverán. Nos entregamos totalmente a la causa del pueblo y dejamos constancia en un acto heroico en las urnas. Sin un solo disparo, los derrotamos contundentemente y la narcodictadura corrupta y cruel del Partido Nacional y sus aliados fue vencida», prosiguió Castro en referencia a las elecciones generales de 2021, a través de las cuales, en alianza con los partidos Salvador de Honduras (PSH) e Innovación y Unidad Nacional (Pinu), se impuso con más de 1.7 millones de votos al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

¿Una nueva victoria electoral? 

Gran parte del discurso de Castro también se centró en la idea de «una nueva victoria electoral», con la presencia en el escenario de la precandidata presidencial y secretaria de Defensa, Rixi Moncada.

«La refundación está en marcha y vamos por otra victoria. Quiero informar que en este momento se está definiendo el poder de la nación para 2026 y 2030. Quiero que lleven el mensaje claro al pueblo hondureño: vamos a una nueva lucha, la segunda victoria del Partido Libertad y Refundación. Venceremos al bipartidismo en las urnas», manifestó Castro.

La gobernante también se refirió a los recientes acontecimientos dentro del CNE, donde, aseguró, hubo un «rompimiento de acuerdos».

La militancia de Libre y del PNRP se movilizó este sábado en apoyo a la presidenta Xiomara Castro. Foto CC / Fernando Destephen

«Este viernes, en el Consejo Nacional Electoral, el débil bipartidismo, después de acusarnos falsamente, terminó coludido y se repartieron los cargos, faltando a los acuerdos de marzo pasado. Son los mismos que perdieron las elecciones en 2013 y en 2017 y asaltaron el poder por fraudes», apuntó.

El 13 de septiembre, durante la primera sesión plenaria de las consejeras y el consejero del CNE designados para el período 2024-2029, el bloque opositor y sus representantes ante el órgano electoral, Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal), definieron la presidencia del CNE para López en el período 2024-2025 y para Hall en el 2025-2026, dejando sin oportunidad a Marlon Ochoa (Partido Libre) de presidir durante las elecciones primarias o generales de 2025.

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Desarrollo de la movilización 

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas se movilizaron hacia los bulevares Centroamérica, San Juan Bosco y Juan Pablo II en la capital, acercándose poco a poco a las tarimas y al escenario desde donde Xiomara Castro ofreció su discurso.

Decenas de autobuses se desplazaron desde distintos sectores de la capital y del país, aunque uno de estos automotores, que procedía de El Progreso, Yoro, sufrió un accidente vehicular a inmediaciones de la carretera CA-5 y dejó una persona muerta y otras ocho heridas, según informó la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Contracorriente observó que algunos dirigentes tenían hojas de control de asistencia, mientras que otros entregaban comida a las y los militantes que se habían desplazado hacia la movilización.

Entre los presentes había militantes, dirigentes y servidores públicos. Algunos estaban organizados por secretarías o instituciones del Estado, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. Otras personas se agruparon en colectivos departamentales o sectores.

A diferencia de movilizaciones anteriores, los diputados del Partido Libre y los altos funcionarios del Estado, salvo algunas excepciones como el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y la vicecanciller de Cooperación Internacional, Cindy Rodríguez, no marcharon junto a la militancia. En su lugar, hicieron su ingreso por un sector diferente, evitando además el contacto con los medios de comunicación.

Miles de simpatizantes del Partido Libre y del FNRP ondean banderas de Libre a inmediaciones del bulevar San Juan Bosco, Distrito Central. Foto CC/Destephen

Otra diferencia con años anteriores fue que el Partido Libre y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) no marcharon en simultáneo con los actos cívicos del 15 de septiembre, que son protagonizados por las y los estudiantes de las escuelas y colegios.

En cuanto a la seguridad, alrededor de 1,700 agentes de la Policía Nacional, 500 militares, 80 policías municipales y 50 inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se movilizaron durante la movilización, que comenzó a las 8:00 a. m. y finalizó cerca de las 11:30 a. m.

Elena* y sus hijas menores sufrieron acoso digital cuando un perfil falso publicó fotografías de las niñas en grupos de pedofilia, junto a sus números y direcciones de contacto. Elena no da su verdadero nombre para proteger su identidad, pero cuenta cómo en su camino por intentar obtener justicia y protección para sus hijas, descubrió que este tipo de violencias se apoya en vacíos legales y la negligencia de las autoridades.

Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté 

Elena no durmió bien durante meses, y cuando lograba conciliar algo de sueño, siempre despertaba gritando. Era como si su cuerpo quisiera expulsar la frustración acumulada. Sus hijas estaban siendo vulneradas en redes sociales, en grupos de pedofilia, y Elena se sentía impotente. Ahora, cuando habla, parece que lleva mucho tiempo esperando que alguien la escuche. Lleva un registro minucioso de su larga historia, un reflejo de la impunidad del ciberacoso en Honduras. 

En abril de 2022, el esposo de Elena, un agente policial, empezó a recibir mensajes de diferentes países en los que preguntaban el costo de más fotos y videos de sus hijas. Ni él ni Elena entendían qué estaba sucediendo, hasta que descubrieron de dónde provenían. 

Eran fotografías comunes, robadas de las redes sociales de ambos padres, que habían sido publicadas por un perfil falso en 14 grupos de Facebook dedicados a difundir imágenes para pedófilos, junto con el número de teléfono del padre, la dirección y los datos de dónde estudiaban las menores. Las fotos iban acompañadas de material de abuso sexual infantil, para que en el grupo creyeran que se trataba de las mismas niñas. 

«Yo realmente me puse muy mal, no sabía ni qué hacer», explica Elena. Aun con esas dudas, acudió a una estación policial al norte de Honduras a interponer la denuncia. Muestra la copia del documento de recepción de denuncia y cuenta que en la estación policial, el agente que recibió el caso miraba a su celular casi sin inmutarse con la historia y la angustia de Elena. «Quería como tener poderes para saber quién era que había subido a mis hijas ahí», relata con desesperación, como si estuviera de nuevo frente al agente policial.

Si bien las fotografías de abuso sexual infantil que estaban en los post con fotos de las hijas de Elena, en Honduras hay un amplio registro de casos de contenido de menores. Entre 2020 y 2022, se registraron 99 denuncias por la elaboración o posesión de material de abuso infantil. De estos casos, 43 fueron investigados y llevados a los juzgados, involucrando a múltiples víctimas, la mayoría niñas.

En el Código Penal hondureño, el delito se conoce como «pornografía infantil». Sin embargo, la Guía de Luxemburgo, un documento elaborado en 2016 por un grupo de expertos de 18 organizaciones internacionales, liderado por la red mundial Ecpat ‒que trabaja para poner fin a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes‒, recomienda utilizar el término «material de abuso sexual infantil» porque refleja que estos contenidos registran un abuso y constituyen evidencia de un delito. El uso de «pornografía infantil» puede minimizar la gravedad del crimen o darle una apariencia de legitimidad.

El delito en Honduras contempla que la elaboración, venta, distribución o difusión del material de menores de 18 años conlleva una pena de prisión de 4 a 6 años. Durante la aprobación del Código Penal vigente, organizaciones de mujeres y de la niñez denunciaron que hubo una disminución de la pena, pues la legislación anterior tenía una sanción de 10 a 15 años de cárcel.

El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, el subcomisionado Juan Sabillón, aseguró que cuando los casos involucran a menores, trabaja en conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) «porque muchas veces las imágenes de los menores son difundidas en páginas web en el extranjero; entonces la ventaja de Interpol es que tiene sistemas muy avanzados y son 196 países los que conformamos esta red internacional de policía», apuntó.

El subcomisionado Sabillón agregó que existen casos exitosos en Honduras donde Interpol ha intervenido. En abril de 2024 desarticularon una red de trata de personas y material de abuso sexual infantil en Roatán, donde había dos estadounidenses y un hondureño involucrados. «También el año pasado se dio la operación más grande contra la trata de personas, siempre en Roatán, dándole detención a 14 personas involucradas. Era trata de personas en su modalidad de explotación sexual, pero cibernética o informática, o sea, ellos lo que hacían era que tomaban fotos y o videos y luego las vendían en diferentes páginas web», explicó Sabillón. 

Elena cuenta que, en su caso, nunca le dieron la opción de que Interpol interviniera porque el agente policial que recibió la denuncia no veía la situación como un delito contra menores; «ni que las hayan tocado, si eso fue por Facebook», asegura que le dijo el agente en una ocasión y que además, aunque tanto ella como su esposo pusieron a disposición de las autoridades sus celulares, el oficial le dijo que esa revisión tardaría mucho y solo perdería el tiempo.

Pero Elena sí tenía clara la gravedad de la situación contra sus hijas. Ella es una sobreviviente, de niña sufrió abuso sexual por parte de su padre. «El irrespeto que hicieron con mis hijas, que las expusieron ante estos hombres, eso me trajo demasiados recuerdos. El hecho de saber que mis hijas estuvieron ahí y lo que esos hombres les ponían que querían hacer, eso me puso mal», cuenta.

Dos años antes, Elena había denunciado que cuentas falsas la acosaban tanto a ella como a su esposo. Posteriormente, ambos recibieron amenazas de muerte y les exigieron un pago de 10 mil lempiras para detener el acoso. A pesar de presentar denuncias y presionar a las autoridades para que investigaran, la Dirección Anti Maras y Pandillas solo logró identificar que la dueña de la línea telefónica que solicitaba el dinero era la mejor amiga de la expareja de su esposo. Sin embargo, le informaron que no podían hacer nada más porque consideraban que se trataba de un «pleito personal».

Así que cuando Elena volvió años después, el agente la conocía y sabía que era insistente, y tenía razón. Tras 15 días de haber puesto la denuncia y que Elena no recibiera ninguna respuesta, comenzó a contactar a organizaciones de derechos humanos y a la Fiscalía de la Niñez para que le apoyaran. Ante la presión de correos y llamadas de varias organizaciones, el agente policial tuvo que responder. 

No muy contento, la confrontó. «Mire, le voy a decir algo: usted puede llamar a mi jefe, puede llamar al mero jefe de la policía y nada va a cambiar, porque el que lleva el caso soy yo. Ya puede ser la esposa de quien sea, eso no va a cambiar, que a mí no me gusta tomarle importancia a este tipo de casos, son peleas de hombre».

Aun así, Elena ignoraba esos comentarios e iba a donde le pedían que fuera, dedicaba días a apoyar al agente policial a armar el expediente investigativo, en una ocasión logró que un fiscal del Ministerio Público les atendiera a ella y al agente asignado, el fiscal insistió en que debían interrogar a las personas que la Dirección de Anti Maras y Pandillas había identificado, pero el agente solo dijo que él nunca había interrogado a un sospechoso y no sabría como hacerlo. 

Elena comenzó a trabajar sola, se metía a los perfiles de cada persona que comentaba o reaccionaba a las fotos de sus hijas, creó un registro detallado por país con capturas de pantalla y números de cada hombre que le había escrito a su esposo y entregó carpetas enteras con fechas y capturas de pantalla, todo lo que pudiera facilitar a crear el expediente investigativo

Identificó un patrón de perfiles falsos que agregaban a todos los familiares de Elena y su esposo; así lograban mantenerse en el círculo y conseguir fotografías nuevas de sus hijas. Aunque Elena dejó de subir fotos de sus hijas e incluso prohibió que la escuela o familiares lo hicieran, algunos no le hicieron caso, por lo que el perfil falso siempre lograba recopilar nuevas fotos. 

Pero cuando Elena llevó esta información a la policía, el agente comenzó a desconfiar de ella, le decía que sabía mucho de computación, e incluso le dijeron al esposo de Elena que si no retiraba la denuncia, la acusarían de haber puesto una denuncia falsa. 

Elena comenzó a responderles a las cuentas que preguntaban por sus hijas; así logró que Facebook bloqueara muchas de las publicaciones. Pero fuera de las redes, la situación tampoco era fácil. Elena vendía en línea y el acoso que recibía en redes fue tanto, que afectó sus ventas. «Los hombres me gritaban que cuánto cobraba, porque como habían unos vídeos en TikTok con mis fotos diciendo que yo era “prepago” (trabajadora sexual) y tenían agregados a muchos vecinos conocidos de la colonia, entonces a veces los hombres, cuando andaban tomados, me gritaban cosas», relata.

Elena no solo sufrió estas violencias, sino también acoso sexual. El agente que no respondía por su caso le decía que «era muy bonita como para pelear por un hombre» o que quería invitarla a salir, que le daría el valor que merecía. También quiso valerse de su posición como investigador del caso para verla más seguido. En varias ocasiones también la amenazó; por ejemplo, cuando bromeaba con que se le caía un arma que estaba descargada, o cuando le dijo que él mataría a una mujer que le hiciera lo que ella le estaba haciendo a su esposo, algo que él consideraba una «humillación».

Finalmente, Elena se unió a una red de mujeres que buscan impulsar reformas judiciales contra la ciber violencia en el país, pero que también quieren concienciar a las autoridades sobre la importancia de aplicar la legislación actual en la protección de niñas y mujeres. Por ejemplo, el artículo 272 del Código Penal, en el capítulo de delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y la intimidad, protege el descubrimiento y revelación de secretos, un artículo que puede aplicar en casos de divulgación de imágenes, castigado con prisión de uno a tres años.

Olimpia Coral, activista contra la violencia digital y promotora de la Ley Olimpia en México, un listado de reformas que protegen a las mujeres de la publicación y difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, explicó a Contracorriente que en las legislaciones de cada país se deben ver de forma diferencial los casos de menores. «Es imprescindible que también entendamos que no son los mismos procesos para niños, niñas y adolescentes, que para personas mayores de 18 años. En México y Argentina, donde se aplica la Ley Olimpia, se aplican leyes donde se vela por el interés mayor de la niñez y se persigue por oficio». 

Coral añadió que la violencia sexual digital afecta mayormente a la niñez en Latinoamérica, pues el Consejo Ciudadano de México registra que «más del 50% de los videos que se consumen en los nortes globales sobre lo que le mal llaman porno, pero es abuso sexual infantil, son de niños latinos». 

Al final, Elena desistió de encontrar justicia en el caso de sus hijas con la policía, y ahora tiene un plan a futuro. «Quiero saber todo de las leyes, quiero saber cómo funciona, por qué no actuaron, qué fue lo que pasó y qué puedo hacer yo en contra de este agente». Ahora estudia para ser abogada, con lo que espera algún día influir en un cambio de legislación para que esta proteja a todas las niñas del país de la forma en que las leyes y las autoridades actuales no lo hicieron con las suyas. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen

Tomás Ayuso, fotoperiodista hondureño afiliado a la fundación World Press Photo y  jurado del World Press Photo Contest,  ha trabajado durante casi tres años para traer a Honduras la World Press Photo Exhibition 2024, que presenta las «historias importantes de la fotografía del 67.º Concurso anual World Press Photo». La exhibición recoge los mejores trabajos fotográficos a nivel mundial del año 2023, organizados por región y sintetizados en cuatro categorías, en cada una de las cuales se selecciona un ganador: foto individual, reportaje, historia a largo plazo o documental, y la conceptual «siempre con ámbito periodístico o fotoperiodístico».

La exhibición estará disponible del 11 de septiembre al 1 de octubre, en el área cultural del quinto nivel del centro comercial Distrito Artemisa en Tegucigalpa, Honduras.

Como jurado del concurso, Ayuso analizó las fotos enviadas y los contextos de los países donde se ha presentado la exhibición, y se preguntó por qué no hacerlo también en Honduras. «La traigo, primero con el propósito de satisfacer esa hambre o sed, que yo siento tanto en Tegucigalpa, como en otras áreas urbanas de cualquier cosa cultural», comenta.

Ayuso también explica que una segunda razón para traer la exhibición es inspirar a infancias, adultos o fotógrafos en potencia, y que vean los  trabajos recogidos por más de 30 fotógrafos de todo el mundo. Ayuso también asegura que la idea es llamar la atención de organizaciones no gubernamentales, embajadas, empresarios o gente con capacidad de financiar, para que vean  lo que se puede lograr con un presupuesto limitado, y que de ahora en adelante se animen a apoyar estas iniciativas culturales sin fines de lucro.

El público disfruta de la exhibición World Press Photo en Tegucigalpa. Distrito Central, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El público ha respondido con entusiasmo a la exhibición en Tegucigalpa. Antes de la inauguración, una persona pasó, vio las fotografías, se hizo una selfie que subió a redes, y de repente unas 300 personas llegaron a ver la exhibición. Ayuso recalca que existe un vacío con respecto a estos espacios y que «hay un apetito [cultural] extraordinario, y no todo tiene que ser con el motivo de generar ingresos, como lo es en todo el resto del mundo; por eso se necesita un mecenas que quiera aportar y se logra todo».

Ayuso no solo destaca la estética y técnica de las fotografías, sino también los temas que abordan, como el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar, que afecta a comunidades cercanas al mar e islas, como se ilustra en la foto «Fighting, Not Sinking». La fotografía muestra a Lotomau Fiafia (72) con su nieto John en la Bahía de Salia, Kioa Isla, Fiyi, donde él recuerda la costa de su niñez. También resalta el impacto emocional de la fotografía ganadora del Año del World Press Photo Contest 2024, de Mohammed Salem, en la que una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina que fue asesinada, junto con su madre y su hermana, cuando un misil israelí alcanzó su vivienda en Jan Yunis, Gaza.

Otro aspecto importante de la exhibición es generar un sentimiento de conciencia sobre los fotoperiodistas caídos desde 1992, en recuerdo de aquellos que han perdido la vida documentando los conflictos mundiales. Fundada hace 50 años por fotoperiodistas, World Press Photo busca reconocer y difundir el trabajo de estos profesionales.

En Honduras, grupos de usuarios de la aplicación de mensajería Telegram se dedican a la difusión y venta de contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento, una actividad que va más allá de la simple distribución de estos materiales. Detrás de estos grupos se esconde una red de enriquecimiento ilícito y trata de personas en el ámbito digital, donde la explotación y el acoso generan un negocio perverso y lucrativo.

Texto: Vienna Herrera
Ilustraciones: Ambar Nicté

Una vez que el mensaje es enviado, se esparce sin control, y la pesadilla para mujeres, adolescentes e incluso niñas en Honduras apenas comienza.

El modus operandi es así: hombres que se ocultan en el anonimato, crean perfiles falsos usurpando identidades reales de mujeres en todas las redes sociales. Con estas identidades, agregan a las amistades de la persona a la que suplantan y comienzan a enviar mensajes a otras mujeres. 

Las mujeres, sin sospechar nada, creen haber recibido un mensaje de alguien conocido. El mensaje es una oferta laboral, que les pide ingresar a una solicitud de inscripción que imita perfectamente un formulario de Google para agendar una entrevista de trabajo, comprar uniformes o unirse a un grupo de WhatsApp de la supuesta empresa. Inocentemente, las mujeres ingresan su correo y contraseña. Con eso, los hackers obtienen acceso a todas las redes vinculadas a ese correo.

Entre 2019 y 2023, el delito relacionado con el ciberespacio que más se denunció en el Ministerio Público fue el de acceso no autorizado a sistemas informáticos, con 1,232 denuncias en los últimos cuatro años. Asimismo, son las mujeres, adolescentes y niñas quienes más denuncian ser víctimas de este delito y otros que ocurren en el ciberespacio.

Los hackers actúan de noche, eliminando cualquier rastro que indique que estuvieron dentro de las cuentas. Borran incluso los mensajes de alerta que las redes sociales envían cuando se detecta un nuevo inicio de sesión. Las mujeres ni siquiera saben que han sido hackeadas. Los hackers obtienen imágenes de los chats, así como las que están almacenadas en la nube (a menudo, las mujeres no saben que todas sus imágenes se copian automáticamente en la nube).

Cuando las mujeres se enteran, ya es demasiado tarde. Imágenes que tomaron en confianza han sido robadas y publicadas en chats de Telegram, acompañadas de sus direcciones, nombres y números de teléfono. Las mujeres se convierten en un catálogo para miles de ojos.

Existen grupos exclusivos en Telegram donde se paga una membresía de entrada de 800 lempiras, las identidades detrás de los cobros serían fáciles de rastrear para las autoridades, las personas que reciben las transferencias no se ocultan en el anonimato y siempre utilizan las mismas cuentas bancarias. 

Las imágenes que se difunden en los grupos pertenecen a miles de mujeres hackeadas. «Ponen una foto con ropa normal, una foto en ropa interior o una foto desnuda, y la publican como un catálogo de tres fotografías, o dos fotos y un video. Luego agregan el nombre de la persona y el enlace al grupo privado para acceder al contenido», explica Iris Alas, parte del Laboratorio Ciudadano, una organización que ha rastreado y documentado quiénes y cómo participan en estos grupos de Telegram. Según un recuento de esta organización, más de 550 mujeres fueron afectadas por un solo grupo de Telegram que cerró en 2022.  

Una vez publicadas, las mujeres sufren acoso sexual de forma digital cuándo empiezan a recibir mensajes de números desconocidos pidiéndo más contenido y luego, cuando en su vida cotidiana también sufren acoso sexual, les resulta dificil identificar si ese acoso está ligado a la difusión de sus imágenes.

El acoso se entrelaza con la existencia de estos grupos. Los hackers contactan a las mujeres para extorsionarlas, exigiendo que produzcan más imágenes bajo la amenaza de enviar las fotos robadas a sus familiares o lugares de trabajo. Muchas mujeres, presionadas por esta amenaza, ceden; especialmente porque, en muchos casos, fueron hackeadas mientras buscaban empleo, una vulnerabilidad que estos hackers explotan.

«Con las imágenes publicadas, realmente se agrava la posibilidad de que la persona continúe desempleada. Si un empleador se entera, especialmente si aún no ha sido contratada, es un gran problema, ya que no se puede denunciar por discriminación en estos casos», señala Alas, quien cuenta que desde el Laboratorio Ciudadano han atendido casos de mujeres que son amenazadas con despidos después de que sus imágenes han sido difundidas, pero que han podido apoyar con asesoría, pues el Código del Trabajo protege contra todo tipo de discriminación. 

En otros casos, las mujeres son víctimas de la misma extorsión, pero los hackers les ofrecen no compartir las imágenes ni revelar sus identidades, a cambio de que ellas administren los grupos de Telegram. Algunas aceptan, viendo en ello una forma de evitar la difusión de su contenido, a pesar de la situación desesperada en la que se encuentran. A esto se le suma que algunos hombres que pagan por ingresar a los chats ni siquiera saben que las imágenes provienen de un delito; creen que son mujeres que han decidido vender ese contenido.

«En estos grupos se compartían todos los videos, imágenes y demás contenido íntimo que lograban hackear. Prácticamente era un contenido exclusivo, un catálogo de mujeres del que se podía escoger cualquier material que se quisiera comprar. Esto movía una gran cantidad de dinero, a tal punto que otras personas comenzaron a verlo como un negocio, abriendo canales de Telegram por ciudades, e incluso por colegios», relata Alas.

¿Tiene responsabilidad Telegram en estos delitos?

Telegram es una aplicación conocida por ser de software libre y valorada por su seguridad, pero esa misma seguridad que protege la privacidad de sus usuarios también crea un entorno donde resulta más complejo implementar filtros efectivos que prevengan la difusión de contenidos no consentidos, como material íntimo robado y acoso digital.

Recientemente, el CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en Francia, acusado de permitir la comisión de múltiples crímenes al negarse a intervenir en las actividades de su plataforma. Las autoridades francesas lo señalan como cómplice en casos de tráfico de drogas, permitir el material de abuso sexual infantil (más conocido como pornografía infantil), terrorismo, recepción de bienes robados y fraudes. 

La situación es compleja, ya que su detención podría estar influenciada por factores geopolíticos, dado que Telegram es también una plataforma clave para la difusión de información sobre la guerra en Ucrania y, según han reportado medios internacionales, es utilizada por el ejército ruso para sus comunicaciones. Sin embargo, Francia negó que la detención fuera «política».

Si bien Telegram bajo el esquema de software libre tiene muchísimas ventajas, también hay un costo para las mujeres: la plataforma permite la impunidad con la que operan redes de delitos digitales, y en casos como el de Honduras, en donde las regulaciones legales son ambiguas y la policía no sabe cómo actuar, dejan a las mujeres como víctimas sin recursos claros para detener la difusión de su información personal.

La ciberviolencia como extensión de la violencia de género 

Gabriela*, una joven que pidió el anonimato, compartió con Contracorriente su experiencia de acoso digital, que, aunque no resultó en la publicación de su contenido, le dejó cicatrices profundas. Durante un tiempo, ella enviaba imágenes y realizaba videollamadas con un hombre, creyendo que había tomado todas las precauciones para evitar que él guardara el material. Sin embargo, lo que comenzó como una interacción consensuada y divertida, pronto se transformó en una situación aterradora.

Este hombre empezó a molestarse cuando Gabriela ya no quería seguir  hablando con él, hasta que un día la amenazó: le exigió más contenido o, de lo contrario, publicaría las imágenes que había guardado de todas sus llamadas.

El miedo y la angustia se apoderaron de Gabriela. Decidió bloquear su número y eliminarlo de todas sus redes, pero él no se detuvo. Encontró a una de sus amigas y, a través de ella, le envió nuevas amenazas. Desesperada, Gabriela buscó apoyo en el Laboratorio Ciudadano, con la esperanza de proteger sus imágenes.

«Había noches en las que no podía dormir, le decía a una amiga que esto me pasaba por tonta, pero ella me respondió que no es malo confiar, sino que él abusó de mi confianza. A veces, una se culpa a sí misma, pero los verdaderos culpables son ellos» dijo Gabriela.

El miedo de Gabriela no es infundado. En el Laboratorio Ciudadano han documentado casos de mujeres que fueron expulsadas de sus centros de estudio al descubrir que se ha difundido material íntimo suyo; también han documentado casos en los que las han expulsado de certámenes de belleza, o han intentado despedirlas en sus trabajos.

Aunque las fotografías de Gabriela no fueron publicadas, el temor de que eso suceda algún día aún la persigue. «Por eso, debería haber una ley que, al menos, nos brinde un lugar al que acudir para denunciar, aunque tal vez no se llegue a la justicia, pero sí tener dónde acudir para sentirnos más tranquilas», expresó.

El estudio Ciberviolencia contra mujeres en Honduras del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, aunque el Código Penal reconoce algunas agresiones contra las mujeres como delitos, no tiene medidas específicas para cuando son perpetradas en línea, «por ejemplo, acoso, extorsión, usurpación, robo de identidad y expresiones discriminatorias. Aunque, sí cuenta con un capítulo exclusivo sobre crímenes de ciberviolencia, no es específico a todas las formas, y no tipifica como delito la captura y/o almacenamiento no consentido de material y difusión de imágenes capturadas», dice el estudio.

El CDM remarca que la ciberviolencia no es el fin último de los agresores, «sino que es una violencia y un medio que permite alcanzar otros objetivos, como: desprestigio, violencia sexual, captación para explotación sexual, femicidio», dice el estudio.

En el mismo estudio se establece que, entre 2020 y 2022, los medios reportaron que tres menores de edad se suicidaron después de ser víctimas de ciberviolencia; en ninguno de los suicidios identificaron responsables. Además, recopilaron que ocurrieron al menos tres femicidios en los que se contactó a las víctimas por medio de herramientas tecnológicas.

En Honduras existe una unidad de cibercrimen en la Policía Nacional, que es la encargada de los delitos relacionados con  el ciberespacio. Sin embargo, los datos oficiales analizados por Contracorriente señalan que solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional, son remitidas a la Fiscalía hondureña para que proceda a investigar y requerir.

La unidad de cibercrimen está adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Juan Sabillón, vocero de la DPI, explicó que desde esa unidad trabajan con delitos especiales y con Interpol, dependiendo del caso. «Dependiendo la naturaleza del delito y desde donde se esté cometiendo, pues lo investigará la unidad que está adscrita a Interpol, o lo investigará la unidad que está adscrita a delitos especiales. Nosotros le damos seguimiento al caso. Sí, es lento porque no depende de la Policía Nacional solamente y tenemos que dar solicitudes a empresas grandes del extranjero, como Whatsapp o Facebook», explicó. 

El Laboratorio Ciudadano presionó para cerrar estos grupos y lograron hacerlo en algunos casos donde los hackers habían publicado contenido íntimo de menores de edad y se logró denunciar a través de la misma aplicación. «El gran problema en Honduras en la investigación es que no hay recursos para la parte digital, entonces se dice que en este momento está la unidad de delitos cibernéticos, pero imagínense de aquí a que se terminen de formar, mientras tanto la denuncia termina estancada porque no hay una investigación que los pueda sacar adelante».

Aunque varios de estos grupos donde se daba acceso a este material sin pedir membresía fueron desarticulados a inicios de 2024, los grupos de pago aun existen, y cada vez encuentran mayores formas de ocultarse y seguir funcionando. 

«Habría que hacer una investigación mucho más fuerte y con recursos económicos y un montón de cosas para poder desmantelar toda esa red de trata de personas, porque la verdad es que ya cuando estamos hablando de que hay catálogos de mujeres, hay dinero de por medio. Para mí, el administrar una cuenta de Telegram [es] casi como una esclavización virtual de las personas, porque al final eso se vuelve un ciclo que entre más ingresa, es más difícil salir», finalizó Alas.

La presidenta de Honduras ganó el poder con una promesa de cambio, pero ahora queda claro que el único cambio que hubo fue de partido porque el país está más cerca de ser una cárcel que un territorio donde las libertades y la democracia tienen futuro.

Por: Jennifer Avila

El gobierno de Castro fue para muchos una promesa de cambio y reivindicación para las mujeres, pero lejos de eso, cuando la violencia se salió de control en diciembre 2022, la única estrategia fue la de emular la ya conocida mano dura para enfrentar la extorsión y el narcotráfico. En plena crisis carcelaria, la primera mujer presidenta de Honduras prefirió obviar el evidente involucramiento de autoridades en la masacre de 46 mujeres en una cárcel y en lugar de optimizar el sistema de justicia en el país o investigar los hechos, trasladó a las sobrevivientes a una cárcel de máxima seguridad donde solo hay hombres, militarizó el sistema penitenciario, separó a las pandillas en centros penales exclusivos y aceleró el “plan solución contra el crimen” que prolonga el estado de excepción e incluye la construcción de una mega cárcel en una isla inhabitada. El único cambio que hubo fue de partido porque ahora Honduras está más cerca de ser una cárcel que un país donde las libertades y la democracia tienen futuro.

Este proceso de imponer las medidas más populares frente a uno de los problemas que más aqueja a la población comenzó con la promesa de que la Policía Nacional Civil lideraría los esfuerzos de seguridad ciudadana, medida que inevitablemente dio un giro hacia la militarización cuando las cárceles comenzaron a retumbar en motines, asesinatos y la masacre de 46 mujeres ocurrida en junio 2023, la tragedia cúspide del sistema carcelario. 

La mayoría de las mujeres no tenían sentencia firme, las perpetradoras, de la pandilla 18 en su mayoría estaban presas por el delito de homicidio o sicariato y las mujeres víctimas y sobrevivientes eran simpatizantes de la MS que estaban presas en su mayoría por el delito de venta de drogas y extorsión. Pero en Honduras, un país altamente femicida, esta noticia fue solo una más de las desgracias de un país catalogado como un narco-Estado. 

Honduras ya había sufrido tragedias en cárceles con centenares de víctimas, en los gobiernos del Partido Nacional –el partido del expresidente Juan Orlando Hernández ahora condenado en EE. UU. por narcotráfico– entre 2002 y 2014, sin embargo esta fue la primera vez que las víctimas fueron mujeres, justo en el gobierno de la primera mujer presidenta. 

La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, dijo en diversos medios de comunicación que ella había advertido que algo pasaría en el sistema penitenciario y que había que resguardar, sobre todo, la cárcel de mujeres, una aparente muestra de que las mujeres eran una prioridad en el gobierno de Xiomara Castro. Meses después Villanueva aseguró que descubrió que miembros de la Policía estuvieron involucrados en la masacre y que el sistema de corrupción del sistema penitenciario está enraizado institucionalmente. Sus declaraciones no causaron ni siquiera un escándalo.

Cuarenta y seis víctimas en un solo hecho violento es una cifra terrorífica, pero a un año de esta masacre parece que a nadie le importa que haya justicia para estas mujeres que eran parte o habían colaborado con la Mara Salvatrucha. Fue como un escarnio público en el que se paga con el cuerpo de las mujeres y nada más. Nadie habla siquiera de lo que el Estado de Honduras puede volver a perder por un caso como este, ya que en 2012 tras un procedimiento judicial en la CorteIDH por un incendio ocurrido en 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, el Estado tuvo que reconocer su responsabilidad por la pérdida de la vida de 107 privados de libertad algo que implicó gastos por reparación y el compromiso de mejorar las condiciones carcelarias poniendo al mando de civiles el sistema. 

Por eso la vía fácil es seguir la receta conocida: más militarización y más cárceles, aunque esté probado que es una receta para el desastre. Después de las múltiples denuncias sobre el involucramiento de la Policía en la reciente masacre en la cárcel de mujeres, la presidenta no ordenó investigar más o realizar una reforma policial, al contrario, le dejó la chequera con mil millones de lempiras (aproximadamente 40 millones dólares) a los militares para tomar el control de las medidas de seguridad y el sistema penitenciario y ahora le ha dado vía libre para construir dos mega cárceles, una en una zona entre Olancho y Gracias a Dios, dos de los departamentos más afectados por el crimen organizado, y una en las Islas del Cisne, un área protegida y parque marino en el caribe hondureño entre las islas de la bahía y la moskitia hondureña. Una cárcel que podría costar más de 80 millones de dólares en una isla inhabitada que no cumple ningún requisito más que el de satisfacer una fantasía de la administración Castro por parecerse al autoritario más cercano.

Para comprender el nivel de la fantasía hay que explicar que el alcatraz hondureño es inviable, no tiene licencia ambiental, no tiene acceso a agua dulce. Dos expertos contratados por el Gobierno, el Colegio de Biólogos de Honduras y la misma Universidad Autónoma han desaconsejado cualquier construcción allí. Es, sin haberse puesto la primera piedra, un desastre ambiental mezclado con el ambiguo sentido de justicia y castigo que genera un estado de excepción liderado por un gobierno que no quiere quedarse atrás en mostrar su uso de la fuerza. El desastre incluye también la falta de garantías mínimas de respeto a los derechos humanos, no solo de las personas privadas de libertad que terminarían ahí, sino también sus vecinos. Pero ni las críticas ni los estudios científicos, ni sentencias de la CorteIdh  ni las protestas de comunidades que podrían ser afectadas han significado algo para el Gobierno. Para esta administración la única respuesta posible es que estas medidas solo afectan a los malos, que los ciudadanos que no tienen vínculos con el crimen deben estar tranquilos y que quienes se oponen y defienden pandilleros algo deben. Esta mirada dicotómica, sin embargo, los toca y afecta de frente ahora que los vínculos con el narcotráfico también han llegado a altos funcionarios del gobierno de la refundación. 

Honduras es un país cárcel desde hace tiempo. Miles han logrado escapar con dificultad, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés entre 2021 y 2023 y el primer trimestre de 2024 los migrantes hondureños en frontera fueron de 1,734,686 en el año fiscal 2021 y 2,475,669 en 2023. Otros se han quedado esperando a que la situación mejore. Centenares votaron en 2021 por un giro de tuerca al narcoestado, pero continúan su día a día sobreviviendo en la oscuridad de un estado todavía más militarizado.

Cuando vi en octubre de 2023 a las sobrevivientes de la cárcel de mujeres que ahora habitan un módulo de máxima seguridad en una cárcel de hombres, la mayoría sin condena o con condenas menores por participar en el narcomenudeo, les pregunté qué país creen que les espera al salir después de cumplir su condena, me respondieron en coro: «¡Estados Unidos!» Sí, ese país en donde uno de sus candidatos a la presidencia promete un enorme muro y la operación de deportación de migrantes más grande de la historia es mejor opción que quedarse e insertarse socialmente en Honduras. 

La Biblioteca Cartonera es un proyecto que permite a la niñez de zonas rurales de Honduras y sus familias recrearse mientras desarrollan su potencial creativo. Aquí, la lectura, el dibujo, el bordado y el reciclaje se conjugan para crear y reproducir obras literarias. Los fundadores y gestores del proyecto, Armida García y Joel Lara, escogieron Lepaterique, rodeado de bosques y montañas, como el lugar desde donde están haciendo realidad sus sueños. 

Texto: María Eugenia Ramos
Fotos: Fernando Destephen

En los pasillos del Instituto Polivalente Santiago, de Lepaterique, donde acaba de realizarse el acto oficial de inauguración de las tradicionales fiestas patrias, parece resonar aún el potente sonido del bombo de la banda de guerra, aunque difuminado ya por las risas de los niños y niñas que corren libres durante el recreo, después de haber estado escuchando los discursos bajo el sol, ya picante, aunque todavía es temprano.

Este instituto es una de las sedes principales de la Biblioteca Cartonera, un proyecto creado en el año 2018 por la poeta y educadora Armida García, con el apoyo de su esposo Joel Lara. Mediante esta iniciativa, los niños y las niñas se divierten haciendo libros, pequeñas joyas de creación artesanal en las que mediante el bordado y los colores reproducen obras propias, como también de la literatura hondureña y del mundo.

La innovación que ha convertido a este proyecto en una propuesta única en su género, nos dice Armida, es que ahora el bordado es parte fundamental en la creación de cada pieza. Los niños y niñas imaginan las ilustraciones, las dibujan y las bordan. Así, el cerebro y las manos trabajan juntos. Los libros se crean a partir de materiales reciclados, como cajas de pizza y retazos de tela o de ropas en desuso proporcionadas por las familias.

La Biblioteca Cartonera comenzó en 2018 como un proyecto personal, en el centro educativo donde Armida trabajaba en Tegucigalpa. Empezó enseñándoles a sus estudiantes a hacer libros, nos cuenta, pero con materiales tradicionales, usando papel, tinta y dispositivos electrónicos. Actualmente, la iniciativa, ya con materiales reciclables, se ha expandido a 11 centros educativos en total, en el casco urbano y aldeas del municipio de Lepaterique, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, aunque la propiedad intelectual sigue siendo de quienes fundaron el proyecto.

En la Biblioteca Cartonera los niños y las niñas reproducen obras de autores nacionales, como este poema del fallecido Fausto Maradiaga. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Armida le pide a su esposo Joel que «atrape» a uno de los niños que corren, para que podamos entrevistarlo. «Joel es mi arma secreta», se ríe Armida. Y nos cuenta que los varones más inquietos se comprometen a pasar un tiempo haciendo libros, porque saben que Joel después jugará fútbol con ellos. Tal vez por ahora les interese más el fútbol, pero también están leyendo, dibujando, bordando, escuchando historias y creando, no solo libros artesanales, sino también recuerdos alegres que los acompañarán en la adultez. Porque, aunque no se sabe qué les traerá el tiempo, tendrán en su memoria estos momentos compartidos, de esperanza, de amor.

Y es que la Biblioteca Cartonera es en muchos aspectos una historia de amor. El amor de Armida García por los libros y el bordado, y su historia de amor con Joel Lara, con quien están juntos desde hace catorce años. «Lo vi debajo de un árbol, le hablé, y desde entonces supe que no iba a soltarlo», dice ella. Joel, hábil constructor, bordador, y por lo que escuchamos también futbolista, asiente con una sonrisa.

También es la historia del amor de esta pareja de creadores por Lepaterique, un municipio situado a menos de hora y media de Tegucigalpa, rodeado por bosques donde se encuentran coyotes, pumas, barbamarillas y armadillos, entre otras especies. Armida y Joel llegaron un día y decidieron continuar su vida allí. Ahora van a cambiar su casa en el casco urbano del municipio por un terreno en mitad del bosque, donde construirán ellos mismos una cabaña. Suena aventurero, y lo es, porque ambos comparten esos sueños locos que acaban convirtiéndose en logros hermosos.

El municipio de Lepaterique, rodeado por hermosos paisajes donde todavía se conservan fuentes de agua y abundante flora y fauna, es la sede principal de la Biblioteca Cartonera. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Uno de estos logros es la incorporación del reciclaje como otro gran componente del proyecto,  según nos explica Dilcia Aracely Cruz, docente de Español del Polivalente Santiago, así como la recuperación del bordado como parte de las tradiciones culturales lencas. Los niños y niñas se llevan el trabajo a casa, e involucran a sus familias en el acabado final, por ejemplo, con alguna puntada que les enseña la abuelita.

Estudiantes del Polivalente Santiago observan algunos de los libros que han elaborado mediante el proyecto de la Biblioteca Cartonera, acompañados de la docente de Español Dilcia Aracely Cruz. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Pero el proyecto no solo contribuye a rescatar esas tradiciones, sino que también desafía de alguna manera los estereotipos de género. Los libros artesanales despiertan tanto entusiasmo que hasta los hombres mayores se involucran. Armida y Joel nos cuentan que en una ocasión, el abuelo de uno de los niños participantes pidió que le enviaran una manta para bordar él también, con la condición de que no le contaran a nadie. «Tenemos señores que son bordadores de clóset», se ríe Armida.

Esdras Levit García, el niño inquieto con el que finalmente logramos hablar por un par de minutos, dice que sabe bordar, y que participar en la Biblioteca Cartonera lo hizo sentir alegre. Viendo los colores, las imágenes y las texturas de los libros esparcidos sobre las mesas de la biblioteca del Polivalente Santiago, podemos entender la razón de este entusiasmo.

Sharon Bejarano y Sofía García (tercera y quinta, de izquierda a derecha) comparten con sus compañeras la alegría que ha significado para ellas participar en la Biblioteca Cartonera. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Esdras está más interesado en disfrutar del recreo que en conversar con nosotras, pero sus compañeras Sharon Sofía Bejarano y Sofía Sarahí García son mucho más expresivas. Ambas, al igual que Esdras, participaron en el proyecto cuando estaban en sexto grado, en la escuela de su comunidad. Sharon dice que hacer libros le permitió dibujar, pintar y también escribir. Le preguntamos de qué escribe, y dice que sus temas favoritos son «los atardeceres» y «una niña feliz». También dice que escribió sobre la muerte de su conejito, al que quería mucho.

Su amiga Sofía, más que por la escritura, se inclina por el dibujo, y nos comparte que le gusta mucho hacer retratos de personas, a partir de una fotografía. «En las aldeas hay personas que tienen bastante creatividad, pero no tienen los recursos para expresarla. Me gustaría que la Biblioteca Cartonera pudiera acceder a esos lugares, para que los niños puedan decirle al mundo lo que sienten», aporta, y Sharon asiente con una sonrisa.

En un país donde gran parte de la niñez se encuentra en situación vulnerable, la Biblioteca Cartonera representa una puerta hacia la esperanza de que la recreación y la literatura estén al alcance de todos los niños y las niñas del país.

La presidenta Xiomara Castro asumió el poder con el compromiso de erradicar la influencia del narcotráfico en las instituciones hondureñas. Sin embargo, tres empresas que han sido investigadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el caso de «Tony» Hernández siguen operando sin restricciones: una mantiene contratos millonarios con el Estado; otra – relacionada con una de las investigadas– se ha certificado como contratista estatal y la tercera recibió contratos en 2020 de un político que ocupa un alto cargo en el Gobierno actual.

Texto: Fernando Silva
Edición: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera

En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió una solicitud de asistencia al Ministerio Público de Honduras para que les enviaran información sobre registros de empresas y contratos relacionados con Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado y sus socios y partir de los testimonios, registros telefónicos y otras investigaciones, identificaron 30 «individuos objetos de la investigación», entre ellos personas naturales y empresas.

Contracorriente identificó que al menos dos empresas vinculadas a las investigaciones sobre narcotráfico y tráfico de armas de Tony Hernández han recibido beneficios bajo el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, logrando certificaciones para convertirse en proveedoras del Estado y asegurando contratos para la construcción de carreteras. Además, una tercera empresa, que ya había sido beneficiada con contrataciones directas en la administración anterior, sigue obteniendo beneficios de forma opaca a través de altos funcionarios del Gobierno actual. 

La certificación de Tradeco y Contratista Panamericana

Es veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, a las doce y treinta y cinco de la tarde, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) comienza a tomar la declaración de «Tony» Hernández Alvarado, hermano del entonces presidente de Honduras, después de su detención en un aeropuerto de Houston, Texas, en Estados Unidos.

El intercambio en el que las autoridades brindaron una oportunidad de colaboración al ex congresista hondureño, arrojó en su momento algunos de los detalles más recordados sobre la participación de Tony en las actividades del narcotráfico; por ejemplo, la revelación de que las cargas de cocaína eran marcadas con sus iniciales «TH».

En ese contexto, Tony explicó al agente de la DEA que uno de los objetivos de su visita a esa ciudad era reunirse con «Carlos», quien luego se revelaría que era Carlos Gonzales Macías, entonces vicepresidente de Tradeco, un conglomerado empresarial mexicano, que ha sido señalado por corrupción y por haber sido favorecido con múltiples contratos irregulares en su país de origen, contratos que según reportes de la prensa de ese país rondan los 20 mil millones de pesos mexicanos. Tony explicó en ese momento que Tradeco quería «entrar a invertir en Honduras» pero no había podido porque las alianzas público privadas «tenían amarrado todo», por lo que les prometió pactar una reunión con un ministro del gobierno para facilitarle un trato. 

En la solicitud de asistencia consta que, de acuerdo con registros bancarios en Estados Unidos, Gonzales Macías también se encontraba vinculado a otras compañías del Grupo Tradeco, como Tradeco Infraestructura S.A de C.V, Tradeco Ingenieria, S.A. de C.V., Tradeco Infrastructure, Inc., Itecsa LLC, Advantix Payroll LLC, Cometa USA Inc., y Ledergy LLC.

La solicitud de asistencia enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Honduras, amplía que en uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado, se encontraban documentos relacionados con tratos comerciales con la sociedad mercantil mexicana Tradeco y con otra empresa hondureña llamada Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon).

Aunque hasta septiembre de 2024, Tradeco no aparece directamente como proveedor autorizado para ser contratado por el Estado, el actual Gobierno, a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) adscrita a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, autorizó el 31 de julio de 2024 el registro como proveedor del Estado a la Sociedad Mercantil Contratista Panamericana, S.A. de C.V. (Sucursal Honduras), cuyos socios son Grupo Tradeco y su presidente el ciudadano mexicano Federico Alberto Martínez Urmeneta; y su representante legal en Honduras es el mexicano Armando Alberto Herrera Barrientos, quien también ha servido como representante legal de otras empresas de Grupo Tradeco.

Según la plataforma Honducompras, que registra a todos los proveedores del Estado, la empresa en cuestión comenzó operaciones en Honduras en diciembre de 2023. Sin embargo, su página web indica que fue fundada en 2005 y describe que es una entidad que ha llevado a cabo obras y proyectos en varios países, incluyendo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam, Ecuador y Uruguay. 

Contracorriente solicitó una entrevista con el director de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y envió una serie de preguntas sobre la obtención de certificaciones por parte de empresas vinculadas al crimen organizado. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta investigación, no se ha recibido respuesta.

En la página web de Contratista Panamericana también se detalla que una de sus especializaciones es la construcción de edificios penitenciarios. En ese sentido, Contratista Panamericana se presenta como la empresa que fue seleccionada para construir los proyectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, reconocida por las multiples denuncias sobre abusos a derechos humanos y por ser la cárcel más grande del continente; y la construcción de una carcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, en Guatemala, que se proyectaba para iniciar sus obras en la segunda semana de agosto.

En el último año, Tradeco también fue señalada en Costa Rica en un caso de investigación por posible tráfico de influencias contra el presidente de ese país Rodrigo Chávez, un ex funcionario y un funcionario activo de su gobierno. Según medios costarricenses, el Ministerio Público en ese país abrió una pesquisa por el supuesto tráfico de influencias para ceder obras en una carretera, e indagan si hubo presiones para concederle la obra a la constructora mexicana. Según informes de los medios, el representante de esa firma ratificó que se reunió con el mandatario. Por último, Tradeco también participó en el proceso de selección para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Panamá, pero no fue seleccionada. 

En Honduras, en julio de 2024, cuando la subsidiaria de Tradeco, Contratista Panamericana, recibió su certificación como proveedora del Estado, el país estaba inmerso en una controversia sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. A pesar de estudios científicos que recomendaban no construir en esa zona debido a los posibles daños a la flora y fauna endémica, se había autorizado la licitación para este proyecto sin contar con la licencia ambiental necesaria.

Desde ese entonces, el comandante de la Policía Militar del Orden Público y director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, Ramiro Fernando Muñoz, ha anunciado en dos ocasiones en agosto y septiembre que el proceso fracasó  y que pronto darán inicio a un nuevo proceso de licitación. 

Contratista Panamericana y Grupo Tradeco respondieron a este medio a través de su oficina de comunicaciones, y explicaron que su constitución en el país se debe a que «[Honduras] interesa mucho por el plan de inversión en infraestructura y la gran similitud de mercados que tiene con México», pero aseguraron no estar participando en ningún proceso licitatorio y que no han pensado en un proyecto específico. Además, se desvincularon de cualquier tipo de relación con Tony Hernández. Contracorriente también buscó al comandante Muñoz a través de su asistente; sin embargo, no hubo respuesta.

Aunque hasta el momento no se dispone de información detallada sobre las inversiones que Contratista Panamericana realizará en Honduras y su registro en la ONCAE solo menciona que su rubro es la «supervisión de proyectos», esta no sería la primera vez que Tradeco intenta obtener contratos estatales.  En 2010, una empresa del Grupo Tradeco, Tradeco Infraestructura S.A de C.V., ganó una demanda por 430.8 millones de lempiras por el incumplimiento de un contrato firmado en 2003 para la rehabilitación de la carretera entre Puerto Cortés y Guatemala.

Las carreteras de Prodecon

En el celular de Tony incautado tras su arresto en noviembre de 2018, también figuraban documentos relacionados a tratos comerciales con la empresa hondureña Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), por lo que el Departamento de Justicia requirió información sobre la empresa en la investigación contra el ex congresista y sus socios.

Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras (donde deben registrarse todos los contratos otorgados por el gobierno), entre 2014 y 2021, durante la gestión del ex presidente Juan Orlando Hernández, Prodecon se benefició con 21 contratos otorgados por el Fondo Vial, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), e Inversión Estratégica de Honduras. Los contratos abarcaron desde operativos de bacheo hasta la construcción de obras de carretera, y en total sumaron unos 812 millones de lempiras, es decir unos 33 millones de dólares.

Tras la salida del gobierno de Hernández, las relaciones con la empresa investigada por el Departamento de Justicia no terminaron, y según los registros del portal de contrataciones, sólo entre marzo y abril de 2023 la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó 6 contratos para la construcción de diversas obras de infraestructura vial valoradas en un total aproximado de 69 millones de lempiras, unos 2.78 millones de dólares. 

El contrato más importante registrado en el portal de contrataciones en este periodo fue destinado al mantenimiento de la red vial en el departamento de Atlántida en un tramo que va desde el Puente Lean hasta el municipio de Jutiapa, valorado en 54.5 millones de lempiras. Según informes de la prensa nacional, los trabajos de reparación concluyeron en octubre de 2023.

Además, el Gobierno adjudicó otro contrato a Prodecon sin registrarlo en el portal de contrataciones. La SIT le adjudicó en diciembre de 2022 la rehabilitación del tramo carretero entre Jesús de Otoro y La Esperanza en el departamento de Intibucá. El monto del contrato es de cerca de 331.7 millones de lempiras y sigue en ejecución con diversos retrasos que han sido denunciados por medios de comunicación y con las justificaciones de la empresa que argumenta que no le han sido efectuados algunos pagos.

Los atrasos en la ejecución del proyecto incluso han sido denunciados por la actual precandidata del oficialismo y ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien publicó en la red social X que «[…] la carretera está destruida, y la población no se explica por qué la compañía adjudicada aún no finaliza (Prodecon) y reclaman por la lentitud». En el Gobierno anterior, Prodecon ya había sido cuestionada públicamente por los retrasos en sus obras. 

En total, según la investigación de este medio, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha otorgado contratos que ascienden a los 400 millones de lempiras a esta empresa con la que, según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tony mantenía negocios.

Este medio intentó establecer comunicación con el ingeniero Octavio Pineda, ministro de la SIT; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no ha contestado a ninguna de nuestras comunicaciones. Contracorriente también envió un correo y llamó a las oficinas de Prodecon, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Prodecon es beneficiada por un Gobierno liderado por la familia Zelaya. El 1 de agosto de 2008, el entonces ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano, firmó un contrato para el mejoramiento de la carretera CA-5 con Prodecon. El monto total del proyecto fue estipulado en 294.9 millones de lempiras, unos 11.8 millones de dólares.

El exministro «Saro» Bonano ha estado bajo investigación desde 2011 por el Ministerio Público a raíz de un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que reveló irregularidades en el proyecto de construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala. En octubre de 2022, un tribunal de sentencia rechazó la solicitud de Bonano para acogerse a un decreto de amnistía, el cual había beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya y les permitió evadir acusaciones y procesos judiciales por corrupción. 

Según registros de la cámara de comercio, Prodecon es una empresa constituida en 1979 por miembros de la familia Gamez Panchame; su actual gerente general y representante legal es José Dario Gamez Panchame exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) entre 2012 y 2014, exdiputado y subcoordinador regional de campaña de Porfirio Lobo para las elecciones de 2009. 

En 2021, Prodecon fue denunciada en el Congreso Nacional por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, quien aseguró que «la negligencia y las malas prácticas en las obras de construcción en el puente del Río Guacirope, han desembocado en una situación precaria para los habitantes, los transeúntes, las empresas y los vecinos del municipio de Nacaome, como de toda la Zona Sur del país». Previo a las denuncias del congresista en 2019, José Gamez también fue señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por irregularidades en contrataciones durante su gestión en la ENP.

José Gamez también estuvo vinculado con el círculo cercano de Tony Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández tras venderle una propiedad en Villanueva, Cortés, al general de brigada en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado, quien fue compañero del expresidente en el Liceo Militar del Norte en 1983 y, gracias a esa cercanía, trabajaron de cerca desde que fue presidente del Congreso Nacional en 2010, hasta su ascenso en 2019 como comandante general de la Fuerza Aérea. Barrientos fue parte de los tres generales del ejército hondureño que fueron presentados como testigos por la defensa del ex presidente Juan Orlando Hernández en el juicio que enfrentó en marzo de 2024 y en el que fue encontrado culpable.

Los vínculos de la Correduría Ucles Martínez 

Cuando Tony Hernández viajó a Estados Unidos en noviembre de 2018, acompañado por su amigo Marlon Pacheco Morales, quien según reportes de la prensa nacional también fue abogado del hermano del ex presidente en transacciones inmobiliarias, uno de sus objetivos era encontrarse con Theo Franz Uclés, un empresario hondureño a quien también describió como su «amigo». Según las declaraciones de Tony, su amigo Theo había viajado a Nebraska para comprar dos camiones «de segunda», para luego repararlos.

Según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia, Ucles Castillo había estado en contacto con un individuo en Estados Unidos, quien había sido arrestado en 2017 por un delito relacionado con lavado de dinero, aunque posteriormente se desestimaron los cargos. Los registros de viaje indican que Ucles Castillo tenía previsto salir de Estados Unidos en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami durante la semana del 26 de noviembre de 2018, o en fechas cercanas. Sin embargo, no abordó el vuelo. En cambio, se presume que salió de ese país de tal manera que evitó el contacto con las autoridades y la aduana. Se cree que viajó en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá el 11 de diciembre de 2018.

Contracorriente también encontró que Theo Franz Uclés, amigo de Tony, fue parte de su esquema offshore de empresas de papel en Panamá, participando como apoderado legal en las sociedades Office 77-602, S.A. (suspendida) y Office 77-603, S.A. (vigente). Una denuncia anónima en redes sociales que data de 2018, señala que este esquema habría sido utilizado para lavar dinero.

En Honduras, el 13 de mayo de 2004, Theo Franz Uclés, Aná Elizabeth Uclés y Belky Judith Martínez constituyeron la Correduría de Seguros Uclés Martínez S. de R.L., la cuál en 2019, tras la captura de Tony Hernández, pasó a convertirse en una Sociedad Anónima de Capital Variable. Dicha operación de cambio de razón social fue presentada por la abogada Rebeca Lizeth Melara Ráquel, hija de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien, según reportes de medios de comunicación, ha sido investigada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico por representar una sociedad mercantil vinculada con Ramón Matta Waldurraga, quien fue acusado por el Ministerio Público en Honduras por lavado de activos agravado, y en 2018 se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. 

La presidenta de la CSJ es militante del partido LIBRE y fue impulsada a ese cargo por dicha institución política, a pesar de que en diciembre de 2022 el CNA señaló en un informe remitido a la Junta Nominadora del Poder Judicial a Raquel Obando por constituir y protocolizar la empresa Jericó Mining Company. Según el informe del CNA, dicha asociación es propiedad de Alberto Muccioli Ordoñez, quien desde 2018 cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por presuntamente estar vinculado a la estructura de narcotráfico y lavado de activos del fallecido señor Wilkin Montalván Mejía.

Sin embargo, la relación entre Theo Uclés y la hija de la presidenta de la CSJ no es la única vinculación del amigo de Tony Hernández con el partido Libre. En 2012, durante la primera campaña presidencial de Xiomara Castro, Theo Franz Uclés se presentó como candidato del partido Libre para el Parlamento Centroamericano.

Además, en noviembre de 2020 Theo Uclés también fue beneficiado con dos contrataciones directas en la alcaldía de San José de Colinas, Santa Barbara. En el contexto de la emergencia por las tormentas Eta e Iota, que ese año causaron estragos en diferentes puntos del país, Amable de Jesús Hernández, alcalde de ese municipio por el partido Libre, adjudicó un contrato para abastecimiento de agua en comunidades y barrios por un monto de 114,589 lempiras, es decir unos 5,800 dólares. Además, ese mismo mes, otorgó otro contrato para la habilitación de carreteras en varias comunidades presuntamente afectadas por un monto de 212,750 lempiras, o 8,548 dólares.

Amable de Jesús Hernández es un caudillo del partido en el Gobierno que lleva 26 años en el poder (antes con el Partido Liberal y ahora con el Partido Libre) y que, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro a la silla presidencial, fue designado como director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). Contracorriente ha reportado diversas irregularidades en el uso de fondos de dicha institución.

Información que brindó una fuente a Contracorriente señala que en 2022 la Correduría de Seguros Uclés Martínez estuvo involucrada en una intermediación para la adjudicación de un contrato de seguros en el INJUPEMP. 

Sobre esto, en el plan anual de compras y contrataciones de la institución para 2022, se incluyó una línea presupuestaria de 3.5 millones de lempiras destinada a la contratación de «seguros varios del instituto». Según el portal Honducompras, que publica los procesos de licitación y compra de las instituciones del Estado, la institución llevó a cabo el proceso de licitación para seguros de edificios e invalidez en julio de ese año y publicó una resolución sugiriendo la contratación de Seguros Atlántida y Seguros Continental, pero los documentos de la contratación final no fueron publicados.

Aunque la correduría de Theo Franz está registrada en la Comisión Nacional de Banca y Seguros como intermediario de seguros en el país, no hay datos sobre la dirección de sus oficinas o contactos de teléfono. Contactamos a los dos entes regidores de los corredores de seguros en el país: la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) y la Asociación Hondureña de Profesionales de Seguros (Ahproinse). Por un lado, el representante de la CAHDA aseguró enfáticamente que no tiene ninguna relación con Theo Uclés y que hace diez años no sabe de él; por otro lado, la representante de Ahproinse aseguró que han perdido el contacto de los representantes de la Correduría Uclés Martinez ya que cambiaron de número de teléfono, pero que los están buscando.

Este medio envió una serie de preguntas al correo de la Correduría de Seguros Uclés Martínez que aparece en el registro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), pero hasta el momento de la publicación de esta investigación no hubo respuesta.

Hasta el jueves 5 de septiembre de 2024, el registro de la Correduría de Seguros Uclés Martínez y de Theo Uclés como dependiente de dicha empresa estaba activo en la página de la CNBS. Sin embargo, tras las consultas realizadas por Contracorriente a los organismos reguladores y al personal de instituciones relacionadas con el caso, el domingo 8 de septiembre el registro apareció como suspendido.

Contracorriente envió una serie de preguntas al director de Injupemp, Amable de Jesús Hernández a su número personal y a través del encargado de relaciones públicas de la institución quien aseguró que se las trasladaría; sin embargo, no recibimos respuesta.

Después de que Insight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya —cuñado de la presidenta y ex secretario del Congreso Nacional— aparece negociando aportes de campaña con narcotraficantes, los hallazgos de esta investigación sugieren que las relaciones del actual Gobierno con personas y empresas vinculadas al narcotráfico son mucho más profundas de lo que su retórica oficial quiere hacer parecer. 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

San Salvador, 9 sep (EFE).- El director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, falleció el domingo por la noche al estrellarse por causas todavía no aclaradas el helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba con otras personas que también murieron, entre ellas un presunto implicado en un millonario desfalco.

«Lamentamos confirmar el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el cual se estrelló en Pasaquina, La Unión», informó la Fuerza Armada salvadoreña en X.

Sin detallar las identidades del resto de ocupantes de la aeronave, la fuente señaló que «en la aeronave era trasladado, bajo custodia policial», Manuel Coto, exgerente de un banco investigado por el desfalco de 35 millones, «así como el Director de la PNC, comisionado general Mauricio Arriaza Chicas».

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lamentó en X la muerte de Arriaza Chicas, quien llegó a la dirección del a PNC de la mano de Bukele en 2019, pero en gobiernos anteriores había ocupado altos puestos al interior de este cuerpo de seguridad.

«El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo», publicó Bukele en las redes sociales.

Arriaza Chicas fue subdirector de Áreas Especiales, jefe de la División de Finanzas y subjefe de la División de Investigación Criminal de la PNC, a la que ingreso como parte de las primera generación de oficiales en 1993.

El ahora fallecido se formó en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y se graduó en la Escuela de Carabineros de Chile, en 1989.

En la noche del 6 de septiembre, ciudadanos y ciudadanas, junto con líderes de la oposición, marcharon con antorchas para exigir la continuación del tratado de extradición y denunciar el nepotismo en la administración de la presidenta Xiomara Castro. La protesta fue provocada por un reportaje de InsightCrime que mostró a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hasta el momento secretario del Congreso Nacional, negociando con narcotraficantes. El Gobierno ha acusado a la oposición, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y a agentes extranjeros, de intentar un nuevo golpe de Estado.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

Este viernes 6 de septiembre, un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes y activistas del Partido Nacional de Honduras y de otros movimientos y partidos políticos, se citaron en la primera entrada de la colonia Kennedy de Tegucigalpa para exigir con una movilización de antorchas que se continúe con el tratado de extradición y denunciar el nepotismo en la administración de la presidenta Castro. María José Sosa, participante de la acción ciudadana, afirmó sentirse «indignada por las acciones de este gobierno» y agregó que no «imaginaban la magnitud de todos los desastres y crisis que le iban a provocar al pueblo hondureño».

El contexto de estas exigencias comenzó el miércoles 28 de agosto, cuando Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, hizo declaraciones que sacudieron el panorama político. Dogu expresó su preocupación tras la reunión entre Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, y José Manuel Zelaya, exsecretario de Defensa, con Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, señalado por Estados Unidos por narcotráfico. Dogu aseguró que estaban «muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela». 

Nahúm Reyes, defensor del ambiente de su comunidad, camina por la parte del río que según él, la empresa Agrecasa ha afectado con su actividad minera. Cortés, Honduras, agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 28 de agosto, la presidenta Xiomara Castro, utilizando la defensa de la soberanía hondureña frente al intervencionismo de Estados Unidos como excusa, ordenó al canciller Enrique Reina que denunciara el tratado de extradición con ese país. La decisión generó una ola de reacciones en contra y sectores de oposición convocaron a una movilización para el 30 de agosto, que finalmente no se realizó.

El 31 de agosto, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, se presentó en el Ministerio Público para aclarar un video de hace 11 años en el que aparece en una reunión con narcotraficantes. Zelaya afirmó haber caído en una trampa y negó cualquier implicación de su familia en actividades ilícitas. El 2 de septiembre presentó su renuncia formal como diputado ante el Consejo Nacional Electoral, aunque no hubo confirmación oficial del Congreso sobre su dimisión. Finalmente, el 3 de septiembre, Insight Crime publicó videos en los que Zelaya aparece discutiendo la entrega de dinero proveniente de «aportaciones» de capos de la droga. En esas negociaciones mencionó que la mitad de lo acordado sería destinado al «Comandante», apodo de Manuel Zelaya, su hermano.

La presidenta ha calificado la acción de Carlos Zelaya como un error deplorable «sin informar al coordinador, a la candidata y al partido, lo realizó a espaldas nuestras, nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos».

En medio de ese tornado político, resurgió la convocatoria para una nueva movilización de antorchas, esta vez liderada por el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y Rashid Mejía, dirigente del movimiento Una Sola Voz por Honduras.

Uno de los participantes en la marcha, aseguró a Contracorriente que «la patria se encuentra en peligro, no podemos seguir siendo gobernados por gente que no cumple las leyes, por gente incapaz, deshonesta y que internacionalmente ha puesto a Honduras en evidencia de que somos un país narcotraficante».

En 2015 el Movimiento de las Antorchas fue una iniciativa ciudadana que presionó y logró que Juan Orlando Hernández accediera a la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Estas nuevas antorchas, sin embargo, provocan el rechazo de un sector de la sociedad por incluir al Partido Nacional y a un general cuestionado por sus acciones durante el golpe de Estado. 

Ayudando con Amor, una ONG con pocos registros, ha incumplido la rendición de cuentas financieras y su primer apoderado legal, Junior Toscano Casco, estuvo vinculado a Fredy Nájera, condenado por narcotráfico. La actual directiva de esta ONG incluye a un exempleado del gobierno y a otra persona con contrato en la alcaldía capitalina. La organización ha recibido fondos millonarios de instituciones estatales y ha sido criticada por su falta de transparencia y desvío de recursos hacia fines proselitistas.

Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

En tres años, Ayudando con Amor pasó de ser una ONG sin proyectos ejecutados y constituida por personas desconocidas, a convertirse en una herramienta para que políticos eleven su perfil ante el electorado. Esta organización incumple con la rendición de sus estados financieros y su primer apoderado legal ha estado vinculado a personajes relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Además, dentro de su actual junta directiva figura un exempleado del actual gobierno y otra persona que tiene un contrato de servicios laborales dentro de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

Según sus estatutos, Ayudando con Amor fue creada para «trabajar y contribuir a dignificar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, luchando por implementar estrategias que permitan apoyar el desarrollo social y económico, así como mejorar el nivel de vida de la población», pero en la realidad, su misión es muy diferente. Esta ONG, que obtuvo su personería jurídica el 28 de mayo de 2021, se niega a proporcionar información sobre quiénes son sus donantes nacionales e internacionales, cuántos proyectos han ejecutado y en qué regiones del país trabajan.

Contracorriente intentó entrevistar a Claudia Pamela Álvarez Matute, presidenta de la junta directiva de Ayudando con Amor. Inicialmente, nos indicó que consultaría con su equipo legal antes de responder. Sin embargo, posteriormente se negó a dar la entrevista y aseguró que la organización que dirige «siempre ha actuado conforme a la ley».

Contracorriente tuvo acceso a documentación de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que evidencia la escasa transparencia que rodea a Ayudando con Amor. Un memorando firmado el 22 de julio por la directora de Dirrsac, Flor Idalma Salgado Cruz, establece que, hasta esa fecha, la ONG no había presentado los estados financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, a pesar de que la Ley Especial de Fomento para las ONG, vigente desde 2010, estipula que el incumplimiento de este requisito conlleva la cancelación de la personalidad jurídica.

El único registro disponible de la organización Ayudando con Amor consiste en dos declaraciones juradas presentadas ante la Dirrsac. En la declaración correspondiente a 2021, según explicó Claudia Álvarez, la asociación «se dedicó exclusivamente a cumplir con los requisitos regulatorios del Estado y a establecer su estructura organizacional, sin desarrollar proyectos ni generar cifras contables financieras».

Según la declaración jurada de 2022, Ayudando con Amor «se centró en la conformación de su estructura y planificación operativa, por lo que tampoco generó proyectos ni informes financieros». El hecho de que el documento correspondiente a 2021 haya sido firmado y autentificado hasta el 9 de julio de 2024 y el correspondiente a 2022 el 7 de diciembre de 2023 genera suspicacias, debido a que la primera se firmó dos años después y seis meses después del periodo descrito, y la segunda un año después. 

A pesar de no haber reportado sus estados financieros a la Dirrsac, Ayudando con Amor ha recibido fondos millonarios del Instituto de la Propiedad (IP) y el Congreso Nacional (CN) a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Entre marzo y junio de 2023**, la organización firmó un convenio con el IP para ejecutar el proyecto «Mejorando la calidad de vida de familias en situación de pobreza en Honduras». El convenio estipulaba la donación de 39.5 millones de lempiras en desembolsos condicionados al cumplimiento de requisitos.

El primer desembolso de un poco más de 5.9 millones de lempiras se realizó tras la firma del convenio y la entrega del primer producto. Los siguientes desembolsos fueron realizados bajo condiciones similares: el segundo y el tercer desembolso, ambos de 15.8 millones de lempiras, se efectuaron tras la presentación de los productos correspondientes y la rendición de cuentas de los desembolsos anteriores. El cuarto desembolso, de un poco más de 1.9 millones de lempiras, se concedió después de la rendición de cuentas del tercer desembolso y la presentación del mismo producto.

El proyecto, que incluía la entrega de kits de emprendimiento, ha sido criticado por algunos funcionarios del gobierno por supuestamente desviar los fondos hacia la compra de bienes domésticos como estufas, colchones y maquinaria, con fines proselitistas, en lugar de fomentar el emprendimiento. El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció que estas ayudas sociales tenían como objetivo favorecer la campaña política del diputado y ahora precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix.

En las redes sociales de Cálix se pueden ver videos publicados en mayo de 2023 en los que decenas de personas hacen fila para recibir kits de emprendimiento similares a los que entregó Ayudando con Amor. Contracorriente envió un mensaje de texto al diputado consultando la procedencia de los fondos para la entrega de estos kits; sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no hemos recibido respuesta.

@jorgecalixhn

¡El emprendimiento es clave para el desarrollo de Honduras! ¡El Gobierno de la presidenta Xiomara apoya las nuevas ideas! #SeguimosTrabajando #xiomarapresidenta #honduras🇭🇳

♬ Acróstico (Solo Version) - Shakira

El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención al IP debido a la falta de registros fiables y violaciones de la ley en el manejo de más de 18,000 millones de lempiras desde 2015. Se denunció la adulteración y financiación indebida en la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales.

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Específicamente, durante la administración de Darío García como secretario ejecutivo del IP, entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, se habrían utilizado inapropiadamente 1,000 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Lafise Honduras S. A. operado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y destinado a la gestión nacional del registro vehicular, con énfasis en la modernización de los sistemas de emisión de placas y recaudación de multas vehiculares. 

Aunque el CN derogó el decreto que contenía el fideicomiso el 4 de junio de 2022, el IP no reportó a la Secretaría de Finanzas los fondos disponibles en ese fideicomiso. El 13 de junio de 2024, el ministro Marlon Ochoa presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) indicando que, para junio de 2022, el monto no reportado superaba los 2,000 millones de lempiras, y que para julio de 2023 se habían reducido cerca de 1,000 millones de lempiras.

Tras la crisis que se generó en el Legislativo en enero de 2022, por la elección de la junta directiva de ese poder del Estado, a Cálix se le cedió el «control político» sobre tres instituciones: el IP, la Secretaría de Contingencias Nacionales y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Darío García, quien estuvo al frente del IP cuando se suscribió el convenio de cooperación institucional con Ayudando con Amor, es ahora el coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio del Partido Liberal, que busca que Jorge Cálix gane en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Contracorriente contactó a Esdras Gutiérrez, miembro de la Comisión Interventora del IP, a fin de conocer detalles acerca de los fondos otorgados a Ayudando con Amor durante la administración de Darío García, pero no obtuvimos respuesta. También enviamos un mensaje de texto a Carolina Cabrera, jefa de Comunicaciones de la institución, quien únicamente nos contestó lo siguiente: «Debido a que este asunto se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, no es posible brindar declaraciones en este momento». 

Ayudando con amor y las donaciones del CN 

El IP, bajo el control de Darío García y Jorge Cálix, no ha sido la única institución del Estado en hacer donaciones a Ayudando con Amor. El 28 de diciembre de 2023, a través del Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización efectuó un pago de 5 millones de lempiras a la organización para la ejecución de dos proyectos: la construcción de un centro comunal en la aldea Guapinol de Marcovia, Choluteca, y de una caja puente en el barrio El Edén, en Choluteca.

Según información a la que accedió Contracorriente, ambos proyectos fueron gestionados por el diputado del Partido Liberal, Ernesto Lezama, a través de las subvenciones y donaciones a ONG que otorga el Congreso Nacional (CN). 

La Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al período fiscal 2024 incluye una partida presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras para «infraestructura menor, obras sociales y becas educativas», a la que tienen acceso las y los diputados. La gestión de estos fondos está a cargo de diferentes instituciones y Secretarías de Estado, incluyendo Gobernación, Descentralización y Justicia; además, la Secretaría de Finanzas está autorizada para realizar las operaciones conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto y el Sistema de Administración Financiera Integrado (Siafi).

Lejos de los pasillos y entramados legislativos, en la aldea Guapinol, Marcovia, Choluteca, la población subsiste por la actividad pesquera en esta zona rodeada de manglares y cercana al Golfo de Fonseca; también sobrevive gracias a  las remesas enviadas por sus migrantes desde Estados Unidos y otros países.

Hace unos meses, allí se construyó un nuevo centro comunal. Al llegar, encontramos que se trata de un modesto edificio con bloques al descubierto, sin pintar, y con pequeños detalles en rojo y blanco, colores que caracterizan al partido político de Lezama y ahora de Jorge Cálix.

Edificio construido en Guapinol, Marcovia, Choluteca, aún sin inaugurar y con las luces encendidas durante el día. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Don Carlos, quien vive en una pequeña casa de madera frente al centro comunal, le dijo a Contracorriente que participó en la construcción. Sin embargo, nunca ha oído hablar de Ayudando con Amor, y lo único que sabe es que el diputado Ernesto Lezama está detrás de este espacio, que, según él, «ha sido una buena ayuda para la comunidad».

«El terreno fue adquirido hace tiempo, pero no estoy seguro de qué organización proporcionó los fondos para la construcción; parece que fue una organización extranjera. Vinieron diputados a supervisar, también vino el alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix. El proyecto lo gestionó [Ernesto] “el Negrito” Lezama; él estuvo aquí al principio, cuando empezamos a hacer las zanjas del centro comunal, pero después no volvió a aparecer», cuenta don Carlos.

Por su parte, don Heráclito, quien diariamente recorre el pequeño poblado de Guapinol en una bicicleta y se dedica a la conservación y forestación del lugar, menciona que el centro comunal todavía no está completo y le falta acera y otras comodidades. Al igual que don Carlos, él desconoce qué es Ayudando con Amor y qué participación tuvo en la edificación del nuevo centro comunal. Solo ha escuchado hablar de políticos.

En su recorrido, don Heráclito pasa frente al edificio construido por la Fundación Ayudando con Amor, pero desconoce quiénes son y cuándo estaría terminado el proyecto. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«El centro comunal todavía no se ha inaugurado y tampoco está en uso. La construcción duró alrededor de cuatro meses, con gente de aquí de la zona y otras personas que vinieron de afuera. Se buscó gente para trabajar en la construcción; hubo albañiles que trabajaron aquí y se les pagó por día», explica don Heráclito, quien solo sabe que el alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix, y «un diputado de Choluteca» llegaron a supervisar las obras. Cálix y Lezama son del Partido Liberal.

En el barrio El Edén, ubicado en el suroeste del municipio de Choluteca, se construyó una caja puente que mejora la fluidez del agua de lluvia. Don Héctor, un vecino de la zona, afirma que la obra ha beneficiado a la comunidad.

Caja puente construida en el barrio El Edén de Choluteca, otro proyecto que figuras políticas presentaron como propio. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«La caja puente se construyó porque, cuando llovía, se rebasaba y se perdía el paso, lo que hacía que el agua saliera a las calles. El proyecto quedó bien hecho, y, gracias a Dios, lo que se prometió se llevó a cabo», asegura.

Al igual que don Carlos y don Heráclito, para él Ayudando con Amor tampoco figura como responsable principal de la construcción de la caja puente. «Esta obra fue realizada por el gobierno, sé que el diputado Ernesto Lezama gestionó el proyecto. Sé que se utilizó una ONG, aunque no estoy seguro de cómo funciona el sistema allí. El diputado visita frecuentemente la zona», manifestó.

A pesar de que este tipo de proyectos replican las acciones clientelistas y asistencialistas observadas en administraciones anteriores y la actual, don Héctor asegura que en ningún momento se les pidió votar por Ernesto Lezama, quien nuevamente buscará una diputación en el próximo proceso electoral. «No se nos pidieron votos. El diputado vino aquí, vio la situación que había y prometió que nos ayudaría con el proyecto», concluye.

Ernesto Lezama, diputado liberal afín al oficialismo ejercido por el Partido Libertad y Refundación (Libre) —es vicepresidente alterno VI del CN—, ha defendido a ultranza la entrega de subvenciones y la ejecución de proyectos sociales dentro del Legislativo, a pesar de la falta de transparencia que rodea a este mecanismo.

Entre 2023 y 2024, el CN ha desembolsado cerca de 352 millones de lempiras en concepto de subvenciones, sin registros de qué diputados o diputadas las reciben y sin ningún registro completo de liquidación. Además, ha hecho donaciones a ONG por 21.9 millones de lempiras en el mismo período.

En una respuesta a una solicitud de información pública realizada por Contracorriente, fechada el 24 de enero de 2024, el exsecretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, indicó que no existía ningún registro del listado de ONG beneficiadas con donaciones de ese poder del Estado.

El 2 de septiembre de 2024, Zelaya Rosales renunció a su diputación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras haber admitido en una declaración en el Ministerio Público (MP) que en 2013 participó en una reunión con empresarios y narcotraficantes, incluido Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder del clan «Los Cachiros», previo a las elecciones generales de ese año. Un día después InSight Crime filtró un vídeo en el que Zelaya aparece junto a narcotraficantes como Davis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, Carlos Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernández Rosa, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial de Xiomara Castro en las elecciones generales de 2013.  

El 29 de febrero de 2024, durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga juró haber sobornado a Zelaya Rosales con 200,000 dólares. 

Antiguo abogado de Fredy Nájera constituyó Ayudando con Amor 

La organización Ayudando con Amor tuvo como primeros apoderados legales a los abogados Bryan Samir Andino Chambasis y Junior Isaac Toscano Casco. Este último representó legalmente al exdiputado del Partido Liberal y antiguo socio de «Los Cachiros», Fredy Nájera, quien fue condenado a 30 años de prisión en una corte federal de Nueva York el 14 de abril de 2022 por delitos de narcotráfico.

Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del 2011, reveló que el representado de Toscano Casco solicitó dos dispensas para la importación de vehículos con exoneración de impuestos sobre importación y ventas, a pesar de que se había derogado el decreto que otorgaba dispensas para la importación de vehículos a las y los congresistas. El 15 de julio de 2010, generando una pérdida fiscal al Estado, Nájera solicitó la dispensa para importar dos automóviles de alta gama: un Mercedes Benz G 55 AMG y un Land Cruiser Station Wagon, provenientes de Alemania y Japón, respectivamente. 

Junior Isaac Toscano Casco también representó al exdiputado del Partido Liberal, Dennys Sánchez, quien el 9 de julio de 2010 solicitó una dispensa para importar un Lexus LX570 desde Estados Unidos, a pesar de la derogación del decreto.

Sánchez, quien posteriormente se unió al Partido Libertad y Refundación (Libre), fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el marco del caso denominado «Red de Diputados». Sánchez enfrentó cargos por malversación de caudales públicos. 

Según las acusaciones del Ministerio Público, Dennys Sánchez, junto a otros cuatro diputados, solicitó al Poder Ejecutivo fondos que fueron transferidos a una ONG llamada Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH). Luego, la ONG devolvió irregularmente los fondos a los diputados, quienes recibieron 15 cheques, sumando un total de 8.3 millones de lempiras. 

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El 1 de diciembre de 2022, una Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó un fallo absolutorio emitido por un juez natural y confirmó un auto de formal procesamiento para los imputados. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún juicio oral y público en el marco de esta causa penal.

Junior Isaac Toscano Casco fue quien gestionó todas las diligencias ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para que se le otorgara la personería jurídica a Ayudando con Amor. Desde su constitución el 14 de febrero de 2021, la primera presidenta de la junta directiva, Liz Arantza Romero Mencía, le concedió a Toscano Casco y a Bryan Samir Andino Chambasis poder amplio para representar a la organización ante el Estado hondureño.

Contracorriente también identificó que la mayoría de la documentación de Ayudando con Amor está certificada por el abogado y notario Laureano Carbajal Rivas, quien actualmente enfrenta un proceso judicial tras ser acusado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) de falsificación de documentos públicos.

Esta acusación se relaciona con el «Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras», en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó en 2012 una indemnización de 317,289.72 lempiras a las 107 familias afectadas por el incendio en la extinta Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, ocurrido el 17 de mayo de 2004, que dejó 107 muertos y 25 heridos.

Los pagos comenzaron en 2017. Sin embargo, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques fueron cobrados ilegalmente por una persona no autorizada, con documentación falsificada y sin la debida autorización del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Se reveló una red de empleados corruptos y notarios que se apropiaron del dinero, dejando a varios familiares sin indemnización.

El 22 de agosto de 2017, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional también emitió un auto de formal procesamiento contra Laureano Carbajal Rivas, acusado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) de falsificación de documentos públicos. La investigación se inició en 2014, cuando se decomisó en Taulabé, Comayagua, un camión con 743 kilogramos de cocaína. En aquel momento, la Fiscalía alegó que Carbajal Rivas traspasó ilegalmente el vehículo para eliminar pruebas del delito.

Cómo surgió Ayudando con Amor 

De acuerdo con los registros de la Dirrsac, Ayudando con Amor fue constituida oficialmente el 14 de febrero de 2021 y el 28 de mayo del mismo año recibió su personalidad jurídica mediante resolución 1002-2021 de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

En un acto de formalización llevado a cabo el 26 de febrero de 2021, Liz Arantza Romero Mencía, primera presidenta de la junta directiva de la organización, otorgó poder amplio y suficiente a los abogados Junior Isaac Toscano Casco y Bryan Samir Andino Chambasis para realizar gestiones ante diversas instituciones del Estado, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y entidades privadas.

La primera junta directiva de Ayudando con Amor quedó conformada de la siguiente manera: Liz Arantza Romero Mencía como presidenta; Marlen Elizabeth Mencía Montes como secretaria; Edwin Francisco Valeriano Medreano como tesorero; Daniel Alberto Valdés Armijo como vocal; y Sindy Carolina Figueroa Romero, Óscar Antonio Mencía Castro y Shelcea Mussieth Mencía Flores como miembros del órgano fiscalizador. Es notable que el apellido Mencía estaba presente en cuatro de los siete miembros, sugiriendo un posible vínculo familiar.

Esta junta directiva ejerció sus funciones desde la constitución de la ONG hasta el 17 de junio de 2022. Posteriormente, quedó integrada por Claudia Pamela Álvarez Matute como presidenta, Helen Maricela Zavala Pérez como secretaria, Bairon Josué Berrios Salinas como tesorero y Henry Joel Solórzano Chávez como vocal. Esta nueva directiva mantendrá su cargo hasta el 14 de febrero de 2025. 

Contracorriente investigó el perfil de las y los directivos de Ayudando con Amor y descubrió que uno de ellos, Bairon Josué Berríos Salinas, tiene actualmente un contrato de servicios laborales con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Según el memorando GRH-268-2024, Berríos Salinas inició su contrato el 14 de marzo de 2024. Se consultó a Mauricio Varela, gerente de Recursos Humanos de la alcaldía acerca de esa planilla, pero no contestó. 

Otro de los miembros de la junta directiva, Henry Joel Solórzano Chávez, trabajó en el programa Red Solidaria, que depende del Poder Ejecutivo, entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre de 2023, según el memorando PRS/SG-RRHH-No.504/2024.

**Fe de erratas: En la versión original de este texto se indicó que el convenio de cooperación entre la Unidad Coordinadora de Proyectos del Instituto de la Propiedad y Ayudando con Amor para ejecutar el proyecto «Mejorando la calidad de vida de familias en situación de pobreza en Honduras» se suscribió entre marzo y junio de 2023. Sin embargo, tras recibir la información completa, publicada en una segunda nota, Contracorriente verificó que la fecha de suscripción fue el 20 de junio de 2022.

DIVERGENTES corrobora con tres fuentes allegadas a la operación de destierro que al líder indígena de Yatama no le fue permitido abordar el avión con destino al aeropuerto La Aurora, y se mantiene en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Otra fuente del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo dijo a esta redacción que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie, porque salieron amenazados de la prisión: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua»

Autor: Wilfredo Miranda Aburto / Divergentes

La primera noche en Ciudad de Guatemala para los 135 presos políticos fue una mezcla de júbilo, miedo, zozobra y desconcierto. Lo mismo para sus familiares. A falta de una lista oficial de las personas que fueron excarceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a cuentagotas se han venido confirmando los nombres de quienes abordaron el avión que salió la madrugada de este jueves 5 de septiembre desde Managua. DIVERGENTES corroboró con tres fuentes allegadas a la operación que al diputado indígena Brooklyn Rivera, otrora aliado del sandinismo, «no lo dejaron salir, no le permitieron abordar el avión». 

Hasta la publicación de este artículo, DIVERGENTES no ha podido corroborar si la segunda de Rivera en el partido indígena Yatama, la también legisladora Nancy Henríquez, corrió la misma suerte. Sucede que las autoridades estadounidenses y chapinas han alojado a los 135 presos políticos en diferentes hoteles de Ciudad de Guatemala e impuesto un hermetismo casi total en torno a ellos. Nada de acceso a periodistas ni terceros, a diferencia como sucedió en el hotel Westin, en Dulles, Washington, en febrero de 2023, cuando fueron desterrados los 222 presos políticos. No obstante, unos pocos excarcelados políticos han publicado reacciones en redes sociales. 

Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y desde entonces organismos defensores de derechos humanos, como la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), han denunciado que el líder indígena se encuentra en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Los familiares del diputado de Yatama nunca fueron informados oficialmente por las autoridades sobre su estado de salud y lugar de reclusión. Razón por la cual en reiteradas ocasiones pidieron «prueba de vida» de Rivera. Las mismas fueron desoídas por el régimen Ortega-Murillo. 

Aunque DIVERGENTES nunca lo pudo corroborar, en los últimos seis meses circularon rumores sobre graves afectaciones en la salud de Rivera, un adulto mayor de 72 años de edad. Sin embargo, hemos conocido que la zozobra de los familiares de Rivera se mantiene al no poder localizarlo entre los 135 presos políticos en Guatemala.

Otros reos de conciencia en condición de «desaparición forzada por ocultamiento de paradero», como la comunicadora social Fabiola Tercero, fueron identificados en las fotografías distribuidas por la Presidencia de Guatemala. A pesar del pedido de organismos de derechos humanos de la lista oficial con los nombres de los 135 presos políticos desterrados, Guatemala y Estados Unidos dijeron que «no será revelada por motivos de seguridad». Otras personas han sido identificadas porque, desde Ciudad de Guatemala, lograron comunicarse con sus familiares y aplacarles la incertidumbre. 

Una fuente del gobierno del progresista presidente Bernardo Arévalo dijo a DIVERGENTES que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie porque salieron amenazados de la prisión por el régimen: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua». 

Régimen calla sobre destierro de los 135

Fotografía cedida por el gobierno de Guatemala de un avión que transporta a los 135 nicaragüenses liberados este jueves, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. EFE.

El Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba hasta este 5 de septiembre 151 personas detenidas por motivos políticos y de persecución religiosa. De ellos, 126 son hombres y 25 mujeres. De la cantidad total, 25 eran adultos mayores. 

Ni en la excarcelación de 2023 de los 222 presos políticos ni en la actual hubo alguna negociación política entre Managua y Washington, ha insistido la Casa Blanca. Hasta la publicación de este artículo, el régimen Ortega-Murillo mantiene total silencio sobre el destierro de 135 presos políticos a Guatemala. Mientras transcurre ese silencio, la pareja presidencial no ha revelado la lista de las personas excarceladas, lo que ha generado preocupación entre los familiares ya que, según los datos del Mecanismo, en el país quedarían 16 detenidos. Sin embargo, organismos de derechos humanos comentaron a DIVERGENTES que siguen trabajando con la corroboración de los excarcelados, porque «creen que quedaron en Nicaragua más presos políticos de los que pensaban». 

Otros quienes no abordaron el avión hacia Guatemala fueron los ocho militantes sandinistas que integraban el grupo de WhatsApp «La Comuna», administrado por Carlos Fonseca Terán –hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador–, quien se encuentra en casa por cárcel desde el pasado 26 de julio.

El Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, dijo este jueves en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala que la liberación de los presos políticos no cambia la política de Estados Unidos hacia la dictadura de Ortega-Murillo. «Quiero enfatizar que esto no indica un cambio en nuestra política hacia este régimen represivo (…) Creemos que sólo Ortega y Murillo pueden controlar la libertad de estos individuos. Por eso los instamos a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y presos de conciencia en Nicaragua».

¿Qué pasará con la nacionalidad de los 135?

Un grupo de presos políticos nicaragüenses, liberados y enviados a Guatemala, posan para EFE en un descanso a las afueras de un hotel el 5 de septiembre en Ciudad de Guatemala. EFE/ Danilo de Jesús Ramírez

Ante el silencio de la dictadura Ortega-Murillo, otra moneda al aire tiene que ver con que si las 135 personas expulsadas a Guatemala serán despojadas de su nacionalidad nicaragüense, como sucedió con los 222 presos políticos mientras volaban el 9 de febrero de 2023. Jacobstein dijo que «desconoce» si la dictadura orteguista tomará una decisión similar. Pero advirtió que «sería un error» si lo hace. En cambio, resaltó que Estados Unidos mantiene las puertas abiertas a las negociaciones por la salida de más presos políticos, aduciendo que «son personas que fueron encarceladas sólo por hacer valer sus derechos civiles».

Aunque no lo descartan, analistas políticos consultados por DIVERGENTES le restan posibilidades a que la pareja presidencial despoje de su nacionalidad a estas 135 personas. El arrebato de la nacionalidad está aparejado con el delito político de «traición a la patria». Es una medida que como principal castigo implica la confiscación de todos los bienes de los declarados «culpables». 

Antes de ser sacados de prisión y enviados a Guatemala los 135 presos políticos, el Gobierno sandinista aprobó la semana pasada una reforma al Código Penal que establece que se puede enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país e imponer penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Es decir delitos que, de facto, la pareja presidencial ha usado contra sus críticos desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas sociales en su contra.

«No descarto que los despojen de su nacionalidad como a los 222, pero quitar la nacionalidad ha implicado mucho costo político a nivel internacional para el régimen. Y para ser francos, la principal pena de declararte traidor a la patria y decirte que ya no sos nicaragüense es que te confisquen todos sus bienes. Algo que ahora perfectamente pueden hacer con la reforma al Código Penal. Con menos revuelo que decir que volvieron a dejar apátridas a más opositores», dijo el analista político que pidió anonimato. 

Los 135 nicaragüenses han sido acogidos por el Gobierno del presidente Arévalo. Cuentan con un permiso de 90 días para estar legalmente en ese país, mientras deciden qué trámites migratorios desean realizar. Jacobstein ha dicho que su Gobierno está dispuesto a entregar visados para viajar a Estados Unidos y que puedan iniciar el proceso de solicitud de refugio en aquel país.

Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, enfrenta una demanda civil por parte de esa institución multilateral. El banco lo acusa, entre otras cosas, de extorsionar a la institución a cambio de indemnizaciones «no merecidas» y de utilizarla para la compra de vehículos a Cenntro, una empresa con la que él tiene un vínculo comercial. Mossi dijo a Contracorriente que esta demanda es en respuesta a la que él interpuso primero contra el banco. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Archivo de Contracorriente 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó este jueves una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, ante la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Según la acusación presentada por el organismo multilateral, Mossi, quien lo encabezó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2023, está acusado de incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, conocida como Ley RICO. 

«Esta acción no solo representa el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también sus múltiples violaciones a las políticas del Banco», indicó el BCIE en un comunicado.

Contracorriente tuvo acceso al documento Central American Bank for Economic Integration v. Dante Mossi, con número de caso 1:24-cv-02544 y archivado en la Corte del Distrito de Columbia. Dentro de esa acusación, el BCIE alega que Dante Mossi ha lanzado una campaña de «extorsión» contra el banco «para obtener sumas millonarias por concepto de indemnizaciones que no se merece».

El BCIE se refiere específicamente a una demanda presentada por Mossi el 1 de julio de 2024 ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que describe como «una forma de extorsión» y la cual «ha tenido un impacto negativo en la capacidad del banco para hacer negocios y ha puesto en riesgo sus relaciones con socios estratégicos, en particular aquellos en Estados Unidos».

En la demanda presentada por Dante Mossi ante la CCJ, se solicita una indemnización por daños y perjuicios que incluye alrededor de 2.4 millones de dólares por afectación reputacional y moral, y 714,543 dólares por costas del juicio. La demanda supera los tres millones de dólares y se basa en la retención de 6,000 dólares por una opinión legal externa que contrató.

Sin embargo, el BCIE argumenta que Mossi no «cesará en sus ataques y su objetivo es obtener una suma considerable que no le corresponde».

Irregular adquisición de vehículos eléctricos 

Además de estos presuntos ataques, el BCIE acusa a Dante Mossi de haber abusado de su posición para beneficiarse personalmente, utilizando recursos del banco de manera indebida. En particular, señalan a Mossi por haber patrocinado una conferencia sobre movilidad eléctrica en Washington D.C. el 21 de noviembre de 2022, mientras estaba en funciones.

La conferencia, titulada Foro Empresarial del BCIE: Introducción a la Movilidad Eléctrica en Centroamérica, fue organizada con el objetivo de conectar a compañías estadounidenses de vehículos eléctricos con emprendedores centroamericanos.

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Sin embargo, el BCIE sostiene que Mossi utilizó este evento como una plataforma para establecer una relación empresarial con Cenntro Electric Group, una empresa de automóviles eléctricos con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El banco acusa a Mossi de haber obligado al BCIE a comprar dos vehículos de Cenntro. «Mossi pagó estos vehículos eléctricos con fondos discrecionales que él mismo aprobó para el presidente ejecutivo. Específicamente, mediante la resolución PRE-82/20231 del 2 de septiembre de 2021, Mossi aprobó una política que proporcionaba al presidente ejecutivo del BCIE fondos discrecionales destinados para la adquisición de bienes o servicios que el BCIE no tenía previamente», indica la acusación.

La constitución de SOLMECA

El conflicto entre el BCIE y Dante Mossi se complica aún más con la creación de una nueva empresa por parte de Mossi: Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca). Esta compañía, establecida después de su salida del BCIE, se especializa en la importación de vehículos eléctricos, incluyendo aquellos de Cenntro. El primer negocio de Solmeca implicó la importación de vehículos de Cenntro a Honduras para una empresa de taxis, un trato que se realizó mientras Mossi aún era presidente ejecutivo del BCIE.

Este jueves, en una entrevista telefónica con Contracorriente, Mossi calificó las acusaciones del BCIE como una «represalia» por la demanda que presentó en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), y aseguró que mantuvo su relación comercial con Cenntro Electric Group al margen de sus funciones como presidente ejecutivo del BCIE.

«Es una represalia por la demanda interpuesta contra mí ante el BCIE en la Corte Centroamericana, que es el órgano jurisdiccional competente para atender este tipo de diferencias. Me sorprende y tendré que informarme y tomaré las acciones legales que correspondan», declaró Mossi en conversación con este medio.

Cuando se le consultó acerca de la supuesta compra irregular de vehículos eléctricos, argumentó que el uso de fondos fue legítimo, dentro del marco de fondos discrecionales aprobados.

«Yo no utilicé recursos del banco para esos fines. El banco tiene una estrategia de movilidad eléctrica que incluye una serie de eventos, siendo el último una conferencia en Washington D.C. que organizamos con ayuda del Departamento de Comercio de Estados Unidos para hacer una exhibición a empresarios y gobiernos sobre movilidad eléctrica», agregó Mossi en la entrevista dada a Contracorriente.

Dante Mossi niega haber cometido irregularidades durante su gestión como presidente ejecutivo del BCIE. Vista del edificio donde funciona el BCIE, Distrito Central, Honduras. Foto CC / Archivo

Contracorriente también le consultó acerca de su vínculo comercial con Cenntro Electric Group y la constitución de Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca), a lo que respondió que se trata de un «negocio personal».

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«Lamentablemente, después de ese evento de exhibición, ningún concesionario en Honduras mostró interés. Entonces, desde Cenntro me llamaron y me preguntaron si yo tenía interés en distribuir los vehículos en Honduras. Acepté con mucho gusto, pero esto lo hice en mi vida privada y no como presidente del BCIE. Tengo las pruebas, transacciones sujetas a controles internacionales, para demostrar que esto lo hice con recursos propios», aseguró Mossi.

El 31 de octubre de 2023, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y sus socios, entre ellos Contracorriente, publicaron la investigación El banco de los dictadores: Cómo el principal banco de desarrollo de Centroamérica permitió la corrupción y el autoritarismo, en la que se señaló a la gestión de Dante Mossi de financiar regímenes autoritarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Juan Orlando Hernández en Honduras y Nayib Bukele en El Salvador, y de involucrarse en casos de corrupción y mala gestión. En el marco de esas investigaciones, Contracorriente contó cómo el banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción ambiental y otros en los cuales se desviaron los fondos para prácticas clientelistas.

El 30 de julio de 2024, en el marco de la meta de declarar al país libre de analfabetismo, autoridades del gobierno anunciaron que el departamento de La Paz había logrado el cero analfabetismo a través del Programa José Manuel Flores Arguijo, con la metodología «Yo sí puedo». A pesar del evento y de la declaratoria, el objetivo no se cumplió, pues quedó un grupo de personas que siguen sin saber leer y escribir.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

A finales del mes de julio de 2024 el Gobierno de Xiomara Castro anunció en un acto oficial que el departamento de La Paz se convirtió en el primero del país en alcanzar la meta de cero analfabetismo. El evento se desarrolló en Los Planes, Santa María, La Paz, y a la ceremonia llegaron 14,215 personas beneficiarias del Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo, que a través de la metodología «Yo sí puedo» y con el apoyo de profesionales cubanos, ha alfabetizado a personas adultas con o sin conocimientos previos en lectura y escritura.

Al evento también llegaron Daniel Sponda, ministro de Educación, y el designado presidencial Renato Florentino, quien dijo: «Hoy declaramos La Paz como el primer departamento libre de analfabetismo. Esta hazaña no solo es una victoria educativa, sino un triunfo de la dignidad humana y un paso firme hacia el futuro».

La historia oficial es bonita, funciona con la narrativa del Gobierno y el eslogan de esta administración: refundar la educación; pero la realidad es otra. Las condiciones del programa son precarias y los maestros, que colaboran como una red de facilitadores, enfrentan sobrecarga laboral. Cada facilitador trabaja con un máximo de diez personas por municipio, dedicando hasta tres días a la semana. Los beneficiarios o participantes del programa son personas adultas de las zonas rurales, quienes además de participar en las clases deben cumplir con sus obligaciones laborales, de cuidado del hogar y de los niños, enfrentando grandes dificultades para ajustar sus horarios. Esto se suma a la falta de motivación para alcanzar la meta del programa, que es enseñarles a leer y escribir a los y las beneficiarias en un plazo de tres meses.

Una comunidad en el municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz en donde hay un remanente de personas que no aprendieron a leer y a escribir, a pesar de la declaratoria del gobierno del primer departamento libre de analfabetismo. La Paz, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En un video de propaganda, Clay Pérez, coordinador nacional del Programa José Manuel Flores Arguijo, confirma que no se ha alfabetizado a todas las personas y queda un grupo sin aprender, incluso en los municipios ya declarados libres de analfabetismo: «…incluyendo los que se declararon (con cero analfabetismo), porque siempre queda un remanente de personas que todavía deben aprender a leer y a escribir».

En 2023, de acuerdo con información oficial, 100 municipios fueron declarados como territorios libres de analfabetismo y más de 138 mil personas fueron alfabetizadas, con el liderazgo de 23 expertos cubanos.

Esta escuela del departamento de La Paz se ubica en el municipio Santiago de Puringla, uno de los municipios declarados libres de analfabetismo, pero sus necesidades aún no han sido atendidas por el gobierno. La Paz, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«No se puede declarar un municipio o país con cero analfabetismo, no se puede, se reduce el índice de analfabetismo pero no se acaba, ni los países del primer mundo logran eso», explicó una fuente vinculada a la Secretaría de Educación a este medio, cuyo nombre se omite por razones de seguridad. 

«Ningún departamento o país alcanza el 0 % de analfabetismo, ya que siempre hay un remanente, población mayor de 80 años, discapacitados y con problemas mentales, y otros que simplemente no quieren ser alfabetizados. La Paz quedó con un remanente de 1,380 personas analfabetas, con las que hay que seguir trabajando», dijo la fuente.

El alcalde de Santiago de Puringla, La Paz, Wilfredo Vijil, confirmó a este medio que el programa llegó a su municipio de forma inesperada, no hubo avisos ni firma de convenios. El alcalde cuenta que accedió a atender solamente a una persona cubana por falta de presupuesto, y que le habría gustado que el programa se hubiera socializado con otros alcaldes, porque al instalar a una persona extranjera de forma tan súbita, el esfuerzo se asumió como una imposición.

En La Paz, el gobierno ha invertido en infraestructura escolar. Mediante la gestión de la alcaldía se reconstruyó una escuela en la comunidad Las Quebradas, y se concluyó la construcción de ocho aulas en dos escuelas en Santiago de Puringla, y dos aulas más en las comunidades Hornitos y Rancho de Jesús.  Pero el alcalde Vijil cuenta que cuando conoció la declaratoria de cero analfabetismo en La Paz se sintió defraudado, pues cuando «dijeron que Santiago de Puringla y La Paz iba a ser declarados con cero analfabetismo, a mí me habían dicho que 400 personas que ni para atrás ni para adelante [no entendían nada]».

Ester Martínez y Gloria Pérez (nombres ficticios para proteger sus identidades) madre e hija que participaron en el programa «Yo sí puedo», reconocen que sí aprendieron algo. Ambas se lograron graduar del programa cumpliendo con un único requisito: escribir una carta, lo que según las autoridades de la Secretaría de Educación garantiza que pueden leer y escribir, aunque ambas reconocen que para ello contaron con la ayuda de su maestra. 

El Gobierno de Xiomara Castro ha destinado más de 1,000 millones de lempiras a construir y reparar la infraestructura deportiva del país. Gran parte de la inversión se ha centrado en Tegucigalpa y ciudades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Aunque desde el Gobierno sostienen que la asignación de los fondos no depende del color político, la información oficial indica que la inversión es mucho mayor en los municipios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

«Esto era un potrero», recuerda Eliseo, mientras su mirada recorre el remozado Estadio Aurora de San José de Colinas, un pintoresco pueblo de Santa Bárbara. «Ahora es una belleza», se emociona después. Y sí, la cancha está quedando muy bien, se le colocará grama artificial. El día de nuestra visita decenas de hombres trabajaban en la reparación de las graderías y la construcción de camerinos. La inversión en el viejo estadio sobrepasa los 16 millones de lempiras. Este es uno de los proyectos impulsados por el actual gobierno, que ha hecho de la inversión en infraestructura deportiva –sobre todo la requerida para el fútbol– uno de sus programas insignes. 

En todo el territorio nacional, hasta mayo de 2024 estaban en ejecución 88 proyectos. Hay al menos uno en cada departamento del país. Sin embargo, el más beneficiado es Francisco Morazán, en donde solamente en Tegucigalpa hay 23 obras de infraestructura deportiva, mientras que en Talanga hay tres. 

Durante el Gobierno de Libertad y Refundación, los fondos orientados al deporte crecieron exponencialmente. Se creó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) y desapareció la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid). En el Presupuesto General de la República de 2024, la nueva institución, cuyo director es Mario Moncada (hermano de la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada), recibió 1,044 millones de lempiras, aunque según la página web de Honduras Inversiones actualmente tiene un presupuesto vigente de 1,277 millones de lempiras, de los cuales solo se ha ejecutado un 15.8 %, cuando apenas faltan cuatro meses para finalizar el año. 

La pelea del Morazán

El pasado 23 de agosto de 2024, con voz pausada y usando lentes oscuros, la presidenta Xiomara Castro anunció la reapertura del Estadio Morazán en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La grama de este inmueble fue cambiada en su totalidad, sus graderías y camerinos fueron remozados. La inversión, que aún no está concluida, alcanzará los 45 millones de lempiras.

Nunca antes, hay que decirlo, un gobierno había invertido tales cifras en infraestructura deportiva, pero es necesario analizar si el objetivo de esta millonaria inversión —en un país donde hay necesidades más apremiantes— es realmente potenciar el deporte o atender otros propósitos, como llevar votos a las urnas para el partido de Gobierno en las próximas elecciones. 

Esa tarde en San Pedro Sula, pese a que había amenaza de lluvia, la inauguración de la remodelación del estadio se convirtió en un mitin político en el que varios funcionarios de Gobierno hablaron de las bondades de la refundación. En las pausas, el encargado del sonido animaba a los asistentes al recinto deportivo para que celebraran los discursos con sonoros aplausos. La mayoría de estas personas llevaban camisetas rojas y algunas banderas del Partido Libre. Muchos eran empleados públicos y otros fueron convocados «para apoyar a la presidenta».  

Trabajos de mantenimiento en el Estadio Morazán, días antes de la reinauguración de parte del gobierno central. San Pedro Sula, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Bajo un cielo gris y una ligera llovizna, el evento, que duró un poco más de una hora, acabó con la quema de costosos fuegos artificiales, que siguieron al mensaje de la presidenta Castro pidiendo a la oposición unirse a su gestión para entregar a la niñez de Honduras más proyectos como el inaugurado. Pero fue más allá; cerró su discurso diciendo: «Hay mucho por hacer, estoy confiando que sea una mujer la que gobierne en el próximo período y que concluya estos proyectos»

Ese mensaje, que se puede interpretar como una forma de utilizar los recursos del Estado para hacer proselitismo político, hace alusión a Rixi Moncada, quien fue ministra de Finanzas en el actual gobierno, renunció en enero de este año para lanzarse como aspirante presidencial por el oficialismo, y el domingo, tras una semana caótica en el Gobierno, fue nombrada como ministra de Defensa.

En el Morazán, la presidenta pronunció un emotivo discurso acerca de la historia de ese estadio, recordando los momentos trágicos y las alegrías vividas en el recinto. Sin embargo, la selección nacional no ha jugado ahí en los últimos 20 años, pues en ese lapso solo disputó dos partidos ante Costa Rica, uno en 2004 y otro en 2017; ambos partidos fueron empates y el equipo nacional quedó eliminado de esos certámenes mundialistas. Fue en el Estadio Olímpico, también de San Pedro Sula, donde Honduras obtuvo la clasificación a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Este gobierno de Libre, el primero de izquierda en el país, podrá bregar bajo otra ideología y otra bandera, pero las formas de hacer política apenas se matizan. Pareciera que cada acto fuera pensado en función de las próximas elecciones. Por ejemplo, en la reapertura del Morazán no estuvo presente el alcalde sampedrano Roberto Contreras, antiguo aliado de Libre, quien ha sido acusado por el ministro de Condepor, Mario Moncada, de boicotear los trabajos de remodelación en este estadio. 

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Dos días después de la inauguración, el edil visitó la cancha. Se quejó de cómo estaba recibiendo el inmueble y contempló la posibilidad de que no se jugara el partido de Liga Nacional entre Olimpia y Real España, programado para el domingo. Ante las cámaras de los medios de comunicación, Contreras mostró puñados de maleza y afirmó, cual experto en la materia, que ahí no se podía jugar. 

Ese mismo día, Contreras ordenó quitar una foto de Mario Moncada que había sido puesta en la entrada a los camerinos de los árbitros. «Pensé que iban a poner la foto de Chelato Uclés o de un hombre ilustre, pero de Mario “Machete”, ¡por favor! No tiene por qué venir a hacer política aquí, ¿acaso que con el dinero suyo se construyó esto? Esto se construyó con el billete que pagamos los sampedranos», manifestó el alcalde. 

Moncada respondió con virulencia, denunciando que el alcalde había dañado a propósito el césped de 25 millones. «A saber qué le tiró a la cancha para que se vea así, porque no la entregamos así el viernes», afirmó el funcionario, y luego agregó que «el alcalde de San Pedro Sula siempre montó el boicot para que este proyecto no llegara a los sampedranos».

El pleito terminó con el sello de Roberto Contreras, pues al final el encuentro sí se jugó en el Morazán. En el desenlace, el alcalde apareció en un video difundido por sus redes agradeciendo la inversión del Gobierno en el estadio y presentando una foto de la presidenta en lugar de la de Mario Moncada. 

Castro asiste con regularidad a las inauguraciones de complejos deportivos. En Roatán, Islas de la Bahía, durante el corte de cinta de una cancha multiusos, anunció la construcción de un estadio en ese municipio. Hubo algarabía en el público asistente, pero también críticas, pues 10 días antes se había quemado el único hospital público en la isla, y quizás los isleños esperaban medidas sobre esto. Finalmente, en junio se anunció la construcción de un hospital en Roatán, que estará listo en 2025, con una inversión de 47 millones de dólares.

Trabajos en la cancha de Trinidad, Santa Bárbara, proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

¿Color político?

Uno de los discursos más repetidos en el actual gobierno es que la asignación de presupuestos, programas de ayuda y obras de infraestructura se realizan sin que prevalezca el color político. En la inauguración del complejo deportivo en Roatán, Moncada dijo que él ni siquiera le había preguntado al alcalde liberal Ron McNab su afiliación política, «así como lo ha ordenado usted», le dijo a la presidenta, quien estaba a un metro de distancia. 

La aseveración de Moncada no es del todo cierta; hay matices que se deben mencionar. Los proyectos se han distribuido de la siguiente forma: Libre, 22 alcaldías beneficiadas; Partido Nacional, 16; y Partido Liberal, 12. Parece una distribución razonable, pero si revisamos la cantidad de municipalidades que gobierna cada partido, refleja una clara inclinación a favor de quienes están en línea con el partido de gobierno, que únicamente ganó 50 alcaldías, así que porcentualmente el 44 % de las mismas ha recibido un proyecto. Los nacionalistas ganaron 143, y solamente el 11 % tiene un proyecto de infraestructura orientado al deporte, mientras que en el Partido Liberal, que ganó 91 alcaldías, solo el 13 % han sido beneficiadas.

Un detalle, no necesariamente determinante, pero que llama la atención, es que Xiomara Castro ganó la casilla presidencial en 37 de las 50 alcaldías beneficiadas con proyectos de infraestructura deportiva. 

Algunos de estos proyectos podrían responder a la influencia de algunos líderes de Libre, como es el caso de San José de Colinas, Santa Bárbara, el pintoresco pueblo en donde Amable de Jesús Hernández fue alcalde por cinco períodos consecutivos. Amable ahora es director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Honduras (Injupemp), pero sigue siendo el líder en un pueblo que recibió 16 millones de lempiras para colocar grama artificial a la cancha, remodelar las gradas y construir camerinos. También en Santa Bárbara, en el municipio de Concepción del Sur, se construyó una cancha. Ahí el alcalde es Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y hermano del diputado Sergio Castellanos.

Trabajos de construcción en lo que será el estadio en San José de Colinas, Santa Bárbara, un proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen

En Colinas, la mayoría de personas están alegres con la inversión. «Ahora sí va a quedar bonito», repetía Eliseo, un funcionario municipal y también aficionado al fútbol, quien se encontraba en el Estadio Aurora, llamado así hasta ahora, pues este año el recinto pasará a llamarse Estadio Municipal Xiomara Castro. Nombrar sitios importantes con nombres de políticos es una costumbre tan antigua como penosa. 

Por otro lado, Talanga, un pueblo de Francisco Morazán, ha recibido tres millonarios proyectos de infraestructura deportiva por alrededor de los 30 millones de lempiras. Este pequeño pueblo es la cuna de la familia Moncada, cuyos miembros ocupan importantes cargos en el Gobierno. Rixi fue ministra de Finanzas y ahora es ministra de Defensa y candidata presidencial, mientras que Mario y Óscar dirigen Condepor. Es difícil pensar que los tres proyectos en este pueblo son una casualidad. Aparte de Tegucigalpa y Catacamas —la tierra de los Zelaya—, es de los pocos municipios que cuentan con más de un proyecto. 

La capital es el municipio con más obras en el país. Entre las obras que ya realizaron y las que están en construcción o ya aprobadas, ha recibido 22 proyectos, sin contar el cambio de grama del Estadio Nacional, que costó 32 millones de lempiras, y la reparación de una parte de la gradería, que desde hace unos años se encontraba en mal estado. El total de la inversión en ese inmueble alcanzará los 200 millones. 

Cancha deportiva multiusos bajo techo en el parque de Talanga, Francisco Morazán, inaugurada en noviembre de 2023 por la Condepor. Agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por el cambio del engramillado del Nacional, el Ministerio Público (MP) abrió una investigación debido a una supuesta sobrevaloración de los costos. A Moncada le tomaron declaración, pero ese proceso iniciado en noviembre de 2022 ha quedado en el olvido después del cambio de autoridades en esa institución. Ahora, Condepor inauguró la cancha del Morazán por un costo similar al del Nacional, y anunció para el 2025 la construcción de otras dos canchas híbridas (que incluyen hierba artificial), que corresponden al estadio de La Ceiba y al Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, la tierra de los Zelaya Castro. Moncada presume que en febrero del 2025 Honduras será el primer país con cuatro canchas híbridas en todo América Latina. 

Otro detalle que refleja la inclinación de los presupuestos hacia las municipalidades regidas por Libre son los montos invertidos o que están por invertirse. Según información oficial enviada a este medio por Condepor, los fondos se han distribuido así: 

Los alcaldes

La inversión en Tegucigalpa supera con creces la suma de lo invertido en los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque, La Paz, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro, Valle, Copán y Comayagua. 

Contracorriente conversó con un alcalde nacionalista del occidente del país, quien desde el anonimato mencionó que los requisitos para lograr un proyecto de infraestructura deportiva son: tener un terreno de propiedad municipal, que cuente con servicios básicos, que haya una parte de fondos municipales y la firma de un convenio. Parece un camino simple, pero no lo es. 

Desde la corporación que dirige hicieron la solicitud de una cancha multiusos cumpliendo todos los requisitos mencionados, pero sencillamente «no le hicieron caso», dice. Sostiene que incluso buscó a un regidor del partido de gobierno y otro militante de Libre para que sirvieran de intermediarios, pero ni de esa forma le hicieron caso. «Ni a los de Libre han ayudado en este departamento», dijo. 

Otro edil, que llegó a la silla bajo la bandera del Partido Liberal, contó que también ha hecho reiteradas solicitudes para proyectos en su municipio, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta. «Al inicio de la administración sí me comuniqué con el ministro Mario Moncada, hice solicitud de uniformes y pelotas, pero no dio respuesta. También pedimos mejoras al estadio, pero después ellos [el oficialismo] a los alcaldes liberales los vieron con mucho sesgo político. Se han hecho las gestiones y no hubo respuesta», dijo. 

Para rematar, manifestó que ciertos alcaldes del occidente aparecieron en una foto con el ahora candidato liberal Jorge Cálix, y esto ha sido como un portazo para los protagonistas de la foto. No hay quien reciba sus solicitudes en la administración central. 

Trabajos de construcción en el Estadio Aurora de San José de Colinas, Santa Bárbara. Un proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen

Al alcalde nacionalista le preguntamos si él creía que la selección de los municipios para proyectos se hacía con base en color político. En respuesta, nos envió un video donde aparece el director nacional de Parques y Recreación, Cecilio Cruz, quien se encontraba en una comunidad de Ocotepeque, evaluando la realización de un proyecto. En el video, Cruz sostiene que solo van a trabajar con los alcaldes liberales y de Libre. «Hay algo que le voy a decir, y no es que sea obcecado político, pero estamos trabajando solo con los alcaldes liberales y de Libre. Si queda algún chingaste por ahí, se lo vamos a dar a los del Partido Nacional», dice el dirigente, que es de filiación liberal, pero funcionario en el actual Gobierno. 

Para Aníbal Cálix, exdiputado al Congreso Nacional y dirigente del béisbol menor en San Pedro Sula, es difícil considerar que la millonaria inversión realizada por el Gobierno tiene como objetivo mejorar la práctica del deporte. «Cuando querés mejorar el deporte, tenés que hacer una inversión integral. Ahora solo estamos viendo inversión en infraestructura deportiva y en los centros que presentan un caudal electoral mayor, ni siquiera en función de aquellos lugares donde una infraestructura deportiva te puede causar impacto», dijo. 

Puntualizó que la inversión está enfocada en infraestructura para jugar fútbol. Agregó que podría ser diferente si para determinar dónde construir los proyectos se tomaran en cuenta factores como que en la costa norte está el mejor biotipo para el atletismo, o que en El Triunfo, Choluteca, está la mayor cantidad de jugadores de béisbol de Honduras. «Si las inversiones fueran de esta naturaleza, uno puede decir, “sí se está invirtiendo en función de mejorar el deporte”, pero lo que se ha hecho hasta ahora se mira como una inversión para poder ganar votos», manifestó. 

Cálix también criticó que se está invirtiendo en instalaciones utilizadas para actividad por profesionales, aunque no especificó si hacía referencia a los estadios. «Los profesionales cobran por jugar y sus equipos cobran para que los vayan a ver, deberían ser los últimos en recibir ayuda gubernamental. Ahí ves que el objetivo es netamente electoral», afirmó. 

Trabajos en la cancha de Trinidad, Santa Bárbara, proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Inversiones en otros deportes

En Honduras, el deporte más popular es el fútbol, y también es el que cuenta con mayores y mejores instalaciones. Por eso, el exdiputado Aníbal Cálix califica de «lastimoso» que sea la infraestructura para la práctica del fútbol la que se está fortaleciendo en la mayor parte de los proyectos gestionados por Condepor. 

Para hablar sobre los proyectos de Condepor y la metodología que se utiliza para determinar su viabilidad, Contracorriente contactó a Mario Moncada, quien pidió un cuestionario escrito que, al momento de publicar esta nota, aún no había devuelto con sus respuestas. 

En el portal de Transparencia aparece un informe sobre la ejecución del plan operativo anual en el que se menciona la creación de la Escuela de Iniciación Deportiva de Condepor, «en donde se realizan prácticas recurrentes y se realizan pruebas técnicas para evaluar y desarrollar el nivel competitivo de los y las involucradas», se dice. Sin embargo, en el informe no aparecen cifras del alcance de dicha escuela. 

Se menciona, además, un programa para dotar de indumentaria deportiva a los atletas que asisten a la escuela de Condepor. Otro punto importante es que se contempla la subvención para deportistas o atletas de alto rendimiento que representen al país, pero tampoco aparecen datos al respecto. 

Aníbal Cálix sostiene que al ser Mario Moncada un exárbitro de fútbol, su visión está enfocada en este deporte. Por ejemplo, sostiene que ha pasado desapercibido el hecho de que Mauricio Dubón, pelotero de los Astros de Houston, sea el primer hondureño en llegar a la MLB. «A pesar de que tenemos por primera vez un hondureño jugando en grandes ligas, no se le ha sacado el provecho que se le puede sacar a una situación de esas», lamentó.

El excongresista sostuvo que en nuestro país el deporte debe verse como una herramienta de movilidad social, pues a través de su práctica los atletas pueden salir de Honduras por medio de becas para continuar con su preparación, «como lo hacen muchos países», sin olvidar a quienes consiguen un alto rendimiento y llegan a jugar en grandes ligas o escenarios. «Hasta este momento, los esfuerzos que han hecho los Gobiernos, en mi opinión, son bien aislados, son desde el desconocimiento del deporte», manifestó. 

«Vemos cómo algunos [gobiernos] invierten en infraestructura porque es lo que más se ve, pero los entrenadores no están capacitados, los atletas no tienen los implementos necesarios, en los torneos no se tiene el apoyo; así cualquier esfuerzo en infraestructura será infructuoso, porque las otras partes que son importantes no se están apoyando», señaló el exdiputado por el Partido Salvador de Honduras. 

La delegación de Honduras en los Juegos Olímpicos de París 2024 refleja que los avances del deporte todavía no son visibles. De nuestro país apenas asistieron cuatro atletas a la justa olímpica, solo por delante de Belice, que solo fue representado por un deportista. Guatemala tuvo la mayor delegación, con 16 atletas; El Salvador y Panamá llevaron ocho; Nicaragua siete y Costa Rica seis. Panamá y Guatemala obtuvieron una medalla de plata. Honduras nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. 

Cálix insiste en que la inversión en el deporte pregonada por el Gobierno de Xiomara Castro poco o nada se ha extendido a otras disciplinas: «En el fútbol sí, creo que también ahí se debe decir que nunca se había hecho una inversión así, pero los demás deportes están igual que estaban antes, si no peor», concluyó. 

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluirá el 30 de septiembre con un récord de al menos 193.612 homicidios registrados de 2019 a 2024, según revelaron este martes datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

Las estadísticas, en las que aún faltan los homicidios de septiembre y el dato definitivo de agosto, muestran una subida de 23,16 % frente a los 157.198 homicidios dolosos cometidos de 2013 a 2018 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio cerró entonces como el más violento.

Pero la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, argumentó que el promedio diario de homicidios ha caído de 101 en 2018 a 82 este 2024, cuando suman 20.129 asesinatos.

«Esto significa, con relación al 2018, un -19 % desde que inició esta Administración al mes de agosto, al 31 del mes pasado, se bajó el índice de homicidios» declaró la funcionaria en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Los datos muestran que México vivió el año más violento de su historia bajo la gestión de López Obrador, con 36.773 homicidios en 2020, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un organismo autónomo.

El récord anterior fue en 2018, el último año de la presidencia de Peña Nieto, con 36.685.

Con López Obrador, el país registró 36.661 asesinatos en 2019, 36.773 en 2020, 35.700 en 2021, 33.287 en 2022 y 31.062 en 2023, de acuerdo con las estadísticas confirmadas por el Inegi y que exhibió la SSPC.

«La variación que tiene, con respecto a las administraciones anteriores, aquí vemos claramente cómo se lleva una baja en el índice de homicidios que está, más o menos, al día de hoy como si estuviéramos en el año 2016 (cuando hubo 24.559)», expuso Rodríguez.

La secretaria adelantó que el 17 de septiembre presentará un último informe de seguridad que muestre los delitos en general cometidos durante esta Administración.

La funcionaria defendió la política de seguridad del mandatario, quien llegó al poder con el lema «abrazos, no balazos», que implicaba enfocarse más a las causas del crimen para dejar atrás «la guerra contra el narco», aunque al final entregó las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.

«No se equivocó el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país, con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia», aseveró Rodríguez.

Un terremoto político ha sacudido a Honduras. Tras finalizar el tratado de extradición, las piezas clave del gobierno se han movido para proteger y consolidar su plan de «refundación». En una semana, hemos escuchado al gobierno decir que se protege de un golpe de Estado y, tras hacer evidente que no hay más voluntad política para tramitar extradiciones hacia Estados Unidos, los miembros de la familia Zelaya –señalados por su presunta vinculación con el narco— se entregan al fiscal hondureño. En una réplica sísmica, la presidenta Xiomara Castro nombró a Rixi Moncada como ministra de Defensa, a pocos días del lanzamiento de su candidatura a la presidencia.

Por: Jennifer Avila y Óscar Estrada

Hagamos el recuento de daños de la semana sísmica en la política hondureña. Primero, el gobierno de Xiomara Castro finalizó el tratado de extradición con Estados Unidos, no sin antes desatar una campaña antiimperialista en redes sociales. Esto define la  decisión política de no volver a responder a solicitudes de hondureños para ser juzgados en ese país. Segundo, renunciaron a sus cargos para ponerse a disposición de la justicia hondureña varios funcionarios cuestionados por su participación en una reunión con narcotraficantes hace 11 años: el secretario del Congreso, Carlos Zelaya; su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya; el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez; y el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, quien puso a disposición su cargo luego de ser mencionado como partícipe de la reunión, ya no por Devis Leonel –uno de los «Cachiros»— sino por el mismo Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta. Tercero, denunciando un plan de golpe de Estado, la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que lanzará oficialmente su candidatura a la presidencia el 8 de septiembre para continuar el proyecto de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), pero apenas un día después de ese anuncio se convirtió en la nueva ministra de Defensa. 

Todas estas decisiones se han tomado en un lapso en el que es imposible dejar de pensar que están coordinadas o, al menos, considerar que responden a un plan más grande orientado a consolidar el proyecto político del Partido Libre en el largo plazo. 

Después del apoyo del gobierno de Xiomara Castro al régimen de Nicolás Maduro durante las elecciones en Venezuela —que se podrían entender como un hito en la sobrevivencia del socialismo del siglo XXI, tras la fuerza que tomó la oposición en ese proceso—, el gobierno de Estados Unidos criticó fuertemente el compadrazgo entre las Fuerzas Armadas de ambos países. La embajadora de Estados Unidos en Honduras calificó como «sorprendente» una reunión del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, y el sobrino de la presidenta y secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Venezuela, Vladimir Padrino —la mano militar del régimen de Nicolás Maduro—, quien además, según investigaciones periodísticas, ha realizado grandes negocios transnacionales que rozan lo ilegal y lo indebido por lo que, en 2020, Estados Unidos lo acusó de varios delitos. 

Los señalamientos de EE. UU. son, para los defensores del socialismo del siglo XXI, incluyendo al gobierno de Honduras, una muestra de la injerencia del imperio. Esta visión excesivamente ideologizada de los hechos excluye —convenientemente— las múltiples acusaciones que pesan sobre los líderes políticos y militares de Venezuela por sus vínculos con el narcotráfico. 

En esa lógica, el gobierno ha reducido la presunta participación en el narcotráfico de miembros de la familia Zelaya y otros funcionarios a una  reunión grabada con narcotraficantes en 2013, antes de las primeras elecciones en las que el Partido Libre participó. Según el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cayó en la trampa organizada por Ramón «Moncho» Mata y Rafael Sarmiento, quienes le hablaron de una reunión con gente que quería «colaborar» con la campaña, pero que él no reconoció a nadie sino hasta ahora que ve el video y recordó la reunión. 

No es desconocida para la sociedad hondureña la larga historia de los Zelaya como terratenientes y caciques en una tierra que ha sido controlada por el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Pero de esa historia se destaca lo que el  fallecido periodista David Romero Ellner dijo alrededor de 2017, cuando vinculó directamente a Carlos Zelaya con la estructura criminal que controlaba la base aérea El Aguacate, desde donde presuntamente se traficaba cocaína hacia los Estados Unidos. En respuesta, el grupo de voceros del gobierno ha señalado que dicha base fue construida por Estados Unidos para traficar armas y cocaína en tiempos de la contrarrevolución nicaragüense. 

Los señalamientos de los vínculos de Carlos Zelaya con el narcotráfico son viejos, y se remontan a su amistad con Ramón Mata y con Midence Oquelí Martínez, recientemente declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Y aunque Carlos intentó separar a su hermano, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, de esa relación, lo cierto es que terminó abriendo una puerta a señalamientos que han complicado más la situación jurídica del caudillo de Libre. 

En su testimonio frente al edificio del Ministerio Público, Carlos Zelaya Rosales dijo que él no sabía que en la reunión, grabada por Devis Rivera, había narcotraficantes; que sí se habló de colaboración a la campaña de 2013, pero que él nunca recibió dinero. Pero no queda claro quién sí lo recibió, porque en esa reunión estaba también Carlos Muñoz, el diputado suplente de Manuel Zelaya Rosales cuando fue diputado al Congreso Nacional en 2014, y quien en ese entonces coordinaba la campaña política.  

Reducir el vínculo de los Zelaya y del Partido Libre con el narcotráfico a una sola reunión solamente puede ser un acto en beneficio de ellos mismos, que le facilita al sistema de justicia exculparlos de cualquier cargo. Parece ser que eso es lo que buscan. Honduras tiene un sistema de partidos que funciona como una finca: los partidos políticos operan en los territorios con caciques que manejan una red de actores diversos que les permite controlar todos los aspectos de la vida de las comunidades y así extraer recursos para sus negocios. 

Un ejemplo de otros cacicazgos, más allá del de los Zelaya, es el del alcalde de Tocoa y exgobernador de Colón, Adán Fúnez, quien además fue mencionado por estar en esa reunión grabada en 2013. Fúnez viene del Partido Liberal y pasó al Partido Libre en 2014. Ha sido alcalde de Tocoa, Colón, por décadas y es una figura a la que se le ha visto vinculada a Los Cachiros desde hace mucho tiempo. Fúnez ha sido el «amigo» que negocia, cede y concesiona los recursos de la zona a grupos de poder tales como los representados por empresarios como Lenir Pérez —yerno de Miguel Facussé— y los Rivera Maradiaga, algo que ha hecho con el padrinazgo de los Zelaya. 

Del terremoto continuarán las réplicas. Se acerca la convocatoria a elecciones primarias y la ciudadanía sigue dudando del sistema de justicia hondureño; ahora también duda de la objetividad de las Fuerzas Armadas cuyo papel, según la Constitución de la República, es garantizar elecciones libres pero que ahora son lideradas por la que resulta ser la candidata presidencial del partido gobernante. Mientras tanto, los activistas del partido no paran de publicar en sus redes sociales que han hecho una jugada maestra en el ajedrez político, a pesar de que en Honduras la política se ha parecido más a una pelea de gallos que a un deporte de alta estrategia. Los terremotos que hay en Honduras no son tectónicos, ocurren solo en lo político, son los terremotos a la hondureña que se gestionan con sorpresa y resignación inmediata.

Por: Kelvin Enamorado, Juan Carlos Enamorado y Alberto Pineda
Portada: Persy Cabrera

En 2010, no teníamos dónde practicar nuestra pasión: el breaking. Entrenábamos en cualquier acera de los vecinos o incluso el pavimento, a veces en casas que habían sido abandonadas por familias desplazadas de manera forzosa en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. Éramos un grupo de cerca de 40 jóvenes intentando hacer algo diferente y muy llamativo para nosotros, sin estar muy seguros de todo lo que implicaba o hasta dónde nos podía llevar.

Al iniciar con el breaking, jamás pensamos en todo el potencial y la magnitud del movimiento a nivel internacional; en ese momento vimos cómo llamábamos la atención en el colegio y eso nos inspiró a seguir. Así nos fuimos adentrando en una disciplina que no solo nos ayudaría a tener un estilo de vida saludable y a canalizar las emociones, sino también a generar un camino profesional desde el emprendimiento social. 

Cada vez éramos más los chicos y chicas interesadas en aprender, hasta que consolidamos nuestro grupo en 2011 con un nombre y elegimos una junta directiva, para distribuir mejor la responsabilidad y que el grupo tuviera una visión.

Descubrimos que eso a lo que nosotros nombramos break dance realmente se llama breaking, y forma parte de la cultura hiphop, junto con otros elementos llamativos, para nosotros, como el DJ, grafiti, rap, beat box, entre otros. El breaking tiene antecedentes en la década de los sesenta y anteriores, pero de manera general se acepta que el hip hop tiene sus inicios a principios de los años setenta, con las llamadas block parties, que eran fiestas en las calles donde se reunían las personas de los diferentes elementos: los primeros DJ, «emcees» (raperos), bboys (chicos que bailan breaking), bgirls (chicas que bailan breaking); justo por este origen los términos propios del hiphop se utilizan en idioma inglés.

Así, el breaking comenzó en las calles de Brooklyn y el Bronx en Estados Unidos, practicado por adolescentes y jóvenes de origen afro y latino, en un contexto de abandono de parte del Estado, de ausencia de servicios de salud, educación, sin oportunidades de empleo y con una situación de conflicto entre pandillas, es decir, lugares muy parecidos a los barrios de San Pedro Sula, La Ceiba o Tegucigalpa.

Las deportaciones de centroamericanos realizadas por los Estados Unidos de América, principalmente durante la década de los noventa, significaron el retorno de migrantes irregulares, fundamentándose en que eran personas con antecedentes criminales, aunque es bien sabido que eso en su mayoría fue una manera de justificar la xenofobia, la discriminación y el racismo. Estas deportaciones masivas trajeron consigo a personas que habían estado expuestas al hiphop en sus diferentes elementos, lo que aportó a la llegada del breaking, el rap y el grafiti a los países centroamericanos. 

A finales de los ochenta y noventa, en varios clubes nocturnos de los suburbios de Tegucigalpa se hacían covers de canciones clásicas de rap y las primeras exhibiciones de breaking, junto con el DJ Emilio Breakstar Bolaños, conocido como bboy «Milo», bailarín y gestor cultural salvadoreño desaparecido. Se dice que el breaking se enraizó más en El Salvador, pero el rap se sostuvo más firmemente en Honduras y el grafiti en Nicaragua; luego llegó a Guatemala, Costa Rica y Panamá.

En Honduras, el breaking se practicó casi de manera simultánea en cuatro ciudades: Tegucigalpa (en los bajos del Congreso Nacional y en la Kennedy); San Pedro Sula (Barandillas y Medina); El Progreso (en el Gimnasio Municipal) y La Ceiba (en el Centro Social de El Sauce). Entre el 2004 y 2007, casi en todos los colegios de San Pedro Sula se practicaba, y en los intercolegiales nacionales se integraban acrobacias y coreografías claramente influenciadas por el breaking. Ahora lleva cerca de 25 años de practicarse.

Dentro del breaking, existen las «batallas» que se dan en diferentes contextos, como por ejemplo, eventos formales organizados de manera independiente, con o sin apoyo de las instituciones sociales. Estos eventos responden a la necesidad de «medir nivel» entre quienes lo practicamos. Para dar un veredicto, siempre en estas batallas existe un panel de jueces compuesto normalmente por tres bailarines o bailarinas experimentadas. 

Un set/sesiones o entradas de un bboy o una bgirl es el momento individual que el bailarín tiene para dar una muestra de sus habilidades; por lo general tiene una duración de entre 30 a 50 segundos.

El breaking es una danza legítima con influencias multiculturales en diferentes disciplinas artísticas, atléticas y marciales; de esta manera, tiene fundamentos básicos que componen un set o entrada, ya sea en una batalla, un cypher (que es un círculo organizado de forma espontánea, conformado por las y los bailarines, donde se convive por medio del baile) o un showcase (coreografías). 

Estos fundamentos se dividen en cuatro categorías: toprock, movimientos de pie en los que se usa todo el cuerpo; footwork, movimientos en el suelo en distintos niveles; powermoves, que requieren una habilidad, técnica, balance y coordinación y suelen llamar más la atención en el público espectador; y finalmente los freezes, que suelen cerrar un set, pero que también se usan en medio para estructurar el baile, como si se posara para una fotografía marcando un beat (ritmo) específico.

Estas categorías conforman un set o entrada en la danza, pero también existen otras categorías que se incluyen en esta, como los tricks and combos, tricking y uprocking. Cabe mencionar que en esta danza se usan diferentes técnicas, estilos, transiciones y creatividad.

Los jams básicamente son tardes culturales que generalmente se hacen un fin de semana en parques, plazas o canchas de usos múltiples que permiten la accesibilidad de todas las personas que practican breaking; puede haber una agenda, pero se consolida de manera muy orgánica a medida que van llegando los artistas y atletas. Suelen ser muy variados y en algunos casos multidisciplinarios, con participación de raperos, skaters, beatboxers, poppers y cualquier otra disciplina presente en la población que integra la comunidad. 

En resumen, un jam es lo que en los Estados Unidos de América se considera como un block party. Dentro de estos jams suelen darse muchos los cyphers, en donde se prohíbe el contacto físico y se procura que sean el respeto y la diversión los valores que imperen en el espacio. 

En ocasiones también suelen darse las batallas en estos cypher, y sirven para minimizar los malentendidos que puedan existir entre algunos practicantes. El concepto es que, si tienes algunas diferencias o algún conflicto, debes dejarlos en la pista de baile. Justo por este principio es que el breaking y la cultura hiphop han servido en diferentes contextos como estrategia de pacificación comunitaria. 

Con este concepto de mantener la esencia de esta cultura se han desarrollado jams en diferentes partes de Honduras, como el proyecto «El arte de las calles» en diferentes ciudades del país entre 2011 y 2021; en San Manuel, Cortés, la «Boombox Party», entre 2016 y 2017; en La Ceiba, los «Jams en la playa», con múltiples ediciones entre 2018 y 2021, llegando incluso a desarrollarse una edición en Tocoa llamada «Jam in Tokio».

En Chamelecón, desde inicios del 2023 a la actualidad, con los jams de la Casa Cultural Warriors se ha presentado una propuesta de identidad y apropiación de un espacio comunitario, integrando no solo a las y los artistas, sino también a las personas espectadoras, participantes de talleres, padres y madres de familia, emprendedores locales y actores comunitarios, involucrándoles en los diferentes procesos que se desarrollan en la Casa Cultural Warriors. Es el programa insignia de nuestra organización, que tiene  el objetivo de crear un sentido de pertenencia entre todas las personas.

El hiphop como cultura es atravesada por todas las problemáticas de la sociedad en general, como son la pobreza, las desigualdades sociales, el racismo y el machismo, entre otras. El machismo ha sido muy visible, no solo a nivel internacional, sino en nuestro movimiento. Es muy raro ver a una mujer participando en una competencia hondureña de breaking, y dentro del movimiento se replican estereotipos de género; por eso, la implementación de una categoría aparte para las mujeres fue mal recibida por muchos, que sentían que reducían oportunidades para hombres (bboys) por facilitarles el camino a las mujeres (bgirls).

En el breaking hasta hace poco se comenzó a implementar una categoría aparte para las mujeres. En 2017 participó por primera vez una mujer, cuando se invitó a Ayumi a competir junto con 15 bboys. Al año siguiente se disputó la primera final mundial del Red Bull BC One Bgirl, y la japonesa Ami fue la que se llevó el título. En 2019 la victoria fue para la rusa Kastet. Desde entonces se ha observado un gran avance en el nivel de competencia de las chicas bailarinas a nivel mundial. 

Desde Warriors Zulu Nation Honduras se ha realizado un proceso de investigación-acción con enfoque de género dirigido hacia el breaking. Los hallazgos indican que la reproducción de actitudes machistas y estereotipos de género son los factores más significativos que influyen en la inasistencia y poca permanencia de mujeres en las actividades relacionadas tanto con el breaking como con el rap.

Sin embargo, que el breaking tenga una categoría para hombres y para mujeres fue un paso esencial para que se integrara esta disciplina en las Olimpiadas de París 2024, pues ese es uno de los requisitos.

El avance del reconocimiento del breaking en competencias deportivas internacionales no solo trajo consigo mucha expectativa dentro del movimiento por  la gran ventana de oportunidades que puede implicar la formalización de un baile que inició en las calles, sino también críticas. Algunas personas argumentan que el breaking no es un deporte sino un arte, una expresión de libertad y apropiación de tu cuerpo por encima de todo, que nuestro baile es cultura y el convertirlo en deporte puede causar que pierda su esencia.

También se señala que el estandarizar aún más los movimientos podría quitarle al baile algo tan importante como es la originalidad, porque si bien existe un extenso catálogo de movimientos básicos, se sabe que para trascender en el baile cada practicante aporta su propia esencia.

La duda es: ¿esto traerá beneficios al baile y la cultura hiphop o, al contrario, se convertirá esta búsqueda de la expresión del alma en un entrenamiento rutinario para acumular puntaje y obtener una medalla?

De cualquier manera, algunos bailarines de la vieja escuela también apoyaron la iniciativa de integración del breaking como una disciplina olímpica, e hizo oficialmente su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el desarrollo de las competencias de breaking se contó con competidores y personajes destacados en el medio, como Snoop Dog, quien protagonizó varios momentos virales. De manera general las competencias resultaron muy entretenidas para los espectadores. En la categoría femenina, el oro fue para Japón, plata para Lituania y el bronce para China; en la categoría varonil, el oro para Canadá, plata para Francia y cobre para Estados Unidos. 

Hubo algunos momentos que no dejaron pasar desapercibido el debut del breaking; incluso tuvo participación el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. Una de las controversias se debió a que la bgirl Manizha Talash, de origen afgano, país en donde es prohibido para las mujeres practicar breaking, utilizó una capa como parte de su interpretación, con un mensaje exigiendo la «libertad para las mujeres en Afganistán». Esto generó mucha controversia, porque el quinto principio de la Carta Olímpica alude a la neutralidad política, por lo cual utilizar las competencias para posicionar mensajes políticos puede ser considerado como una falta y motivo para una descalificación; sin embargo, no es la primera vez que un/una atleta realiza una manifestación de este tipo en los Juegos Olímpicos.

Otro momento muy controvertido fue la participación de la representante australiana conocida como Raygun, quien se viralizó en redes sociales por algunos pasos tachados de fáciles. Ella declaró que al principio también se reía de los memes, pero pronto empezó a ser víctima de hostigamiento y acoso en redes sociales; inclusive en su país los medios se encargaron de acosar a sus conocidos. En redes sociales han utilizado su presentación para protestar por la inclusión del breaking en las Olimpiadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hizo Raygun también es parte del breaking, aunque a nivel de competencia es muy valorada la dificultad en el baile, lo cual se ve reflejado en las votaciones de los jueces.

Muchos pioneros y gestores consideramos que el reconocimiento del breaking como deporte olímpico ya no se para. Un claro ejemplo es el de Argentina, donde en 2018 empezaron a institucionalizar la disciplina, incluyéndola en gimnasios, contratando instructores  y profesionalizando su práctica deportiva. En este país y otros más se ha generado la posibilidad de que la profesionalización del breaking permita generar una industria económica fuerte que a su vez cree oportunidades de desarrollo, así como lo han hecho otras disciplinas, como el fútbol.

Lo cierto es que el breaking tiene más de 51 años y nunca dependió ni dependerá de una sola competencia. Dentro o fuera de las Olimpiadas, nuestra cultura sigue generando resiliencia en los barrios más necesitados del mundo, donde solo hemos contado con nosotros/as mismos/as.

Por eso seguimos brindando talleres de breaking en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, transmitiendo los principios del hiphop como cultura de paz mundial, procurando que las nuevas generaciones tengan un lugar seguro donde practicar y hacer el arte o deporte que más les gusta. Each one teach one (cada uno enseña al siguiente).

San José, 29 ago (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) celebró este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no haya reunido los votos para elegir como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Jaentschke, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia.

«Una vez más el régimen Ortega-Murillo fracasó en su intento de colocar a uno de sus más connotados voceros, el señor Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker, como secretario general del SICA», señaló en una declaración ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.

«Esta pretensión fue neutralizada por la acción conjunta de la sociedad civil nicaragüense y el apoyo de la mayoría de los Gobiernos de los países que integran el SICA», indicó la CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros.

«Agradecemos de manera especial el valioso aporte de los cancilleres (de Centroamérica) que al negar su respaldo a dicho nombramiento garantizaron este triunfo», agregó.

El Gobierno de Nicaragua informó el miércoles que su candidato no reunió los votos suficientes de los países de Centroamérica para ser elegido como nuevo secretario general del SICA, cargo que se encuentra vacante desde noviembre de 2023.

Dicen que la «amenaza» sigue vigente

«Si bien esta es una importante victoria, la amenaza de colocar a Jaentschke en el cargo sigue vigente, y con ello el peligro de insertar a Centroamérica en medio del conflicto internacional liderado por Rusia y China», continuó el grupo opositor nicaragüense.

«Esta pretensión del régimen Ortega Murillo, de utilizarnos como peones de intereses foráneos, sigue siendo una amenaza que afecta a toda la población centroamericana; ya que esta alineación avivaría conflictos geopolíticos y generaría más dificultades y tragedias a la sociedad de la región», añadió.

La oposición nicaragüense dijo que «nos toca a todos los centroamericanos, tanto Gobiernos como miembros de la sociedad civil, mantener esta lucha conjunta por los verdaderos intereses regionales».

También hicieron un llamado a las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones empresariales y demás instancias de la sociedad civil, «a redoblar esfuerzos para seguir frenando los intentos del régimen Ortega Murillo para hacerse con el control de la secretaría general del SICA».

 Según la CDN-Monteverde, «los Ortega Murillo pretenden expandir y replicar al resto de la región, las violaciones a las libertades y los derechos humanos que cometen contra los nicaragüenses».

«La defensa de los valores y principios que han hecho la mayor parte de los Gobiernos de la región es importante, pero no olvidemos que es la ciudadanía la que sufre los crímenes de lesa humanidad, tortura, cárcel, destierro y hasta la pérdida de la nacionalidad y sus bienes», apuntó.

Sin secretario general desde noviembre de 2023

Esa agrupación opositora confió «en que la unidad de los pueblos libres y amantes de la democracia, con la bendición de Dios, defenderá la Centroamérica de paz, libertad, y desarrollo que todos anhelamos», y abogó por seguir «resguardando la defensa de los valores de una paz firme y duradera y la democracia, que sustentan al SICA».

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente Ortega propuso a Jaentschke como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

Según la abogada y congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos no responde al «intervencionismo de los Estados Unidos a través de la Embajada», sino, a una acción que desde el gobierno ya se tenía contemplada para proteger a personas vinculadas con el crimen organizado que pertenecen o son afines al partido de gobierno. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Archivo CC

El 28 de agosto se convirtió en un día histórico en Honduras luego que la presidenta Xiomara Castro ordenara al canciller de la República, Enrique Reina,  denunciar el tratado de extradición de Honduras con los Estados Unidos por la «injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos» en la política de Honduras. 

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X como respuesta a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu quien expresó su rechazo hacia la visita del ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, a Venezuela, como invitado a los Cuartos Juegos de Cadetes Militares en este país. En fotografías y videos se ve al ministro de defensa -hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y sobrino de la presidenta Xiomara Castro-, junto al ministro de Defensa y Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino a quien la embajadora Dogu se refirió diciendo que le sorprendía ver a miembros del gobierno de Xiomara Castro sentados con «narcotraficantes».

El canciller Reina, que no respondió a las solicitudes de entrevista de Contracorriente, dijo en un primero momento a un medio televisivo que esto no significaba que el tratado de extradición quedaba sin validez de inmediato y que «habría que revisar el procedimiento de denuncia» que está contemplado en el tratado.

«Yo creo que no es nada malo que asumamos una posición digna, nosotros vamos a seguir trabajando sobre la base del respeto mutuo, es una decisión de la presidenta y hay que acuerparla (…) en las veces que hemos viajado a Estados Unidos a reunirnos y advertir que la relación no debe encarecerse por las opiniones de la embajadora lo hemos dicho, a todos los niveles», dijo en este foro el canciller, sin embargo, posteriormente, Enrique Reina publicó en X una nota dirigida al gobierno de Estados Unidos, en la que señalan que, conforme a los artículos 1, 15 y 245 de la Constitución de la República, y al artículo XIV del tratado de extradición entre las dos naciones, Honduras decide dar por terminado el tratado de extradición.

En el Artículo XIV (14) del tratado de extradición se estipula que «cualquiera de las partes contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así».

Para la abogada y congresista conocida por su lucha anticorrupción en Honduras, Fatima Mena, la instrucción de la presidenta Xiomara Castro no responde a las injerencia del país norteamericano en los asuntos nacionales, como ha denunciado la mandataria y distintos funcionarios, más bien, sin que es una excusa para proteger a quienes son parte o son afines al partido de gobierno.

«Venir a querer justificar la decisión política de denunciar un tratado de extradición es un pretexto, me parece que esta es una acción que ya tenían contemplada de protección a personas vinculadas con el crimen organizado por parte del partido o personas afines al partido de gobierno, no tiene nada que ver las declaraciones de la embajadora con la acción de la presidenta, lo que atenta con el acceso a la justicia que el pueblo hondureño ha tenido gracias a ese proceso de extradición», manifestó Mena.

Con esto, la congresista recordó que ha sido gracias a este tratado que personas como el expresidente Juan Orlando Hernandez y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, han sido enjuiciados y finalmente condenados por delitos ligados al narcotráfico en Estados Unidos, y que además, altos funcionarios vinculados al poder político y económico han enfrentado la justicia, ya que en Honduras no se han dado esas condiciones.

La comunidad hondureña protesta en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Foto: Archivo CC.

El Estado comenzó a extraditar a hondureños hacia los Estados Unidos después de la adhesión de un artículo a la Constitución de la República que permite la extradición de ciudadanos señalados por casos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado, y que invoca al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos desde 1912.

Carlos Arnaldo Lobo, conocido como «El Negro» Lobo, fue el primer hondureño solicitado en extradición por narcotrafico por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida en 2014. Después de esta, han ocurrido al menos 40 extradiciones más de hondureños señalados por narcotráfico, tráfico de migrantes y lavado de activos. 

La próxima extradición será de Mario Cálix, conocido como «Cubeta», el 4 de septiembre. Cálix estaba dentro del listado de 16 extraditables revelado por la secretaría de Seguridad, entre los cuales están Henry Fernandez del clan de los Valle Valle, Juan Carlos Montes Bobadilla, y Alexander Mendoza, conocido como «El Porkys», cabecilla de la MS-13 en Honduras.

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Tratado de extradición debe ser derogado mediante reforma constitucional en el Congreso Nacional

El abogado constitucionalista y analista político, Raul Pineda Alvarado, opina que para dar por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos se debe reformar el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establece que «ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero» exceptuando los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado «cuando exista tratado o convenio con el país solicitante».

Pineda recuerda que en la sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó el decreto para hacer esta reforma constitucional se restringió el acceso a la prensa, y que mediante mayoría calificada se aprobó la adhesión del artículo y, por lo tanto, la reforma a la Constitución. En ese momento Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en 2022 y posteriormente condenado a delitos de narcotráfico en 2024, era presidente del Legislativo. 

Ciudadana se manifiesta en contra del expresidente Juan Orlando Hernández durante su mandato. Foto: Archivo CC.

«Solo el Congreso puede reformar la Constitución y para establecer que el Estado de Honduras no pueda extraditar ninguna persona de nacionalidad hondureña habría que reformar nuevamente el artículo, no basta la denuncia de la presidenta, porque la presidenta no tienen facultades de reformular la Constitución», indicó Pineda, quien además señaló que para esto se necesita la mayoría calificada en el Legislativo, es decir, 86 votos a favor, y que esta reforma debe ser aprobada en dos legislaturas.

Ley de extradición representa un retroceso para enjuiciar a criminales

Sobre la posibilidad de que al Congreso Nacional regrese la discusión de la Ley de Extradición -un proyecto de Ley que ha permanecido engavetado desde marzo del año pasada-, Mena plantea que esto no tendría efectividad, considerando que este proyecto vendría a entorpecer la celeridad con la que se han dado las extradiciones a los Estados Unidos gracias al auto acordado aprobado en junio de 2013.

«Sabíamos que dentro de Libre habían sectores que querían obstaculizar los procesos de extradición pero ya llegar a un nivel de denunciar un tratado que ha sido tan efectivo para poder llevar a criminales vinculados con narcotráfico de un país donde el sistema operativo gira alrededor de los capos de la deroga y los capos de corrupción y quitar esta herramienta para que la justicia alcance a estas personas, me parece inconcebible, lamentable y peligroso porque le estaría dando impunidad a las personas que no se han podido llevar de cara a la justicia del país», manifestó Fatima Mena.

En febrero del año pasado, después de ser electa la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando dijo en una conferencia de prensa que existía la posibilidad de reglamentar la extradición en Honduras. 

Lo anterior revivió un debate alrededor de esta Ley en el Congreso Nacional, por la que hasta el momento existían dos propuestas para ser reglamentadas: una por parte del diputado Jorge Calix, precandidato presidencial por el Partido Liberal y quien ahora está en contra de la cancelación del tratado de extradición, y otra por parte del Odir fernandez, rector de la universidad Nacional Autónoma de hOnduras (UNAH).

Sin embargo, después de esto, la comisión especial designada para el diseño de este proyecto no ha vuelto a pronunciarse y tampoco ha mostrado avances en la reglamentación o discusión de esta Ley.

Un mes después de las declaraciones de Rebeca Raquel, y luego de regresar de Venezuela en un viaje para formalizar acuerdos sobre el petróleo y sus derivados con funcionarios de este país y con el presidente Nicolas Maduro, el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, expresó que en ningún poder del Estado existía la posibilidad de cancelar los tratados de extradición.

«Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición», repitió tres veces el exmandatario, quien añadió que, además, tampoco existía la intención de añadir obstáculos o trabas el proceso de la misma, y además dijo que todo lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación en ese momento era «bla, bla, bla».

Desde la indignación y las protestas de 2015 por la incontrolable corrupción, pasando por la revelación del narco-Estado y la extradición de un expresidente, Honduras podría resumir su historia reciente en una palabra: impunidad. Sabemos que las sociedades son muy complejas y el relato sobre ellas se compone por voces diversas, las que gritan más fuerte y a pesar de eso son las menos escuchadas: las de las víctimas; y las que desde las sombras se imponen: aquellas de quienes se han enriquecido a costa de la tragedia de un país que no conoce la democracia. 

Pero en ese lapso, la impunidad y la corrupción se han incorporado en el relato colectivo como parte de las causas de los problemas en Honduras. Pasamos de pensar que todas las personas en esta sociedad somos corruptas, que todas contribuimos con una «mordida» al monstruo de la impunidad y que todas callamos por conveniencia e individualismo, a pensar que necesitamos una transformación radical en el sistema de justicia y a exigir algo que garantice que esa transformación se dará de manera que podremos conocer la justicia y beneficiarnos de ella. 

Ese cambio en el relato sobre lo que somos y deseamos llevó a una demanda que ya lleva nueve años moviéndoles el piso a los gobernantes: una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Promesa cumplida a medias y después destruida por el régimen de Juan Orlando Hernandez, y promesa de campaña de la actual presidenta Xiomara Castro, que parece insistir en levantar su vuelo a pesar de tener rotas las alas: la de la voluntad y la de la autenticidad.

Es en este contexto, en el que la gente sigue esperando el cumplimiento de esa promesa de campaña, que el fiscal general, Johel Zelaya, ha dado golpes de esos que intentan producir una sensación de justicia y que podrían verse de dos maneras: la primera, como actos de voluntad política en los que la fiscalía hace un compromiso de lucha contra la corrupción en beneficio del pueblo hondureño y se muestra como aliada de una posible Comisión contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Cicih); la segunda, como actos que fueron comunes en el Ministerio Público anterior:  procesar para exculpar tanto a nivel penal como a nivel social. 

Por ejemplo, la llamada que hizo el fiscal general a los «mencionados» en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández a testificar, sin antes acusarlos, fue una jugada mediática y hasta populista, que muestra a un fiscal implacable al llamar incluso a sus aliados políticos, ya que él estaría dispuesto a procesar a quien sea culpable, «caiga quien caiga»; sin embargo, ¿qué efecto real tuvo ese desfile de testigos sin acusación? 

Como en una obra de teatro rudimentariamente ensayada para ser una grotesca burla, llegaron los exdiputados, expresidentes y funcionarios del actual gobierno a decir, con postiza solemnidad y flaca convicción: «yo no fui, señor fiscal, los narcos mienten». Entonces, el fiscal/juez, desde el pedestal de la justicia «a la hondureña», aclara todo y pasa a la página siguiente. Nada sabemos sobre una verdadera investigación o acusación del Ministerio Público en contra de los cómplices del narcotráfico, que no solo financiaron sus propias campañas políticas, sino que facilitaron concesiones y contratos con el Estado. Tampoco sabemos sobre los mecanismos de investigación para evitar que actores del crimen organizado continúen financiando a los partidos políticos hondureños.

El fiscal general ahora ha comenzado a requerir a actores cuyos nombres estuvieron en las pancartas de las protestas que han pedido una Cicih desde hace años, como el exministro de salud, Arturo «Tuky» Bendaña, acusado por otorgar contratos amañados por más de 9 millones de dólares entre 2010 y 2012 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa; o el exsecretario presidencial –ahora ciudadano nicaragüense– Ebal Díaz, acusado por ser responsable de un proyecto fraudulento de vivienda para sobrevivientes de las tormentas Eta y Iota en 2021. Incluso ha acusado a Reynaldo Suazo Leiva, un abogado que rondaba el círculo más cercano del expresidente Juan Orlando Hernández. 

También ha logrado procesar –por fin– a la pieza clave del caso Pandora (investigado por la Maccih), Fernando Suárez, después de que este colaboró para armar ese caso, se escapó del programa de testigos protegidos y regresó extraditado recientemente. Y no podemos dejar de mencionar la operación en contra del juez Marcos Vallecillo, que promete develar una red de abogados y operadores de justicia que trafican impunidad al mejor postor. Por ahora, los requerimientos fiscales que van saliendo casi cada semana se ven como golpes a una estructura criminal que operó en casos emblemáticos de gobiernos anteriores. ¿Es esto por fin justicia?

Mientras el fiscal libra requerimientos, la discusión sobre la Cicih no despega. Varios de los  puntos torales del convenio siguen sin resolverse, como las reformas al Código Procesal Penal, la derogación de decretos que le dieron inmunidad a los diputados, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la reforma a la ley aprobada por este gobierno que dio amnistía a personas acusadas por actos de corrupción utilizando como refugio una de las peores tragedias que le ha pasado a Honduras: el golpe de Estado de 2009. 

Por ahora, la discusión sobre la Cicih ha sido ensordecida por ciertos ruidos: el del gobierno prometiendo que desclasificará el memorándum de entendimiento con la ONU, el de la hija de la presidenta presentando una ley para regular un mecanismo que aún sigue sin existir, el de los diputados peleando entre sí mientras postergan la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. Ruido, ruido, ruido.

En medio de eso, el fiscal general parece querer destacar y decirle a la ciudadanía que no importa por dónde vaya la discusión política y que no importa que su nombramiento haya sido criticado por su cercanía con el partido de gobierno; el Ministerio Público está trabajando. La pregunta que debemos hacernos es si esos pasos son para por fin transformar un sistema de justicia cooptado, o solamente para convencernos de que no necesitamos que tutelen nuestro sistema, y así dar paso a una nueva mafia de cooptación. Por ahora, es a la ciudadanía a la que le toca vigilar los pasos que está dando el fiscal y demandar siempre justicia, ese algo que parece que se escapa como arena entre los dedos, esa justicia que esperamos que despegue autónoma e imparcial.

La operación de la empresa minera Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) que ha exportado piedra caliza a Estados Unidos, Aruba e Islas Caimán desde 2010, se encuentra suspendida luego de una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) que ordena su cierre temporal por un año, tras la muerte accidental de una contratista, Dayana Paola Velesquez Valdivieso. Según la resolución a la que tuvo acceso de manera parcial este medio, la empresa tardó casi un mes en reportar el incidente. 

Texto: Jennifer Avila con reportes de Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

En la comunidad Brisas del Tramade ahora se escuchan los pájaros; las detonaciones se han detenido, pero impera la incertidumbre de si finalmente habrá un cierre total de la mina con la que han convivido por décadas. 

Después de que el conflicto minero se expresara en protestas que bloquearon la carretera hacia uno de los puertos más importantes del país el pasado mayo, el gobierno de Xiomara Castro resolvió suspender por un año la actividad minera de esta cantera que explota piedra caliza en las comunidades aledañas a Puerto Cortés. Las protestas fueron de varios sectores, tanto de miembros del patronato y la comunidad, que demandaban el cierre de la mina, como por parte de trabajadores y contratistas de la empresa, que pedían que no se cerrara esa fuente de empleo. 

En una nota anterior explicamos que Agrecasa se registró como proyecto minero en Inhgeomin en julio de 2005, y desde entonces extrae grava de una cantera cercana a comunidades como Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, La Delicias, Campana y Brisas de Mar Tramade. También citamos que Agrecasa es subsidiaria del conglomerado estadounidense American Aggregates, LLC, según el IV informe de Conciliación, elaborado en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés).

Según información de Aduanas, Agrecasa exportó 1,0507,101 de toneladas de piedra caliza, sobre todo hacia Estados Unidos, pero también exportó a Aruba e Islas Caimán en varias ocasiones. Su mayor cliente en Estados Unidos es Vulcan Construction Materials, LLC, una de las mayores empresas constructoras en las costas estadounidenses.

Después de la cúspide del conflicto minero en mayo de 2024, el expresidente del patronato, Nahúm Reyes, contó que la comunidad ha tenido poca información sobre lo que sucederá después de la resolución de suspensión de actividad minera por un año, y explicó que esperan que la empresa compense el daño ambiental. Sobre la muerte accidental que dio origen a la resolución, Reyes explicó que la víctima era una contratista que trabajaba para otra empresa proveedora de servicios de Agrecasa. 

Nahúm Reyes, defensor del ambiente de su comunidad, camina por la parte del río que según él, la empresa Agrecasa ha afectado con su actividad minera. Cortés, Honduras, agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Durante los actos de protesta que hubo en mayo pasado, los transportistas manifestaron que Agrecasa genera más de 500 empleos directos, pero además otros cientos de indirectos. Agrecasa publicó un comunicado en el que expresaron que generan 180 empleos directos y 800 indirectos, de los cuales aseguran que el 30 % se da a personas de las comunidades vecinas. Nahúm y otros vecinos que hablaron con nosotros dijeron que justamente en las comunidades no hubo un conflicto tan profundo por el cese de operaciones de la minera porque su actividad no representó muchos beneficios para ellas; la mayoría de personas sobreviven del empleo en maquilas, en el puerto, o de las remesas, según explicó Nahúm.

Los miembros del antiguo patronato ahora exigen claridad sobre el futuro de la cantera y sobre cómo la empresa limpiará lo afectado en el río de su comunidad, compensará la explotación a cielo abierto que se realizó por décadas, y cómo el Gobierno garantizará que no habrá una nueva concesión para otra empresa nacional o extranjera que llegue a sus comunidades a romper de nuevo el silencio con sus detonaciones.

Texto: Jesús Lozano/ EFE
Fotografía: EFE/ Gustavo Amador

Madrid, 24 ago (EFE).- El trabajo infantil sigue aumentando, afecta a más de 300 millones de niños de todo el mundo, el doble de lo que dicen las estadísticas oficiales, y gran parte son explotados por multinacionales, denuncia el activista guatemalteco de los derechos humanos Fernando Morales-de la Cruz.

En una entrevista con EFE, apela, una vez más, al G7 y la Unión Europea (UE) para conocer de manera rigurosa la realidad de la pobreza, la escolarización y la explotación laboral infantil en cada país y región del mundo.

La OIT y Unicef estiman que 160 millones de niños y adolescentes (5-17 años) trabajaban en 2020 (unos 112 millones en el campo), un dato «muy seriamente cuestionado por mí y por muchos académicos», comenta el especialista. De ellos, 79 millones tenían ocupaciones peligrosas.

Y se debe a que los Estados obtienen la información de encuestas familiares. «La mayoría de padres jamás dirán que sus hijos no van a la escuela, al contrario, y tampoco que están trabajando», explica Morales-de la Cruz.

Cita una investigación de hace dos años de Guilherme Lichand y Sharon Wolf (universidades de Zúrich -Suiza- y Pensilvania -EE.UU.-) que apunta que los niños que trabajan son casi 400 millones (7-14 años).

Entonces, subestimar el problema impide resolverlo, pues se carece de un diagnóstico real, deduce el activista, y «fracasa» el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de acabar con el trabajo infantil en 2025.

«Hemos ido hacia atrás, se han incrementado la miseria y el trabajo infantil. Sigo diciendo que hay más de 300 millones de niños trabajando en todo el mundo», subraya.

Incide en la necesidad de informes fidedignos sobre cuántos niños trabajan en la UE y «para» la UE, en alusión a lo que consume Europa producido fuera con mano de obra infantil. Y pide que la Comisión Europea cumpla el compromiso de 2019 de «tolerancia cero» con el trabajo infantil en los países comunitarios y en sus cadenas de suministro internacional.

Más miseria, más trabajo infantil

La realidad es que el trabajo infantil ha aumentado en la UE y en sus cadenas de suministro, según Morales-de la Cruz: «Esto demuestra que se ha incrementado la miseria porque el trabajo infantil solamente aumenta cuando se incrementa la miseria». Y la pandemia de covid-19 fue un detonante de ese aumento.

Distingue entre los niños que trabajan en beneficio directo de su familia, y los más de 140 millones, calcula, que lo hacen para empresas o sus cadenas de suministro, algo muy grave.

El número «se ha incrementado porque a las multinacionales nadie las frena», dice el fundador del programa Cartoons For Change. «El problema es que trabajan para corporaciones y empresas. Al final, es parte de un modelo de negocio, reducir costos e incrementar utilidades» (ganancias).

Y nadie se atreverá, constata, a preguntar a los ejecutivos de las grandes empresas cuántos miles de niños trabajan para ellas, incluso en países desarrollados.

América Latina

Según la ONU, es trabajo infantil el que priva a los niños de su infancia, potencial y dignidad, y perjudica su desarrollo físico y mental.

Es una grave violación de los derechos humanos, pero muchas familias vulnerables no tienen opción, como en países de América Latina. Los dos más poblados, Brasil y México, también son los que registran más trabajo infantil.

México reconoce 3,5 millones de niños en esta situación, pero pueden acercarse a cinco millones, según Morales-de la Cruz, como en Brasil.

En su país, Guatemala, son más de un millón, y mil llegan cada semana a EE.UU., según datos oficiales del Gobierno norteamericano, menciona el activista, de los que el 40 % encuentran trabajo clandestino enseguida.

La responsabilidad de los países ricos

«Los Gobiernos del G7 y la UE deben relanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -insta-, aprendiendo de que, en los últimos ocho años, se ha incrementado la miseria, el hambre, la desnutrición y el trabajo infantil, incluyendo sus propios países».

Y para terminar con el trabajo infantil, se debe acabar antes con la miseria y la deserción escolar. «Y, sobre todo, los Gobiernos y las grandes empresas tienen que cumplir las leyes y no lo están haciendo».

Los países desarrollados tienen una obligación especial porque son ricos y la gran mayoría de multinacionales tienen la sede en ellos, apostilla.

Cartoons For Change es una iniciativa en la que caricaturistas e ilustradores de todos los continentes publican dibujos para defender los derechos de los niños.

Dictaron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial contra el juez de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta cargos por extorsión tras intentar obtener tres millones de lempiras de un empresario que fungía como testigo protegido del Ministerio Público. Vallecillo, quien jugó un papel clave en la emisión de órdenes de captura en casos emblemáticos del actual Ministerio Público, tendrá la audiencia preliminar el 6 de septiembre de 2024.

Texto: Luis Escalante, con reportes de Celeste Maradiaga y Jennifer Ávila
Fotografías: Luis Escalante y archivo 

El sábado 24 de agosto dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas y su amigo Nelson Omar Sierra Flores. Un juez del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente determinó que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público (MP) —cerca de 25— fueron suficientes para probar indicios suficientes de responsabilidad penal en el cargo de extorsión por parte de ambos imputados.

Dentro de la carga probatoria presentada por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), en la audiencia inicial se presentaron vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Uno de los testigos protegidos es un amigo de la víctima de extorsión, quien declaró haber sido informado de que estaba siendo efectuada por Vallecillo Banegas, Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo; el otro es un agente de la ATIC. 

Durante la audiencia inicial se mantuvo un estricto hermetismo: se impidió el acceso de los medios de comunicación a la sala y se estableció un intenso resguardo policial, lo que impidió conocer algunos detalles sobre cómo se desarrolló el proceso. Algunos empleados del Poder Judicial que laboran en el juzgado se lamentaban al ver  en el banquillo de los acusados a quien alguna vez fue juez coordinador de este circuito judicial.

La audiencia preliminar quedó fijada para el 6 de septiembre a las 9:00 a. m., informó la vocería del Poder Judicial.

Según el escrito que contiene el requerimiento fiscal e información a la que accedió Contracorriente, Marco Antonio Vallecillo Banegas solicitaba tres millones de lempiras a un empresario de la construcción «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor». Este medio también tuvo acceso a la declaración del primer testigo protegido presentado por la Fiscalía, un amigo de la víctima, quien aseguró durante uno de los interrogatorios que los imputados intimidaron a la víctima y lo llamaron constantemente para efectuar el cobro del dinero. 

El testigo protegido, identificado como TN01, también declaró que en una fecha no especificada, en las instalaciones del bufete legal de Reinaldo Leiva Suazo, el juez Vallecillo Banegas solicitó a la víctima 250,000 lempiras para comprar unas puertas. También manifestó que la entrega de los tres millones de lempiras se efectuaría el 16 de agosto, pero que, ante la ausencia del juez Vallecillo Banegas, la víctima abortó la operación y la trasladó hacia el día siguiente. 

El empresario actúa como testigo protegido en otros casos relacionados con la ejecución de proyectos llevados a cabo por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) durante la administración de Ebal Díaz, que no se ejecutaron en su totalidad. Además, el testigo sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Johel Zelaya, el viernes 16 de agosto, en la cual le confesó que estaba siendo víctima de extorsión.

Aprovechándose de que el empresario colaboraba con el Ministerio Público en otras investigaciones, Vallecillo Banegas, junto a Nelson Omar Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo, apoderado legal del empresario, le hicieron creer a este durante varias semanas que Uferco tenía listo un requerimiento fiscal contra él por su implicación en otro caso, denominado Cisco.

En medios de comunicación se ha informado que este caso está relacionado con un proyecto de construcción de una borda en el río Claro, en Colón. Contracorriente consultó al Ministerio Público sobre este caso penal, y únicamente se nos informó que la defensa presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha sido resuelto.

En la víspera, la defensa legal del juez Vallecillo Banegas, encabezada por Frank Galo, presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) un escrito de recusación contra el juez asignado a este proceso judicial, Juan Carlos Colindres, por «violación de derechos contitucionales y derecho a la defensa». Sin embargo, en una sesión de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, celebrada la noche del jueves 22 de agosto, las y los magistrados de ese tribunal de alzada determinaron rechazar «de plano» dicha solicitud, con lo que la audiencia inicial quedó firme. 

La captura del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, coordinador del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, ha sacudido los cimientos del Poder Judicial. La detención in fraganti de Vallecillo Banegas el 17 de agosto de 2024, acusado de cobrar un presunto soborno y procesado por extorsión, junto a otras dos personas, no solo expone la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control interno en el ámbito judicial.

Ese día, el fiscal general Johel Zelaya, a través de la red social X (anteriormente Twitter), afirmó que se trataba de un juez que utilizaba su nombre y el de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) para «extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas».

Horas después, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, manifestó que brindará acompañamiento a las acciones del fiscal general y que su compromiso es «romper con las redes de corrupción que históricamente han existido en el Poder Judicial».

Momento en que el vehículo táctico Black Mamba, que transportó al juez hasta su audiencia, abandona los Juzgados de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Tegucigalpa, 24 de agosto de 2024. Foto CC/Luis Escalante.

El juez Marco Antonio Vallecillo Banegas fue detenido el sábado 17 de agosto en una gasolinera localizada en la carretera que conduce del Distrito Central a Choluteca. Vallecillo Banegas y Sierra Flores se encontraban a bordo de un vehículo marca Lexus, color champán, en el que también estaba el empresario. Antes de abordar el vehículo, el juez tomó los dos teléfonos celulares del empresario y los guardó en una camioneta Land Cruiser Prado, color blanco y sin placas, en la que había llegado al punto de encuentro para recoger el dinero.  

No se trata de un caso aislado

El viernes 23 de agosto, durante un XSpace organizado por Contracorriente, Víctor Fernández, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), manifestó que es necesario trascender el caso y verlo «como una oportunidad para revertir esta espiral de vergüenza en que estamos sometidos como sociedad».

«Nuestros operadores de justicia deben superar el espíritu de silencio, que saben que este tipo de cosas pasan, se enteran, pero no hay canales de denuncia, y lo que se asumen como práctica es el silencio. Se debe trascender la idea de que se es un funcionario honesto por hacer lo correcto al no involucrarse más en lo que no le corresponde. Es necesario superar esto en el sentido de tener una voz de denuncia y revisar cuáles son los mecanismos mediante los cuales se están nombrando, ascendiendo y otorgando privilegios a nuestros jueces y magistrados», declaró Fernández.

Víctor Fernández también se refirió a los procesos de formación de fiscales y jueces que emprendió la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y se cuestionó si las y los operadores de justicia que están actualmente asignados a circuitos anticorrupción son los que formaron parte de dichos procesos. 

«Se invirtió mucho en la MACCIH para formar jueces y fiscales, como en la Ufecic, por ejemplo, donde los que fueron capacitados eran, en su mayoría, competentes. Creo que ahora quedan dos o tres fiscales de ese proceso de formación. Preguntémonos si el juez Marco Vallecillo, así como los demás jueces o magistrados que se formaron en los procesos de la MACCIH, son los que están dirigiendo los procesos de enjuiciamiento de este tipo de fenómenos delictivos. Cuestionemos si el juez Vallecillo cumplió con todo ese proceso exhaustivo que nos aseguraba, al menos parcialmente, una mejora en la administración de una política judicial anticorrupción», apuntó

Fernández también aseguró haber conocido el perfil judicial que ha caracterizado al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas. «Conozco a Marco, tengo una relación cordial con él y conozco el tipo de funcionario que es. Hemos litigado en su despacho judicial, representando al movimiento campesino. Sin embargo, las condiciones y el ambiente en ese entorno son conocidos; su perfil no es ni era anónimo. Él es una figura emblemática dentro del Poder Judicial en Tegucigalpa, y por eso provocó la reacción de la cúpula de la Corte Suprema. Todo lo que se dice sobre su entorno político es cierto».

De igual modo, agregó que cuando un juez, fiscal o magistrado se expone a actividades como la que le imputan a Marco Antonio Vallecillo Banegas, el que sufre las consecuencias más severas es el sector más vulnerable de la sociedad. 

Podés escucharlo nuevamente: ¿Qué revela el caso Vallecillo sobre la justicia en Honduras? 

«Debemos comprender que, con jueces expuestos a este tipo de hechos, quienes realmente sufren no son ellos, sino la sociedad hondureña, y especialmente la más vulnerabilizada. Esta última, aunque percibe estos fenómenos como algo distante, es la que recibe las consecuencias de una gestión que institucionaliza el silencio y la complicidad frente a la corrupción», subrayó.

Por su parte, Fany Bennett, jueza coordinadora del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), consideró que el problema que afronta el Poder Judicial es estructural y, por tanto, «las soluciones deben ser estructurales»

«Las valoraciones deben ir más allá de este caso; debemos partir de una memoria histórica y rescatar más allá de la vergüenza, que debemos ser actores proactivos ante un debilitamiento de todo nuestro sistema de justicia. Entonces, se deben fortalecer los procesos establecidos para denunciar el inadecuado funcionamiento de los servidores judiciales y concretar sanciones para nuestros jueces y magistrados», apuntó Bennett durante el XSpace

¿Quién es Marco Antonio Vallecillo Banegas?

Hasta antes de su captura, Marco Antonio Vallecillo Banegas era uno de los cinco jueces que integran el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, y el que contaba con menos años en la carrera judicial entre sus compañeras y compañeros. Apenas el 29 de abril de 2024 había sido nombrado coordinador de dicho circuito judicial, que tiene competencia territorial en todo el país.

Vallecillo Banegas, nacido el 22 de octubre de 1989, ingresó al Poder Judicial el 26 de junio de 2015 como escribiente III del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. Después de unos meses, fue ascendido a juez supernumerario de ese juzgado en medio de cuestionamientos. El 8 de febrero de 2016, el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, lo defendió públicamente.

«El abogado Marco Antonio Vallecillo Banegas concursó y aprobó el proceso de selección. Cumple con el requisito académico y está interino porque necesita completar los tres años de ejercicio jurisdiccional. Sus notas son de las más altas que se han revisado para jueces de letras», dijo en aquel momento Rivera Avilés.

El 9 de agosto de 2018, se ordenó la aprehensión de Jorge Rivera Avilés y otros cinco exconcejales del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. El Ministerio Público (MP) acusó específicamente a Rivera Avilés por la comisión de 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 de abuso de autoridad. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2021 un juzgado en materia de corrupción le dictó sobreseimiento definitivo. El MP apeló la resolución ese año y, hasta el momento, no se ha emitido ningún nuevo fallo al respecto. 

Para 2019, Marco Antonio Vallecillo Banegas ya se desempeñaba como juez de letras del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán y, posteriormente, fue ascendido al Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, con la llegada de Rebeca Ráquel a la presidencia de la Corte Suprema. De manera paralela, Vallecillo Banegas presumía en fotografías su cercanía con líderes políticos del oficialismo, incluyendo al actual jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento.

Momento en que el vehículo táctico Black Mamba, que transportó al juez hasta su audiencia, abandona los Juzgados de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Tegucigalpa, 24 de agosto de 2024. Foto CC/Luis Escalante.

En 2022, diputados del Partido Libre, incluidos Carlos Zelaya Rosales y Rafael Sarmiento, recomendaron a la presidenta Xiomara Castro la designación de Marco Antonio Vallecillo Banegas como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Además, a inicios de 2024, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, le otorgó una condecoración por su «combate al crimen organizado».

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Como juez de ese circuito judicial en materia de criminalidad organizada, corrupción y medioambiente, Vallecillo Banegas emitió órdenes de captura contra David Chávez y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez, ambos prófugos de la justicia por un desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como contra Daniel Atala Midence, exgerente financiero de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) por su implicación como autor intelectual del crimen de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

Asimismo, desde el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, se había emitido en las últimas semanas la orden de captura contra Ebal Díaz, señalado como líder de una red de corrupción que desvió 294 millones de lempiras destinados a un proyecto habitacional para personas damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 2020, que nunca se concluyó.

Vergüenza y reacciones al más alto nivel 

La captura de este juez de alto rango ha provocado reacciones no solo en la cúpula del Poder Judicial, sino también en la propia Casa de Gobierno, desde donde la presidenta Xiomara Castro pidió que «se aplique todo el peso de la ley a los involucrados» y la desarticulación de las «redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial». No es para menos, considerando la investidura de un juez anticorrupción. 

El lunes 19 de agosto, en una conferencia de prensa, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, quien salió públicamente junto al magistrado Mario Díaz y la magistrada Rubenia Galeano, calificó los hechos como «un fuerte golpe que hemos recibido» y «algo que no esperábamos», al tiempo que puso en marcha una intervención en el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.

«Son muchos los funcionarios, pero uno no puede estar detrás de uno solo. Cuando uno asciende a alguien, lo hace porque cree en esa persona, que puede desempeñar un papel correcto. Mi vinculación con él es la que tiene todo jefe con el juez correspondiente: instruirle siempre que se apegue al derecho», dijo Ráquel, como si no estuviera convencida del requerimiento fiscal y como si ignorara qué hacía un juez en la entrega de un soborno por parte de un testigo protegido del Ministerio Público.

También desmintió las supuestas implicaciones del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas con José Luis Melara Murillo, su esposo, quien está siendo señalado por políticos y abogados de «traficar con la justicia» y estar detrás del soborno al empresario.

«No sé si ustedes saben, pero mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi tres meses fuera del país. No sé cómo puede, desde donde está, realizar este tipo de actos, pero tengo que decirles que, si se trata de él, pueden investigarme a mí, a mis hijos y a mi familia completa. Nunca, jamás me van a encontrar a mí o a alguien a mi alrededor haciendo cosas incorrectas», declaró Ráquel a los medios de comunicación.

El diputado del opositor Partido Liberal y disidente del oficialismo, Jorge Cálix, señaló directamente a Rebeca Ráquel y citó unas supuestas palabras del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas que involucrarían «al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial». Cálix incluso ha solicitado que Ráquel sea sometida a juicio político en el Congreso Nacional.

A pesar de lo anterior, el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas desmintió haber afirmado que el dinero, que según dijo nunca vio, perteneciera «al esposo de la presidenta (de la Corte Suprema)».

«Desmiento categóricamente eso; en ningún momento supe que había dinero en ese lugar y mucho menos que ese dinero era para el esposo de la presidenta», declaró Vallecillo Banegas, quien aseguró que se encontraba «en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas al momento de su captura. 

Publicado por la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) en 1980, Jonás, fin del mundo o líneas en una botella, poemario del poeta hondureño Edilberto Cardona Bulnes, tuvo un tiraje de más o menos 5,000 ejemplares. De acuerdo con información no oficial, 4,000 de estos ejemplares fueron enviados a Honduras, pero al llegar al aeropuerto Toncontín, desaparecieron.

La nula existencia de ejemplares de este libro en las bibliotecas hondureñas llevó a la Editorial Ypres a investigar, hasta que llegaron a Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, y finalmente en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, localizaron un ejemplar completo. La Editorial Ypres hizo una recopilación íntegra de los poemas tras encontrar el ejemplar original. Esta es una selección de algunos poemas que componen ese libro «perdido». La transcripción es textual, incluyendo algunos posibles errores tipográficos.

Pedruscos rojos, pedruscos blancos.

¿Me puedes ver, hermano?

Recordando pudiera hablar de un cinturón

de hierro, de un collar de piedra,

de una frontera de plomo, constriñéndome.

Literatería. Literaterismo de verseros.

Contigo, Muerte,

nos respiramos la palabra.

Quebramos el espejo de entre nosotros

y a oscuras, a ojos cerrados, te miras,

me miras, como me miro, como te miro.

cambiamos ojos.

¿Cuáles son los tuyos? ¿los míos?

Cuando estamos más lejos

es cuando vamos por la playa

de la mano, perdiéndonos en hierba,

en nieve, y hallándonos

en cualquier parte a toda hora,

y esto, volviéndonosles, intransmisible,

no se explica ni cantándolo.

Nuestro lo mío tuyo.

Sin reservas. Sin regateo.

No hay cuenta con los hombres.

No debemos nada. A nadie.

¿Qué me han de cobrar? ¡Bah! ¿Quiénes?

¿Saldo o total de qué? ¿Cuál es mi deuda?

Clark Kent emerge de lo cotidiano buscando

su permanencia sobre la diaria grandiosidad

del periódico, visualizarse en la acción

deportiva, en la fresca juventud, infantilidad

instintiva del deporte y en la serena adultez

de la letra, el juego juego solo

y el juego del signo, lo inabstraíble

del acto, de lo real manifestándose, juego

vivo, y la realidad en abstraída

realidad altísima, sólo claridad

comunicándose, juego vívido; lo deportivo

y lo periódico, deporte y periodismo,

periodismo-deporte, lo fugaz renovándose,

nuevo, ¡ya!, fijación del instante,

del relámpago. Irrumpe día a día

cuajándose, vitalizándose a través

de los que han hecho de su vida

un juego palpitante, alucinante, candente,

ágil, digno de héroes, de campeones, dioses,

acto que asombra, pasma, da sentido,

razón a la existencia, como paradigmasde lo supremo, espectacular, indiscutible,

indisputable, irrecusable culminación

de lo máximo, lo único. Clark Kent, este

permanente periodista de la instantaneidad

contemporánea, de los entusiastas múltiples,

multitudinarios, de la aventura colectiva

sobre los verdes engramados claros,

animosa, estimulante, tonificante, alegre,

sana, fenomenal, del triunfo de la prontitud,

la rapidez, lo raudo, la agilidad,

la oportunidad, la audacia, la fuerza,

la inteligencia, el vigor, el amor, el coraje,

el civismo, el poder, cúspide inobjetable

de lo épico, lo actual, lo dinámico,

lo vital, lo genial; este periodista activo,

vivo, hábil, íntegro, convive, vive

con los mejores ejemplares humanos

y baja hasta nosotros diariamente

a mezclarse con nosotros por la amplitud

el desprendimiento ecuánime del periodismo

en su función testimonial, social, popular,

directriz, humana, sin más compromiso

que cubrir y cumplir con el deber

de informarnos ni más satisfacción para sí

que la misma del deber que se cumple

en favor de naturalizarnos ciudadanos del mundo,

habitantes, contemporáneos de la hora

del progreso, de la evolución, del ser histórico,

con los que hacen la historia

y son la historia,los prototipos del género, de la acción, del drama.

Clark Kent, nuestro cabal intermediario

lealtísimo, el informado, el conocedor,

sabedor de lo grande, de todo, de lo que no

supiéramos si no fuere por él, él,

el pavlov de la información; él, el bergson

de la novedad última, el perseo, teseo

de lo absurdo, prometeo, jesucristo

de la verdad, él, el servet de la vida;

él, el arquímides de las cosas; él, el sócrates

del honor; él, el descartes de la opinión

pública, proteo del ser, pluto, creso, midas,

onasis de la idea, freud de la razón,

ezequiel de la luz, alejandro del idioma,

bolívar de la palabra, se nos deja

aproximar como si fuéramos iguales

permitiendo tutearlo, poder decirnos

cómo estás, cómo estuvo eso, cuéntanos

haznos conocer, ansiamos, necesitamos,

nos urge saber. Clark Kent es el que sabe

y el que está entre nosotros, los anónimos,

y ellos, los epónimos, y aún así

participa de nuestra inutilidad,

nulidad, de nuestra abnegación, de esta

innata, atávica, adánica timidez

de estúpidos, los más que estúpidos,

los extranjeros, los inválidos, estos

que no pudimos ni podremos estar

adentro, los inferiores, los ínfimos,

esos desgraciados pobres diablospaupérrimos que no sabemos ni supimos

nada, aquellos execrables invasores

que no sabremos nada de nada… aquello.

Clark Kent nos salva, espartaco

de menesterosos ignorantes apátridas,

nos colma, nos significa, nos da el significado,

inventa ser uno de nosotros, miente ser

de nosotros el tímido, el encubierto,

y calcula, especula estafando

nuestra perfecta credulidad de imbéciles,

nuestra normal anormalidad desde

su juicio, desde él natural a nuestra

condición natural de idiotas, y cerca,

constriñe y avasalla, coloniza

bajo una falsa realidad que nos cae

pusilánime falsamente repitiéndonos.

 

Y venís, mariposas, por caminos i-rreales

a nos: (otros).

Hay que cazar la hora.

Cuando Dante la cace escribirá La Comedia.

Un minuto más, un minuto menos, no podría.

Hablará con los muertos de él como antes

Homero con sus dioses. La poesía es un diálogo

consigo mismo, aún en momentos cuando

parece ser con otro semejante. Diálogo de uno

ante algo, ante alguien —en esencia— fuera

de forma, de la forma. Nunca entre hombres.

En poesía no hay ilusiones ópticas,

ni auditivas, ni de ninguna otra especie.

Si tal fuere, sí, pues equivaldría

a la conversación que el hombre

—como en una sala de espejos—

sostuviera con sus imágenes (anamorfosis)

equívocamente reales.

Real el surrealismo.

Para conocerse mejorhay que conocer a los demás.

No hay mundo si no hay un hombre en él

y no hay hombre si en él no hay un mundo.

Para verse, ver;

para ver, verse.

Aquí el encanto fatal del iris de Narciso.

En un mundo en que no existiera

lo que la costumbre considera

únicamente como espejo,

el hombre se vería,

volvería a verse en los otros,

o en los no otros.

Aquí el fatal desencanto del iris de Narciso.

El ojo hace el espejo de él.

Del ojo —espejo vivo— al espejo muerto

—la copia—.

Siempre se ha tenido espejo,

aunque estuviere encubierto.

El hombre es el espejo del hombre.

La viva imagen, consciente,

fuera del espejo.

El espejo hacia atrás.

Y hacia adentro.

El espejo es la muerte de la imagen.

Si no hubiera cómo ni en qué

poder verse —y ver para mirar,

distinguir para diferenciar—

el hombre se ignoraría

en su precario instinto de conservación

a tal modo de enojarse,si esto le cupiere

contra el estorbo

en que casualmente tropezare,

y le diría: —si esto le cupiere también—

bruto, imbécil, estúpido,

y le daría una patada,

pues el estorbo no sería esto que es

sino otro, imbécil, que me molesta.

He aquí lo que hubiera sido hombre.

¿Qué?

¿Qué digo yo sin no ser acto de decirme,

sin moverme en el ansia, en el sueño,

en la memoria?

¿No se es ni se tiene más que el acto solo?

¿Qué puedo decir que soy

sin moverme en el saber, en el sentir

que soy? ¿Y qué es lo que ha sido

sin el hombre? ¿Ha habido nombre

aquí, allá, ayer, ahora?

Si así fuese hubiera sucesión,

y si hubiere sucesión habrá permanencia,

si habría permanencia hay universalidad.

Sucesión no es repetición

como repetición no es igualdad fuera de sí,

si no en sí, sino en sí

por esto de lo móvil del hombre

a lo inmóvil del ser,

no al ser inmóvil, no de ser

y conquistar, re-conquistar

desde el ser del estarla permanencia universal del ser.

Pudiera, incluso, hablarse de permanencia

muerta, no absoluta, que en esta

el hombre volvería a desaparecer, y con él,

el espejo del mundo en él, su espejo,

y este modo de decirse que es otro espejo,

otro modo de decirse,

de señalarse esta permanencia

y universalidad que Poesía,

vértice de tinieblas,

foso de relumbres,

lengua única del hombre

hasta ser único modo de decir-Nos,

de señalarnos universal y permanentemente

este modo de ser, ella misma, y en ella,

zarza de Yavé, pre-diciéndonos desde la Noche,

diciéndonos en la tarde cazada en el esposo muerto,

nos firma, a-firma y con-firma.

Ser sin imagen.

Fuera de ella, caos, confusión,

bruma de Babel, la torre trunca.

¿Si no en ella en dónde entonces, ya asunta,

la colmada asunción de él,

por él, con él y para él?

¿En dónde si no en ella el ser del tiempo,

el tiempo del ser, de ser del ser, de ser,

y ser tiempo en esencia

y permanente esencia única de verdad?

No la belleza su sentido.

Su pulso sí, su impulso.La belleza no es plasma de Poesía,

su asunto: la esencia.

La belleza es iris de la luz. No la luz.

Gusto del fruto. No sabor.

Uno en esencia.

Y lo que aquel dijo —dice— de él

por aquellos, o dice de aquellos,

por nosotros, por él, no lo entenderíamos

si no fuera única lengua,

ni nos atañería si no hubiera

tal permanencia y tal universalidad

de uno por lo que somos uno de tiempo

y tiempo siempre en esencia de verdad,

alba de iniciación,

sangre de crepúsculo.

Texto y fotografía: Agencia EFE

Jerusalén, 22 ago (EFE).- Al menos 20 personas murieron en las últimas horas en diferentes bombardeos israelíes a lo largo de la Franja de Gaza, lo que eleva el cómputo total desde el inicio de la guerra a 40.265 muertos, según los datos de las autoridades gazatíes.

El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el centro y el sur del enclave tras detectar la presencia de infraestructuras militares y milicianos palestinos.

«Con base en inteligencia precisa del Ejército que indicaba la presencia de infraestructura terrorista y de terroristas de (del grupo islamista) Hamás en el área de Jan Yunis (sur) y las afueras de Deir al Balah (centro), las tropas han intensificado sus actividades en la zona», detalló este jueves un comunicado castrensezi.

El Ministerio de Sanidad de la Franja, gobernada por Hamás, señaló además que en las últimas 24 horas 42 gazatíes perdieron la vida y otros 163 resultaron heridos por el fuego israelí.

Estos últimos datos elevan el cómputo total desde el inicio de la guerra a 40.265 muertos y 93.144 heridos, todo ello sin contar los más de 10.000 cuerpos que continúan bajo los escombros o en las carreteras de Gaza sin que los equipos de rescate hayan accedido aún a ellos.

Según el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, al menos 11 personas murieron después de la medianoche en un bombardeo israelí contra una residencia familiar en la localidad de Beit Lahia, en el norte del enclave.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, citando fuentes médicas, aseguró que la mayoría de las víctimas del ataque eran mujeres y niños, que llegaron al hospital Kamal Adwan de Beit Lahia con graves quemaduras.

Otros tres cuerpos fueron desenterrados por los equipos de rescate de la Defensa Civil tras un ataque a un edificio de apartamentos en el campamento de refugiados de Yabalia, también en el norte de Gaza.

Mientras, al menos seis personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un bombardeo israelí durante la madrugada contra una casa en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, muy cerca de la localidad de Deir al Balah, que está siendo objeto de una incursión terrestre.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves que miles de personas de Deir al Balah y Jan Yunis, incluido su personal, están huyendo a la cada vez más reducida zona «humanitaria» de Mawasi, sobre la costa de Gaza, donde se hacinan cientos de miles de desplazados en condiciones infrahumanas, tras las últimas órdenes israelíes de evacuación.

«Los constantes bombardeos obligan a la gente a buscar refugio en un espacio cada vez más reducido, por lo que las condiciones empeoran y las enfermedades seguirán propagándose, afectando sobre todo a los más vulnerables, como los niños», avisó Julie Faucon, coordinadora médica de MSF, en un comunicado.

Faucon explicó que sus equipos están observando un aumento de las infecciones de piel, como la sarna, como consecuencia de la falta de agua y productos de higiene, como el jabón, que no pasan los controles israelíes de acceso a Gaza.

El Ejército israelí aseguró hoy que durante las últimas horas ha eliminado a unos 50 presuntos combatientes palestinos en el barrio de Tal al Sultan de Rafah, la localidad más al sur de la Franja, donde las tropas llevan a cabo una incursión terrestre desde principios de mayo para eliminar a la conocida como «brigada de Rafah» de Hamás.

Ayer, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció que los cuatro batallones que componen la brigada han sido eliminados, pero sin mencionar un posible fin a las hostilidades en la zona, y donde han cerrado el paso fronterizo hacia Egipto, por donde antes entraba la mayoría de la ayuda humanitaria al enclave.

La permanencia de las tropas israelíes en la frontera de Gaza con Egipto es uno de los principales asuntos que están impidiendo la firma de un acuerdo de alto el fuego con Hamás, ya que las autoridades israelíes se niegan a abandonarlo por considerar que el cruce puede ser utilizado por el grupo islamista para reabastecerse.

Hamás, por su parte, rechaza cualquier acuerdo que no implique la salida total de los soldados israelíes de la Franja.

El Poder Judicial renovará su flota de automóviles con un gasto de 344 millones de lempiras, destinados a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. Aunque el 81 % de los vehículos registrados hasta febrero de 2022 tenían menos de 10 años, el Poder Judicial considera necesaria una renovación. Magistrados de la Corte Suprema aseguran que sus predecesores les dejaron los carros en «mal estado» y «se llevaron los mejores»

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera 

El Poder Judicial está decidido a renovar su flota de automóviles. Un gasto de 344 millones de lempiras (más de 13.8 millones de dólares) será destinado a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Contracorriente, este millonario gasto responde a la necesidad de renovar una «flota antigua», a pesar de que el 81 % de los automotores registrados hasta febrero de 2022 no contaba con más de 10 años de antigüedad. 

Dentro del Código Único de Bienes y Servicios (CUBS) número 78111808 y objeto de gasto número 22220 del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente a 2024, se consigna la adquisición «PJ-SERV_GEN-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA», con un monto estimado de 154 millones de lempiras (cerca de 6.2 millones de dólares) y como contratación directa.

En el mismo documento, en el CUBS número 25101905 y objeto de gasto número 42310, otro ítem establece «PJ-SERV_GEN-ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES PARA FLOTA DEL PODER JUDICIAL», con un monto estimado de 150 millones de lempiras (más de 6 millones de dólares) y bajo licitación pública como modalidad de contratación.

Un tercer ítem, contenido en el CUBS número 92121800 y con el mismo objeto de gasto 42310, indica «PJ-SERV_GEN-BLINDAJE DE AUTOMÓVILES DEL PODER JUDICIAL», a un monto estimado de 40 millones de lempiras (más de 1.6 millones de dólares) y bajo la modalidad de licitación pública.

Para el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría de Finanzas le asignó al Poder Judicial un presupuesto de 3,897,386,234 lempiras (más de 156.7 millones de dólares), de los cuales 344 millones, el 8.82 %, serán destinados a adquisición de nuevos vehículos.

En ese contexto, una fuente dentro de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial confirmó a Contracorriente que existe la necesidad de renovar la flota de automóviles y que, para ello, ya iniciaron con la subasta de 317 vehículos que estaban en «condición de chatarra».

De acuerdo con el documento de Estados Financieros del Poder Judicial, correspondiente a junio de 2024, dicha subasta dejó ingresos por 2,124,000.00 lempiras, lo que supone que, en promedio, cada vehículo fue subastado en 6,700.32 lempiras.

La fuente consultada también defendió que la adquisición de nuevos vehículos será «la primera en muchos años». 

«Recordemos que la mayoría de vehículos que están asignados a magistrados y jueces habían sido adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional. Ahí ninguna dirección del Poder Judicial podía hacer compras, solo se recibía», indicaron. 

Entre 2014 y 2021, según los entonces administradores del liquidado Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, se compraron 2,202 automóviles por una suma de 720 millones de lempiras (29 millones de dólares al cambio de entonces) que fueron destinados al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, en una nota del 15 de junio de 2021, Contracorriente reveló que varios de estos vehículos —algunos de ellos blindados— habían sido asignados discrecionalmente a funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, y no a operadores de justicia.

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Contracorriente identificó que, en el caso del Poder Judicial, se recibieron vehículos adquiridos con este fondo en los años 2014, 2016 y 2018. Las entregas quedaron consignadas en los documentos TSP/CD-012-2013, TSP-006-2016 y TSP/CD-062-2017.

En el caso de la renovación de la flota de automóviles del Poder Judicial, programada para 2024, y con la cual se pretende también renovar los vehículos asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se nos informó que el proceso de licitación para la adquisición, que ascenderá a 150 millones de lempiras, y para el blindaje de algunos de ellos, a un costo de 40 millones de lempiras, todavía no ha comenzado. 

Por otra parte, el arrendamiento de automóviles para la seguridad de la Corte Suprema, que asciende a 154 millones de lempiras, se efectuará a través de contratación directa bajo un presunto amparo en el artículo 63, numeral 4, de la Ley de Contratación del Estado.

«La adquisición de esos vehículos es una necesidad y por ello aparece en el PACC. Ahora bien, a nosotros no se nos ha autorizado iniciar todavía con las licitaciones, eso primero debe pasar por la aprobación de la Dirección Administrativa y la Presidencia», agregó la fuente del Poder Judicial.

El 13 de agosto de 2024, Contracorriente entregó a la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial un cuestionario dirigido a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, con el fin de obtener mayores detalles en relación con el arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos del Poder Judicial. Dos días después se nos comunicó vía telefónica que la funcionaria judicial había recibido el documento, pero que no podían garantizarnos una fecha precisa de respuesta.

El artículo 15, literal A, del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia faculta a la magistrada presidenta para «realizar la función administrativa del Poder Judicial de conformidad con la Constitución de la República y demás leyes».

Adicionalmente, el 12 de agosto de 2024, a través de solicitud de información pública, mediante número SOL-PJ-3011-2024, pedimos las resoluciones a través de las cuales se aprobó el arrendamiento, la adquisición y el blindaje de estos vehículos. Hasta la fecha de publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

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Según el último registro, actualizado hasta febrero de 2022, la flota operativa del Poder Judicial estaba integrada por 355 automóviles de las siguientes marcas: Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Tayo, Rosmo, Yamaha, Strick, Transglobal, Ajax, Bertolini, Alued, HYTR, Loadcraft, Titan, Dorsey, Trailbird y Jeep. La flota incluye camionetas, pick-ups, autobuses, motocicletas, remolques y camiones.

El artículo 6 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial establece que ese poder del Estado puede «comprar los vehículos automotores que estime conveniente, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria respectiva».

Vista del estacionamiento de los vehículos asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Distrito Central, agosto de 2024. Foto: Fernando Destephen/Contracorriente

La Corte Suprema también estrenará «juguetes» 

Desde el más alto órgano jurisdiccional del país, es decir, la Corte Suprema de Justicia, conformada por 15 magistradas y magistrados propietarios, y seis magistradas y magistrados integrantes (suplentes), confirmaron a Contracorriente que, desde que asumieron funciones el 17 de febrero de 2023, se puso sobre la mesa de debate la adquisición de nuevos vehículos para transportar a los jueces supremos y a su personal de seguridad.

Hasta esa fecha, la flota de vehículos del alto tribunal estaba conformada por 42 automóviles de lujo. De ellos, 17 eran Toyota Land Cruiser Station Wagon, con número de serie VDJ200LGNTEZ y color blanco, con un costo entre los 1,460,807.90 y los 1,692,405.00 lempiras. Todos estos vehículos, de años 2014, 2016 y 2018, fueron adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Adicionalmente, se contaba con 10 Toyota Land Cruiser Prado, avaluadas entre 528,679.50 y 1,124,558.00 lempiras, con números de serie KZJ120LGKMGT, KDJ150LGKAEY y GRJ150LGKTEK, y 15 Toyota Hilux, con números de serie KUN25LHRMDH y HN1818HLX021, valoradas entre 429,475.00 y 726,669.00 lempiras, y que estaban destinadas al personal de seguridad de las magistradas y los magistrados.

En total, la flota de vehículos de la Corte Suprema que presidió Rolando Argueta entre 2016 y 2023 estaba valorada en 47,331,811.30 lempiras. 

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Una fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia dijo a Contracorriente que en febrero de 2023, a pocos días de haber asumido las actuales autoridades, la magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, nombró una comisión especial integrada por dos miembros del pleno y un representante de la Dirección Administrativa, a fin de revisar la flota de automóviles disponible y solicitar a las y los magistrados anteriores un informe acerca del estado en que entregaban los vehículos.

Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, una vez que concluyen su período constitucional de siete años, están habilitados para apropiarse de uno de los automóviles que les fueron asignados mientras ejercieron sus cargos, confirmó a Contracorriente otra fuente judicial.

Según la información que se nos proporcionó por parte de la fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia, la comisión que nombró la magistrada presidenta pretendía instar a las y los magistrados predecesores a que se quedaran con los vehículos más antiguos y que dejaran los más recientes, sobre todo los que fueron adquiridos en 2018, pero «no se logró». 

El 16 de agosto de 2024, Contracorriente tuvo acceso al estacionamiento de los vehículos destinados a los magistrados y las magistradas de la Corte y su seguridad, y únicamente observó dos de las 17 Land Cruiser Station Wagon que se adquirieron en 2018. El resto de los vehículos estacionados eran Land Cruiser Prado y Hilux.

Contracorriente solicitó, vía acceso a la información pública, los registros vehiculares del Poder Judicial correspondientes a 2023 y 2024, así como los números de inventario de cada vehículo y el o la magistrada responsable, a fin de que se pudiera cotejar cuáles de los vehículos que estuvieron asignados al pleno de magistrados y magistradas que presidió Rolando Argueta ya no pertenecen más al Poder Judicial y quedaron en manos de las y los exmagistrados, pero se nos negó la información.

Dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz y Milton Jiménez Puerto, atendieron a Contracorriente y se refirieron a la adquisición de nuevos automóviles para el Poder Judicial y, específicamente, la Corte Suprema.

Mario Díaz, magistrado de la Sala de lo Penal, declaró lo siguiente a través de un mensaje de texto: «No manejo la parte administrativa, pero, en mi caso particular, los vehículos que uso son de la administración anterior».

Por su lado, el magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto, aseguró que algunos de los automóviles que conforman la actual flota han reportado averías y otros problemas mecánicos.

«Sé que había problemas con los vehículos; algunos se entregaron en muy mal estado, y otros fueron llevados por los magistrados anteriores, con lo que yo no coincido, pero así está establecido. Cuando se fueron, se llevaron los mejores carros y se ha tratado de recuperar algunos, los que tienen mayor seguridad», dijo Jiménez Puerto.

El magistrado declaró que él tiene asignado un automóvil del año 2014 y que se encuentra, dijo, «un poco maltratado». «De hecho, el vehículo iba en marcha y de un momento a otro se paró, y no sabemos qué ocurrió. Se llevó a un taller y hasta el momento no se nos ha dado un diagnóstico. Sé que lo mismo les ha ocurrido a otros magistrados», agregó.

Milton Jiménez Puerto concluyó que no está en contra de que se adquieran nuevos automóviles, pero sí de que se cometan abusos con «bienes que pertenecen al Estado». 

El cierre masivo de oenegés perpetrado por el régimen Ortega-Murillo ha cortado de un solo tajo a otras 1500 organizaciones, para un total de 5163 entidades disueltas desde 2018. El golpe es total para las zonas vulnerables donde el Estado no brinda asistencia y miles de niños y jóvenes nicaragüenses sufren ya las consecuencias. Un análisis realizado por Redacción Regional y DIVERGENTES arroja que cerca del 16% de las entidades canceladas corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, lo que agrava aún más la calidad de una educación precaria y partidarizada, en un país con una de las desigualdades más marcadas de Centroamérica

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

Era temprano, quizá las 6:40 de la mañana del 12 de junio. Álvaro no recuerda muy bien la hora, pero sí la angustia que sintió cuando se enteró que su centro de estudios había sido clausurado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El WhatsApp estaba lleno de mensajes de sus compañeros del técnico de refrigeración. En los grupos compartían la misma noticia: que la Fundación Hedwig y Robert Samuel ya no podría seguir funcionando por “presentar inconsistencias en los estados de cuenta sin aclaraciones”. 

El Ministerio del Interior (MINT) ordenaba no sólo la disolución de la oenegé, sino la confiscación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El joven leía con desconsuelo. “¿Y mi beca? ¿Y mi futuro, mi vida?”, comenzó a preguntarse. 

Preguntas bien complejas para un joven de 18 años, originario de un barrio pobre de Managua, pero que por razones de seguridad pide no mencionar, al igual que su nombre real. Álvaro está indignado por varias razones. La primera porque siente que le arrebataron la posibilidad de quejarse, de expresarse. Y la segunda porque esta oenegé era la esperanza más palpable para evitar un “futuro desgraciado”. Su familia es humilde: su papá es mecánico y su mamá tiene trabajos esporádicos limpiando viviendas ajenas. Con poco lo mantienen a él y sus dos hermanos. De modo que el técnico que le ofrecía la organización era la vía más rápida para aportar económicamente a su hogar.

“Yo cursaba los primeros meses del técnico. El curso regular duraba un año y seis meses… y era salvaje (maravilloso) porque no solo era salir del curso como técnico calificado, sino que pasaba casi todo el día en la Fundación: me daban la comida, los uniformes y hasta el pasaje para ir a las clases y volver a la casa”, narra Álvaro

Confiaba en que se graduaría en menos de siete meses y se sentía aliviado porque, aparte de todo el acompañamiento de la beca, la Fundación Hedwig y Robert contaba con una bolsa de trabajo para ubicarlos en empresas nicaragüenses. “En el 90% de los casos graduados, vos te quedabas laborando”, dice el joven, basado en la experiencia de sus amigos. 

Alumnos del técnico de mecánica automotriz de la clausurada Fundación Hedwig y Robert en Nicaragua. Foto tomada de redes sociales.

Pero la decisión del régimen, ejecutada por el MINT, no sólo ha estrellado los sueños de Álvaro y sus compañeros de la Fundación Hedwig y Robert, sino el de miles de nicaragüenses que recibían ayuda de las más de 3500 oenegés clausuradas por el gobierno sandinista hasta abril de 2024, como parte de su política de erradicar las voces críticas e imponer un control total en la sociedad iniciado en 2018, tras las protestas sociales

La Fundación Hedwig y Robert creada en Alemania en 1932 funcionaba en Managua desde principios de los años noventa, después de la derrota de la revolución sandinista en las urnas ante la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Funcionaba en la Colonia Unidad de Propósito en Managua. En la fundación laboraban 18 personas y en el año 2022 se graduaron de sus programas técnicos 94 de 102 jóvenes matriculados. En los siguientes seis meses, la dirección de la oenegé colocó en puestos de trabajo a 88 jóvenes, un 94% de la promoción. 

Al margen de las confiscaciones de inmuebles de organizaciones no gubernamentales, el cierre de oenegés fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo a un análisis de libros contables de 600 oenegés confiscadas realizado por el investigador del Diálogo Interamericano Manuel Orozco, el país dejó de percibir en materia de donaciones 580 526 614 dólares.

Al analizar el impacto del cierre de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSLF) entre 2018 y 2022, Orozco encontró que solo la cancelación de las primeras 53 significó unos 200 millones de dólares en pérdidas, sin incluir a las oenegés internacionales. Luego, el investigador seleccionó los perfiles de 600 OSLF similares a las primeras canceladas y calculó la cifra de 580 526 614 dólares en pérdidas. 

“La terminación de mil organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 500 estaban activas regularmente es otro acto contra la libertad de asociación por parte del régimen”, plantea Orozco en un informe presentado en el Diálogo Interamericano. 

“Muchos grupos vulnerables han quedado aún más desprotegidos y se da una fuga de recursos humanos calificados de las OSFL. Estas organizaciones estaban trabajando con compromiso en proyectos de desarrollo social muy necesarios, la mitad de los cuales estaban relacionados con educación”, añade. 

Orozco insiste que las pérdidas materiales en un país donde la mayoría de niños tienen pocas oportunidades y el nivel educativo promedio está por debajo del cuarto grado ascienden a por lo menos 200 millones de dólares al año, excluyendo la expulsión de 56 organizaciones internacionales sin fines de lucro,  que afectan a casi un millón de beneficiarios. 

Uno de esos beneficiarios es Álvaro. Quedó en el limbo y ahora ayuda a su papá en el taller mecánico, sin paga, y eso lo hace sentir desesperado. Siente que todavía no aporta económicamente lo que su familia necesita. Si bien el Gobierno ha fundado algunas escuelas técnicas en los inmuebles de las oenegés confiscadas, él dice que no se siente a gusto con la educación que brinda el Gobierno. Cuando le pregunto por qué, no sabe responder. Sólo dice que “no le gusta”. A secas. Más bien ha pensado en el Parole humanitario para migrar a Estados Unidos, pero no ha encontrado un patrocinador que lo pida (el programa fue pausado a inicios de agosto de 2024 por la administración Biden) . El futuro sin desgracia que tanto deseó sigue en el limbo.

Oenegés educativas las más golpeadas

La escuela de la Asociación Familia Fundación Fabretto, cerrada por el régimen de Daniel Ortega en el municipio de Madriz. Foto de Divergentes.

Un análisis realizado por Redacción Regional arroja que de las más de 3 500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta finales de julio de 2024, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13.5% gobernabilidad, 11.18% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros. Al investigador Orozco le alarma que las organizaciones con fines educativos sean las más perjudicadas. 

Pero la cacería del régimen no tiene distingos y el impacto no deja de maximizarse. Este lunes 19 de agosto, la pareja presidencial dio uno de los golpes más contundentes a las oenegés: cancelaron 1500 entidades de un solo tajo. En total, suman 5163 las organizaciones disueltas desde 2018. El oficialismo las acusa de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”, un argumento recurrente en esta política estatal de suprimir toda organización que esté fuera del control del régimen. 

De las nuevas 1500 oenegés decapitadas, la mayoría son evangélicas y católicas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecución religiosa en el país, en especial contra el catolicismo. Si bien los líderes de las iglesias evangélicas han sido cercanos al Gobierno, en los últimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a través de la disolución de sus oenegés. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, médicos, indígenas, deportivos, de atención a excombatientes, asociaciones de abogados y otras más de carácter educativo.

“El impacto es real, pero es difícil de medirlo porque las oenegés en educación hacían un rol complementario, no suplementario en Nicaragua: como alimentar a los alumnos, apoyar y capacitar a los maestros. Estas organizaciones tenían muchas certezas de las debilidades académicas de los chicos, pero aún así no se conoce bien el retraso educativo en el país”, dice Orozco. 

Nicaragua, después de Guatemala, es uno de los países de Centroamérica que menos invierte en educación, con apenas 4.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en todos los niveles educativos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

A falta de información oficial fiable, el último dato sobre la inversión en educación que se conoce de Nicaragua es de 2021. Ese año el régimen Ortega-Murillo disminuyó la inversión en ese rubro en 0.65% respecto a 2020. En 2021 se destinaron para educación 20 mil millones de córdobas, es decir 571.9 millones de dólares. Es decir que se invierten menos de 70 dólares per cápita. 

El recorte tuvo que ver con la baja en las recaudaciones provocadas por la primera oleada de la pandemia de Coronavirus. Lo irónico es que desde las protestas de 2018, y aún con la pandemia encima, mientras se recortaron gastos sociales, el régimen aumentó el presupuesto a la Policía Nacional, una institución señalada por organismos de derechos humanos de reprimir a los jóvenes y cometer graves violaciones a los derechos humanos. 

La escasa prioridad, sin embargo, es histórica.  A pesar de que el régimen sandinista presume como “prioridad la educación”,  en la última década, desde que Ortega está en el poder, la inversión en educación nunca ha sobrepasado el umbral del 4% del PIB. Esta baja inversión mantiene al sistema educativo bajo recurrentes carencias, en específico en infraestructura en mal estado y una crisis de calidad educativa.

Las escuelas públicas, así como los libros de texto, están repletas de propaganda de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto de Carlos Herrera | Divergentes.

Es por eso, plantea una experta en educación bajo condición de anonimato, que debe alarmar este cierre de oenegés vinculadas a la educación. “Si Nicaragua fuera un país en donde el Estado asume todos los costos vinculados a una educación de calidad, el cierre de oenegés sería relativamente irrelevante. Pero en un país donde la educación no solo no cumple con los estándares mínimos de calidad requeridos para sobrevivir en el mundo actual, es decir lo que tiene que ver con los aprendizajes fundamentales, tampoco hay los que se necesitan en el marco del inicio de la cuarta Revolución Industrial”, asegura. “Estamos en un proceso donde cada vez más se está automatizando el trabajo, en donde las habilidades requeridas por las personas en formación son diametralmente opuestas a las que plantea el currículum”.

La experta en educación, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas, sostiene que los maestros no sólo no cuentan con material didáctico adecuado para impartir clases, sino que en la mayoría de los casos son producto de un mismo sistema educativo con falencias. 

“A eso habría que agregarle lo que las familias invierten para que sus hijos vayan a clases. Las familias invierten más que el Estado en ese sentido. Hay muchos lugares, como el Caribe, donde el Ministerio de Educación no tiene cobertura. Entonces, en ese marco de carencias, las oenegés suplían la labor del Estado. Pero ahora, al no existir esas organizaciones, entonces la población queda en un total abandono”. 

En el caso de la Fundación Fabretto en San José de Cusmapa, la población intentó impedir la confiscación de la escuela. Sin embargo, la policía arremetió contra ellos. “Es una puñalada al corazón, tocaron lo más sagrado de este pueblo”, dijo una de las madres de familia. 

La organización fue cancelada supuestamente por incumplir con la entrega de informes financieros al departamento de Registro y Control del Ministerio de Gobernación. Al momento del cierre, Fabretto tenía bajo su administración ocho centros educativos ubicados en Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Atendían a más de 40 000 niños, niñas y adolescentes, ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de los beneficiados y romper el círculo de la pobreza en el que vivían.

Tasa de escolaridad y los más pobres 

Dos niños asisten a un colegio en una remota localidad del Caribe Norte de Nicaragua. Foto de Divergentes.

Expertos plantean que la educación en Nicaragua y en toda Centroamérica no es garantía de movilidad social y es además un ámbito donde se heredan desigualdades. Estimaciones recientes del Reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina para 2022 demuestran que, mientras que la proporción de hijos que logran completar la educación primaria a pesar de que sus padres no la terminaron aumentó gradualmente, superando el 70% para los nacidos en la década de 1990, la tasa de éxito en la educación secundaria en situaciones similares fue apenas del 42%. 

“En América Latina y el Caribe, las desigualdades son más marcadas en áreas rurales y hogares pobres, donde la asistencia escolar es 13 puntos porcentuales menor que en los deciles más ricos de las zonas urbanas. Estas desigualdades afectan las oportunidades laborales y el acceso a empleos de calidad. El cierre masivo de ONG en Nicaragua impacta negativamente a instituciones educativas en zonas vulnerables y reduce considerablemente las posibilidades de estas personas para superar la pobreza y la precariedad”, dice Gloria Garcia-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

El régimen Ortega-Murillo no solo ha trastocado la educación inicial, sino que ha confiscado más de 20 universidades privadas en Nicaragua. El caso más llamativo es el de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas. Los universitarios se ven obligados a estudiar en las universidades del régimen donde, denuncian ellos mismos, se ha implantado una educación superior con tintes políticos partidarios. 

Centenares de estudiantes de la UCA han decidido estudiar de manera presencial o virtual en otras universidades jesuitas de Centroamérica, mientras que otros ven en la migración su última opción de futuro. Un país en fuga: más de un millón de nicaragüenses se han ido desde 2018. Se sienten estancados en Nicaragua. 

La experta en educación consultada por Redacción Regional asegura que si se habla de estancamiento, debe hacerse desde antes de 2018 en el caso de la educación primaria. La tasa de escolaridad en Nicaragua se estancó desde 2006, sobre todo a nivel de educación primaria, cuando era del 90%. Sin embargo, en un informe presentado por el gobierno en 2013, cuando aún publicaban información, seguía en el mismo rango.  

“El Gobierno planteaba una tasa ajustada de escolaridad, porque ni siquiera era una tasa neta porque habían cambiado el indicador. Lo que nosotros estábamos viendo era un estancamiento. De modo que la parte fácil del acceso se había cumplido en el país. Quedaba la parte dura. ¿Cuál es la parte dura? La de los más pobres”, cuestiona la experta en educación. 

“Ese 10% implica un desafío para un sistema educativo que fue concebido en el siglo 17, no solo en Nicaragua, en el mundo. Pero ahora, con esta crisis y que no hay información, ¿esa tasa neta de escolaridad en cuánto estará? No sabemos, es decir, no sabemos cuál es el tamaño del problema que tenemos. Estamos ante un retroceso en el acceso y muy probablemente un retroceso en el aprendizaje. Muchos maestros me dicen que los niños y niñas están llegando a cuarto y quinto grado sin saber leer”. 

En ese contexto de educación primaria y secundaria, en noviembre de 2023, el Ministerio de Educación orientó la estrategia de “cero rojos”, es decir aprobar a todos los alumnos. “Dicen que si usamos el rojo, le estamos causando un trauma a los alumnos”, explicó en ese momento un docente que impartía clases en una escuela pública en la ciudad de Masaya. 

El rojo para marcar las notas académicas deficientes o mediocres fue prohibido en unas reuniones que sostuvieron delegados del Ministerio de Educación y técnicos de esta institución de Gobierno con los maestros, previo al inicio del año escolar 2023. “En aquel momento no le tomamos mucha importancia, pero a mitad del año la cosa fue una exigencia total”, afirmó el educador.

Lejos de prohibir el rojo porque “afecta a los estudiantes”, la orden de usar lapicero azul, explicó la alta fuente del Ministerio de Educación, busca únicamente que el plan de evaluación se cumpla a cabalidad y que las estadísticas de reprobados, que es del 7% a nivel nacional, disminuya a finales del año a 1%. “He recibido la queja de maestros que no están de acuerdo con esta política del Gobierno, pero no podemos cambiar las disposiciones que vienen desde arriba. El objetivo que tienen ellos está distante de una educación de calidad”, afirmó la fuente del Ministerio de Educación. 

La calidad de la educación en Nicaragua ha desmejorado con la llegada al poder de Ortega y Murillo en 2006, según diversos especialistas en educación. Foto de archivo | Divergentes.

En abril de este año, DIVERGENTES, que es parte de Redacción Regional, publicó una investigación que reveló por primera vez el nuevo sistema de evaluación para el aprendizaje, ordenado por el régimen sandinista a través del Ministerio de Educación, con el objetivo de que ningún estudiante repruebe, aunque “falle la mitad del año” o entregue sistemáticos o asignaciones deficientes.

En el nuevo plan, el Ministerio de Educación (Mined) optó por cambiar el sistema de puntuación. Ahora en lugar de que los maestros califiquen un examen y pongan una nota basada en los conocimientos del alumno, las autoridades educativas establecieron categorías evaluativas con un mínimo y máximo de puntos. Según el manual las categorías evaluativas son: Aprendizaje Avanzado (AA), que va de 90 a 100 puntos; Aprendizaje Satisfactorio (AS) que se puntúa de 76 a 89; Aprendizaje Fundamental (AF) que tiene como nota máxima 75 y como mínima 60 puntos, y Aprendizaje Inicial (AI) cuya nota mayor es 59 y la menor es de 45 puntos.

“Aquí está el truco. Si tomamos como referencia el puntaje mínimo impuesto por el Mined y en lugar de las categorías ponemos números, vamos a tener un 45, un 90 y un 76. Entonces la nota final sería de 76. Esa nota podría variar si fuera el profesor quien pone la calificación basado en el conocimiento del alumno, pero eso ya no lo deciden ellos”, manifestó la misma fuente, quien explicó que al quitarle al profesor el poder de calificar de acuerdo al conocimiento previo de cada estudiante, lo que se obtienen son notas ficticias.

Se incrementa la desigualdad 

Dos niños de una remota comunidad indígena de Nicaragua se dirigen a clases. Foto de archivo de Divergentes.

La experta en educación sostiene que estas falencias en la educación, sumada al cierre de las oenegés, lo que generan es más desigualdad en Nicaragua. Una hipótesis de la ilustración, dice, es que la educación es la mejor herramienta para promover la movilidad social. 

“Pero cuando esa educación no es de calidad, está reproduciendo la pobreza. Cuando quien te da clase y quien te enseña a leer es una persona que salió del mismo sistema educativo deficitario, lo que está reproduciendo son sus propios déficits. Eso ya lo sabíamos desde hace muchísimos años. ¿Qué podemos esperar, aunque no tengamos datos, de la situación de los más pobres? Es muchísimo más precaria”, plantea la experta en educación. 

“Que hay muchísimos más pobres que se retiran de la escuela por una razón de costo de oportunidad, porque si yo mando a mi hijo a la escuela, estoy haciendo una inversión grande; y si la escuela no me devuelve esa inversión, entonces prefiero no enviarlo. No sé cuánto es ese porcentaje de niños y niñas que se han retirado de la escuela, pero podemos hacer la hipótesis de que en medio del conflicto político y de crímenes de lesa humanidad que ha generado la dictadura, sumado al Covid 19 y la salida de todas estas ONG, entonces ha habido un incremento de la deserción”. 

Haydée Castillo era directora de la oenegé Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una oenegé que se dedicaba al trabajo local en varias vías: apoyo a la educación primaria y secundaria; educación técnica y empoderamiento de las mujeres. 

Castillo coincide con la experta en educación: la decapitación de las oenegés impacta las zonas más vulnerables de Nicaragua. Su organización trabajaba en el norte del país, en parajes rurales. Construían escuelas, dotaban de materiales didácticos a los colegios, repartían meriendas, y capacitaban a los docentes rurales, proporcionándoles becas para enviarlos a estudiar a universidades privadas. 

“Igualmente a los estudiantes destacados les dábamos becas para que estudiaran carreras técnicas o universitarias. Pero esto es de vieja data: ya en 2008, después que la dictadura regresó al poder, a nosotros nos impedían ingresar a los colegios que construimos. Le teníamos que entregar los útiles escolares a los niños debajo de los árboles, a la orilla de la carretera. La sede del Instituto de Liderazgo de Las Segovias fue construida con la idea de fundar la universidad de las Segovias, con carreras acordes para la zona, pero no nos permitieron”, narra Castillo, quien siempre ha sido una voz crítica contra el régimen Ortega-Murillo, pero que desde 2018 realiza su labor de activismo desde el destierro. 

La sede del Instituto de Liderazgo de las Segovias que fue confiscado por el régimen Ortega-Murillo. Foto cortesía.

El Instituto de Liderazgo de Las Segovias también promovió con cooperación de Galicia que en la currícula educativa se incluyera la historia del pueblo indígena de Mozonte, uno de los municipios más pobres de Nicaragua, compuesto por más de 6 000 personas donde la mayoría son descendientes de los chorotega. En diciembre de 2018, el Parlamento Sandinista canceló la personería del Instituto de Liderazgo de Las Segovias. 

“Entonces toda esta población quedó desprotegida, sin estos programas educativos que ni los gobiernos locales ni el nacional proveían. Nosotros coordinamos nuestros proyectos con los gobiernos locales, sin importar si eran de derecha o de izquierda, y traíamos hasta brigadas médicas con especialidades que no existían en el hospital de Ocotal y llegamos a atender casi a 10 000 personas con problemas renales y ortopédicos”, narra Castillo. “Esos eran servicios que también prestábamos a la comunidad. Lo que promovíamos era una filosofía de desarrollo, de empoderamiento comunitario. Si había que construir letrinas, nosotros poníamos una parte y la comunidad otra. O sea que la política de cerrar oenegés del gobierno ha traído un daño muy profundo a las comunidades”. 

A la luz de la experiencia de Castillo hoy exiliada, expertos señalan que estas desigualdades en materia educativa tienen implicaciones posteriores en la inserción laboral. Reducen las probabilidades de acceder a empleos de calidad y mejores remuneraciones. 

“A pesar de los avances en educación, 12 millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe siguen fuera del sistema educativo. Las ONG apoyan a los Estados y a las familias más vulnerables para que la educación sea un derecho, no un privilegio, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Excluir a los más vulnerables de los sistemas de educación perpetúa las desigualdades”, añade la directora regional de Oxfam. 

“El fin de la Sociedad Civil en Nicaragua”

Rosario Murillo y Daniel Ortega en un acto público. Foto tomada de Presidencia.

Dos días antes que Ortega y Murillo ordenaron la disolución de un tajo de 1 500 oenegés, la titular del Ministerio del Interior (MINT), María Amelia Coronel Kinloch, firmó un acuerdo ministerial el 16 de agosto, el mismo día que la pareja presidencial anunció “un nuevo modelo de operatividad de las ONG” que obliga a estas organizaciones a trabajar únicamente en “alianzas de asociación con entidades estatales”.

“El nuevo modelo de operatividad obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares”, establece un comunicado difundido por el régimen el viernes pasado. “El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas, y ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”. 

El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que “el destino de los bienes muebles e inmuebles” de las oenegés “serán traspasados al Estado de Nicaragua”. Una labor que le corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una confiscación de facto prohibida por la Constitución Política. Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreció en mayo pasado una aproximación muy inicial a las afectaciones de las oenegés: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oenegés era aproximadamente de casi 8,5 millones de dólares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que establece que las oenegés establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. 

Según analistas políticos consultados por Redacción Regional y DIVERGENTES, este “nuevo modelo” les arrebata la autonomía de sus proyectos a las oenegés, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. “Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua”, dijo Félix Maradiaga, excarcelado político desterrado por la pareja presidencial.

“Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3 600 oenegés en el país”, plantea Maradiaga.

El ex precandidato presidencial sostiene que “en la mente paranoica de Ortega y Murillo”, cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intención del régimen es clara: “Sólo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica”, añade.

El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen de Ortega-Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.

“Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país”, asegura. “No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión”.

Los activistas detenidos dijeron haber sido torturados y amenazados con violarlos

En Zimbabue, cuatro activistas a favor dela democracia —Robson Chere, Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo y Namatai Kwekweza— enfrentan procesos por cargos de desorden luego de su arresto el 31 de julio de 2024, por participar en una manifestación por la liberación de otros activistas a fines de junio. Además, sostienen que fueron torturados y recibieron amenazas de violación durante su encierro, según informaron Gambakwe Media y otros medios.

En un principio, los activistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Robert Mugabe en Harare, los hicieron bajar de un avión que iba a una conferencia para una sociedad civil panafricana en Victoria Falls.

La Federación Internacional en Derechos Humanos informó que los cuatro activistas “se presentaron ante la Corte de Harare debilitados y adoloridos, y de acuerdo con sus abogados, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su arresto”.

Estuvieron detenidos ocho horas antes de ser transportados a custodia policial. La Fundación Kofi Annan condenó el acoso, la intimidación y la persecución de estos defensores de la democracia y los derechos humanos, y exigieron a las autoridades que respetaran el debido proceso legal.

Estamos profundamente preocupados por los informes de que Namatai Kwekweza, ganadora del Premio Kofi Annan a la Democracia NextGen, fue detenida por los servicios de seguridad en Harare. Hacemos un llamado a las autoridades de Zimbabue para que confirmen su paradero y expliquen qué cargos se le imputan. Sin cargos, Namatai debería ser liberada inmediatamente.

Enb una publicación de X (antes Twitter), la Fundación Kofi Annan expresó su gran preocupación sobre este caso, en especial porque Namatai Kwekweza es ganadora del premio premio Kofi Annan a la Democracia NextGen. Exigen a las autoridades de Zimbabue que revelen los detalles y aclarar los cargos que pesan sobre la activista.

El medio sudafricano SABC News informó que el ministro de Asuntos internos y Herencia Cultural, Kazembe Kazembe, respondió a las reacciones tras el arresto:

Déjenme desmentir categóricamente esas percepciones erradas de que la presencia de la comunidad internacional en el país presenta una oportunidad de remediar el daño en la reputación del país sin ninguna consecuencia. El grupo de seguridad sabe de las reuniones secretas dentro y fuera del país de quienes fomentan la desobediencia civil. Ya sabemos sobre las personalidades y las instituciones que enfrentan; también sabemos quiénes los apoyan económica y logísticamente y que han establecido su manera de actuar.

El doctor Musa Kika, abogado constitucional que ocupo el cargo de director ejecutivo de la ONG foro Zimbabwe Human Rights, explicó a Global Voices en una entrevista de WhatsApp que “Zimbabue es una pantalla democrática represiva y es común que a opositores y organizaciones civiles los repriman por sus actos».

El doctor Kika también dijo que el presidente Emmerson Mnangagwa es “paranoico” sobre las acciones opositoras críticas al régimen y en defensa de la democracia, y que los cuatro activistas representan a la campaña joven y energética a favor de la democracia. “El Estado tiene una gran paranoia y piensa que al arrestar y acusar ea estos líderes juveniles están enviando un mensaje a los demás», afirmó.

La situación política actual de Zimbabue está marcada por violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y la represión a las voces opositoras, Mnangagwa asumió al poder en noviembre de 2017, luego del golpe militar que derrocó al líder de la independencia, el presidente Robert Mugabe. Mnangagwa es el tercer presidente en los 44 años de independencia del país. Aunque muchos lucharon contra el régimen de Mugabe, el liderazgo de Mnangagwa no introdujo las mejoras que la sociedad esperaba. Su gobierno enfrentó las críticas por mala gestión de la economía, corrupción y abusos contra los derechos humanos.

A pesar de las promesas de reformas, la situación económica empeora, con altos niveles de inflación, desempleo y pobreza. Las tensiones políticas continúan, en especial entre el partido oficialista ZANU-PF y la opositora Alianza del Movimiento por el Cambio Democrático, que alega sobre las irregularidades electorales y la supresión de las disidencias.

De acuerdo con el doctor Kika, parte de la comunidad internacional continúa observando de cerca a Zimbabue, exige reformas democráticas y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, los aliados de Zimbabue, China, RusiaIránSudáfrica y Bielorrusia, continúan enviando armasequipos de sobrevivencia, y apoyan la legitimidad política. En recompensa, el régimen garantiza a estas naciones beneficios para sus industrias extractivistas.

El doctor Kika dijo que las instituciones estatales, como el Parlamento, el Poder Judicial y el cuerpo de seguridad estppan capturados bajo un servicio que se subordina a los intereses ejecutivos:

Esto explica por qué los agentes de inteligencia pueden actuar con impunidad como hicieron con Namatai Kwekweza y otros, y el sistema judicial puede ordenar procesar casos penales que sabemos que no tienen mérito.

Como informó AP, la cumbre Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC) estaba programada en Harare el 17 de agosto. Durante esta cumbre, se preveía que Zimbabue asumiera el liderazgo del bloque regional SADC.

En este contexto, el doctor Kika expresa su preocupación sobre “muchos prisioneros políticos, incluidos líderes opositores, que enfrentan juicios, y a quienes les han negado la libertad bajo fianza en modo que los expertos en leyes consideran injustificables». Explicó que los cargos por desorden público (cargos que enfrentan los cuatro activistas recién encarcelados) están en un grupo de acusaciones que el régimen de Zimbabue aprovecha abusivamente. Otros cargos son disturbios públicos, divulgación de información falsa perjudicial para el Estado y reuniones no autorizadas. Añade:

Usualmente, los juicios se prolongan para hacerlos más costosos, y no llegan a ninguna sentencia, en caso de que comenzaran. La intención del estado no es la sentencia en sí, más bien busca castigar a los activistas mediante detenciones arbitrarias. Otros han sido sentenciados y forzados a iniciar procesos de apelación que luego revocan sus sentencias.

Las misiones diplomáticas en Zimbabue y algunos representantes de Naciones Unidas, como el relator especial para la protección de los defensores de los derechos humanos, han condenado este arresto y persecución. Como afirma el doctor Kika:

“Probablemente, tenemos razón de decir que la presión local e internacional contribuyó a su liberación luego de pasar ocho horas a merced de la Policía. Antes, los activistas desaparecieron de tal manera que nunca más se les encontró, o se les encontró sin vida».

Fotografía y texto: Fernando Destephen

Ledenia Navas, de 44 años, está de pie frente a lo que alguna vez fue la entrada de su hogar, en el barrio Miguel Yánez, de Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. Observa a cuatro de sus familiares mientras cargan las láminas de zinc de su casa, que ahora debe abandonar debido a una falla geológica que provoca el deslizamiento de tierra en ese sector, que afecta los barrios Miguel Yánez y Las Lomas, dos barrios divididos por una acera, también destruida, lo que ha obligado a evacuaciones de emergencia.

Ledenia cuenta que desde hace nueve meses las autoridades tenían conocimiento del problema en el terreno, pero no hubo una acción de evacuación preventiva. La normalidad de los barrios se ve alterada por unas casas destruidas y abandonadas, mientras que en otras, las camas y los electrodomésticos están afuera esperando la mudanza obligatoria.

La Corporación Municipal de Villanueva declaró la zona inhabitable y no edificable, explica Karen Cruz, coordinadora del Comité de Emergencia Municipal (Codem). Agrega que en promedio son unas 250 familias en la zona, unas 70 evacuadas, las más afectadas, y se proyecta que la falla afectará unas 200 viviendas más. Esta proyección se contempla en un estudio geológico que se realizó durante dos años en conjunto entre la municipalidad de Villanueva, Goal Internacional y los comités de emergencia locales, dice Karen, y eso sirvió al menos para tener rutas de evacuación y puntos de encuentro.

De parte de la municipalidad ya está en marcha un plan para reubicar a los afectados para darles «una vivienda digna, porque hasta los momentos las familias lo que han hecho es evacuarse a zonas más seguras o donde viven su familia», detalla Cruz. Agrega que se están elaborando fichas económicas «a nivel general, y hemos tratado de clasificar y encontrar a estas familias que son las que alquilan y no tienen cómo pagar ese alquiler (…) se les va a dar a través de la alcaldía un apoyo a sus gastos económicos».

Parte de un acceso peatonal en el barrio Las Lomas, afectado por la falla geológica. Villanueva, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Elmer Gómez, de 38 años, es el presidente del patronato del barrio Las Lomas. Asegura que desde noviembre de 2023 inició el deslizamiento, aunque de forma gradual, lo que Gómez agradece, porque ha permitido al menos las evacuaciones, pero teme que cuando inicien las lluvias el problema empeore. Cuenta que el alcalde fue a la zona y les prometió un plan de reubicación en Villanueva, pero sin dar una fecha aproximada de entrega o una ubicación.

Mientras gradualmente el cerro ruge y se traga las casas, destaca una señalización en la calle de acceso que advierte del peligro de construir en ese suelo no urbanizable.

Una investigación publicada por Revista Factum revela que una cadena de fallas y violaciones a la ley desencadenaron en la muerte en prisión del asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, quien fue víctima de negligencia y descuido mientras estuvo hospitalizado y bajo custodia del Estado. Factum comprobó que su captura fue irregular; que la Fiscalía usó pruebas débiles en su contra; y que antes de ser capturado, Muyshondt había alertado al presidente y denunciado indicios de corrupción y vínculos con el crimen organizado en el primer Gobierno de Bukele.

El documental titulado «Muyshondt: 182 días antes de su muerte» es el resultado de seis meses de investigación periodística. Factum tuvo acceso a videos inéditos de las últimas semanas de Muyshondt previo a su captura, a una copia de su expediente clínico y a cartas firmadas y enviadas por el asesor a un senador estadounidense y al mismo Bukele para denunciar corrupción en el Gobierno de El Salvador.  

Muyshondt fue detenido el 9 de agosto de 2023, un mes después de haber acusado a un diputado de Nuevas Ideas de vínculos con el narcotráfico. En el expediente clínico constan sus últimos seis meses de vida bajo custodia del Estado. El asesor de seguridad, según esa documentación, murió con un cáncer gástrico, contaminado con bacterias hospitalarias y después de haber sufrido un accidente cerebrovascular y haber sido sometido a cuatro cirugías cerebrales. 

Otra revelación de este documental es que el asesor de Bukele envió cartas firmadas y selladas, en las que advertía posibles casos de corrupción en el Gobierno para el que trabajaba. Una de las más reveladoras, con fecha 12 de marzo de 2021, iba dirigida a Angus S. King, senador de los Estados Unidos, y en ella figuran nombres como el del exdiputado de GANA, Guillermo Gallegos. Muyshondt también denunció que el gobierno no tenía interés en combatir el crimen organizado ni el narcotráfico. 

«Me metí en política hace unos 10 años, un poco idealista, un poco ingenuo… Intenté ponerme en contacto con el embajador de Estados Unidos (Ronald) Johnson el año pasado, no tuve éxito… Mis intenciones al contactar con el embajador Johnson eran hacerle saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción, la actividad narcotraficante o la lucha contra el crimen organizado», escribió Muyshondt en su carta.

Factum revisó 1200 páginas que evidencian que el Gobierno de Nayib Bukele violó leyes nacionales y tratados internacionales de atención a personas privadas de libertad. Mientras Muyshondt estuvo hospitalizado, y aun cuando estaba completamente sedado, el Gobierno lo mantuvo con grilletes en su camilla. 

El expediente clínico también revela una serie de incoherencias. El personal de salud del Hospital Saldaña, donde estuvo ingresado, nunca lo identificó como Alejandro Muyshondt, si no como Jorge Álvarez, sus nombres menos usados. Médicos consultados dijeron a Factum que el expediente evidencia carencias de protocolo fundamentales.

Las pruebas que usó la Fiscalía General para sostener la acusación contra Muyshondt en los juzgados son las copias simples de dos páginas web: Última Hora y La Huella, la primera de un socio del jefe de fracción de Nuevas Ideas  y la segunda de un empleado de Gobierno; así como publicaciones de Twitter de cuentas no verificadas y a un testigo que supuestamente llegó a presentar pruebas por voluntad propia.  

Los videos del momento de su captura, inéditos hasta ahora, también revelan otra cosa atípica: el asesor fue detenido en un vehículo particular y no en una patrulla policial, como ocurre en otros casos.

Abigail, de ocho años, sueña con tener un mazo para romper el cerrojo de la celda de su padre. Su hermana Sofi, de cuatro, dibuja aviones sin alas. Socorro trabaja en el bar de su colegio durante los recreos. Todas son parte de los hijos e hijas de los presos políticos del régimen Ortega-Murillo. Divergentes y Redacción Regional accedieron a un informe de la Unidad de Defensa Jurídica que detalla el impacto de la prisión política en los menores de edad: traumas, depresión, ira y sentimientos de abandono.

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

Abigail temblaba de manera incontenible al ver a los policías: había tantos oficiales dentro de su casa rebatiendo gavetas, clósets, buscando aparatos electrónicos y dejando destrozos en su hogar… tenía un miedo que nunca había tenido en sus ocho años de vida, uno que la paralizó. Sólo temblaba y temblaba, frágil como una patita de paloma a punto de romperse, en especial cuando los oficiales repetían, a gritos, el nombre de su papá: “¿Qué dónde estaba?” “¿Dóoooooonde?” Y a sus pies, sin darse cuenta Abigail, estaba su hermanita, la Sofi, de cuatro años; lloraba la chiquita, buscando refugio, intentando no ver a esta tromba de uniformados interrogar con rudeza a los abuelitos: a la mamacita y al papacito. Un manojo de nervios las dos niñas, asustadas frente a la violencia política de los agentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los policías les decomisaron los celulares a los abuelitos y a Abigail. El de la niña era un Xiaomi en el que practicaba inglés en la app de Duolingo, veía vídeos y hablaba con su tía que vive en el extranjero. El líder del operativo policial le envió un mensaje al papá desde el celular de la mamacita. Que por favor regresara urgente a la casa, que había pasado algo con las niñas. Un mensaje poco usual para el papá que, poco tiempo después, llegó a casa y vio las patrullas afuera. En ese momento supo que se trataba de una urgencia más allá de sus hijas. 

El papá fue reducido a golpes en el patio de la casa. Los policías lo estrellaron contra el suelo y lo esposaron. Abigail y Sofi lo vieron todo: cada trompada, cada empellón, cada grito… Una temblaba más y la otra lloraba más cuando el papá fue montado en la patrulla policial. Se lo llevaron preso por ser considerado opositor a los Ortega-Murillo y su proyecto político, una dictadura totalitaria que machaca toda disidencia, sin importar que hayan menores de edad en las escenas de las detenciones, cada vez más agresivas. 

Las hermanas no dejaron de llorar esa noche, sin sospechar que pronto perderían a su madre. La mujer fue al siguiente día a preguntar por el paradero y la situación de su esposo, pero en vez de encontrar respuesta fue arrestada. La pareja fue detenida durante el primer trimestre de 2023 por el activismo político que realizaban en redes sociales. Desde esa fecha, las niñas quedaron bajo el cuidado de los abuelos. Una orfandad de facto que la prisión por razones políticas impone a la niñez y genera severas afectaciones, sobre todo emocionales. 

Hasta el 30 de junio de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reporta 147 reos de conciencia en Nicaragua (en agosto aumentaron a 151). De ellos, al menos 36 son padres de familia. Un informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) revela que esas 36 personas tienen 69 hijos menores de edad. El informe mide el impacto de la prisión política en los hijos e hijas de los presos políticos a través de entrevistas cerradas. 

La muestra analizada por la UDJ es de 37 menores de edad, incluidos adolescentes. El 35% de ellos presenciaron las detenciones violentas de sus progenitores. Como Abigail y Sofi. Por motivos de seguridad recurrimos a seudónimos para hablar de estas hermanas y su familia. En menos de 24 horas, las dos niñas se quedaron sin papá y mamá. Hasta la fecha de este reportaje, la orfandad forzada de ellas se ha extendido más de un año. El llanto, como primera etapa del trauma, todavía sigue allí. Con más latencia en Sofi. Cuando no llora, la pequeña tiene episodios de desesperación. Busca a su mamá y a su papá, pero no los encuentra. 

Los familiares de Sofi me cuentan que suele preguntar, casi a diario, cuándo van a volver sus padres a casa. La consuelan, pero a esa edad el consuelo deja de sosegar cuando los días transcurren y ella va entendiendo –como lo entendió Abigail desde el día de los arrestos– que papi y mami están presos y condenados.

 “Yo soy una niña triste”, suele decir Sofi después que visita a sus padres en prisión. Las esporádicas visitas familiares concluyen con el llanto desconsolado de las hermanas. Cuando Sofi se tranquiliza, como la tarde que hablé con la familia, después que salieron de un encuentro en el Sistema Penitenciario de mujeres, la niña está calladita, desconectada de su alrededor, desorbitada y con los ojos aún aguados. Está siendo –pienso sin decírselo a la familia– lo que dice ella que es: una niña triste. Me pregunto –también sin decírselo a la familia–, ¿así se ve la tristeza a los cuatro años de edad? 

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Quizá Sofi responde por sí misma con trazos, en el dibujo que el psicólogo le pidió hacer para el informe de la UDJ: está ella, Abigail, papi, mami, la tía, la mamacita y el papacito. Todos tomados de la mano. La familia sonríe. Pero algo pasa de pronto: un trazo se torna caótico, rebota de arriba a abajo, zigzaguea encima de sí mismo y, por momentos, se vuelve un borrón atropellado. La familia y sus sonrisas se esfuman de la hoja. Aparece un avión sin alas y un bus con tres ruedas. ¿Están todos ellos dentro del avión? ¿En el bus que las lleva a las prisiones para las visitas familiares? ¿Dónde van? ¿Huyen? ¿Dónde se fueron? ¿Qué quiere decir Sofi? 

El psicólogo analiza el dibujo de Sofi: “Se observa necesidad de afecto y pertenencia familiar; deseos de fuga, ira contenida, evasión de la realidad, duelo y sentimientos de abandono”. Sofi sufre una “reacción depresiva”. Una depresión a los cuatro años de edad. 

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Lo más difícil son los cumpleaños. Abigail los resiente demasiado. Celebró sus ocho años con sus padres en prisión cuando les permitieron las visitas familiares. Aunque a mamá la puede abrazar en el penal de mujeres, con papá es diferente: no lo puede tocar, porque no está permitido en la cárcel La Modelo. Sentir el tacto de tus padres es primordial durante la primera infancia. Abigail me cuenta que ha tenido “ganas de llevar un mazo para pegarle” a los policías y al candado de la celda para que su papá pueda salir de ahí. Para así poder abrazarlo, que él le diga feliz cumple, mi niña… Me conmueve porque es de contextura grácil. No creo que se aguante un mazo con facilidad. Lo único que ella pudo llevar a la cárcel fue una pequeña tortita para cantar un “happy birthday”, y fue partida bajo la mirada inquisitiva de los custodios. 

La UDJ asegura que, además de los cumpleaños, los hijos de los presos políticos se han perdido otros momentos importantes en su infancia: “24.32% de los menores ha tenido graduaciones escolares sin que su padre y/o madre encarcelada haya podido haber presenciado el acto por estar en prisión. En ese sentido, una de las principales afectaciones de la niñez a causa de la separación familiar por la prisión política se da en su salud mental”. Una mella que Abigail ya resiente de varias formas, empezando no sólo por su cumpleaños, sino el de Sofi, el de su mamá y su papá. Todos los cumpleaños familiares que ha vivido separada de sus padres. 

Abigail extraña los cumpleaños en familia y los paseos que sus padres les daban para continuar la celebración. Solían ir a la playa o a Managua, la capital. Ella cumplirá nueve años en septiembre próximo y, desde meses antes, ha dicho que ya no quiere cumplirlos. No quiere partir, por separado, otras dos tortitas en La Modelo y en la cárcel de mujeres La Esperanza. No quiere otro cumpleaños sin sus padres. No quiere esperar tantas horas para poder ver a mamá y a papá. No quiere que esos tipos y tipas mal encaradas de las cárceles la registren, que husmeen las tortas… No quiere. 

Las visitas para los familiares de los presos políticos son tediosas: son hostigados todo el tiempo, revisados –en algunos casos hasta en sus partes íntimas– y chantajeados por los custodios, quienes no les permiten estar a solas con sus seres queridos. Para los menores de edad no es distinto. El informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) sostiene que más del 50% de los menores de edad analizados han sido sometidos, al menos una vez, a largas horas de espera en los penales previo a los encuentros. 

“Ningún hijo e hija de personas presas políticas en Nicaragua puede verles por más de una hora una vez al mes en la prisión. Las visitas familiares se dan rodeados de custodios que se colocan con sus armas a manera de intimidar a escasos metros del encuentro familiar para anular la privacidad de los encuentros”, denuncia el informe de la UDJ. 

“Durante el encarcelamiento arbitrario de sus progenitores, 13.51% de los menores no han podido visitar a su referente detenido debido a que las autoridades estatales se lo han negado y otros, el 35.14%, no los han visitado por motivos personales (…) La mayoría de ellos que sí han logrado una visita familiar lloran desconsoladamente al despedirse en las visitas. Incluso, uno ha llegado a agarrarle el pelo a su madre para no dejarla”. 

Abigail no ha llegado a tanto, a colgarse del pelo de su mamá tras concluir la visita familiar. Pero sí sucede algo con su propio cabello: ya no quiere peinarse desde hace muchos meses. “Le entra angustia después que se baña porque no está su mamá”, me cuenta uno de los familiares de la niña. “No deja que nadie la peine y apenas se hace una cola. Cuando le pregunto por qué ya no se quiere peinar como antes, me dice que no, porque su mamá la peinaba y le decía que linda que quedaba… pero que ahora no tiene mamá que le diga eso, que queda linda peinada”. 

Durante el encierro de sus padres, Abigail dejó de hablar mucho. Su lado dicharachero se fue. Tanto en casa como en la escuela. En casa contaba lo que había estudiado en el colegio, cómo había salido en las calificaciones, lo que había hablado con los amigos o enseñaba las fotos con ellos en el recreo. Era una niña muy animada. Pero ahora está retraída, en un silencio que usualmente lo rompe con una actitud rebelde hacia los abuelos que la cuidan. En el colegio es lo mismo: se ha apartado de los compañeros y su promedio de calificaciones ha bajado de 98 a 80%. Y sigue bajando. Abigail está deprimida, asegura su familia. 

El informe de la UDJ ha identificado que 67.57% de los menores de edad analizados no solo suelen llorar constantemente por todo lo relacionado a la detención arbitraria de sus progenitores, sino que 8.11% han tenido pensamientos suicidas. Además, un adolescente ha caído en drogadicción tras las diversas afectaciones causadas por la captura arbitraria de su referente. “43.24% de los menores han requerido atención psicológica o psiquiátrica por los daños a su salud mental ocasionados por la situación de injusticia”, plantea la organización que trabaja desde el exilio. “Este número podría ser aún mayor, pero muchos familiares no tienen el tiempo o el dinero para llevarlos al psicólogo”.

Abigail sabe que su mamá fue condenada por la justicia Ortega-Murillo. Su familia asegura que saber la condena la golpeó más. “Al principio la niña preguntó por qué habían condenado a sus papás a tantos años de prisión. Le explicamos todo, que era una cosa política, injusta… Entonces nos preguntó, si eran inocentes, como decíamos, ¿por qué seguían encerrados? No supimos qué contestarle. Entonces ahora imaginate que una niña de ocho años tiene este tipo de rezos, plegarias: todas las noches le pide al ángel de la guarda y reza un padre nuestro por sus papás y los presos políticos… Es como rara esa situación, no deberías rezar por eso a esa edad”, repara la familiar. 

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La del dibujo es Abigail. Es más explícita que Sofi, su hermanita. Ella se ha pintado llorando, en posición de angustia. En sus pensamientos, flotando alrededor de su llanto, aparecen sus padres con ella y Sofi, realizando diversas actividades: pateando la pelota, estudiando, viendo tevé… todo lo que no pueden compartir –ni compartirán– mientras sus padres sigan cumpliendo la condena política de ocho años de prisión que les impusieron los jueces orteguistas.  

El psicólogo de la UDJ analiza el dibujo de Abigail: “Se observa melancolía, dolor afectivo, ruptura del sentido de pertenencia, añoranza y duelo por la pérdida del vínculo familiar; estancamiento en recuerdos pasados, resistencia hacia el futuro, defensas psicológicas quebradas, impotencia, fatiga psíquica, necesidad de afecto, pensamientos repetitivos sobre vivencias pasadas, actitud rígida en un intento por controlar la situación interna o resistir pasivamente a las presiones del exterior. Posible estrés post trauma con concomitantes de depresión en fase crónica”.

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Don Abraham dejó varias deudas. Aunque fue apresado por la Policía del régimen de Daniel Ortega por sus posiciones políticas, los cobros siguen llegando a casa. Para los cobradores no hay reparos en estas situaciones. La esposa de don Abraham tuvo que hacerle frente a las deudas por sí sola, pero el salario de asistente del hogar en un barrio de clase media en Managua no le alcanza cada mes. Ni para la jarana ni para la manutención de los dos hijos que tiene con el preso político: Socorro de 15 y Joel de 16 años.  

Si bien para los dos adolescentes el arresto de su papá resultó un trauma bañado de llanto, lo que más han resentido es el cambio en su vida diaria, sobre todo Socorro. Desde finales de 2023 ya no tiene recreos en la secundaria. Mientras sus compañeros utilizan ese tiempo de esparcimiento, ella comenzó a trabajar en el bar de la escuela. A despachar a los alumnos que compran aperitivos. Consiguió en ese trabajo una paga de 30 córdobas diarios, unos 83 centavos de dólar al cambio oficial. Un dinero que le sirve, al menos, para movilizarse a clases, comprar alguna chivería… pero insuficiente para aportar algo al hogar.

Socorro dice que no tiene vergüenza, pero tampoco se siente cómoda con el trabajo en el bar del colegio. Simplemente está atrapada en una situación incómoda, una que por ahora no puede evadir. Aunque ha recibido un par de burlas de sus compañeros, dice que no tiene de otra, más que seguir haciéndolo. El informe de la UDJ revela que 35.14% de los hijos de presos políticos han recibido bullying en sus escuelas. Aparte de recibir burlas de que sus progenitores son “delincuentes”, el dato más alarmante es que el 24.32% de la muestra ha tenido que abandonar sus estudios producto del acoso escolar, porque les produce depresión y se combina con los problemas económicos, como sucede con los hijos de don Abraham, un seudónimo también usado por razones de seguridad. 

Por las mañanas, antes de irse al colegio, Socorro asiste a la casa donde su mamá trabaja de asistente del hogar. Allí apoya a su mamá y recibe otra pequeña paga. Todo cuenta para esta familia que dependía, en buena medida, del trabajo de don Abraham. Él por varios años fue chófer y luego se dedicó a vender pan después que, en 2015, el Ministerio de Educación le impidió el ejercicio de la docencia en el sistema público por criticar al Gobierno sandinista.

Joel ha comenzado a buscar trabajo en los talleres de autos de su barrio, pero no ha tenido suerte. Ha pensado en irse del país a buscar fortuna a otro país, quizá Estados Unidos, pero tampoco la familia cuenta en este momento con los recursos para pagar un coyote, para irse de manera irregular. Las finanzas están complicadas en casa y a eso hay que sumarle el gasto de enviarle la paquetería (alimentos) diaria a don Abraham a La Modelo (según la UDJ, t​​ener a un familiar como preso político cuesta a las familias en promedio 6900 córdobas al mes, equivalentes a 196.5 dólares americanos). 

La prisión política también impacta de manera significativa a las familias en el plano económico y, de eso, no escapan los menores de edad. El informe de la UDJ revela que 10.81% de los menores bajo estudio se vieran obligados a empezar trabajo infantil. Es decir que dejaron sus estudios o los comprometieron como Socorro. El rango de edad de estos menores oscila entre los 14 y 18 años. Adolescentes. 

“De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil puede consistir en aquellas labores que interfieren con su escolarización: privándolos de la oportunidad de asistir a la escuela; obligándolos a abandonar la escuela prematuramente; o exigiéndoles que intenten combinar la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado. Así, tras el encarcelamiento de su progenitores, las niñas y los niños probablemente han tenido que asumir nuevos roles en el hogar a fin de apoyar en las labores domésticas y en lo emocional y económico en la familia”, resalta el informe de la UDJ.

Según los hallazgos del documento, la privación de la libertad por motivos políticos ha agudizado la pobreza en las familias por la reducción drástica de sus ingresos, además de un aumento de sus gastos (visitas carcelarias, paquetería, medicinas para el recluso, gastos legales, transporte, etc.). “En otras palabras, la pobreza y el consecuente trabajo infantil que sufren las niñas, los niños y los adolescentes responden a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. La pobreza los hace más vulnerables a no ejercer sus derechos elementales consagrados en instrumentos internacionales”, plantea la UDJ.

Socorro sigue alternando lo que hace en el trabajo de su mamá y la atención en el bar del colegio. Me dice que eso no se lo cuenta a su papá, don Abraham, para que no se deprima más en la celda. “Mucho menos contarle que mi hermano quiere irse del país”, dice.  

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Los dibujos de Socorro y Joel: preguntas elementales complicadas de responder: “¿por qué esto? Extrañan a su viejo. Llueve sobre mojado para los hermanos. Corazones quebrados y remendados. 

El psicólogo de la UDJ interpreta los dibujos de los adolescentes. Para Socorro concluye: “Se observa ansiedad, angustia de separación, impotencia, déficit de energía psíquica, alto nivel de sensibilidad psicoafectivo, hipervigilancia, desconfianza. Actitud defensiva, deseos reprimidos, defensas psicológicas bajas, desadaptación social, ansiedad por todo lo que se realiza, intento para no dejarse ver, para evitar la presión de los que nos rodean y una forma de huida de personas dominantes o realidades molestas a las que no se puede hacer frente”. Para Joel lo siguiente: “Síndrome mixto ansioso depresivo en fase aguda, sin estrategia de defensas, temor a los espacios sociales, impotencia e ira contenida”.

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El informe de la Unidad de Defensa Jurídica sostiene que la vulnerabilidad de estas niñas, niños y adolescentes se potencia no solamente por sufrir sus progenitores la violencia estatal a través de la imposición de la prisión política, “sino porque esta orfandad forzada de facto aumentan la pobreza, deserción escolar, trabajo infantil, desplazamiento, drogadicción, estigmatización y discriminación en su entorno educativo y comunitario. Todo ello, apuntan expertos en psicología, genera un impacto en sus vidas a corto, mediano y largo plazo”. 

Hay algo más: durante las detenciones del papá de Abigail y Sofi, la policía no sólo decomisó celulares, sino que hasta juguetes de las niñas. Al 18% de la muestra de menores de edad documentada le pasó lo mismo: los oficiales confiscaron muñecas de plásticos, pistolas de agua, infladores, carritos, soldaditos… entre otros juguetes, inofensivos juguetes.  

Washington, 16 ago (EFE).- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación «de manera expedita» de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país.

El texto, no vinculante, fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores.

La resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que «publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral» y «respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral».

Su llamamiento se une al que también efectuaron este viernes la Unión Europea, entre ellos España, y 22 países más, en favor de la «inmediata publicación de todas las actas originales» de las elecciones y la verificación «imparcial» e «independiente» de los resultados de esos comicios, en los que según el CNE el presidente  Nicolás Maduro se impuso al opositor Edmundo González Urrutia.

La resolución de la OEA resalta también la importancia de «proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia» de dicho proceso.

Asimismo, solicita proteger las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en tales instalaciones.

Llama también a las partes interesadas a «abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano».

El Consejo Permanente apostó porque sea «una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela» respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, (…) especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y el derecho a juicio imparcial.

«Mostremos al pueblo de Venezuela que no está solo», dijo al inicio de la sesión el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora.

Estuvieron ausentes en la votación los representantes de México, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas.

«Salir de la dictadura requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme que sea clara de que no es permisible una dictadura ni un día más», dijo el secretario general de la organización, el uruguayo Luis Almagro.

En su discurso al término de la sesión, expresó su deseo de que «los esfuerzos por lograr una transición democrática den sus resultados, resultados que no han tenido hasta ahora». «Ojalá el interlocutor al lado del régimen por una vez actuara con buena fe» dijo.

Almagro hizo un llamado de atención a los integrantes del organismo: «Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados, y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia».

El pasado 31 de julio había fracasado en ese organismo panamericano con sede en Washington otra resolución que exigía la difusión de inmediato de las actas electorales.

Ese primer texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró la mayoría absoluta necesaria para salir adelante.

Rompió la votación en esa ocasión la frase que impulsaba a efectuar «una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados». En el texto aprobado ahora no fue incluida.

El Ministerio Público (MP) realiza diligencias en la Alcaldía de San Pedro Sula tras las denuncias sobre irregularidades en contrataciones. La más fuerte ha sido la interpuesta por el vicealcalde Omar Menjívar, quien denunció que el yerno del alcalde, Steve Fajardo, «tiene autoridad» y que la utiliza para favorecer a un familiar con la adjudicación de contratos para obras públicas. El alcalde Roberto Contreras, quien recientemente lanzó su campaña para la reelección con el Partido Liberal, ha dicho que está siendo perseguido políticamente por sus antiguos aliados.

Texto: Allan Bu
Foto: Contracorriente

Durante las elecciones de noviembre de 2021, uno de los ejes de campaña del empresario Roberto Contreras, ahora alcalde de San Pedro Sula, fue la promesa de una lucha frontal en contra de la corrupción, sobre todo en los contratos de construcción de infraestructura. Sin embargo, al transcurrir el tercer año de su mandato, las denuncias por irregularidades en la comuna sampedrana pululan desde distintos sectores. Incluso el Ministerio Público (MP) desde junio de 2024 está realizando diligencias investigativas en las oficinas de la municipalidad sampedrana. 

En un último episodio, el edil Roberto Contreras denunció «persecución política» en varios medios de comunicación, luego de que agentes del MP le entregaran un citatorio a su esposa Zoila Santos para que se presentara a los juzgados en Tegucigalpa, con el objetivo de rendir declaración en calidad de testigo respecto a la adquisición de una vivienda valorada en más de 10 millones de dólares. Contreras también ya fue citado para brindar declaración en calidad de «persona de interés» por el caso de la suscripción de contratos otorgados durante su administración a la empresa Sulambiente, que también se encarga de la recolección y tratamiento de la basura en la principal ciudad del norte del país. 

Y es que en el tema de las contrataciones y compras en la municipalidad hay más tela que cortar. Recientemente se conoció que a la constructora de un tío del yerno del alcalde, Steve Fajardo, se le han otorgado decenas de contratos desde el año 2022 a la fecha. Es vital aclarar que la Ley de Contratación del Estado no contempla en este caso un impedimento porque no hay parentesco entre el alcalde y el familiar de su yerno; sin embargo, el vicealcalde Omar Menjívar afirmó que claramente hay «un tráfico de influencias» en estos procesos, porque el yerno de Contreras permanece en la municipalidad, incluso asiste a las reuniones de corporación y a las sesiones de gerentes. «A raíz de unas declaraciones que di, ahora viene menos», sostuvo Menjívar. 

Documentos en poder de este medio indican que varias empresas relacionadas con Josué Fajardo, tío de Steve, yerno del alcalde, han recibido varios contratos para realizar obras públicas entre 2022 y 2024. En una de esas sociedades, Fajardo posee el 70% de las acciones, y también tuvo algún tipo de relación con otras tres empresas que ejecutan contratos de infraestructura en esta administración. Ahí aparecen Construcciones y Diseños Hernández (Hercod), Ingeniería Meca Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Inmeca) y Constructora, Distribución y Materiales de Responsabilidad Limitada (CDYM). 

Todas estas empresas cotizan en los mismos procesos de licitación y todas han ejecutado proyectos. La empresa Construcción Consultoría de Honduras (Concoh) había facturado, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, 60.4 millones de lempiras, todo en contratos de construcción en San Pedro Sula y todos asignados mediante contratación directa. 

Menjívar, antiguo aliado de Contreras, ahora convertido en una voz disidente dentro de la municipalidad, sostuvo que «ellos fueron socios», en referencia a los dueños de las empresas que cotizan con el tío de Fajardo. «Uno le vendió al otro, después aparecen los tres cotizando y son la misma cosa, se rotan», explicó Menjívar.

Contracorriente contactó al abogado Steve Fajardo, yerno del alcalde, pero este, aunque respondió de forma cortés los mensajes y pareció estar anuente a brindar su posición respecto a lo que se ha ventilado en medios de comunicación y redes sociales, siempre manifestó estar ocupado. Hasta el momento de publicación de esta nota, no había atendido nuestra solicitud de una entrevista, ya sea de forma presencial o vía teléfono.

El vicealcalde mencionó que este tipo de procesos de compra son posibles con las contrataciones directas, pues en estas se flexibilizan los controles dictados por la ley, que contempla que por compras que van desde 300,000 a un millón de lempiras se necesitan únicamente tres cotizaciones para asignar una obra. Casi todas las obras adjudicadas a las empresas ligadas a Fajardo reciben contratos que oscilan en estos valores. Cuando los montos superan el millón de lempiras es que se realiza una licitación privada, y si es superior a tres millones, la ley indica que se debe llamar a los proveedores a una licitación pública.

Centro de San Pedro Sula por la noche. Julio de 2023. Foto CC / Archivo.

Menjívar expuso que el alcalde «se jacta y dice que no es pariente (del tío de su yerno), porque la ley lo que prohíbe es darle contratos a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El tío de Steve no tiene ningún parentesco con el alcalde, entonces queda fuera de esas prohibiciones. El que no queda afuera es Steve, quien desde luego no aparece en los contratos», dijo.

Los socios
Para entender por qué Menjívar considera que hay tráfico de influencias, hay que revisar los orígenes de estas sociedades. La empresa de Josué Fajardo, tío de Steve, es Concoh; ahí posee el 70 % de las acciones y el 30 % pertenece al señor Luis Hernández, y aquí justamente empieza la trama de las sociedades. 

Hernández era también el dueño de Hercod, pero el 23 de marzo del 2022 vendió la totalidad de la empresa a la señora Olga Ávila, quien es su esposa. Hernández y Ávila, ambos ingenieros, contrajeron matrimonio el 22 de septiembre de 2018, y su boda se publicó en una nota en el diario La Tribuna.  

De esta forma, todo quedó en familia. Luis es proveedor de la Municipalidad de San Pedro Sula a través de dos empresas, pues es dueño del 30 % en Concoh y su esposa es la propietaria de Hercod, que habría facturado casi 40 millones de lempiras con la municipalidad entre marzo del 2022 y diciembre de 2023. Solo a Concoh y Hercod se les han asignado 76 contratos por alrededor de 100 millones de lempiras. 

Las otras dos empresas relacionadas son CDYM, una sociedad que fue constituida en 2019 por Josué  Fajardo (tío del yerno del alcalde) y la señora María Luisa Flores Durón, pero en marzo del 2023 vendieron sus acciones a María Toledo Amador y Victoria Raquel Molina, quienes posteriormente las vendieron al señor Malcos Morales, quien también aparece como gerente general en los contratos adjudicados por la municipalidad a la cuarta empresa en cuestión: Inmeca. Todas estas empresas cotizan y ganan contratos. 

Omar Menjívar ha denunciado que el yerno del alcalde es una persona influyente en la administración municipal. «No es cualquier yerno, es un yerno que manda. Es verdad, después de ese escándalo (sus declaraciones hablando del poder de Fajardo) se ha retirado un poco y solo viene de vez en cuando, pero él (Fajardo) está en la sesión de corporaciones, sesiones de gerentes, ahí sí toma la palabra y no es nada. Tiene autoridad», dijo el vicealcalde. 

Agregó que si alguien necesita un favor o está amenazado de despido, va y habla con Steve para que le ayude, y este hasta puede ofrecerle un traslado a otro departamento. «Si yo intervengo por alguien más rápido lo despiden», se rio Menjívar, quien tiene una relación encontrada con su antiguo socio. El vicealcalde reconoció que incluso él, que fue elegido por el voto popular, le ha pedido una intervención a Steve cuando los despidos son arbitrarios. 

Por eso Menjívar consideró que aunque el tío de Steve no es familiar del alcalde y su vínculo no quebranta la ley, lo que sí hay «claramente de parte de Steve es un tráfico de influencias, se vale de la autoridad que le ha permitido el alcalde para influenciar las decisiones sobre contratos, y claro, es fácil  con esas que son contrataciones directas; cuando son licitaciones públicas, pues hay otras empresas que participan»

Explicó que una vía para quedarse con los contratos de forma amañada y sin violar la Ley de Contratación del Estado es que «en una contratación directa se le dice a los tres que son amigos “mandame la cotización”, porque en apariencia no son lo mismo, pero en realidad sí lo son, y luego se cuelga en la página de transparencia. Por eso les digo que me parece patético eso que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública  (IAIP), eso de darle un certificado de 100 % rendición de cuentas [a instituciones]. Es una payasada porque en esos portales de transparencia ponen la información que quieren», afirmó. 

En declaraciones a La Prensa, el alcalde Contreras argumentó no saber quiénes son los dueños de las empresas que participan en las licitaciones de la alcaldía. «Yo no soy familia del señor Fajardo, soy Contreras Mendoza y él no tiene ningún contrato con la alcaldía. Yo no sé quiénes son los socios de las empresas que prestan servicios a la alcaldía y no tengo por qué averiguar quiénes son las personas naturales», se defendió. 

Contreras, quien participó como candidato independiente cuando ganó la alcaldía, pero ahora ha vuelto al Partido Liberal, reiteró que él no tiene ningún vínculo familiar con el señor Fajardo (tío de Steve), y que las acusaciones simplemente provienen de gente que está molesta porque les afectaron sus intereses: «Esto simple y sencillamente es una roncha de los que no tienen contratos y antes los tenían», sentenció. 

También contactamos al comisionado municipal Walter Banegas, exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción, quien ahora es veedor de los procesos de compra en la municipalidad. Afirmó que en estas adjudicaciones él no ha participado como observador, pero que espera que el MP lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias, y que en este caso esa institución es la más adecuada para proveer la información solicitada. 

Centro de la ciudad de San Pedro Sula, fachada de la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Julio de 2023. Foto CC / Archivo.

Para el abogado Óscar Hendrix, militante de Libre y exempleado municipal, en las municipalidad, como en muchas otras instituciones del Estado, se aprovechan de las contrataciones directas o licitaciones privadas, ya que son las menos rigurosas: «Se llega a ese punto porque no hay una planificación en el tema de compras. En ocasiones, hacer esas contrataciones con esos montos y en esos tiempos significa levantar muchos de los controles que usualmente se tienen para una contratación», dijo. 

«Vemos que no hay una planificación; esto deriva en una gestión bien accidentada, y cuando no hay organización, la transparencia es la que pasa pagando el precio. Se hace grave en términos éticos, que se escogió un alcalde que nunca antes en nuestra historia democrática había ganado por una diferencia tan grande, nunca había tenido tanta legitimidad y tantas expectativas», explicó Hendrix. 

Agregó que hasta ahora en la administración de Contreras solo se ha visto una réplica o profundización de las prácticas tradicionales que tienen a San Pedro Sula en el subdesarrollo y en la opacidad, «No vino a refrescar nada en la gestión, creo que esa es la gran decepción que sienten los ciudadanos y la sociedad civil, de que sea una extensión de lo mismo, y eso es algo realmente peligroso para la democracia porque la gente votó por un cambio, se pensó que se iba a hacer las cosas diferentes, y eso alimenta la desconfianza ciudadana que termina diciendo que todos son iguales», afirmó

Más opacidad

Hay más casos que demuestran opacidad en las contrataciones de la Municipalidad de San Pedro Sula. Para el caso, el rubro de operaciones de la empresa que maneja los ingresos municipales, que es la sociedad Megaplatinum, es la limpieza de edificios, según la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae). 

Omar Menjívar le dijo a Contracorriente que la mayoría del personal que recauda los impuestos son empleados municipales y que además, también el equipo y el sistema en el que se realizan los cobros es municipal. «Yo cuestionaba por qué no se contrata más personal por parte de la municipalidad y se rescinde el contrato. Y dicen que no, porque las condiciones en que contrata personal esa empresa no son las que se le permiten a la municipalidad, de acuerdo con la ley (prestaciones, seguro social); en cambio, estos los contratan por mes o contratos temporales»

Menjívar sostiene que la tecnología que aportó la empresa para recaudar impuestos ya es propiedad municipal, y por eso no encuentra razón para que la alcaldía pague por un servicio que perfectamente puede hacer la estructura  ya existente, pues hay gerencia financiera, tesorería, dirección técnica de ingresos y auditoría interna: «Para qué queremos una empresa que haga lo que nosotros sabemos; además, te eligen para que administremos los recursos», dijo. 

En su opinión, cuando Armando Calidonio contrató una empresa externa para el cobro de impuestos podría haber tenido sentido, porque recién había salido a luz el escándalo de la señora Ada Muñoz, quien borraba o reducía saldo a los obligados a tributar; esta fue una de las razones que le dio el alcalde Contreras a Menjívar cuando le propuso que los cobros volvieran a control de la municipalidad: «van a volver los borrones electrónicos», dijo el edil. 

La empresa renovó el contrato; en el anterior cobraba 108 millones de lempiras anuales por realizar ese trabajo, pero según Menjívar ahora cobra mucho menos. «No entiendo yo cuál es el beneficio, porque se bajó a casi la cuarta parte de lo que se cobraba, es una cantidad casi simbólica. Eso a mí me genera una sospecha de que algo extraño hay, pero no puedo asegurarlo», manifestó. 

Contracorriente también conoció los detalles de una licitación para compra de útiles escolares que fue asignada a la empresa Distribuciones Universales S.A (Diunsa), que presentó una oferta de casi tres millones más que la oferta más baja. 

Menjívar, quien denunció esta adjudicación en la red social X, explicó que en estos casos la ley indica que el contrato se le adjudica a quien haga la oferta más baja, siempre y cuando se ajusten a los términos de referencia. En ocasiones pueden adjudicar el contrato a quien oferte un precio mayor, siempre y cuando supere en calidad a la oferta más baja, pero, según él, este no es el caso en la licitación de útiles escolares, cuya calidad era igual, según él estima. 

La Ley de Contratación del Estado contempla el nombramiento de una subcomisión para que haga una evaluación técnica y de esta forma discernir asuntos de calidad. El vicealcalde considera que «estaban iguales, pero está en la ley que en situaciones así, se puede nombrar una subcomisión, que cuando se le va a adjudicar a quien ha hecho una oferta más alta, tiene que explicar por qué razón»

La evaluación técnica determinó que el proveedor elegido había «demostrado superioridad en términos de calidad». Las principales diferencias entre los proveedores fueron el logo y el diseño. «Es de apariencia, no de esencia, no tiene nada que ver con la calidad», sostuvo Menjívar.  La compra fue adjudicada a Diunsa por un valor de 16,487,910 lempiras, mientras que la oferta de Papelera Calpules S. A. era de 13,833,612 lempiras. 

En la Gerencia de Deportes hay otro caso que llama la atención. Hay tres empresas que entre noviembre y diciembre del 2023 recibieron casi tres millones de lempiras en compras de bienes y servicios. Lo que hace especial el caso es que las tres empresas, Inversiones SYM, Inversiones Cardobu e Inversiones Ayala, casi siempre cotizan juntas, y pareciera que se reparten los negocios con la municipalidad sampedrana. 

Óscar Hendrix mencionó que en la municipalidad no existe una estrategia o política contra la corrupción, y que el único lugar donde se realizó una capacitación y se inició un proceso de gestión de modelo transparente fue precisamente en la Gerencia de Deportes, cuyo gerente fue despedido justamente después de terminar con ese programa. «Luego no hemos visto ni una sola iniciativa ciudadana en ese tema. La municipalidad no tiene elementos ni prácticas de lo que es la administración moderna, como ser política de gobierno abierto, utilizar los portales virtuales, para hacerlo más interactivo y facilitar la participación ciudadana. A pesar de la gran participación que hubo en el 2021, nada de eso se trasladó a la gestión municipal», señaló. 

Roberto Contreras y Omar Menjívar en Tegucigalpa, exigiendo la inscripción de la candidatura de Contreras a la alcaldía de San Pedro Sula, en alianza con el Partido Libre. Octubre de 2021. Foto CC / Archivo.

El alcalde Contreras insiste que «ellos» (en referencia al Partido Libre, su antiguo aliado) tienen el poder, pueden utilizar todos los medios, especialmente el Ministerio Público, para inventar cualquier cosa que salga en las redes sociales, «y de ahí armarle un caso a una persona honesta, que posiblemente le tome 10 años salir de un caso de esos. Sabemos que estamos en un año político, que vienen más persecuciones, pero deberían ser más hombres para que no se metan con mi esposa, conmigo no hay problema. Ella lo único que hace es ayudar a los niños en el museo, sacar comida de nuestros restaurantes sin cobrarle un lempira a nadie», dijo en Radio Globo.

Hendrix opinó que él espera que los políticos denominados no tradicionales no se limiten a lo dictado por la ley, pues nuestro país no está tan desarrollado en temas de transparencia, y en muchas ocasiones la misma ley sirve para maquillar gestiones. En este contexto, el abogado pidió a los funcionarios públicos una transparencia proactiva, pues toda la información municipal es de naturaleza pública: «Todo debería estar en los portales, mucha información la conocemos por la pericia o el trabajo investigativo de periodistas, pero no porque esté al alcance de la ciudadanía», dijo.

«En términos concretos, más allá de palabras y discursos, no existe ni una sola acción administrativa que nos diga que hay transparencia y anticorrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula», sentenció Hendrix. 

Menjívar sostuvo que en la alcaldía sampedrana hay muchas cosas que el alcalde no las decide, ni siquiera se entera. «Él mira esto de la alcaldía como un juguete, disfruta este momento, le encanta esto de ser el alcalde y una cosa suprema. No tenía la edad madura para asumirlo, es como un capricho y lo consiguió. Lo hace feliz, pero no tiene la conciencia de lo que implica la responsabilidad de ser alcalde», afirmó

Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) asistieron a una audiencia en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Tegucigalpa. La demanda del CMDBCP contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), por vulneración de derechos y daños ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, enfrenta objeciones de la Procuraduría General de la República (PGR), que solicita el traslado del caso a los Juzgados de lo Civil.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

Representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, Colón, acudieron este viernes a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en la capital, Tegucigalpa, para una audiencia de presentación de defensas previas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en relación con una demanda contra el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).

La demanda del CMDBCP, que data de 2021 e involucra la concesión minera ASP2 en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, en manos de Inversiones Los Pinares, establece la vulneración de derechos humanos y ambientales cometida contra las y los pobladores locales por parte de Inhgeomin.

Daños en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, debido a la actividad minera de la empresa Inversiones Los Pinares. Tocoa, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En la resolución de Inhgeomin, también de 2021, se excluyó a las y los pobladores de la zona protegida como parte interesada, incluyendo únicamente a la empresa concesionaria. En respuesta, el CMDBCP presentó una demanda contra el Estado hondureño ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que continúa sin una resolución judicial.

«Cuando Inhgeomin resolvió eso, nosotras impugnamos la decisión argumentando que esa concesión minera afectará la vida de los pobladores; por lo tanto, son parte interesada y tienen el derecho humano a tomar decisiones sobre algo que afectará sus territorios», explicó a Contracorriente la representante legal del CMDBCP, Rita Romero.

Posteriormente, en 2022, la PGR comenzó a enfrentar la demanda presentada por el CMDBCP, tras ser notificada por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, elegido con polémica el 2 de febrero de ese año, delegó en el subprocurador general, Tomás Andrade, la respuesta a esa demanda.

Te invitamos a leer: El corazón destruido del Parque Nacional Carlos Escaleras sigue bajo el control de la empresa minera

En la audiencia de defensas previas, que se efectuó este viernes, la PGR argumentó que la demanda debería ser tramitada por los Juzgados de lo Civil en lugar de la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, señaló que la demanda del CMDBCP presenta vicios legales, ya que solicita la anulación de una resolución de Inhgeomin sin justificar el motivo.

Sin embargo, la representante legal del CMDBCP descartó que vayan a presentarse ante los Juzgados de lo Civil debido a que la vulneración contra la población de la zona protegida no es de índole privada, sino pública. Según la parte demandante, la PGR tiene el objetivo de que «se cierre el expediente y no se vaya a juicio».

En el cuarto piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) funcionan los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo se llevó a cabo la audiencia. Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«Hemos refutado esas dos causas argumentando que la participación de la comunidad no es un derecho privado, sino un derecho humano y debe verse en lo contencioso-administrativo. El vicio es claro: quebrantar el ordenamiento jurídico de protección ambiental y derechos humanos», dijo Romero.

El artículo 33 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo indica que una norma que quebrante el ordenamiento jurídico, incluyendo la falta de jurisdicción o competencia, el quebrantamiento de formalidades esenciales, el exceso de poder y la desviación de poder, puede ser declarada «no conforme a derecho».

La jueza que conoce esta causa puede emitir tres resoluciones judiciales diferentes: una es que se declaren las defensas previas de la PGR como válidas, declarando al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo incompetente y trasladando el caso a lo Civil. Otra opción es que el Juzgado condene a la parte demandante al pago de costas (es decir gastos legales del Estado) o que, en tercera instancia, declare improcedentes las defensas previas presentadas por la PGR y asuma su competencia jurisdiccional.

Decreto 18-2024 impide ampliaciones en las concesiones mineras 

El 6 de mayo de 2024, en el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto 18-2024, que busca recuperar y proteger la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, localizado en la zona limítrofe entre Colón, Olancho y Yoro. El decreto prohíbe nuevas concesiones mineras en esa zona protegida y ordena la restauración de áreas dañadas por la industria minera a las instituciones estatales competentes.

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El decreto reformó el artículo 1 del decreto 127-2012, publicado el 8 de octubre de 2012, que había reducido la zona núcleo del parque. La reducción fue de 217.34 hectáreas, las cuales, posteriormente, fueron otorgadas a la concesión minera de Inversiones Los Pinares, bajo los nombres de ASP1 y ASP2. Esta última concesión nunca contó con licencia ambiental.

Según información a la que accedió Contracorriente, el Ministerio Público (MP) tiene pendiente desde diciembre de 2023 un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez, socio de Inversiones Los Pinares. Pérez ha sido investigado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por delitos ambientales relacionados con la concesión minera otorgada de manera irregular por la alcaldía de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez, en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Por: Daniella Alvarenga
Portada: Persy Cabrera

Al hacer un recuento de las lecturas que he realizado durante la primera mitad del año, me di cuenta que en su mayoría son libros escritos por mujeres. 

Y esto no es del todo casualidad. A inicios de este año me propuse seguir insistiendo en leer a mujeres como una postura política. Entre esos libros se encuentra mi última lectura, El invencible verano de Liliana, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, ganadora del premio Pulitzer 2024 en la categoría de memoria o autobiografía.

En este libro, la autora plasma a través de memorias de su hermana, amigos, familiares, e incluso de ella misma, un pedazo de la vida de Lili, quien fue víctima de feminicidio a tan solo veinte años. La historia ocurre esencialmente en la Ciudad de México a finales de los ochenta. Conocemos particularmente a una Lili universitaria, dedicada a sus estudios, amigos y relaciones amorosas. 

La historia utiliza muchas herramientas para ser contada. Posee muchos elementos de una crónica e investigación periodística, y la autora los usa para narrar en forma no lineal los sucesos, en coautoría con su hermana, a través de sus anotaciones y apuntes. Nos muestra, en complicidad de los diarios y cartas de Liliana, el sentir de una mujer que apenas empezaba a ser adulta. Una mujer que quería comerse al mundo, que se enamoraba, que se divertía, se equivocaba, que ocultaba cosas y que no tenía el lenguaje para describir la violencia que la rodeaba. En fin, una humana. Es importante hacer mención de esto porque muchas veces se tiende a revictimizar a las víctimas de feminicidio con preguntas tales como «¿por qué se fue a vivir sola?», «¿por qué no terminaba con el novio?», «¿por qué nunca dijo nada?», que es también parte de la denuncia que la autora presenta en el libro.

Uno de los elementos que esta historia aborda evidentemente, es el duelo. También encontramos la reflexión de la autora sobre si acaso era demasiado tarde para exigir justicia. Desde el inicio, Cristina advierte que buscar entre las pertenencias de su hermana, buscar archivos, preguntar a sus amistades y familiares, es volver a abrir una herida, es volver a procesar el duelo de su hermana treinta años después, que al fin de cuentas siempre está y estará ahí. Porque el duelo siempre acompaña. En palabras de la autora: «el duelo es el fin de la soledad».

Considero que la autora atravesó su duelo, en buena medida, gracias a las memorias. He aquí la importancia de las palabras, de recordar, de contar historias y escribirlas. A través de las notas de Liliana podemos sumergirnos en su crecimiento, en su paso de dejar la niñez y empezar la adultez, y los cambios que hay durante ese proceso. Ese archivo de memorias le dio un poco de esperanza a su hermana, y es gracias a ellas que su historia llegará a muchos lugares del mundo.

Tampoco se puede dejar de lado la crítica feminista que se plasma en el libro, esencialmente sobre cómo, hace treinta años, el lenguaje que tenemos actualmente para nombrar las violencias no aparecía en el vocabulario de las mujeres, mucho menos en instituciones o en la vida cotidiana. Y si existía era escaso, incluso se consideraba un tabú. 

Aunque actualmente reconocer que tenemos ese lenguaje podría parecer algo vano, no lo es. Saber nombrar algo es saber que existe. Pero no basta con nombrarlo. Y es que, aunque se tengan las palabras, aceptar que como mujeres podemos ser víctimas de violencia (especialmente dentro de una relación heterosexual, como la de la historia) es muy díficil. No queremos vernos como víctimas, porque en nuestro imaginario la violencia sucede afuera, en otros contextos que no nos involucran. Sin embargo, esta historia es un recordatorio de que puede pasarle a cualquier mujer, que esa violencia sigue latente en la sociedad patriarcal en la que nos desenvolvemos. 

El invencible verano de Liliana no debe reducirse a una triste lectura sobre un feminicidio. Más bien es una reivindicación de la lucha de muchas mujeres (no solo feministas), que nos permite hoy en día hablar con ese lenguaje capaz de señalar diferentes violencias. También debe ser un llamado a recordar que no hay lucha imposible de librar, nunca es tarde para denunciar, nunca es tarde para exigir justicia, nunca es tarde para vivir tu duelo y, sobre todo, nunca es tarde para nombrar la violencia. 

Texto y fotografías: Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

Han pasado algunos meses desde mi último escrito, y no puedo describir de la mejor manera cómo me siento ahora, pero navego entre la melancolía y el optimismo.

El 3 de agosto tuve la maravillosa oportunidad de participar en la gran marcha del orgullo LGTBIQ+. Algunos podrían pensar «¿por qué enorgullecerse?», y mi respuesta es breve: porque no tenemos los mismos derechos que las personas cis-heterosexuales, ni tampoco la misma cabida en la cultura. Citando a alguien que dijo «vergüenza solo para robar», ser LGTBIQ+ no tiene nada de malo, y por tanto el orgullo es la respuesta política para contrarrestar a quienes buscan reprimirnos, así como una respuesta interna, una forma nuestra de decirles a los demás que no nos avergüenza ser así ni amar a quien queramos.

Pero una cosa sí es cierta: existen muchas personas que niegan el Día del Orgullo, no por odio, sino porque desconocen lo básico o lo importante que es, así que me tomaré este pequeño espacio para informar y esperar que pueda ser de ayuda a más de algune.

Además de sexo masculino y sexo femenino, hay quienes tienen características sexuales de ambos; es lo que se conoce como intersexualidad.

La orientación sexual se refiere a la atracción romántica, sexual o física que tenemos hacia los individuos con base al sistema sexo-género: si nos atraen personas de nuestro mismo sexo, podemos decir que somos homosexuales (gays para hombres y lesbianas para mujeres); si alguien se siente atraído por personas del sexo opuesto, se diría que es heterosexual; en el caso de una persona que pueda sentirse atraída por personas de ambos sexos o por más de un género, es porque es bisexual; y en el caso de la pansexualidad, la atracción se basa más en cuanto a la personalidad y no tanto en el sexo de la persona o en cómo se identifica.

También existen las personas asexuales, que no sienten atracción sexual en particular por nadie, aunque no necesariamente implica no sentir atracción romántica.

En cuanto a la identidad de género, que es la manera en como manifestamos nuestras vivencias y autoconcepto de género, las personas cisgénero se identifican con la construcción social del sexo asignado al nacer; aunque hay estudiosas como Judith Butler, que en su libro Género en disputa señala el binarismo como un sistema instaurado antes del nacimiento, con la frase «es niño/niña». Las personas transgénero no se identifican con ese género que les asignan, y dentro de las identidades trans se encuentran personas no binarias, quienes no nos identificamos como hombres o mujeres.

Se ha estudiado mucho si existe una causa para la orientación sexual e identidad de género diferente a la cisgénero/heterosexualidad. La investigación científica ha encontrado factores hormonales, marcadores cromosómicos genéticos, diferencias en las estructuras del cerebro, influencias culturales, entre otras, pero no hay una respuesta universal, porque cada persona desarrolla su sexualidad o género de forma única y nadie elige qué es lo que te atrae o lo que te identifica.

Ser LGTBIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual, Queer u otra disidencia) no es ninguna enfermedad o trastorno, ya que nadie sufre por serlo, sino más bien por los estigmas sociales, prejuicios y discriminación existente.

Aunque en muchos países es considerado un delito, lo cierto es que nadie merece sufrir persecución, tortura o sanciones de cualquier índole solo por el hecho de ser LGTBIQ+ o expresarlo; sin embargo, más de 60 países penalizan la homosexualidad y apenas 28 permiten casarse a parejas del mismo sexo.

Tampoco se trata de un rasgo inmoral de la personalidad. Pese a que muchas religiones la consideran un pecado, lo cierto es que también hay religiones que aceptan la diversidad sexual y existen críticas sobre la traducción e interpretación de textos considerados sagrados sobre que las conductas homosexuales no son pecaminosas en sí mismas ni tampoco las identidades (sugiero leer Sex and the Church: Gender, Homosexuality, and the Transformation of Christian Ethics).

Ser LGTBIQ+ a menudo no es sencillo por todas las restricciones sociales, legales y presiones del entorno para encajar con la heteronorma, es decir, la imposición de la heterosexualidad como estandarte social.

Algunas personas nunca han necesitado salir del clóset (comunicar a familiares y amigos que eres LGTBIQ+) debido a su ambiente familiar de aceptación y autoconfianza, pero para la gran mayoría es un reto, e incluso un enorme riesgo. Algunos ni siquiera logran hacerlo debido a la discriminación o prejuicios internalizados, pero hacerlo supone generalmente mejoras importantes en la salud mental, incluyendo la autoestima y resiliencia, La aceptación de la familia, amistades e incluso compañeros de trabajo es crucial para un mejor ajuste psicosocial.

La diversidad sexual y de género no es ajena a nadie y no se trata de algo antinatural, ya que ha estado en nuestra historia como especie y en la de otras más en la naturaleza.

Más importante aún, no podemos pensar en la diversidad como una ideología. Somos personas, no ideas, y nuestros derechos no son privilegios, son garantías que no deben ser condicionadas a encajar en la heteronorma.

Finalmente, debo mencionar que todos, todas y todes, tenemos una responsabilidad para contribuir en este proceso de inclusión; no hay un «ellos», sino un «nosotros». Las batallas que libramos diariamente contra la sociedad, e incluso en algunos casos contra nosotrxs mismxs, no deben desalentarnos, sino crear esperanza para nosotrxs mismxs y para quienes vienen después.

Si alguien siente que esto ha podido responder interrogantes, le gustaría aprender más o desea que conversemos, háganmelo saber, por favor, escribiéndome al correo abajo de mi perfil. Creo en el conocimiento como herramienta de consuelo y de lucha. ¡Un abrazo!

Ciudad de Guatemala, 13 ago (EFE)

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala retomó este martes un supuesto caso de financiamiento ilícito contra el partido oficial, Movimiento Semilla, con la detención de la exdiputada y actual funcionaria Ligia Hernández.

La exlegisladora del Movimiento Semilla durante el período 2020-2024 fue arrestada esta tarde por las fuerzas de seguridad, según constató EFE.

Hernández, de 42 años, es la actual directora del Instituto de la Víctima, una entidad gubernamental, puesto que ocupa desde febrero pasado por decisión del actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

La funcionaria indicó en un mensaje en sus canales en redes sociales que existía una orden de captura en su contra por un falso caso de corrupción vinculado al Movimiento Semilla y se preguntó cuántas personas inocentes más irán a la cárcel injustamente o forzadas al exilio a manos del Ministerio Público.

«La respuesta es clara: o gana el Ministerio Público o gana Guatemala», aseveró Hernández.

El caso fue presentado por el Ministerio Público después de que Arévalo de León, con su discurso anticorrupción, sorprendiera con su triunfo en las elecciones de 2023 cuando las encuestas lo colocaban en octavo lugar.

Del caso se sabe poco ya que se encuentra «bajo reserva», una medida legal que permite acceso al expediente del mismo solamente a las partes involucradas. Sin embargo, el Movimiento Semilla tampoco ha tenido acceso al mismo, una decisión considerada ilegal por expertos.

El Ministerio Público guatemalteco es dirigido por Consuelo Porras Argueta, señalada como corrupta por Estados Unidos y la Unión Europea, que le han vedado el acceso a su territorio.

Porras Argueta fue acusada en 2023 por Arévalo de León por querer llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para evitar su investidura, que finalmente se llevó a cabo de manera accidentada en enero pasado.

Hernández, trasladada esta tarde a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, fue una de los seis diputados que formaron parte de la bancada Semilla en el período 2020-2024, incluyendo al actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

Texto: Alejandra Arredondo (EFE)
Fotografía: EFE

San Antonio (EE.UU.), 9 ago (EFE).- La nueva medida antinmigrante promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, que instruye a los hospitales públicos a recolectar información sobre el estatus migratorio de sus pacientes, ha encendido las alarmas entre activistas en el estado.

La decisión, anunciada el jueves en una orden ejecutiva, exige a los centros de salud entregar informes para estimar el coste de los cuidados a los migrantes que no tienen un estatus legal en el país.

Los reportes deberán ser entregados en marzo de 2025, con información recababa a partir del 1 de noviembre de este año.

El texto no especifica cómo se debe implementar esta directriz. Como consecuencia, tanto expertos legales como la principal asociación de hospitales están aún descifrando el efecto real que tendrá en los servicios de salud.

«Lo estamos revisando de la manera más rápida posible», señaló la Asociación de Hospitales de Texas, que representa al 85 % de los centros de salud en el estado, en un comunicado compartido con EFE.

«Ahora mismo», agrega el texto, «los hospitales no le preguntan a los pacientes por su estatus migratorio como una condición para acceder a un tratamiento (…) la ley nos exige dar tratamiento a todo el mundo, sin importar su capacidad de pago o su estatus migratorio».

Los proveedores de salud no tienen una obligación legal de preguntar sobre el estatus migratorio de alguien o de reportarlo ante las autoridades.

A su vez, se prohíbe a los servicios de emergencia que reciben financiación federal rehusarse a atender a cualquier persona.

La orden ejecutiva, firmada por Abbott este jueves, incluye un apartado donde se pide a los hospitales informar a los pacientes que la respuesta a las preguntas sobre su estatus migratorio «no afectarán el cuidado» que reciban.

Una «bomba política»

Para David Donnatti, abogado de la organización de derechos humanos ACLU, la falta de claridad del texto, sumado a que se menciona explícitamente que no se debe negar tratamiento a alguien por su situación migratoria, demuestran que se trata de una «bomba política» por parte del gobernador para «provocar una reacción».

«Es como un cóctel molotov (…) cuya intención es causar mucho miedo y provocar» que las ONG o el gobierno federal «respondan», señaló el experto, cuya organización ha liderado varias demandas en contra de otras medidas de Texas que señalan a la comunidad migrante.

Por sí sola, concluye Donatti, la orden ejecutiva «no tiene ningún poder» para exigirle a una persona que revele su estatus. Lo que sí genera, subrayó, es «miedo» en la población y la posibilidad de que «el acceso a la salud se disminuya».

En esto coincide Kassandra González, también abogada con la organización Texas Civil Right Project: «el estado está buscando instaurar miedo en la comunidad e impedir así que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud».

Bajo el liderazgo del gobernador Abbott, un político republicano que encarna el ala más radical del partido, el estado de Texas ha liderado una ola de políticas antinmigrantes que se ha extendido incluso hacia otros estados en el interior del país.

Como parte de una campaña que apodó «operación estrella solitaria», en referencia a la bandera del estado, Abbott ha promulgado medidas como una ley para penalizar con cárcel la entrada irregular al país, al igual que ha inyectado miles de millones de dólares en construir barreras físicas y mantener una presencia militar constante en varias zonas de la frontera.

Texto y fotografía: EFE

Caracas, 7 ago (EFE).- La Fiscalía de Venezuela anunció este miércoles una investigación, por «conspiración» y otros delitos, de la página web donde la oposición mayoritaria asegura tener publicado el 83,5 % de las actas de las presidenciales del 28 de julio, que evidencian, según este sector antichavista, el triunfo de su abanderado, Edmundo González Urrutia, pese a que el ente electoral declaró ganador a Nicolás Maduro.

Según un comunicado difundido en X por el fiscal general, Tarek William Saab, se trata de «documentos forjados» con los que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pretende «usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)».

«Se decidió iniciar una investigación de carácter penal contra los responsables de la publicación y mantenimiento de dicha página, por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia a las leyes, delitos informáticos, asociación y conspiración», indicó la Fiscalía.

Sin embargo, numerosos venezolanos que han ejercido como miembros y testigos de mesa afirman haber comprobado los resultados en esta plataforma y han confirmado la veracidad de la data, tras realizar la lectura del código QR, frente a las mostradas por José Brito -diputado y candidato a las presidenciales que se define como «opositor»- durante una entrevista en el canal de televisión nacional Globovisión que -aseguran- fueron falsificadas.

De acuerdo con el portal de la PUD, González Urrutia obtuvo 7.303.480 votos, mientras que Maduro 3.316.142, resultados basados en las actas que el bloque dice haber obtenido gracias a testigos electorales y miembros de mesa.

Entretanto, el CNE, en su segundo y, de momento, último balance -leído el pasado viernes-, indicó que Maduro fue reelegido para un tercer sexenio consecutivo en el poder con 6.408.844 apoyos, mientras que González Urrutia reunió 5.326.104, con el 96,87 % de las actas escrutadas, que el ente comicial no ha publicado, como indica la normativa legal.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lleva a cabo, a petición de Maduro, una investigación para «certificar» el resultado, para lo que citó, entre otros, a los 10 excandidatos, de los cuales González Urrutia rechazó asistir este miércoles por considerar que el procedimiento no se corresponde con ningún proceso contemplado en la legislación y supone una «violación al debido proceso».

El presidente del CNE, el chavista Elvis Amoroso, entregó el lunes las actas de escrutinio de las presidenciales al TSJ, sin haberlas publicado aún, así como las de adjudicación y proclamación de Maduro como mandatario reelecto, según el canal estatal VTV.

El Centro Carter, que participó como observador, manifestó que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrática» ya que -dijo- la falta de resultados desglosados «constituye una grave violación de los principios electorales».

Texto y fotografía: EFE

Ciudad de Guatemala, 9 ago (EFE).- Decenas de líderes indígenas de Guatemala exigieron este viernes al Estado aprobar una iniciativa de ley que busca proteger los lugares considerados sagrados bajo su cosmovisión, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

«Nuestros lugares sagrados naturales y construidos han sido destruidos, excavados, saqueados y desnaturalizados», indica un comunicado del consejo de guías espirituales mayas.

Con una ceremonia maya en la Plaza de Constitución, en el centro de la capital guatemalteca, decenas de líderes indígenas invocaron la energía de sus ancestros y exigieron al Gobierno del presidente, Bernardo Arévalo de León, utilizar los instrumentos a su alcance para que se agilice la aprobación de la iniciativa de ley 4845, la cual busca que las montañas, parques, cerros, ríos y calles que son consideradas sagradas sean resguardadas ante cualquier tipo de amenaza.

Arévalo de León asistió al evento y aseguró que su Gobierno «busca construir una patria sin exclusiones» y pidió a los líderes indígenas unirse ya que existen «enemigos que siguen buscando que nuestro proyecto fracase».

Los guías espirituales pidieron al mandatario guatemalteco recordar el compromiso que adquirió con los pueblos indígenas durante la campaña y agilizar políticas estatales que garanticen sus derechos.

Durante el acto conmemorativo, el Ejecutivo colocó la bandera de los pueblos indígenas de Guatemala en la fachada del Palacio Nacional de la Cultura, sede de Gobierno.

Cada 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas desde 1995, cuando fue aprobado en la asamblea de Naciones Unidas.

De acuerdo con el censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala, publicado en 2018, más del 48% de los habitantes del país centroamericano se autoidentifican como parte de un pueblo indígena.

En 2023, cientos de líderes indígenas de todo el país respaldaron a Arévalo de León cuando la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras Argueta, intentó anular su inesperado triunfo en los comicios generales ante los candidatos tradicionales que figuraban como favoritos en las encuestas.

Ciudad de Guatemala, 8 ago (EFE)

El expresidente del Congreso guatemalteco Luis Rabbé Tejada fue extraditado bajo cargos de corrupción al país centroamericano procedente de México, donde había sido detenido hace cinco años. 

El exdiputado, acusado por una trama de contrataciones ilegales cuando formaba parte del Congreso, fue trasladado a Guatemala en la madrugada del jueves, según confirmó el Ministerio de Gobernación (Interior).

Rabbé, quien también fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), es acusado en Guatemala por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales.

El expresidente del Congreso guatemalteco, cargo que ocupó de 2015 a 2016, huyó del país en ese último año después de que la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad que ostentaba al ser acusado por más de 40 contrataciones ilegales en el Parlamento.

Rabbé Tejada fue detenido en Nuevo León, México, en 2019 y la orden de extradición se hizo oficial en 2020, pero fue hasta hoy que el exempresario de medios televisivos fue enviado a su país natal.

La investigación que dio paso a las acusaciones en contra de Rabbé Tejada y otros diputados fue obra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad desarticulada en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).

Rabbé Tejada fue trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, en el centro de la capital del país, donde se realizará su audiencia de primera declaración.

La Cicig ejecutó más de un centenar de investigaciones de casos de corrupción en Guatemala entre 2014 y 2019 y determinó que el Estado se encuentra «cooptado» por políticos y empresarios.

El expresidente del Congreso fue parte del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), del dictador Efraín Ríos Montt y de Portillo, además de estar vinculado también en el pasado al partido Libertad Democrática Renovada, del empresario Manuel Baldizón, quien cumplió una condena por lavado de dinero en 2019 en Estados Unidos.

Entre 2022 y 2024, el alcalde Jorge Aldana, el vicealcalde Carlenton Dávila y los 10 regidores municipales del Distrito Central liquidaron 67,094,552.93 lempiras en fondos rotatorios. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de cuentas es evidente. La mayor parte de estos fondos se destinó a «ayuda económica social», frecuentemente entregada en efectivo y sin suficientes registros de facturas, lo que dificulta verificar su destino real.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera

En las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el área de regidurías, un largo pasillo se extiende. Hay varias puertas de vidrio que incluyen letreros con los nombres de las y los regidores municipales. Afuera de estas puertas, varias personas se amontonan esperando su turno; sus rostros reflejan desamparo. La identidad de quien les abra la puerta y recoja sus datos resulta irrelevante. Algunos imploran por un poco de dinero para comida, medicamentos o materiales escolares; otros solicitan lo indispensable: una puerta, un fogón, láminas para el techo o bolsas de cemento.

Detrás de esas puertas, en oficinas confortables, climatizadas y con uno o varios asistentes, se encuentran los regidores municipales del Distrito Central. Algunos de estos políticos, a menudo desconocidos entre la ciudadanía, alguna vez buscaron ocupar el cargo de alcalde y no lograron  su aspiración.

Pero, ¿acaso importa? Ahora, con el título de regidores municipales, disfrutan de un salario generoso y de prebendas casi equivalentes a las del alcalde o el vicealcalde, aunque en una escala menor. Eso sí, algunos de ellos confiesan su anhelo de alcanzar esos privilegios. «No alcanza, es poco dinero para toda la ayuda que nos piden», lamentan. 

A pesar de los lamentos, mucho dinero se encuentra disponible para la Corporación Municipal.  Entre 2022 y 2024, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, el vicealcalde, Carlenton Dávila, y los 10 regidores municipales han liquidado 67,094,552.93 lempiras en concepto de fondo rotatorio, sin suficiente rendición de cuentas, publicando apenas el presunto destino de los fondos sin facturas o liquidaciones, y con mecanismos deficientes para que los entes fiscalizadores y la ciudadanía puedan comprobar el destino del dinero. Un modelo que parece replicar el asistencialismo y clientelismo político de pasadas administraciones.

Los fondos rotatorios están presentes en la Ley de Municipalidades, artículo 185, y en sus reformas contenidas en el artículo 99, y también están consignados en las normas presupuestarias de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Desde 2015, estos fondos pueden ser utilizados para destinarse a ayudas sociales-humanitarias y pequeños proyectos sociales. Las ayudas pueden ir desde la entrega de materiales de construcción para vivienda, insumos médicos o servicios fúnebres, hasta alimentos. 

Este tipo de ayuda opera paralelamente a la Dirección y Gerencia de Desarrollo Humano de la alcaldía, que, por ley, atiende solicitudes de instalación de techos y suelos para vivienda, clínicas comunitarias, donación de medicamentos, guarderías municipales y asistencia a adultos mayores y discapacitados. Muchas de estas acciones coinciden con las ayudas ofrecidas por los regidores a través del fondo rotatorio.

El alcalde Aldana ha liquidado 15,950,881.69 lempiras en concepto de fondo rotatorio desde febrero de 2022, de los cuales 13,599,029.24, es decir el 85.3 %, los destinó a ayuda económica social. Sin embargo, la información disponible sobre este tipo de ayuda es ambigua y está envuelta en opacidad debido a que el alcalde, vicealcalde, regidores y regidoras pueden decidir si entregan ese dinero en efectivo, con un recibo como único comprobante, lo que dificulta verificar si el dinero entregado es el mismo que los funcionarios consignan. Alternativamente, el beneficio puede otorgarse en especie, por ejemplo, si se realizó la compra de materiales y fueron entregados al beneficiario. Posteriormente, elaboran una liquidación del dinero asignado por concepto de fondo rotatorio y la entregan a la Gerencia de Auditoría Municipal y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). 

Mensualmente, el alcalde capitalino tiene acceso a un fondo rotatorio de 550 mil lempiras, el vicealcalde a 300 mil lempiras y los 10 regidores a 150 mil lempiras cada uno. Al año, son 6.6 millones, 3.6 millones y 1.8 millones de lempiras, respectivamente. 

Estos fondos son liquidados, pero, según observó Contracorriente en un análisis de la información que se encuentra en el portal de transparencia de la alcaldía, tanto el alcalde y vicealcalde como los y las regidoras optan por destinarlo en su mayoría al concepto de «ayuda económica social», que, según uno de los regidores que maneja este fondo, suele entregarse completamente en efectivo. 

En el caso del dinero en efectivo, según los mismos regidores a los que contactamos, el único registro es un recibo de entrega en el que la persona beneficiaria expresa haber recibido una determinada cantidad de dinero, el uso al que lo destinará, su firma, número de Documento Nacional de Identificación (DNI) y huella digital. Debido a la modalidad de entrega del beneficio, no existe constancia de que la persona realmente recibió la cantidad que aparece en el recibo.

El 17 de julio de 2024, Contracorriente solicitó a la Alcaldía Municipal del Distrito Central,  a través del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), facturas de compra, así como el listado de personas u organizaciones beneficiadas por concepto de fondo rotatorio otorgado al alcalde, vicealcalde y regidores municipales en los últimos dos años. Sin embargo, la alcaldía estableció una prórroga para entregar la información solicitada a más tardar el 14 de agosto de 2024. 

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Según lo existente en los portales de transparencia, en el caso de las liquidaciones presentadas por el vicealcalde Carlenton Dávila solo se establece una categoría que indica que los 300 mil  lempiras que se le asignan mensualmente los dirige a ayuda económica social. Dávila, que en 29 meses ha liquidado 8.7 millones de lempiras, declara que destina el fondo rotatorio a alimentos, medicinas, materiales de construcción, mejora de viviendas y capital semilla. Contracorriente solicitó una entrevista con él, y contestó: «El 25 de agosto voy a dar una rendición de cuentas en el Parque Central».

Al ser 10 los regidores municipales con los que cuenta la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el 77.2 % del dinero correspondiente a los fondos rotatorios se canaliza a través de ellos. El monto asciende a 46,056,143.73 lempiras. Contracorriente consultó a regidores municipales de todos los partidos políticos, pero sólo dos de ellos accedieron a atender una entrevista: Lidieth Díaz, que recientemente dejó el Partido Libertad y Refundación (Libre) para unirse al Partido Liberal, y Godofredo Fajardo, de la Democracia Cristiana (DC).

Díaz ha liquidado 4,445,436.45 lempiras en estos últimos dos años. Desde su despacho, asegura que ella prefiere comprar los insumos que le solicitan y no entregar el dinero en efectivo, aunque acepta que utiliza ambos mecanismos. «Las personas que solicitan la ayuda deben presentar cotizaciones y una receta médica si la necesitan. En nuestro caso, pagamos directamente donde sea más cómodo realizar la resonancia. No entrego el dinero directamente a la persona para que se pueda hacer ese examen médico», dice. No obstante, Contracorriente constató que 2,712,765.25 lempiras, el 61 % lo ha dirigido también a ayuda económica social.

La regidora Lidieth Díaz muestra documentación que respalda el uso de fondos de la Alcaldía en ayudas sociales. Distrito Central, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Aunque no existe un registro real de que el dinero que se entrega en efectivo es el mismo que aparece en los recibos presentados por los miembros de la corporación municipal, la regidora Díaz insiste que no existe opacidad en esa modalidad. «Hay algunos compañeros que otorgan más ayudas sociales en efectivo. No es opaco, porque la gente tiene que firmar, y actualmente las personas son muy susceptibles. Entonces, se debe llenar el recibo; no es que las personas firmen en blanco», defiende.

A pesar de lo anterior, Contracorriente accedió al número telefónico de Heydi (nombre ficticio para proteger su identidad), una persona que, según los registros de uno de los 10 regidores municipales, el 3 de marzo de 2024 obtuvo una ayuda en efectivo de 2 mil lempiras. Cuando se le hizo una llamada, respondió que no había recibido ese dinero.

«Dinero no. Lo único que recuerdo fue una canasta con comida que me dieron en mayo, para el Día de la Madre», respondió Heydi.

Otra inconsistencia detectada es que el regidor Dagoberto Suazo, del Partido Libre, no entregó sus liquidaciones correspondientes a junio y julio de 2022, pese a que sí recibió los fondos rotatorios de ambos meses. Contracorriente le envió mensajes de texto y llamó al regidor Suazo para obtener una explicación, pero no obtuvo respuesta. 

Mecanismos de liquidación deficientes y opacos

A consideración de Osiris Payes, asesora legal en Transparencia y Anticorrupción del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), los fondos rotatorios surgieron para atender situaciones de emergencia de manera excepcional, pero, con el transcurso del tiempo, han sufrido una desnaturalización y se han dirigido a ayudas constantes, lo que abre la posibilidad de que se utilicen como una herramienta de clientelismo o asistencialismo. 

«Los fondos rotatorios deberían ser excepcionales, pero al observar la cuantía que asciende año con año, ya no son algo excepcional, sino algo continuo. No responden a una urgencia, y en las liquidaciones de los regidores no se justifica ninguna urgencia. Hay una necesidad urgente de una norma específica que establezca el régimen y los límites para el uso de estos fondos rotatorios. Deberían existir resoluciones de los regidores para cada una de las solicitudes de ayudas económicas sociales», analizó Payes.

Contracorriente preguntó a las y los regidores municipales si consideran necesaria una bancarización de la entrega en efectivo de la ayuda económica social y sus respuestas fueron condicionadas.

Lidieth Díaz contestó que sí podrían existir otros mecanismos para transparentar el proceso, pero que sería necesario que la Corporación Municipal lo acordara. «Hay gente que pide comida o ayuda social y es muy humilde; a veces, muchos no saben ni firmar. Pero sí, para transparentar, debería haber otro mecanismo», admitió.

Por su parte, el regidor Godofredo Fajardo, que ha liquidado 4,333,965.00  lempiras y todo lo ha dirigido a ayuda económica social, declaró que expresaría su respaldo en caso de que las ayudas requeridas superen los 5 mil lempiras. «Pero para alguien que me pide carpas para una venta de hot dogs o tortillas en el mercado, no estaría de acuerdo con que haya un proceso bancario para entregar ese dinero», dijo.

No es lo único en lo que coincidieron Díaz y Fajardo, quienes también aseguran que «150 mil lempiras no son suficientes».

«Es necesario que se aumente el fondo rotatorio; es muy poco. En la colonia La Esperanza hay una gran necesidad, y nosotros solo pudimos ayudar a 10 personas, aunque 20 o 30 nos habían buscado. La gente lo mira como algo más cercano; si se necesita una lámina o algo, la respuesta es más inmediata. Por eso, siempre están acudiendo a los regidores», ejemplificó Lidieth Díaz.

Godofredo Fajardo manifestó que él siempre logra ejecutar el 100 % de los fondos rotatorios debido a que «150 mil lempiras en términos de problemas sociales no es nada; más de un millón de lempiras al año no es nada». ¿Y 67 millones en dos años?

#El regidor del Distrito Central, Godofredo Fajardo, en su oficina en el plantel de la Alcaldía Municipal en la colonia 21 de Octubre. Tegucigalpa, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«Este monto debería ser igual al que maneja el vicealcalde, que son 300 mil lempiras. Más bien nos quedamos cortos; los que más manejan son el alcalde y el vicealcalde», expresó Fajardo.

Godofredo Fajardo, entre 2010 y 2012, se desempeñó como subsecretario de Cultura, Arte y Deportes durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Después buscó ser alcalde en dos ocasiones a través de la Democracia Cristiana, primero en las elecciones de 2017 y luego en las de 2021. No lo logró, pero, a pesar de ese «fracaso electoral», ahora es regidor municipal y maneja dinero público.

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Fajardo concibe los fondos rotatorios como «lo más importante» que posee la Alcaldía Municipal del Distrito Central. «Es la única ayuda que llega de manera directa a las personas que tienen problemas de salud, pago de alquileres, alimentación, desempleo y todo lo demás», aseguró.

Dijo que prefiere que esos más de 67 millones de lempiras que desde 2022 han sido erogados por concepto del fondo rotatorio (sin suficiente transparencia y seguimiento) lleguen a «las manos del pueblo» y no a «las constructoras corruptas». «Es una lucha entre el bien y el mal», según él.

«Estos fondos siempre se quieren eliminar porque los alcaldes quieren destinarlos a las construcciones y a los contratos de obras. Pero en la comunidad hay un 60 % de desempleo; esa gente necesita una ayuda social de alimentación, ayuda para que un hijo pueda hacerse un chequeo médico o para que una persona dé a luz. Ese es el conflicto en la alcaldía: grupos que quieren que los fondos lleguen a las mismas constructoras que licitan y se les adjudica desde hace 30 años. Esto no lo satanizamos, pero sí es malo que a doña Juana se le dé una ayuda de alimentación de dos mil lempiras. Eso sí es malo; que esta mujer reciba dos mil lempiras», manifestó Fajardo, mientras mostraba a Contracorriente un recibo de las personas a las que «beneficia» con el dinero procedente de los fondos rotatorios.

Parte del sistema de registro de entrega de ayudas sociales en efectivo que usa el regidor, Godofredo Fajardo. Tegucigalpa, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Godofredo Fajardo aseguró que opta por entregar el dinero en efectivo debido a que es una forma «directa» de ayudar a la ciudadanía. «El dinero no se desperdicia cuando se entrega directamente al pueblo; solo hay que ver a las personas en esos barrios», expresó.

«Aquí hay compañeros que cambian un techo, hacen gradas, pero ya la alcaldía pone 1,500 techos al año; ya hay una gerencia destinada a eso. Es la visión del regidor, del alcalde o del vicealcalde. Cuando voy a un barrio, una aldea o un caserío, el problema es la pobreza, la falta de acceso a alimentos y medicamentos. Yo tengo que ver cómo los auxilio», agregó Fajardo.

Nada impide que los fondos rotatorios sean utilizados con fines clientelistas 

Godofredo Fajardo aseguró que él no dirige sus ayudas a barrios, colonias o aldeas en las que tiene conocimiento de que puede lograr votos, ya que la estructura partidaria de la Democracia Cristiana, dijo, no alcanza para eso. 

«Los regidores de los partidos grandes sí pueden hacer un manejo político, pero yo voy a la aldea La Cuesta y ahí solo tengo cinco votantes de la DC. Ellos sí pueden hacer eso porque cuentan con una estructura de empleados, pero nosotros en la DC salimos casi por un milagro de Dios. Yo no podría hacerlo con fines políticos. Ningún dirigente de la DC puede acosarme como a otros regidores. Aquí, a veces hay huelgas del Partido Nacional y de Libre, y la gente viene a mostrar sus censos y fotos para que los ayuden», expresa.

Para Osiris Payes, del Cespad, representa un alto riesgo la entrega del dinero en efectivo y con escasa rendición de cuentas. Desde su análisis, la falta de transparencia puede alentar que estos recursos sean entregados a las personas con el interés de influir en su decisión de voto. 

«En un contexto electoral, es muy riesgoso que estos sistemas de entrega de dinero a través de recibos y sin reportes en el portal de transparencia permitan a los partidos políticos y candidatos manipular o intervenir en la decisión del electorado. Se puede interferir en el voto con fondos del Estado, desnaturalizando el origen de los fondos rotatorios», indicó.

El 9 de marzo de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) celebrará las elecciones primarias en las que participarán los tres partidos políticos principales: Libre, Nacional y Liberal. Durante esos comicios se definirán a las y los candidatos a la presidencia, al Congreso Nacional y a las Corporaciones Municipales que irán a las elecciones generales del 30 de noviembre de ese año. 

La distribución de fondos sociales por parte de funcionarios con cargos de elección popular es una práctica habitual en Honduras. En reportajes previos, Contracorriente ha documentado cómo, en 2023, el Congreso Nacional asignó 200 millones de lempiras en subvenciones. Sin embargo, no se llevó un registro detallado de las organizaciones no gubernamentales que recibieron estos fondos, ni se dispuso de un control adecuado sobre las liquidaciones correspondientes.

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Godofredo Fajardo admite que existen deficiencias en el mecanismo de liquidación de los fondos rotatorios en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, y que resultaría costoso constatar el destino del dinero que es entregado en efectivo para ayudas económicas sociales.

«Nosotros no llegamos a ese detalle; es difícil saber si la persona debe renta. Eso implicaría que yo haga una investigación para constatar que la persona debe un alquiler. Esas ayudas son en efectivo; eso sí, hay un recibo. Las solicitudes varían, desde piñatas hasta una puerta. La chequera no funcionará, porque no vale la pena hacer un gran trámite en un banco por 600 o 700 lempiras. Por eso es mejor que se dé en efectivo», explicó.

El 8 de junio de 2023, Lidieth Díaz y el diputado del Congreso Nacional Jorge Zelaya, del Partido Nacional, protagonizaron una polémica después de que este último asegurara que los fondos rotatorios estaban siendo utilizados de forma opaca por la Corporación Municipal del Distrito Central.

Contracorriente consultó a la regidora Díaz sobre por qué en aquella ocasión desmintió al diputado Zelaya. «Él dijo que nosotros nos robamos el fondo rotatorio, haciéndolo ver como si fuera algo normal. Si él lo hizo cuando fue regidor municipal, no lo sé, pero nosotros no. En mi caso, usted puede ver las especificaciones. No se puede juzgar a todos por lo que usted hizo, echándolos a todos en el mismo costal. Si usted quiere hacer las cosas transparentemente, lo puede hacer», contestó. 

Riesgos latentes 

La opacidad ha rodeado a los fondos rotatorios no solo en esta gestión municipal. El 26 de octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra el exalcalde capitalino Nasry «Tito» Asfura (2014-2022) y la exregidora municipal Nilvia Castillo, señalando que entre 2017 y 2018 habían desviado alrededor de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía capitalina.

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No obstante, el 26 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió una acción de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de Asfura, con lo que se impidió al MP promover acción penal en su contra.

Según el escrito que presentó en aquel entonces la Fiscalía, los acusados depositaron cheques en cuentas personales. El dinero después fue trasladado a otras cuentas, a la emisión de cheques y a pagos de gastos operativos de sociedades mercantiles relacionadas con Asfura. El dinero de estos cheques procedía de los fondos rotatorios, fondo especial y reembolsos.

Osiris Payes concluye que, mientras las reglas del juego no se modifiquen y los fondos rotatorios se continúen utilizando con un alto nivel de opacidad, siempre estará abierta la posibilidad de que se repitan actos de corrupción.

«El hecho de que una norma no se reforme abre la posibilidad a la repetición de hechos similares. Es necesario implementar reformas sustanciales que limiten a un regidor, al alcalde o al vicealcalde, para evitar que repitan situaciones ya ocurridas. Si persisten ambigüedades en las normas que regulan los fondos rotatorios, es muy probable que vuelva a suceder. Cuando se manejan grandes cantidades y no hay suficiente transparencia, siempre existe esa posibilidad latente», finalizó Payes.

Por: Ángel Sagastume
Portada: Canva

Una vez más en aquel viejo bar, Southside Bar & Grill se llamaba. La comida era mala, rancia, y a veces cruda. Yo iba solo a tomar cerveza, uno que otro tequila; fumaba cigarrillos baratos, esos de un dólar la cajetilla, ya que un migrante recién llegado percibe pocos ingresos. 

Los primeros años se van en pagar las deudas del cruce, comida, bebida y arriendo. No queda mucho para cigarros dignos. En fin, uno se arropa hasta donde abarca la cobija.

Me senté frente a la barra. Las bartenders eran flacas, agradables, sus risas fingidas; debían ganarse la propina. Algunas llevaban tatuajes. De vez en cuando se nos cruzaban las miradas, sonreían y decían: Hi, how are you? Fine! —mi respuesta—.

Me sentí contento. Ya sabía decir «hola, ¿cómo estás?». Ese breve cruce de palabras era lo más cercano que tenía a un coqueteo. Ellas eran inalcanzables para mí; además de la barrera del idioma, yo no soy un tipo agraciado. 

En fin, ahí estaba en aquel bar, a la misma hora de todos los viernes. Era el mejor lugar para escuchar historias; además, era el único bar del pueblo. Ahí estaba, sentado escuchando música country. Sonaba bien, aunque no entendía la letra; de hecho, no entendía nada de lo que ellos hablaban a mi alrededor.

De pronto, alguien entró al bar, se acercó a la barra y supongo que pidió una cerveza, porque en seguida le dieron una jarra llena, mitad espuma y mitad líquido oro.

El tipo tomó su cerveza y se sentó a escasos metros de mí. Por su aspecto, me pareció que era latino. Después de un par de tragos decidí intentar comunicarme con él, qué más podía hacer, era la única persona con la que podía hablar. Empezamos a platicar, con las preguntas de rigor: ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos?

Él también era hondureño. Bebimos hasta emborracharnos, claro que bebimos hasta emborracharnos. 

—Amigo ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te viniste para el norte? —me preguntó.

—En busca de un mejor futuro, compa —contesté, con aires de tristeza.

—Yo me vine escapando —dijo, mientras tomaba un poco de cerveza. 

—¿Ah, sí? —exclamé con aire desinteresado, aunque me pareció un tipo interesante.

Entonces él dijo: 

—Hace tiempo que no hablo con un paisano. Yo me vine de Honduras en los años noventas, yo era miembro del ejército, pertenecía a la División de Inteligencia. Un día me llamaron para ser parte de una misión de infiltración.

—¡Qué interesante! —le dije.

El tipo pidió otra cerveza; ya estaba seco. Tomó un sorbo y siguió diciendo: 

«La misión era en Roatán y era en conjunto con la DEA. Se buscaba desarticular un cartel de drogas que operaba desde Islas de la Bahía. Ya habían enviado dos escuadrones, y los dos habían sido descubiertos y neutralizados. Éramos tres. Llegaríamos a Roatán un miércoles. Allá nos esperarían dos compañeros para darnos toda la información. No está demás decir que era uno de los carteles más herméticos. Nadie conocía la cara del capo. Su anillo de seguridad era el único cercano a él. No aparecía en público. Nadie sabía cómo llegarle. No teníamos mucha información, solo sabíamos que estaba construyendo un hotel en la isla.

Como estaba previsto, llegamos el miércoles. Al desembarcar nos abordaron los dos compañeros, nos llevaron a un hotel barato y nos dieron unas identificaciones falsas. Entraríamos a trabajar en la construcción, seríamos albañiles. Desde ahí trataríamos de acercarnos al objetivo.

Pasaron dos semanas de arduo trabajo, no de infiltrados. La maldita construcción era una patada en las pelotas, batir la mezcla de arena y cemento, jalar los bloques, pegarlos, ponerles plomo y nivel. Los horarios eran muy largos y el trabajo pesado, exigía un esfuerzo sobrehumano.

Al mes de estar trabajando dimos el primer paso. Nos enteramos de que al capo solo lo veía su amante. Todos la conocían, pero nadie se atrevía a llegarle. Era una mujer ruda y desconfiada. Nos dijeron que asistía con frecuencia a un bar de la isla.

Era viernes por la noche, y supusimos que estaría ahí. Fuimos al apartamento y nos alistamos para salir. Llegamos al bar sugerido. Al entrar el ambiente era agradable: música tropical, morenas meneando sus caderas; las carcajadas sonaban por todo el lugar. Imaginate aquellos tres tipos vestidos con ropas tropicales, miembros del servicio de inteligencia, tres tipos rudos entrando al lugar. El humo saliendo de la puerta, la luz reflejando sus pasos, los ojos de todos volteando hacia ellos, era como una película de esas de la mafia italiana con gángsters y matones, todos reunidos en un bar de jazz.

Al entrar notamos a un grupo de hombres resguardando a una mujer; no pudimos verla, ellos cubrían su silueta.

Nos situamos frente a la barra y pedimos tres cervezas. Miramos la pista, todos bailaban alegres, parecían conocerse. De pronto, uno de mis compañeros me golpeó con el codo para que girara la vista. Al voltear, vi a la mujer más hermosa que mis ojos hayan visto jamás. Parecía una caracola, con ojos color miel y pelo rizado. Llevaba un ceñido vestido rojo, una pulsera en su muñeca y un cigarrillo entre sus labios. Cada curva de su cuerpo parecía hecha por un artesano amante de su trabajo. 

—No está fácil —dijo un compañero.

—¿Quién se atreve? —replicó el segundo.

Yo guardé silencio, estaba anonadado por aquella mujer. Nos movimos a una mesa que estaba cerca de la pista. Con esta excusa, me acercaría a la barra, por más cervezas. Me encaminé a la barra, un poco cerca de donde estaba aquella caracola. Pedí tres cervezas, logré ver con el rabillo de mi ojo izquierdo que mi presencia inquietó a aquella mujer.

—Tomen rápido, compañeros. Todo está saliendo bien —les dije. 

Así pasó la noche: barra, cervezas, cada vez más cerca. Ya estando un poco ebrio, haciendo alarde y tomando provecho de mi estado, la invité a un trago. Sus protectores retiraron la bebida alegando que la dama no bebía con desconocidos. Ella hizo un gesto con la mano para apartarlos y aceptó mi bebida.

Cuando apenas iba a decir algo, se escuchó de fondo la canción Lady in red; era la oportunidad perfecta. Le extendí mi mano, y haciendo uso de toda mi galantería, le pregunté: «¿Bailaría usted conmigo, bella mujer?». Un guiño y una sonrisa fueron su respuesta. 

Bailamos juntos esa y muchas canciones más. No solo era bella, olía como los ángeles. Su piel era suave, su voz melodiosa, su hálito era tibio, quemaba mi cuello. Así nos quedamos toda la noche, dos perfectos desconocidos bailando y jugando a conocerse. Eran casi las tres de la mañana y el bar lo cerraban en media hora. «Me tengo que ir», me dijo, y me susurró al oído: 

—Cuando llegues a casa, revisa tu bolsillo, ahí encontrarás la forma de volverme a ver —me dio un beso en la mejilla y se marchó.» 

Another beer, please, se escuchó al fondo de aquel bar. Pasé de estar en aquella isla a la barra, con aquel soldado universal. 

—¿Lo estoy aburriendo, amigo? —me preguntó.

—No, para nada. Su historia es muy buena. Siga contándome —le respondí.

La verdad era que sí me estaba aburriendo. Dejé de creerle cuando dijo que aquella mujer cayó rendida a sus encantos. El cabrón era feo, chaparro y panzón. ¿Qué mujer caería rendida a esos encantos?

El papel de James Bond le quedaba un poco ajustado. Pero no había más que escuchar, no entendía la música que estaba sonando, tampoco lo que balbuceaban las personas. El bar estaba lleno, era un lugar agradable, tenía una fachada como esos bares de las películas de vaqueros del viejo oeste. Las mujeres bailaban y los hombres bebían cerveza barata mientras jugaban cartas. Éramos los únicos latinos en el lugar… 

Texto: Rafael Jerez
Portada: Persy Cabrera

En julio de 2009, semanas después del golpe de Estado, Manuel Zelaya, el presidente depuesto, comenzó sus intentos por regresar al territorio nacional en el punto fronterizo de Las Manos entre Nicaragua y Honduras. Uno de sus acompañantes en la frontera era el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Quince años después, el Gobierno presidido por quien fue la primera dama de la nación hasta el golpe de Estado, Xiomara Castro, se sumó a una escueta lista de Estados que reconocieron la victoria de Nicolás Maduro en la elección presidencial que se celebró en Venezuela el 28 de julio de 2024, en medio de graves denuncias de fraude electoral.

Xiomara Castro publicó un mensaje en su cuenta de X el 28 de julio de 2024 a las 10:27 p. m., minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano transmitiera la que hasta el momento era la única actualización de resultados electorales, aproximadamente seis horas después del cierre de las votaciones. Castro calificó el resultado como un «inobjetable triunfo», mientras que Enrique Reina, el secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, expresó que fue una «ejemplar jornada electoral pacífica». Ambas declaraciones contrastan con lo dicho por el Centro Carter, una de las pocas misiones técnicas de observación electoral internacionales que realizó un ejercicio de observación de forma presencial en Venezuela. El 30 de julio de 2024, el Centro Carter emitió una declaración en la que afirmó que «la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática».

La cercanía política entre las actuales cúpulas políticas de Honduras y Venezuela se retrotrae al acercamiento que se produjo entre Manuel Zelaya y Hugo Chávez en el período de Gobierno presidido por Zelaya, de la cual resultó, por ejemplo, la adhesión de Honduras en agosto de 2008 a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un espacio de integración estatal latinoamericana y caribeña con énfasis en la dimensión social, auspiciado inicialmente por los Gobiernos de Venezuela y Cuba en 2004. De ahí en adelante, ha prevalecido la lealtad política de lo que a partir de 2011 se constituyó como Partido Libertad y Refundación (Libre) y que en 2022 hizo su transición al Gobierno de la República.

La complejidad de la situación política venezolana trasciende de la jornada electoral del 28 de julio de 2024; incluso se podría argumentar que va más allá de la dinámica interna en la política venezolana. Como lo mencionó el experto en materia electoral Daniel Zovatto, Venezuela se ubica entre los tres sistemas políticos que durante los últimos quince años degeneraron en un sistema autoritario. Para tal efecto cita el Índice de la Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist, que califica a Venezuela como un régimen autoritario, el cual se caracteriza por la ausencia de pluralismo político, las elecciones no son libres y justas, violaciones a las libertades civiles, control de los medios de comunicación, represión a los críticos del gobierno y carencia de un Poder Judicial independiente. 

En medio del listado de características de un régimen autoritario se ubica la falta de elecciones libres y justas. Precisamente, en su declaración sobre el proceso electoral, el Centro Carter fundamenta su afirmación sobre las elecciones venezolanas en la concurrencia de diferentes acontecimientos irregulares que dieron paso al resultado que el CNE venezolano dio a conocer en la medianoche del 28 de julio; entre ellas, el registro de partidos políticos y de candidatos a la contienda electoral sin adecuarse a estándares internacionales, las intervenciones judiciales en perjuicio de los partidos políticos de oposición, el desequilibrio en la campaña electoral a favor del gobierno de Nicolás Maduro, el uso de recursos públicos en la campaña oficialista, la intimidación y persecución hacia personas que prestaron servicios a la campaña política opositora, y la ausencia de transparencia en la difusión de resultados por el CNE.

Si pareciera que hay coincidencias en diferentes diagnósticos sobre la situación del sistema político venezolano, ¿por qué el Gobierno de Honduras está dispuesto a asumir el costo político de legitimar la reelección de Maduro al margen de las irregularidades denunciadas por diferentes actores? La respuesta parece orientarse a una lealtad incondicional de la cúpula gubernamental con sus antiguos aliados. Esa lealtad se ha manifestado en otros momentos importantes del período de gobierno de Xiomara Castro. 

Por ejemplo, en su primer discurso como presidenta de la República ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Castro manifestó en la parte final que «ya Gustavo Petro decretó que se debe terminar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela». Después, el 24 de enero de 2023, en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Castro mencionó que «combatimos el neoliberalismo, y denunciamos las políticas de agresión y el boicot económico contra Cuba, Nicaragua y Venezuela». De hecho, la presidenta hondureña decidió no asistir a la Cumbre de las Américas que se celebró en 2022 en Estados Unidos de América debido a que el gobierno anfitrión no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento.

El discurso hondureño sobre la transparencia del proceso electoral venezolano fue opacándose gradualmente en la medida en que el CNE no hizo públicos los medios necesarios para verificar los resultados que dieron paso a la proclamación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. Los contrastes se comenzaron a marcar el 29 de julio de 2024, cuando los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifestaron su preocupación por el desarrollo del proceso electoral y exigieron «la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes». A este comunicado le siguieron otros pronunciamientos, como el del Centro Carter, y también de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionando la integridad del proceso, dejando únicamente a Honduras, junto a Cuba, Nicaragua y Bolivia, como los Estados latinoamericanos que reconocen la victoria de Maduro al 31 de julio de 2024.

Un análisis integral de la relación que ha construido el oficialismo hondureño con el «chavismo» y el «madurismo» permite entender las razones detrás del discurso que ha caracterizado al Gobierno hondureño en la etapa postelectoral de las elecciones presidenciales venezolanas, a tal punto que ha estado dispuesto a contradecir la experiencia que enfrentó en las elecciones generales de 2017, cuando el Partido Libre contendió con Juan Orlando Hernández, quien se reeligió en un proceso de muy baja calidad y carente de integridad, como lo dijo la OEA en su informe de observación electoral, y en un contexto de violaciones de los derechos humanos, expuesto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe destacar que en ese entonces Xiomara Castro se sumó a la denuncia de las irregularidades del proceso realizada por la OEA, exigiendo la declaratoria de nulidad de las elecciones y su repetición. 

La posición de Honduras también se enmarca en otros pronunciamientos erráticos que ha tenido la presidenta de la República en el escenario regional. El 1 de marzo de 2024, la presidenta Castro asumió la presidencia pro tempore de la Celac. Desde entonces, hubo al menos dos ocasiones en las que se ha cuestionado el liderazgo del país en este espacio. Un episodio se produjo en el marco de las felicitaciones extendidas por la presidenta Castro hacia Vladimir Putin con relación a las elecciones rusas, a raíz de lo cual 10 Estados miembros de la CELAC expresaron que dicho pronunciamiento se produjo al margen de los procedimientos internos de esta instancia regional. Posteriormente, en el marco del evento de conmemoración del golpe de Estado que organizó el Gobierno de Honduras bajo la denominación de «CELAC Social», en el cual se emitió un instrumento denominado «Declaración de Tegucigalpa», 10 Estados volvieron a manifestarse explicando que ninguna comunicación bajo el nombre de «Celac Social» representaría una comunicación oficial de la Celac, y que la declaración fue emitida sin ser consultada con los Estados miembros de ese organismo.

Puede ser que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder le garantice al Gobierno hondureño un aliado político al sur del continente; sin embargo, en la relación costo-beneficio, a menos de una semana después de haber respaldado los resultados del CNE venezolano, el Estado hondureño ha tenido más reveses que beneficios. A este punto es incierto hasta cuándo se extenderá la crisis postelectoral venezolana. En cualquier caso, en septiembre de 2024 Honduras comenzará su propia historia en materia electoral, en un contexto en el que, según el Barómetro de las Américas de LAPOP Lab de la Universidad de Vanderbilt, Honduras se encuentra entre los países de la región con más dudas sobre la imparcialidad electoral.

En el Pasaje Rubio –un edificio que se erige como un símbolo de la memoria latente en la sexta avenida de la Zona 1 en Guatemala–, el presidente Bernardo Arévalo de León y el historiador Arturo Taracena hablaron sobre la construcción histórica de la memoria y su importancia para entender los mitos del pasado vigentes en el presente, especialmente en países con una democracia incipiente o en constante riesgo.

La conversación fue generada y guiada por la editorial Catafixia, que publicó en marzo de 2024 el libro Rebeliones sin masas: los «30» golpes contra Arévalo y el inicio de la Guerra Fría en América Latina (1944-1951), de Arturo Taracena y Rodrigo Véliz. La presentación del libro llevó a varias reflexiones, sobre todo alrededor del presente de Centroamérica y los paralelismos históricos que nos presenta la situación política actual de Guatemala. 

Por: Jennifer Avila
Fotografías cortesía de Margarita Cossich

Bernardo Arévalo de León, el presidente de Guatemala, caminó desde el palacio presidencial hacia el Pasaje Rubio, un edificio amarillo que parece detenido en el tiempo. Caminó mientras saludaba a la gente a su paso. Al llegar, saludó a miembros de su gabinete y diputados, y también a la audiencia que llegó ese día a escuchar la presentación del libro «Rebeliones sin masas» de los historiadores Arturo Taracena y Rodrigo Véliz, que recoge las conspiraciones e intentonas de golpe de Estado contra el expresidente Juan José Arévalo Bermejo, padre del actual presidente, que a su vez ya ha sobrevivido a los riesgos propios de intentar gobernar de manera democrática en una región y tiempo de dictadores.

Carmen Lucía Alvarado, cofundadora de la editorial Catafixia, le dio sentido a la escena que se estaba viviendo en ese edificio detenido en el tiempo y a los latidos de una herida que continúa allí, en la entrada del Pasaje Rubio. Carmen contó que el objetivo de Catafixia siempre fue publicar poesía, aunque ese día presentaron un libro de historia. Resulta que desde 2013, cuando comenzaron a publicar libros que no eran de poesía, se cuestionaron si eran una editorial de poesía, un enredo que como poetas (ella y Luis Méndez, el otro cofundador de Catafixia) resolvieron de maravilla: si la poesía tiene como principio anular el tiempo, también los libros de memoria pueden considerarse poesía. 

El sábado 27 de julio de 2024, los Catafixia anularon el tiempo (de nuevo) con la conversación entre las ideas de los presidentes Arévalo (padre e hijo), los periódicos del pasado que leyó Arturo Taracena con información que parece del presente, con la visión de un presidente que aún no sabe responder a la interrogante sobre si su gobierno es una vuelta de tuerca para la dinámica guatemalteca, o solo un hito histórico que algún día recordaremos con nostalgia. 

El pasaje estaba lleno esa noche y el presidente le hablaba también a la imagen que yace en la entrada del edificio. Aquí, de frente al presidente, está una placa que dice que el líder estudiantil Oliverio Castañeda murió asesinado durante el conflicto armado interno en octubre de 1978 cuando conmemoraba la Revolución de 1944. Ahí está presente Oliverio, ahí también se anuló el tiempo.

Fotografía cortesía de Margarita Cossich

Los treinta golpes

Es parte del relato colectivo guatemalteco que el gobierno del presidente Juan José Arévalo resistió y sobrevivió a 30 golpes de Estado. El historiador Arturo Taracena se dio a la tarea de entender de dónde sale este mito, cuál es el número, si se puede determinar uno, y cómo estaban fraguadas las estrategias golpistas en un contexto global de transición entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En su investigación, en la que le faltó acceso a los archivos militares y policiales, encontró en cables de la embajada de EE. UU. y periódicos de la época, que las acciones en contra del gobierno de Arévalo fueron 22; solamente a tres de ellas las catalogó como intentos de golpe de Estado, y el resto las catalogó como complots y conspiraciones. 

Estos complots, al menos los que ocurrieron después del primer intento de golpe de Estado en 1944, tras las elecciones, buscaban replicar las dictaduras anteriores de Jorge Ubico y Federico Ponce con personajes que conspiraban desde las embajadas de los países vecinos, hundidos en las dictaduras de Tiburcio Carías en Honduras, Anastasio Somoza en Nicaragua y Salvador Castaneda Castro en El Salvador, liderados en su frente autoritario por el dictador Trujillo en República Dominicana. 

¿Dónde están las fronteras de la memoria? Taracena defiende el oficio del historiador en momentos de revisionismo histórico y frente a la narrativa que solamente se basa en las memorias individuales y colectivas enmarcadas en un «opinionismo», como él lo llamó. «Para eso hay que esclarecer la memoria», dijo. Y como lo escribió en la nota aclaratoria con la que abre el libro, aunque él comenzó su investigación antes de la sorpresa electoral de 2023 en la que Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, ganó la presidencia, este momento histórico en Guatemala «le vino a dar una actualidad que nos permite darlo a luz en la medida en que el ganador de las elecciones presidenciales recientes viene enfrentando un golpe de Estado». 

Bernardo Arévalo se asumió esa tarde, al lado de Taracena, como hijo de Juan José Arévalo, un personaje histórico y crítico para la historia del país; como sociólogo, intentando entender el devenir del país; y como político que en este momento ocupa la primera magistratura «como expresión de un eco histórico que lo que hace es tratar de reclamar la aspiración de dignidad que nos movía entonces y nos sigue moviendo», dijo. 

Debo decir que leer el libro de Taracena es una lección y un llamado a entender cómo llegamos hasta donde estamos, no solo como Guatemala, sino como Centroamérica. El gobierno de Bernardo Arévalo se vio como una oportunidad para cambiar el predominio mafioso del Estado y la vida entera del país, una ambición demasiado grande si vemos las décadas que nos preceden, los actores que ganaron tras el respiro democrático que hubo en Guatemala en plena Guerra Fría. Ganaron los corruptos y las mafias en cada giro de timón que dio el país, en la época de golpes, en el conflicto armado, en la época de la lucha anticorrupción, y pareciera que van ganando ahora, aun cuando la ciudadanía somató la mesa en unas elecciones esperanzadoras. 

De Honduras podría escribir muchas páginas. Pensé mucho en las oportunidades perdidas: el despertar ciudadano tras un golpe de Estado, el primero del siglo en la región que, aunque con nuevos mecanismos, fue igual de devastador; o el despertar ciudadano con el movimiento indignado; o ahora mismo, tras el juzgamiento del presidente narcotraficante que pudo haber marcado un cambio para limpiar el país y cambiar las dinámicas político-criminales que nos dominan. Para eso habrá otro artículo, pero lean el libro y quizá lo conversemos más. 

Fotografías cortesía de Margarita Cossich

El presidente Arévalo habló de la importancia de los puntos de inflexión históricos en el desarrollo de un país y de la diferencia entre un hito histórico y un hecho histórico detonante de cambios sostenidos que logran transformar las dinámicas.

«Las coyunturas críticas son las oportunidades que tienen los países para cambiar las dinámicas en las que venía encarrilado por su condicionamiento. Cuando tienen éxito, esas coyunturas se convierten en el inicio de una nueva historia, y cuando no tienen éxito se convierten en hitos históricos. La revolución del 44 marcó el punto de partida de una nueva época en Guatemala; allí comienza el siglo XX para el país, los intentos de golpe y conspiraciones que identifica Arturo [Taracena] son momentos de hibridez política donde se da la inestabilidad que caracteriza los períodos revolucionarios», explicó.

El segundo punto, señaló, es que no todo es producto de las condiciones internas de un país, «lo exógeno como endógeno, es decir, las situaciones externas que impactan en las dinámicas locales. En el 44 era el fin de la Segunda Guerra y el inicio de la Guerra Fría, un gran tablero internacional manejado por las autoridades estadounidenses, primero democráticas y después hostiles».

Por último, señaló un tercer punto, más bien algo como un eco: «Seguimos peleando por la democracia, a 80 años de distancia este país sigue en un intento de afianzar instituciones democráticas». Y brevemente hizo un recorrido histórico desde que en el 44 hubo un corte con «un pasado finquero», luego el proceso de democratización, la guerra, los acuerdos de paz y después el retroceso, un proceso de desdemocratización antes que la democracia se afianzara.  

En todo ese proceso se han abierto y cerrado candados, se han institucionalizado los procesos antidemocráticos, actores que antes no existían hoy son fundamentales, como los narcotraficantes. Y por supuesto, hay acciones como las que hizo Juan José Arévalo para evitar las conspiraciones, complots e intentonas de golpe de Estado, que hoy Bernardo Arévalo, si las hiciera, se convertiría en un dictador más en Centroamérica. 

A pesar de los reclamos por falta de fuerza, por no retirar a la fiscal Consuelo Porras, por no tomar las riendas del país, si Bernardo Arévalo suspendiera garantías constitucionales, cancelara partidos políticos, desterrara a sus enemigos del país, como lo hizo Juan José Arévalo en los años cuarenta, nada diferenciaría al gobierno de Arévalo de la dictadura de Ortega en Nicaragua. La base ciudadana que hoy le pide ser fuerte no aceptaría esos mecanismos, y tampoco la comunidad internacional, aunque se ganaría el guiño de los dictadores vecinos. 

En el péndulo de la historia, Guatemala intentó hacer frente a las dictaduras de la región; luego quedó aislada tras el retiro del apoyo de Estados Unidos en esa misión; luego se unió al concierto autoritario; ahora está al borde del aislamiento regional y el fracaso local. Mientras se define ese futuro, que también estuvo presente en la conversación sobre el libro de Taracena, Bernardo Arévalo enfatizó en que hay que ver la democracia no solamente desde una retórica institucionalizada, sino desde la priorización del derecho a una vida digna. «Como en 1944, y como en todo lugar del mundo, al final la pregunta es cómo se logra la sostenibilidad, porque lo que logra que un hito histórico, como en este caso las elecciones de 2023, se convierta en un hecho fundante, requiere la sostenibilidad de los cambios».

«Sabemos en dónde estamos, con un Ejecutivo que ha asumido este reto, pero con élites político-criminales que mantienen secuestrado el Estado. La pregunta es cómo logramos en las condiciones reales lograr operar con esa relación de fuerzas, generar la sostenibilidad que permita que las elecciones de 2023 sean el punto de partida, de inflexión, una oportunidad para cambiar el curso histórico y no un hito que nos haga regresar a ese pasado tan reciente». 

Y agregó: «Lo que importa no es el ruido que hace un cambio cuando irrumpe, sino la sostenibilidad que logra en el tiempo. Los cambios graduales, sostenidos, generan una inercia que logra cambiar la historia de un pueblo. El respaldo de la ciudadanía es donde se encuentra la fuerza para romper la dinámica de los grupos que intentan mantener el control corrupto».

Taracena agregó que es importante la ciudadanía colectiva e integral, y la enseñanza que han dado los pueblos indígenas que defendieron la democracia en la que han puesto las esperanzas de cambio para el país. Por otro lado, también es fundamental el trabajo de relaciones exteriores para obtener el apoyo de los gobiernos de EE. UU. y Europa para la sostenibilidad del gobierno y del proyecto político que pretende generar un cisma en la historia guatemalteca. 

El escritor Arnoldo Gálvez, socio y cofundador de Catafixia, dijo al inicio del evento algo con lo que quiero terminar este texto. Gálvez, quien es un reconocido escritor guatemalteco de ficción, inició diciendo que «no puede haber democracia sin circulación de ideas ni confrontación de ideas; el libro es la herramienta para eso». En este caso, el libro de Taracena nos ayuda a encontrar en el pasado aprendizajes para no dar por sentadas las conquistas que nos han llevado donde estamos, en el caso de Guatemala con una ciudadanía activa que luchó por el respeto a su voluntad popular. Arnoldo habló –a propósito del camino de la cruz que recorre el gobierno de Bernardo Arévalo– del optimismo y el pesimismo: «Ser pesimista es la salida fácil, el optimismo exige inteligencia y creatividad y es nuestra responsabilidad ética».

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) desmintió a una cuenta falsa de X que compartió contenido de Contracorriente sin autorización. La publicación realizada originalmente por Contracorriente el pasado 24 de mayo reveló la falta de transparencia en el uso de fondos relacionados con la asesoría del gobierno de Venezuela al Injupemp en proyectos habitacionales. Su director, Amable de Jesús Hernández, pidió al personal del Injupemp denunciar los cuestionamientos que él cataloga como ataques, pero sigue sin responder sobre el uso opaco de fondos que este medio ha señalado repetidamente. 

Por: Contracorriente 

En una publicación de Facebook, el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) compartió la publicación de una cuenta falsa que publicó contenido de Contracorriente sin nuestro consentimiento, calificando la página como «falsa» y señalando que difunde «información engañosa y mal intencionada, incurriendo en calumnias».

Aunque la página que publicó el video es falsa, el contenido corresponde a un Tiktok de Contracorriente publicado el pasado 24 de mayo en nuestras cuentas oficiales, en el cual explicamos cómo el Injupemp gastó al menos 271 mil lempiras en viáticos de una comitiva que viajó a Venezuela en diciembre por seis días, para suscribir un memorándum de entendimiento en materia de hábitat y vivienda entre los gobiernos de Honduras y Venezuela. La información del video se basa en una nota que publicamos en nuestro sitio web el 4 de mayo. 

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En la nota explicamos cómo, según los oficios n.° 1150-2023 y 1151-2023, el Injupemp pagó 6876.98 dólares (aproximadamente 169 mil lempiras) a dos acompañantes del director interino Amable de Jesús Hernández, quien recibió 4,184.85 dólares (102,905 lempiras) en viáticos, según el oficio 1147-2023. También viajó el subdirector Mario Suazo, pero no pudimos acceder a información sobre sus viáticos.

En su publicación, el Injupemp asegura que las publicaciones «obedecen a una agenda de desinformación y calumnia, ya que todo lo relacionado a INJUPEMP está en el Portal de Transparencia a disposición de nuestros afiliados y pueblo hondureño».

Sin embargo, no mencionan que en la nota original aclaramos que la asignación de viáticos no se ve reflejada en el portal de transparencia de la institución «de forma desglosada, pues solo aparecen los montos totales» Hasta la fecha de publicación de este texto, esa información continúa sin ser desglosada en sus portales.

Contracorriente tuvo acceso a información compartida en un chat de la institución, en donde el director Amable de Jesús Hernández le solicitó a su personal compartir, comentar y reaccionar a la publicación, diciendo que se trataba de un ataque sistemático para desestabilizar la institución, y que reaccionar con indiferencia era también «deslealtad».  

El vídeo al que Injupemp se refiere en esta última publicación es la segunda entrega de una investigación que publicó Contracorriente sobre cómo el Injupemp pagó hotel y alimentación por 15 días, entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2024, a una comisión que vino a Honduras, compuesta por 14 personas del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela (GMVV), el cual asesorará al Injupemp para la construcción de viviendas.

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El programa GMVV ha sido cuestionado por corrupción, opacidad y urbanizaciones a medio construir; medios italianos reportaron que una empresa vinculada a este programa pagó 22 millones de euros en sobornos a individuos cercanos al gobierno venezolano para asegurar una adjudicación directa de un contrato por 76 millones de dólares (más de 1,000 millones 900 mil lempiras). 

En el portal Honducompras encontramos documentación sobre los gastos del Injupemp para esta visita, incluyendo pagos por habitaciones de hotel en Tegucigalpa y San Pedro Sula, cenas, desayunos y eventos privados durante 15 días. Sin embargo, ninguna de las facturas está disponible en el portal de transparencia de Injupemp, lo que impide conocer el gasto total.

Contracorriente investigó en qué hoteles se hospedó la delegación y, considerando que los precios de las habitaciones suman alrededor de los dos mil lempiras (unos 90 dólares) por noche, se estima que Injupemp podría haber gastado hasta 420 mil lempiras solo en hospedaje. Sin embargo, la misma página de Honducompras indica que también se pagaron desayunos y cenas para la delegación.

El Injupemp publicó un comunicado en respuesta a ese primer artículo, en la cual, aunque no mencionan a este medio, aseguran haber ahorrado 21 millones de lempiras por obtener asesoría gratuita del programa Gran Misión de Vivienda de Venezuela; sin embargo, no respondieron ni explicaron sobre los gastos que cubrieron de la visita de esta comisión.

En todas las ocasiones, Contracorriente ha intentado contactar al director interino, Amable de Jesús Hernández, quien solo respondió vía WhatsApp a las consultas que le hicimos previo a la primera publicación. En esa ocasión dijo que el Estado de Honduras no le está haciendo ningún pago a la GMVV a cambio de la asesoría técnica, pero no quiso responder sobre el pago del hospedaje, comida y eventos relacionados durante la visita de la misión, y no volvió a responder nuestras solicitudes de entrevista. 

Venezuela enfrenta tensiones tras la emisión de los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, entre señalamientos de irregularidades, dan como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el 51.20 % de los votos. La oposición, liderada por María Corina Machado, no reconoce los resultados y a nivel internacional persiste el escepticismo, con críticas de EE. UU. y Chile, mientras que varios países, incluyendo Rusia, Irán y Honduras, han reconocido la victoria de Maduro.

Texto: Luis Escalante, con contenido de Agencia EFE
Fotografías: Agencia EFE 

Tras la divulgación de los resultados electorales que dan la victoria al presidente venezolano Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 29 de julio, y ante las denuncias de fraude, el país sudamericano enfrenta una nueva ola de tensiones. Con un conteo de votos situado en el 80 %, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por tres consejeros afines al chavismo, declaró a Maduro como el ganador de las elecciones presidenciales para el período 2025-2031.

Maduro, quien se presentó como candidato de la coalición Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), venció a Edmundo González Urrutia, candidato de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Al filo de las 12:10 a. m. del lunes, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, informó que Maduro obtuvo 5,150,092 votos, lo que representa el 51.20 %. González Urrutia, diplomático de 74 años, logró el 44.2 %, con 4,445,978 votos. Un 59 % de los más de 21 millones de venezolanos habilitados para votar acudieron a las urnas, según informó el CNE.

Tras estas elecciones, que se llevaron a cabo en un contexto de desgaste para el chavismo, que ha gobernado Venezuela de manera ininterrumpida desde 1999, y con una oposición volcada hacia la esperanza de un cambio político, los opositores, encabezados por María Corina Machado, se han rehusado a reconocer la victoria de Nicolás Maduro decretada por el CNE y han señalado un posible fraude electoral.

En una conferencia difundida minutos después de la emisión del primer boletín de resultados, Machado y González Urrutia se adjudicaron la victoria electoral. «Ganamos y todo el mundo lo sabe. Queremos decirle a todos los venezolanos que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ha sido tan grande y abrumador que hemos ganado en todos los estados del país», exclamó Machado. 

El candidato a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia (al centro), y la líder opositora venezolana, María Corina Machado (a su izquierda), dan declaraciones tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos.

Minutos antes de la divulgación de los resultados oficiales, la oposición había denunciado que no les permitieron el acceso a las actas escrutadas y que intencionalmente había existido una paralización en la transmisión de resultados.

En contraparte, desde la plaza de Miraflores, en Caracas, Nicolás Maduro, hizo burlas de la oposición y defendió el proceso electoral. «Lo dije: va a haber paz antes y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy», soltó Maduro, retando a la comunidad internacional.

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Precisamente en el plano internacional prevalece escepticismo hacia estos resultados. Estados Unidos y Chile han sido algunos de los países que han puesto en tela de juicio el proceso. El secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación de que «los resultados no reflejan la voluntad o los votos del pueblo venezolano», un poco después de que el líder del chavismo, Diosdado Cabello, dijera que las elecciones no las organizó el Departamento de Estado, sino el CNE. Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric, calificó los resultados como «difíciles de creer».

En tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió «transparencia total» sobre los resultados, y mostró confianza en que las disputas electorales entre el oficialismo y la oposición puedan ser «enfocadas y resueltas pacíficamente». 

Otros países latinoamericanos, como Uruguay, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Ecuador, de forma conjunta, se han sumado a la exigencia de «resultados transparentes» y han solicitado a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión urgente. 

En contraposición, diversos gobiernos, incluido el de Honduras, han reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Se suman Rusia, Irán, Nicaragua, Cuba y Bolivia, entre otros.

Una nueva disputa entre el chavismo y la oposición 

Aunque Corina Machado denunció al inicio de la jornada incidencias en 1,300 mesas de votación de las 30,026 instaladas, las votaciones se desarrollaron sin incidentes mayores en los más de 15,700 centros de votación, que abrieron a las 8:00 a. m. y cerraron a las 6:00 p. m. 

A pesar de la relativa tranquilidad durante el proceso electoral, la oposición denunció dificultades para observar el conteo de votos y acceder a las actas escrutadas. Algunos escuadrones antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron desplegados en diversos centros de votación en Zulia, Táchira y Bolívar.

Nicolás Maduro, considerado el último eslabón del chavismo, ha ocupado la presidencia desde 2013, inicialmente como interino tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, y luego como presidente constitucional tras unas reñidas elecciones en las que venció a Henrique Capriles. La tarde del domingo, acompañado por su esposa, Cilia Flores, se dirigió al país minutos antes del cierre de las urnas. 

En un gesto inusual, mostró un reloj que le obsequió en 2018 el fallecido futbolista argentino Diego Maradona, y se acercó a la silla de su despacho, que describió como la «silla del pueblo, no de la oligarquía». Seguidamente, hizo un llamado a «coronar en victoria» la paz, en contraste con un discurso reciente en el que había advertido sobre posibles consecuencias violentas «si la oposición engañaba a la población».

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebra con su esposa Cilia Flores tras conocer los resultados de las elecciones presidenciales este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R.

Por otro lado, Edmundo González Urrutia, un retirado y tímido diplomático relativamente desconocido hasta hace unos meses, se presentó como candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), una coalición opositora que agrupa a alrededor de 11 partidos con posturas que van desde conservadoras hasta socialdemócratas, pero unidas en su posición antichavista.

Su candidatura recibió el respaldo abierto de la líder opositora María Corina Machado, quien fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia en 2021 por presuntos delitos políticos y su apoyo a bloqueos internacionales contra Venezuela, inhabilitación que fue ratificada a inicios de este año.

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Las elecciones en Venezuela fueron consideradas históricas, ya que se realizaron tras el Acuerdo de Barbados, firmado el 17 de octubre de 2023, en el cual el chavismo y la oposición se comprometieron a promover los derechos políticos y garantías electorales de los venezolanos. La firma del acuerdo también resultó en un alivio de sanciones por parte de Estados Unidos a la industria petrolera venezolana durante seis meses.

Presencia del oficialismo hondureño en Venezuela

La jornada electoral contó con la presencia de una delegación de políticos oficialistas hondureños, encabezada por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, y otros directivos legislativos, como Scherly Arriaga y Fabricio Sandoval, además de miembros del ejecutivo como el asesor en comunicaciones Milton Benítez, y Ricardo Salgado, titular de la Secretaría de Planificación Estratégica. La diputada e hija de la presidenta Xiomara Castro, Xiomara Zelaya, se refirió al CNE venezolano como el «sistema electoral más reconocido del planeta».

También asistió el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) —aliado político del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013)—, quien fue recibido el sábado por Yvan Gil, ministro venezolano de Relaciones Exteriores.

Por: Mariel Lozada

Si tu plan es leer esto en busca de respuestas definitivas, en la primera línea te advierto que no lo hagas porque no las tengo. Te voy a decepcionar. Pero hay una cosa que sí puedo hacer: contarte lo que he visto en mi retorno a Venezuela y lo que creo que puede pasar este domingo en las elecciones. 

Al igual que ocho millones de mis compatriotas, vivo fuera del país desde hace varios años. Tres semanas atrás aún no tenía pasaje comprado para venir a Venezuela, pero este texto lo escribo desde Caracas. No puedo marcar el momento en el que decidí que vendría, creo que fue una serie de eventos, mensajes que iban y venían y gritos por la vinotinto en la Copa América. Probablemente fueron las fotos y videos de las concentraciones multitudinarias que la opositora al chavismo María Corina Machado convocó en los pueblos más recónditos de mi país, con abuelos diciéndole que un potencial cambio de gobierno sería la única opción para volver a ver a sus nietos y familiares, y jóvenes diciéndole que ella era la única opción que tenían para lograr quedarse en su país. 

El chavismo tiene 25 años en el poder y once de ellos con Nicolás Maduro a la cabeza; él asumió la presidencia en marzo de 2013. Desde entonces, la economía venezolana colapsó (perdimos el 75 % del Producto Interno Bruto), la inflación alcanzó altos históricos de 130,000 %, miles de empresas fueron expropiadas y nos convertimos en el primer país de América Latina investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En este nada alentador contexto, la oposición ha logrado una movilización histórica de votantes, en unas elecciones que, si bien no son del todo libres, solo fueron logradas tras largas negociaciones para aflojar las sanciones.

Tengo un privilegio que no muchos de los migrantes tienen: tengo mis papeles en orden y puedo entrar y salir de mi país cuando quiera. También vine el año pasado y lo que vi no tiene nada que ver con lo que he vivido estas semanas. Hace escasos 10 meses nadie quería hablar de política. Las noticias de torturas y detenciones arbitrarias seguían llegando, pero había una especie de pacto tácito: hemos sufrido demasiado, solo queremos tener un atisbo de lo que es una vida normal. También lo seguí. 

El chavismo lo sabía y quiso aprovecharse de eso, pero parece que en esta campaña varios de sus cálculos han salido mal. 

En octubre de 2023 la oposición hizo sus elecciones primarias. María Corina Machado ganó con 92.35 % de los dos millones de votos, a pesar de que en 2021 el Tribunal Supremo de Justicia la había inhabilitado, vinculándola con supuestos delitos del político opositor Juan Guaidó y de apoyar las sanciones internacionales contra el país. Pelear no tenía sentido; como alternativa, Machado intentó registrar a Corina Yoris, una académica, como su sustituta, pero ella tampoco se pudo postular por un «error» de la plataforma de inscripciones. 

Todo parecía perdido y Maduro decía que las elecciones iban a pasar «con o sin la oposición». En un gesto que analistas consideran significativo y como un buen augurio a una posible transición, el Consejo Nacional Electoral volvió a abrir un período de inscripciones, que la oposición aprovechó para reservar una tarjeta con Edmundo González Urrutia, el ahora candidato. 

Algo vital para que esto sucediera fue el Acuerdo de Barbados, donde chavismo y oposición se comprometieron a promover los derechos políticos y respetar las garantías electorales. Estados Unidos incluso ofreció aliviar las sanciones si esto ocurre. 

Muchas lunas han pasado, pero finalmente llegamos a julio y las elecciones son inminentes. La campaña de la oposición se hizo con las uñas: esa misma gente que parecía apática hace unos meses se encargó de pintar pancartas, acompañar a María Corina y Edmundo, darles de comer y hospedarlos, aunque eso pusiera en riesgo sus negocios; y enseñar a la gente a votar, tarea no particularmente fácil cuando tienes 38 papeletas (13 de ellas con la cara de Maduro), y varias que antes pertenecieron a la oposición han sido robadas por el chavismo. 

Nicolás Maduro, quien siempre dijo ser el candidato revolucionario, del pueblo, tuvo un cierre de campaña con decenas de drones en el cielo de Caracas invitando a votar por el «Gallo Pinto», el mote con el que él mismo se bautizó. Las calles están llenas de vallas y pósters con su cara, pero no puedes encontrar ni uno de la oposición. Algunos activistas opositores con los que hablé me dijeron que esto es por la falta de recursos. 

A diferencia de las campañas pasadas, la oposición casi nunca tuvo una tarima en sus eventos, las pancartas eran más bien pocas, y la mayoría hechas a mano. Si bien no dudo de la escasez de recursos, en gran parte por miedo: hubo más de 100 detenciones arbitrarias a activistas opositores y 16 de ellos siguen presos. Una imagen muy lejana a la de «niños ricos» que el chavismo ha intentado imponer por años —y solo una muestra más de la poderosa maquinaria a la que nos enfrentamos. 

Si sabemos todo lo que ha pasado, si hemos visto tanta agua correr bajo el puente y entendemos que no quieren dejar el poder, como lo dejó claro Maduro cuando advirtió de un baño de sangre, ¿por qué estamos las calles? ¿Qué nos hace pensar que vale la pena gastarnos los ahorros en un pasaje para venir a votar? 

Hay signos que motivan. Una encuesta de Delphos le da a Edmundo González el 59.1 % de la intención de votos. A Maduro el 24.6 %. 

La misma encuesta calificó a María Corina Machado como la líder más importante dentro de la oposición, con un 62.6 % de respuestas a su favor. En octubre de 2023 esa cifra era de 38 %. En marzo de este año, la misma encuestadora publicó que 70 % del chavismo blando manifestaba que era necesario un cambio. Barclays dice que el solo hecho de que la oposición tenga un candidato es un hecho «notable» que podría indicar una transición. 

El que quiere ver señales, las puede encontrar en todos lados. Las puede ver en las declaraciones de Lula, aliado histórico del chavismo, diciendo que «Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas». También las puede encontrar en Alberto Fernández, el expresidente argentino de izquierda, que dijo que «si (Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar». Gabriel Boric, el presidente chileno, también de corte progresista, sigue la misma línea. 

El gobierno venezolano, siempre propenso a las rabietas, respondió retractándose de algunas de las invitaciones hechas a los observadores internacionales. Al momento de escribir esta nota, Alberto Fernández confirmó que no viajará, como también lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aunque sin especificar motivos. Brasil canceló los planes de enviar observadores. Honduras sí logró enviar una misión de observadores para, en palabras de la presidenta Xiomara Castro, asegurar que el proceso sea «libre, justo, independiente y transparente». Todos los observadores internacionales invitados por la oposición fueron deportados o vetados.

Otra declaración que muchos encuentran significativa es la de Nicolás Maduro Guerra, Nicolasito, hijo de Maduro, diputado de la Asamblea Nacional y encargado de asuntos religiosos del PSUV, el partido gobernante. En una entrevista con El País, Nicolás hijo dijo que «si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición».

Una diferencia tan grande en las encuestas sería una victoria clarísima en un país normal, pero si algo ha quedado clarísimo es que Venezuela no es uno de esos. Este domingo hay una serie de escenarios posibles y en pocos la oposición sale favorecida. 

Uno es que Maduro gane. Como han dejado claro en el pasado, el fraude no está necesariamente en las máquinas. El chavismo tiene muchas herramientas a su disposición para voltear los números a su favor. Pueden intimidar a la gente para que acepten votar con ayuda, especialmente aquellos que reciben sus ayudas sociales; su total control sobre el ente electoral significa que pueden mover electores, y los milicianos que controlan los centros pueden impedir el acceso de los testigos de la oposición. 

Otro es que Maduro no gane, pero diga que sí lo hizo. 

Un fraude de esa magnitud abriría la puerta a una nueva ola de protestas, y no sé si el país esté listo para eso. A pesar de algunos encontronazos, las campañas han transcurrido principalmente en paz, dejando las protestas de 2017, donde murieron al menos 127 personas, como un recuerdo lejano. 

¿Tiene la oposición el poder político para convocar protestas en un país que apenas va recuperando las ganas de luchar? ¿La comunidad internacional apoyaría la opción democrática? 

Por supuesto, queda un tercer escenario, el que me trajo de vuelta a mi país: la oposición gana las elecciones y el chavismo acepta la derrota. Los que tenemos años viviendo y cubriendo la situación  tenemos razones para dudarlo, pero si algo he aprendido de mi país es que cuando hay algo de esperanza, por pequeña que sea, tenemos que aprovecharla. 

El control territorial de maras y pandillas en Honduras aumenta cada año, a pesar de las medidas de mano dura de los gobiernos. ¿Qué tan efectivo es el confiscamiento de armas y drogas para desmantelar a estas estructuras delictivas? ¿Es el narcomenudeo y el tráfico de drogas la única actividad que justifica su lucha por los territorios? Miembros de pandillas hablan sobre el estado de excepción y cómo a pesar de él  continúan con su avance en el control de comunidades enteras. 

Por: Fritz Pinnow, con reportes de Valeria Solís
Fotografía: Fritz Pinnow

Este artículo fue apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo

Jason* entra en la pequeña habitación tenuemente iluminada para sentarse en el sofá frente a sus homeboys. Desde su bolso, su teléfono suena repentinamente con un parloteo esporádico: «Chikis pasando de París a Alemania […] Aquí, todo tranquilo. ¡Todo tranquilo! […] ¡Disparos! ¡Disparos al otro lado!»

Los sonidos que salen del teléfono de Jason son los avisos de radio a través del cual sus punteros (vigilantes) le informan de todos los movimientos dentro de su territorio, en el sector conocido como La Planeta, uno de los sectores más marginados y pobres del norte de Honduras, ubicado entre las ciudades de San Pedro Sula y La Lima, completamente controlado por la pandilla Barrio 18.

«Creeme que en el momento en que entraste a nuestro barrio, sabíamos en qué carro andabas, a dónde ibas y con quién te ibas a reunir. No viste a ninguno de nuestros punteros, pero ellos siempre te ven a vos», asegura Mario*, un sicario de la banda de Jason.

Desde la década de los noventa, las políticas y operaciones nacionales e internacionales realizadas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica han abordado a las maras y pandillas como el enemigo público y estas, con el pasar del tiempo, han logrado controlar cada vez más territorios, sobre todo en barrios y sectores urbanos marginados. 

Más notablemente, la MS-13 y la Pandilla Barrio 18 son las más grandes y conocidas que emergieron de los pandilleros que fueron deportados masivamente a Centroamérica desde su lugar de origen, Los Ángeles, Estados Unidos. 

En 2012, San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, se ganó el perturbador título de «la capital mundial del asesinato», con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Las cifras de homicidios han disminuido significativamente desde entonces y han estado en su punto más bajo desde el 2004; sin embargo, la percepción de la violencia continúa siendo alta, y el control ejercido por las pandillas en grandes cantidades de barrios y colonias continúa vigente.

Según un análisis realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, en el 2022 las extorsiones en el país tuvieron un aumento del 153 % en comparación con el año anterior, alcanzando el segundo registro más alto de la década. El 62 % de las 1,824 denuncias se concentran en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, las dos ciudades con mayor presencia pandilleril en el país. 

Por otro lado, el repentino éxito del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las maras, ha puesto presión en el gobierno hondureño para seguir sus pasos. 

Esto resultó en la operación «Plan Solución contra el Crimen», que supone tres fases. Una de las principales medidas de este plan es el estado de excepción en el país, el cual limita las libertades constitucionales de los hondureños haciendo capturas, arrestos e incautaciones sin órdenes judiciales. 

Mario Fu, portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), dijo que uno de los  objetivos principales de la institución en el marco de este plan, es la presencia de autoridades policiales en comunidades que han clasificado como peligrosas por sus incidencias en crímenes relacionados con maras y pandillas. 

Según Fu, la mayor labor de la Dipampco para combatir el crimen organizado es la recopilación de información e inteligencia, que les permita identificar las zonas «calientes».

«En estos lugares se están realizando labores de inteligencia e investigación para identificar, ubicar y capturar a los responsables de la comisión de diferentes ilícitos, llámese extorsión, tráfico y venta de drogas, homicidios, desplazamiento forzado, asociación para delinquir, lavado de activos, entre otro tipo de delitos», mencionó el portavoz.

Fu explicó que los esfuerzos de las maras por el control se deben a su necesidad de distribuir y vender droga, y esto es un «detonante de violencia». No obstante, no desliga la extorsión como uno de los principales delitos que forman parte integral de las maras y pandillas.

«Es bien extraño que un miembro de una mara o pandilla que vende y distribuye drogas no ejerza o no cometa el delito de extorsión (…) O sea, por lo general, si ellos ejercen extorsión, es casi seguro que venden drogas. Y, por supuesto, también están relacionadas con actividades del sicariato, que recordemos que se traduce en homicidios», afirmó.

Miembro de la pandilla Barrio 18 muestra su bolsa de cocaína de 3 gramos, que compró por 300 lempiras. San Pedro Sula, sector La Planeta, 11 de julio de 2024. Foto: Fritz Pinnow.

Continuando con sus políticas de mano dura en contra de las maras y pandillas, en junio del 2024, la presidenta Xiomara Castroanunció en cadena nacional el despliegue de las fuerzas de seguridad, ordenando: «… Ejecutar urgentemente intervenciones en partes del país con la mayor incidencia de delitos de pandillas, como asesinatos por encargo, tráfico de drogas y armas de fuego, extorsión, secuestro y lavado de dinero«.

Tal y como lo mencionó la mandataria, uno de los delitos más importantes mencionados en las medidas son los crímenes relacionados con el tráfico de drogas, y es que el narcomenudeo ha sido tradicionalmente considerado como la fuente principal de ingreso de las maras y pandillas, lo cual supuestamente solidifica su poder en  sus áreas de operación.

Según un reporte publicado por la Policía Nacional a mediados del 2023, el éxito del estado de excepción ha sido en parte medido por la incautación de 4,895 libras de marihuana, 475 kilos de cocaína, 17,633 de drogas crack, 1,373 vehículos y 6,441 motocicletas utilizadas supuestamente para el narcomenudeo.

Pero a pesar de las cifras positivas que resalta el gobierno de Castro, los decomisos representan un porcentaje mínimo en perspectiva con las toneladas de droga que los carteles hondureños trafican a nivel internacional. 

En Honduras, se estima que la economía del narcotráfico genera cerca de 700 millones de dólares al año, lo que representa el 4 % del PIB del país, según revelaron datos del 2016 de Insight Crime. 

Un miembro de la pandilla Barrio 18 muestra su arma cerca de la frontera invisible. San Pedro Sula, sector La Planeta, 12 de julio de 2024. Foto: Fritz Pinnow.

Y es que la narrativa del gobierno  ha concluido que las drogas, y por consiguiente el narcotráfico, son uno de los factores que convierten a las pandillas en estructuras especialmente peligrosas y violentas. 

Las charlas con los diferentes pandilleros, tanto de la 18 como de la MS-13, revelan cómo la concentración en la confiscación de armas y drogas no capta el punto principal y la raíz del control de las maras en sectores marginales del país. 

En una entrevista con periodistas de Insight Crime, el notorio líder de la MS-13, Alexander Mendoza, alias «Porky», dio un relato detallado sobre la evolución de la mara a una mafia más estructurada, con múltiples fuentes de ingreso, de las cuales una es la venta y el tráfico de drogas. 

Sin embargo, dice que una mara como la MS-13 no puede depender completamente de las drogas. Adicionalmente, el gran patrón del crimen de la 13 reveló que en la base de su expansión está «la confianza de los locales en las áreas donde operaba y en centrarse en otros negocios, como el tráfico de drogas».

La guerra contra las drogas no es suficiente

Frederick*, un miembro de la pandilla Barrio 18, sonríe y se encoge de hombros: «No creás que hacemos mucho dinero de vender drogas. (…) Mirá, este gramo de cocaína se va por 100 lempiras, que es bien barato. Considerá que le vendemos a gente viviendo en condiciones de pobreza. (…) La mayoría de nuestro dinero viene de la extorsión, que es por lejos una mayor fuente de ingresos para nosotros», nos dijo cuando le preguntamos sobre el tema. Según él, los negocios del sector que controla su pandilla pagan el llamado «impuesto de guerra», o la extorsión a los pandilleros como una comisión por permitir el comercio en su territorio. 

Sin embargo, él explica que la clave para exigir este impuesto es el total e indiscutible control del sector. «¡Nosotros controlamos este sector completamente!», dice Mario, quien se presenta como sicario de la Pandilla 18. 

«Aquí si robás, violas o sapeás, te matamos»… esas son las reglas, según su relato. «Por eso podés dejar tu teléfono en cualquier lugar y nadie te lo roba. Aquí las motos las dejan con la llave puesta y la gente no cierra sus casas con llave. No matamos a nadie solo porque podemos. Siempre hay una razón y se tienen que seguir los procesos. No puedo dar plomo a cualquier persona aquí en la zona». 

Esto ha llevado a las personas de la comunidad a depender de la pandilla para resolver sus problemas internos. «Aquí los muchachos son el gobierno», dice Giovani*, un poblador del sector La Planeta. 

«El terreno de mi casa no está oficialmente a mi nombre para el gobierno, pero he estado viviendo aquí 24 años», cuenta Giovani*, y recuerda que cuando llegó al sector hace mucho tiempo buscando nuevas oportunidades en la ciudad, un hombre alegó ser el dueño del terreno y obligó a la comunidad a pagar grandes sumas de dinero por el derecho a permanecer en él. «Tenía un amigo en la alcaldía y tenía control total para explotarnos por lo poco que tenemos. Sus guardaespaldas mataron a 12 personas durante esta disputa, y suplicamos al gobierno en aquel entonces, pero nadie escucha al pobre aquí».

La disputa culminó cuando el propietario, Miguel Carrión,  fue asesinado en el Centro de San Pedro Sula junto con sus dos guardaespaldas, pero los títulos de propiedad nunca fueron legalmente reconocidos, dice Giovani. 

«Los muchachos [pandilleros] al menos reconocen que este pedazo de tierra es mío y puedo contar con ellos para protegerme de las pandillas rivales que vienen aquí. La policía ni siquiera se atreve a entrar en esta región, y si lo hacen, vienen a dañar las cosas y a acosar a la gente que vive aquí para luego irse otra vez», 

Giovani es una de las pocas personas que ha permanecido viviendo en esta área conocida como una frontera invisible. Este espacio divide La Planeta, controlada por los 18, del sector de La Rivera Hernández, territorio de los MS-13 y otras pandillas  pequeñas.

Las fronteras invisibles son «zonas calientes», donde, en su mayoría, hay casas abandonadas en donde los pandilleros del bando opuesto constantemente tratan de infiltrarse para obtener inteligencia.

«¡Donde hay una frontera [invisible], hay plomo!», dice Mario. «Tenemos un montón de tiroteos en el área, y hace poco agarramos a dos de la MS-13 husmeando (…) Cuando los agarramos, los torturamos por información, y si tenemos lo que queremos, los desaparecemos. Así de sencillo».

Un miembro de la pandilla Barrio 18 muestra su arma cerca de la «frontera invisible». San Pedro Sula, sector La Planeta, 12 de julio de 2024. Foto: Fritz Pinnow.

Según Jason*, un cabecilla de la 18, todas las pandillas han tenido una transformación significativa. «Ya no es inteligente ser violento y matar gente en las calles. Somos más que eso ahora. Ahora nos enfocamos en obtener inteligencia y preservarnos para controlar mejor el sector (…) Si la policía viene al barrio y confisca pistolas y drogas, dejamos que se lo queden. Y si se llevan a uno de nuestros muchachos, usualmente podemos comprar su libertad. Ese es su negocio (de los policías). Así es como ganan dinero extra». 

El relato de Jason revela que la Policía Nacional captura a los pandilleros para luego enviar un mensaje con un precio que debe ser pagado por sus familiares para poder recuperarlo.

Este nivel de negociación y corrupción no es un hecho aislado y exclusivo de los territorios controlados por la 18. María*, una sicaria de la MS-13, se refiere a las mismas dinámicas. 

«A veces la policía viene y agarra a nuestros muchachos y tenemos que comprarlos. (…) Nosotros mismos tenemos gente en la policía; si alguien los llama, ellos nos avisan quién, de cuál familia y qué casa llamó por cualquier razón». 

Igualmente, María explica que la MS-13 ha evolucionado y ahora se enfocan en consolidar su poder dentro de sus territorios con mayor inteligencia y una relación estrecha con la policía.

Al igual que en la 18, las drogas tienen un rol secundario en territorio de la Salvatrucha, donde la violencia es un recurso para consolidar su gobernanza, no para luchar por oportunidades para vender droga. 

«Vendemos diferentes tipos de cocaína que cuesta entre los 200 y 400 lempiras; aparte de eso, tenemos nuestra marca especial marihuana llamada tiburón, que es más potente». Pero a pesar de que está más cara, solo se mueve en cantidades pequeñas, agrega.

Ninguna de las maras demuestra preocupación mayor por la fase III del plan gubernamental, ofensiva, que supone entrar en operación dentro de poco.

«Ellos [el gobierno] han hecho esto antes, pero al final nunca se quedan. Probablemente, solo vamos a esperar que pase (…) Siempre hay uno grande de los nuestros que paga a un grande de ellos, y eso es todo», dice María.

Por su lado, Jason comparte una opinión casi idéntica: «Si la policía viene aquí, no los confrontamos. Ellos tienen licencia para matarnos sin repercusiones. Si uno de nosotros mata a un policía, ellos vuelven con todo y matan a todos, incluyendo a la familia de esa persona, hasta sus abuelos, por decir algo». 

Pero Jason aclara que no es necesario confrontar a la policía en sus operaciones porque la gente del sector no confía en ellos: «Nadie les va a ayudar [a la policía], porque nunca se quedan para resolver los problemas o tomar responsabilidad por el sector. Nosotros somos los únicos que lo hacemos». 

Las charlas con los diferentes pandilleros, tanto de la 18 como de la MS-13, revelan cómo la concentración en la confiscación de armas y drogas no capta el punto principal y la raíz del control de las maras en sectores marginales del país. 

A pesar de que algunas partes de la pandilla MS-13 se dedican al tráfico de drogas a gran escala, el principal uso de las drogas en los barrios sigue siendo como fuente de ingresos para las pandillas que los controlan. 

Sin embargo, según testimonios de pandilleros y residentes, las pandillas mantienen su control mediante una forma de gobierno violento, logrando una autoridad indiscutida debido a la constante marginación en los barrios y la desconfianza en la policía y el ejército.

Por otro lado, el nuevo plan del gobierno para lidiar con las pandillas y el crimen organizado es una guerra contra las drogas, mientras que las pandillas actualmente están librando una guerra por la soberanía territorial, que les permite sobrevivir a las actuales políticas agresivas diseñadas para eliminar su poder en las regiones.

Han pasado nueve años desde que Diario Tiempo cerró su edición impresa, después de que varias empresas de la familia Rosenthal fueran señaladas por la justicia de Estados Unidos como parte de una organización de lavado de activos. Desde 2022, los exempleados del diario esperan el cumplimiento de un fallo a su favor de la Corte Suprema de Justicia por los despidos que sufrieron en 2015 tras el cierre del medio de comunicación. Ahora, tras la resolución de la Sala de lo Penal de devolver los bienes incautados a varios miembros de la familia Rosenthal, los afectados reclaman que por fin se les haga justicia.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Cortesía

La tarde es húmeda en San Pedro Sula. Hay amenaza de tormenta este miércoles 10 de julio, y la conversación se arropa a la sombra de un frondoso árbol en la cafetería del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de los Zorzales. El fotógrafo Gerardo Mazariegos (75) y Carlos Umaña (71) recuerdan la época en la que fueron empleados de Diario Tiempo. Han pasado nueve años desde que los Rosenthal fueron acusados por lavado de activos en Estados Unidos, su edición impresa salió de circulación y más de 300 trabajadores quedaron sin empleo, sin nadie que respondiera por sus derechos laborales.

Mientras recuerdan a los que se han ido al descanso eterno esperando justicia, se comen un pastelito de harina de maíz con carne y arroz, acompañado con agua. Ambos son diabéticos y no quieren comer demasiado. La plática se desvía de la demanda, y se centra por un rato en hablar del sabor que tienen los pasteles. 

Cuando la conversación vuelve al tema laboral, Mazariegos hace una reflexión respecto al fallo favorable que recientemente obtuvieron los Rosenthal en Sala Penal de la CSJ, que les devolvió todos los bienes que les habían sido incautados. «Ellos obtuvieron justicia, nosotros también necesitamos justicia, no es posible que la justicia sea selectiva», dicen. En septiembre de 2022, la Sala Laboral ordenó a Editorial Honduras (razón social de la empresa) pagar las prestaciones y salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación laboral en 2015. A pesar de tener la sentencia a su favor, los empleados siguen esperando que se cumpla.

Mazariegos se pregunta cómo es posible que hayan pasado dos años y que no haya ninguna institución que pueda obligar a esta familia a cumplir con la sentencia. «Nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos. Por eso ya estamos llenando los requisitos para entablar una demanda internacional contra el Estado, que es el garante de los derechos laborales de los trabajadores», explica. 

Carlos Umaña, presidente del sindicato de trabajadores, también aguarda por una respuesta de la familia Rosenthal: «Esperamos que ahora, que ya les regresaron todo, no pueden decir que no tienen nada. Ellos decían que no tenían nada porque el Estado se los había quitado».

El fotógrafo de los cumpleaños de los Rosenthal

Décadas atrás, cuando era empleado de Diario Tiempo, Mazariegos era enviado frecuentemente a la casa de la poderosa familia Rosenthal con la misión de capturar con su lente momentos especiales del clan para la posteridad. Así presenció, entre otras fiestas, los cumpleaños de los hijos de don Jaime Rosenthal y doña Miriam Hidalgo: Yani, Patricia, César y Carlos. 

«Maza» –como es conocido en el gremio periodístico– nunca imaginó que muchos años después volvería a esa casa, pero esta vez para reclamar los derechos laborales que la empresa le adeuda tras nueve años desde que Diario Tiempo cerró su edición impresa. Desde entonces los exempleados reclaman justicia, y a pesar de contar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia a su favor, se les ha negado. 

Gerardo Mazariegos llegó a Tiempo cuando tenía 24 años y fue fotógrafo de planta durante 43 años. Después de un tiempo en el oficio, comenzó a escribir y publicó pequeñas notas; sin embargo, dejó de hacerlo cuando un editor intentó asignarle una cobertura como si él tuviese una plaza de periodista. 

También fue motorista del periódico por algunos años, pero dejó de hacerlo después de que le hicieran una audiencia con presencia de un inspector del Ministerio del Trabajo, tras haber abandonado un carro en la carretera entre El Progreso y Tela. Contó que él había reportado que el vehículo estaba averiado y no fue reparado. Al final salió bien librado del llamado de atención y nunca más volvió a conducir un carro del diario.

Pese a estos conflictos con sus patronos, Gerardo entregó más de cuatro décadas de su carrera profesional al medio de comunicación de los Rosenthal. Cuando el diario cerró sus puertas intempestivamente, se le fue de un plumazo una vida entera. El veterano fotógrafo no es el único sexagenario que exige sus derechos: «la mayoría de gente que está en esta demanda son de la tercera edad, por eso el Estado violenta los derechos», dijo Mazariegos. 

Tras haber conocido de cerca la cotidianeidad de la familia Rosenthal, Mazariegos sostiene que siempre tuvo un buen concepto de Yani, actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, quien comenzó a trabajar con mucho entusiasmo cuando don Jaime le encargó la gerencia de Tiempo. «Me gustó cómo comenzó a trabajar», dijo Mazariegos, aunque señaló que después de una temporada el entusiasmo del empresario se acabó, y fue enviado a trabajar a la cementera propiedad de la familia.

Exempleados de Diario Tiempo han exigido durante las manifestaciones del Día del Trabajador el pago de sus derechos laborales. Foto cortesía exempleados de Diario Tiempo.

Su lugar fue ocupado por su hermano Carlos, quien llegó directamente a confrontar al sindicato, e incluso presentó una demanda contra la personería jurídica de la organización y trató de enviar a alguno de sus miembros a la cárcel. La última época de Tiempo, con Carlos al frente, fue la peor de ese periódico. Les retrasaron los salarios a los trabajadores hasta tres meses, y eso ocurrió frecuentemente.

Cuando el periódico cerró su edición impresa —en la web sigue al aire— ya no era una empresa saludable económicamente, y para rematar, los 232 trabajadores despedidos en ese momento se encontraron con que Editorial Honduras no tenía ningún activo, pues todos habían sido traspasados a otras empresas y sociedades del Grupo Continental. Todo este contexto, más las influencias que se presume que los Rosenthal aún tienen en los impartidores de justicia, han causado una prolongada espera en la que ya murieron 13 personas de las que demandaron a la empresa.   

En septiembre de 2018 murió la periodista Farah Robles, colaboradora en diferentes medios de comunicación, especializada en la fuente de sociales en Honduras y una de las editoras de confianza del diario. Tras el cierre de Tiempo, Farah fundó una plataforma digital denominada El Diario.Hn, y también fue editora de sociales del diario El País en San Pedro Sula. Farah era de origen nicaragüense, pero vivió en San Pedro Sula desde su adolescencia.  

Meses antes, también en el  2018, falleció el exdirector de Tiempo, Manuel Gamero, quien fue el primero y único director que tuvo el diario durante su existencia; aun así, murió esperando justicia. En octubre de 2022, en su casa de habitación, producto de un infarto fulminante murió el periodista progreseño Lenín Berríos, recordado en El Progreso y en el gremio por ser un buen contador de historias, y por su personalidad alegre. Durante más de 25 años se desempeñó en el área de publicidad de La Prensa y Tiempo. Al momento de su fallecimiento, Berríos trabajaba en la sección deportiva de El País.

El camino

Diario Tiempo operó en Honduras desde noviembre de 1970, pero en el 2015, después de que los Rosenthal fueron acusados por la justicia estadounidense por lavado de activos provenientes del narcotráfico, su edición impresa salió de circulación, dejando a más de 300 trabajadores sin empleo, sin nadie que respondiera por sus derechos laborales. Jaime, el patriarca de la poderosa familia, prometió en un comunicado que honrarían las deudas y compromisos; pero esto no ha pasado, a pesar de que ha pasado casi una década desde el cierre del diario, y cinco años de la muerte del patriarca, en enero del 2019. 

Aunque Diario Tiempo no fue una de las empresas aseguradas por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), estaba ligado al Banco Continental, y por eso inició el calvario. Las promesas de don Jaime de cumplir con las obligaciones se convirtieron en palabras lanzadas al viento. 

En octubre de 2015, luego que Tiempo se despidiera de sus lectores con una leyenda en portada que decía «Hasta pronto», el jefe de redacción, German Quintanilla, explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), a través del Gobierno de Honduras, les había congelado las cuentas y no podían hacer ninguna transacción. «Ninguna empresa que nos debe dinero, ni el propio Gobierno, nos paga, porque no tenemos una cuenta en el sistema bancario. Los que deben publicidad no pagan. Estamos sin fondos», dijo Quintanilla, hablando con mucho sentido de pertenencia. 

Después del cierre, en los meses subsiguientes y previo a los procesos legales que enfrentaron Yani y Jaime en EE. UU., los dueños del periódico desaparecieron y los empleados quedaron en la incertidumbre. «El diario estaba en total abandono y si a los dos meses nosotros no hacíamos ninguna acción legal [interponer la demanda], nos dábamos por perdidos», recordó Mazariegos. Contó, además, que con una comisión del Ministerio del Trabajo intentaron entregar el equipo que tenían, pero no había ningún representante de la empresa. 

Al no obtener respuestas, y con los Rosenthal desentendidos, 232 exempleados interpusieron una demanda. En febrero de 2016 ganaron su caso ante un juez, pero su contraparte apeló, y la Corte de Apelaciones les negó la mayoría de las demandas que ya habían ganado en los juzgados. «La resolución de esa magistrada fue tan descabellada que por poquito nos declaran culpables de que Yani haya estado preso en Estados Unidos. Fue una aberración. Nos dejó solo con derechos, nos botó absolutamente todo y negó el principio de solidaridad», dijo Mazariegos, con marcada ironía. 

El expresidenciable liberal Yani Rosenthal es la cara más visible de los Rosenthal tras la muerte de don Jaime. El político ha dicho que no tiene cómo pagar. Foto: Cortesía exempleados de Diario Tiempo.

El principio de solidaridad que menciona el fotógrafo era clave para determinar si se les pagaría o no a los extrabajadores del diario. Ya que Editorial Honduras y su marca Tiempo no poseían propiedades que pudieran ser embargadas, y el edificio, las maquinarias y otros bienes estaban a nombre de otras sociedades de los Rosenthal, pero con este principio, los demandantes tienen la posibilidad de cobrar, ya que el Grupo Continental tiene otras empresas relacionadas con el diario.

Finalmente, el 19 de agosto de 2022, tras el regresó de Yani al país, la Corte Suprema de Justicia otorgó a los exempleados de Tiempo la demanda de pago de prestaciones laborales y salarios caídos; «no queremos hablar de cifras, pero sí es bastante dinero», sostiene Mazariegos.

Con el fallo a su favor, los exempleados han intentado hablar con los dueños del diario para cumplir un formalismo, pues dicen que los Rosenthal saben hace mucho tiempo que perdieron el caso. «Hemos andado detrás de ellos para entregarles el requerimiento de pago y no hemos podido porque se esconden. Llegamos a las empresas donde sabemos que están y el guardia nos dice: “no han venido”. El asunto es que ellos no se han pronunciado, no han tenido la amabilidad de llamarnos y decir “vengan, miremos cómo resolvemos”. Es un silencio total», cuenta. 

Mazariegos reconoció que, al principio del conflicto, a los extrabajadores se les ofreció la oportunidad de administrar el diario, pero al ser una empresa que no tenía bienes y que además necesitaba tener contacto con los bancos para comprar papel y tinta en el extranjero, no la tomaron. «Nos lo ofrecieron, pero nos estaban tendiendo una trampa porque desde el momento en que asumieramos el control del periódico, ya éramos socios y compartíamos las pérdidas, aunque solo lo administráramos por 15 días. Si lo hubiéramos agarrado, ahorita no estaríamos peleando nada».

 «La Sala Laboral le ordena a Editorial Honduras (razón social de la empresa) pagar, basado en los acuerdos establecidos en el Contrato Colectivo, las prestaciones y salarios dejados de percibir desde la fecha que se produjo la terminación laboral (2015) hasta quedar firme el presente fallo», ordenó la sentencia emitida en septiembre de 2022 por unanimidad de los miembros de dicha sala. A pesar de esta resolución, dos años después, los empleados aún esperan que se cumpla la sentencia.

 «Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes», donde «todo se consuma bajo esa sensación de ternura que produce el dinero». Estos versos del poeta hondureño Roberto Sosa siguen vigentes, pues quienes ya recibieron justicia son los Rosenthal. 

El 20 de junio de 2024, la Corte de Apelación de lo Penal declaró sin lugar «la acción de privación definitiva de dominio promovida por el Ministerio Público sobre los bienes de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, César Augusto Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Edwin Mayer Rosenthal Coello, Edwin Mayer Rosenthal Oliva y otros titulares de derecho». Entre los bienes devueltos están los activos de Banco Continental y los de Empacadora Continental.

Después de nueve años de lucha, con la ley de su lado, pero sin recibir respuestas, Mazariegos baja un poco el tono de su discurso para pedirle a la familia Rosenthal que tengan la cortesía de reunirse con ellos. 

En el Gobierno tampoco han encontrado respuestas; «se hacen los locos», dice Mazariegos cuando se refiere a las gestiones que han hecho en distintas esferas gubernamentales, sin que hasta ahora haya éxito. «No te imaginas cuánta gente ha ofrecido que nos va a ayudar, pero no sé con qué pegan. La justicia es selectiva porque no le dan el mismo tratamiento a políticos y empresarios poderosos de este país. Los descalzos no tienen la misma justicia. Lo que esperamos es que si, a los Rosenthal les cumplieron, nos cumplan a nosotros»

Mazariegos dejó de trabajar desde el 2015. Dice que él y otros compañeros han ido adquiriendo deudas, así que nos contó que con el pago de sus derechos espera cubrir estos compromisos; «no te voy a decir que lo ocupo para irme de vacaciones, pues lo más importante es pagar, deudas, gastos médicos y medicinas».

Porque para mí siempre anda rondando en las noches cuando más llueve, porque ella no puede sola con su llanto y le pide al cielo que la acompañe a penar.

I

Siempre vos tan etérea,

obsoleta mujer.

Que vino de lúgubres espacios,

para mirar lo que nadie ve.

 

Pusiste escudos ante el llanto,

gusanos que vuelven en tierra la piel,

y narcisos para los muertos,

para nunca dejarlos perder.

 

Venga voz aguda,

venga lo que ya no se siente.

Deja los ríos evaporar la melancolía.

déjalos soñar por siempre.

 

Pósate ante la luna,

pisa el lecho entre los altares,

llora, llórame.

Que yo aquí ante el mundo con tus hijos te esperaré.

 

II

La Llorona es una de esas locas de la Plaza de Mayo,

es la madre de Eduardo Becerra Lanza,

es la madre de un migrante que desapareció.

Un suplicio terrenal,

La historia que vaga por nuestros pueblos.

Es mi madre, 

mi cielo, 

es mi matria y mi recuerdo,

y una tierra que entendió,

que llorar hasta el alba no basta.

Hace falta,

Interpelar al vacío suspiro,

al vacío profundo de ciénaga,

profundo

de desesperación.

Recalcitrante se vuelven los días en este bloque de concreto,

de polvo o tierra, para los efectos,

llamado Tegucigalpa,

por donde deambula la tos del alcohol,

el sudor, los carros sin stop, las navajas acuareladas

o el zumbido de un zancudo que se vuelve alguna trampa.

El miedo se mete al oído y todo, todos,

parecen una amenaza,

parecen caminar sin pies,

marchando sobre una balsa,

que solo te lleva de la cuna,

a la hedionda cueva de la vejez,

de la vejez sin memoria, sin control de esfínteres,

sin dignidad, con una llaga en la espalda.

Y aquí la mayoría envejece sin el paso del tiempo,

porque el pavimento es el nuevo lienzo,

de una ciudad sin árboles,

inundada por ríos de mierda.

Y así, ¿cómo te salvo?

¿Cómo me salvas?

Desde lejos se ve la llama comiéndose los montes,

desde cerca viene la lluvia y se llena de lodo,

se llenan los mercados, se lleva a los cachorros,

de dulce esperanza sabor a nuez.

Aquí cazan y se pelean por botellas de plástico,

mientras en un barcito se tragan un escenario maldito,

rimbombante que en las pantallas desbloqueadas,

les hacen creer que todo está bien.

Pero aquí la gente que no es ciega y aun no se arranca los ojos a lo Edipo,

se suicida,

se cuelga de una rama,

se engrieta en sus heridas,

se lacera las entrañas.

Y así, flotamos en un lugarcito medio desierto,

de guanacastes y montañas aledañas,

pescando enfermedades más qué sirenas,

de las que Juan Ramón hablaba.

Si me siento con él, desde la antigua Casa Presidencial,

quizás pueda volver el agua del río que lo sedujo

o quizás otra vez,

sienta el olor recurrente a muerte

y me cruce alguna bala.

 

Así,

amor mío,

es la Tragaluzgalpa:

Un recuerdo vacío, una desesperanza.

¡Oh dios! Al mundo…

Les volviste inhumanos

les cerraste los ojos

esperando tus manos

¡Manifiéstate entonces!

Medita, ven abajo

salva al perro callejero,

al gato que muere despacio.

Decime qué rostro le pongo a la empatía

que se la tragó con un trapo.

Trabajo de estar viva

oh muerto, cielo abajo.

Oídos al mundo,

oínos torturados.

El Signo de la Carne

Soy hija de Lilith,

dentro de la Tierra el magma traspasa la corteza,

llena mis venas,

baña mis entrañas.

Me encanta que te viertas sobre mí.

Bruja acompañada de gatas,

los olores de las hierbas,

incluso al abrir mis piernas,

te puedes diluir,

oí – huir mi gemir.

Selene, de luna llena,

tus dedos plegados contra la hierba,

de noche, mi pelo negro

refleja tu palpitación,

quiero tragarme tu respiración.

Tlazoltéotl apresurada en llamas,

el amor ilícito,

solsticio de verano,

solicito tu mano para hacerme venir.

puedo destruirlo todo a mi voluntad,

empañando la habitación.

Te fuiste de mí,

me voy a tu encuentro,

siento un ahuecamiento.

El río creció y se llevó todo con él,

todo mi llanto se fue mar adentro.

Cuando él frío vino sin vos

empapé el papel con mis gotas,

palabra tras palabra.

Todas me llevaron a él y me dije:

que torcido está,

el tronco que atraviesa mi espalda

pasando por la aorta de mi corazón,

rozando mis intestinos

tocando las puntas de mis pies

por donde sube la materia etérea

para calmar mis enojos

para dejar de sembrar ira

y otra vez,

volverme a caer entre la maleza.

En la ciudad de El Progreso, Yoro, el Teatro La Fragua celebra su 45 aniversario con una Temporada de Expresión Artística, que contará con la presentación de obras de teatro, cortometrajes, conciertos y talleres multidisciplinarios para celebrar que se mantiene en pie, y que quienes acompañan y siguen su labor todavía creen en continuar despertando «la creatividad del pueblo a través del teatro para encontrar soluciones a los problemas actuales».

Texto: Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

En la entrada del Teatro La Fragua hay dos murales que sostienen 45 años de historia, o al menos una pequeña parte de ella. Ahí está colgada una caricatura del padre Jack Warner, fundador de este teatro; una foto de Guillermo Anderson (1962 – 2016) de perfil, con una pierna cruzada, sosteniendo su guitarra en una presentación en La Fragua; fotos de las primeras obras que se presentaron; y una foto de una pequeña casa de adobe convertida en teatro, con capacidad para ochenta personas, que fue la primera sede de este teatro en 1979, cuando se fundó en Olanchito, Yoro. 

En 1980 el Teatro La Fragua llegó a El Progreso, una ciudad a cuatro horas de Olanchito, y ahí se hospedó en un edificio que ahora tiene unos cien años. El pasado viernes 19 de julio este espacio cultural, forjado en una ciudad plena de levantamientos sociales que se reactivan de tanto en tanto, cumplió 45 años de prestar su espacio al arte hondureño.

Como en cada aniversario, La Fragua celebra la Temporada de Expresión Artística, que este año inició el 19 de julio y culminará el 31 de agosto. Su programación cuenta con tres líneas culturales: eventos en vivo, con teatros y conciertos; proyección de cortometrajes, que incluyen conversatorios con protagonistas y equipo técnico; y talleres multidisciplinarios, de poesía, actuación, fotografía y otras líneas artísticas.

Presentación de la obra «Juana la Loca». Teatro La Fragua, El Progreso, julio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Luis García, director administrativo del Teatro La Fragua, explicó que en este espacio, con la Temporada de Expresión Artística, tienen una misión: «despertar la creatividad del pueblo a través del teatro para encontrar solución a los problemas actuales», y que «el teatro y el arte son una herramienta para poder generar reflexión». García además señaló que ellos no buscan «entretener, sino dar un espacio para examinarnos».

45 años traen muchas alegrías y esfuerzos. García expresó que uno de los retos para el Teatro La Fragua, como lo puede ser para muchos espacios y gestores culturales, es batallar con una «imposición mediática de culturas externas de la globalización», e insiste en que su tarea es evidenciar la importancia de un espacio como este teatro, cuya sede es parte de la arquitectura histórica de El Progreso.

Luis García, director administrativo del Teatro La Fragua también hace parte del staff en el cuarto de audio y luces. El Progreso, julio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

El Teatro La Fragua alberga la historia de cientos de personas progreseñas, hondureñas y extranjeras, que pasaron por aquí. La alegría de  niños y niñas que vieron películas en un enorme televisor —que Luis García dice que todavía funciona—, cuando el VHS era el medio de transporte del cine. El escritorio del padre jesuita y fundador de La Fragua, Jack Warner, todavía está donde lo dejó antes de su retiro, y en una sala contigua se atesoran todos los videocassettes de películas que se presentaban a la niñez de El Progreso, junto a cientos de cedés de música clásica. 

Parte de la colección de casete de VHS y Cds que dejó como herencia al teatro del padre Jack Warner, fundador del teatro. El Progreso, julio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

También están los archivadores, con cientos de folders con los guiones de obras.  En una de las paredes del Teatro La Fragua cuelga una máscara y —en medio de garabatos, nombres y frases— está pintado un fragmento de un libro del escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, mejor conocido como Dr. Seuss. La frase completa dicta: «A menos que alguien como tú se interese de verdad, nada va a mejorar jamás». Estas palabras resuenan con esa misión del teatro de «despertar la creatividad del pueblo para encontrar soluciones a los problemas actuales».

«Juana la Loca» abrió la Temporada de Expresión 2024

Para dar inicio a esta celebración del Teatro La Fragua, la temporada inició con la presentación de la obra «Juana la Loca», del dramaturgo salvadoreño Carlos Velis, interpretada por Karla Núñez, Gabriela Valeriano, Delma Zepeda, y dirigida por Luisa Cruz, del Grupo Teatral Bambú.

Luisa Cruz explicó que esta obra la escribió Carlos Velis tras conocer a la poeta hondureña Juana Pavón (1945 – 2019) en algunos encuentros de escritores en El Salvador. Entre risas —de esas que nos vienen al recordar a alguien que se conoció— agregó que «cada vez que (Juana) iba a El Salvador se iba sin papeles, ella solo se cruzaba la frontera, era tremenda». 

Karla Núñez en el papel de Juana, en la obra «Juana la Loca», del dramaturgo salvadoreño Carlos Velis. El Progreso, julio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Luisa señaló que la vida de Juana fue «trágica», una de golpes, violencia, abandono, que construyó a una poeta que «expresó lo que sentía», que «no era ninguna monedita de oro como tantos hondureños». Luisa explicó que montar esta obra fue un reto, pero que se la presentaron a Juana cuando estaba en vida y ella lloró cuando la vio. Luisa añadió que para el Grupo Teatral Bambú es un orgullo seguir homenajeando a una mujer como Juana.

Un legado permanente a la cultura nacional

Sobre el 45 aniversario del Teatro La Fragua, Luisa Cruz dijo que este es un espacio del «teatro popular, del teatro reivindicativo de los derechos de los hondureños». Agregó que el teatro que el padre Jack Warner fundó en la zona norte es «fabuloso, es teatro de verdad contestatario, que responde justamente a la opresión de la sociedad, a las desigualdades sociales, económicas, condiciones de trabajo terribles para la gente, y sin embargo, la gente siempre es capaz de reír y de pensar y de analizar a través del trabajo del Teatro La Fragua».

Cabina de audiovisuales desde donde se controlan las luces y efectos del teatro arena La Fragua. El Progreso, julio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Al Teatro La Fragua le espera un largo viaje de historias y enseñanza en su Temporada de Expresión Artística, que finaliza el 31 de agosto. Pero su misión de «despertar la creatividad del pueblo» no acabará ahí. Por eso, es reconfortante saber que en la ciudad de los levantamientos sociales todavía hay teatro contestatario, que hace reír, pensar, reflexionar, que alberga una importante contribución al teatro hondureño iniciada en una casa de adobe, y ahora cumple 45 años de trabajo y de lucha.

Un decreto aprobado por el gobierno de Xiomara Castro devuelve al Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía la protección de la que careció durante la explotación minera de la empresa Inversiones Los Pinares, le regresa la esperanza a los defensores del ambiente de Tocoa, Colón, y compromete a las autoridades a cumplirlo. Después de 10 años desprotegida, la zona núcleo de este parque nacional fue destruida por un proyecto minero que trajo más problemas que beneficios a las comunidades. 

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Lo que hay ahora en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras Montaña de Botaderos es la huella destructora de la empresa minera Los Pinares y los resabios de su poder que aún se expresan en el control de ese territorio. 

El miércoles 3 de julio, el gobierno de Xiomara Castro entregó en un acto simbólico al pueblo tocoeño el decreto 18-2024, que recupera y protege la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. El decreto fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 y entró en vigencia el 6 de mayo.

Recordemos que en 2013, el Congreso Nacional reformó de manera irregular el decreto 127-2012 para reducir la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. La reducción fue de 217.34, hectáreas que luego fueron otorgadas a la concesión minera de inversiones Los Pinares, bajo los nombres de ASP1 y ASP2. El nuevo decreto derogó esa irregularidad e impide nuevas explotaciones mineras en zonas protegidas, pero más de diez años en desprotección le pasaron factura no solo al área protegida sino a las poblaciones de las comunidades aledañas.

Ese 3 de julio llegaron Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna); Malcolm Stufkens, viceministro de la misma Secretaría, el diputado Ariel Montoya, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional; el subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos, Longino Becerra; y la representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo, quienes se comprometieron en la asamblea a asegurar el cumplimiento del decreto.

Pero esa promesa se hace en medio del ruido. El ministro de la Serna, Lucky Medina, ha estado envuelto en una polémica desde que a finales de 2023 manifestó su apoyo a la instalación de un proyecto de generación de energía que pertenece a la empresa Tocoa Energy, del Grupo Emco el conglomerado del cual la empresa Los Pinares es parte. Con el proyecto de energía, los líderes ambientalistas de Guapinol han dicho que se daría continuidad al proyecto extractivo del conglomerado en la zona. Habitantes del municipio e integrantes de diversas organizaciones han expresado su rechazo a este proyecto en numerosas ocasiones, a pesar de los esfuerzos de la alcaldía de Tocoa por aprobarlo mediante cabildos realizados de forma irregular.

En la mesa principal del evento, el ministro de la Serna, Lucky Medina, Isabel Albaladejo, representante de Oacnudh, Malcolm Stufkens, viceministro de la Serna. Tocoa, Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Pero ese día, el gobierno se mostró comprometido con la conservación del parque nacional. Después del acto simbólico en el colegio Dr. Ramón Rosa, y después de los discursos de los funcionarios, unos 25 carros pick-up iniciaron el camino hacia el Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escalera Mejía. 

La montaña aún está bajo el control de la minera, tanto así que para subir a la zona núcleo quienes resguardan el camino que construyó la empresa no permitieron el uso de la calle a las autoridades y visitas y éstas tuvieron que rodearlos.

El primer intento fue por la entrada principal de la empresa, un camino recto y árido, donde los guardias, al ver al grupo y a los representantes de Naciones Unidas, escondieron sus armas. La mayoría del grupo se fue en un pick-up a pedir «permiso» para que la comitiva de carros con funcionarios, periodistas, miembros de organizaciones, personal de las Naciones Unidas y el Comité de Bienes Comunes y Municipales de Tocoa pudiera entrar al parque por la entrada principal, que la empresa mantiene cerrada.

Los intentos de negociación continuaron y los ánimos ya estaban muy caldeados. Veinte minutos después, llegó en un turismo blanco el apoderado legal de la empresa para exigir que se cerrara el portón, y aseguró que íbamos a entrar, pero de forma ordenada y solo después de un chequeo rutinario de seguridad. El ejecutivo de la empresa pidió que todos nos apuntáramos en una lista, pero Johny Rivas, de la Plataforma Agraria, se negó, diciendo: «Después, con ese listado, nos van a mandar a matar».

La entrada principal a la empresa, cerrada y resguardada por un grupo de guardias. Tocoa, Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Esperamos durante 35 minutos a que nos autorizaran a pasar, y al cabo de ese tiempo ni el ministro Lucky Medina, ni su viceministro Malcom Stufkens, salieron de su carro para interceder y que pudiéramos entrar al parque por el camino que atraviesa las instalaciones de la empresa, aunque supuestamente eran ellos quienes encabezaban la comitiva. Finalmente, el grupo tomó la decisión de subir a la montaña por el camino de la aldea Guapinol.

Después de que las calles de tierra de Guapinol se acabaron, inició la subida a un cerro en conflicto al que pocos han llegado desde 2018, cuando inició la persecución y criminalización contra defensores y defensoras del ambiente. A medida que subíamos, la carretera se hacía más pequeña; allí los caminos son exclusivamente para carros de doble tracción o camiones.

Vista de la calle desde la cima de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Tocoa, Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Mientras pasábamos al lado de una pequeña pulpería con rótulo caído, la única en muchos kilómetros, los pocos habitantes de la zona nos miraban pasar con sospecha. 

Luego bajamos una cuesta empinada y llegamos a un brazo del río San Pedro, fuera del área de la concesión de la empresa minera. Allí se encuentra una galera abandonada que, según Limbor Velásquez, de la Fundación San Alonso Rodríguez, es un signo de la explotación de minerales en la zona, incluso fuera del área de concesión. 

Casi a las cinco de la tarde llegamos a la entrada de la zona núcleo, bloqueada por algunas ramas y barriles. El área aún estaba vigilada por un grupo de hombres con uniforme negro, pasamontañas y armas largas, quienes al ver al grupo de vehiculos y personas comenzaron a tomar fotos. Son empleados de la empresa, los últimos, porque legalmente ya no tienen una función en la zona núcleo del parque nacional protegido.

Guardias armados aún permanecen en la parte de zona núcleo que ha sido destruida por la minería a cielo abierto. Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.
Parte de los daños en la zona núcleo, la huella de la minería a cielo abierto en un parque nacional protegido. Tocoa, Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Para llegar al botadero, parte de la concesión de la zona ASP2 que es utilizada para tirar los residuos del trabajo minero, incluyendo material arcilloso y metales pesados que contaminan el río San Pedro, teníamos que cruzar ASP1. Al final, solo unos cuantos vehículos lograron llegar hasta el área, donde se constataron los daños en la quebrada debido al vertido de materiales de la mina.

Ya en el lugar, Johny Rivas comenzó a buscar algo entre los cerros. «Por allá está la otra calle, por donde están sacando el material», dijo, mientras señalaba una zona del cerro más cercana al departamento de Olancho, donde se sospecha que la empresa sigue con la explotación minera, a raíz de la publicación del decreto 18-2024.

De acuerdo con la abogada Rita Romero, representante del Comité por la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, las mineras ya tendrían que estar en el proceso de cierre de toda actividad en cualquier zona protegida. «No se pueden permitir más derechos mineros en las zonas protegidas», recalcó.

Defensores del ambiente aseguran que aún con la entrada en vigencia del decreto 18-2024 la empresa continúa con la explotación minera; hay áreas donde se nota un trabajo de excavación reciente. Tocoa, Colón, julio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) está en la última fase en el proceso de selección de la empresa que construirá una cárcel de máxima seguridad para 2,000 privados de libertad en Islas del Cisne, pese a no tener una licencia ambiental para la fase de construcción. Contracorriente tuvo acceso a un informe ambiental y varios testimonios de expertos involucrados que desaconsejan la construcción de esta cárcel. Los informes «serán saneados» por la empresa que contrató el INP para avanzar en el proceso de licitación. Esta empresa consultora ha realizado estudios ambientales para el Grupo Emco y ha compartido apoderado legal con la empresa Inversiones Los Pinares, ambos propiedad de Lenir Pérez, vinculado a diversos proyectos señalados por corrupción y daños ambientales en Honduras.

Por: Contracorriente

La comunidad científica de Honduras se opone a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Se pronunciaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) —la máxima institución rectora de los estudios superiores en Honduras—, el Colegio de Biólogos, el Colegio de Ingenieros Ambientales, el Colegio de Abogados, y una amplia comunidad de profesionales de diversas ciencias que se aglutinan en una coalición. 

El gobierno ha respondido por medio del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) el comandante de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), coronel Ramiro Muñoz, y el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, quienes han dicho que los que se oponen a este proyecto están ligados al crimen organizado y defienden pandilleros. Así, el INP ha continuado el proceso de licitación para llevar a cabo el «Plan solución contra el crimen», que contempla comenzar a construir el 2 de agosto la cárcel en Islas del Cisne para albergar a 2,000 presos, y un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) entre Olancho y Gracias a Dios, para 20,000. 

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El anuncio más reciente del avance del proyecto en Islas del Cisne —un archipiélago en el Caribe hondureño entre la isla de Guanaja y La Moskitia— lo hizo el ministro de la Serna, Lucky Medina, quien dijo en redes sociales y a través de medios de comunicación que la licencia ambiental para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne ya estaba aprobada. Según el periódico gubernamental Poder Popular, el ministro declaró que con esta licencia se completaba la fase 1 del proyecto, el cual debía continuar con una serie de estudios y el diseño de la cárcel. 

Contracorriente solicitó a la Serna el expediente de dicha licencia y esta institución respondió que la licencia se encuentra en reserva a petición de la Secretaría de Defensa, e indicó lo siguiente: 

Se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) el proceso de acompañamiento en la revisión previa de los documentos técnico-ambientales concernientes a la Islas del Cisne de Honduras para dar paso a la primera fase del proyecto para la construcción de la Cárcel. Esta primera fase consiste en avanzar hacia los detalles del diseño final de estudios geológicos, biológicos, marino costeros, así como la ampliación en datos científicos y el diseño estructural y arquitectónico del Centro Penal en Islas del Cisne.

Así mismo, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario, esta Secretaría de Estado elaboró Términos de Referencia y Medidas de Control Ambiental para reducir al mínimo los impactos ambientales, las cuales anticiparon las 

1) Condiciones Preliminares previo al establecimiento del campamento y la realización de las actividades de estudio y diseño
2) Disposiciones Generales
3) Características del Campamento
4) Requisitos durante las actividades de Estudio y las
5) Actividades Post Estudio y Desalojo del Campamento, estas se adjuntan para su revisión y análisis completo.

Estas Medidas de Control Ambiental fueron cumplidas en su totalidad por el Proponente y según el Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) en su Artículo 24, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), en uso de sus facultades delegadas, procedió en fecha veintiuno (21) de junio del 2024, a emitir Licencia Ambiental Operativa SLAS-00074-2024, correspondiente al proyecto de la «Construcción de Centro Penal de Máxima Seguridad en Islas del Cisne (Fase I).

A pesar de que la licencia ambiental otorgada solo habilita la primera fase del proyecto, el INP convocó a licitación para la fase de construcción desde el 1 de julio y, según declaraciones del coronel Muñoz a Contracorriente, el proceso se ha acelerado al punto en el que ya están cerca de firmar contrato con la empresa constructora que cumplió los requisitos, y que quizá los trámites estén concluidos a finales de julio. Muñoz se negó a decir el nombre de la empresa, pero aseguró que es extranjera. 

La consultora 

Para realizar los estudios descritos en la licencia ambiental, el INP contrató a la empresa Asesores y Consultores Ambientales de Honduras S. de R. L. (Asecoah), inscrita como proveedora del Estado en temas de «electrónica de interfaz del avión, servicios de evaluación de impacto medioambiental (EIA), y servicios de auditoría medioambiental para empresas».  

Esta consultora actualmente es propiedad de Elvin Yassir Reyes Nieto, Ramón Ernesto Vásquez Portillo y Karla Lorena Reyes Nieto, y como apoderado legal tiene a José Ernesto Vindel Wainwright, quien ha actuado también como apoderado legal de la empresa minera Los Pinares, la cual ha desarrollado proyectos denunciados por corrupción y daños al medioambiente. En LinkedIn, Elvin Yassir Reyes Nieto se presenta como gerente propietario de Asecoah «de Grupo Emco», el conglomerado empresarial del que forma parte Los Pinares y cuyo dueño es Lenir Pérez, un empresario del sector minero y aeroportuario que ha generado varios conflictos socioambientales y que está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos. En la cuenta de Instagram de Asecoah se puede ver que esta empresa consultora ha realizado varios estudios para Palmerola International Airport (PIA), que también es parte del conglomerado de Pérez. 

Esta empresa fue constituida en 2016 por el ingeniero agrónomo Elvin Yassir Reyes Nieto, el ingeniero industrial Ronald Edmundo Medina Aguilar, el biólogo Dennys Edgardo Canales Cruz y la ingeniera ambiental Fabiola Hetsabel Mendez Rivera. Sin embargo en 2023 aparecen otros socios propietarios, el ingeniero agrónomo Ramón Ernesto Vásquez Portillo y Karla Lorena Reyes Nieto. En ese año también hicieron un cambio en su razón social para agregar «la comercialización, compra y venta, Servicios de Importación, Reexportación y Distribución de Productos Derivados del Petróleo y Gas Licuado del Petróleo (Gas LPG)». 

Según el informe de ejecución física y financiera del INP, en 2023, esta institución del Estado desembolsó L 18,871,965.00 en estudios y análisis para dar inicio al proceso de licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne. Aunque en este informe no se establece que se haya pagado esta cantidad a Asecoah por sus servicios, Contracorriente pudo verificar que uno de los informes de expertos que realizaron estudios para comenzar con la primera fase del proyecto de la cárcel en Islas del Cisne, se entregó a Asecoah como consultora principal.  

Contactamos a la empresa consultora para conocer más sobre su papel en estos estudios, el contrato que tiene con el Estado y su vinculación con Grupo Emco, pero al cierre de esta nota su única respuesta fue negar que ellos estuvieran a cargo de este proyecto. Según varias fuentes consultadas por este medio,  Asecoah no ha culminado su trabajo de estudios para la primera fase del proyecto, incluida la promoción de un cabildo abierto en Guanaja para consultar a la población más cercana a las Islas del Cisne si está de acuerdo o no con la construcción.  

Según Muñoz, las licitaciones y el proceso de contratación han avanzado con el visto bueno de los expertos científicos que han realizado los estudios de impacto ambiental, y afirmó que como INP no están actuando al margen de las recomendaciones de los consultores. Sin embargo, Contracorriente tuvo acceso a estudios ambientales que ya se comenzaron a hacer en el marco del contrato de Asecoah y ninguno de ellos avala la construcción de la cárcel; por esta razón deben sanearse por parte de la consultora mientras el INP y la Serna avanzan aceleradamente con las siguientes fases del proyecto. 

Los autores de los informes se negaron a hablar con este medio para ampliar la información.

Inviabilidad de la cárcel en Islas del Cisne

El coronel Muñoz aseguró a Contracorriente que todo se ha hecho de acuerdo con las normas ambientales, y que su objetivo principal es cumplir el mandato del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que determinó como una de sus prioridades la construcción de esta cárcel en 2024.

Además, aseguró en varias ocasiones que el INP no habría seguido adelante con la licitación y contratación si no tuviera el visto bueno de la Serna y la licencia ambiental. «Es una isla, así como usted se mete a internet y la puede ver en vivo, qué es lo que hay ahí. Ya han habido en el tiempo un montón de actividades en esa isla, como pistas, con muelles, con habitaciones, con tanques de combustible, todo eso ha habido antes, entonces la mayor parte del lugar donde se va a trabajar es donde está esa parte más afectada. Sería imposible tener una licencia ambiental si no tuviéramos las condiciones para poder dar la construcción, la licencia lo que me dice es “construya” y la licencia me dice “construya con estas y estas y estas condiciones”», sostuvo. 

Según expertos, Islas del Cisne ya sufrió un impacto ambiental hace casi cincuenta años, cuando EE. UU. usó la isla más grande como sitio de aterrizaje y pequeña base contrainsurgente. En el lugar aún hay vestigios de armas, contenedores para aguas lluvia y algunas especies invasoras que quedaron porque fueron llevadas en ese tiempo. El agua dulce de la isla está contaminada, los huracanes que se forman en el Caribe se elevan a categoría cinco cuando pasan por estas islas, y la capacidad de carga del terreno es muy baja para soportar la construcción de un edificio. 

En uno de los informes entregados a la consultora, al INP y a la Serna se indica: «[…] Siempre la principal recomendación estará en desestimar el desarrollo de infraestructura en el archipiélago tanto por su inminente impacto ambiental y costo […] si bien el sitio no es prístino a consecuencia de elevadas cantidades de basura flotante a la deriva e intervenciones históricas masivas en la cobertura boscosa a través del tiempo. […] Las islas del Cisne presentan una diversidad biológica terrestre elevada, codependiente de la cobertura boscosa. […] Desarrollos permanentes de infraestructura a gran escala en el archipiélago pueden ser catastróficos en el mediano y largo plazo».

Algunas personas que tuvieron acceso a estos informes y ocupan puestos de toma de decisión aseguraron a este medio que la opinión científica es unánime: la cárcel en Islas del Cisne es inviable. 

Según uno de estos funcionarios, el suelo no tiene la capacidad para soportar la construcción de la cárcel. A pesar de esa conclusión, la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras (Sedena) ya tiene los planos para comenzar con la fase 2. Según la fuente, la fase 1 son los estudios, la fase 2 el diseño, y la 3 y la 4 consiste en la preaprobación de la construcción. Parecen líneas de tiempo muy distintas a las que maneja el coronel Muñoz, quien ya tiene listo el contrato para la construcción. 

«Tenemos hasta el 29 de julio ahorita para que ellos [las empresas concursantes] nos presenten esa propuesta, después nosotros tenemos cinco días para evaluar esas propuestas y determinar qué compañía de las tres está apta para poder llevar a cabo el proceso, y después de eso solo nos queda hacer lo administrativo para iniciar la construcción», explicó Muñoz en entrevista con Contracorriente.

Aún se desconoce el costo exacto de la construcción de esta cárcel. Personas expertas han dicho que el costo podría elevarse mucho debido a la distancia, las condiciones del transporte y los recursos de la isla; sin embargo, en una nota del diario El Heraldo se estimó que la construcción podría estar valorada en 80 millones de dólares, que provendrán del presupuesto nacional. 

El gobierno de Honduras aprobó un presupuesto de 1,000 millones de lempiras (unos 40 millones de dólares) para ejecutar el «Plan solución contra el crimen» y el estado de excepción en 2023, pero en el presupuesto de 2024 se puede notar el incremento que tuvieron las Secretarías de Defensa, con L 12,080,000.00, y la Secretaría de Seguridad, con L 11,651,057.00; hasta este momento, ambas secretarías llevan el 50 % de su presupuesto ejecutado. 

Muñoz aseguró que «ninguna ley restringe a un país que tome decisiones sobre lo que ellos quieren, ninguna, nosotros no estamos torturando a nadie, ni le estamos violando los derechos de nadie, simplemente estamos colocando una prisión en un lugar que es alejado, al igual que lo han hecho muchos países a través de la historia». 

Sin embargo, el informe de biología terrestre que se elaboró en el marco de este proyecto es contundente: «La construcción tanto de una instalación penitenciaria o perseguir el potencial turístico del sitio vendrá en detrimento de su riqueza biológica en el corto plazo, conduciendo de forma asegurada a su extinción en el mediano y largo plazo».

El informe también explica que «las Islas del Cisne a pesar de su pequeño tamaño, presentan una riqueza endémica propia de parques nacionales inmensos de tierra firme. Este hecho si bien es loable, se encuentra en constante amenaza debido a una exuberancia de circunstancias como ser huracanes, colectas científicas, invasión de especies y actividades humanas que transforman la cobertura del bosque». Estos factores, sumados a la construcción de una cárcel como la planeada por el Gobierno de Xiomara Castro, representarían el fin de su riqueza biológica. Según el informe, plantas, insectos, reptiles y mamíferos de diversas especies serían eliminados a mediano y largo plazo de las Islas del Cisne.

Texto: Deyni Menjivar
Portada: Persy Cabrera

En el año 2019, el Índice de Riesgo Climático Global clasificó a Honduras como el segundo país del mundo más severamente afectado por eventos climáticos extremos entre los años 1998 y 2017, destacando su alta vulnerabilidad a eventos del cambio climático y la poca preparación del país para responder a dichas amenazas en las últimas décadas.

Los datos recientes del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) evidencian que desde el año 2008 al 2023, Honduras supera el millón de personas desplazadas a lo interno del país. Estos traslados corresponden a eventos climáticos, lo que quiere decir que las personas huyen de sus hogares por tormentas e inundaciones.

Además, según el Informe sobre Clima y Desarrollo de Honduras elaborado por el Grupo Banco Mundial con contribuciones externas en el año 2023, el país se sitúa como uno de los más vulnerables en riesgos climáticos.

Este estudio presentado por el Banco Mundial es un documento que detalla las proyecciones del territorio hondureño para el año 2050, y enfatiza la ausencia de avances en el desarrollo de la resiliencia y la adaptación. Alerta que los impactos del cambio climático tendrán consecuencias significativas para toda la sociedad hondureña, afectando sectores económicos clave y amenazando la seguridad alimentaria e hídrica, la salud y el bienestar humano.

Los informes que señalo anteriormente sirven para resaltar la necesidad de difundir este tipo de datos sobre las graves consecuencias del cambio climático en Honduras.

Reconozco, y ojalá los demás también reconocieran la importancia de que la sociedad esté informada sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país, y los medios de comunicación puedan convertirse en una  voz amplificada que llame a la acción. Los medios masivos de comunicación se sitúan en una posición privilegiada para debatir la cuestión, sea para amplificarlo, o para invisibilizarlo.

En febrero del año 2020, el diario español El País tituló una de sus publicaciones: «Honduras, la zona cero del cambio climático en América Latina». Este reportaje nos lleva al municipio de Cedeño, que ha sido gravemente afectado por el cambio climático, y  se enfoca en cómo el aumento del nivel del mar ha inundado y destruido gran parte del pueblo, llevando a la pérdida de viviendas, hoteles y otras infraestructuras. Los habitantes de Cedeño enfrentan desplazamientos, pobreza y problemas ambientales como la salinización de pozos.

Este es solo un pequeño ejemplo en medio de un mar de consecuencias del cambio climático en Honduras. Enfrentamos una crisis climática y una alarmante pérdida de biodiversidad que demandan atención urgente y constante. A pesar de esto, apenas el 2 % de las noticias en los medios de comunicación abordan las causas y consecuencias del cambio climático, según el estudio «Retos y soluciones para periodistas y otros actores de América Latina y el Caribe». Este estudio está basado en una encuesta aplicada a más de 130 periodistas de 18 países y aborda la importancia y urgencia de que los medios de comunicación incrementen la cobertura del cambio climático.

Una reciente investigación elaborada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid centra su hipótesis en que Honduras tiene una cobertura mediática insuficiente sobre el cambio climático en los medios de comunicación locales.

En la investigación se revela que el desinterés por abordar este tema está relacionado con factores como la priorización de otros temas, la falta de recursos y capacitación periodística especializada, así como la influencia de intereses comerciales y políticos en la agenda mediática.

El análisis exhaustivo consta de la revisión de 289 noticias relacionadas con el cambio climático publicadas en el primer trimestre del año 2024 por tres medios digitales hondureños, y destacó que el 48 % de las piezas sobre cambio climático publicadas han sido generadas por agencias internacionales, entre ellas, Agencia EFE, AFP, y colaboraciones con el prestigioso periódico estadounidense The New York Times.

La desconexión entre la magnitud de la crisis y la cobertura mediática es preocupante y plantea una serie de preguntas: ¿Por qué es importante investigar la cobertura de estos temas en los medios de comunicación? ¿Qué limitaciones encuentran los periodistas hondureños para cubrir estos temas? ¿Qué se necesita en el periodismo para mejorar la cobertura?

Es importante que los medios de comunicación llamen a la acción a la ciudadanía a través de reportajes que puedan adoptar nuevas narrativas y contengan componentes multimedia, como videos, gráficos, audio, datos, elementos interactivos en videos, e incluso realizar experiencias inmersivas.

Por medio de este tipo de contenidos, los medios de comunicación podrían proporcionar un feedback para los responsables políticos y los defensores del medio ambiente, a fin de fomentar una respuesta más informada y proactiva de la sociedad hondureña ante esta crisis global.

Cada medio de comunicación debería tener una sección educativa en temas de clima y medio ambiente. Además, se puede buscar patrocinios que permitan la creación de segmentos dedicados al cambio climático en los medios.

Yo misma realicé una encuesta a periodistas de la zona norte del país, por ser la «zona cero» en eventos climáticos, en la cual consulté sobre la necesidad de prestar una mayor atención al tema del cambio climático. De la veintena de los encuestados, es alarmante que el 45.8 % nunca haya recibido capacitación sobre cómo abordar el cambio climático, y que el 62.5 % afirme que no cuentan con periodistas especializados en sus respectivos medios de comunicación.

Además, enfatizaron que es crucial que las fuentes de información sean más accesibles y estén dispuestas a colaborar cuando se les solicita entrevistas o se les aborda sobre temas relacionados con el cambio climático. Esta apertura debe ser una práctica común tanto para organizaciones gubernamentales como no gubernamentales. En el caso de la televisión, es necesaria la formación de alianzas con expertos en la materia para la organización de foros en directo que estén programados durante horas de mayor audiencia televisiva, con el objetivo de maximizar el impacto y la difusión de información crítica sobre el medio ambiente.

La formación de periodismo especializado, tarea de la academia hondureña

El Estado debe fortalecer la educación pública, y en las aulas se debe brindar capacitación y especialización a periodistas. Esto debería iniciar con una actualización temática en las carreras de periodismo que brindan las universidades, haciendo énfasis en el periodismo de investigación y profundizando en los conocimientos sobre el acontecer nacional.

Esto es esencial para asegurar que los futuros directores de medios transmitan al público una información precisa, relevante y educativa. Es partiendo de esta fórmula donde podremos dejar a un lado los contenidos zafios que nos ofrecen algunos canales televisivos, contribuyendo así a una mayor conciencia y acción frente a los desafíos medioambientales.

En última instancia, cada periodista debe comprometerse a formarse continuamente en temas ambientales y a promover un periodismo que sensibilice a la población y fomente la acción ciudadana en favor del medio ambiente.

Creo firmemente  que la educación es la clave del desarrollo de una sociedad; esto también es clave para el periodismo de investigación. Mediante un enfoque periodístico local y cercano, podemos sensibilizar a nuestros vecinos sobre los impactos globales de la contaminación que afectan directamente nuestros ríos, agua y bosques.

Uno de los principales problemas para informar sobre el cambio climático es la escasez de espacios en la agenda mediática diaria para cubrir temas ambientales y la falta de conciencia ambiental entre los directores de medios de comunicación. En un contexto donde las noticias de índole política, económica o social acaparan toda la atención, lo  relacionado con el medio ambiente suele quedar relegado a un segundo plano, si es que logran ser consideradas. Pero, definitivamente, no podemos quedarnos sin escuchar y aprender sobre el cambio climático.

En el norte de Honduras, en las tierras en disputa del pueblo garífuna, las personas de la diversidad sexual y de género están en primera fila. Sueñan con construir en los «territorios ancestrales» sus hogares seguros, alejados de la violencia intrafamiliar y del odio hacia sus identidades, desafiando la avidez de extranjeros por conseguir un pedazo de paraíso en las mejores playas del Caribe. 

Por: Célia Pousset
Fotografías: Carlos Barrera

Trujillo, junio 2024

Ya van a entrar en acción. Hay coordenadas, hay fecha, hay tambores y caracoles. No sabemos cuántos son ni cómo se llaman porque no lo van a decir. Sabemos que son garífunas y sabemos que si la Policía pregunta «¿quién es el que manda aquí?», van a contestar: «los ancestros». Van a entrar en un terreno que consideran propiedad colectiva del pueblo garífuna y se quedarán viviendo en tiendas de campaña, organizándose para cocinar, vigilar el sector y evitar probables desalojos por cometer, según las autoridades, una usurpación de tierra.

Propiedades del terreno anhelado: centenares de manzanas enfrente del mar Caribe, en las afueras del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, Honduras. Mucho monte. Algunas casas vacías. 

Propiedades del terreno anhelado: está inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de una empresa de Randy Roy Jorgensen, un magnate de los bienes raíces en Trujillo, de nacionalidad canadiense, apodado «el rey del porno», por sus actividades de productor de esta industria en Canadá y quien, según el Ministerio Público hondureño, es un estafador y lavador de activos. 

Un hombre trans, al que llamaremos Bonifacio García, decidió aprovechar el contexto para reivindicar esa porción de la bahía de Trujillo, con el respaldo de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), la federación del pueblo garífuna que trabaja con 47 comunidades garífunas en Honduras. El Bonifacio García real existió, vivió en esa franja del Caribe antes de que fuera invadida por condominios destinados a extranjeros jubilados y casas de mar; ahora está muerto y en este texto usamos ese nombre para proteger la identidad de quien lidera esa operación. 

—Ya todo está planeado. Ojalá que la gente no se eche atrás —dice Bonifacio en una llamada telefónica, a inicios de junio. 

—¿Cómo te preparaste? —pregunto.

—Es un trabajo de hormiga. Primero consulté los mapas del  título ancestral para ver si el terreno que queremos recuperar está dentro de los límites.

El título ancestral al que se refiere es un documento otorgado por el expresidente Manuel Bonilla al pueblo garífuna en 1901 para garantizar su tenencia sobre siete mil hectáreas en Trujillo. Entre las líneas del título, leo que un tal Rafael Serrano fue, en aquel entonces, nombrado por el «Supremo Gobierno» de Honduras para «practicar la mensura de los terrenos concedidos a los morenos de los barrios de Cristales y Río Negro». Sigue un mapa dibujado a mano que delimita los terrenos a lo largo de la bahía de Trujillo. Es fácil de ver: tienen todas las playas y porciones de tierra en el interior. 

La playa frente a los territorios recuperados de la comunidad garífuna, frente a la bahía de Trujillo, en el departamento de Colón. Allí, aún hay tierras en poder de foráneos que mantienen enclaves vigilados para que nadie pueda acceder. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

—¿Y está dentro? —pregunto, mientras trato de comparar mentalmente el mapa ancestral y el Google Map donde busco los terrenos de Randy Roy Jorgensen.

—Sí. También hablé con personas mayores que viven en la zona para saber si generaciones atrás estábamos ahí. Después de esta investigación, avisé a la comunidad. «Vamos a recuperar un predio», les dije. 

Cada quien tiene como misión avisar a su familia y amistades. Así, poco a poco la gente se entera, «se alegra o se asusta». Es algo que se riega. En la llamada, Bonifacio está tenso. Dice que el plan es ir caminando desde una tierra llamada Tres Conchas a esta nueva tierra anhelada y, sin más rodeos, entrar. No habrá cercos que cortar, lo que facilita la operación, pero él sospecha que un «sapo» reveló su plan a las autoridades, porque ha visto mayor presencia policial en la zona en los últimos días. Además, anticipa que «seguramente habrá guardias o gente del Estado vigilando»

A finales de abril de 2024 este terreno fue asegurado por la justicia hondureña, en medio de una persecución penal por estafa y lavado de activos en contra de Randy Roy Jorgensen y otros dos canadienses. Según el Sistema Nacional de Administración de la Propiedad, más de 200 lotes vinculados al fraude fueron asegurados, y el juzgado de privación de dominio ordenó, en mayo, la incautación del domicilio de Roy Jorgensen y de la sede de su empresa inmobiliaria Desarrollo Visión de Vida. 

Entre 2008 y 2024, Randy Roy Jorgensen, Daren Wade Weeks y Malik Zahariah vendieron lotes a compradores canadienses por un precio de entre 29,000 dólares y 45,000 dólares a través de tres empresas que trabajan en conjunto: Desarrollo Visión de Vida, que ofrecía «lotificar, desarrollar, traspasar, administrar el proyecto inmobiliario»; Life Vision Properties, que recibía el dinero en Canadá; y Fast Track To Cash, que promocionaba el desarrollo inmobiliario a través de seminarios de inversión en Canadá. Un grupo de canadienses estafados denunció a Roy Jorgensen porque nunca pudieron instalarse en las casas prometidas a pesar de haber pagado la totalidad del precio. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado abrió una investigación. 

En resumen, lo que está a punto de suceder es que un grupo de garífunas, aún sin composición definida, pero en su mayoría integrado por quienes viven de la tierra y de la pesca en Trujillo, y liderado por un hombre trans, está por tomarse los predios de uno de los hombres más poderosos del municipio. 

 «¿Y cuándo irán?», pregunto. «Mañana, mañana entraremos», responde Bonifacio. 

Tegucigalpa, abril 2024 

Tres meses antes del plan de Bonifacio.

Los tambores retumban en la capital de Honduras y el yurumen, el himno garífuna, se alza entre los pilares de hormigón de los bajos del Congreso. «Nosotros somos despojados de nuestro territorio», dice un verso del himno. 

Estamos en el campamento que instaló la Ofraneh en Tegucigalpa para celebrar el aniversario de la llegada del pueblo garífuna a Roatán, el 12 de abril de 1797. Los garífunas llegaron a Honduras en balsas, desterrados de la isla de San Vicente por esclavistas ingleses. Es lo que llaman «el primer despojo». Después de establecerse en las Islas de la Bahía, crearon comunidades en los departamentos de Cortés, Colón y Atlántida. En 1887 y 1901 recibieron los títulos de propiedad colectiva por parte de los expresidentes Bográn y Bonilla. Pero el territorio habitado se fue reduciendo por la venta indebida de pedazos de tierra, por la expansión del control del crimen organizado, y por la implementación de proyectos inmobiliarios impulsados por las municipalidades. El segundo despojo. 

El grupo de danza Arcoíris del colectivo LGBTIQ+ garífuna de la Ofraneh, durante el fedu, baile tradicional y espiritual, realizado en los bajos del Congreso de Honduras. El colectivo garífuna LGBTIQ+ se fundó en 2016 y desde entonces protege y apoya a personas garífunas que padecen persecución o discriminación a causa de su identidad de género. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

«No venimos de rodillas a pedir nada,  no venimos a negociar», dice Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra, «exigimos el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.» Las tres sentencias a favor de los garífunas constituyen el respaldo de la justicia internacional en la lucha de «recuperación territorial». El Estado de Honduras fue vencido en 2015 y 2023, condenado por violaciones al derecho a la propiedad colectiva de la tierra y derecho a la consulta, en los casos de Triunfo de la Cruz (Tela, Atlántida), Punta Piedra (Iriona, Colón) y San Juan (Tela, Atlántida). Entre las medidas de reparación está la obligación de sanear el registro de la propiedad y dar títulos al pueblo garífuna. 

En el campamento de la Ofraneh, Landry, mujer trans de 18 años, está en primera línea del fedu, un baile tradicional, y cuando siente que el grupo necesita más fuego, canta más alto. A la par de las banderas garífunas, ondean las banderas arcoíris. De repente, alguien grita «¡arriba!», y las cuarenta personas de la comunidad diversa garífuna presentes ese día contestan en coro: «¡Arriba!». Los periodistas han llegado con sus cámaras para recoger una declaración de Miriam Miranda, pero cuando se topan con el fedu del club de danza arcoíris, vuelven a grabar, atraídos como moscas ante la luz. Casi se les escucha pensar: «uy, qué buenas imágenes, van a dar el color». Después se van. 

Landry, Dariana, Dominique y Samantha se quedan en los bajos del Congreso, ocupadas en guardar las colchonetas que están secando al aire libre en las tiendas de campaña. Pronto va a llover. Hoy los diputados andan escondidos. En Honduras, no hay una ley que reconozca los derechos de las personas diversas. 

Dominique, persona no binaria y gay, de 27 años, dice con orgullo: «Somos la primera generación de LGBTQ+ garífunas que se organiza y se da a conocer». Dariana, mujer trans de 21 años, añade: «No queremos ser una payasada». Landry, chica trans de 18 años, se alegra: «Sólo en este club puedo llevar una falda y bailar tanto el abrumahani, reservado a hombres, y el abeimahani, reservado a mujeres».

Ladry Arzú lidera un fedu durante el campamento de 47 comunidades garífunas que llegaron a Tegucigalpa, el 12 de abril de 2024, para exigir al gobierno de Xiomara Castro que respete las sentencias de la CIDH sobre la tierra que les pertenece. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

Después, Landry enseña las diferencias de esos bailes. No hay muchas. Los dos se bailan agarrándose de los dedos chiquitos y formando una fila. Posteriormente me encontraré de nuevo con Landry, con una pala entre las manos, en una huerta de un terreno recuperado por la Ofraneh. Tendrá mucha menos agilidad que en el baile, pero las mismas gafas de sol rosadas y la misma labia. 

Trujillo, junio 2024

Hoy deben entrar Bonifacio y los garífunas de Trujillo.  

—¿Qué tal?  Me avisas cómo van —le digo.

—Se pospone. Amaneció lloviendo por aquí —dice Bonifacio. 

—Quizás es una señal.

Recuerdo algo. Días atrás, Bonifacio me había contado que, en un proceso de recuperación de tierra, hay que estar atento a los detalles de la vida y a los sueños porque, de esta forma, los ancestros mandan señales del mejor momento para operar. 

—Somos los instrumentos de los ancestros —me había dicho comiendo alitas con salsa picante—. Es así que la organización toma decisiones. 

—¿Y dónde está tu libertad?

—En disfrutar. En disfrutar la lucha, por más cansada que sea. 

—¿Pero sabes quiénes son exactamente esos ancestros? 

—En este caso es mi abuelo. Trabajaba en esas tierras y me mandó a encabezar la recuperación.

Mostraba tanta confianza, por eso quise preguntar:

—¿Y no tienes miedo de que se equivoque o que te mande a hacer cosas a lo loco?

—No. Sé que si me manda a eso, no me va a pasar nada grave. 

En ese momento, Bonifacio derramó un poco de cerveza en el suelo en señal de agradecimiento. 

En la recuperación llamada Wabato (Nuestra Casa) se construyen pequeñas casas de lámina y madera que funcionarán como refugio para alguna familia o miembro de la comunidad garífuna. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

Sambo Creek, recuerdos de los años ochenta 

Samantha es parte de cada lucha territorial; la vi en Roatán, la vi en Colón, la vi en los bajos del Congreso de Tegucigalpa, pero hoy está en su pueblo natal, Sambo Creek, una comunidad garífuna cerca de La Ceiba. Es abril de 2024 y está sentada ante una mesa de madera, frente al mar que la vio crecer, con un vestido con estampado de flores y una bolsa cubierta de lentejuelas que un amigo le trajo de Estados Unidos. Tiene 37 años, es la decana de las mujeres trans de la Ofraneh. Cuando le pregunto si quiere usar un pseudónimo para proteger su identidad, la respuesta es clara: «mi nombre». 

En su niñez, en Sambo, sus juegos la delataron: jugaba con muñecas que confeccionaba a partir de hojas de guineo. En aquel entonces, se llamaba Will y su ropa masculina le estorbaba. A los nueve años, se vistió por primera vez con la ropa de su hermana, pero su mamá la miró con desprecio. «Vieras cómo me pegaba, era feo, feo, feo…». A los diez años, un tío abusó de ella y su familia dijo que había sido su culpa por vestirse de niña. No pasó sólo una vez. A los once años, la tuvieron que llevar al hospital porque el tío, después de violarla, le tiró una piedra en la cabeza. En el hospital, la Policía vino a interrogarla y ella denunció al violador. El hombre pasó apenas un día en la cárcel de La Ceiba porque su abuela —la mamá del violador— fue a sacarlo enseguida. La Policía no insistió en guardarlo.   

Ese día Samantha salió de su casa y no volvió nunca más. Tenía once años y empezó a dormir en la playa de Sambo, debajo de una lancha. Consiguió un trabajito en un restaurante donde lavaba platos y pelaba guineos. Le daban el dinero para sobrevivir. Y cada noche, durante años: la playa. 

Samantha, Nashly, Dariana, Dominic y Aneth forman parte del colectivo LGBTIQ+ garífuna de Ofraneh. Trabajan en comunidad para ayudar a cada miembro que tenga necesidades de salud e incluso económicas. También apoyan en las recuperaciones de los territorios ancestrales garífunas. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

«Will, regresa a la escuela», le decían sus compañeros. «No tengo ganas de estudiar», contestaba. Sus días favoritos eran el sábado y el domingo porque la gente se reunía a platicar. «Yo me sentaba en medio de un grupo de personas mayores porque ahí mi vida no corría peligro», recuerda Samantha. En ese tiempo, no había refugio.

Después trabajó en un hotel y le dieron un cuarto para vivir. Estaba exhausta de tener miedo, se llenó de odio: «Empecé a odiar a mi familia y quería matar con mis propias manos a mi tío». Un día casi lo logró. Su agresor paseaba en la playa, libre, impune; entonces ella sacó un palo de un cerco de alambre y se dirigió hacia él para pegarle. El hombre se defendió y huyó corriendo.

Los miembros de 47 comunidades garífunas, organizadas por la Ofraneh, acamparon desde dos días antes del 12 de abril para conmemorar su llegada a Centroamérica. El campamento se instaló en la entrada del Congreso Nacional en Tegucigalpa para hacer presión y que el Estado hondureño cumpla la sentencia de la CIDH que otorga el derecho sobre territorio ancestral en los territorios caribeños de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

Mientras Samantha habla sentada a la mesa de madera, una señora se acerca desde la playa y se detiene frente a nosotras: «Will, se nos acabó el gas», dice antes de poner una mano en la mesa. Samantha se tensa, desplaza un poco su brazo, y mira hacia el horizonte, callada. «¿Qué están haciendo?», pregunta la señora. Samantha no contesta y sólo estira más el brazo para pasarlo encima de la mano de la señora, sin tocarla. Sólo encima. La señora insiste y Samantha termina por responder: «Una entrevista». Silencio. La señora se va. 

«Es mi madre», explica Samantha. Sonríe, hay algo roto. Es extraño. Esa señora con un vestido negro y una cruz colgada del cuello que se acercó para pedir ayuda a la hija a quien abandonó. 

Después del encuentro, Samantha retoma la palabra para hablar de las cantidades monstruosas de alimentos que hacen falta para dar fuerza a los que pelean tierras. Pollo, arroz, frijoles, guineos, aceite de coco… Su talento de cocinera al servicio de la lucha.

Trujillo, julio 2024

Quizás ser dueño de algo es nombrarlo. Así como Samantha fue dueña de ella misma haciéndose llamar con el nombre que eligió, los garífunas de Trujillo ya rebautizaron los terrenos de Randy Roy Jorgensen. Adiós Campo del Mar, adiós Alta Vista Beach y adiós Alta Vista Mountain, nombres de las lotificaciones inscritas en el registro de la propiedad. A inicios de julio, en una asamblea que reunía a todas las comunidades garífunas de la Bahía de Trujillo, se decidió que, en adelante, Campo del Mar se llamará Hachari Wayunagu (solar de nuestros antepasados), y que se creará ahí un centro de saberes ancestrales. 

Eso fue posible gracias a la operación que lideró Bonifacio. El domingo 23 de junio recibí un video acompañado de un sencillo «saludando». En este video se ve a un puñado de garífunas en medio de un terreno repleto de maleza recién chapeada, un fogón humeante y un par de sillas plásticas. La Recuperación. El inicio. Al final del video se escucha la risa de Bonifacio. «Y de ahí a agarrar todo», me escribió después. Y también la indicación: «Ese video no lo comparta con nadie, por favor». Todo el grupo corre el riesgo de ser capturado por cometer el delito de usurpación. 

Al día siguiente, lo que debía ocurrir ocurrió; la Policía llegó a pedir que todo ese mundillo se regresara a sus casas porque el dueño — acusado por el Ministerio Público de estafa y lavado de activos, pero libre— denunció la invasión de sus tierras. 

El grupo enseñó el título de propiedad ancestral y retó a las autoridades: «Si alguien tiene uno antes del nuestro, que nos lo muestre». Los policías se fueron, pero días después regresaron, esta vez con el apoyo de siete patrullas y más de cincuenta agentes. La tensión subió. En otro video se ve una larga fila de uniformados que bordea una carretera y se escucha la discusión entre las autoridades y dos garífunas que les increpan: «¿Por qué vienen a apoyarlos a ellos? Sólo los poderosos vienen a resguardar». 

Hachari Wayunagu no es la primera tierra en ser recuperada en Trujillo. Antes de ella hubo también Wabato (nuestra casa), y allí se enfrentaron una inmobiliaria y la población LGBTIQ+ garífuna. Estábamos en 2020 y Honduras, como el resto del mundo, se había confinado para escapar de la pandemia de Covid 19. En Wabato, las personas diversas garífunas no huían de la enfermedad, sino del encierro en hogares hostiles. Vinieron de toda la costa norte, pintaron las paredes de la casa, instalaron cortinas de los colores del arcoiris, trajeron colchonetas y hamacas. 

Empezaron a vivir por meses entre caobas, gallinas y chanchos; sin embargo, el sueño del albergue no duró mucho. En febrero de 2021, el terreno en el cual nació entró en una disputa legal con una sociedad de bienes raíces, también de origen canadiense, Bienes Raíces JUCA S. de R. L, que peleaba 12 manzanas. El requerimiento fiscal fue emitido en contra de «un grupo de morenos garífunas de Cristales y Río Negro», y al día de hoy tres defensores garífunas todavía tienen un proceso judicial abierto. Entre esos «morenos», una persona garífuna lesbiana de 34 años. 

Las casas ancestrales de la salud son centros espirituales para las comunidades garifunas. En 2020, durante la pandemia de la covid-19, el grupo LGBTIQ+ se organizaba en esta casa ancestral de la salud de Trujillo para hacer bebidas a base de hierbas y repartirlo en la comunidad. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En los terrenos de Roy Jorgensen, los policías no son los únicos en identificar a Bonifacio como el líder de la operación. También lo tienen claro los guardias que vigilan las casas vacías incautadas del proyecto inmobiliario de los canadienses. 

—No sé quiénes son, si son del Estado o no —confiesa Bonifacio después de una semana casi sin dormir por miedo a un desalojo. 

—¿Tienen uniformes? —pregunto.

—No. Son de civil. El jefe de esos guardias se me acercó y dijo que el apoderado legal de Randy quería hablar conmigo. 

Dudo de que un vigilante de la Oficina de Bienes Incautados proponga eso. 

—Yo le dije: «no tiene nada que hablar conmigo, tiene que hablar con todo el pueblo, esa lucha no soy yo». Pero me preocupa. Usted sabe lo que pasa con los líderes. 

Sí. En julio de 2020, cuatro líderes garífunas de la Comunidad de Triunfo de la Cruz —donde existe otro conflicto territorial desaparecieron después de que un supuesto operativo de la Dirección Policial de Investigaciones los sacara de sus viviendas. Todavía no se sabe nada de su paradero. 

Bonifacio ha recibido amenazas que le llegaron a través de terceros. De contar los detalles de éstas, correrá más riesgo. Una palabra resuena en esas advertencias: cuidado. 

En cada llamada telefónica, la voz de Bonifacio está más cansada. Recuerdo algo. 

Roatán, noviembre 2022

El 7 de noviembre de 2022, treinta miembros de la Policía Nacional Preventiva, cinco oficiales, veinte miembros de las Fuerzas Navales, un oficial de la Fuerza Naval y tres agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desalojaron el campamento de Wagueira Lee («Esta es nuestra tierra») en Roatán, y arrestaron a seis garífunas por el delito de usurpación, dejando a una decena de personas heridas.  

Wagueira Lee son once acres de tierra dominando el mar Caribe. Es un terreno poco ancho, pero largo, en el cual los garífunas han sembrado yuca y construido casas con techos de hojas de manaca después de la «entrada», en septiembre de 2022. El mismo mes, Ritzy Wanda Norman Jones, una ciudadana hondureña con nacionalidad estadounidense, interpuso una denuncia reclamando sus derechos sobre 44,515.18 metros cuadrados. 

«Han usurpado mi propiedad cortando los alambres del cerco, cortando los árboles, realizando quemas y colocando en el acceso que rompieron una bandera nacional y la bandera garífuna, violentando mi derecho legítimo de mi propiedad que ha sido de mi familia desde el año 1969, por lo que interpongo la denuncia para que ordene con carácter urgente el desalojo inmediato de todas las personas que se encuentren usurpando mi propiedad», dijo en su denuncia. 

El desalojo fue ordenado por el juzgado de Roatán. En un informe policial, un agente describió su versión del 7 de noviembre: «Llegamos al bien inmueble a realizar un desalojo por orden judicial N 124-2022 por el delito de usurpación en perjuicio de Norman Jonez. Al momento de llegar al lugar encontramos la cantidad aproximadamente de cincuenta personas, las cuales se encontraban alteradas realizando quemas de llantas en la calle principal. Por órdenes de la Juez ejecutora Sandra Salgado procedimos a realizar el desalojo de las personas. Empezaron a agredir a los funcionarios de la policía nacional con piedras y palos».

En el lugar conocido como Puente Cristales. Allí termina el casco urbano de Trujillo e inician las comunidades, el puente está pintado con los colores de la bandera Garífuna. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Dos días después del desalojo, los ánimos en Wagueira Lee estaban muy bajos. Unos treinta  garífunas habían regresado al campamento a pesar del requerimiento fiscal y del arresto de sus compañeros. Decían que la lucha seguía. También llovía y el terreno se llenaba de lodo. Entre los que resistían, estaban Barauda*, mujer lesbiana; Samantha,  a quien ya conocemos; Dariana, mujer trans; y Hudson, coordinador gay del colectivo LGBTIQ+ de la Ofraneh. 

Hacían las tareas necesarias para la vida del campamento: cocinar, lavar trastos, cortar leña, traer garrafones de agua, hacer guardia. Al lado de un horno, platicaban con un pequeño grupo de mujeres: «Los policías que vinieron a desalojar nos insultaron, quemaron nuestras casas y botaron el Guli, nuestro altar sagrado. Nos gritaron “negros vende pan”. Yo quisiera responderles: “Sí, soy negra, y tú te comes el pan que hacemos, te encanta este pan”». 

Dariana Suazo, de 21 años, es una de las líderes del movimiento LGBTIQ+ garífuna en Sambo Creek, a 15 kilómetros de La Ceiba. «Aquí nosotras estamos muy organizadas, trabajamos para ayudar a las personas diversas, pero también cuando hay una recuperación de tierra estamos presentes», dijo Dariana. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

El 25 de noviembre, en el juicio que se llevó a cabo en contra de los seis garífunas acusados de usurpación de tierras, el juez dictó un sobreseimiento definitivo. En la motivación de su resolución, consideró que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes para acreditar el delito de usurpación, pero tomó también en consideración que se trataba de «territorios ancestrales». Ese día, fue una gran victoria llena de cantos, bailes y abrazos. Nunca antes una instancia nacional había fallado a favor de la ancestralidad del territorio garífuna. Una victoria que ilusionó también a Bonifacio: la posibilidad de desafiar la propiedad privada, sembrar y defender algo común. 

Santa Fe, abril 2024 

Landry enseña una plantación de yuca y describe el proceso de la siembra. «Vos no sabés nada de yuca, callate, hipócrita», la corta abruptamente Barauda con sorna. Entonces Landry se desentiende y empieza a excavar, con una sonrisa en la boca y sus gafas de sol rosadas en la punta de la nariz. Barauda termina explicando lo de la yuca: los pedazos de tallos que se cortan y se vuelven a hundir en la tierra, el mejor clima, las enfermedades posibles, el grosor que debe tener una raíz cuando está lista para ser comida… 

Estamos en otra recuperación de tierra, a alturas de Santa Fe en Colón, también rodeada de lujosos condominios canadienses para jubilados extranjeros. Los condominios Njoi ofrecen a sus clientes «propiedades con una vista espectacular sobre playas de arena blanca y bosques vibrantes», y se les promete que «Honduras es un destino tax friendly  —con bajos impuestos— donde se puede hacer buenas inversiones». 

Carolina y Landry realizan trabajos comunitarios en la recuperación de tierras en Santa Fe, Colón. Siembran yuca, abren nuevos caminos y cocinan «Este es nuestro propio albergue, nuestro espacio seguro», dijo Carolina. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

Barauda está dispuesta a defender la Recuperación. En las noches, efectúa sus turnos de guardia vigilando que nadie entre por un lado u otro. No tiene armas de fuego, sino machete, el mismo que le sirve en el campo. Nos conocimos hace casi dos años, en Wagueira Lee, en Roatán. En ese entonces, acababa de entrar en la Organización Fraternal Negra Hondureña, que le «abrió las puertas de una familia». 

Su vida arrastra eventos traumáticos que la exiliaron de lo que se suele llamar una familia: «Fui abandonada a los cinco años por mis padres. Mi papá desapareció de mi vida y mi mamá se fue para los Estados Unidos. Crecí en una casa hogar. A los 14 años, me escapé después de dos intentos de violación, algo que ya había pasado, porque a mis cuatro años fui violada por un tío. Después del orfanato, intenté ir como mojada a Estados Unidos para ver a mi mamá, pero no lo logré». 

En Tapachula, Barauda se entregó a las autoridades migratorias mexicanas. Viajaba con una tía y la pareja de ella, y se dio cuenta de que él la miraba con «ojos equivocados». No soportó esa mirada. «De raíz, siento que tengo un rechazo hacia los hombres», explica. A veces la gente le pregunta si es lesbiana o bisexual. Ella también se lo preguntó y quiso asegurarse de tener una respuesta. «Intenté relacionarme con hombres, pero siempre los termino viendo como amigos. No puedo tener una relación íntima con ellos. Por el contrario, hay mujeres que me llaman bastante la atención. Tuve una novia, duró cuatro años. Esa muchacha era muy controladora y terminé alejándome de ella. Así es, ahora quiero enfocarme en mí misma, trabajar la tierra.» 

Carolina, Aneth y Astrid tras la recuperación del territorio en Santa Fe. Desde ahí, se movilizan entre las diversas tierras que los garífunas han logrado recuperar o que se encuentran en disputa. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

Naischa*, mujer lesbiana de 29 años, tiene el mismo propósito: cultivar para la comunidad. «La regla es no vender, sino alimentarnos», comenta. Sabe también que su futuro está aquí, lejos de la casa donde creció. 

Naischa vivió en diferentes lugares que nunca significaron seguridad, sino encierro, patologización de la orientación sexual y humillación. «Mi familia me encerró por cinco y siete meses en un centro supuestamente para drogadictos, porque dicen que soy loca. “¿No te sentís cómoda en tu cuarto?”, me decía mi mamá; entonces me mandó allá donde casi me violaron, donde me daban pastillas que me borraban toda la mente. Me hacía más mierda esa pastilla, más pendeja. Y mi hermana me decía: “Vas a tomar esa pastilla toda tu vida hasta que te mueras”. Era como estar presa. Me amarraban en mi cuarto. Había un calabozo en el centro y, cuando te castigaban, te metían ahí. “Ojalá que te mates”, decían mi hermana y mi mamá». 

Según el Ministerio Público, entre 2020 y 2024 se registraron 146 denuncias por amenazas y lesiones en perjuicio de personas LGBTIQ+ a nivel nacional. Pedimos los datos desglosados según la etnia a la que pertenece la víctima, pero la información es escasa. La fiscalía reporta una denuncia de persona miskita, dos de lencas, 31 de mestizos y 112 sin etnia definida. Según las organizaciones, los datos oficiales subestiman el fenómeno. El colectivo Muñecas de Arcoiris registró 52 muertes violentas de personas trans en 2023. De enero a mayo de 2024, ya contabilizaron siete. 

Honduras es uno de los países más violentos del mundo para la diversidad. En marzo de 2021, el Estado ha sido juzgado responsable, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el asesinado de Vicky Hernández, una mujer trans que ejercía el trabajo sexual en San Pedro Sula, que fue asesinada de un balazo en la cabeza durante la noche del toque de queda posgolpe de estado.

En la costa caribeña, Naischa se dirige a Barauda y le pregunta: «¿Sabes a quién le rompieron cuatro dientes?». Barauda le responde que no. Entablan una conversación sobre agresiones. Es radio-chisme, pero aterrador. Una mujer garífuna trans apuñalada en Trujillo migró a México. A otra le rompieron los dientes. En Roatán, últimamente, se dan muchos ataques por violencia de género. Landry, que está removiendo tierra, levanta la cabeza y bromea: «Ya me quitaron las ganas de ir a Roatán». Barauda se ríe. Naischa sujeta más fuerte la piocha y se concentra en lo que está haciendo, no mira a nadie. «Sólo aquí logré encontrar mi privacidad, me siento segura», dice.

Carolina, Aneth y Astrid tras la recuperación del territorio en Santa Fe. Desde ahí, se movilizan entre las diversas tierras que los garífunas han logrado recuperar o que se encuentran en disputa. Foto: El Faro / Carlos Barrera.

En todas las tierras recuperadas, hay una bandera visible, la de la Organización Fraternal Negra. En todas las tierras, hay una cocina colectiva, ollas gigantescas sobre un fogón, leña cortada y humo. En todas, hay machetes, tambores, incensarios, cuchillos para escamar uno que otro pescado recién atrapado. Todas tienen sus nombres en garífuna, la memoria de un conflicto, y siembras nuevas. Cargan sueños. Muchos de éstos son de la diversidad garífuna. En esas tierras prometidas, dicen, celebrarán matrimonios igualitarios, abrirán un congreso para personas LGBTIQ+ y ensayarán con el club de danza. 

En el presente, en esas tierras, las personas trans y no binarias se visten y se identifican como desean, sin miedo a represalias; los gays, las lesbianas y las personas bisexuales han encontrado un refugio donde existir. Quizás por eso luchan más, se apuntan para cocinar cantidades enormes de alimentos, encienden el fuego y lo vigilan con un cuidado religioso, madrugan para hacer crecer plantas que comerán o con las que se sanarán. Quizás por eso deciden abrir cercos, cortar maleza, dormir a la intemperie. Quizás por eso aguantan todas las lluvias. Quizás por eso cantan más alto que los demás aquello que dice: «fuimos despojados de nuestras tierras». Quizás por eso. Por un hogar seguro. 

* Esos nombres han sido escogidos por las personas para proteger sus identidades.

Esta investigación fue realizada con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y de la Generalitat de Cataluña

Parece que nadie quiere hablar del Seguro Social. Ni la nueva directora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ni la ministra de Salud, están dispuestas a abordar las crisis repetitivas de la institución, las denuncias de corrupción o la gestión de los fondos millonarios recientemente liberados. Dicen que no darán declaraciones o que no les compete responder sobre el tema. Pero decir que nadie quiere hablar del Seguro Social es una verdad a medias. Escuchamos a los y las pacientes que sufren de malos tratos y del desabastecimiento de medicinas, a las organizaciones de sociedad civil y al personal médico que se preocupan por el futuro de un sistema de salud colapsado, en espera de una nueva ley y de inversiones transparentes. 

Texto: Célia Pousset
Fotografías: Fernando Destephen 

Saraí y su hija de seis años, Alejandra, están sentadas en una acera enfrente del Hospital del Seguro Social de La Granja, en Tegucigalpa. A Alejandra la operaron hace una semana de una fístula en la garganta, y hoy es el día de la revisión en pediatría. Son las dos de la tarde de un lunes caluroso a mediados de junio. «Van por el paciente 50 y yo soy la 112», dice Saraí, antes de explicar que salió de la sala de espera del hospital porque le dan miedo el hacinamiento y los casos de dengue. 

El aire no funciona porque todo el sistema está en reparación y los pasillos están atiborrados de pacientes, parados o sentados en el suelo, esperando su turno. «Adentro no se puede respirar –recalca Saraí al señalar el edificio– y mi hija tiene un problema en la garganta. ¿Usted vio a todos esos niños? Dicen que la mayoría vienen por síntomas de dengue».    

En Honduras, el boletín de la semana epidemiológica número 27 reporta 49,201 casos recuperados de dengue, 8,244 casos sospechosos y 98 casos de dengue grave. El sistema de salud, ya saturado, tiene que absorber centenares de pacientes más a diario. A la crisis nacional por contagio de dengue se suma la crisis de administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que perdió, por tercera vez en dos años, a su director. A finales de mayo, el doctor Carlos Aguilar renunció a su cargo, tras haber denunciado la «falta de apoyo» en sus proyectos y la existencia de planillas fantasmas en el Hospital de San Pedro Sula. 

¿Cómo explicar tanta inestabilidad? ¿Por qué los problemas que el Seguro arrastra desde hace años se repiten con regularidad, a pesar de las reformas y de las nuevas caras? ¿Quiénes son los que más sufren de la inoperancia crónica del sistema? 

 

Un problema de raíz: la administración del Seguro Social

La exdiputada por el Partido Salvador de Honduras y actual diputada independiente, Ligia Ramos, dermatóloga con 19 años de experiencia en el Seguro Social, nos recibe en su consultorio del hospital en el Barrio Abajo de Tegucigalpa. Dice que ha visto a una treintena de pacientes en la mañana y que está cansada. Admite que la institución enfrenta una nueva etapa de incertidumbre. 

«Estamos sumamente preocupados por la ingobernabilidad que hay en la institución. Tenemos actualmente una junta directiva del Seguro Social que se ha dedicado a obstaculizar el trabajo del director ejecutivo», cuenta. Añade que la junta «no tiene conocimiento técnico de lo que necesita el Seguro Social». 

No es una queja nueva. Tanto el doctor Aguilar como la exdirectora Adriana Zúniga expresaron públicamente que la Junta Directiva, la máxima autoridad del Seguro, compuesta por dos representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo, tres del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), tres de confederaciones de trabajadores, y un miembro del Colegio Médico, es responsable de despilfarrar dinero para viáticos y dietas, y que no tiene una visión de las mejoras que se pueden aportar al sistema. 

«El exdirector del Seguro Social se negó a pagar un viático de 300,000 lempiras porque se les ocurrió a la Junta Directiva hacer una reunión en San Pedro Sula», recuerda Ligia Ramos, antes de añadir que con los cinco meses de dirección del doctor Aguilar «se miraba ya bastante trabajo».  

A Adriana Zúniga no le extraña demasiado lo que pasó con el doctor Aguilar. En entrevista telefónica, vaticinó que «mientras no existan cambios en la gobernanza de la seguridad social esto no va a mejorar». Además, denunció también la «violencia política y de género» que vivió como directora, a los 37 años. «Para mí, fue un sueño administrar la seguridad social de un país con tantas desigualdades como Honduras.  Pensé que se iban a dar los cambios que necesita el país, creo que fue parte de mi ingenuidad. Viví una serie de cosas que no salieron a la luz pública porque las viví en silencio», contó. 

Entrada al área de citas y farmacia del IHSS en el Barrio La Granja, Comayagüela, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«El Seguro Social es una institución enorme que maneja presupuestos por arriba de los 55 mil millones de lempiras [en 2022], y que históricamente se ha utilizado para financiar campañas, para meter planillas fantasmas, para hacer muchas irregularidades. La gobernanza de la institución es la que está mal y creo que se tiene que cambiar cómo se toman las decisiones», explicó, antes de dar algunos ejemplos de presiones que sufrió. Insistió en no personalizar su mensaje, pero dijo haber recibido propuestas de funcionarios que querían «ciertos beneficios para poder meter sus tentáculos en el Seguro». 

Para el doctor Ricardo Rodas Márquez, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, el problema radica también en la Junta Directiva: «El Estado siempre ha favorecido a la empresa privada y se refleja en la gobernanza del Seguro. Me parece inconcebible que el Cohep no busque el interés de los usuarios del Seguro, porque son los empleados de sus empresas». La falta de compromiso social tiene un impacto en la calidad de los servicios médicos, y el doctor Rodas tiene en mente una larga lista de las carencias del Seguro. En totalidad, hay 1,100 médicos, distribuidos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero faltan especialistas, cirujanos, oncólogos, etcétera. 

La creación de un centro oncológico en Tegucigalpa era uno de los proyectos del doctor Aguilar, una «infraestructura necesaria» para Rodas Márquez, quien, además, aboga por la creación de un hospital regional en San Pedro Sula, porque «el actual es un motel adaptado», la construcción del hospital de La Ceiba, la ampliación de quirófanos y la compra de un nuevo equipo de radiología. 

«El Seguro Social es una institución que está manejada por la élite económica de Honduras y en donde la gobernanza no está en una balanza. En las reuniones de la Junta, el Cohep enviaba tres representantes y tres suplentes. ¿Cuál cree usted que era el objetivo de ir todos? Cobrar dietas, pedir un hotel, pedir comida, exigir más ingresos», afirmó Zúniga. 

Quisimos entrevistar a la actual directora del Seguro Social, Yadira Álvarez, para interrogarla sobre su visión de la institución y los proyectos que se realizarán, pero el jefe de comunicación del IHSS nos indicó, en primer lugar, que ella debía tener el visto bueno de la Junta y, posteriormente, que no daría declaraciones por el momento. Asimismo, contactamos a Gustavo Sólorzano, gerente de asesoría legal del Cohep, para hablar del Seguro Social desde la perspectiva de la Junta; sin embargo, aunque en primera instancia accedió, al final no dio la entrevista. 

Los fantasmas de la corrupción 

Antes de irse, el doctor Aguilar denunció planillas fantasmas en el hospital de San Pedro Sula, las cuales son actualmente investigadas por el Ministerio Público. La noticia no fue una sorpresa para el doctor Ricardo Rodas Márquez, porque «ya era algo que se sospechaba». Contó que se vieron muchos movimientos extraños en el décimo piso del Seguro de Tegucigalpa, donde trabaja la administración centralizada para todo el país. 

«Veíamos a muchas personas desconocidas que entraban y salían contentos. Pensábamos que estaban contratando más personal, pero después esas personas se desaparecían. Pensamos que iban a ejercer en San Pedro Sula, no podíamos tener certeza de nada, pero sí hubo rumores. Fue ejemplarizante saber que el doctor Aguilar denunció este acto de corrupción», afirmó.

Un día después de la renuncia de Aguilar, en el diario oficial La Gaceta se publicó un decreto del Congreso Nacional que liberó 3,600 millones de lempiras de aportaciones ahorradas y que rompió los techos de cotización. Según el decreto, este fondo será destinado a mejorar los servicios de salud, y el IHSS deberá elaborar un «plan de inversión» de los recursos acumulados. Este plan será evaluado y monitoreado por una Comisión Especial, bajo la tutela de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y de la Secretaría de Salud. Con los antecedentes del desfalco del Seguro Social, la gestión del fondo está bajo escrutinio. 

«Yo me siento súper responsable, como diputada del Congreso Nacional, por haber aprobado esos fondos. Son necesarios y deben ser invertidos en materia de infraestructura, porque ya no nos damos abasto. Tengo que estar muy pendiente de cómo se va a ejecutar ese fondo», afirmó Ligia Ramos. Sin embargo, lamentó que el monitoreo de los fondos lo estén haciendo la Secretaría de Salud y la de Transparencia.

Acerca de la primera, Ramos destacó «un conflicto de interés» porque la Secretaría es parte de la Junta Directiva del IHSS, y respecto a la segunda, estimó que desde la renuncia del exministro Edmundo Orellana, la institución gubernamental encargada de la lucha contra la corrupción «ha perdido credibilidad». 

Pacientes esperan ser atendidos para agendar una cita en el IHSS del Barrio La Granja. Comayagüela, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La diputada Ramos expresó también que es necesario crear una comisión especial de investigación del Congreso Nacional para sacar conclusiones de lo que está pasando en el Seguro Social. Le preguntamos al diputado de Libre, Wilfredo Sabio, presidente de la Comisión de Salud, si lo veía factible, pero contestó que le correspondía al Ministerio Público investigar. Sin embargo, mostró también preocupación por la situación del IHSS, y dijo estar a la espera de una nueva Ley de Protección Social que se está preparando desde el Ejecutivo.  

En abril de 2022, la Ley Marco del Sistema de Protección Social fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo el argumento de que lesionaba los derechos de los ciudadanos, privatizando y tercerizando los servicios de salud. Para el diputado Sabio, la nueva ley debería ampliar la cobertura para que las personas que trabajan en el sector informal puedan tener acceso al Seguro Social y, según él, debería encaminarse hacia un servicio único de atención, fusionando el sistema de salud pública y el de seguridad social. 

«El IHSS no se ha recuperado totalmente de los actos de corrupción que ocurrieron en los últimos años, sobre todo bajo el Gobierno del presidente Lobo Sosa. Hay una gran demanda popular en todo el país y es urgente que se perfilen correctamente los proyectos en los que se van a invertir. Los 3,600 millones de lempiras que liberamos desde el Congreso Nacional fue una medida transitoria que teníamos que hacer para desbloquear lo que se había ahorrado desde la derogación de la Ley Marco en 2022», expresó el diputado. 

Fuera de Tegucigalpa y San Pedro Sula, todos los derechohabientes del resto del país deben acudir a clínicas privadas que tienen un convenio con el IHSS para recibir a los pacientes asegurados. Este sistema de servicios subrogados ha traído varios problemas, como lo vimos en La Ceiba, cuando se declaró un estado de emergencia sanitaria porque los derechohabientes se estaban quedando sin atención médica, después de que el Hospicentro Okens dejó de recibirlos en las emergencias por falta de pago y de mejoras en el contrato.

El desabastecimiento crónico de tratamientos para enfermedades crónicas

Las deficiencias del sistema de seguridad social afectan de manera desigual a la población, y uno de los sectores más vulnerados es el que necesita más constancia en los tratamientos.

En 2015, el caso del IHSS hizo que miles de personas salieran a protestar en las calles. El Movimiento de los Indignados exigió la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández porque varios cheques del desfalco –que alcanzó los 300 millones de dólares– llegaron a las cuentas de su campaña electoral de 2013. La ciudadanía pedía una comisión internacional de investigación como la Cicig en Guatemala, y esta fue una promesa del Gobierno de Xiomara Castro: traer la Cicih. Una promesa todavía incumplida. 

En el hospital de La Granja en Tegucigalpa, la jefa de Farmacia empezó por decir que todo está bien en el abastecimiento de medicinas. «Tenemos una tasa del 80 % de abastecimiento, lo que es una muy buena tasa», dijo con seguridad. Sin embargo, cuando le preguntamos qué tipo de medicamentos conformaban el 20 % restante, admitió que eran «medicamentos muy caros», como los oncológicos y los que sirven para las enfermedades crónicas. 

Parte del sistema de aires acondicionados en el área de farmacia de la clínica del IHSS del Barrio La Granja. Comayagüela, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El Seguro Social compra directamente las medicinas que necesita, pero cuando sobrepasan el techo de 300,000 lempiras, el proceso se hace a través de licitaciones  públicas que, desde el 2014, maneja la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). «Cuando se termina el stock, a veces tenemos que esperar hasta un mes o dos meses sin nada para algunos tratamientos», confesó la jefa de Farmacia. 

La Red Hondureña de Asociaciones de Pacientes (Rehap) considera que el problema del IHSS es aún más grave. A finales de junio, en una conferencia de prensa, alertó que en un par de meses muchos pacientes con enfermedades crónicas se quedarán sin tratamientos porque las licitaciones no se hicieron a tiempo. Expresaron también que la falta de equipos para realizar mamografías, resonancia y ultrasonidos impide detectar y monitorear las enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas. 

El doctor Rodas Márquez, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, confirmó que en Tegucigalpa solamente tienen disponible un tomógrafo. 

«Hay una falta de planificación en las compras anuales –estimó Ingrid Sorto, vocera del Rehap y paciente con esclerosis múltiple–; si lanzan una licitación tarde, pasamos hasta cuatro meses sin tratamiento, y cuando se suspende la medicación, nuestras enfermedades se activan y pueden llegar a altos grados de incapacidad, e incluso a la muerte». Indicó que todavía no se han realizado todas las licitaciones para comprar los medicamentos de este año y que, por tanto, están en alerta máxima. 

«¿Por qué fracasan las licitaciones en Honduras?» se preguntó la exdirectora del IHSS, Adriana Zúniga. «¿Por qué las empresas farmacéuticas se ponen de acuerdo para no ofertar o para boicotear las licitaciones? La estrategia es incumplir los requisitos de la ley para que las descalifiquen todas y que el Seguro Social esté en la obligación de comprar directamente, y más caro, los tratamientos.» 

Según un informe de resultados de gestión del IHSS, en 2014 los proveedores no presentaron ofertas para las licitaciones públicas de la institución por «las deudas millonarias que el IHSS tenía con las droguerías y laboratorios farmaceúticos», y fue ese año que se realizó la primera compra de medicamentos a través de Unops. 

Sin embargo, para la exdirectora Zúniga el mecanismo de compras tampoco está funcionando. «El IHSS le paga miles de millones de lempiras a Unops para que al final ellos entreguen un abastecimiento del 37 % al 30 %. Es como contratar a un revendedor para que él haga el mandado, pero al final terminamos pagando más», estimó. 

Contracorriente mandó varias solicitudes de entrevista al Unops para hablar del proceso de licitaciones para el IHSS, y correos con preguntas específicas acerca del desabastecimiento, pero hasta la fecha no obtuvo respuesta. 

Para las personas con VIH, el seguimiento que ofrece el Seguro Social es también insuficiente. Rosa González, directora de la organización Llaves, que se dedica a apoyar las personas con VIH, afirmó que «muchos pacientes que tienen la opción prefieren tratarse en el sistema de salud pública antes que en el Seguro Social porque, a pesar de sus limitantes, la salud pública asegura más sostenibilidad de los tratamientos que el Seguro». Recuerda que en 2015, en el momento del desfalco, muchas personas con VIH se descompensaron porque la enfermedad, si no es controlada a través de medicamentos, afecta el sistema nervioso. 

«El IHSS viene de crisis en crisis, pero siento que la sociedad civil, que históricamente protestó en contra de la corrupción, está cansada», opinó González. Además, destacó la falta de credibilidad de la gestión del Seguro, que impacta en la vida de los usuarios. Pero estimó que, desde la sociedad civil, es difícil «enderezar al IHSS cuando hay tantos intereses de por medio». «Hay una estructura de la empresa privada que utiliza su poder para quebrantar el Seguro y privatizar más los servicios de salud», concluyó.

«Me gustaría que nos atiendan como nos merecemos, a todos los trabajadores nos deducen»

En el norte del país, el Hospital del IHSS de San Pedro Sula enfrenta denuncias de corrupción, pero también denuncias de malos tratos. A las planillas fantasmas que destapó el exdirector Aguilar se suma la falta de personal.

Teresa* (no es su verdadero nombre) llamó a Contracorriente para denunciar una situación ocurrida en abril de 2024 en el Seguro Social de San Pedro Sula. Como muchos testimonios escuchados, es evidente que carga con una bolsa pesada de emociones que necesita sacarse de encima. Contó los días angustiantes en los que temió perder a su hija de nueve años, que había contraído una pulmonía, en medio de la negligencia del personal médico y de comentarios burlones sobre su autismo. 

En una clínica privada de San Pedro Sula le dieron el diagnóstico de neumonía y la orden de que internara a su hija, pero no tenía los recursos económicos para hacerlo, y decidió ir al Seguro Social para que la curaran. «Mi niña tenía mucha fiebre y le dolía el pecho. Esperamos desde la una de la tarde hasta las siete de la noche sin ser atendidas. Todo el salón estaba lleno, no había banco para que se acostara y ella estaba temblando. El suelo estaba lleno de vómito y flema; entonces me quedé parada con mi niña entre mis brazos», relató Teresa.

Cuando un doctor revisó por fin a su hija, le dijo tajante: «no es neumonía», pero Teresa repitió las explicaciones del doctor de la clínica sobre el hemograma. Regresaron a la sala de espera. Teresa tenía mucho miedo de que su hija convulsionara. Una enfermera le dijo que la niña estaba así «por su culpa». A las nueve de la noche, el doctor había finalmente aceptado que era neumonía, e ingresaron a la niña enferma. 

Área de clínica para adultos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio La Granja., Comayagüela, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Empezó la peor noche de su vida. «No le dieron suero, no la veían, sólo la tenían acostada en una camilla. Yo le ponía un trapo mojado en la frente porque no sabía qué hacer. De repente, una enfermera desenchufó la máquina que le tomaba el pulso, y cuando le pregunté por qué lo hacía, me regañó. Ella quitó la manta de mi hija y la dejó al lado. Después vino otra enfermera y me dijo: «¿Quiere que se muera? ¿Cómo es posible dejarla sin manta?». Me sentí muy humillada. 

A una doctora que estaba de guardia le expliqué que mi hija y yo sufrimos de autismo, y sólo contestó: “Ahora todos somos autistas, hasta yo”. Es increíble, en el Seguro los pacientes tienen la culpa de enfermarse y nos desprecian por nuestras dificultades sensitivas.»

La experiencia de Teresa es un ejemplo más de los problemas estructurales irresueltos en el IHSS: saturación, falta de doctores especialistas, dificultad para obtener un diagnóstico, escasez de medicinas, y ausencia de capacitación para atender a pacientes con neurodivergencias. 

Contracorriente solicitó una entrevista a la ministra de salud, Carla Paredes, para hablar del Seguro Social, y se nos invitó a presentar una lista de preguntas para que fueran respondidas por escrito. 

Preguntamos cuál es la visión que tiene el Ministerio sobre la crisis de gobernabilidad del Seguro y la «falta de apoyo» mencionada por sus exdirectores. También preguntamos sobre el futuro del IHSS y si hay todavía un lugar para la salud pública de los trabajadores en Honduras, o si se contempla una reforma de la administración. Consultamos qué tipo de acciones e inversiones se podrían realizar con los 3,600 millones de lempiras liberados por el Congreso Nacional. Consultamos sobre los problemas de abastecimiento de medicinas para enfermedades crónicas. 

La respuesta fue: «Consideramos que esas preguntas le competen más al IHSS». Sin embargo, la Secretaría de Salud es parte de la Junta Directiva del Seguro Social. Es también parte de la Comisión Especial para monitorear el plan de inversión con el fondo liberado por el Congreso Nacional, junto a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Insistimos, pero no obtuvimos más información. 

Según el último Informe de Desarrollo Humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022, Honduras destaca por tener un sistema de salud segmentado y desintegrado, y necesita grandes inversiones para transitar hacia una protección social universal. Con un horizonte de cuatro años, los expertos calculan que se necesita una inversión anual de 0.656 % del PIB (163.5 millones de dólares) para proveer salud universal.

En el presupuesto general de 2024, a la Secretaría de Salud se le asignaron 29.1 millones de lempiras (equivalente a 117,6 millones de dólares). En comparación, a la Secretaría de Seguridad se le asignaron más de 11 mil millones de lempiras. 

***

Afuera de La Granja, en la acera donde permanecen Saraí y Alejandra, con su parche en la garganta, otra madre y su hija acaban de sentarse. Es una sala de espera paralela para aquellos que no logran conseguir una silla o que se rehúsan al hacinamiento. La madre saca un pedazo de pizza de una bolsa plástica y la da a su hija, quien de repente se pone a llorar. 

«No come nada», se lamenta la mujer. Le preocupa mucho la pérdida de apetito de su hija y por eso decidió venir a las urgencias pediátricas. Seguramente no van a poder ser atendidas. Rocío Morena, encargada de Relaciones Públicas del IHSS de La Granja, explica: «Los pediatras de aquí sólo atienden emergencias y los problemas psicológicos no son considerados como emergencias».

Sin embargo, la madre y la hija sin apetito no se van. No tienen otro hospital adónde ir. Se quedan, esperando. 

Texto: María Eugenia Ramos 
Portada: Persy Cabrera 

Porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Esta apelación al carácter divino de la maternidad —y por tanto incuestionable, desde el punto de vista de la cultura occidental judeo-cristiana—, repetida en el estribillo del «Himno a la madre», del compositor hondureño Augusto C. Coello, es un buen ejemplo del imaginario social que exalta la condición de madre como el más grande mérito, y generalmente único logro reconocido de las mujeres.

Cualquier mujer que quiera salirse de este esquema preconcebido y ejercer la maternidad de otra manera, o no ejercerla, es considerada transgresora y tratada como tal, con penalizaciones que van desde la desaprobación social hasta la marginación y la criminalización, como ocurre en el caso del aborto. Simplemente el hecho de mencionar que no se estaba lista, o que se está arrepentida de ser madre, es razón de estigma. Por el contrario, que la paternidad no se ejerza, que se ejerza de forma descuidada, o que el padre abandone a los hijos, es considerado «normal», y no pocas veces hasta aplaudido como manifestación de «hombría».

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En este contexto, es de suponer que las hijas tienen una doble presión social. Por un lado, ejercer el papel que la sociedad les asigna por razones de género, y por el otro, venerar a las madres como seres que nunca se equivocan. Y la realidad es muy distinta. Las madres, como las hijas, somos seres humanos con virtudes y defectos, y la misma presión social ocasiona que las relaciones madre-hija sean particularmente complicadas. 

Así lo señala Blanca Lacasa en un ensayo de reciente publicación (Libros del K.O., Madrid, 2023): «Nos está prohibido cuestionar a nuestras madres. Y es nuestro deber y salvación respetarlas, idolatrarlas y darles gracias siempre y en todo lugar. Así que, en este contexto, ¿cómo nos vamos a atrever a hablar de esto? (…) ¿Cómo hemos decidido romper este mutismo impuesto, el mismo que les hizo a ellas, nuestras madres, acallar ciertas penosas situaciones domésticas? ¿Cómo infringir el mandato divino de honrar a tu padre y a tu madre?».

En este marco de nuevas búsquedas y cuestionamientos, implícitamente de la maternidad, y específicamente de lo que en ensayos como el de Lacasa se ha denominado «hijidad», se inscribe la novela de la escritora costarricense Catalina Murillo Una mujer insignificante (Alfaguara, México, 2024). Partiendo de una carta con sellos de Europa que llega a un hogar de clase media alta, donde hay un padre académico, una madre ama de casa y tres hijas mujeres, se comienza a desenvolver una madeja de frustraciones, amores y desamores que atrapa con una sencillez que es solo aparente.

Haciendo uso del recurso de la autoficción, Murillo se revela desde el primer momento como una narradora con mirada casi clínica, en el sentido de no caer en el drama ni en la confrontación, ni con el padre ni con la madre; pero no por eso su agudo ojo de escritora es menos implacable. Observa, recoge, anota, desmenuza, compara. Águeda, la madre, es Águeda, y pocas veces «mamá», mientras que el padre, por muy académico que sea, no escapa a la ironía de la hija. Toda la pomposidad del Dr. Mauricio Zamora, en el fondo, pretende ocultar una vida también llena de frustraciones, como la de Águeda.

Sin detenerse en descripciones geográficas, sino más bien en el interior de los personajes, Murillo cuenta una historia que abarca algunas décadas y transcurre entre Costa Rica y Europa. La protagonista, la madre, a la que el título le confiere el carácter de insignificante, pues así la ve la sociedad siendo ama de casa al lado de un esposo académico, poco a poco va ganando fuerza y abriéndose espacio para finalmente vivir de algún modo los sueños que alguna vez tuvo. En este trayecto, tiene altos y bajos, y en cada caída está la mirada implacable de su hija, viéndola sin juzgar, pero viéndola.

Es la propia madre quien se juzga a sí misma, se atormenta porque para cumplir sus sueños debe romper con varios tabúes, exponerse al qué dirán, al ridículo, y finalmente también posiblemente al fracaso.  Pero tal vez en el mismo fracaso, o en la sensación de él, podría estar finalmente la redención. 

Si antes dijimos que la narración podría llamarse clínica, en el sentido de la capacidad de contar situaciones complejas de forma objetiva, sin grandilocuencia, debemos agregar que no excluye la ternura. Es así como, finalmente, Murillo nos presenta un retrato de su madre, y alrededor de ella la familia entera, que nos permite reflexionar sobre temas inéditos desde la perspectiva del coraje, la empatía y la risa.

En 2021, en su primer mandato, el Gobierno de Nayib Bukele invitó a oenegés y universidades a participar en la redacción de una nueva ley de minería metálica. Mientras esto ocurría, un grupo de extranjeros y una empresa, esta última relacionada con una transnacional minera que operó en Honduras, llegaron a San Isidro, El Salvador, tanto a realizar supuestas labores sociales como a comprar terrenos con potencial minero. En junio de 2024, Bukele inició su nueva administración después de su reelección inconstitucional y una de sus apuestas, según las fuentes consultadas, es reabrir la minería en uno de los pocos países que mantiene una prohibición absoluta desde hace siete años.

 

Texto: David Ernesto Pérez (Revista Elementos) y Celia Pousset (Contracorriente)
Fotografías: Camilo Freedman (El Salvador) y Jorge Cabrera (Honduras)
Portada: Revista Elementos
Edición: Jenifer Ávila y Nelly Luna

 

A finales de noviembre de 2021, Elmer Edmundo Ortiz Martínez estaba en su negocio —un molino en el que también funciona una especie de pequeña oficina en la que recibe a quienes le visitan— cuando dos hombres que se identificaron como inversionistas peruanos asomaron por el filo de la puerta y le aseguraron que estaban interesados en escuchar, de su boca, todo lo que pudiera contarles acerca de la situación cultural, histórica, económica y política del municipio San Isidro, en el departamento de Cabañas, El Salvador, lugar en donde vive.

Aunque en ese momento el exfuncionario municipal sanisidrense no tenía claro cuáles eran las razones detrás del interés de aquellos peruanos, que se presentaron únicamente como Martín y Ever, les invitó a sentarse y, sin exigirles credenciales sobre su oficio o dónde trabajaban, respondió todas las preguntas que le hicieron. Terminaron de conversar y los visitantes se marcharon.

Unas tres semanas después regresaron, esta vez identificándose como consultores de algo que llamaron Instituto de Desarrollo Agrícola del Perú, que en ocasiones llamarían Instituto para el Desarrollo Socioeconómico Cultural Agrario (Indeca), del que no existe registro de su existencia en el país suramericano; en otras, dirían solamente que eran empleados de una empresa fundada en el Perú, pero sin especificar el nombre. 

Esta vez, los visitantes le comunicaron a Ortiz que habían elegido al departamento, y en particular a San Isidro, para invertir todo el dinero posible en «responsabilidad social», porque en las estadísticas oficiales habían encontrado que era uno de los municipios más pobres del país más pequeño de Centroamérica.

Y era cierto. Según el Estudio Territorial de la Región Cabañas, más de 5 mil personas viven en pobreza relativa o extrema, tienen acceso únicamente a un hospital departamental y a un centro local de salud, el territorio tiene alta vulnerabilidad a inundaciones y deslaves en época lluviosa, entre otros. De hecho, en 2020 la Universidad de El Salvador (UES) clasificó a la localidad, ubicada a 73 kilómetros de distancia de San Salvador, como una con los más bajos índices de desarrollo humano en el país.

Foto: Camilo Freedman. San Isidro, El Salvador.

En los siguientes meses de 2022 «los peruanos», como se les llamó en las comunidades, recorrieron una parte de San Isidro, pero también los vecinos municipios de Sensuntepeque, Guacotecti e Ilobasco, escuchando las necesidades más urgentes y ofreciendo  financiamiento para emprender algunos proyectos productivos que, a futuro, podrían ayudar a mitigar esas necesidades. Desde mayo de 2021 todos esos municipios, y la mayor parte del país, son gobernados por Nuevas Ideas, el partido que el presidente Bukele fundó con sus amigos y su familia.

Allan Alcyr Serrano Iraheta, síndico de la alcaldía de San Isidro, contó que en noviembre de 2022 «los peruanos» invitaron al alcalde del municipio, Gustavo Adolfo Andrade Iraheta, del Partido Nuevas Ideas, a una reunión a la que él también acudió. Ese día conocieron a Martín Alejandro Ortiz Tenorio, Francisco Antonio Ayala Izquierdo y a Carlos Cabrera, tres del grupo de cinco peruanos.

En su perfil en Linkedin, Ortiz Tenorio se presenta como especialista en conflictos sociales que trabaja para el Ministerio de Energía y Minas del Perú, donde aparece inscrito como  empleado. En su sitio en línea esa institución registró un pago a su favor.

El Ministerio de Energía de ese país también registra como uno de sus empleados a Ayala Izquierdo. En la resolución 236-2019-MEM/OGA ordena el pago de un dinero para él y, además, en la resolución RD-548-2015-OGA también manda cancelar un monto a su favor por «talleres informativos sobre mecanismos de participación ciudadana en el marco de actividad minero energético» en Cusco. En una publicación del perfil en Facebook Calca para los Calqueños, de fecha 30 de noviembre de 2015, puede verse una fotografía suya hablando a un grupo de personas con el comentario: «El señor Francisco Ayala Izquierdo coordinador del Minem en Cusco».

Tanto de Cabrera como de la persona que se identificó como Ever fue imposible obtener más información.

Serrano también contó que, en la reunión con el alcalde, ellos se negaron a hablar de minería. Más bien insistieron en decir que contaban con 100 millones de dólares para invertir, aunque nunca aclararon el origen del dinero ni el rubro en el que pretendían incursionar.

Antes de esa reunión, sin embargo, ya se habían convertido en los inverosímiles filántropos que, con dinero de origen incierto, pagaron la compra de uniformes deportivos y la organización de torneos de fútbol, tanto masculinos como femeninos; compraron máquinas centrifugadoras y estampadoras para regalarlas a los apicultores; financiaron la construcción de invernaderos para los agricultores y reservorios de agua para los piscicultores; y también donaron instrumentos musicales para las bandas juveniles.

A mediados de julio de ese año, coincidiendo con las fiestas en honor a Santiago Apóstol, llegaron a Potrero de Batres, reunieron a cuatro apicultores originarios de ese cantón sanisidrense y les ofrecieron comprarles todos los equipos que necesitaran para la crianza y el cuidado de las abejas, así como también para comprar miel y otros productos. Ellos lo aceptaron.

«No me pareció lógico que venga alguien solo a regalar por regalar», dijo una persona a la que llamaremos José, uno de los apicultores, quien solicitó que no se revelara su verdadera identidad.

Juan, que también por seguridad solicitó no ser identificado, detalló que con el dinero obtenido por los extranjeros se financió la construcción de un reservorio más en cantón El Volcán, de Sensuntepeque, así como también dos invernaderos, uno en El Camalote, San Lorenzo, y otro en Ilobasco. A él lo contrataron para capacitar a las comunidades en la importancia de los invernaderos y siempre le pagaron con dinero en efectivo, excepto una vez que recibió una transferencia bancaria.

Ambos pidieron no ser identificados por temor a represalias y a la vigencia del régimen de excepción que, desde el 27 de marzo de 2022, ha permitido a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada capturar a más de 70 mil personas sin orden judicial previa, únicamente por sospechas, aspecto físico, nerviosismo, entre otros, según informes de Cristosal y una investigación de El Faro

También fueron capturados, el 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes sociales de Cabañas que se enfrentaron a la minera Pacific Rim. Fueron acusados de la desaparición de una persona durante la guerra civil salvadoreña.

Foto: Camilo Freedman. San Isidro, El Salvador.

Los peruanos financiaron, además, la construcción de un reservorio de agua, de unos 25 metros cúbicos y valorado en más de 27 mil dólares, que fue inaugurado en agosto de 2022. Una página de Facebook de la localidad, Del Otro Lado 98.1 FM, publicó un video de la celebración, en el cual se puede escuchar: «El cual se logró concretar (…) en conjunto con el sector privado dentro de un proceso de responsabilidad social empresarial».

Alfonso Baires es el dueño del terreno en el que fue construido el reservorio. Dijo que los peruanos querían «ejecutar el proyecto ya» y, como no había más opciones, ofreció su propiedad. «Hicieron fiesta, reventaron pólvora y trajeron mariachis, pero nunca decían a quién representaban», expresó.

En 2022, una empresa llamada Nueva Esperanza declaró al Ministerio de Hacienda que había invertido 69 mil 78 dólares en la construcción de reservorios, 27 mil 666 dólares en la construcción de invernaderos y 19 mil 833 dólares en agricultura. Esta empresa fue fundada por el estadounidense Blane William Wilson y el estadounidense naturalizado hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa, según el registro de comercio salvadoreño.

Foto: Camilo Freedman. San Isidro, El Salvador.

Blane William Wilson es el representante en Centroamérica de Titan Resources Limited, una transnacional de origen estadounidense dedicada a la extracción de oro y plata, con sucursales en Honduras y en Perú. Pero de esta empresa se entrará en detalles más adelante.

A la mayor parte de los entrevistados para este artículo —ocho de trece— les hizo recordar los tiempos en los que la empresa minera transnacional Pacific Rim, a través de sus programas de responsabilidad social empresarial, intentó ganar el favor de las comunidades.

Se reabre la cicatriz minera en El Salvador

San Isidro es una localidad salvadoreña ubicada en el territorio conocido como cinturón de oro, que inicia en México y se extiende hasta el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua.

La localidad tiene una larga historia de minería que inició en el siglo XVI, con los colonizadores españoles, y continuó en 1894 con mineros de distintos orígenes. En 1942 explotaba sus vetas de oro y plata la transnacional New York and El Salvador Mining Company, que en la siguiente década cerró operaciones como consecuencia de los altos costos de la extracción, la caída de los precios internacionales del oro y la entrada en vigor de una nueva legislación laboral impulsada por el Consejo de Gobierno Revolucionario.

Pacific Rim, de capital canadiense, llegó a San Isidro en la segunda mitad de los años noventa a hacer exploración minera. Unos diez años después solicitó permiso para hacer explotación. Pero los impactos ambientales, consecuencia únicamente de la primera de las actividades, provocaron descontento entre los ciudadanos que, por ejemplo, se quejaban de la pérdida de fuentes de agua.

Una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador señaló en 2008 que seis de cada diez personas de la zona rechazaban la presencia minera. Al año siguiente el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca negó los permisos de explotación. En respuesta, la empresa demandó al Estado salvadoreño en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

En San Isidro, además, entre el 18 de junio de 2009 y el 3 de junio de 2011 fueron asesinados los ambientalistas, destacados líderes de la oposición a la explotación minera, Marcelo Rivera, Dora Alicia Sorto y su esposo Ramiro Rivera Gómez, y Juan Francisco Durán.

Como consecuencia de la presión social, el 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, debido al deterioro ambiental, el impacto en el agua y en la salud de las personas y la alta vulnerabilidad ambiental del país. Esto ocurrió en la presidencia de Salvador Sánchez Cerén.

Durante cuatro años la prohibición fue considerada inapelable. Pero eso cambió el 17 de mayo de 2021 —casi dos años después de que Bukele asumió el poder— cuando el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) anunció que El Salvador se incorporaba como su miembro número 77. El Gobierno no dio ninguna explicación pública de esto.

Unos seis meses más tarde, un grupo de especialistas de esta organización mundial llegó al país. En un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se mencionó que su propósito era hablar de la explotación de canteras «para la industria de la construcción».

Foto: Camilo Freedman. San Isidro, El Salvador.

Algunas oenegés y universidades recibieron invitaciones para reunirse en privado con esos expertos; sin embargo, los motivos fueron diferentes. Por ejemplo, en la nota DM-419-2021-PM, del 22 de noviembre de 2021, firmada por María Luisa Hayem Brevé, ministra de Economía, y recibida por Andreu Oliva de la Esperanza, entonces rector de la UCA, se lee: «El Salvador está siendo beneficiado con una evaluación del sector minero», lo que serviría, según el documento, de base para «para la redacción de una nueva ley de minería no metálica».

«Estábamos dispuestos a discutir con la misma postura que siempre hemos mantenido contra la minería metálica, pero ellos cancelaron el evento», recuerda Andrés McKinley, experto en agua y minería de la UCA.

Consultado sobre el tema, Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la misma universidad, sostiene que el Gobierno de Bukele ha mostrado signos de estar preparando las «condiciones» para el retorno de la minería: la asignación de 4 millones 543 mil dólares para la «revisión» de la ley de 2017 que prohíbe la extracción minera y la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, entre otros.

La empresa sin ingresos propios que paga millones de dólares

Con la entrada en vigor de la Ley de Prohibición de la Minería, en 2017, Pacific Rim ofreció en venta una parte de sus tierras a sus exempleados. Unos pudieron comprar, pero otra parte la adquirieron sanisidrenses que viven en Estados Unidos. En enero de 2021, Pelagia Nimia Serrano García, quien vive en Miami, recibió una oferta: la empresa Agrícola San José estaba interesada en firmar con ella un contrato de arrendamiento por las 51 manzanas —360 mil 260 metros cuadrados— de tierras rústicas que son de su propiedad en el cantón Los Jobos, San Isidro.

En ese momento el precio del alquiler por manzana era de unos 300 dólares. La empresa, por medio de su representante legal, Hazel Yolanda Castillo de Ventura, le ofreció 2 mil dólares por manzana. Ella rechazó la propuesta.

Foto: Camilo Freedman. San Isidro, El Salvador.

Según el Registro de Comercio, Agrícola San José es una empresa con dirección  registrada en la casa número 81 del pasaje Camilo Campos de la Colonia Escalón, San Salvador, y fue constituida el 11 de septiembre de 2021 ante el notario Juan Ramón Avelar Contreras.

Sus fundadores y primeros directivos fueron los estudiantes Daniel Armando Rodríguez Sandoval y Nancy Yolanda Juárez Sandoval, con un capital inicial de 2 mil dólares. La finalidad de la empresa es la importación y exportación de toda clase de bienes, productos e insumos para el sector ganadero y agrícola.

Después de la fundación los accionistas sustituyeron a los estudiantes y nombraron administradora propietaria a Hazel Yolanda Castillo de Ventura y administrador suplente a Eduardo Alberto Rafael Mora Granada. La primera fue nombrada oficial de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el 21 de septiembre de 2022, y también se ha dedicado a representar, en los últimos años, a empresas salvadoreñas y a otras de origen hondureño que operan en el país; el segundo está relacionado con más de una docena de sociedades dedicadas al turismo, venta de alimentos, mercadeo y publicidad, reparación de artículos de acero, entre otros, según el registro de comercio.

En esos primeros meses la empresa declaró pérdidas por 3 mil dólares y 4 mil 203 dólares en cuentas por pagar. Sin embargo, tuvo capital suficiente para hacer negocios.

El 9 de septiembre de 2022 Agrícola San José, ante los oficios notariales de Juan Carlos Rivas Vásquez, compró dos terrenos rústicos al empresario Santiago Arístides Moreno Sorto, ambos situados en el interior de San Isidro; el primero, inscrito en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros con la matrícula 45019757-00000 y con una extensión superficial de 339 mil 40 metros cuadrados, por el precio de 1 millón 164 mil 259 dólares.

Esta propiedad antes fue de Pacific Rim. El 11 de junio de 2007, Moreno Sorto se la vendió por 375 mil 37 dólares. Once años después, el 23 de octubre de 2018, Bienestar S. A. de C. V —uno de los tantos nombres que la transnacional minera adoptó con el tiempo— se la vendió a la misma persona, incluyendo un terreno más por 450 mil dólares.

El segundo terreno, inscrito con la matrícula 45014098-00000 porción uno, y de una extensión de 425 mil 885 metros cuadrados, se vendió por un valor de 1 millón 218 mil 738 dólares.

Por los 764 mil 925 metros cuadrados de ambos terrenos, Agrícola San José pagó 2 millones 382 mil 997 dólares a Moreno Sorto, como puede verificarse en el Registro de la Propiedad.

Los dos terrenos están ubicados al costado sur de la hacienda San Francisco, cantón San Francisco El Dorado, San Isidro. Como puede verificarse en los mapas del estudio de prefactibilidad proyecto El Dorado, están dentro del área que Pacific Rim exploró, dividió y nombró El Dorado Norte y El Dorado Sur —a mitad de camino de las dos—, es decir, los atraviesan los ríos Viejo y San Francisco. Además, en su subsuelo yacen las vetas Grande, Hacienda Vieja y San Francisco como las cercanas y, como las más lejanas, las vetas Grande, Quebrada, Los Jobos, Nueva Esperanza y Mina El Dorado.

En pocas palabras: ambas propiedades están asentadas sobre vetas de oro, plata y otros minerales.

Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

El 8 de octubre de 2018, Atlántida El Salvador —que es subsidiaria de la casa matriz Grupo Financiero Atlántida de Honduras— prestó a Moreno Sorto 300 mil dólares para que comprara el terreno matrícula 45019757-00000. Un poco más de cuatro años más tarde, concedió un préstamo de 6 millones 670 mil dólares a Agrícola San José, con idéntico propósito: la adquisición de las propiedades.

Las hipotecas permanecen a favor de Atlántida.

Además, de acuerdo con los registros del Centro Nacional de Registro, Agrícola San José recibió un préstamo de 50 mil dólares en 2021, y otro de 157 mil 500 dólares en 2022, de la empresa Tombstone Company El Salvador.

Tombstone Company fue fundada con un capital de 50 mil dólares el 26 de febrero de 2021, ante los oficios notariales de Juan Carlos Rivas Vásquez. Sus fundadores son el estadounidense Blane William Wilson —que había ingresado al país un mes antes en la aeronave N560BA procedente de Tegucigalpa, junto a Ryan Mcafee Wilson, según los registros de ingresos de la Policía Nacional Civil (PNC)— y el hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa, según consta en el Registro de Sociedades salvadoreño.

Blane William Wilson es el representante en Centroamérica de Titán Resources Limited, una empresa registrada en Nevada, Estados Unidos y con una sucursal en Perú, como puede verificarse en el estudio El estado de la minería en Honduras y en la revista Anuario Minero de los años 2010, 2020 y 2021. En su perfil en Linkedin también se presenta como presidente de Fire River Gold Corp, una transnacional asentada en Canadá y Estados Unidos que se dedica a la explotación de oro, plata y otros minerales.

Titán se dedica a la explotación de recursos naturales, principalmente en la minería de oro y plata, así como también el desarrollo de energía.

Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

En el caso de Wilson Canessa, es el representante legal de la empresa hondureña Grupo Granjas Marinas, cuya camaronera más emblemática, ubicada en San Bernardo, Choluteca —a unos 152 kilómetros de distancia de la capital— opera en medio de la zona protegida desde 1999 de El Jicarito, provocando conflictos socioambientales con los miembros de la comunidad; a ello se suma que el lugar es sitio Ramsar por contener humedales importantes.

Granjas Marinas es considerada la responsable de la tala del bosque de manglar y del agotamiento de las reservas de peces en el país vecino. Esta empresa, según el registro mercantil hondureño, tiene como uno de sus principales accionistas a Banco Atlántida. Este banco también es uno de los principales inversionistas de la mina Azacualpa, en Copán.

Entonces, la finalidad de Tombstone es, de acuerdo con su acta de constitución, la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo; la geología del área del proyecto que implica la descripción de las condiciones del sitio, investigación de superficie, mapa geológico general con base topográfica; detalles de los procesos geomorfológicos; análisis de laboratorio, entre otros. Su dirección registrada es la casa número 81 del pasaje Camilo Campos de la Colonia Escalón, San Salvador. Es la misma dirección de Agrícola San José.

En el balance financiero de su primer año de operaciones declaró que tenía 60 mil dólares por cobrar a partes relacionadas, es decir, siguiendo la definición del Código Tributario salvadoreño, a las empresas o personas sobre las que ejerce control. En este caso, una de esas sociedades es Agrícola San José. En diciembre de 2022 aseguró tener negocios en proceso por 4 millones 403 mil 324 dólares y un patrimonio de 5 millones 371 mil dólares.

En su balance financiero de 2022, Tombstone Company señala que «la compañía está desarrollando proyectos en el área de tecnología, mercado, social y tendencias que le puedan permitir a la empresa vender un producto o varios productos o paquetes de servicios o propiedad intelectual a los inversionistas locales o extranjeros». En ese documento también consignó haber recibido 5 millones 373 mil dólares en préstamos de Banco Atlántida para capital de trabajo.

Al año siguiente, Tombstone cambió su nombre a Nueva Esperanza (NuEs). En el punto dos del acta de accionistas también quedó establecido el nombramiento de Wilson Canessa como administrador propietario.

La revista Elementos presentó dos solicitudes de entrevista con los representantes de Agrícola San José y Nueva Esperanza. Al cierre de esta investigación no hubo respuesta.

Una minera fracasa en Honduras y ahora pone sus ojos en El Salvador

Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Honduras, con sus más de 500 concesiones para la explotación minera a cielo abierto, bien puede ser considerado un paraíso para las empresas extractivistas. Sin embargo, algunos de estos proyectos han fallado a pesar de tener el respaldo millonario de inversiones extranjeras, como es el caso de la transnacional estadounidense Titan Resources, que incursionó en dos localidades del sur de ese país, causó repudio social y, en 2019, dio un paso atrás después de incumplir uno de los contratos que había firmado con los propietarios de los terrenos de los que pretendía extraer oro y plata.

El 29 de junio de 2015, la Compañía Minera Titán de Honduras fue fundada por Blane William Wilson, como puede constatarse en el Registro Mercantil de Francisco Morazán, en la referencia 30677, matrícula 2547705, y cuyo representante legal en ese proceso fue el bufete jurídico Arias y Muñoz, de Tegucigalpa.

Ese mismo año la empresa fue inscrita como concesionaria de la explotación de minas en los municipios Concepción de María y El Corpus, en el departamento de Choluteca, específicamente en los sectores conocidos como Baldoquín, La Moloncosa y Potosí.

Vilma Yamileth de Ordóñez, alcaldesa de Concepción de María, recordó que en ese periodo unas personas llegaron al municipio asegurando ser representantes de «una organización» que había recibido la concesión. «Se pusieron a promover todo el beneficio que el municipio iba a recibir, que iban a construir centros de salud, escuelas, parques», agregó. Con el tiempo iban a concluir que en realidad eran representantes de Titán. Pero un día se fueron y nunca más regresaron.

En 2016 Titán de Honduras compró a Minera Potosí la concesión para la exploración y explotación minera de un área de 400 hectáreas en Concepción de María. Ese año el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) autorizó ese acuerdo. Pero no tenía licencia ambiental y, por tanto, no presentó medidas de mitigación de daños a los ecosistemas y no pudo operar.

Foto: Jorge Cabrera/Contracorriente.

Casi dos años después, Titán estaba oficialmente implementando programas de responsabilidad social. O, al menos, esa fue su versión cuando aseguró al Estado que había beneficiado con diez becas a estudiantes de la Universidad Politécnica de Ingeniería, había celebrado un encuentro con comunidades aledañas a la mina y las había ayudado en el diseño de carreteras. Es curioso, sin embargo, que para ese entonces no había iniciado las actividades de exploración.

En 2019, sin embargo, ocurrió algo inusual: Titán de Honduras solicitó traspasar los derechos mineros a favor de Compañía Minera Metalúrgica Centroamericana (COMMSA), que había sido constituida en febrero de ese año por el guatemalteco Juan Manuel Lemus Perusina y el hondureño Christopher Echenique.

Echenique, en ese entonces, también era apoderado legal de Titán de Honduras. La cesión, sin embargo, no se concretó porque Titán no tenía facultades legales para pedirla. Según los vecinos, quienes ahora operan son mineros artesanales de origen chileno.

En el caso de El Corpus, Titán alquiló, en 2016, los derechos mineros al terrateniente Marcial Martínez, que es propietario de cerca de 400 manzanas de terreno en las áreas conocidas como Moloncosa y Baldoquín. El propósito era «actualizar actividades de exploración». La empresa empezó tomando muestras de roca, contrató a guardias de seguridad y socializó el proyecto con los lugareños celebrando barbacoas y reuniones.

En principio, había planificado invertir 1 millón 355 mil dólares. También tenía por objetivo recibir una certificación de la Asociación Internacional de Minería Responsable (IRMA) para «cambiar la reputación de la minería en el mundo en desarrollo».

En diciembre de 2019, sin embargo, el abogado del terrateniente Martínez presentó un recurso de «oposición a cesión de derechos mineros» por presunto incumplimiento de contrato por parte de Titán, por lo que exigía dos pagos distintos: el primero por 1 millón 172 mil 834 dólares y el segundo por 3 mil 49 dólares, en un plazo máximo de un año.

El contrato terminó y la Minera Moloncosa, de Martínez, recuperó los derechos de explotación. En diciembre de 2023 el expediente de la concesión fue enviado a la Unidad de Fiscalización para investigar el supuesto incumplimiento en pagos de impuestos desde el año 2013.

Las autoridades municipales de El Corpus confirmaron que Titán todavía estaba tramitando los permisos de operación en el Instituto de Geología.

Al visitar los territorios de las concesiones oficialmente registradas a favor de Titán, se ha verificado que no ha logrado emprender plenamente las actividades de exploración y explotación minera. Pero ahora parece que Minera Titán tiene sus ojos puestos en El Salvador.

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Fotografías y texto: Fernando Destephen

 

El domingo 9 de junio ocurrió una protesta por la falta de energía eléctrica en la colonia 24 de Abril # 1, en Cofradía, Cortés, en el norte de Honduras. Los manifestantes cerraron la calle y quemaron llantas en protesta por un apagón de casi 10 horas. Para resolver el problema, tuvo que mediar la Policía Nacional, quien ayudó a que los técnicos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) restituyeran el fluido eléctrico a cambio de la liberación de un carril de la carretera que permanecía tomado por los pobladores inconformes.

 

Lourdes Rivera, de 52 años, es la presidenta del patronato de la colonia,  donde es conocida por buscar soluciones a los problemas de la comunidad. La falta de fluido eléctrico había sido causada por el roce de las ramas de un árbol con un transformador, y se resolvió con un mantenimiento de rutina. Pero para Lourdes ese es un problema que pudo prevenirse; por eso ella habitualmente coordina los trabajos de recorte de ramas para que no alcancen los cables y ocasionen problemas.

 

En esa misma colonia vive Henry Alvarado, quien tiene un negocio de venta de  variedades y ofrece servicios de cibercafé y trabajos secretariales. Henry asegura que ese apagón del 9 de junio le costó alrededor de 1,500 lempiras, debido a que también venden alimentos, que con los apagones tan prolongados se descomponen, y tiene que «echarlos a los perros». 

 

En ese contexto, parece que la única forma de que los encargados del servicio se interesen por restituir el fluido eléctrico es realizar una protesta, como la de ese día, en reclamo por una solución. 

Fachada del negocio de Henry Álvarez en la colonia 21 de Abril # 1. El comerciante perdió productos debido a los apagones. Cofradía, Cortés, junio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Otro lugar donde hubo protestas por los prolongados cortes de energía fue la colonia San Cristóbal, en el Bulevar del Este en La Lima. De ahí es Antonio, dueño de un emprendimiento de venta de comida a la orilla de la calle, quien asegura que tiene mucha impotencia por no poder reclamar como quisiera a una «empresa tan grande como la ENEE». Duda mucho de que un reclamo formal le reconozca los daños sufridos en los apagones, que sumaron la pérdida de un congelador, una refrigeradora y su computadora personal.

 

La crisis energética en Honduras no es nueva. En la década de los noventa se conocía como «racionamientos programados», y ahora el Gobierno les llama «mantenimientos programados», programaciones que los vecinos de La Lima desconocen, porque, aseguran, no se anuncian. Antonio, por su parte, relaciona los cortes de energía con las altas temperaturas y cree que debido a eso los transformadores «se disparan».

 

Respecto a los problemas de energía eléctrica debido al sobrecalentamiento de los transformadores, Erick Tejada, ministro de la Secretaría de Energía, aseguró que esos problemas ya se terminaron, y que ahora el problema es otro. «Estamos haciendo trabajo específico de repotenciación de la red de distribución en todo el Valle de Sula», dijo, refiriéndose a los trabajos que se hacen en Pimienta, Cortés, en la mediana de la CA-5, en donde la ENEE trabaja en la instalación de una nueva red de distribución. El proyecto terminará en un período aproximado de tres meses y tiene un costo de 3 millones de lempiras, según Tejeda.

Trabajos de ampliación de la red de distribución para la zona norte del país. Pimienta, Cortés, junio de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

Kevin Rodríguez, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que el problema del déficit de energía es en horas pico, y que anda entre los 300 y los 400 megavatios, lo que resulta en una pérdida de alrededor de 20 millones de lempiras diarios, de acuerdo a los datos de esta organización.

 

Otro problema directo son los cortes constantes, esos que apagan y encienden los electrodomésticos y que en algunos casos terminan por dañarlos, como lo que perdió Antonio, y como en el caso de las quejas que recibe Lourdes de vecinos a quienes se les han dañado desde televisores hasta refrigeradoras. 

 

En ese sentido, Lourdes Rivera recientemente solicitó el cambio de cinco postes de madera que están podridos y se sostienen solamente gracias al enredo de cables de la ENEE y de las empresas de distribución de cable que operan en la zona. La respuesta que le han dado es que no hay materiales para reemplazarlos.

Lourdes Rivera muestra el daño en un poste de madera podrida que se sostiene de la maraña de cables de energía eléctrica y pone en riesgo una vivienda de la colonia 24 de Abril # 1. Cofradía, Cortés, junio de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En algunos postes deteriorados salen chispas por el contacto con otros cables, y los vecinos no pueden ni dormir, preocupados ante la posibilidad de que ocurra un incendio mientras descansan. Ese problema se resolvió en otras zonas de la colonia 24 de Abril, en la colonia San Cristóbal y en la colonia Asentamientos Humanos, después de protestas de los habitantes, y resultó que en esos casos el problema también había sido causado por falta de mantenimiento regular.

 

Parece que en esta zona del país los problemas no se resolverán sin la exigencia de los habitantes de las comunidades, especialmente cuando las autoridades no realizan mantenimientos rutinarios para evitar los apagones. Mientras tanto, esos mismos pobladores seguirán con el temor de perder recursos en sus negocios y electrodomésticos en sus hogares.

Texto: *Josefina B.
Portada: Persy Cabrera

«¿Verdad que no solo te gustan los hombres?», me preguntó Estela mientras caminábamos de regreso a su casa, después de comprar churros y fresco para la reunión semanal del colectivo literario del que formé parte durante mis veintipocos. El corazón se me detuvo milésimas de segundos, pero, sabiendo que congeniamos tan fácil desde que nos conocimos, sabía que podía responderle con sinceridad. «Jaja, no», le dije. Era un día helado, estaba nublado, lo podía sentir en el sudor que estaba comenzando a salirme de la piel. «¿Por qué me preguntás?» continué. «Por cómo te vestís y cómo actuás, una persona hetero no se viste así» me dijo. En unos segundos llegamos a la casa y cambiamos de tema tan rápido como lo empezamos. La tarde siguió sin novedad, al menos para Estela y el resto del grupo, pero no para mí.

No creo que esto me haya pasado solo a mí, y quiero escribir sobre ello porque aunque mi estilo personal está influenciado por muchísimas cosas, definitivamente también está influenciado porque soy cuir. En mi experiencia, comentarios como el de Estela son tanto halagos como señales de alerta, en especial para una persona enclosetada amante de la moda y el estilo, involucrada en la industria de la moda en diferentes niveles, y por eso, me parece importante para mí y mi identidad escribir sobre esto.

Muchas veces, cuando estoy cambiándome y peinándome para verme con alguien por primera vez o después de mucho tiempo,  o cuando voy a asistir a un evento con desconocidos, se me viene a la mente esa pregunta que me hizo Estela y otras que me han hecho con los años. Mientras saco prendas de los estantes y zapatos del ropero, me pregunto si con quien llegue a interactuar verá mi atuendo y pensará «a ella no solo le gustan los hombres, se le nota», y pienso en qué significará eso para el resto de nuestra interacción, para el resto de mi día, y a veces hasta de mi vida. Así me cambio de camisa, así elijo otro pantalón, pensando en que tan sáfica me veo y si donde voy estará bien que me vea así. Sé que por eso me gustan tanto los espacios donde se celebra la moda, ya que no solo me siento segura siendo mujer, me siento segura siendo cuir, y esa seguridad se refleja en mis atuendos, lo sé, lo siento y hasta la gente me lo hace saber. Claro que también pienso en los lugares donde tengo que atenuar esta expresión y acceder a otras influencias en mi estilo; aun así me niego a renunciar por completo a esta parte latente de mí, que amo vestir y que amo ser.

Y ¿por qué toma tanto espacio en mi vida la ropa? O ¿por qué me preocupa parecer o no parecer cuir por la forma que visto? La ropa, la moda, el estilo, como usted lo quiera llamar, han sido importantísimos dentro del movimiento de la comunidad LGTBIQA+. Para honrar mi identidad, más allá del mes del orgullo, me gustaría compartirles un par de datos sobre la influencia de la moda en esta celebración. 

El lugar, EE .UU.; el tiempo, finales de los sesenta del siglo  pasado, previo a los disturbios de Stonewall. Las personas cuir estaban en constante peligro y reconocieron que la moda podía servirles de ayuda. Entre las comunidades tenían una recomendación, o más bien una regla implícita de vestimenta para mantenerse segures; la llamaban: «la regla de los tres artículos». 

Esta regla se aplicaba al usarse tres artículos de ropa de su sexo biológico y así poder estar tan segurxs como les fuera posible. Pero para sus corazones no era suficiente, y salir a espacios seguros durante la noche, vestirse de las formas más maravillosas y celebrarse por ser elles mismes, era el combustible de la resistencia, tanto así que cuando fueron atacades de nuevo por la policía, el 28 de junio, las personas que estaban en el Stonewall Inn se defendieron y esta defensa duró seis días, seis días en los que los atuendos que usaron para expresar lo que pensaban en esa noche de celebración, con el tiempo se volvieron el uniforme, la representación de su expresión y de su lucha por proteger y elevar esta expresión. 

Este precedente es lo que ha logrado que muchas de las personas en EE. UU. puedan encontrar comunidades en ciudades en las que sí pueden expresarse, y que de hecho deciden honrar el sacrificio y la lucha de activistas como Marsha P. Johnson y Stormé DeLarverie, al identificarse como parte de la comunidad LGTBQIA+ a través de su vestimenta.

Volvamos a Honduras, más específicamente Tegucigalpa, donde yo vivo. ¿Cómo se ve esto aquí hoy? Puedo decirles entre risas nerviosas que, simplemente, es difícil. Muchísimas personas luchan por tener derechos que les pertenecen y muchas veces, simplemente, luchan por seguir con vida. Estamos como estaba Estados Unidos en 1960. 

Tratando de ser un poco más positiva y observadora, puedo decir que en el tiempo que he estado involucrada con la moda en el país, ya sea como espectadora o ejecutora, he podido presenciar la evolución de la expresión de género de las personas dentro de la industria y como esta se ha ido colando —con ayuda de la globalización principalmente— y hasta floreciendo en el día a día de las disidencias en la ciudad. Incluso personas de las zonas rurales del país han podido encontrar un espacio ínfimo, que dura  a veces horas o que muchas otras veces mide un metro cuadrado, para expresarse aquí en Tegucigalpa. 

No siempre funciona y no siempre es seguro, pero existen y están por ahí. Es por estas personas valientes que van por los centros comerciales, vestides de maravilla, que se sientan al lado de su pareja en los restaurantes, que crean eventos y espacios seguros para la comunidad, que yo me siento con un poco más de valor de permitirle a esta parte de mí que elija algo para ponerse en este armario donde estamos escondidas, para que, tal vez, un ojo entrenado, empático y seguro, me reconozca sin tener que decir palabras, y al menos con elle, ya no deba ocultarme.

*La autora de este artículo decidió publicar desde el anonimato con el seudónimo: Josefina B.

La directora de Agenda Social del Congreso Nacional (CN), Marisela Bonilla, es la esposa de Luis Redondo, presidente de ese poder del Estado. Este puesto parece emular la figura de una primera dama, ya que Bonilla representa al Legislativo en eventos dentro y fuera del país. No existe un sueldo en la planilla a nombre de ese cargo, sin embargo, una fuente dentro del Congreso Nacional dijo a Contracorriente que ella recibe gastos de representación. En enero de 2024 el CN añadió un fondo de gastos de representación por 200 mil lempiras mensuales, pero no hay información sobre quién accede a él ni de las liquidaciones correspondientes.

Texto: Vienna Herrera
Portada: Persy Cabrera

Reuniones con organismos internacionales, viajes a foros parlamentarios, la organización del Congreso Infantil anual e instalación de la Legislatura, son algunas de las funciones públicas que ha ostentado Marisela Bonilla, esposa del presidente del Congreso Nacional (CN) Luis Redondo, en su cargo como directora de Agenda Social.

Aunque esta es información que incluso ha sido publicada en los medios del Congreso y pareciera de conocimiento público, tres diputados de diferentes bancadas y un miembro de la junta directiva del CN dijeron a este medio desconocer que Bonilla estaba nombrada, o que siquiera existiera el cargo, a pesar de que fue ella  quien organizó la instalación de la III Legislatura en enero pasado, junto a miembros de la seguridad interna del CN, agentes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Los diputados consultados también dijeron a este medio que desconocen si el cargo que ostenta Bonilla puede ser remunerado, pero aseguraron que en administraciones pasadas también era común ver a las esposas de los presidentes del Legislativo ocupar funciones sociales.

En el apartado de planilla del Congreso Nacional no aparece ningún pago por el cargo de directora de Agenda Social, pero una fuente dentro del Congreso Nacional dijo a Contracorriente que ella recibe gastos de representación. El monto de años anteriores no se encuentra en los portales, pero desde febrero de 2024, el CN comenzó a registrar un fondo de gastos de representación mensual que se mantiene en 200 mil lempiras mensuales; sin embargo, no hay información sobre quién accede a ese fondo ni sobre las liquidaciones de este fondo.

Esta falta de transparencia es común en el Congreso Nacional. Anteriormente, Contracorriente ha publicado investigaciones en las que detalla cómo el CN en 2023 entregó 200 millones de lempiras en subvenciones, pero sin llevar un registro de a qué organizaciones no gubernamentales entregaron fondos. También el CN se ha negado a entregar información sobre los estados de cuenta de tarjetas de crédito a nombre del Legislativo en las que hay gastos personales como entregas a domicilio, pagos de hoteles, retiros en efectivo y compras en aeropuertos.  

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Bonilla ha representado al CN en reuniones fuera del país. En el exterior, en junio de 2023 y mientras el CN se encontraba de vacaciones sin sesiones parlamentarias, Bonilla acompañó al presidente del Legislativo al Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, realizado en Santiago de Chile, en donde sostuvieron una reunión con el Parlamento del Reino de Marruecos. Ese mismo mes el CN reportó un gasto de un millón 237 mil lempiras por gastos de viáticos al exterior que incluye los pasajes, sin detallar a quiénes y el monto que fue asignado; en otros meses ese gasto ha sido de entre 400 mil y 500 mil lempiras.  

Fuente: Fotografía publicada en el medio oficial Poder Popular.

Bonilla también ha asistido oficialmente a reuniones con organismos internacionales y el cuerpo diplomático,  como representante del Congreso Nacional. Por ejemplo, en febrero de 2023, Bonilla participó junto al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, en una reunión por el 179 aniversario de la independencia de República Dominicana.

En marzo de 2023 asistió a una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la que también se encontraban el presidente del Congreso Nacional, la diputada e hija de la presidenta Xiomara Castro, Xiomara Hortencia Zelaya, y la diputada de Libre por el departamento de Copán, Isis Cuéllar. 

También en julio de 2023,  Bonilla participó junto a la Comisión de Salud del CN en una visita para inaugurar la sala de medicina interna del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Asimismo, en noviembre de 2023, asistió a la firma del Marco Programático de País 2023-2026 que firmó el gobierno de Honduras con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Sumado a esto, desde 2022 Bonilla organiza el Congreso Infantil, para lo cual viaja a varios departamentos del país para presenciar la selección de los niños y niñas  que representarán a cada departamento, organiza toda la logística detrás del evento y también recibe donaciones de materiales que entregan organismos internacionales como Childfund o el Programa Mundial de Alimentos, y embajadas como la de El Salvador. Bonilla posteriormente hace las entregas a las y los diputados infantiles. 

El diputado de Comayagua, Yahvé Sabillón, antes en el Partido Libertad y Refundación y recientemente integrado al Partido Liberal, dijo que aunque desconocía el cargo en el que estaba Bonilla, «lo único que sé es que las esposas de los presidentes del Congreso llevan la parte social, pero desconozco si tenían un sueldo o no. El Congreso anterior en el que estuve también con el doctor Oliva, sí recuerdo que la parte social la llevaba la esposa de él, pero desconozco si ese es un puesto que se paga. Bueno, debería ser ad honorem porque es como la primera dama, me imagino, del presidente del CN, así que eso no es nuevo y no creo que esté mal, siempre y cuando sea ad honorem”, dijo Sabillón. 

Las actividades de Bonilla parecen emular las de la figura de la primera dama del Ejecutivo. En gobiernos anteriores esta figura funcionó con mucha opacidad, pues aunque no recibían un salario, sí tenían la potestad de gestionar proyectos, fondos y donaciones de organismos internacionales. 

El mal manejo de ese tipo de fondos le costó a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, una sentencia de 14 años de prisión en 2022, después de que la Corte Suprema de Justicia la declarara culpable de fraude continuado y apropiación indebida de fondos públicos, por un proyecto con fondos de China-Taiwán que manejó entre 2010 y 2014 para entregar calzado y uniformes a la niñez de Honduras por unos 12 millones de lempiras (500 mil dólares). 

Sin embargo, el Ministerio Público determinó que la cuenta del despacho de la primera dama tuvo ingresos de hasta 94 millones de lempiras (unos 4 millones de dólares) provenientes de diferentes fuentes, la mayoría donaciones. La sentencia de 14 años de prisión para Bonilla corresponde a un segundo juicio, pues el primero, en 2019, en el cual fue sentenciada a 58 años de prisión, fue anulado. Actualmente Bonilla se encuentra en arresto domiciliario por motivos de salud.

Para el jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el abogado Luis Urbina, en la opacidad con que se manejan los fondos a los que los funcionarios tienen acceso en el desempeño de sus funciones es que existe un riesgo: «Sin importar si son ad honorem o asalariados conlleva que tienen una potestad, poder, y realizan funciones dentro de la administración pública, y esto afecta porque existe un conflicto de interés por estar dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad», aseguró, en alusión a los cargos para los que no identificaron salarios en planillas. 

Para el caso, el CNA presentó el 5 junio de 2023 un caso de corrupción relacionado con fondos de la tasa de seguridad. En su informe señalaron que en el comité técnico del fideicomiso había un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada nombrado de forma ad honorem, pero se encargaba de manejar fondos a discrecionalidad; la investigación del CNA estableció que esta persona participó en la desviación de más de 307 millones de lempiras.

Para el abogado Urbina, en puestos que no tienen salario o funciones claras como el de Marisela Bonilla, la Ley de Transparencia explica el proceso: «El artículo 19 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dice que [en el caso de] las personas que se encuentran ad honorem debe publicarse el acuerdo, las dietas, los viáticos, bonificaciones, gastos de representación que los mismos ostentan, pero no se lograron identificar, y ahí vemos como están faltando a la transparencia y rendición de cuentas», detalló. 

El CNA recientemente publicó la segunda entrega del informe Redes estratégicas de concentración de poder, donde denuncian que tras la presentación del primer informe aumentó un 109 % la cantidad de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que se encuentran en el Estado; actualmente son 115 funcionarios los que tienen esas conexiones.

Además, identificaron a 90 funcionarios con salarios que suman 87 millones de lempiras anuales,  sin contar décimo tercero, décimo cuarto, dietas, viáticos, gastos de representación o cualquier otra bonificación. De los 90 funcionarios, 69 ganan entre 60 mil y 268 mil lempiras anuales.

Estas personas están distribuidas en 47 instituciones públicas en los tres poderes del Estado, así como el Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional de las Personas, Municipalidades y otras instituciones que directamente reciben fondos gubernamentales. Las 47 instituciones en donde se encuentran estos familiares representan el 43 % del total del Presupuesto General de la República aprobado para el año 2024, lo que, de acuerdo al CNA, quiere decir que estos 115 funcionarios pueden manejar a discrecionalidad unos 175 mil millones de lempiras. 

«Pareciera como un copy paste, que están replicando las mismas prácticas que se estaban dando con anterioridad, y a pesar de que las criticaban las están adoptando de manera reiterada. Eso conlleva que no miremos un verdadero cambio en lo que es la administración pública», cuestionó Urbina.

Contracorriente contactó al presidente del Legislativo, Luis Redondo, a su asistente, Edson Argueta, y a responsables de relaciones públicas del Congreso Nacional para que nos contactaran con Marisol Bonilla y que nos explicaran sobre las funciones de este cargo, si recibe remuneración económica, si tiene acceso a viáticos y en qué tipo de eventos tiene autorizado representar al CN. Al cierre de esta publicación, ni Argueta ni Redondo habían respondido a las solicitudes de entrevistas. En el área de comunicaciones del Congreso Nacional dijeron no tener autorización para compartir el contacto de Bonilla o darnos información sobre ese puesto.

Fe de erratas: En la versión original de este texto se mencionó que los gastos de representación del Congreso Nacional fueron registrados en el presupuesto mensual desde enero del 2024; sin embargo, se registró ese monto desde febrero de 2024.

Texto e ilustraciones: Angel Gabrello
Portada: Persy Cabrera

Desde muy pequeño, la moda y la estética me han servido como una fuente de inspiración y seguridad de la dura realidad. Es un mundo que te ofrece un escapismo, expresión, libertad, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa cuando estás en ese mundo seguro que has construido y notás que dentro de él también existe el odio y prejuicio?

Conforme han pasado los años me he dado cuenta de que las personas diversas también podemos encontrar en nuestra comunidad machismo, homofobia y prejuicios hacia las mujeres, y también hacia los miembros del colectivo.

Sí, existen problemas más relevantes para nosotros, la población LGBTQI+, como  la lucha eterna por nuestros derechos, la imposición de creencias religiosas, la desinformación y prejuicios hacia la diversidad. Estas perspectivas sobre la libertad sexual vienen de lo aprendido en un entorno religioso y machista, como suele ser en Honduras. Aún así, aunque no sea nuestro problema principal, no puedo pasar por alto el hecho de que existe un porcentaje de hombres homosexuales que actúan como heterosexuales misóginos.

A través de la historia, la población LGBTQI+ ha tenido una gran influencia en la industria de la moda y la cultura popular, con diseñadores icónicos que vienen desde el frances Thierry Mugler al británico John Galliano, personajes animados como Úrsula de La Sirenita, inspirada en la drag queen Divine; y a esto le sumamos a personas de la comunidad trans saliendo a las calles a protestar utilizando los atuendos más creativos y extravagantes.

A nivel internacional y nacional, a pesar del odio y el riesgo al que se exponen muchos de estos miembros del colectivo, utilizan la moda como una herramienta de libertad que podemos ver en marchas desde hace más de 50 años. Las lesbianas, personas trans y gays, décadas atrás, fueron las primeras personas en protestar en las calles y exigir los derechos y la libertad que nos pertenece. También las personas queer, hombres femeninos, mujeres y madres aliadas que utilizaron la moda como representación visual de su libertad, fueron fundamentales en el avance como comunidad, protestando por nuestros derechos, por la equidad social y el respeto a la diversidad en contra de la discriminación. ¿Toda esa lucha para que otro miembro del colectivo hoy denigre mujeres o juzgue a otro gay porque viste muy femenino? ¿Cómo se puede decir que se tiene una mente abierta y un estilo de vida moderno cuando existe este machismo y homofobia internalizada?

Cuando se trata de mujeres y su manera de vestir he escuchado y leído, infinidad de comentarios de hombres gays, como: «Ese vestido la hace ver cómo barata»,  «se le marcan todos los defectos», «tiene celulitis», entre otros. Lo peor es que, entre este tipo de comentarios —y otros peores— que se aceptan por «saber» de moda, muchos se sienten con el derecho de poder comentar sobre el cuerpo de una mujer en una forma despectiva y machista, es casi como si se olvidaran de que seguimos siendo hombres.

Cuando se trata de hablar de otros gays, los comentarios vienen desde que «es demasiado femenino» o «se viste como mujer», hasta  «yo soy gay, pero no como los demás, yo me visto como hombre». Para mí estas personas representan la versión gay del pick me o, en otras palabras, un intento de querer decir y tratar de demostrar que «son especiales y no son como el resto». 

Si tu estilo es vestirte de una manera masculina o de una forma casual y como estereotípicamente hablando se considera «de hombre», está perfecto, de eso trata la moda, de usar lo que vaya más acorde a tu personalidad y tu expresión. 

En mi caso, por nuestro contexto social, la mayoría de las veces tengo que usar ropa que me dé un perfil bajo, ya que algo que aquí se considera escandaloso ha sido tendencia desde los noventa en países de primer mundo. Sin embargo, me visto como quiero en lugares donde me siento más seguro, como con amigos, en fiestas, o en el mall, etc.  Si ando con algo que sea un poco fashionable caminando en la calle, siento que me expongo a que me chiflen, me digan algo o hasta que me asalten. Aun así, vestido de forma casual, me siento algo expuesto y siento las miradas de señores, que parece que les caigo mal por respirar, por ser quien soy, y no puedo ni imaginar lo que siente una mujer en la calle.

Si alguien gay se viste de una manera más neutral por seguir la heteronorma o porque simplemente es su estilo, no existe ninguna jerarquía gay que diga cuál es más aceptable: si el femme o el masc. Todo esto viene, como he dicho anteriormente, de este machismo internalizado en el que, si sos hombre y te ves como hombre estás bien, pero si sos mujer o si te ves más femenino entonces es un insulto. Incluso intentan juzgar qué tan «activo» o «pasivo» se ve alguien según su forma de vestir, como si tuviéramos que seguir a fuerza un patrón heterosexual, reforzando aún más todos los prejuicios que tenemos afuera de nuestra misma comunidad.

El conocimiento en moda es una herramienta muy útil a la hora de sentirte seguro y quizá ayudar a otras personas a encontrar qué es lo que les queda mejor con base en su personalidad. La moda no es cuadrada, es un arte de opciones infinitas en el que solo si piden tu consejo podés aportar a construir la seguridad y confianza de una persona, en vez de destruirla.

La comunidad es diversa y llena de personas increíbles que gracias a sus experiencias y aprendizajes jamás actuarían de esta forma, pero no se puede negar que sí podemos encontrar a personas con esta clase de pensamiento retrógrada. Si no te gustó cómo se vistió una mujer para un evento y lo pensás comentar, ya sea porque es tu trabajo o porque simplemente estás con tus amigos y realmente conoces sobre el tema, no debe ser una oportunidad para utilizar términos machistas o hablar de su cuerpo de una forma despectiva. Si conocés a alguien que viste de una manera más femenina, antes de hacer comentarios homofóbicos recordá que por personas como él, es que hoy en día vos podés decir que sos gay.

Es en esas situaciones en las que me doy cuenta de que los estereotipos no han muerto, y que muchas veces la crítica de moda es utilizada como una herramienta para dañar en lugar de construir. Además, esta crítica no está basada en la moda, sino que solo quieren juzgar con base en estereotipos anticuados.

Especialmente en un país como Honduras, es difícil romper con todos estos estereotipos machistas y homofóbicos que vienen de personas de la diversidad.  En algunos casos se debe a la presión social, falta de educación en el tema, y el entorno en el que se vive; sin embargo, hoy en día hay infinidad de plataformas en las que podés expandir tu comprensión e informarte.

Es necesario romper el estereotipo del «gay criticón», que a veces sale del mismo arquetipo que «todas las mujeres quieren tener de amigo» o «el amigo gay que sabe de moda y critica a otras personas y no es como los otros gays». Incluso llegué a escuchar una vez a una conocida que dijo: a mí me gusta Ángel porque él no es «loca». Lo que para ella era un cumplido, para mí fue una ofensa, porque yo tengo amigos y conocidos a los que admiro mucho, que son más femeninos, yo también lo soy, hay unos que son más expresivos y otros más relajados. Pero eso es lo de menos, tu identidad evoluciona, tu estilo también y ese tipo de comentarios afectan tanto a la comunidad como a ellas mismas, ya que  cosifica a ambos; a un hombre gay lo convierte en un accesorio y a las mujeres en objeto. Ya tenemos suficiente con qué lidiar como minorías como para atacarnos entre nosotros.

«La moda debería ser una forma de escapismo, no una forma de prisión»»; esta frase de Alexander McQueen es una que siempre me acompaña cuando pienso en estos temas. Como diseñador, como artista y miembro de la comunidad, no quiero utilizar mi conocimiento o mi marca como una herramienta de destrucción y de odio hacia otras personas. Todo lo contrario, siempre quiero que las personas mejoren su autoestima y estén orgullosos de ser quienes son.

Texto: Persy Cabrera
Portada: Atomic Rose
Fotografías: Fernando Destephen

Atomic Rose es una hijastra de internet, nació junto a Daniela Aguilar,  Iván Zaldivar, Eduardo Moreno, Gabriel Fléfil y Daniel Frañón, pero su primer boom vino como consecuencia de un tuit. Después de este, internet adoptó a Atomic Rose y les dotó de reconocimiento y popularidad por su trabajo, pero también llegaron los interminables debates en redes sociales en el que el tema de discusión era que una banda hondureña cantaba en inglés. Desde entonces esta banda de dream pop continuó respondiendo en internet, en conciertos y en entrevistas, con música y un átomo de rebeldía, hasta tocar el cielo de Madrid, España.

Pues Atomic Rose está a dos días de tocar en el Mad Cool Festival 2024, escenario en el que también se presentarán bandas como The Killers, Pearl Jam y Dua Lipa. 

«Melodías dulces y letras explosivas, caóticas», esto simboliza y es la idiosincrasia de la banda hondureña Atomic Rose, que trajo el dream pop, un subgénero musical liderado por bandas como Beach House o Cocteau Twins, que está influenciado por la música electrónica, rock psicodélico y caracterizado por tener sonidos evocativos con atmósferas etéreas y de ensueño. La letra en el dream pop y claro, en las canciones de Atomic Rose, abarca temas como el amor, la soledad o la introspección y se mece en medio de sintetizadores y guitarras influenciados por los efectos del delay o chorus.

***

Atomic Rose tiene que ensayar para presentarse en un escenario que ninguna banda hondureña había alcanzado: el del festival Mad Cool 2024 que se realiza en Madrid, España.

Daniela Aguilar vocalista y Eduardo Moreno batería conversan antes del ensayo de Atomic Rose. Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Es domingo por la tarde en Tegucigalpa, y los preparativos del ensayo arrancan, las manos entran a las marañas de cables para intentar desenredarlas, Eduardo Moreno, baterista de la banda, pone a vibrar del bombo de la batería, ajusta el redoblante y lo prueba golpeándolo con una baqueta, Iván Zaldívar y Gabriel Fléfil rasguean su guitarra y bajo respectivamente, mientras Daniela Aguilar, vocalista, busca una extensión eléctrica para conectar una bocina. Por ahora Daniel Frañón no les acompaña en este ensayo pero les mandó unas pistas para que el ensayo continúe.

Se aproximan al menos cuatro horas de repetir y perfeccionar su setlist para su participación en este festival, que será el 12 de julio en la ciudad madrileña.

Con el ánimo de entender qué los motivó a cantar en inglés y no molestarlos con la pregunta, intenté hacer una pequeña introducción antes, pero Iván pescó en el aire cuál iba a ser mi interrogante y antes que pudiera hacerla me preguntó: «¿es sobre el inglés verdad?».

Le dije que sí y entre muchas respuestas de sus compañeros de banda y con una analogía sobre la diferencia entre pintar con carboncillo o con acuarelas de por medio, Iván logró decir que no hay una razón profunda para escribir sus canciones en inglés, y fuera del círculo de conversación una amiga de la banda presente en el ensayo agregó en voz alta: «ni [una razón] clasista», a lo que todo Atomic Rose asintió pronunciando un alargado «sí».

De hecho, casi todas sus referencias musicales son en inglés, su abanico de inspiraciones inician en Lana del Rey o Billie Eilish y continúan con Crumb, Miles Kane, Temples, Foster the People… Podrían estar toda la noche citando sus inspiraciones, casi todas de artistas que cantan en inglés.

Daniela Aguilar, vocalista de la banda, agregó que para el dream pop y los temas que tocan en sus canciones, el inglés «sirve como una herramienta más» porque «el español intensifica todos los sentimientos» y para ellos, ese idioma les da la apertura para tratar temas reales y que pueden hacer sentir vulnerable a alguien. «Si traducen VCR se van a dar cuenta que esa canción no funciona en español y si estuviera en español sería un reguetón» concluyó Daniela.

Por otra parte, Gabriel Fléfil, bajista de la banda, dijo que esta decisión artística es el reflejo de ser «el segundo país en Latinoamérica con más población bilingüe», «después de Argentina» agregó Daniela. Ella y Gabriel se refieren al estudio publicado en 2023 por Education First, que concluyó que detrás de Argentina, Honduras es uno de los países con mejor dominio del inglés en la región.

Iván también dice que cantar en inglés para ellos es una manera de hacer lo inesperado en la escena musical hondureña, Daniela lo apoyó diciendo que «sí hay mucha gente que quería música así», una música que «se sale del molde» y añadió que les alegra saber que al lado de Atomic Rose surgieron nuevas bandas y artistas con los que «colectivamente estamos empezando este renacimiento musical en el país».

Hoy por hoy, en sus redes sociales en Atomic Rose continúan recordando que cantar en inglés fue una apuesta sin una aparente razón profunda que los puso en la palestra de internet. El átomo de rebeldía se puede ver en sus TikToks cuando se burlan de un mundo en el que casi todos hablan spanglish o alardean no haber escuchado a las personas que dijeron que «no íbamos a llegar a ningún lado haciendo música en inglés».

Momentos de organizar el ensayo, mover instrumentos, conectar cables y probar sonidos. Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

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En el principio Atomic Rose era Red Rockets, banda en la que, por supuesto, también cantaban en inglés y sonaban más parecido a la banda británica de indie rock, Artic Monkeys, que a Beach House o Cocteau Twins.

Daniela contó que en la etapa Red Rockets ella no era parte de la banda, mientras contaba esto intervino Iván Zaldívar y relató que Red Rockets fue una agrupación que crearon tras la grabación de un cortometraje titulado como «Los Rockets», en el que Iván, Gabriel y Daniel actuaban. Inicialmente sólo estaban Daniel y Gabriel, quienes «se dieron cuenta que ninguno de ellos cantaba tan bien» y que tras escuchar a Zaldívar cantar durante la grabación del cortometraje, sabían que él tenía que cubrir esa carencia. Eduardo Moreno entró igual que Iván cuando se dieron cuenta que tampoco «eran tan buenos con la batería», así que Moreno audicionó y entró.

Tras el vídeo musical de Troublemaker y tres sencillos más, el único registro histórico que queda de esa banda en internet, Red Rockets entró en pausa para el público, pero Iván cuenta que él junto a Daniel, Gabriel y Eduardo continuaron en ensayos, escribiendo y mejorando. 

Un día —todavía agrupados como Red Rockets— hicieron un cover de una canción de Billie Eilish junto a Daniela, ella relata que después de eso la invitaron a grabar una canción, seguido le preguntaron «¿no querés probar esta canción también?», y después le dijeron  «mira escucha esto ¿no se te ocurre letra?», «después yo le enseñé una [canción] mía y así poco a poco empezamos a hacer más» cuenta Daniela.

La preparación para el ensayo es un momento de bromas y para compartir antes del ensayo. Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Entonces nació Atomic Rose, pero jamás habríamos escuchado de esta banda, del debate a su alrededor, o de su música, sin Daniela. Ella conoció a Eduardo Moreno en la universidad y a través de él conocía todo el lore de la banda, es más, aunque en esta entrevista los demás contaron parte de la historia de Red Rockets, ella también sabe narrar quiénes estaban en esa banda, quiénes salieron o cómo iban en su carrera musical con perfecto detalle. Era fan de Red Rockets y se convirtió en la voz de las letras explosivas que acompañan las melodías dulces de Atomic Rose.

Además, Daniela no es solo una de las voces de Atomic Rose, es una especie de manager/community manager de la banda. Se puede notar que ella es la chispa y génesis de las ideas en sus redes sociales, la de las ideas para los TikToks y campañas patrocinadas, uno de los motores de la banda para trascender en un mundo que desparrama canciones por todos lados.

Incluso, su trabajo en las redes sociales de Atomic Rose la llevó a su trabajo como mercadóloga en una agencia de publicidad y que compagina con las actividades de la banda, tiene el ojo y mente de una hija de internet, una que conoce cómo podía sacar provecho de todo lo que se hablaba de Atomic Rose.

Con ella inició el primer boom de oyentes y nuevos fans de la banda, hoy todavía recuerda el tuit que publicó durante la pandemia por COVID-19 en junio de 2020, en el que hablaba de su sueño y el de Daniel, Iván, Gabriel y Eduardo; el de Atomic Rose. Ella menciona que las redes sociales jugaron y «juegan un papel grande» en la difusión de su música, claro, «grandísimo para bien y para mal».

Atomic Rose, como muchas bandas y artistas en Honduras, no vive de su música, este es uno de los retos que enfrentan pues de 8:00 a 5:00 p.m. salen a trabajar como arquitectos, diseñadores gráficos y mercadólogos y entre semana de 7:00 a 11:00 p.m. se encuentran para ensayar. 

Gabriel dice que «hacer música es fácil, cualquiera puede agarrar una guitarra y hacerte una canción», entonces Iván entra a la conversación y como si fuera algo pactado continúa con la respuesta de Gabriel diciendo: «sí, el problema es encontrar la sostenibilidad en esto» y agregó «el reto es tomártelo lo suficientemente en serio, como lo estamos haciendo, sin que te desbalancee de la vida, porque esto es tiempo, de dedicación».

Los ensayos de Atomic Roses están enfocados en el Mad Cool Festival 2024 del que se acerca su presentación. Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

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Para llegar a Madrid, tuvieron que «ponerse serios» dice Daniela, empezaron a sacar más música, a hacer conciertos en Honduras, siempre apuntando a «querer tocar en otros países», siempre pendientes de los festivales internacionales. Empezaron a trabajar en todas las especificaciones que la organización de estos eventos internacionales piden a las bandas que quieren presentarse en sus escenarios. 

Conciertos en vivo, listo. Presentaciones en televisión, listo. Sesiones en vivo, página web y más, estuvieron trabajando en todo. Pero «nadie nos paraba bola» dice Daniela, hasta que Gabriel encontró el concurso Mad Cool Talent, una propuesta del Mad Cool para mostrar a sus asistentes algunos talentos emergentes en la escena musical. 

Gabriel les dijo «miren, este no pide mucho», y como cuando se entrega un examen puesto en manos del destino o se entrega un currículum con toda la ansia de querer ser contratado, entregaron su aplicación al Mad Cool Talent. Entonces salió la lista de 100 bandas seleccionadas de 1,600 que habían aplicado, Atomic Rose estaba ahí y ahora seguía la etapa de votaciones en la que hasta el 31 de enero el público podía votar por sus tres artistas favoritos. Entonces para Atomic Rose llegó la siguiente fase: pedir votos en todas partes, y agotaron todas las instancias y redes sociales: TikToks, reels, Instagram, X, canales de televisión. 

Iván dice que al final «asesinaron un poco a la competencia» en las votaciones, pues estima que recibieron alrededor de 12,000 mil votos y como referencia el segundo lugar obtuvo como 2,000 votos. Para él salir victoriosos tan tranquilamente fue obra de «la garra catracha».

Esa «garra catracha» los acompañó de nuevo porque en la siguiente fase de la competición tenían que tocar en vivo en Madrid junto a otras 14 bandas más para pasar el último filtro de la competencia. Gabriel dice que esta presentación era plug and play, sin un soundcheck, que simplemente tuvieron «15 minutos para probar de que eran mejor que los demás». El día que se presentaron el local se llenó, habían banderas de Honduras por varias partes y los y las hondureñas que asistieron  «compraron toda la merch» de Atomic, cuenta Iván con un visible orgullo.

Quizá esto tuvo que ver con que la migración de la población hondureña a España ha crecido exponencialmente, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desde 1998 la cantidad de hondureños empadronados en este país aumentó un 15,000 % y en 2023 habían al menos 134,125 compatriotas en proceso de registro en una alcaldía de este país. Una estimación dicta que hay al menos 36,000 hondureños y hondureñas en Madrid.

Un grupo de esas más de 100,000 mil hondureños y hondureñas decidió reencontrar un pedazo de su tierra en una banda que canta dream pop en inglés. 

Atomic Roses preparando su set para un ensayo. Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

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Ya está todo listo, las guitarras conectadas, micrófonos listos, un pequeño parlante para que puedan escuchar el ensayo. Mientras responden una de las últimas preguntas, ¿de dónde viene el nombre? Les pregunto, y me cuentan que durante la pandemia respondían con una historia distinta, una más absurda que la otra mientras pasaban de entrevista en entrevista. De tanto en tanto, Gabriel y Eduardo saltaban diciendo «¿y te acordás cuando dijiste que era por un cómic de tu abuelo?» o «¿te acordás cuando dijiste que era por una foto de una guerra?».

Les agradecí por no burlarse de mí contándome una historia absurda y ya más serio Iván me respondió que solo querían dos palabras que representaran dos ideas opuestas, como su propia música:  «melodías dulces y letras explosivas, caóticas». 

Respondieron esto y se acercó más la hora de la música. Gabriel me cuenta —en primicia— que su álbum sale tentativamente a finales de este año (2024) pero que ya tienen tres sencillos publicados, y que en este ensayo practicarán una canción que quieren estrenar en el Mad Cool 2024. 

Semanas después del ensayo en el que los entrevistamos, Atomic Rose lanzó una línea de camisetas, o mejor dicho merchandising, para apoyarles en sus gastos del viaje, pues Mad Cool Talent pone el espacio y sonido pero no los tickets de avión. En una de sus camisas quedó estampado ese átomo de rebeldía que dicta: «who the f*ck is Atomic Rose?».  Lo que sé de ellos es que vieron a internet a los ojos y no bajaron la vista, que el 12 de julio estarán en el Mad Cool 2024 y que aprovecharon lo mejor —entre tanto peor— de las redes sociales.

Comercial El Parador, una empresa que se dedica a la entrega de comidas y almacenamiento de mercaderías, fue contratada para crear una política para el turismo en San Pedro Sula, en una consultoría valorada en 622,857 lempiras. Otro caso similar involucra a la empresa encargada de la administración de los ingresos municipales, cuya certificación es únicamente para la limpieza de edificios. Estos se suman a denuncias anteriores por irregularidades en las contrataciones de la Municipalidad que lidera el alcalde Roberto Contreras.

 

Texto: Allan Bu
Fotos: Archivo CC

 

«Zapatero a tu zapato», aconseja la sabiduría popular a quienes se involucran en asuntos que no les competen u opinan sobre materias que desconocen. Esta recomendación es poco atendida en la función pública, donde recientemente en el Gobierno hubo un ingeniero forestal como ministro de Educación, una maestra como ministra de Salud y una abogada como ministra de Finanzas. 

 

Los ejemplos como los mencionados abundan, y se extienden a la contratación pública; por ejemplo, es el caso de la municipalidad de San Pedro Sula, donde Contracorriente tuvo acceso a información de dos contratos que fueron adjudicados a empresas que no parecen tener experiencia en las áreas solicitadas.

 

En el primero de los casos, en febrero de 2024, la administración encabezada por Roberto Contreras convocó a un concurso privado para la adjudicación de una «consultoría para crear una política municipal de turismo, buró de convenciones municipal y plan de desarrollo turístico». Al proceso, según consta en el acta de recomendación para la adjudicación, fueron invitados tres consultores: María Teresa Yllanes Castellanos (dueña de Comercial El Parador), Giselle Cecilia Menjívar Ayala y Nelson Edmundo Arriaga; este último no envió los dos sobres requeridos, uno con la propuesta técnica y el otro con la aspiración monetaria del oferente. 

 

La comisión evaluadora para el proceso fue conformada por Mizrain Ebiazaf Tábora Izaguirre (Gerente de Competitividad y Desarrollo Empresarial), Marissa Judith Castro Barahona (directora de Turismo), Mario Urquía (gerente legal), y en calidad de observadores Óscar Rolando Villeda y Walter Alex Banegas Aguilera, Comisionado Municipal y exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción. En mayo de 2024, tras la evaluación de las dos propuestas, se calificó a la de María Teresa Yllanes, de Comercial El Parador, con 100 %, y la de Giselle Cecilia Menjívar, con 85 %. 

La empresa de Yllanes ganó el concurso para esta consultoría sobre turismo por un monto de 622,857 lempiras, pero en  la web de la  Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae) aparece acreditada como proveedora de servicios para entrega de comida, tóner para computadoras, impresoras multifunción y almacén de mercaderías. En estos servicios, lo más cercano a la industria del turismo es el de entrega de alimentos; además, la empresa aparece afincada en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.  

La propuesta que perdió el concurso fue presentada por la persona que dirige la oficina regional en San Pedro Sula de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), aunque su propuesta fue a título personal. Contracorriente contactó a Cecilia Menjívar, quien dijo que envió un correo a la Municipalidad cuestionando la evaluación de su propuesta, ya que, aunque participó como persona natural, las subsanaciones que le pidieron incluían observaciones como si hubiese aplicado como empresa.

Es importante mencionar que el concurso ganado por Yllanes ya había sido realizado anteriormente, con una sola propuesta presentada, la de Menjívar. Ella reclamó a la Municipalidad por un posible mal manejo intencional del proceso, ya que, después de presentar su propuesta, nunca respondieron a sus correos y no le dieron respuestas en las oficinas correspondientes. Desde la Municipalidad le enviaron el acta desestimando su propuesta en el primer concurso casi un año después, cuando ya se había elegido al ganador del segundo concurso.

Para profundizar sobre este caso, en la Municipalidad fuimos referidos a la Oficina Normativa  de Contrataciones y Adquisiciones (ONCA), el ente municipal encargado de organizar y revisar los procesos de licitación. Ahí hablamos con el encargado de la unidad, José Vides, quien explicó muy superficialmente cómo se organizan los procesos de licitación y los concursos. Aunque pidió no ser grabado y no brindó mayores detalles sobre el concurso de la consultoría, aseguró que todo había sido ejecutado según lo dicta la Ley de Contratación del Estado. «Mi labor es que el proceso cumpla todos los pasos», aseguró. 

 

Al ser consultado sobre la experiencia de la consultora en la rama para la que fue seleccionada, mencionó que estaba inscrita como tal en el registro de los proveedores de la Municipalidad, y que la ley le permite que participe, pues, en este y otros casos, los proveedores de servicios de una consultoría pueden subcontratar a un especialista. 

 

De acuerdo con los términos de referencia del concurso, la empresa consultora elegida debe tener en su equipo a personas con una licenciatura o postgrado en las siguientes ramas: administración turística y ecoturismo, ciencias políticas o derecho y comunicaciones, o marketing turístico. También se solicitaba experiencia con entidades gubernamentales o municipales, en planificación estratégica, normativas y disposiciones legales, análisis de mercado y desarrollo de políticas públicas con gobiernos locales. 

 

Contracorriente contactó a María Teresa Yllanes para conversar sobre su experiencia en el rubro del turismo. En un primer contacto vía teléfono, Yllanes se mostró abierta a una entrevista, y en una conversación informal aclaró que su registro en la Oncae responde a  un tema de comercialización de su empresa, y que para efectos de concursar para la consultoría ella se presenta como persona natural, lo cual parece lógico; pero en el acta de recomendación para la adjudicación del concurso privado emitida en mayo de 2024, en todas las menciones aparece como «María Teresa Yllanes (Comercial El Parador)». 

 

Un día después de la primera comunicación, Yllanes ya no fue tan abierta a nuestras preguntas. «No puedo dar detalles de mi información personal y profesional», escribió en un mensaje, y luego nos remitió a las instituciones correspondientes para obtener la información. Insistimos en que, al ser parte del proceso, no podía hacer caso omiso a nuestras solicitudes, pero respondió que el periodista que la contactó era un desconocido, y añadió que no era su afán ocultar información, pero tenía mucho cuidado a raíz de la delincuencia imperante en el país. 

 

Contracorriente también intentó contactar al exdiputado Walter Banegas quien participó como observador en la comisión evaluadora para otorgar el contrato, conocido por su discurso anticorrupción cuando fue congresista en el período 2014-2018, y que ahora es Comisionado Municipal; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota Banegas no había respondido a nuestra solicitud de entrevista.

Recaudación de ingresos

 

En un caso similar, la empresa que maneja la recaudación municipal, según información en poder de Contracorriente, es Inversiones y Servicios Mega Platinum S. de R.L. de C. V., en cuya constancia de inscripción en el Oncae aparece que su área de actividad son los bienes y servicios, y su rubro es el servicio de limpieza de edificios. 

 

Llama la atención que Mega Platinum tiene registrada su dirección en la Colonia América de Tegucigalpa, lo que significa que, al igual que Comercial El Parador, está situada fuera de San Pedro Sula. Además, en el portal de transparencia de la alcaldía sampedrana no hay documentos en referencia a los servicios que esta empresa y otras en períodos anteriores han prestado para administrar los ingresos municipales. 

 

En 2023, un alto funcionario municipal le comentó al equipo de Contracorriente que el pago por manejar los ingresos de la Municipalidad, aparte de oneroso, le parecía innecesario, pues la municipalidad tenía lo necesario para gestionar y recaudar los impuestos de los sampedranos. 

Este tipo de prácticas han sido muy comunes en la administración pública en Honduras, donde la idoneidad parece ser lo menos importante en la elección de un proveedor de servicios o un empleado público. Entonces, seguramente se pueden cumplir los requisitos establecidos por la ley, pero no en el marco de un comportamiento ético. 

 

Tras ganar las elecciones para la alcaldía de San Pedro Sula, en alianza con el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, Roberto Contreras ha hecho gala de un discurso de transparencia y anticorrupción, pero lo cierto es que en su administración hay señalamientos de que siguen operando grandes redes de corrupción. Omar Menjívar, vicealcalde de San Pedro Sula, dijo en una entrevista en 2023 que hay una mafia en esa comuna que se queda con los contratos más jugosos. 

 

«Ese mismo grupo sigue manejando los negocios, tiene una capacidad de maniobra y maquinación que le garantiza quedarse con los contratos más jugosos. La Fiscalía está haciendo esa investigación, yo tengo interés [en] que esa investigación se lleve a cabo y que se culmine con éxito, y que se libere a la Municipalidad de la influencia de esa mafia, porque incluso al alcalde lo pueden meter en problemas», dijo Menjívar, después de que el alcalde lo acusara de orquestar un «golpe de Estado municipal».

 

La investigación mencionada de momento permanece solo en anuncio, pues no se ha conocido de más acciones por parte de los fiscales en contra de la mafia denunciada por Menjívar. Sin embargo, el Ministerio Público abrió una investigación en la Municipalidad acerca de una empresa que supuestamente está relacionada con el alcalde, que entre 2022 y 2024 recibió más de 48 contratos de infraestructura. 

 

La Municipalidad sampedrana tiene una historia muy ligada a la corrupción, pues exalcaldes como Óscar Kilgore y Rodolfo Padilla Sunseri han sido emplazados por la ley. El primero fue condenado a tres años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, y el segundo permanece prófugo de la justicia tras haber sido acusado de abuso de autoridad, aunque recibió el perdón por uno de sus delitos gracias a la amnistía aprobada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.

 

La corrupción es una práctica que ha privado a miles de hondureños de tener un mejor acceso a servicios de salud, recibir mejor educación, o circular por buenas carreteras. Es un mal histórico, que en el 2015 provocó el movimiento ciudadano de las antorchas, cuando miles de personas salieron a las calles y exigieron la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih). La conformación de este órgano es, hasta ahora, una de las promesas de campaña incumplidas por el gobierno de Xiomara Castro, y aunque las prácticas corruptas parecen seguir su curso, el tiempo de llegada de la Cicih se sigue alargando.

El 11 de junio, Contracorriente reveló que entre 2017 y 2022, Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, obtuvo ilegalmente tierras destinadas a la reforma agraria para su megaproyecto minero. La excandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Ilsa Lorena Torres, brindó servicios notariales en la primera parte de esta transacción. Tras las revelaciones de este medio, afirmó en una entrevista no estar relacionada con la empresa, y aseguró que la responsabilidad de estas acciones debe recaer sobre los funcionarios del INA.



Texto: Fernando Silva

Portada: Fernando Destephen

 

«Era una transacción, dentro de lo que yo puedo decir, normal, porque si viene con la aprobación de una institución del Estado es porque hicieron todo el trámite y verificaron que sí procedía otorgar el dominio pleno a este señor», explicó la abogada Ilsa Lorena Torres, excandidata a diputada por el Partido Libre e integrante del Colegio de Abogados de Honduras, sobre su participación en el otorgamiento de cinco parcelas de tierra, con un total de 74 hectáreas, al señor Allan Edgardo Escobar Navarro, por un valor de 645,000 lempiras.

 

El Instituto Nacional Agrario (INA) autorizó el traspaso de estas tierras a Navarro, y fueron vendidas seis meses después a la empresa Inversiones Los Pinares por 22.1 millones de lempiras, es decir, 34 veces el precio original. Además, cabe mencionar que Navarro ya había estado vinculado en 2018 con Lenir Pérez, dueño de la empresa minera que ha generado un conflicto medioambiental y social en el municipio de Tocoa, Colón.

En este sentido, Ilsa Torres aseguró a Contracorriente que su participación en esta transacción no había sido producto de ningún tipo de solicitud o relación con la empresa, sino que había respondido a un pedido de Remberto Zavala, entonces director regional del INA y actual regidor municipal del Partido Nacional en La Ceiba, Atlántida. Por su parte, Zavala elude la responsabilidad de la operación y señala a los técnicos de la cuadrilla del Instituto Nacional Agrario (INA) que realizaron los estudios agroforestales y agroeconómicos en la zona, y a la oficina principal del INA en Tegucigalpa.

 

Lea más en la investigación: Megaproyecto minero de Los Pinares fue construido ilegalmente en tierras destinadas a la reforma agraria

 

La respuesta de Ilsa Torres

 

Ilsa Torres remarcó que no fue parte de esa última transacción con la que Los Pinares adquirió oficialmente esas tierras, y explicó que «no puedo decirle si [la empresa] usó o no a este señor, verdad, pero sí que no fui parte de la venta que, según el reportaje, hicieron a seis meses después». También subrayó que «este señor aparecía como agricultor porque el INA así se lo había otorgado, y como yo solo miro lo que dice la solicitud».

 

Y es que Allan Navarro aparece registrado en los documentos de las cinco propiedades que le adjudicó el INA en octubre de 2021 como un agricultor, ocupación que es requisito para ser beneficiario de la Ley de Reforma Agraria; no obstante, en 2018, en la compra de una propiedad ubicada en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, su ocupación aparece descrita como guardia de seguridad, con residencia también en San Pedro Sula.

 

En el reportaje publicado por Contracorriente, Onil Toledo, quien se desempeñó como director de regularización predial en el Instituto de la Propiedad durante el período en que Inversiones Los Pinares compró las tierras a Navarro, aseguró que la titulación de estas parcelas carecía de limitantes de dominio. Por esta razón, el registrador era incapaz de identificar si la tierra formaba parte de la reforma agraria y tenía que destinarse exclusivamente a dicho sector, de modo que no hubo restricciones para la venta a Inversiones Los Pinares.

 

Sobre esto, Ilsa Torres opinó que lo incorrecto en esta operación tuvo que ver con que Allan Escobar le vendió a la empresa tierras que le fueron otorgadas para cultivar en favor de él mismo y su familia, y no para que las vendiera. Torres explicó que «antes, cuando la reforma agraria comenzó, sí había estipulaciones precisas de que esta tierra no se podía vender, pero como eso en el registro se fue perdiendo, entonces ahora no lo ponen y pueden venderla en cualquier momento. Nos queda de escarmiento para que el mismo Estado de Honduras le ponga un límite a esto para que las tierras no se estén quedando en manos extranjeras y con una explotación indebida».

 

Torres también aseguró que hubo algo que le llamó la atención en la operación que se realizó en su oficina, y es que esta persona realizó un solo pago de los 645 mil lempiras al INA para el traspaso de las tierras, cuando normalmente los agricultores y campesinos hacen varios pagos.

 

Finalmente, Torres sentenció que el responsable de estas irregularidades es el INA por ser el ente regulador, y explicó que todo el proceso de aprobación es hecho por los inspectores nombrados por el INA, por lo que «la responsabilidad viene desde ahí, y no voy a salvar al director, pero él parte de que todos los lo que participaron hicieron su trabajo y al final tiene que creer en su gente. Pero si hubieron otras cosas, yo no se lo puedo decir».

 

Lea más sobre el caso en el reportaje: Bufete del actual ministro Tomás Vaquero representa empresas de Lenir Pérez, empresario señalado de vulneración a DDHH

 

La respuesta del exdirector regional del INA, Remberto Zavala

 

Contracorriente también contactó a Remberto Zavala, exdirector regional del INA y actual regidor del municipio de La Ceiba en Atlántida, por el Partido Nacional. Zavala se rió cuando se le consultó sobre quién recae la responsabilidad de las irregularidades en el traspaso de estas tierras en el marco de la reforma agraria y que terminaron en propiedad de la empresa Inversiones Los Pinares. 

 

El funcionario señaló que «el responsable es el Estado que le da las facultades al INA, de que si usted va a hacer una solicitud nosotros procedemos, porque el derecho de petición es inalienable. Nuestra gente lo que hace es hacer la verificación [de] si es tierra nacional y si es tierra de vocación agrícola. Cuando llega el informe al INA, lo que nosotros hacemos es proceder a ver toda la documentación, y catastro es el que da el informe de si procede o no procede; si procede, lo enviamos a Tegucigalpa para que hagan todo el procedimiento establecido, de ahí en Tegucigalpa dan el visto bueno de aprobación para la emisión del dominio pleno».

 

Zavala hizo especial énfasis en que él no hizo las inspecciones, sino que fue una cuadrilla del INA y un encargado de catastro; sin embargo, dicha cuadrilla trabajó bajo la designación de la institución que él dirigía. Además, aseguró que aunque había escuchado del conflicto que provocó la mina en el Parque Nacional Carlos Escaleras y de todo el proceso legal que los activistas en contra del proyecto enfrentaron, dijo que no sabía el nombre de la empresa Inversiones Los Pinares, argumento que también fue utilizado por la abogada Ilsa Torres.

 

Zavala explicó que, en ese contexto, Allan Navarro hizo un ofrecimiento del pago de la totalidad de las tierras porque quería que no le salieran hipotecadas, que es lo que pasa cuando se paga en cuotas. Además, el exdirector del INA apuntó que también solicitó pagar los gastos notariales para que se hiciera la escritura en un bufete privado y no en el INA, donde la emisión de las escrituras puede durar de seis meses a un año y medio.

 

Entonces, al preguntar sobre cuál era su función en la oficina que dirigió, Zavala apuntó que era «estar vigilante que se brinden los servicios del INA».

 

«l [Allan Navarro] hizo la solicitud y allá [en Tegucigalpa] le dieron el visto bueno,y me consignaron a mí para que pudiera buscar a la notaría de confianza, que fuera una persona seria, y yo, pues busqué a la abogada Ilsa Lorena Torres para que hiciera ese trabajo, no para Remberto Zavala, sino que al INA», explicó.

 

Contracorriente consultó para el reporte previo a Ramón Antonio Lara Bueso, quien en ese entonces era director nacional del INA; sin embargo, también se excusó diciendo que dio la autorización considerando que ya había pasado por todos los filtros de la oficina regional del INA, la Secretaría General y el Departamento de Titulación.

 

Sobre la posterior venta de las tierras a Inversiones Los Pinares, Zavala aseguró que «no es problema del INA, cuando se adjudica la tierra ya pasa a ser privada, el INA ya no tiene nada que ver, y puede ser que él [Allan Navarro] fue inteligente e hizo esa maniobra». 

 

Finalmente,, sobre el pago de contado que levantó las alarmas de la abogada Ilsa Lorena Torres, Zavala aseguró que «no me compete, porque no sé de dónde agarró el dinero; hay personas, no campesinos, pero sí personas que tienen 10 o 15 manzanas, y necesitan el dominio pleno porque tienen que hacer un trámite bancario y eso acelera el proceso». Contracorriente no encontró en el Registro de la Propiedad más tierras a nombre de Navarro.

Un año y medio después de la aprobación del protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) denuncia que este protocolo sigue sin implementarse: no hay puntos de atención ni mecanismos claros para evitar la revictimización, en varias zonas del país el personal médico no sabe cómo usar los kits post exposición, y la población no sabe a dónde acudir tras un evento que debe ser considerado una emergencia médica.

 

Texto: Vienna Herrera

Fotografía: Fernando Destephen

Aunque en Honduras ya se comenzaron a distribuir los kits post exposición para casos de agresiones sexuales, creados tras la aprobación del Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual en diciembre de 2022, estos no se están implementando porque no existen centros de atención identificados para atender los casos, y la población no sabe a dónde puede acudir.

La información la reveló Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización médica humanitaria que brinda atención integral en casos de violencia en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Chamelecón. El año pasado, Médicos Sin Fronteras atendió 719 casos de violencia sexual, pero solo el 12 % de las víctimas y sobrevivientes acudieron dentro de las 72 horas posteriores al evento; de estos casos, solo en 45 pudieron utilizar la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE). 

El protocolo se elaboró desde 2016, pero su aprobación se retrasó debido a que incluía el uso de la PAE, que estuvo prohibida desde el golpe de Estado en 2009 hasta marzo del 2023, cuando la presidenta Xiomara Castro abolió la prohibición.

Contracorriente habló con Laura Fonseca, responsable de asuntos humanitarios de Médicos Sin Fronteras, y con Joaquim Guinart, coordinador de la organización en San Pedro Sula y Choloma, quienes explicaron la situación actual de agresiones sexuales en Honduras, los casos que reciben en sus clínicas, los pasos más importantes para que el protocolo aprobado se comience a implementar, y hablaron sobre la importancia de acudir en un máximo de 120 horas después del evento para evitar un embarazo, así como enfermedades e infecciones de transmisión sexual.

 

Contracorriente (CC): ¿Cómo está la situación del protocolo de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual que, según ustedes denuncian, no se está implementando?

Joaquim Guinard (JG): Sí, en el país hubo una aprobación del protocolo en diciembre del 2022, una socialización y una publicación en La Gaceta; después de eso, Médicos Sin Fronteras sigue atendiendo a personas sea donde sea, nuestro trabajo continúa, pero sí hemos hecho incidencia de trabajo para la creación de la ley, pues ahora que hay un protocolo continuamos. Hemos estado observando y queremos verbalizar que, tras un año y medio [de abolición de la prohibición], falta la implementación.

Tenemos que aclarar que si llega una persona al Hospital Escuela o un hospital en la zona norte, sabemos que se le va a atender, lo que pasa es que no está estipulado [cómo darán la atención de acuerdo al protocolo], y ahí tenemos el tema de si ha llegado o no el protocolo a los profesionales y si se ha establecido esta ruta. Eso no quiere decir que no vaya a haber atención, pero quizá se va a priorizar la parte médica, cuando el protocolo es mucho más. 

 

CC: ¿En qué sentido? ¿Qué está ocurriendo?

JG: Entendemos como organización que la implementación tiene sus procesos, y aunque es un logro que este protocolo incluya la PAE que ya está disponible en el país, no podemos tener los medicamentos en una bodega. Es necesaria también la formación del personal, es necesario el establecimiento de circuitos de referencia, porque no sólo es un profesional o dos el que va garantizar la atención. Es importante también la confidencialidad, y por eso es necesario también reducir que esta persona vaya de un consultorio a otro, sino que hay que crear un espacio donde se le pueda atender casi de una sola vez. También es importante formar al personal; por ejemplo, es evidente que aún deben entender que no es necesaria una denuncia para atender a las personas.

Las necesidades en salud mental, trabajo social, protección y otros elementos que acompañan al protocolo, no se están implementando. 

El darlo a conocer [el protocolo] a la sociedad es otro punto muy crucial, porque si no, no hay demanda, porque a veces no se sabe que la atención médica después de un evento es una necesidad; o si lo saben, no se sabe dónde ir a buscar atención, y eso lo vemos en nuestros datos. Una de las principales razones de no buscar atención es porque no saben que es necesaria una atención, no existe el concepto de que esto es una emergencia médica.

CC: ¿Cómo debería comenzar a implementarse este protocolo, qué pasos son vitales?

Laura Fonseca (LF): Primero, tenemos que ubicar los puntos donde va a haber atención, que por ahora no está muy claro. Cuando ya están definidos los puntos, hay que formar el personal, estar seguros de que el personal entienda cómo atender a una víctima, con qué medicamentos, que los medicamentos estén disponibles, pero también formar a las personas que van a referir a esos puntos para que entiendan que la violencia sexual es una emergencia médica, y sobre todo reforzar lo de las 72 horas.

CC: ¿Por qué es importante acudir dentro de las 72 horas después del evento? ¿Están acudiendo en ese periodo las víctimas y sobrevivientes?

 

LF: Las 72 horas son las horas donde podemos prevenir el máximo posible de infecciones y enfermedades, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), y también el embarazo. Eso es realmente un problema, bastantes personas no llegan [a las clínicas de MSF] en las 72 horas. Tenemos que asegurarnos de que las poblaciones sepan que es una emergencia y dónde pueden acudir, porque por ahora vemos que muchas personas no saben que hay un protocolo, no saben dónde pueden acudir, y no entienden que hay una emergencia que deben tratar.

 

12  de los pacientes que vimos el año pasado llegaron antes de 72 horas. Eso significa que la gran mayoría no viene antes, y dos de las razones más fuertes que nos dicen: primero, es por el impacto emocional que tienen, que sienten que están muy afectados emocionalmente; y la segunda barrera más grande es que desconocen que existe ese protocolo y que pueden recibir atención. El problema que tenemos ahora es que como no está muy claro y no hay definición de dónde se pueden ubicar, pues tampoco hay promoción de la salud a nivel comunitario.

 

CC: ¿Y cómo deben funcionar los puntos de atención y circuitos de referencia en todas las regiones del país para atender agresiones sexuales?

LF: No puedo decir cómo van a funcionar en los hospitales, pero lo que nosotros hacemos es que cuando una persona se presenta para decir que necesita un servicio prioritario, es darle unas palabras que pueden apoyar a la persona a no sentirse como una víctima, o puede sentirse con más confidencialidad. De ahí hacemos una atención en conjunto con salud mental, médica y social para que la persona explique una sola vez lo que pasó, y se le da atención médica prioritaria; si llegó en menos de 72 horas, para prevenir ETS e ITS, o si llega en menos de 120, se puede prevenir un embarazo.

 

Luego, la persona continúa con los otros equipos de salud mental, que esta parte también es muy importante tratar desde el inicio para prevenir unos trastornos todavía más fuertes, y también se le apoya en trabajo social, porque sabemos que muchas veces, en caso de víctimas sobrevivientes de violencia sexual, la persona agresora es una persona conocida de la víctima; eso sucede en más del 50 % de los casos que vimos en Tegucigalpa, por ejemplo. Entonces, hay que ayudar a esa persona para salir de ese ciclo de violencia.

 

CC: ¿Y cómo se evita la revictimización?

 

JG: Es importante este concepto de la revictimización. Es donde, por ejemplo, después del hecho yo le tengo que explicar a una médica, a un médico, lo que pasó; luego le tendría que explicar a la enfermera, luego a un psicólogo o una psicóloga, a alguien de trabajo social. Entonces evitar la revictimización es crear un solo lugar de atención y un equipo; implica reducir esta exposición, no volver a revivir el evento de violencia. Evidentemente, esto pasa también por todo este trabajo de formación del personal.

 

CC: ¿Cómo debe ser la capacitación del personal y de las comunidades para que acudan a atención después de un evento de violencia sexual?

 

JG: Hay que hacer todo un trabajo de formación del personal sobre los miedos que pueden tener. No solo veamos al personal como que no sabe, no estamos diciendo esto, sino que es quitar algunos miedos, algunos pensamientos previos, y no quiero decir prejuicios porque suena muy negativo, pero son creencias que pueden tener las personas. No decir: «voy a atender a una víctima, ¿qué riesgo tengo?», o temer que le tocará declarar en un juicio enfrente del perpetrador, «que me va a ver y me va a reconocer»; esa puede ser una creencia que puede tener el personal que hace que sea más cauto; o decir «no voy a darle un medicamento porque primero tiene que ser vista por un médico forense», por ejemplo, que tienen parte de razón, pero no es correcto, o sea, sí le podemos dar ciertos fármacos sin dañar la evidencia que luego un médico forense va a poder recuperar. 

 

Por otro lado, hay pacientes que no buscan ayuda porque desconocen todo este trabajo, pero la idea es que en un solo punto se pueda ofrecer un espacio seguro, confidencialidad y esta multidisciplinariedad. La persona no es sólo un cuerpo, sino también es la parte mental y social que se tiene que considerar. 

 

LF: También hay que aclarar que en esos circuitos de atención la denuncia no es prioritaria. Si es dentro de las 72 horas el apoyo médico es la emergencia y no es obligatorio [poner una denuncia], porque todavía hay muchas personas que piensan que una denuncia es obligatoria para tener acceso a los servicios. 

 

CC: ¿Saben en qué etapa se encuentra la formación al personal de salud?

 

JG: En nuestro conocimiento, hasta el día de hoy han formado a formadores que pueden formar a otras personas. Creo que también es importante aclarar que la implementación del protocolo no sólo depende de la Secretaría de Salud; hay otras instituciones, como el Ministerio Público; podríamos hablar de Ciudad Mujer, de la Unidad de Género y demás instituciones. Tiene que haber una coordinación entre Secretarías y diferentes entidades del Gobierno para que todos estos elementos se coordinen adecuadamente.

En la frontera dominicana los civiles se arman y se cubren el rostro para cazar haitianos. En Santo Domingo, la capital, un movimiento ultranacionalista amenaza con matar a sus vecinos. El racismo crece con éxito en el país. En el proceso suceden también otras cosas terribles, como las que le ocurrieron a Denisse. 

Por Juan Martínez d´Aubuisson

Cacería

Son 15 hombres con 15 motos, bates de béisbol, bastones metálicos, alguna cuchilla, pistolas eléctricas, gas pimienta, un revólver calibre 38 especial y una escopeta calibre 12 buck shot. Van vestidos de negro con camisas tipo polo, la bandera dominicana cosida en un costado y el nombre del grupo en la espalda: “Los Trinitarios”. 

Algunos llevan el rostro cubierto con pasamontañas. Entre estos hombres reunidos en Manzanillo, en el lado dominicano de la Frontera Masacre, hay varios notables del pueblo. Está el periodista, un señor blanco y delgado, el único sin uniforme, el psicólogo de la escuela secundaria, algunos empresarios, y Ñaño, un policía municipal. El resto son jóvenes entre los 20 y los 27 años. Todos ellos están bajo el mando de Joaquín Talavera, un capitán de la guardia forestal. Su misión es capturar al mayor número de haitianos y entregarlos al destacamento policial para que sean deportados esta misma semana. Lo que ocurrirá esta noche es, en esencia, una cacería.

“¡Hoy vamos con todo! ¡Todo haitiano que no tenga papeles, va pa afuera!”, se arengan antes de empezar lo que ellos llaman redada.  

Las motos arrancan y, con las últimas pinceladas de luz, los trinitarios rodean el primer barrio de haitianos. Diez de ellos se esparcen por los callejones y apresan a tres muchachos. Los agarran de la camisa y les amenazan con el bate.

—¿Ustedes eran los que estaban peleando antenoche? —les pregunta un trinitario con tono amenazante. 

—No, nosotros no, no somos de lío, somos trabajadores —responde con un fuerte acento francófono uno de los tres chicos mientras mira al suelo.

Y los trinitarios siguen corriendo por los callejones.

Dos de ellos llegan hasta una chabola de madera donde una familia de haitianos toma el fresco de la tarde. Agarran a un adolescente que juega en su teléfono. La familia protesta, bajito. Dos niños de unos tres años ven la escena con sus ojos grandotes y mueven sus cabezas, coronadas por rizos, de un lado a otros sin entender nada. Lloran. Los trinitarios llevan al muchacho a una de las motos donde le amarran las manos junto a otro haitiano. Son las primeras presas de la noche.

Ñaño, el policía municipal, se ha metido en una casa abriendo la puerta de una patada y revisa los cuartos. Es un hombre negro y muy robusto, lleva unas dredlock cortas y el rostro cubierto. Es él quien coordina la redada/cacería de esta noche y es él quien carga el revólver 38.

“Hay haitianos que ya conocemos, y sabemos que vienen a trabajar y son viejos de estar acá, pero todos los nuevos se van hoy”, me dice Ñaño, orgulloso, pistola en mano, mientras se prepara para entrar en otra casa donde exige los documentos de un joven y alumbra con lámpara el interior. Una maraña de niños se escabulle de la luz.

“¡Nos vamo pa los barracones!”, grita el Capitán Talavera, y avisa por radio a sus compañeros. El grupo sale victorioso de esta primera parada con cuatro capturas. Me acomodan en la parte de atrás de la moto del psicólogo y avanzamos a gran velocidad por las calles de tierra y los callejones de la parte haitiana de la ciudad.

Los barracones son un conjunto de casas prefabricadas de madera que dejó una empresa bananera donde ahora se acomodan malamente cientos de familias haitianas. Los trinitarios hacen el mismo procedimiento: bajarse de las motos, correr, abrir puertas, dar patadas y abducir a muchachos jóvenes. En uno de los barracones hay cuatro hombres, Ñaño y otros trinitarios apresan a uno. El criterio sobre a quien raptan y a quien no es confuso para mí, según Ñaño es “haitiano nuevo”, y debe ser deportado. Los trinitarios llevan a su presa tomado por la camisa y no se fijan que quien parece su hermano les sigue a menos de un metro con un martillo en la mano. Lleva una camisa de Bob Marley, aprieta fuerte el martillo, pero antes de hacer su movimiento alguien, una voz de mujer, le llama y le detiene, lo mete a una casa y le alarga un teléfono. Quizá sea más importante correr la voz a los demás compatriotas que desbaratarle la cabeza a uno de los matones.

Los Trinitarios sacan de su casa a un adolescente haitiano contra su voluntad y lo llevan hacia sus vehículos. /Los Trinitarios abren por la fuerza una casa.

Las motos ya están llenas. Son siete muchachos los que han capturado. Nos dirigimos al cuartel de la policía. Ahí los trinitarios botan de sus motos al grupo de haitianos que es inmediatamente rodeado por los agentes. Uno del grupo, quizá el que mejor domina el español, quiere hablar, hacerse oír, pero uno de los policías lo interrumpe: “Tranquilo, que los que vienen bravos yo los pongo bajitos”. A otro le golpean las costillas para quitarle la cartera y el teléfono. No dice nada, pero hay fuego y machetes en su mirada. El jefe policial me dice que deje de grabar y me ordena bajar el teléfono. El psicólogo, mi chofer designado, me dice que ahora que nos vayamos los policías les darán “lo suyo”.  

“¡Trinitarios, seguimos!”, ruge con tono militar el capitán Talavera.

Todos corren a sus motos para seguir la cacería. Pero a estas alturas, en los barrios de haitianos los hombres jóvenes se han escondido. Solo los reciben mujeres y niños macilentos y llorones. 

“Estos ya se corrieron la voz que acá andamos los trinitarios”, dice el Capitán Talavera, con algo de orgullo en la voz.

Enfilamos hacia el barrio Manhattan, dicen que ahí quizá no ha llegado el pitazo de su presencia. Los trinitarios se cuelan por las casas hasta llegar a un solar. Una mujer con dos niños los mira, aterrorizada, y sus niños comienzan a llorar. El psicólogo saca de su casa a un hombre joven, quiere llevarlo hacia las motos pero detrás del hombre va su vecino, dominicano, y se prende de él, y no lo suelta.

—¡Suéltalo coño! —le grita un trinitario

—¡No, no puedo! —responde el hombre gritando.  

El haitiano ve a su vecino con el terror en los ojos, como miraría alguien a punto de hundirse en el mar a una tabla.  

—Oye, oye, suéltalo, vamos —dice el psicólogo con un tono de voz lento y tranquilo, y poniendo su mano sobre el brazo del vecino.

—No, no, no, no lo voy soltar, no puedo —le responde el vecino mientras sus hijos observan la escena desde el dintel de su chabola.

El vecino suelta al haitiano y me dice que deje de grabar. Apago la cámara y guardo el teléfono lo más rápido que puedo. Entonces vuelve a sujetar al haitiano.

Ganó. No dejó que esos hombres raptaran a su vecino. 

Mataperros

La primera independencia de América Latina ocurrió en la parte francesa de la Española, cuando los esclavos de origen africano se alzaron contra sus captores, impulsados por un odio histórico contra aquellos que los habían convertido en animales. La lógica de los alzamientos de esclavos respetaba, más o menos, un protocolo: envenenar a los perros, y a los capataces de ser posible, incendiar las plantaciones y luego entrar con los machetes y otras herramientas agrícolas convertidas en armas. Luego de derramar mucha sangre, envenenar muchos perros y alzar muchos machetes ganaron y defendieron su revolución derrotando incluso al poderoso ejército napoleónico. En 1804 establecieron la primera república negra de esclavos libertos, y para nombrar su nuevo país eligieron un nombre taíno, la lengua de esos indígenas casi exterminados. Haití significa “montaña” o “lugar de montañas” en esa lengua olvidada.

La parte española de la isla, luego de un periodo conocido coloquialmente como “la España boba” (1813- 1821) también logró su independencia. Pero fue efímera. Esta parte de la isla palidecía contra el esplendor económico de la otra. No tenía un ejército en forma ni había conseguido la unidad identitaria que sus vecinos libertos habían cultivado durante casi 200 años de luchas. Apenas un año después de esa independencia, en 1822, el presidente/dictador haitiano Janpierre Boyer decidió invadir. Las fuerzas militares haitianas, conformadas por exesclavos y por mulatos, querían unificar la isla en una sola nación. América entera era un hervidero de conflictos. Se había terminado la larga era de los reyes y ahora los descendientes de aquellos europeos aventureros y conquistadores querían el continente para sí. Aquella invasión no fue algo especialmente violento, ni hubo luchas de resistencia, eso vino luego.

Casi dos décadas después, un joven isleño de nombre Juan Pablo Duarte, aristócrata, educado en Europa, fundó un grupo secreto, una especie de secta independentista que se reunía a hurtadillas por las noches en las bodegas a discutir sobre esas maravillosas ideas liberales tan de moda en el mundo, y sobre la posibilidad de traerlas a esta isla, que para esos años se llamaba toda Haití. Al grupo, reivindicando la fé católica que se veía amenazada por el protestantismo y el vudú de los invasores haitianos, le bautizó como Los Trinitarios, en honor a la Santísima Trinidad.

Hace un año, este grupo de cazadores encapuchados con los que estoy esta noche se bautizaron, con orgullo, como los Trinitarios Hijos de Manzanillo.

                                                              ***

Nos reunimos en el parque central de Manzanillo, en donde hay un busto de metal del gran prócer Juan Pablo Duarte. Luego nos movemos al malecón desde donde los trinitarios, a forma de presentación, me muestran Haití. “Juan, míralo ahí, está ahí cerquita, ahí mismo. Si los haitianos no tienen más que cruzar el río para venir a profanar”, me dice el capitán Joaquín Talavera. Acá el río Masacre conoce el mar. Y aquí Ñaño y Talavera me cuentan el nacimiento de su grupo.

Integrantes de Los Trinitarios de Manzanillo posan junto a un busto del prócer dominicano Juan Pablo Duarte, reconocido por organizar la lucha de independencia contra los haitianos en el siglo XIX.

Los trinitarios, dicen, se fundaron luego de que en una sola semana se reportaran 11 robos entre los vecinos de Manzanillo. Para convencerme de la autoría haitiana de los robos hablan de venenos y “magia negra”. “A mí mismo me aplicaron esas cosas”, dice el jefe Talavera para justificar que se metieron tres veces a su casa sin que él se diera cuenta. Lo cierto es que desde mediados de 2022 sí hubo un aumento repentino de robos coincidiendo con la crisis haitiana luego del terremoto, el asesinato del presidente Jovenel Moise y la toma de poder por parte de las bandas criminales. Muchos de los robos fueron de bicicletas, motos, alguna radio o televisión muy cerca de las ventanas, pero sobre todo aquellos ladrones se llevaban comida. Desaparecieron las gallinas, las vacas; abrieron las heladeras en los patios de las casas para llevarse comida congelada y violaron los candados de las alacenas. En términos estrictos, lo que los haitianos hacían eran razias, incursiones en busca de alimento.

Una de las cosas que más consternó al pueblo durante esa crisis fue la repentina mortandad de perros. Una mañana de principios de 2023 Boby, el rottweiler del capitán Talavera, amaneció muerto, con espuma en la boca y sin signos de violencia. Veneno. En Manzanillo la gente había comprado de forma masiva perros de guardia. De una semana a la otra el pueblo se llenó de cachorros de doberman, pastores alemanes, pit bull y rottweilers. Espantaron a los ladrones y los robos cesaron por un tiempo. Pero así como llegaron al pueblo los perros fueron muriendo. Sus cuerpos se encontraban siempre en la mañana, tirados, como dormidos, con el hocico lleno de baba blanca. 

“Yo tenía un perro que me mataron, que yo fácil cambiaba a todo Haití por ese perro, que acompañaba a mis niños a la tienda y los esperaba en la calle cuando llegaban de la escuela”, me dijo, con pesar, uno de los trinitarios en una ronda nocturna. Quien encontraba a su perro muerto sabía que pronto sería visitado por ladrones haitianos. Pero a pesar de los candados y las precauciones siempre llegaba la mañana en donde faltaba una moto, una bicicleta, las sillas del porche, costales de arroz o alubias.

Después de la muerte de Bobby y de la crisis de los 11 robos, el jefe Talavera, Ñaño y otros notables del pueblo decidieron organizarse y expulsar a los haitianos. “Expulsamos familias enteras”, presume Ñaño. Me dicen que incluso expulsaron al pastor evangélico haitiano con todo y su familia, niños incluidos. Los trinitarios establecieron toques de queda para los haitianos. Hubo noches, dicen, donde raptaron de sus casas y expulsaron a más de treinta personas.

Los trinitarios revisan los documentos de un joven haitiano.

El entonces alcalde de Pepillo Salcedo, el ayuntamiento al que pertenece Manzanillo, Ignacio Núñez, que gobernó durantes dos periodos de cuatro años, no vio con buenos ojos la creación de un grupo de ciudadanos encapuchados, que expulsaban extranjeros y se paseaban en sus motos como salidos de la saga Mad Max. Así que los denunció a finales de 2023. 

El Jefe Talavera terminó siendo citado en un juzgado para dar cuenta de sus correrías nocturnas. Buena parte del pueblo fue con él y se plantó afuera del juzgado en apoyo al caudillo. El capitán fue absuelto y aprovechó el podio que tuvo en los tribunales para hacer una arenga independentista. Lo que dijo aquel día, según él mismo cuenta, es que lo que hacían por las noches era una continuidad de la lucha de Juan Pablo Duarte. Para Talavera juzgarlo a él era casi como juzgar al prócer mismo.

“Además, ellos no contaban con que nosotros no solamente somos los Trinitarios Hijos de Manzanillo. A raíz de esa citación nos coordinamos con otros grupos, gente de la capital nos buscaron para darnos apoyo, grupos de todo el país”, dice el capitán claramente orgulloso. 

Hace una pausa dramática y continúa: “Para que tú veas Juan, ahora ya nosotros somos incluso parte de la Antigua Orden Dominicana.” Esto último ya lo dice con la pose de un pavo real.

La Antigua Orden Dominicana

El domingo 10 de marzo de 2024 un grupo de unas 45 personas se reúne en una esquina de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Los congregados llevan banderas negras con un logo dorado en el centro, visten botas y ropas oscuras estilo militar. Algunos se cubren el rostro con pasamontañas. Se han dado cita en la boca del metro Juan Bosch, nombrado así en honor a uno de los principales opositores del dictador de mediados del siglo XX, Leónidas Trujillo. El sol se va poniendo bravo, y más personas van llegando, siempre vestidas de negro.

Un miembro del grupo ultranacionalista La Antigua Orden Dominicana en medio de una manifestación.

Un hombre de unos 60 años carga un cuadro de Juan Pablo Duarte y se acomoda una pañoleta negra en la cara. Fumamos unos cigarros y me dice que es dueño de una pequeña tienda en Santiago de los Caballeros, una provincia a más de dos horas y media de acá. Me dice también que ha venido porque en redes sociales escuchó el llamado que lanzó la Antigua Orden Dominicana para defender la nación de la “invasión” de haitianos. Se describe a sí mismo como un patriota y cuando le digo que soy periodista me pide que le saque una foto posando con el cuadro del prócer independentista. La conformación del grupo es variada: amas de casa, jubilados, varias decenas de muchachos que parecen estar apenas estrenando la mayoría de edad e incluso algunos niños. Un grupo de policías llega al lugar. Los agentes me dicen que están acá para proteger a los manifestantes y para que todo marche de forma pacífica. Dos fotógrafos contratados para el evento sacan los primeros retratos y las primeras banderas negras empiezan a ondear. La gente que pasa en sus carros los reconoce. Varios hacen sonar sus bocinas y sacan las manos para saludarles. Algunos repartidores en motocicleta gritan y levantan el puño derecho. “¡A la mierda los haitianos!”, grita uno, y los policías le responden con un saludo y risas. Pareciera que más que proteger la marcha son parte de ella. 

A la 1 de la tarde aparece Ángelo Vásquez, y la pequeña maraña de personas sufre una especie de excitación colectiva. Lo tocan, lo saludan y se toman fotografías con él. Le acompaña el oficial retirado de la fuerza aérea Ortíz, y un hombre enorme vestido con botas, traje y aliños militares, una mochila y el rostro cubierto. Es el encargado de la seguridad. Ángelo Vásquez es el fundador y máximo líder de este grupo ultranacionalista, y es quien dirigirá la marcha de hoy. Antes de salir posan todos con el cuadro de Juan Pablo Duarte.

—¡No queremos haitianos aquí! —grita Ángelo Vásquez con un megáfono.

—¡Que se vayan a Haití! —responden emocionados los congregados, que no llegarán a cien pero logran armar un buen escándalo. 

Repiten esto muchas veces mientras imitan lo mejor que pueden el andar castrense. En la marcha van varios militares de La Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (FTC-CIUTRAN) y varios policías, que gritan las consignas y levantan la mano derecha con convicción. 

—¡Si no se van…!” —grita Ángelo.

—¡Los matamos! —responden todos.

—¡Si no se van…!” —repite Ángelo.

—¡Los matamos! —vuelve a contestar el gentío.

Entonces Ángelo se percata de que los estoy grabando. No están habituados a tener un periodista cerca en medio de sus múltiples y reiteradas reuniones y eventos. La mesura no está en el ADN de sus expresiones. Ángelo se voltea y les dice entre dientes: “Ey los sacamos’”, y con esta arenga políticamente corregida la marcha continua.

Ángelo Vasquez, líder de la Antigua Orden Dominicana, y un grupo de miembros de su movimiento cantan el himno nacional durante una manifestación en Santo Domingo, la capital de República Dominicana.

Ángelo es un hombre grande, moreno, de ojeras marcadas. Se gana la vida criando perros Pit Bull y renta varios automóviles a taxistas. El resto de su tiempo lo utiliza para administrar la Antigua Orden Dominicana que, dice, nació formalmente hace ocho años pero que creó en su mente desde que “tenía uso de razón”. Al principio el movimiento consistía en promulgar arengas por redes sociales, sin embargo, un empresario del que prefiere reservarse el nombre, le dio dinero y con eso Ángelo pudo salir de internet y comenzar a convocar a otras personas preocupadas por la supuesta nueva invasión de los haitianos.

—Ángelo, ¿qué significa Antigua Orden Dominicana, podrías explicarme el sentido de esas tres palabras? —le pregunto.

—Antigua, por nuestros antiguos valores, lo que nosotros fuimos, prácticamente nosotros tenemos 500 años de historia, fuimos los primeros en todo. Orden, porque traeremos orden a la patria, y dominicanos, porque significa guardianes de Dios.

Al menos dos de estas afirmaciones no son ciertas. La República Dominicana tiene poco más de 300 años, si contamos a partir de su emancipación en 1821, y la palabra dominicanos, definitivamente no significa eso. En realidad es una palabra que viene del latín y que se podría traducir como vasallos. 

Pero la verdad tiene poco que ver con lo que está ocurriendo este domingo. Las banderas negras ondean en la capital. Los vecinos salen de sus balcones para felicitarlos y los haitianos, vendedores ambulantes en su mayoría, bajan la mirada cuando los manifestantes pasan a su lado. “Yo marcho porque quiero defender a mi país, estamos teniendo una invasión de vientres. Todas esas haitianas parturientas que vienen a parir acá. Nosotras no encontramos cupos en los hospitales ni en las escuelas para nuestros hijos”, dice Carmen, una marchista jubilada y enjuta que ondea una de las banderas. “Ellos nos invadieron y nos liberamos en 1844. En 14 batallas hemos luchado contra los haitianos, ¡14!”, dice. Le pregunto cuál fue la última de esas 14 batallas. “No, eso no sé, yo de historia si no sé mucho”, me responde.

Los marchistas, y casi toda la narrativa ultranacionalista, habla del breve tiempo de dominación haitiana en el siglo antepasado, como si recién hubiese terminado ayer. Casi todos tienen presentes a los próceres y las grandes gestas independentistas, pero no sabrían decir cuántos años dominó el dictador Trujillo en República Dominicana (de 1930 a 1961) al 44. La mayoría hablan de tal forma que pareciera que, si no se defienden ahora, un ejército de haitianos caerá sobre ellos la otra semana tal como lo hizo en 1822.

La marcha se dirige hacia una escuela porque en redes sociales alguien escribió que en ella les estaban dando partidas de nacimiento a niños de padres haitianos nacidos en dominicana. Por ese rumor marchan ahora. Al llegar a las puertas comienzan a gritar y piden por megáfono que salgan los encargados. Se comienzan a poner violentos y uno de ellos sugiere que si no salen por las buenas le prenderán fuego a la escuela. Un hombrecillo abre una puerta metálica y sale. Los manifestantes gritan y chillan que quemarán el edificio, que los haitianos no les dominarán nunca más. Entonces se produce un momento confuso. El hombre los reconoce, levanta alegremente sus brazos, y se une a sus gritos y arengas contra los haitianos.

“¡No queremos haitianos aquí!”, dice a grito pelado el hombrecillo.

Ángelo se acerca al excitado señor, habla con él un rato, y nos anuncia a todos que se equivocó de escuela. Nadie ha dado ningún papel a ningún haitiano. “¡Pero la otra escuela está cerca!”, grita, tratando de mantener el ambiente eufórico del grupo. Avanzamos, dejando frente al portón al confundido celador, que nos despide con vítores, alegre de haber recibido tan memorable visita.

El ex oficial de la fuerza aerea dominicana de apellido Ortíz hace una arenga contra la población haitiana.

El sol es inclemente con la marcha y tardamos unos 25 minutos en llegar al objetivo señalado por Ángelo. Un muchacho cae desmayado. Un golpe de calor lo ha fulminado. Un grupo de mujeres lo socorre y le mojan la cara. Cuando el grupo está completo, se ubican de cara a la nueva escuela, vociferan sus arengas anti haitianas y amenazan a los directores. Pero los vecinos dicen que no hay nadie porque es domingo. No importa, gritan igual durante una hora. Todo indica que en esta escuela tampoco se le ha dado documentos a haitiano alguno, en buena medida porque en ninguna escuela dominicana se entregan estos documentos. Todo ha ocurrido en la cabeza de Ángelo Vásquez y sus seguidores de oscuros ropajes. No importa, en su imaginario, que los hermana con Juan Pablo Duarte y sus Trinitarios, la orden ha vencido. Este domingo han impedido la nacionalización de cientos de haitianos, y con esto detuvieron, aunque sea solo por hoy, la inminente invasión.

Antes de que el grupo se junte en una media luna y cante emocionado el himno nacional para cerrar el evento, un señor moreno y de gestos firmes toma el megáfono y entre chillidos grandilocuentes les recuerda a los dominicanos que no deben comprar verduras, ni agua ni fruta a los vendedores ambulantes haitianos, tampoco deben rentarles casas. Luego recuerda con nostalgia y arropado por el cariño del gentío al general Trujillo. “Si el ‘generalísimo’ todavía estuviera, otra suerte correría para los haitianos en suelo dominicano”, dice.

Esto último sí es muy cierto.

Perejil

En los primeros días de octubre de 1937 el dictador Rafael Leónidas Trujillo viajó a Dajabón para asistir a un evento protocolario. Cuenta la leyenda, con gran arraigo histórico en documentos y testimonios de la época, que ahí fue informado de que “una banda de haitianos habían violado la frontera y se habían robado muchas vacas”. El dictador entró en cólera y ordenó el exterminio de la población haitiana en toda la frontera y la zona norte de la República Dominicana. Según varios historiadores y varios libros de historia consultados para esta crónica, los generales se lanzaron a la caza de haitianos en toda la zona norte con la ayuda de cuadrillas de dominicanos civiles. 

La idea era matar a la mayor cantidad posible, sin importar la edad o el género. Pero se enfrentaban a un problema: ¿cómo diferenciar a un negro haitiano de uno local? Los militares y campesinos dominicanos resolvieron este problema de forma práctica. Al llegar a un lugar le pedían a los negros que pronunciara la palabra “perejil”. Los haitianos, de lengua francófona, no conseguían pronunciar la erre suave y entonces eran asesinados. No hay consenso entre los historiadores, pero los cálculos oscilan entre 5,000 y 25,000 personas asesinadas en aquella masacre de 1937. Para los arqueólogos e investigadores forenses ha sido un problema estudiar este evento, ya que los documentos con las órdenes de asesinato, y los partes militares fueron destruidos, y la gran mayoría de cuerpos arrojados al río Masacre. La historia recuerda esta matanza como “La masacre del perejil”. Esa palabra, perejil, es aun palabra mala en la frontera.

                                                               ***

Rony llegó tarde a nuestra primera cita. Quedamos de vernos en un centro comercial a finales de febrero, pero fue muy difícil que me dijera exactamente en qué negocio podría encontrarlo. Es un hombre joven, no se llama Rony, es haitiano y trabaja para una organización prodefensa de los derechos de migrantes haitianos y afrodescendientes en República Dominicana. Es desconfiado y en nuestra primera reunión apenas logro sacarle alguna información sobre la situación de los haitianos. Me dijo que era muy peligroso para él estar en el centro comercial conmigo, dijo que lo siguen, que hombres de negro lo siguen y le toman fotos. Aseguró que su organización, de la que no puedo decir su nombre por seguridad, ha sido amenazada, que le han ofrecido la muerte. Que han linchado a más de un haitiano en los barrios. Hablamos poco más y se fue. 

Nuestro segundo encuentro en abril de 2024 es aún más extraño. Me cita ya entrada la noche, a las afueras de Santo Domingo, en una KFC anexo a una gasolinera, en medio de una larga carretera. Llega tarde de nuevo y me cuenta que él mismo ha sido víctima de la Antigua Orden Dominicana. Me dice que la organización en la cual milita ha dejado de organizar eventos puesto que gente que se presentan como miembros de la orden le llaman y les dicen que los van asesinar. En 2023 un conjunto de oenegés planificaron una maratón donde correrían, juntos, haitianos y dominicanos como una forma de integración entre las dos culturas de la isla, pero tuvo que ser cancelada. “Las amenazas eran serias y decían que se iban a montar en un carro y nos iban a atropellar”.

Lo mismo pasó en octubre de 2022 cuando miembros de la orden, junto con policías y agentes migratorios agredieron a Rony y al menos a una decena de activistas más. Varias organizaciones pro defensa de los derechos de los migrantes han asegurado haber sido amenazadas por integrantes de la orden y señalan a Ángelo Vásquez como el principal responsable. Lo mismo ha afirmado el reconocido periodista televisivo Mariano Zapete, quien denuncia que luego de sus declaraciones contra el racismo y la xenofobia que sufren los haitianos recibió amenazas de muerte. Basta darse una vuelta por la cuenta de Instagram de la Antigua Orden Dominicana para ver fotos de Rony, del periodista Zapete, y de muchos más, acompañados de leyendas violentas, señalándolos como traidores a la patria. En algunas de esas publicaciones, Ángelo se graba a sí mismo hablando sobre temas migratorios y políticos como la construcción del muro, el cual le parece poco más que una pantomima: según él, ese muro debería ser más grande y estar protegido por más soldados. En sus redes la orden publicó un afiche que decía: “Hermano dominicano, el muro eres tú, el muro soy yo”, haciendo alusión al deber patriótico de expulsar a sus vecinos del país.

Afiches publicados en el perfil de Instagram de La Antigua Orden Dominicana.

Rony está muy nervioso y me entrega unos documentos en donde sistematizan testimonios de haitianos que aseguran haber recibido violencia. Hay también datos sobre todo tipo de atropellos en el proceso de deportaciones y en los centros de confinamiento, pero Rony de pronto se calla. Ve hacia abajo y esconde su teléfono. Dos hombres con camisas militares negras han entrado al local y sin ningún disimulo nos toman fotografías. Hago lo mismo, les disparo un par de fotos y ellos se voltean para esconder la cara. Sus chalecos antibalas dicen A-2. Son del servicio de inteligencia de la Fuerza Aérea Dominicana. Guardamos nuestras cosas y nos vamos, casi no queda nadie en el local.

                                                            ***

En marzo de 2024, entre mis dos encuentros con Rony, fui a la librería más grande de la capital dominicana. Inculcar el racismo, la idea de que el “nosotros” sea sustancialmente mejor que “los otros”, es un esfuerzo colectivo. No puede ser una idea suelta, debe ser estimulada y sus manifestaciones premiadas. Ya había visto la maquinaria de odio en el terreno, con quienes hacen violencia y con quienes la reciben, en la televisión y las redes sociales. Faltaba conocer la parte ideológica, siempre la hay. La doctora en historia y especialista en historiografía dominicana María Gonzales Canalda, escribió en un artículo  que los libros de texto que se usan en las escuelas dominicanas presentan un fuerte sesgo hacia la parte haitiana de la isla, planteando que fue un espacio colonizado por corsarios y piratas. Quería saber, además de lo que les obligan en las escuelas, qué pueden leer los dominicanos sobre sus vecinos.

Pedí a la dependienta que me buscara todos los libros sobre Haití y la historia del pueblo haitiano y regresó con un paquete pequeño. Entre el paquete estaba, con descuento por ser producción nacional y para estimular su lectura, El peligro haitiano, del autor Hugo Ysalguez. Es un exjuez, analista político y consultor de la secretaría de Cultura, que habla de la inminente destrucción de la sociedad dominicana a manos de los migrantes, quienes, por cierto, son parte de un plan bien orquestado por parte de terribles mentes haitianas para una nueva y sigilosa invasión. En esta obra se pueden encontrar capítulos como “Yo deporté haitianos”, “Ocupación haitiana” o “Amenaza haitiana” y “No somos Haití”.

La dependienta me recomendó mucho llevar, también con descuento promocional, Haití y la República Dominicana. Un origen dos destinos en donde el autor, un exministro del interior e historiador empírico, con un revestimiento histórico más sofisticado que el anterior, desarrolla en 500 páginas la necesidad de separar en dos la isla y no mezclarse. Acá el lector podrá encontrar capítulos como “Haití: amenaza mortal”, “Haití: ¿Bandolero o víctima?” y “¡mucho cuidado!”.

El éxito de estos esfuerzos ideológicos terminan en que una población subyugue a otra, y que la gente se odie entre sí. En el proceso suceden cosas, terribles cosas, como las que le ocurrieron a Denisse.

Denisse

Denisse va por el mundo con la piel en carne viva, y cuando se vive de esa manera, todo, incluso los abrazos, duelen.

La conoceré porque en su afán por convencerme sobre la gran invasión de haitianos y del peligro que corren las familias dominicanas, Ángelo Vásquez, el líder de la Antigua Orden Dominicana, me dijo que debía visitar Aminilla y hablar con Denisse sobre lo que ocurrió el 4 de septiembre de 2023.

Aminilla está, según los mapas, a 45 minutos de Dajabón por una carretera considerada como solitaria y peligrosa. Para llegar hasta ahí contrato una moto concho, así le llaman a los taxistas de moto que por el equivalente a cinco dólares te llevan donde sea. Mi chofer se llama Adriano. Vamos a toda velocidad en su moto china, la misma en la que hace un par de años cruzaba haitianos desde su lado de la frontera hasta el interior de República Dominicana. El paisaje es hermoso, desolado, pero hermoso. Los pastizales se pierden en el horizonte. Al final el viaje dura casi tres horas, donde las últimas dos han sido por calles de barro con inmensos agujeros. 

Aminilla es un típico pueblo tranquilo con casas lejanas unas de otras. Mi contacto se llama Manuel Then. Es un miembro nuevo de la Antigua Orden Dominicana. Cuando encontramos su casa, Adriano me cobra y se va, no sin antes quejarse por estar metido en esas lejanías.

Manuel Then es de unos 60 años, se mueve despacio y escucha con atención. Manuel ha sido ganadero toda su vida, ahora tiene además un pequeño supermercado en Dajabón. Me lleva a la parte de atrás de su casa donde tiene una mesa al aire libre y me sirve el café más rico que he probado jamás. “Los haitianos son un mal necesario”, me dice. Cuenta que siempre han estado acá, hasta Haití solo hay 37 kilómetros y por estos lados no han construido muro. Pero no fue hasta los años noventa cuando comenzaron a recibir oleadas de migrantes en busca de trabajo. De eso acá había mucho. “Todo el trabajo de la agricultura y todo el trabajo del ganado lo hacen los haitianos”, me dice Manuel.

El 4 de septiembre de 2023, Manuel terminaba su desayuno cuando una vecina le gritó desde la calle: “¡Manuel, han matado a Papito, han matado a Papito!”. Papito es el sobrenombre de Ramón Medina, quien era el esposo de su prima, y un hombre respetado en la comunidad. Fueron además compañeros en la escuela. Según Manuel, Papito trabajó en los Estados Unidos, hizo una masa de dinero y regresó a comprar ganado. Pero era hombre de hacer, y se fue con su esposa, prima de Manuel, a vivir a unos cuantos kilómetros del pueblo. Ahí crió un formidable hato de vacas lecheras y ahí formó una familia.

“Quien mejor le puede contar esto es Denisse, ella se salvó de la masacre porque ella estudia en Santiago, no estaba en casa”, me dice Manuel y me lleva en su moto hasta una casa en el centro del pueblo. 

En una silla de madera, desde lo profundo de la oscuridad, está sin estar Denisse. Es una muchacha de 20 años, blanca y rolliza. Su cara se ha quedado estancada en una mueca sin emoción y me mira como si estuviese viendo a alguien o algo desde muy lejos. Sus abuelos la acompañan, se sientan a escuchar lo que Denisse va a contarme y a la abuela se le mojan los ojos aun antes de que empiece a hablar. “Yo estaba en el baño, preparándome para ir a la universidad, cuando mi compañera me tocó la puerta, bien fuerte, y ella nunca hace eso”. Lo siguiente que le dijo fue: “Denisse, tu familia”.

El abuelo de Denisse posa frente a la casa donde hace menos de un año fueron masacrados su hija, su yerno y su nieto.

Según documentos judiciales presentados en un juicio, esto es lo que le ocurrió a la familia de Denisse.

La mañana del 4 de septiembre, como todos los días, Papito salió de su casa a las 5 de la mañana y caminó los 15 metros que la separan del cobertizo donde sus vacas le esperaban con las ubres llenas de leche. Las vacas de Papito lo conocían, él las iba llamando una a una por su nombre y ellas le ofrecían sus ubres para que las vaciara. Mientras esperaba a Ekenlen Cherolous, a un haitiano que trabajaba con él cuidando el ganado, lo capturaron. Eran cinco hombres, todos haitianos. Le pegaron en la cabeza y lo amarraron con un lazo color marrón. 

El grupo marchó a la casa. Ahí le dispararon en la cabeza a Charlo Veloz Quezada, un amigo de la familia que durmió ahí esa noche para ayudar en el trabajo del ganado. No debe haber sentido, todavía dormía. El tiro le juntó los sueños con la muerte. Hicieron lo mismo con Chistofer, uno de los dos hermanos de Denisse: también lo mataron en el catre. A Carmelina, la sacaron de la cama y la llevaron hasta la cocina junto con Christian, el otro hermano de Denisse. Le ordenaron a Christian que fuera a su camión, estacionado frente a la casa, y sacara el dinero que ellos sabían que tenía guardado. En el camino suplicó al haitiano que lo conducía, picándolo con la punta de un puñal, que no mataran a su madre, que lo mataran él. Pero el haitiano le dijo: “No soy yo el que manda, es el otro, el que tiene la pistola. Ese odia a los dominicanos, los va a matar a todos”. Se refería a Pacheco Beltrán, el líder de la banda.

Christian escuchó un grito, una pelea y varios balazos. Su madre estaba muerta. A él, Pacheco Beltrán le dijo: “Yo voy a matar a todos los dominicanos de la frontera. Son unos malditos”. Y le disparó. El tiro lo dejó inconsciente unos minutos. Cuando se despertó corrió dando traspiés hacia el cuarto de sus padres y tomó la escopeta de su padre. Pero la casa es pequeña y el arma es de cañón largo, así que no pudo maniobrar ni apuntar y se la quitaron. Luego le volvieron a disparar y lo dieron por muerto.

Ekenlen Cherolous, el ayudante de Papito, llegó al potrero y se encontró a su patrón amarrado pero vivo, corrió a la casa y se encontró con cinco  hombres llenos de sangre, con una pistola, un cuchillo y la escopeta de Papito. Le apuntaron, y Pacheco Beltrán le dijo: “No te mato porque eres haitiano”, y se fue rumbo al cobertizo, donde le dio varios disparos a Papito en la cabeza, quien murió frente a los ojos grandotes de sus animales.

Ekenlen es joven, de una edad indescifrable para Denisse. Ha sido fiel a la familia durante varios años y la lealtad le hizo quedarse, a pesar que los matadores le ordenaron huir de ahí. Aquella mañana corrió a la casa con la esperanza de salvar a alguien y se encontró a Christian, quien aun con dos tiros en el cuerpo, y sin más armas que sus manos, quiso perseguir a los asesinos de su familia, pero las fuerzas le traicionaron y se desplomó. Ekenlen corrió al pueblo. Es una carrera larga, en cuestas y barrancas, y llegó gritando. El grito se multiplicó y llegó hasta una mujer que corrió hacia la casa de Manuel Then: “¡Manuel, han matado a Papito, han matado a Papito!”.

Christian sobrevivió y fue él quien contó esta historia y quien, junto con Enkelen, identificaron a los asesinos en el juicio.

Le pido a Denisse si me puede enseñar la casa donde creció, la casa donde masacraron a su familia. “Podemos entrar pero no quiero que tomes fotos a donde ellos quedaron”, dice. El olor es fuerte, la casa ha estado cerrada. “Son las ratas. Es olor a rata muerta, porque les ponemos veneno”, dice Denisse, pero ahí no hay ratas, ni veneno. La cuchilla de afeitar de Papito todavía permanece colgada en el baño, como esperando a su amo. Los abuelos de Denisse han puesto cruces en el lugar exacto donde quedaron los cuerpos. Afuera de la casa las vacas son ordeñadas ahora por un mozo nuevo, mientras mugen suave y largo, como una corneta.  

“Mi mamá siempre fue buena con los haitianos. Cuando cruzaban por acá siempre les sacó comida caliente y agua. Mi papi siempre les dio trabajo, nunca se les trató mal. Yo siempre estuve en contra del racismo y esas cosas. Pero ahora lo entiendo”, dice Denisse. 

Su abuela se lamenta no haber hecho más. “Yo le dije a mi hija que se saliera de ahí, que era muy peligroso, que ya la muerte andaba cerca”, dice con la mirada en su taza de café. Una semana antes de la masacre, Oso amaneció muerto, con espuma en la boca. Era una cruza de pastor alemán, un perro guardián de buen tamaño. “Después de lo de Oso yo le dije que se vinieran para acá, pero me dijo que ella tenía mucho trabajo y que Papito tenía sus armas y que estaban bien, y mire Juan lo que vino a pasar”.

Quién sabe por lo que tuvo que pasar el haitiano Pacheco Beltrán para odiar tanto a los dominicanos, para matarlos de esa manera. Sí sé lo que Denisse y lo que queda de su familia, han pasado para abominar a los haitianos; y no tengo los cojones, ni la cara dura, ni la imprudencia suficiente para comentarles que ahora ellos se han convertido en racistas.

Fogatas

El miembro de Los Trinitarios Winston Espinal, conocido como Ñaño, amenaza con raptar a dos haitianos en la localidad de Manzanillo, Pepillo Salcedo.

Los Trinitarios de Manzanillo han capturado diez personas. Ahora, con la oscuridad de la noche sobre nosotros, es más complicado localizar a sus presas. Pero los trinitarios llevan un año cazando haitianos y ya han aprendido algunos secretos. Los haitianos generalmente están por debajo de los dominicanos más pobres, representan el piso del sótano en términos de escala social económica. Una de tantas cosas que ellos no compran es gas. “Si tú quieres pillar un haitiano en la noche tienes que buscar el fuego”, me dice uno de los trinitarios. Los sigo hasta una pequeña altura desde la cual se ven varias hogueras. Quizá son los hombres jóvenes que escaparon de los barrios ante la presencia trinitaria.

Nos dirigimos a una de esas luces. Es una construcción abandonada. Ñaño se lleva el dedo a los labios. Shhh. Avanza despacito. Al acercarnos escuchamos como truena la leña al conocer el fuego. Otros trinitarios rodean el lugar. Ñaño y el capitán Talavera entran. Ñaño lleva el revólver en la mano. Unos ojos asustados nos reciben, dos niños pequeños buscan la protección de una mujer joven, ella solo puede cargar a uno, el otro debe conformarse con la protección que le da una falda. “Bon soir”, dice el capitán. Una mujer mayor cocina unos vegetales indescifrables en una olla vieja y ennegrecida. A los pequeños les dio hambre, protestaron, la abuela hizo fuego para hacerles un potaje, los trinitarios vieron el fuego. Se podría decir que a esta familia la delató el hambre.

Están rodeados. El hombre del grupo se pone de pie, poco puede hacer, son muchos y está desarmado. Opta por la estrategia de los vencidos. Les saluda y les sonríe, su mujer hace lo mismo, ambos abren grande la boca en sonrisas nerviosas. Más pareciera que mostraran al capitán Talavera su dentadura. Solo la abuela no sonríe, lo mira a los ojos, seria, impávida. El capitán los examina. Ñaño, el psicólogo y otros trinitarios inspeccionan entre las ruinas de este lugar en búsqueda de alguna otra presa escondida. La pareja de haitianos sigue sonriendo, cada vez con la boca más abierta. La abuela no le quita los ojos del rostro. El capitán Talavera les dice que se mantengan alerta, que si ven algún haitiano nuevo se lo reporten, que no se metan en problemas. Nos dice que nos retiremos. Al parecer estos no son “haitianos nuevos” de los que cazan los trinitarios y los dejan en paz por esta noche. Ñaño mira la comida que prepara la abuela y dice: “Qué porquería”. 

Una familia de haitianos es sorprendida por miembros de Los Trinitarios mientras cocinaban sus alimentos en una fogata.

Seguimos la ruta. Atravesamos el pueblo en las motos y la gente que toma cervezas afuera de las tiendas les gritan porras a los trinitarios. Un muchacho de camiseta desmangada grita: “¡Dale un par de batazos a esos haitianos de mi parte, Ñaño!”. Los trinitarios hacen sonar las bocinas de sus motos y unas señoras, sentadas en el porche de sus casas les aplauden y vociferan: “¡Esos son los trinitarios!”.

Aparcamos frente a una casa blanca de verja negra. Un hombre moreno y larguirucho sale a saludar. Es el alcalde electo, Enercido Metz, del Partido Revolucionario Moderno, el mismo que el del acalde de Dajabón y el presidente, Luis Abinader. El alcalde anterior, el que denunció a los trinitarios, recibió muy pocos votos. Este, quien se presentó a la campaña bajo el lema El cambio que une, prometió darles todo el apoyo y de ser posible ayudarles a replicar este modelo en otros pueblos de la frontera. Los trinitarios y el alcalde mantienen una conversación impostada, algo que muy difícilmente sucedería de no estar yo acá. Básicamente se hacen cumplidos y se dicen formalismos. Hablan del gran problema haitiano. Me cuentan que el alcalde saliente quiso desarticular al grupo, dicen que le ofreció un mejor salario y mejor puesto a Ñaño con tal que dejara el grupo, pero que él siguió fiel.

—Yo soy negro, pero yo tengo mis valores y yo este grupo no lo dejo mi por todo el dinero del mundo —dice Ñaño. 

—¿Y porque tu te hablas así tan feo? —lo interrumpe el alcalde con tono paternal. — Yo no miro el color, para mi todos somos iguales. 

Les pido posar para una fotografía. El alcalde entra a la casa corriendo y se pone una camisa blanca de cuadritos. Los trinitarios se quitan los pasamontañas y esconden las armas.  

Integrantes de Los trinitarios posan junto al nuevo alcalde de Pepillo Salcedo, Enercido Metz.

Frontera Masacre

El 20 de junio de 2024, cuando ya había salido de la isla de La Española, recibo un video del capitán Talavera. Está parado junto al agente Winston Espinal, alias Ñaño, y junto al jefe de la policía de Pepillo Salcedo. Desde la oficina municipal, Talavera anuncia su nueva investidura como policía municipal. El alcalde, Enercido Metz, cumpliendo sus promesas de campaña, ha puesto una placa en el pecho del jefe de Los Trinitarios. 

La Antigua Orden Dominicana ha unido fuerzas con varios funcionarios, altos mandos militares y policiales y con varios partidos políticos. En mayo de 2024 organizaron una concentración frente a la sede de Naciones Unidas en Estados Unidos para pedir que la ONU abandone la idea de instalar campos de refugiados haitianos en República Dominicana. 

Manuel Then, el ganadero bonachón, el hombre que nunca ha usado armas y quien ha dado por décadas trabajo a los haitianos, tiene un nueva misión como miembro de la orden: formar y dirigir un grupo para la captura y expulsión de los haitianos de Aminilla al estilo de Los Trinitarios Hijos de Manzanillo.

Denisse sigue en el mundo con la piel en carne viva. “Son una raza de tarántulas”, me dijo aquel día de marzo después de hablarme sobre su familia masacrada. En ella termina la cólera antigua, macerada y trasmitida de los esclavos africanos, traídos a la isla, las invasiones, las guerras entre franceses y españoles, los muros, los canales en el río. En ella se juntan los machetes, la explotación, las dictaduras, el perejil, las jaulas rodantes, el racismo. Todos esos odios que han construido la Frontera Masacre. Sentada en el porche de su casa, mirándome sin verme, dijo: “Son una raza sanguinaria. Por eso les llegan todas las maldiciones, y los huracanes y los terremotos y las hambrunas… son una raza de tarántulas”. 

El capitán Talavera junto al jefe de la policía municipal de Pepillo Salcedo y el agente Winston Espinal, alias Ñaño, hacen una declaración pública para los habitantes de la localidad.

FIN

Frontera Masacre es una serie de Redacción Regional y Dromómanos. 
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Texto: Lucía Vijil Saybe

Portada: Persy Cabrera

 

En junio del 2024, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNDS) presentó el Plan de Soluciones Radicales contra el Crimen. Ahí mismo fue anunciado que se llevará a cabo la construcción inmediata de una prisión, destinada para 20,000 privados de libertad, entre Olancho y Gracias a Dios. Además, se licitará la creación de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne. La presidenta y otros funcionarios del Gobierno notificaron que se implementarán acciones en localidades altamente delictivas, se llevará a cabo la detención de cabecillas del crimen y se realizarán modificaciones legales para aumentar las sanciones y considerar a los pandilleros como terroristas. Además, se establecerán medidas de control en las telecomunicaciones y transferencias electrónicas con el objetivo de combatir la delincuencia organizada.

 

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), Lucky Medina, aprobó la licencia ambiental para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne. En cuentas oficiales, indicó que cuenta con el apoyo de 40 profesionales para conservar el ecosistema.

Me interesa hablar sobre la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne porque, a pesar de que se valora por su biodiversidad marino-costera, como lo señala el decreto ejecutivo 3056-91, pareciera que continuar con el proyecto es la cúspide de las medidas  establecidas en temas de seguridad. ¿Por qué afirmo que esto es un capricho?

 

Según el Colegio de Biólogos de Honduras, «el archipiélago de Islas del Cisne alberga ecosistemas, hábitats y especies raras y valiosas tanto para Honduras como para la región. Entre ellos se encuentran lagunas invernales con manglares, agregados de arrecifes coralinos en buen estado de salud y peces de importancia comercial que utilizan estos ecosistemas como refugios y áreas de reproducción. Estas poblaciones de peces son posteriormente aprovechadas por las comunidades humanas de las zonas cercanas. Además, las costas acantiladas de coral emergido sirven como lugar de anidación para diversas especies de aves marinas. La amplia cobertura de verdolaga de playa (Sesuvium portulacastrum) también se convierte en sitios de anidamiento para tortugas marinas en peligro de extinción y aves marinas. Por otro lado, los arbustales de las islas son el hogar de una especie de lagartija endémica llamada Anolis nelsoni. Asimismo, estos arbustales sirven como áreas de descanso para especies de aves migratorias».

 

El Colegio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras (CIAH) ha manifestado que la medida es contradictoria con el plan de Gobierno, «convirtiéndola en sí misma en una causal más que contribuye a las 30 mil hectáreas de bosques/hábitats que se pierden anualmente por actividades del hombre y que el Gobierno pide frenar; por otro lado, es promotor con el establecimiento de un centro penitenciario de gran escala en un área protegida nacional y con limitada capacidad de carga y recursos naturales finitos que imposibilitan sostener la cadena de suministros que demandará», denunciaron en un comunicado.

 

A pesar de lo antes señalado, parece que no hay vuelta atrás. José Jorge Fortín, subsecretario de Defensa Nacional, anunció que el proyecto es una orden directa de la presidenta Xiomara Castro, y varias instituciones gubernamentales, como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, están involucradas en su planificación y ejecución. Fortín también mencionó que el proceso de licitación ya comenzó y que se está coordinando estrechamente con la Secretaría de Finanzas para asegurar que se cumpla con todas las normas y regulaciones vigentes. 

 

Todavía no se ha revelado el costo exacto del proyecto, pero estimaciones no oficiales sugieren que podría rondar los 2 mil millones de lempiras.

 

Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, a inicios de este año aseguró que la construcción se considera una medida de emergencia y seguridad nacional, y que los estudios están siendo realizados por profesionales calificados. Afirmó también que el crimen organizado se opone a la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, ya que según sus declaraciones, la medida afectaría a líderes criminales.

 

Estas últimas declaraciones son especialmente preocupantes, ya que contribuyen a la estigmatización de aquellos que se oponen a la construcción de la cárcel en el área protegida. Pero los opositores de este proyecto han sido claros cuando enfatizan que perfectamente, por temas de seguridad, se puede construir en otro espacio geográfico. 

 

Construir la prisión en la Isla del Cisne tendría  un costo de hasta 2,000 millones de lempiras y podría albergar entre 1,000 y 2,000 privados de libertad. El precio alto se debe a la logística complicada y la necesidad de construir infraestructuras adicionales, como plantas que desalinizan agua y generadoras de energía. La distancia es importante en este tipo de proyectos. Diario El Heraldo explicó que «el puerto más cercano, que sería Punta Castilla, en Trujillo, Colón, queda a unas 180 millas náuticas (330 kilómetros), mientras que Puerto Cortés está a casi 300 millas (550 kilómetros). Esta distancia implica un alto costo en el transporte de materiales de construcción, lo que elevaría el precio tres veces más comparado a la ejecución de un centro penal en tierra firme». 

 

Históricamente la Isla del Cisne ha tenido presencia humana, porque se habían delimitado 37 hectáreas para el uso militar y una zona recreativa; de acuerdo al Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) ese espacio geográfico «cuenta con una pista de aterrizaje de terracería, que fue construida para operaciones militares, sin embargo, también llegan científicos a investigar su estructura geológica, los arrecifes coralinos y la vida silvestre», No es lo mismo tener presencia humana de forma esporádica a tener la presencia permanente de aproximadamente 1,000 privados de libertad y del personal que trabajará en la cárcel.

 

Con todo lo previamente expuesto, y los múltiples informes que están disponibles sobre el tema de la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, toda acción humana tendrá una reacción sobre los ecosistemas. Aquí cuatro puntos que ejemplifican este impacto:  



  1. La contaminación del medio ambiente causada por las aguas residuales (provenientes tanto de actividades humanas como otras) impactará negativamente en la calidad del agua y los ecosistemas marinos. 
  2. La acumulación de residuos sólidos, como plásticos y otros materiales no biodegradables, en las costas y aguas cercanas, causa daños tanto a la vida marina como al entorno natural. Es decir, si aun en entornos turísticos representa un problema, ¿qué podríamos esperar en una isla? 
  3. La cárcel tiene el potencial de afectar otras actividades posibles en la isla, como el ecoturismo, la investigación científica y la conservación ambiental. 
  4. Mover los materiales desde la costa conlleva riesgos tanto para la logística como para el medio ambiente. Al dejar los residuos sin control, se generan impactos negativos en el paisaje y el entorno natural. Por ejemplo, pensando en las construcciones en tierra firme (como proyectos habitacionales o procesadoras) que históricamente no han tenido control sobre sus contaminantes, ¿cómo puede la institucionalidad estar tan segura de que no habrá impactos o que, de haberlos, podría controlarlos?

Otro punto complejo sobre este capricho es que la construcción de esta cárcel se pretende justificar con una decisión de un órgano como el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, utilizado por Juan Orlando Hernández para concentrar el poder sin espacios mínimos de debate y participación informada. Aunque desde el Gobierno se anunció la construcción de otro centro de reclusión con mayor capacidad, en tierra firme y desde donde se puede vigilar de forma cercana dicha construcción, ¿por qué seguir insistiendo en la Isla del Cisne? Perfectamente se podría rectificar e invertir en dos centros de reclusión (si lo que quieren es más cárceles) en tierra firme.

 

Lo antropocéntrico en esta discusión es que son humanos decidiendo sobre un ecosistema y lo que creen que pueden hacer, justificándolo con militares y aplaudiéndolo como un éxito en el combate contra el crimen. ¡Es un capricho!

Texto: Wendy Romero
Portada: Persy Cabrera

 

Cuando fui madre, sabía que no quería ser madre autónoma o maternar sola, y durante años luché por no serlo, porque me generaba vergüenza. Hay un estigma que nos persigue a las mujeres que ejercemos nuestra maternidad sin apoyo o compañía del padre, normalmente solemos ser objeto de burlas, incomprensiones y señalamientos. Se habla mucho de ser mamá «soltera» o «luchona», dos términos con mucha carga cultural y discriminación hacia las mujeres y sus hijos e hijas. 

Lo adecuado sería conocer esta situación como maternidades autónomas, porque el estado civil de una mujer no define su maternidad. Madres autónomas, porque incluye aquellas que aún estando casadas o en pareja se enfrentan a la ausencia económica, emocional, o ambas, del padre en la crianza de sus hijos e hijas. Autónomas porque pudo haber sido una decisión como proyecto de vida o una decisión derivada al final de complicaciones con el padre. Maternidades autónomas porque en Honduras cada año aproximadamente 20,000 niñas y adolescentes son madres, y de este número la mayoría son producto de violaciones, de falta de educación sexual y reproductiva, no podemos cargarlas con la «culpa» completa y solo llamarlas «madres solteras».

Leí muchas estadísticas, todas haciendo referencia a lo difícil que es ser madre en Honduras, datos y noticias desde el año 2012. ¿Cuánto han cambiado estas estadísticas en aproximadamente 12 años? No han mejorado, al contrario, cada año van en aumento. Según un comunicado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) publicado en mayo de 2024 por el Día de la Madre, «en el año 2012 el porcentaje de mujeres jefas de hogar era de 31.8 % mientras que para el 2024 es del 38.2 %.»

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2023 en Honduras casi medio millón de mujeres ejercen maternidades autónomas.  Sí, de los más de 960 mil hogares que tienen como jefa a una mujer, «el 44 % son solteras porque fueron abandonadas por su pareja, el 19.2 % son viudas por la violencia que afecta el país y el 16 % tiene una relación de unión libre».  

44 % de mujeres que fueron abandonadas por su pareja y 19.2 % son viudas, es decir, no decidieron ser madres autónomas por decisión propia. 16 % viven en unión libre, y de este porcentaje, ¿cuántas realmente ejercen maternidades acompañadas por parejas que sean responsables y con paternidad presente? ¿Cuántas son madres autónomas aun estando casadas o en unión libre? Pues las labores del hogar, cuidado y crianza recaen por completo sobre ellas, y en muchas ocasiones incluso la mayor parte de la carga económica. Son mujeres que se sienten solas criando y en sus propios procesos personales.

Además, aunque la participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha aumentado en las últimas décadas, la brecha laboral sigue siendo grande; en el 2023 alcanzó los 34.6 puntos porcentuales.

Hace  un año, la idea de no maternar sola era una de las muchas ataduras que me mantenían en una relación llena de maltratos emocionales, psicológicos y económicos. 

Desde que empecé a estudiar tuve claro que había algo de lo que tenía que escapar: las carencias económicas. Así fue como hice del estudio una herramienta para salir del lugar y la condición social en donde nací y en la que estaba predestinada a vivir. Y no es que ahora tenga mucho dinero, pero pertenezco a ese reducido número de personas, 2 de cada 10, que según un estudio realizado por la Fundación de Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) en el 2016, logra no revivir de adulta las mismas dificultades económicas que vivió en su infancia, pues según este estudio y muchas otras teorías, la pobreza se hereda. Y son las mujeres que maternan solas y sus hijos e hijas quienes viven porcentajes más altos de precariedad.

Honduras sigue enfrentando grandes desafíos en educación y salud pública. Cuando no se cuenta con los recursos económicos necesarios para enviar a los niños y niñas a centros educativos privados, la opción son los públicos, y es ahí donde se educa la mayoría de niños, niñas y jóvenes en Honduras. Y qué decir de los servicios médicos, aún más costosos que la educación privada y más precarios en el sector público.

El INE registra que 8.9 % de los hogares en Honduras viven en condiciones de hacinamiento, y el ingreso per cápita promedio de un hogar es de 4,182 lempiras, contra el costo per cápita de la canasta básica de 2,379.68, para cinco personas en promedio. Eso significa que para una familia promedio de cinco personas, la canasta básica alcanza un valor de 10,000.00 lempiras en el año 2023. ¿Cómo una mujer puede en esas condiciones ejercer una maternidad autónoma y con dignidad?

Una mujer con la que mi expareja había iniciado otra relación mientras estaba aún conmigo, me dijo que él se había excusado con esta idea: «Es que él me dijo que vos querías ser mamá soltera de dos, que por eso te había hecho el favor de dejarte embarazada». Ese día, pensé tanto y sentí tanto: ¿cómo era posible que él, sabiendo que yo había tenido muchas dudas sobre un segundo embarazo, hiciera uso de eso para manipular y conquistar a una mujer? 

Al final, solo le pregunte a ella: «¿Tenés en tu familia a mujeres que maternen solas? ¿Sabés lo que significa maternar en Honduras y sola?» Ella, con la cabeza, asintió que sí tenía en su familia mujeres que maternan solas. 

Ese día la vergüenza y la culpa se fueron, y fui consciente del patrón machista y lleno de violencia de muchos hombres en Honduras, donde es fácil descartar no sólo a la mujer, sino también a las infancias que han procreado. Violencia, pues los abandonos y ausencias paternas que a diario vemos en Honduras son eso: violencia hacia las mujeres, pero también hacia los niños y niñas. El patrón consiste en romper relación con la expareja, y también cortar todo tipo de relación con sus hijas, hijos e hijes, patrón ejercido en muchos casos por el hombre, y por medio del cual logra hacer que toda su familia corte comunicación con las infancias.

A ello se suman las cargas emocionales y de trabajo que llevamos las mujeres que maternamos: largas jornadas de trabajo fuera de casa, llegar a ver que haya comida en la refrigeradora, preparar alimentos, hacer tareas, alistar uniformes, meriendas, con la preocupación de si se llegará a fin de mes con el dinero que se tiene. ¿Y cuando una de las cipotas/es se enferma? ¿Quiénes suelen estar pendientes durante las noches de enfermedad?

Según el INE, «existe una brecha de participación laboral a razón de género grande, aunque la participación de la mujer en la fuerza de trabajo ha aumentado en las últimas décadas la brecha sigue siendo espaciosa, la cual, para el 2023 alcanzó los 34.6 puntos porcentuales.

Otra brecha importante que se presenta en el mercado laboral de Honduras es el promedio de meses en los que la fuerza de trabajo se tarda en encontrar trabajo. En el 2023, este dato se incrementó con respecto a los años anteriores, alcanzando para las mujeres 4.5 meses buscando trabajo, mientras para los hombres es de 3.3 meses.»

¿Hay mujeres que por cuenta propia deciden ser madres de manera autónoma, en un país en condiciones como las de Honduras? Seguramente podemos encontrar algunas, pero me atrevo a decir que son muy pocas las que de forma planificada y por elección dijeron: yo quiero ser mamá y ejerceré mi maternidad sola, sin una pareja al lado.

Es más común escuchar: «¿para que abrió las piernas?», «ahora que se aguante y le eche ganas para sacar al hijo/a/e adelante sola», y la típica pregunta: «¿Por qué elegiste mal al papá de tus hijos/as/es?». Al final todo recae sobre nosotras, las mujeres, toda la responsabilidad de las paternidades ausentes, intermitentes y abandonadoras, y seguimos cargando toda la culpa sobre nuestras espaldas. 

Años atrás, una amiga me decía: «Me siento tan culpable por el papá que le escogí a mi hija». ¿Y es que acaso el hombre no puede decidir y elegir sobre cómo ejercer su paternidad? No es fácil ser mamá, mucho menos maternar sin contar con apoyo económico y emocional del padre, sin tener una red de apoyo que te auxilie en los momentos difíciles. 

Aun así, a diario me miro y miro a mujeres que maternamos solas, haciendo malabares para conciliar nuestra vida laboral fuera de casa con los trabajos de cuidado y crianza, que acompañamos a nuestros hijos/as/es a clases de fútbol o baile, que dejamos de comprar la camisa de moda para pagar una terapia para el niño o niña que lo ocupa, mujeres que lloramos porque no sabemos cómo nos va a alcanzar el salario mínimo para dos o tres infancias, mujeres que van de un centro de salud público a otro luchando para que sus hijos/as/es tengan la atención que necesitan y que ellas no pueden pagar. 

Mamás viviendo con ansiedad, depresiones, con salud mental deteriorada. Mamás que nos estresamos, gritamos, pedimos perdón y nos estamos replanteando la forma en que somos mamás, en que criamos, mujeres que estamos y somos madres ante la ausencia o intermitencia de un padre y la pasividad de una sociedad que ha normalizado los abandonos paternos y el sacrificio materno.

Por eso hoy escribo esto, para que repensemos los términos y las culpas, pero también las condiciones. Para que sigamos en busca de que las maternidades sean deseadas, elegidas, sanadas y acompañadas. Para que las mujeres que maternamos lo hagamos con dignidad.

Texto: Daniel Germer
Portada: Persy Cabrera

 

Durante mayo del 2024 sufrimos una de las crisis de calor y humo más intensas de tiempos recientes. Ahora es la lluvia torrencial que nos hace olvidar el calor o el humo y activó el miedo a la inundación, deslaves y otras connotaciones de tierra mojada. Llega la temporada de reforestar; dicho sea de paso, hemos reforestado por más de 40 años, y son muy pocos los espacios en donde se puede decir: «este es un bosque construido». Lo que sí podemos   decir es: aquí fue un bosque y ahora es un potrero, sembradío, residencial, solar, o inserte la actividad económica que guste.

Los meses pasarán, todo se olvidará y en febrero del próximo año veremos nuevamente conatos de incendio y la enfermiza diversión de muchísimos hondureños de «ver el monte arder». El humo volverá y a medida que el cambio climático «cambie el clima» un día a la vez, retrasando el «invierno», la sequía será mayor, el humo será más denso y las lluvias más escandalosas. En cambio, podemos asegurar que la cobertura amarillista y la instalación del miedo serán garantizadas en HD y 4K, si es posible.

Comienza con la lluvia la temporada de sembrar arbolitos y reforestar; llega la temporada del selfie con un pinito que no va sobrevivir por sí solo porque lo sembraron mal, es muy pequeño o no le dieron el mantenimiento necesario. O digamos que en el evento se «logró pegar», pero llegado el verano un irresponsable quema el sitio, derrotando toda la intención de salvar el mundo. Y esta es la realidad de cualquier esfuerzo. Y en todos los sentidos, sea con incendios o con lluvia, la temporada de culpar y señalar siempre es permanente.

La realidad de las «vestiduras rasgadas» en Honduras adolece una variedad de vicios culturales. Vicios como «es culpa del Gobierno», «es la empresa privada la que contamina», «es que yo soy pobre». Y en especial un hábito de la cultura hondureña que reza algo así:   «solo se ama lo que se conoce». ¿Qué conoce usted de Honduras? ¿Cuánto respeta los recursos naturales? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por la naturaleza de Honduras? ¿O es entonces un mantra recurrente de la cultura hondureña, aquel que establece «esa es obligación del gobierno», «que lo haga la empresa privada que tiene pisto», «yo soy pobre y no puedo hacer nada»?

Aquí se resume la apatía, inoperancia, desolación y desesperanza de una nación que sabe que está mal, pero es incapaz de activar un razonamiento crítico para transformar su realidad colectiva. En el mejor de los escenarios, intentamos transformar la realidad inmediata encontrando el sosiego en cosas materiales que nos hacen olvidar la crisis, o posando al sembrar un arbolito,   y así conseguir likes en redes sociales para borrar la mea culpa. Este aislamiento materialista nos aleja de la colectividad, derrota la construcción de nación y nos acerca al concepto político del Estado fallido.

He trabajado alrededor de dos décadas en prácticamente todos los aspectos relacionados con los recursos naturales de Honduras, y una variable permanente en el fracaso de cualquier intención de conservación es la ignorancia, el oportunismo, la corrupción y ese «yo no sé qué» de los hondureños asociado al «no me importan los demás».

No nos han enseñado la importancia de ser hondureños. No nos han enseñado a estar orgullosos. Quien no está orgulloso de quién es, de dónde viene, y no piensa con esperanza hacia dónde va, está en capacidad de cometer atrocidades con tal de sobrevivir. No nos han enseñado aspectos fundamentales de la naturaleza para generar una conciencia ambiental. De hecho, la educación ambiental nos ha enseñado a tener miedo y a sentirnos culpables. Por ende, «el mea culpa del like» del arbolito sembrado se convierte en la respuesta materialista de una conciencia mal construida.

Y no es que sembrar arbolitos esté mal. Les regalo una analogía: La persona hipertensa debe tomar medicamento para mantener su presión arterial estable. Al mismo tiempo, debe modificar su dieta y estilo de vida hacia alimentos y actividades que no pongan en riesgo su vida. Sin embargo, si únicamente «se bebe la medicina» y continúa comiendo mal, con un estilo de vida sedentario, eventualmente aumentarán la dosis del medicamento o sufrirá un infarto. Esta premisa es la misma con el bosque: de nada sirve sembrar mil, diez mil árboles, si nuestra actitud hacia ese bosque no cambia. «Yo ya sembré, yo hice lo mío, ahí que otro vea», esta no es la actitud. Nadie puede ser un custodio de algo en el tiempo que le convenga. Debe ser un compromiso. Si sembró un árbol, revíselo todas las semanas, asegúrese de que su esfuerzo llegó a algo.

Sin compromiso por la nación no hay empatía, sin empatía no hay solidaridad, sin solidaridad, no hay Honduras. Y la Honduras que tenemos en 2024 se ha convertido en la hacienda de un selecto grupo de oportunistas mediáticos (léase que nosotros somos el ganado «explotado, escurrido y flaco»). Pregunte a alguien en la calle, o pregúntese usted mismo: ¿se siente realizado, orgulloso, feliz de ser hondureño y vivir en Honduras? Hay un desencanto general por la realidad y, claramente, la realidad nos desencanta, y así es como se forja un círculo vicioso que se convierte en una espiral descendente que nos conduce a la ignominia.

En la desesperación de ver cómo nos roban el futuro nos vemos enfrentados a convertirnos en nuestros propios opresores y, en vez de optar a ser mejores, perseguimos emular las cualidades del charlatán y el corrupto y aceptamos el clientelismo como una realidad instaurada del día día. Asesinamos la meritocracia y nos convertimos en un engranaje más de la corrupción. Chiquita corrupción, sí, pero corrupción al final. Le invito a leer cómo funciona la propagación de las células cancerígenas y apreciará una similitud que le podrá helar la sangre.

La gente en redes sociales me dice «¿Y qué soluciones nos da? Usted solo habla y habla y no propone». La verdad es que estoy constantemente proponiendo soluciones desde la colectividad y la filosofía, pero seguimos esperando una solución «que nos resuelva» desde la comodidad de la casa, a pesar que nos fascina la frase «solo el pueblo salva al pueblo». Aquí resuena el «dame» y la fabulosa actuación del Mesías político que engaña a las masas con su carisma y dádivas.

La solución para Honduras está en cada uno de los hondureños que conforma la nación. Débil sí, incipiente también, pero de una pequeña brasa surge la llama. En Honduras debemos superar inmediatamente una serie de bardas para comenzar a pensar como una nación que camina, porque hasta los cangrejos que se desplazan en lateral, llegan donde quieren. Caminar hacia una conciencia ambiental colectiva. Caminar hacia la indignación por el agravio ambiental. Caminar hacia el orgullo por lo verde, lo bello, los ríos y el cielo azul. ¿Verdad que el cielo azul se mira hermoso ahora que no hay humo? ¿Por qué no nos sentimos capaces de capitalizar sobre este sentimiento? Aquí está el fundamento de la conciencia ambiental colectiva.

Sepan que no podemos detener el cambio climático, por mucho que digamos «no al cambio climático» es como pedirle al sol que deje de brillar. Es necesario adaptar nuestra vida a una nueva realidad que es el mundo incierto del presente. Podría arengar, decir que necesitamos una educación crítica y un replanteamiento de los valores, combate abierto a la corrupción y aumento del sentimiento nacional, y un sistema que obligue al ciudadano a participar en actividades en pro de la nación, es decir, una forma de voluntariado patriótico. Tal vez esta es una idea muy ambiciosa para una población tan adormitada.   Pero, ¿podría comenzar en el hogar?

Sin necesidad de órdenes superiores podemos promover un cambio de actitud y actividades en pro del planeta. Si en su comunidad hay áreas verdes en los alrededores, terrenos baldíos o ejidales, patios de las escuelas. Si dejamos atrás el «esa es obligación del gobierno» y nos empoderamos de la «cosa pública», en el mediano plazo estaremos pensando en cosas más contundentes a medida que el sentimiento de pertenencia crezca.

Es importante mencionar   que el miedo es algo que debemos dejar atrás; o como dijo Héctor El Father, «dejarlo en la gaveta». El miedo nos está consumiendo en vida. El miedo por el dinero, el miedo por el ambiente que se llama «ecoansiedad», usted y yo lo padecemos. El miedo a la crítica, el miedo al vecino, el miedo a la confrontación, el miedo al miedo. Debemos ser más beligerantes por lo que deseamos conservar, más activos, vocales y comprometidos.

Hemos olvidado que Honduras es nuestra y nosotros somos Honduras. Esta es la última oportunidad para recordar esta premisa fundamental de la existencia del Estado, antes de que lo vendan o malvendan al mejor postor y seamos nuevamente una «banana republic». Solo el pueblo salva al pueblo. Medite sobre esta frase un buen rato. Por favor, por usted, por su familia, por mí y por los míos. Créame, porque yo creo en usted.

En República Dominicana se construye un muro para frenar la migración y en Haití un canal para regar sus cultivos. Unos traficantes me llevan a una mansión en medio de la miseria para hablar con una madame acusada de robar el río Masacre. Las bandas criminales incendian el parque industrial donde trabaja Ingeniero, y 19,000 haitianos en condiciones semiesclavas. El odio se convierte en estructuras de cemento y fuego mientras a un lado y a otro de la frontera los que huyen se enfrentan a la ley de los bandidos.

 

Por Juan Martínez d´Aubuisson

Tráfico de mercancía

Abel y Vincent, los dos haitianos que me llevan oculto, me dicen que baje la cabeza, que si los bandidos me ven podrían atacarnos para secuestrarme. Estamos en una pick up de una sola cabina con un pequeño espacio atrás donde Abel, desafiando los principios elementales de la física, apretuja su enorme cuerpo. Vincent maneja callado y nervioso mientras intenta que nuestro carro no se desbarate en alguno de los baches de esta carretera de Haití. Mis dos guías están armados y en medio del camino me ofrecen una pistola nueve milímetros marca Taurus con un cargador de 17 tiros. Les digo que no quiero esa pistola. Hoy he cruzado la frontera en el sentido inverso de quienes huyen de un país moribundo para acabar a lomos de las motos de los traficantes de la calle Capotillo. A diferencia de ellos no voy a buscar trabajo, mi vida jamás correrá tanto riesgo, pero mientras me cubro el rostro con un pasamontañas y bajo el cogote casi hasta meterlo entre mis piernas, por una fracción de segundo siento una ínfima porción de la vulnerabilidad que deben sentir los haitianos desde hace siglos: la de ser traficados como mercancía.

Toma desde la pick up de dos traficantes que trasladan al periodista en Haití. Sobre la guantera, una pistola nueve milímetros.

Estoy en el lado haitiano de la frontera porque necesito hablar con una mujer, una sobre la que pesa la gravísima e inusual acusación de robar un río. Como agravante de su delito no se trata de cualquier río, es el Masacre, que hace honor a su nombre desde que los conquistadores españoles y los piratas, bucaneros y traficantes franceses se disputaban la frondosa isla de La Española.

Esta mujer se ha vuelto non grata en República Dominicana y, aunque vivió en ese país muchos años, ahora su entrada está prohibida y su seguridad, si llegase a cometer el error de cruzar la frontera, se vería seriamente comprometida. No solo es que el gobierno dominicano haya prohibido su entrada, al menos dos grupos ultranacionalistas, me dirá ella, han amenazado con dañarla. Por eso es tan importante que vaya a su casa.

Llegar hasta Haití no ha sido sencillo. Esta mañana de marzo de 2024 fui muy temprano con mi pasaporte vigente a la aduana dominicana en el pueblo fronterizo de Dajabón, pero ahí los oficiales migratorios me dijeron que era muy riesgoso y que no podían permitirlo. Punto. De nada valió mi argumento de que ellos no tenían jurisdicción para prohibirme el paso dado que no son autoridades haitianas. Un hombre joven me gritó y me dijo que saliera de esa oficina. Luego, cuando intenté pasar de forma irregular, unos oficiales haitianos me regresaron por malas y rústicas maneras. Pero siempre hay formas de violar las fronteras. Al fin y al cabo existen para cruzarse.

Después de mis dos fracasos, hablé con Lucas, un hombre de negocios en Juana Méndez, la mayor ciudad fronteriza del lado haitiano, que por 200 dólares me organizó una forma eficiente de pasar a su país. Me dijo que un hombre con uniforme de policía me esperaría en un punto específico de Dajabón, y que debería entrar en su camioneta. Obedecí y para mi sorpresa quien me esperaba, pistola en cinto, era Géant, el hombrón haitiano que atiza a garrotazos a los haitianos en la frontera. Me sonrió y me dijo que me escondiera en su camioneta. Pasamos frente a dos controles de las fuerzas armadas dominicanas y frente a los policías haitianos de la fuerza Cesfront, encargados de vigilar la frontera. Nadie detuvo a Géant, hasta le lanzaron alguna broma que contestó con alegría. Un par de kilómetros después del muro, de la frontera y del río Masacre Geánt me entregó, cual paquete, a Lucas, quien me metió al pick up donde Abel y Vincent siguen insistiendo en que tome una nueve milímetros porque “portar” a un blanco en Haití es muy peligroso.

Casa de Wideline Pierre, en un lugar en Haití cerca de la frontera.

Circulamos media hora por territorio haitiano hasta que llegamos a una casa grande color crema de dos pisos, con las ventanas polarizadas y un amplio garaje frontal donde están estacionadas varias camionetas. Alrededor de esta casa todo es chabolas y mendigos. Es como una isla de opulencia en un mar de miseria. Un hombre armado sale a recibirnos. Le preguntamos por Wideline Pierre, su jefa, la mujer acusada por el gobierno dominicano de robar el río Masacre, pero él no sabe nada de ninguna reunión. Nos dice que la “madame” está indispuesta y nos invita a retirarnos. Mis guías discuten con él en creole, la lengua más hablada en Hatí, y en tono acalorado. Luego, sin más explicación, se van en la pick up y me dejan solo frente al guardia. Los dos nos miramos sin saber qué hacer.

Ideas de cemento

Construir un muro que separe físicamente los dos países de la isla de La Española es el proyecto insignia del presidente dominicano, Luis Abinader. En 2022 inauguró el primer tramo de “valla inteligente” en la que, aseguró, se destinarán 30 millones de dólares para cubrir menos de la mitad de los 390 kilómetros de frontera y así proteger las zonas más vulnerables y las ciudades. La población dominicana ha expresado por diferentes vías durante los últimos 10 años estar harta de la migración haitiana. Desde 2021, con el asesinato del presidente de Haití Jovel Moïse y la crisis de violencia, el hartazgo es clamor popular. Abinader ha convertido la xenofobia en un megaproyecto de acero y cemento.

Pero los dominicanos no son los únicos que están apostando a transformar las ideas en estructuras. Los haitianos, movidos por la necesidad, y por un sentido de revancha histórica, decidieron construir un canal que desviaría las aguas del Río Masacre hacia el valle de Maribaraux, donde miles de campesinos haitianos siembran arroz y frijoles, la dieta básica en ambos países. Por eso Wideline Pierre es acusada de robar un río.

El muro fronterizo construido por el gobierno dominicano. / El canal construido por diversas entidades de Haití para desviar agua del río Masacre.

Los traficantes de haitianos de la calle Capotillo me explican que el muro les conviene a ellos, ya que ahora el precio por cruzar ilegal a una persona es 100 dólares más alto. Me dicen también que los militares se están llenando los bolsillos, ya que el precio por hacer la vista gorda es ahora mayor. El canal tampoco resolverá la crisis alimenticia ni logrará irrigar de forma eficiente los campos de Maribaraux, así lo dicen dos académicos haitianos y un funcionario dominicano especialista en proyectos de infraestructura que pidieron no ser identificados. En esta frontera expresar una opinión mesurada es peligroso. 

Este muro, como todos los muros, está muy lejos de cortar de tajo la migración ilegal haitiana, y el canal no servirá para que crezcan sin control los cultivos de un país hambriento. Sin embargo, parece que esto poco importa. Unos quieren su muro, otros quieren su canal. Los dos proyectos se han vuelto símbolos y banderas de las ideas nacionalistas más extremistas de cada lado de la frontera.

Las fronteras en las islas, y en esta en particular, son una lucha entre la geografía y la política. Desde hace cuatro siglos estos dos pedazos de tierra son reclamados por naciones diferentes. Luego de derramar mucha sangre y gastar mucha pólvora españoles y franceses llegaron, en 1777, a un acuerdo para repartirse la isla conocido como El Tratado de Aranjuez por la localidad madrileña donde fue firmado por un emisario de Carlos III y otro representando a Luis XVI de Francia. En esos años la parte francesa era la colonia más rica y más productiva de todo el Caribe, mientras que la parte española padecía todos los males económicos y sociales de un imperio en decadencia. Sin embargo, en la España del siglo antepasado se acuñó una frase para resumir esa manía del destino de cambiarnos radicalmente de posición: “arrieros somos y en el camino nos encontraremos”. Varios siglos después es la parte francesa la que se convirtió en el país más pobre de todo el continente y la parte española se volvió una de las naciones con más crecimiento económico de toda América.

El Río Masacre, a pesar de los múltiples acuerdos y tratados fronterizos, quedó siempre como una frontera natural que separaba La Española en dos. Los reclamos de los dominicanos tienen que ver con que el río nace en Lomas de Cabrera, en su territorio, y por tanto toda su corriente les pertenece. Según los haitianos, los 10 kilómetros del Masacre que pasan por Haití son suyos y pueden hacer con ellos lo que quieran. República Dominicana acusa a una mujer haitiana, y a un grupo de “secuaces”, de robarse el río, y los haitianos, ofendidos, aluden a su derecho universal de recuperar lo robado. Según ellos, los ladrones están del otro lado de la frontera.

En las primeras semanas que estuve en la Frontera Masacre hablé con el Padre Chocolate, un sacerdote jesuita dominicano con especialidad en Filosofía Política y Sociología de las Migraciones, quien es el director ejecutivo del Centro Montalvo de Dajabón. Se trata de un tanque de pensamiento que se dedica además a velar por los derechos humanos y a monitorear políticas públicas. El sacerdote, por supuesto, no se llama Chocolate, tampoco estoy protegiendo su identidad en este lugar donde hasta los académicos piden anonimato, pero preguntar por Osvaldo Concepción en Dajabón es poco más que estéril. Él me explica que la disputa muro-canal es el último episodio de una cadena de sucesos en extremo peligrosa. Según el padre Chocolate Concepción, la expansión del muro, que ha venido construyéndose por fases desde 2013, fue interpretada como una afrenta por los haitianos, quienes argumentan que esa obra obstaculiza el paso libre del agua del Río Masacre para sus sembradíos. En respuesta retomaron la construcción de ese canal olvidado desde 2019. El gobierno dominicano, sintiéndose afrentado por el canal, cerró a finales del 2023 las fronteras, dejando así sin la posibilidad de conseguir suministros a miles de haitianos en el mercado de Dajabón. Luego los grupos armados de la frontera haitiana cerraron el paso para más de 18 mil trabajadores de la zona franca CODEVI, que está en territorio haitiano pero que pertenece a empresarios dominicanos.

En medio de esta escalada, los sindicatos haitianos dentro de la zona franca, cansados de tantos abusos y viendo en esta crisis una oportunidad para cobrar viejas cuentas, decidieron recurrir a una antigua y poderosa arma de los haitianos en esta isla. Alrededor de las 8 de la mañana del 15 de agosto de 2023, un guardia privado de origen dominicano detuvo a un joven haitiano. Le dijo que iba muy mal vestido para entrar ese día a trabajar al parque industrial. Unos dicen que iba en sandalias, otros que iba con shorts, otros que iba descalzo, el caso es que, según todas las versiones consultadas, incluyendo la oficial y la de Ingeniero, el guardia le pegó. Pocos minutos después, la humillación se convirtió en fuego.

La madame

Esta especie de guardaespaldas que tengo frente a mí no entiende nada de lo que le digo. En mi casi nulo francés alcanzo a explicarle que estoy acá porque Wideline Pierre, su jefa y dueña de la mansión donde ahora estamos, me citó este día para una entrevista, que soy periodista y que me llamo Juan. “Madame, no. Irte, ir”, me responde en un español peor que el de los guías que me dejaron tirado aquí sin explicación. Pienso en irme, quizá caminar hasta la frontera y, en caso que los secuestradores no me encuentren antes, tratar de cruzar en la dirección en la que lo hacen los miles de haitianos que escapan de su país. Pero en ese momento hace su dramática aparición Wideline Pierre, vestida con una especie de camisón y como flotando en el porche de su mansión. La madame hace un gesto al hombre y este me invita a acercarme. Hemos hablado por teléfono pero no se fía de que yo soy yo, así que me pide que le entregue mi carnet de periodista a su guardaespaldas para que le tome una fotografía al documento.  

“Esa gente me odia. No me importa. Yo defiendo a mi pueblo”, dice la mujer acusada de robar un río una vez nos hemos sentado en los sillones acolchados de un enorme salón adornado por grandes espejos y muebles antiguos. Su guardaespaldas me quitó, por fin, sus furiosos ojos de encima.

La madame es una mujer negra de pelo rizado y ojos almendrados que se mueve por su casa con los gestos de una mariposa gigante. Me dice que el muro está dejando sin agua a los campesinos del valle de Maribaraux, ya que el principal suministro venía desde República Dominicana, pero con la construcción del muro el flujo del río Masacre se ha visto obstaculizado. Wideline Pierre asegura que la oposición al canal por parte de los dominicanos tiene que ver con el racismo y con un sentido de superioridad. Tiene un argumento fuerte: República Dominicana ha construido 11 canales que desvían el agua del Masacre para regar sus propios sembradíos de arroz y frijol. Según la madame, el río ya se lo han robado los dominicanos.

Wideline Pierre, la mujer acusada de robar un tramo del río Masacre, en su casa.

Wideline Pierre habla como una candidata en campaña, cuida las palabras y se guarda de no hablar de su propia vida, sino del proyecto. Ella es la vocera de un grupo conformado por varias personas y organizaciones con el fin de construir ese canal. Cuando le pregunto por las diversas personalidades que han pasado por la obra, como el señor de la guerra Guy Phillipe, el exmilitar que dio un golpe de Estado en el pasado, o por los hombres de Jimmy “Barbecue” Cherizier, el líder de una de las mayores bandas criminales de Puerto Príncipe, sale a relucir su talante político.

“El canal es además un símbolo de orgullo, de resistencia, de solidaridad. Porque es el pueblo quien lo está haciendo, Juan. Ese proyecto cuesta casi 600 mil dólares y todo ha sido donado por el pueblo”, dice la madame. Según ella son los haitianos que viven en el extranjero quienes mandan dinero para los materiales, la mano de obra la ponen los campesinos de la frontera y otros llegan desde lejos a donar y plantar árboles en el cauce del río para fortalecer el canal. Luego de escucharla creo que llevar agua para los cultivos de arroz es quizá un objetivo secundario de esa obra colectiva.

Al final de nuestra charla le pregunto si puedo hacerle una foto, pero la madame es vanidosa y me pide tiempo para arreglarse. Me deja bajo supervisión de su guardaespaldas y sube a acicalarse a su habitación, en el segundo piso de esta mansión de blancos pilares. Regresa al cabo de unos minutos vestida con un pantalón negro y una colorida camisa de botones. Se ha perfumado, se ha pintado los labios color carmesí y se ha delineado unos grandes ojos, como de faraona egipcia. La madame se sienta en un sillón grandote que la hace ver como una niña y sonríe. Luego pide a su guardaespaldas que me tome otra foto. Le pregunto si pudiera ella acompañarme a visitar el canal y la mujer acusada de robarse un río me responde que no, que yo luzco como un dominicano y que puede ser peligroso. Me dice que no vaya, y que de ir no cuente con su compañía.

Salgo de la mansión y para mi sorpresa me encuentro con Abel y Vincent recostados en su pick up, comiendo una fruta y jugueteando con sus pistolas. Me saludan tranquilos, como si hace poco más de una hora no me hubiesen dejado tirado a mi suerte frente a un matón armado. La alegría que me da verlos borra cualquier asomo de rencor y tengo que hacer un esfuerzo para no abrazarlos. No tengo claro por qué estos hombres me llevan y me obedecen. Quizá Lucas, mi contacto en Haití les pagó, quizá esperan una paga de mi parte. Quizá tienen interés en que yo vea el canal con mis ojos, quizá es Lucas quien tiene ese interés.

Cuando les pregunto solo me responden que no me preocupe, que nadie me va a hacer nada. Ya saben, por alguna razón, que voy hacia el canal. Me invitan a subir a la pick up y me vuelven a ofrecer la nueve milímetros.


Incendio en ‘la plantación’ de textiles

El 15 de agosto de 2023, Ingeniero se disponía a comer su almuerzo en su oficina, en una de las tantas fábricas textiles que alberga el complejo CODEVI, cuando escuchó un sonido parecido al mar cuando está bravo. Se asomó por la ventana y vio a cientos de hombres y mujeres con el rostro cubierto destrozándolo todo en el complejo y tratando de entrar en la nave industrial en la que él trabajaba. “Se quitan la camisa y se la ponen a modo de pasamontañas, comienzan a brincar y ahí es cuando te tienes que ir a la mierda porque ya vienen locos”. Ingeniero, dice, logró salir por la ventana y correr junto a sus compañeros los cien metros que les separaban de Dominicana. En el camino cargaron a una mujer que se desmayó por el humo de los incendios y por la impresión de ver aquel furioso oleaje humano. Llegaron hasta Villas CODEVI, el lugar donde se hospedan los empresarios ricos cuando vienen hasta acá, y donde se encuentran además las oficinas administrativas del parque industrial. La turba que se había formado después de que el guardia privado dominicano le pegara al trabajador haitiano, había alcanzado la enfermería del parque y había volcado una ambulancia a la que le prendieron fuego, pero no llegó hasta Villas CODEVI, aquello estaba ya lleno de militares dominicanos.

Ese día la columna de humo se vio por todo Dajabón.  

A mediados de marzo de 2024, un gerente de producción de una de las maquilas del parque industrial, a quien llamaremos Doner, me muestra las rejas de hierro que tuvieron que instalar luego de ese evento. “Yo estaba trabajando normalmente y de pronto empezamos a ver las hordas, porque el comportamiento en Haití es de horda, por ser africanos”, dice el gerente Doner a modo de ilustración antropológica. Me muestra también un espacio de concreto donde han preparado un búnker para que los empleados administrativos, dominicanos todos, puedan esconderse en la próxima revuelta.

Al parque industrial CODEVI entran cada día un aproximado de 19,000 haitianos a trabajar largas jornadas en esos hornos de lata para fabricar ropa de marcas como Victoria Secret´s, Hanes o Levi’s y uniformes de la liga estadounidense de béisbol. Según Doner e Ingeniero los salarios son tan bajos (165 dólares americanos por mes) y las condiciones para los empresarios tan beneficiosas, que a pesar de los constantes paros, huelgas, quemas y asaltos de “hordas” a los dueños dominicanos, asiáticos o estadounidenses de estas maquilas les resulta rentable.

“La gente llega oliendo a pescado muerto, son sucios. No sabes cómo es el olor ahí adentro”, me dice Ingeniero, quien fue gerente de producción en una maquila del parque. “A cada rato van a la enfermería porque se desmayan de hambre. Yo guardaba galletas en mi oficina y cuando alguno se me desmayaba le daba una. El problema es que se corrió la voz y todos empezaron a desmayarse. Todo por una pinche galleta”.

Operaria de una de las empresas del parque Industrial CODEVI, en Haití, da las puntadas finales a un cobertor para colchones.

El parque industrial CODEVI sigue una lógica muy similar a la que impusieron los europeos desde que invadieron La Española en el siglo XVI: reunir mano de obra, hacerla trabajar por un sueldo miserable —antes como esclava—, y exportar el producto de ese trabajo al primer mundo. En muchos sentidos es la heredera en lo que entonces se llamaba Saint Domingue y que, según varios historiadores, se volvió la colonia más rica de toda América. Todo esto ha sido impulsado por el congreso de Estados Unidos. En 2006 se firmó el tratado HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through Partnership Encouragement) que exime de impuestos a los productos textiles manufacturados en Haití y que protege y estimula la entrada de capitales y empresas multinacionales. En esencia no se diferencia mucho a los paquetes jurídicos que tuvieron los franceses en los siglos pasados para explotar la caña de azúcar.

En el hotel “Villas CODEVI” y las oficinas administrativas, justo al lado de las naves industriales, pero del lado dominicano, se producen escenas como sacadas de Lo que el viento se llevó o La Cabaña del Tío Tom. En esta finca de lujo hay varias decenas de bungalows, o cabañas, con aire acondicionado, camas mullidas de última generación y un club con piscina, billar, restaurante y gimnasio. Una noche puede costar hasta 250 dólares. Una manada de pavos reales deambula por el complejo y una música suave sale de los arbustos donde se han instalado parlantes en forma de roca. Mientras atractivas rubias de cuerpos imposibles se lanzan de clavado a las piscinas y musculosos y apuestos jóvenes blancos hinchan los músculos en el gimnasio, decenas de trabajadores haitianos barren, sirven tragos y entregan toallas siempre con una sonrisa y con la cabeza baja. 

Toma en el restaurante de lujo de Villas CODEVI, un hotel para dueños y gerentes de maquilas, a metros de las naves industriales del parque industrial.

A los grand Blanc, como se les llamaba a los empresarios esclavistas franceses, se les olvidó la matemática hace 233 años. Se calcula que en aquel entonces había casi medio millón de esclavos negros, frente a apenas unos 5 mil franceses blancos dueños de plantaciones, y unos 65 mil hombres libres, entre negros libertos, mestizos y blancos no terratenientes. En 1791, luego de una gran ceremonia religiosa vudú en un lugar llamado Boise Caimán, y luego de una intrincada organización revolucionaria al interior de las haciendas esclavistas, los esclavos se vengaron. Los machetes, el fuego y el veneno fueron sus aliados. La frase es trillada, pero quien no conoce su historia está condenado a repetirla.

Desde la crisis de violencia por el asesinato del presidente Moise, las revueltas obligan a marcharse a las empresas extranjeras. El 31 de marzo de este año bandas armadas saquearon e incendiaron el parque industrial Digneron, ubicado en la ciudad de Croix-des-Bouquets. Lo mismo pasó en 2022 con el parque industrial Caracol, ubicado en Cabo Haitiano, que tuvo que cerrar al quedarse sus plantas eléctricas sin combustible luego que los grupos criminales secuestraran la principal reserva de combustible de esa zona del país. El parque industrial CODEVI, que pertenece a la empresa MD, fundada por Fernando Capellán, “el gurú del Caribe”, es el único que sigue funcionando en todo Haití, pero tanto Ingeniero como el gerente Doner me cuentan que varias empresas están comenzando el proceso de marcharse.

Las nuevas tensiones por el conflicto muro-canal están volviendo insostenible la producción. En septiembre de 2022 grupos armados entraron a la planta hiriendo a varios trabajadores. En enero de 2023 hubo fuertes revueltas y paro de labores. Las revueltas de junio descritas en esta crónica por Ingeniero y por el gerente Doner dejaron dos muertos y cuantiosos daños en diferentes naves de la planta. En enero de 2024 la planta cerró nuevamente de forma indefinida producto de las tensiones provocadas por el canal. En marzo, mientras hacía el trabajo de campo para este material, nuevamente se paralizó la actividad en la planta y los obreros se retiraron en masa a media jornada. Un grupo armado de origen desconocido amenazó con quemar la escuela del municipio fronterizo de Juana Méndez, donde se encuentra CODEVI y donde estudian la mayoría de los hijos de los operarios. La cadencia de estos eventos hacen muy difícil que las empresas cumplan con sus obligaciones y sus entregas, cayendo muchas veces en penalidades económicas o pérdidas de materiales.  

Durante mi entrevista con Doner, el gerente de producción me dice tener una serie de protocolos para resguardarse y resguardar al personal administrativo de la furia de la “horda” de operarios de maquila descontentos. Sin embargo, Ingeniero me revela después que tales protocolos no existen en la mayoría de naves, y donde los hay son insuficientes. “¿Sabes cuál es el protocolo con las revueltas de haitianos?”, pregunta de forma retórica Ingeniero. “Correr por tu vida”.

Operarios Haitianos trabajando en una de las empresas del parque industrial CODEVI.

El canal de la discordia

El camino hacia el canal es extrañamente sombrío. Dejamos atrás la casa de la madame Wideline Pierre y avanzamos hasta llegar a la ciudad de Juana Méndez. Cruzamos varios barrios de chabolas donde mujeres y niños vegetan frente a sus casas. Casi no veo hombres en los barrios. El polvo los cubre y el calor parece haberlos secado a todos. El color canela del polvo les homogeniza y los mimetiza con las casas y el camino. Las escenas de miseria son chocantes, lo que no veo es la presencia de las bandas de secuestradores de las que tanto hablan Abel y Vincent. Así que me quito el pasamontañas y les pido, ya un poco molesto, que por favor guarden esa pistola que tanto me ofrecen. Las señales dicen que por acá el asesino más común es el hambre y contra ella aun no se inventan armas. 

En las calles de Juana Méndez todo y todos se mueven despacio y parecen aburrirse viendo a los pocos, poquísimos, vehículos que transitan, a vuelta de rueda, por las calles llenas de hoyos. Un niño está sentado frente a su casa. Sobre sus pies pasa el agua sucia de un pequeño canal en la tierra. Mira al suelo como ido, y sobre su cabeza se posan varias moscas a las que les da la misma importancia que al agua sucia sobre sus pies descalzos.

Vistas de las obras de construcción del canal para desviar agua del río Masacre, financiado por organizaciones y particulares haitianos.

Llegamos al canal y en él un grupo de trabajadores descansan a la sombra. Son voluntarios y trabajan cuando el sol y las energías se lo permiten. Dos hombres uniformados y armados se nos acercan, uno es un capitán y el otro su subalterno. Ambos pertenecen a lo que queda de la división de policía ambiental de Haití. El canal está lejos de ser una estructura monumental. Consiste en un dique en una de las curvaturas del Río Masacre, y luego, en una serie de pasadizos de cemento y hormigón por donde, una vez terminado, pasará el agua en diferentes esclusas que se abrirán y cerrarán según el flujo de agua y según la necesidad de las plantaciones de Maribaraux. 

Los dos policías me hacen algunas preguntas, desconfiados, pero Abel habla con ellos en creole. Ahí me entero de que Abel fue policía y ahora se dedica a actividades un tanto más fructíferas, como por ejemplo colar personas en esta frontera. Al saber que soy periodista el semblante de los policías cambia y dejan atrás su interrogatorio y su desconfianza. Están orgullosos de su canal y quieren mostrarlo.

Hasta acá han venido las figuras haitianas más importantes de los últimos años. Guy Phillipe, el policía de Puerto Príncipe entrenado por los Estados Unidos que lideró el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, estuvo aquí solo un mes después de llegar al país deportado luego de pasar 10 años en cárceles estadounidenses. En enero de 2024 dio una arenga en el canal en la que dijo que “podemos hacer cuantos canales queramos” y alentó el sentimiento patrio antidominicano.

Guy Phillipe ha sido el señor de la guerra por excelencia en Haití. No solo logró dar un golpe de Estado efectivo, sino que aglutinó a buena parte de la policía y el ejército haitiano bajo sus órdenes. Es ahora mismo una de las figuras más importantes y uno de los warlords con más seguidores dentro de Haití. Hablé con él en febrero de 2024, cuando llegamos al tema del canal expresó algo similar al discurso de la madame: dijo que el río es de los haitianos, que tienen derecho sobre él, y que de ser necesario lo defenderán por cualquier vía.

Los policías me hacen bajar al canal. “Tiene suerte, está usted ahora mismo dentro del canal del Río Masacre”, anuncia el capitán con el orgullo que un parisino mostraría los intestinos metálicos de la Torre Eiffel. Me muestran una a una las esclusas haciendo largas explicaciones sobre la ruta que el Masacre tomará en esos túneles una vez logren domarlo. Me llevan luego a una especie de mirador con barandas para que unos hipotéticos turistas vengan en el futuro a ver cómo corren las aguas color café del río. Es tanta la esperanza que los diseñadores han puesto en este canal que incluso han instalado unos bustos de lata con la forma de los próceres de la independencia haitiana. Ahí está Boukman, el esclavo liberto que llegó de Jamaica y lideró la gran revolución de esclavos en 1791. Tousant Loventour, el cultísimo libertador de esclavos que venció a las tropas napoleónicas y fue traicionado y encerrado en una prisión francesa hasta su muerte en 1803. Y Henrry Christoph, autoproclamado como Enrique I, el primer gran emperador de Haití que terminó volándose los sesos con una bala de oro en 1820, en una de las fortalezas más magníficas jamás construidas en el Caribe. 

Bustos de diferentes próceres haitianos en el canal. La obra representa un símbolo de orgullo en medio de la crisis de violencia e ingobernabilidad.

Sin los lentes del patriotismo el canal es poco más que la construcción de una banqueta larga en cualquier ciudad de América. Pero acá, en medio del caos que reina desde hace siglos, y luego de la gran crisis de violencia e ingobernabilidad que inició en 2021, representa para los haitianos la dignidad y la posibilidad de pelear, como lo hicieron siglos atrás, contra enemigos más poderosos. También la improbable oportunidad de ganarles. 

Pero del otro lado de la frontera, República Dominicana no está dispuesta a perder un río así como así: los dominicanos prefieren secarlo antes que dejárselo a sus vecinos. Desde finales de marzo uno de los canales del río Masacre del lado dominicano amaneció con tres enormes motobombas que pretenden sacar el agua antes que esta llegue al canal haitiano. El 1 de abril, el presidente Luis Abinader ordenó que se hicieran las instalaciones eléctricas necesarias para sustituir las motobombas por sistema de bombeado eléctrico, mucho más eficientes y con capacidad de sacar más agua del Masacre.

Mis guías me dicen que debemos regresar. A las 5 de la tarde el Capitán Bueno cierra las puertas de la frontera y si eso ocurre deberemos entrar por los montes, como hacen los haitianos cada día. Deshacemos el camino por la localidad deprimida de Juana Méndez. El muro queda a nuestra izquierda. Se ve tan gris como poco imponente. Mis guías me dicen que fue construido en gran medida con mano de obra haitiana. El mismo niño sigue casi inmóvil viendo el camino y las aguas sucias siguen mojando sus pies descalzos. En un lugar cerca de la frontera me espera nuevamente Géant, cansado de apalear a sus compatriotas durante todo el día. Me esconde en su carro y hacemos el mismo protocolo, ignorando todas las normas, para cruzar a República Dominicana. 

A la mañana siguiente es día de mercado en Dajabón y voy al puente fronterizo, ahí está el Capitán Bueno y Géant, y unos 20,000 haitianos que esperan para cruzar. Muchos de ellos aprovecharán para huir de Haití, un país moribundo tomado por las bandas criminales, pero cuando crucen el río Masacre les esperan más grupos al margen de la ley. En la Frontera Masacre, mientras las ideas se convierten en cemento, el odio se cubre la cara con pasamontañas, viste de negro y monta en motocicletas. 

CONTINUARÁ…  

Frontera Masacre es una serie de Redacción Regional y Dromómanos. 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Texto: Pablo Mejía
Portada: Persy Cabrera

Como hondureño en el extranjero, me he dado cuenta de un mal que agobia a Honduras de forma silenciosa. Estamos tan sumidos en este mal, que no nos damos cuenta de que es, en realidad, una de las causas principales de todos nuestros problemas desde hace más de un siglo. Me referiré a este asunto como «votar por color».

El bipartidismo y sus consecuencias en el país han prevalecido desde nuestros inicios como nación. Pensemos en Morazán con sus ideas liberales, y cómo la Iglesia y los poderes conservadores del momento le pusieron fin a su sueño; o, visto desde otra perspectiva, cómo Costa Rica acabó visualizando a Morazán como un posible dictador que iba a destruir el orden en las jóvenes provincias. Ambos bandos tenían una visión sobre Centroamérica; interpretando una frase de Fallout, la serie de Prime Video: «Todos quieren salvar al mundo, solo no están de acuerdo en cómo». Todos quieren salvar a Honduras (o bueno, al menos así parecía en aquella prematura República desordenada), pero ningún político construye sobre lo que el otro hizo. Al contrario, se desarma lo anterior para construir sus propios cimientos. Ahora lo que nos queda es un ciclo de desesperanza que se repite cada cuatro años.

Y, en efecto, la historia se repitió. Con los años, el país llegó a una era «democrática», ya como una nación independiente, y poco a poco nacieron ideales que divergen demasiado el uno del otro. 

Por un lado, bajo la influencia de la Iglesia, nacieron los movimientos conservadores del siglo XIX, que nos tuvieron en un constante «dime que te diré» político, motivando incluso conflictos bélicos como la guerra civil de 1907, motivada por, nuevamente, una ideología completamente opuesta a la de los aspirantes al gobierno del momento. Esta guerra fue protagonizada por Manuel Bonilla, fundador del Partido Nacional, quien se peleó con Terencio Sierra y después con el fundador del Partido Liberal, Policarpo Bonilla. Cabe destacar que todo apoyado por países vecinos, El Salvador y Nicaragua puntualmente, dos víctimas de un fenómeno similar que describiré más adelante. 

Aquí nacieron los movimientos que gobernaron y gobiernan a Honduras dos siglos después, con constantes conflictos similares. Antes de Manuel Bonilla, José María Medina había llevado a cabo mandatos derechistas, pero posteriormente, figuras como Marco Aurelio Soto asumieron el poder bajo una ideología liberal. En 1987, debido a conflictos internos entre los propios liberales, el escenario político hondureño pasó a estar dominado por el joven Partido Nacional. Durante este periodo, Francisco Bertrand instauró una dictadura derechista, la cual finalmente cedió el poder a los liberales, que se mantuvieron en el gobierno hasta la administración de Vicente Tosta. 

En 1923 el ciclo se repitió, con otro conflicto motivado por Tiburcio Carías, el dictador más famoso de nuestra historia. Tras 15 años del autoritarismo de Carías, se retomó la democracia con Ramón Villeda Morales, que fue derrocado por López Arellano, quien nos llevó a la guerra con El Salvador. 

Entrando a la historia moderna, nos encontramos con el infame golpe de Estado de 2009, y luego con la instalación del Gobierno —convertido  posteriormente en una narcodictadura— nacionalista, para acabar años después dándole la victoria a Manuel Zelaya, o bueno, Xiomara Castro, la primera mujer presidenta y la cabeza de uno de los gobiernos con casos de nepotismo más bárbaros que hemos presenciado en años recientes.

¿Se nota el patrón? Si no, lo pongo claro: las mismas dos corrientes de pensamiento ya llevan un siglo causando conflicto en el país, y ambos hoy en día se refugian en partidos pequeños y grupos de presión, como la Iglesia pentecostal de parte de la derecha, o la instrumentalización que ha hecho Libre, con Xiomara Castro, de la agenda feminista.

Hoy tenemos, por un lado a la izquierda del Partido Liberal (ahora un partido más de centro), que pasó a ser el Partido Libertad y Refundación (Libre). Este tiene líderes con posibles y serios trasfondos criminales, evidenciados por casos como el de Carlos Zelaya y Fabio Lobo, que tienen una relación estrecha con una red de narcotráfico donde ambos son deuteragonistas, como quedó evidenciado por las  menciones que se hizo de ambos en los juicios contra narcotraficantes en Estados Unidos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. 

También tenemos como antecedente de esos trasfondos la soterrada orden de captura emitida por Interpol allá por 2009 contra Rixi Moncada y el propio Manuel Zelaya. De forma similar, en el Partido Nacional se llega al punto de que dos de sus líderes más populares fueron extraditados a Estados Unidos, Callejas y Juan Orlando, por cargos de lavado de dinero y conspiración, respectivamente. 

Algunas de las personas que integran el Partido Nacional también son parte de la élite económica que ha acaparado el mercado nacional y maniobrado con nuestros costos de vida, drenando también las arcas del Estado, valiéndose de un fuerte trasfondo militar con el que propiciaron golpes de Estado, incluyendo contra el propio Zelaya.

A pesar de todo esto, cabe decir que ningún partido, ningún gobernante, ningún dictador, ningún amo podrá someter a esclavos si, para empezar, no hay esclavos. En este sentido, me pregunto, ¿es realmente culpa de los partidos que estemos así? Rebobino, y traigo sobre la mesa un factor que no mencioné para evitar spoilers: la participación popular. ¿Nos acordamos de nuestros abuelos y abuelas, y cómo estos seguían o siguen a su partido porque sus ancestros así lo hacían? ¿No es acaso común encontrar banderas de partidos políticos en las casuchas de pueblos remotos? ¿No somos nosotros quienes preguntamos a un compañero de trabajo a qué partido está afiliado? Y Dios guarde a quien es afín a un partido que no es el de su empleador, porque al menos en este gobierno estamos viendo que despiden y rechazan gente por haber votado por cualquiera menos Xiomara, de forma descarada, teniendo la osadía de llamarle mapaches a aquellos que trabajan sin ser del partido. Y aunque esto también ocurría en gobiernos anteriores, era en menor cantidad y con más discreción. 

A pesar de que hoy por hoy existen más partidos que distorsionan la imagen que tenemos del bipartidismo, la realidad es que son siempre los mismos los que ganan las elecciones, y eso es porque nos acostumbramos a ellos, a sus batallas y sus discursos. La lucha sigue entre los mismos políticos de hace una década, y la red se mantiene rígida, carcomiendo nuestras arcas con mayor astucia que antes, ¿y nosotros en qué estamos? Peleando por una bandera que al final es del mismo grupo. 

Y hago un paréntesis. Que no se entienda esto tampoco como un mensaje en contra de la política, porque, al final, la política en sí misma debe ser noble y un servicio a la sociedad. Ser afín a un partido es parte del ejercicio de la libertad de pensamiento, pues nos apegamos a uno por sus ideas. El problema está cuando es por su color. 

En lo particular, me identifico con el Partido Liberal, porque sus bases filosóficas son en pro de una economía que fomenta el libre mercado y la regulación medida del Estado, y de una sociedad plural, diversa y con libertad de expresión, pero eso no me lleva a mí a ser fanático del partido y votar por sus candidatos siempre, porque a mí no me enamora el color; me enamoran las ideas. 

Dicho eso, a lo que quiero llegar es que, como pueblo, somos esclavos de los colores de las banderas. Nos emocionamos por votar por un partido, su bandera, su color, su símbolo, y no por quien está detrás de esa pancarta. Solo observe a su alrededor cuando haya una manifestación, y vea cuántas banderas de Honduras hay en la protesta, comparado con la cantidad de banderas de Libre, del Partido Liberal o el Partido Nacional. Irónico es que la única bandera que simboliza la unión y virtudes de nuestros hermanos sea la menos alzada en movimientos supuestamente a favor de ellos. Por esta razón, nuestro país no tiene riendas ni jinete. Todos vamos arrastrados por el piso, peleando entre nosotros para agarrar de los pelos al caballo, sin una visión real de cómo lo vamos a estabilizar.

Dígame usted, lector, ¿qué está dispuesto a dar por su partido? ¿Qué está dispuesto a dar por Honduras?

Texto: María Eugenia Ramos

Fotografía: Fernando Destephen

«Al cuerpo que dejamos en la orilla / regresamos distintos, / con un vacío a medias, / como quien ha dejado alguna cosa / que no se sabe qué es, / allá, / del otro lado». Estos versos de la poeta y narradora colombiana Piedad Bonett (Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2024), en el epígrafe del libro Crónicas de lo que dejamos en la orilla, del escritor hondureño Dany Díaz (Flor de Mezcal, 2024), generan una expectativa sobre las búsquedas existenciales del autor que sus 75 páginas satisfacen con creces.

Con una prosa intimista y prolija, Díaz narra en las cinco crónicas que conforman este libro el itinerario y las vicisitudes de algunos de sus viajes por Europa y Centroamérica; no obstante, el viaje más importante que nos narra no es uno que requiera de boletos de avión ni visas, sino de valentía para verse en el espejo a sí mismo y ahondar en las propias raíces, incluso a costa de incursionar en recuerdos a veces dolorosos.

«Un septiembre en Portugal», la primera de las crónicas, comienza relatándonos que, cuando tenía 15 años, el autor decidió viajar por lo menos una vez al año, ya fuera a algún lugar cercano a su aldea, o a otro continente, resolución que, nos dice, ha podido cumplir. Estremoz, en Portugal, fue uno de los destinos que lo acogió, gracias a la beca que obtuvo para una residencia artística de tres meses, para la cual pidió licencia en su trabajo.

Hay que decir en este punto que Dany Díaz tiene más de un sombrero. Ser escritor ha sido una vocación temprana, que inició desde que en su aldea (de la que nunca nos revela el nombre) llevaba apuntes en una libretita roja de los acontecimientos de su entorno y de sus reflexiones de niño precoz. A pesar de sus humildes orígenes rurales, logró estudiar becado en Estados Unidos, donde cursó dos maestrías en prestigiosas universidades, en ciencias políticas y políticas públicas. Es por ello que otro de sus sombreros es el de consultor en políticas públicas para Guatemala, Honduras y El Salvador.

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La experiencia de la residencia artística en Estremoz le permitió a Dany establecer puntos de contacto entre su obra y la de otros creadores, especialmente de la plástica, no solo a nivel de realización, sino en un sentido más profundo, el de las búsquedas personales y el sentido de identidad. Así, el incendio de 2017 en la Torre Grenfell de Londres, en el que murieron 72 personas, tiene para Dany un paralelo con el incendio del penal de Comayagua en 2012, donde perdieron la vida 360 privados de libertad. En ambos casos, las personas y entidades responsables ocultaron información, y las heridas causadas por omisión, negligencia o de forma deliberada, siguen abiertas. 

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Stella Whalley, artista visual de Londres, compañera de Díaz en la residencia de Estremoz, creó una instalación inspirada en la tragedia de su ciudad, a la que tituló «Estoy harta de…». Dany escribió un cuento titulado «El llavero», inspirado, según nos dice, en el hecho de que cuando comenzó el incendio en el penal de Comayagua nadie sabía dónde estaba el guardia que tenía las llaves, por lo cual los presos murieron quemados en sus celdas. Stella incluyó en su instalación un cuaderno negro que Dany le obsequió, y escribió en la tapa: No más secretos. 

Este detalle, revelado al final de esta primera crónica, constituye la clave de la tónica del libro: la escritura como herramienta contra los silencios, contra los secretos, ya sea oficiales, familiares, o esos tan profundos que no nos atrevemos a contárnoslos a nosotras y nosotros mismos.

No es de extrañar, pues, que ya en la segunda crónica Dany Díaz narre de manera incisiva y sin reservas —más que la deliberada omisión del nombre de su aldea— su historia familiar, que como la de muchas otras familias hondureñas, lejos de ser color de rosa, está teñida por abandonos, resentimientos, irresponsabilidad paterna, lejanías, e incluso maltrato y violencia sexual. 

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«Todas mis guerras» se titula acertadamente la crónica en la que Dany nos cuenta sus batallas por conocer la historia familiar, marcada por un hecho perturbador: su abuela materna, que fue una de las muchas personas de nacionalidad salvadoreña expulsadas de Honduras en el marco de la guerra de 1969 con El Salvador, se marchó a su tierra natal con otros de sus hijos, pero a último momento decidió dejar a la madre de Dany con su familia hondureña, desentendiéndose de ella desde entonces.

Las batallas de Dany por desenterrar los secretos de su historia familiar, y la desmitificación de la figura de su abuela y su abuelo, así como la representación de su padre como un alcohólico que murió en el patio trasero de la casa de sus hijos, se inscriben en estas búsquedas dolorosas que cuestionan uno de los mitos más poderosos de las sociedades: la familia perfecta.

«Trato de pensar», dice Dany, «en la última vez que nos sentamos a reírnos en mi familia y no puedo recordar un momento específico. Pienso que no todas las familias que se ríen son felices, pero también me digo que es muy difícil ser feliz y no reírte».

La siguiente crónica, «Loki», narra los intentos no del todo afortunados de Dany por establecer una relación con el perro de su hermano, bautizado como el dios de la mitología nórdica. Haciendo honor a su nombre, Loki es travieso y está lleno de una energía que no siempre es bien comprendida. El relato transcurre en la aldea natal de Dany, ese pequeño universo del que, parafraseando a Cervantes, se diría «de cuyo nombre me acuerdo, pero no puedo contarte»; y tal vez no sea casual que en la crónica el autor diga que no pudo enojarse cuando Loki le mordió su ejemplar de El Quijote.

«Cómo han caído los valientes», la siguiente crónica, revela otra de las búsquedas de Dany, esta vez su relación poco convencional con la religión, ya que se define como agnóstico, y paralelamente su entrañable amistad con Saúl, un sacerdote franciscano de origen salvadoreño, con quien se conocieron cuando ambos eran estudiantes de la Universidad John Carroll. 

En el transcurso de su amistad, Saúl invita a Dany a conocer a su madre y al resto de su familia en El Salvador. Años después, Saúl fallece en un accidente automovilístico, y pese al vínculo genuino entre ambos, Dany se encuentra a sí mismo incapaz de contactar a la madre o al resto de la familia para darles el pésame. Durante la pandemia de Covid, a los dos años del fallecimiento de Saúl, Dany viaja a El Salvador y finalmente se anima a visitar a la madre de su amigo. La recuerda como una mujer fuerte, el bastión de toda la familia; sin embargo, ha tenido un accidente y ya no puede caminar, lo que la convierte, a sus 92 años, en una mujer imposibilitada de valerse por sí misma. 

Como parte de su duelo por la muerte de su amigo, Dany busca en los Evangelios la explicación del porqué Saúl decidió convertirse en fraile franciscano, cuando pudo haberse convertido en especialista en informática y ganar mucho dinero. También busca una respuesta en sus conversaciones con amistades entendidas en teología. Todas estas indagaciones, finalmente, no son capaces de darle una respuesta del todo satisfactoria, pues en su condición de agnóstico sólo puede entenderlo «en un nivel intelectual», según reconoce. Sin embargo, la búsqueda en sí misma, y el encuentro con la familia de Saúl, representan para Dany una forma de consuelo por la pérdida.

La última crónica del libro, «Fin del mundo en octubre», nos muestra otra faceta del autor, que ya había asomado en otros momentos, particularmente en el relato del cachorro Loki: un fino sentido del humor que acompaña a un implacable ojo crítico, con los que desmenuza las creencias sobre el próximo fin del mundo, que en diferentes épocas han sustentado individuos y sectas. 

A los diez años de edad, Dany había desarrollado un método para desvirtuar las profecías apocalípticas de una vecina, con el auxilio de los datos proporcionados por la Enciclopedia Océano; sumar el año en curso (1998) con la expectativa de vida más alta, en ese entonces, la de Japón, 92; por consiguiente, el mundo, según Dany, no podría acabarse antes del año 2090.

«Luego», nos dice, «llegó octubre y ya no estuve tan seguro». 

En efecto, en octubre de 1998 el huracán Mitch llegó a Honduras y causó enormes pérdidas humanas y materiales. A pesar de que no alcanzó a afectar la aldea de Dany, escucharon por la radio cómo los ríos arrasaban con casas, puentes, carreteras, y las familias decidieron refugiarse en un lugar seguro. Díaz narra cómo la aldea careció de agua potable y de energía eléctrica durante varios meses. En medio del relato del desastre, vuelve a asomar su sentido del humor, cuando cuenta que algún vecino propuso ir a hacerse de los electrodomésticos de las tiendas destruidas, que nadaban en las calles inundadas de Tegucigalpa.

Con abundantes referencias a las lecturas del autor, como también a su compromiso social, que no deriva en el panfleto, Crónicas de lo que dejamos en la orilla es una obra muy bien concebida y estructurada. A la capacidad de Díaz para describir entornos, caracteres y situaciones, se aúna un lenguaje no solo evocador, sino también poético: «aun cuando nuestras sangres hayan existido como ríos que nunca se cruzan, separados por el tiempo y antiguos silencios»; «su piel parece un papel resquebrajado».

Con excepción de algunos detalles relacionados con el cuidado editorial, especialmente el uso de las tildes, la lectura de estas crónicas representa un soplo de aire fresco, con una visión que no por realista es menos esperanzadora, tal como nos dice el autor: «La promesa de que nuestras pérdidas más profundas no son irremediables es una promesa de esperanza, la posibilidad de que al fin y al cabo habrá un tipo de integración de nuestras partes oscuras con la luz». 

Unos 40,000 haitianos cruzan hacia República Dominicana cada semana, muchos para no regresar. Atrás dejan un país con un Estado moribundo y una capital gobernada por bandas criminales. En la frontera son animales para las autoridades y mercancía para los traficantes, las mujeres dan a luz en tierra hostil y los vivos se esconden en cementerios. En la calle Capitolio, el epicentro del submundo de la Frontera Masacre, Ingeniero se convierte en Baron Samedí y a Bridgitte, la reina de los barrios bajos, están a punto de romperle el corazón.

Por Juan Martínez d´Aubuisson

Géant está cansado

El Capitán Bueno de la Fuerza Armada Dominicana da la orden de abrir los portones de la frontera. Junto a él hay un grupo de diez militares con fusiles y pertrechos de guerra. Son las 8 de la mañana y al menos 20,000 haitianos cruzarán hacia la ciudad de Dajabón para comprar en el mercado binacional lo que no pueden conseguir en los pueblos fronterizos de Haití, que es casi todo. Del lado haitiano, un policía muy rudo trata de organizar a la multitud como lo haría un pastor con un ganado empecinado en desordenarse: a garrotazos. Es un haitiano enorme, musculoso y con una barriga prominente que le hace caminar balanceando los brazos casi detrás de su espalda. Le llamaremos Géant para proteger su identidad. Tiene las piernas arqueadas y fuertes y ha decorado su dentadura con coronas de plata. Zumba el primer golpe sobre la multitud, zumba el segundo y en un afán de huir de él unas 60 personas se lastiman entre sí durante una pequeña estampida.  

Géant tiene un trabajo pesado, pesadísimo. Ahora persigue a un niño que intenta pasar cargando una caja de lustre de zapatos, y luego atiza a palazos a una mujer que, aprovechándose de su descuido, quiso saltarse la línea. Géant suda copiosamente mientras corre por el estrecho puente, de no más de 30 pasos de ancho, y golpea a la gente con su palo delgado. Pero es muy grande, y pronto se va quedando sin aliento, de tanto correr, de tanto pegar. 

Del lado dominicano la estrategia es más sofisticada: son varios los encargados de atormentar a esta marea humana movida por la necesidad. El Capitán Bueno, además de sus fusiles reglamentarios, tiene un bate de béisbol. Sus hombres, palos de madera. Todos cargan pistolas de electricidad que al encenderlas hacen un ruido espantoso como el canto de cien cigarras.

“Son como animales”, me dice el Capitán Bueno después de asestar un buen garrotazo sobre el bulto que un haitiano cargaba sobre su cabeza y que trataba de colar sin hacer fila.

Militares y agentes migratorios dominicanos frente al portón de la frontera con Haití en la ciudad de Dajabón.

La escena transcurre una mañana de febrero de 2024 en el puente fronterizo construido sobre el río Masacre, un riachuelo que ha constituido la frontera natural que divide los dos países que comparten la isla de La Española. La frontera estuvo cerrada dos meses a finales de 2023 por serios problemas diplomáticos entre dos naciones con serios enfrentamientos históricos. A esto se ha sumado una crisis de violencia en Haití luego de que en 2021 un terremoto dejó en el suelo la infraestructura básica como hospitales, carreteras, escuelas y estaciones de policía un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moise, y confederaciones de bandas criminales como el G9, el G-Pep, y los 400 Mawazo (400 Pensamientos) de Puerto Príncipe, la capital, se tomaran la mayor parte de la ciudad.

 

La crisis humanitaria, que ya sufría el país desde otro terremoto en 2010, llegó a niveles nunca antes vistos en América. Un 60% por ciento de los haitianos (seis millones) viven por debajo del umbral de la pobreza. La mayor parte no tiene acceso a agua potable ni aguas residuales. Enfermedades superadas en casi todos los países del mundo como el cólera y la malaria hacen estragos entre la población. La situación haitiana es tan precaria que cuatro de cada diez haitianos no reciben los nutrientes necesarios para seguir viviendo, y por lo tanto comienza un proceso de autoconsumo que con el tiempo lleva a la muerte. Según datos del Banco Mundial y otras multilaterales, 2.5 millones viven el extranjero, pero especialistas de ACNUR coinciden en que que hay un subregistro: es casi imposible saber cuántos viven en República Dominicana y cuántos están en países como Chile, Colombia y México. Todos estos factores empujan a miles de haitianos cada día a colarse por esta frontera, donde sus vecinos, a quienes la historia trató mejor.

Un policía haitiano ordena el flujo de personas que atraviesan la frontera desde Haití. /Un militar dominicano custodia el portón fronterizo en Dajabón.

Persignados a garrotazos por Géant y los hombres del Capitán Bueno, por este puente pasan unas 40 mil personas cada semana. El mercado binacional de Dajabón abre los lunes y viernes todo el día, pero los haitianos tienen que regresar a su país a las 4 de la tarde. Cientos no lo hacen. Se esconden entre los bultos del mercado para luego huir por la noche o pagan a militares para pasar el cerco de soldados que rodea la ciudad de Dajabón y buscar comida y trabajo en República Dominicana. Otros miles cruzan la frontera por sus puntos más vulnerables, hacinados en camionetas o fondos falsos de camiones de carga. Siempre están los que no tienen nada que intercambiar. Estos atraviesan el río Masacre a nado y optan por la estrategia de los pobres: correr y correr hasta perder a sus captores o ser apresados por ellos.

 

Géant está cansado. Ya son las 12 del mediodía, la brisa de la mañana nos ha abandonado y el sol se empecina en evaporarnos el cerebro. Un barullo de haitianos se arremolina y pretende evadir la fila, pero Géant los caza y suelta un garrotazo que va dirigido a los costales que cargan en la cabeza. Quizá falla por el cansancio y el golpe termina aterrizando en la cabeza de una mujer que cae al suelo semiinconsciente, desparramando sus bultos por el suelo.

 

“Son como animales”, me vuelve a decir el Capitán Bueno, mientras mira la escena y menea la cabeza en señal de desaprobación.

 

Esta afirmación, puesta en boca de incontables dominicanos, acompañará todo mi reporteo para esta serie llamada Frontera Masacre, y acompaña al pueblo haitiano desde sus orígenes, lejos, muy lejos de este puente y su río macilento. 

Un hospital para nacer, un cementerio para vivir

El cementerio municipal de Dajabón luce vacío esta noche. Supongo que es de esta manera que deben lucir los cementerios por la noche, pero este, hasta hace poco, estaba lleno de vida. Una sombra pequeña se mueve por entre las tumbas y huye de nosotros. “No creo que hallemos a nadie hoy, quizá ya en la madrugada los haitianos se animen a venir”, me dice Virgil, mi guía por esta noche. Virgil no es su nombre real, es un periodista local de unos 40 años y trabaja como corresponsal para varias cadenas dominicanas e internacionales. Esta noche de viernes me deja acompañarle en su recorrido por la ciudad en busca de historias. 

Empezamos por el cementerio, donde en noviembre de 2023, el alcalde Santiago Riverón, un hombrón grande que usa casi siempre botas y sombrero y que se vende a sí mismo como “el guardián de la frontera”, llegó acá, escopeta en mano, acompañado de un equipo de cámaras de la alcaldía y un séquito de hombres armados. Su heroica incursión se debía a que se habían acumulado varias denuncias sobre ritos “satánicos” de los haitianos en el cementerio de la ciudad. Casi todos los dominicanos que entrevisté, y entrevisté decenas, estaban de acuerdo en que los haitianos practican la magia negra o el satanismo, y coinciden en que muchos de sus oscuros ritos se llevan a cabo en los cementerios o sus alrededores. En aquella incursión el alcalde mostró a las cámaras algunos nichos saqueados, con fragmentos de osamentas afuera y algunas señales de hogueras. Para él, eran muestras inequívocas de la presencia de “ritos haitianos” en el lugar.

Los haitianos no son satanistas, valga la aclaración. El 82% eran practicantes cristianos en 2010, según el dato más reciente del gobierno de Haití. Sin embargo, me dirán al menos una decena de haitianos a ambos lados de la frontera, casi todos combinan estas creencias con alguna de las ramas del vudú. 

Según el antropólogo suizo de principios del siglo XX Alfred Métraux, el vudú es una religión que, si bien tiene orígenes africanos, se desarrolló en el seno de las plantaciones de caña que funcionaban con mano de obra esclava en los siglos de la dominación francesa. Es una amalgama en extremo rica y profunda de entender el mundo, de estar en contacto con los muertos, el pasado, y en general con el mundo espiritual. Fue también una práctica religiosa revolucionaria y antiimperialista en los siglos XVIII y XIX que sirvió de motor ideológico para la gran revolución de esclavos que culminó en 1804 con la primera independencia latinoamericana.

Pero lo que ocurre en el cementerio nada tiene que ver con la venida desde el más allá de los loas, ni con los santos oficios de las sacerdotisas mambos y los sacerdotes hungan que dirigen los rituales del vudú. Son haitianos de carne y hueso pasando la noche: niños mendigos del otro lado de la frontera que se refugian de la policía migratoria, haitianos que a medio camino se enredaron en la telaraña del crack y ya no pudieron avanzar hacia la capital, y algunos ancianos que creyeron que esos nichos servían de mejor cobijo para los vivos que para los muertos. Las supuestas hogueras satánicas no son otra cosa que fuegos para cocinar con leña, según Virgil, mi avezado guía de la ciudad de Dajabón. Esta noche vemos las latas que fueron ollas y los envases de refresco. Algunas sombras escurridizas nos miran con recelo desde la protección de las tumbas mientras nos vamos del cementerio. Es mejor seguir el recorrido y dejar que los vivos descansen en paz.

Le pido a Virgil que me lleve donde se concentra la población haitiana y a las 11 de la noche llegamos a los callejones cerca del centro de Dajabón. Ahí están las cuarterías, lugares donde en un solo cuarto se apiñan cuatro familias haitianas, unas 15 personas, o hasta más. Varias mujeres cocinan en la calle con fogones de leña. Los grupos de hombres jóvenes empinan botellas de licor de caña y el olor a marihuana flota silvestre por el barrio. Virgil me señala una esquina donde hay unas niñas de entre 10 y 15 años que al vernos se apresuran a subirse las camisas y levantarse las faldas para mostrar sus cuerpos de niñas.

Una toma de un paseo nocturno por las calles de Dajabón, acompañado por un periodista local.

“Acá las niñas se prostituyen, lo hacen por cualquier cosa, por una botella de Coca Cola, por un paquete de cigarros, por comida y hasta por una bolsita de droga”, me dice Virgil mientras conduce su carro (habla de productos que cuestan unos 3.50 dólares). Aunque una menor de edad, según los tratados internacionales, no puede prostituirse. Para eso debe tener agencia y libertad de decisión.

Lo que hay en Dajabón es abuso sexual. Las redes de trata de menores donde se pagan miles de dólares y están llevadas por altos capos de la mafia, esos lugares de fantasía en donde presentan niñas y niños por catálogos para pedófilos millonarios, están lejos de la Frontera Masacre. Dos organizaciones de Santo Domingo, la capital dominicana, encargadas de atender a víctimas de trata, me dijeron lo mismo que me dice Virgil esta noche. “Acá no es así, acá es en todos lados”. Las niñas son víctimas de trata sin tratantes. Quizá es la ciudad misma y sus dinámicas lo que las empujan a pararse en aquellas esquinas, y sin duda son algunos dajabonenses quienes abusan de ellas a cambio de una coca cola o una porción de crack.

Virgil me lleva a su oficina, a un costado del parque central, saca una silla a la calle y me dice: “Acá siéntate, anota en esa libreta tuya cada una de las chiquitas que se te ofrezcan, solo anota a las niñas, y ya tú verás”. Me deja ahí y se mete a arreglar unos asuntos pendientes. En menos de una hora, sin contar mujeres y hombres, anoto seis.

“¿Listo, ya tú te diste cuenta?”, me dice antes de seguir nuestro recorrido nocturno.

Virgil me lleva al hospital público de la ciudad de Dajabón, me dice que ahí veremos a las “parturientas”. Este tema se ha vuelto uno de los más espinosos en la sociedad dominicana. Se trata de la llegada masiva de haitianas en las últimas semanas o días de embarazo. Casi 5,500 haitianas dieron a luz en República Dominicana solo en los dos primeros meses de 2024. Llegan buscando hospitales ya que en su país se ha vuelto prácticamente imposible conseguir asistencia especializada.

—¿Cómo sabes que habrá parturientas hoy? —le pregunto a mi guía.

—Porque siempre hay —me responde.

Tres mujeres haitianas están en el hospital. Virgil me dice que generalmente hay entre 10 y 20. En los primeros dos meses de este año, según datos oficiales, unas 5,400 haitianas dieron a luz en Républica Dominicana. Las mujeres nos miran con recelo, una cubre el rostro de su bebé, no quiere que yo lo vea. Tiene apenas horas de nacido y se acuna en los brazos gruesos de su madre. La segunda dará a luz dentro de poco, y nos mira con la desconfianza natural de quién alumbrará vida en terreno hostil. La tercera languidece en una camilla muy delgada. Mi guía me explica, sin ningún pudor, que su bebé ha muerto esta tarde dentro de ella, y que le harán legrado. Eso le dijeron a él dos enfermeras con quienes intercambia bromas y coqueteos pasados de tono.

La mujer está muy delgada y los catéteres se prenden apenas de sus venas hinchadas. Mi guía mira a las haitianas con una mezcla de lástima y desprecio y me dice: “Son como animalitos, ¿verdad?”.

Le pregunto a la mujer su nombre, pero apenas me mira y sigue en su letargo. Los huesos se le marcan y su panza dejó de moverse hoy por la tarde. Para ella, todo el esfuerzo de cruzar una frontera cada vez más peligrosa, con más obstáculos, con más militares, para darle a su bebé un recibimiento más digno, no valió de nada. Regresará deportada, sin hijo y sin dinero a Haití.

Virgil intercambia otra batería de frases calientes con las dos enfermeras que escuchan bachatas en una radio pequeña y seguimos nuestra ruta.

Llegamos a un cruce desde donde vemos una calle bulliciosa llamada Capotillo en honor a uno de los lugares más icónicos de la narrativa independentista dominicana. Decenas de hombres jóvenes aceleran y hacen arriesgadas piruetas en sus motos. Virgil detiene el carro. Me dice que esos hombres que ahora paran la moto en una llanta son los traficantes de la ciudad. Son ellos quienes llevan a los haitianos hasta puntos menos vigilados. Me dice que montan hasta cinco personas en sus motos modificadas y aceleran por carreteras oscuras. Según Virgil es frecuente, demasiado frecuente, que la gente se caiga de esas motos y queden lastimados y perdidos por el camino. Otros les llevan hacinados en camionetas, y la prensa local dominicana está plagada de noticias donde haitianos mueren por asfixia cuando los traficantes les abandonan en las cercanías de Dajabón. 

Virgil me dice que de momento deberé conformarme con ver la calle Capotillo desde el cruce. No vamos a entrar, no es seguro, es terreno de la mafia

Un pueblo de traficantes

En Dajabón circula mucho dinero. No solo los miles de dólares que entran todas las semanas en los bolsillos de los haitianos que vienen al mercado binacional. La ciudad está al lado de uno de los parques industriales más grandes de la isla, CODEVI (Compagnie de Développement Industriel), que aglutina a más de 15 maquilas donde llegan a trabajar cada día 19,000 operadores, aproximadamente, según sus propios dueños. Este parque, si bien tiene sus oficinas administrativas, sus gerencias y hasta un hotel de lujo para las visitas de los empresarios del lado dominicano, tiene las naves industriales del lado haitiano. Esto les permite a los dueños pagar en gourdes, la moneda oficial de Haití, y según estándares haitianos: unos 160 dólares al mes. Con sus evidentes prácticas de explotación, este lugar, junto con el formidable mercado binacional, constituyen los pulmones económicos de Dajabón y de buena parte del norte dominicano. Pero el pueblo tiene además otra entrada de dinero, siempre relacionada a Haití: el tráfico de personas. Por cruzar de manera ilegal a un haitiano, me dirán una decena de traficantes, la tarifa es de 2,000 a 4,000 pesos (entre 33 y 66 dólares). Si es mujer y está embarazada puede subir hasta el doble. 

Un traficante de haitianos muestra un fajo de dólares frente al portón fronterizo de Dajabón.

El hombre que me va a guiar por el mundo de los traficantes llegó hasta acá desde otro país. Fue uno de los tantos empresarios que fueron seducidos por las posibilidades infinitas que ofrecía una zona franca de esta envergadura. De la misma forma que miles de extranjeros llegaron a estas tierras hace 300 años, espejeados por las riquezas de las plantaciones de caña y el tráfico de esclavos, este hombre vino acá buscando fortuna, y la encontró en las maquilas, las nuevas plantaciones. Pero las islas del Caribe no tardan en hacer su magia sobre los nuevos, y el bochorno del clima y la dureza de las condiciones acaban por intoxicar.

Este nuevo guía me conduce por los entresijos del lujo de Dajabón, y me explica cómo funciona esta extraña élite, varada en esta frontera olvidada por el glamour. Me conduce a uno de los pocos restaurantes que frecuenta la clase alta, casi todos vinculados de alguna forma a la zona franca y sus maquilas. Se llama Café Beller en honor a una batalla en un cerro de Dajabón donde soldados dominicanos masacraron a soldados haitianos en 1845. Es uno de los escasos lugares de Dajabón en donde no te atormentan con el martilleo constante del reguetón y la bachata. Acá suena de fondo una bossa nova, o alguna balada tropical, a un volumen que permite pensar y hasta conversar. Los meseros van vestidos de traje y usan corbatín. En las mesas se sirven vinos desde 50 dólares y mariscos de buen calado. A este guía le llamaremos Ingeniero, al menos durante un rato. Decir más sobre él sería dejarlo expuesto, y ese no fue nuestro trato.

Ingeniero es un experto en el manejo empresarial, ha estado a cargo de diversas empresas a lo largo de su carrera y se codea con los dueños multimillonarios del parque industrial, con el alcalde y otros notables de la zona. Es además un experto en las relaciones sociales. Lo conocí en febrero del 2024, cuando llegué a Dajabón tratando de entender la crisis fronteriza.

Ingeniero me muestra los dos o tres bares más exclusivos de la ciudad, me lleva a su casa y me presenta con “la gente importante” del pueblo, siempre, por supuesto, anteponiendo el cargo o la profesión que ostentan. Estos encuentros tienen su propia lógica: se establece que al presentármelos debe decir un cumplido del tipo: “Te presento a mi gran amigo, Fernández, quien además de ser un gran arquitecto es una gran persona”. El agasajado responde con una zalamería de igual catadura.

Pero Ingeniero tiene un secreto. Cuando cierra el Café Beller y los portentos se van a sus mansiones a los márgenes del pueblo, Ingeniero se transforma. Como en los ritos de vudú, es poseído por otra personalidad. “¿De verdad quieres entender cómo funciona esta frontera?”, me pregunta ya algo transformado por las cervezas y otras sustancias. “Me vas a acompañar, Juan, pero cuidado con lo que preguntes por acá”. Y sentencia: “Vamos a bajar al infierno”.

En la cultura haitiana hay una figura que despierta particular devoción entre los practicantes del vudú. Es un loa, o deidad, que traspasa los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Es el portero, el llavero, el que va y viene. Cuando viene al mundo de los vivos entra por los cementerios, y se cree que posee a la primera persona enterrada en cada campo santo. Es un dios burlón, lujurioso y grosero. Se le representa siempre con un sombrero de copa, un cigarro y un vaso de licor en la mano. En función de salvaguardar su identidad, a esta otra faceta del Ingeniero le llamaremos como ese dios dadivoso del placer y la lujuria, Barón Samedí.

Nos enrumbamos caminando hacia la calle Capotillo, el epicentro de los peores lupanares de Dajabón. Al cruzar una esquina un grupo de muchachos pone las botellas en el suelo y corren a nuestro encuentro, bueno, al suyo. A mí me ignoran. Le besan las manos y le llaman papa, líder o Barón. Caminan a su costado y le encienden un cigarro, uno le sirve cerveza en un vaso plástico que Barón Samedí toma con un gesto de monarca, sin verle a los ojos. Les da unas palmadas en la cabeza, reparte un par de billetes y les despide con un gesto de mano. Seguimos caminando. Nos paseamos por el parque donde algunas niñas haitianas ofrecen sus pequeños cuerpos a cambio de plata o droga, y algunos mendigos languidecen. Pareciera como si la sola presencia del Barón Samedí les despertara. Me muestra el parque como si fuera suyo. Suelta bocanadas de humo mientras bebe su cerveza a tragos tranquilos. Reparte algunos billetes entre las niñas y seguimos nuestra marcha hacia los verdaderos interiores de Dajabón, o del infierno, como lo llama él.

Orejas de haitiano

Un policía hatiano golpea en las piernas a un grupo de mujeres en el paso fronterizo de Dajabón.

El nombre del río que corta la isla en dos países surgió como algo meramente descriptivo de lo que en sus alrededores acontecía. Originalmente se llamó Guatapaná, así le nombraron los taínos, los últimos habitantes de esta isla antes de las invasiones europeas. Pero de ese nombre, y de los taínos mismos, casi no queda nada por acá. La cultura popular actual insiste en que el río Dajabón se convirtió en el Masacre a final de los años treinta del siglo pasado, cuando el dictador Leónidas Trujillo, “El gran benefactor”, ordenó a sus tropas el exterminio y masacre de la población haitiana de las zonas fronterizas. Pero no es cierto. El río debe su nombre a conflictos de otras dos naciones a finales del siglo XVII, cuando esta isla era peleada por franceses y españoles. Las razias entre estos europeos fueron tan violentas y sangrientas que los franceses comenzaron a llamar al río como massacre, y así quedó consignado en los primeros mapas homologados de 1776. Parece que el destino de este río es ser testigo del odio entre dos pueblos.

A mediados de marzo de 2024 hay movimiento en el Masacre y sobre el paso fronterizo. Esta mañana una mujer cayó del puente. Géant golpeó muy fuerte, las chicharras eléctricas cantaron muy alto su música crispada, y una estampida humana la aprisionó contra la barda, exprimiéndola. La mujer salió expelida por entre los tubos horizontales y tuvo la mala fortuna de caer en la ribera y no sobre el agua. Luego de volar 15 metros la recibieron la arena y las rocas.

Es mi tercera semana en Dajabón y las escenas en este puente se repiten, como ensayadas. Miles de haitianos cruzan dos veces por semana a comprar al mercado binacional y regresan por la tarde cargados de cosas. El paso de tanta gente, por un puente tan estrecho, en tan poco tiempo, trae consigo problemas previsibles: uno de estos son las estampidas. La gente se desespera y quiere saltarse la fila viendo la frontera tan al alcance, Géant les da con su palo, el tumulto pasa de forma involuntaria la frontera, y ahí los hombres del Capitán Bueno les hacen retroceder nuevamente con sus bates y sus cigarras eléctricas. Esto genera una dinámica que poco favorece a las mujeres embarazadas, a los niños o a los ancianos. La mujer que cayó hoy por la mañana habrá tenido más de cincuenta años. Quedó del lado haitiano del río, así que otros compatriotas suyos la tomaron y se la llevaron.

Un grupo de mujeres haitianas esperan cruzar la frontera para abastecerse de víveres en el mercado binacional de Dajabón / El agente de migración dominicano Camilo Nohal revisa a una joven Haitiana.

Pregunto por ella a Camilo Nohal, un agente migratorio que permanece en el puente, pero su respuesta no me arroja muchas luces.

“Dicen que se rompió la espalda. Es que se avientan sin orden, como si fueran animales”, me dice Camilo, mientras come una mandarina que ha agarrado sin permiso del canasto de una haitiana.

Camilo está acá para detectar alguna anomalía y puede pedir papeles y revisar a las personas y las cosas que portan de regreso a Haití. Pero a las cuatro de la tarde cuando un río humano regresa a su país por el puente del río Masacre, Camilo escoge para revisar casi exclusivamente a muchachas esbeltas de labios carnosos y piernas largas. Me ubico al lado de Camilo, como él, de espaldas al río y de frente a las personas, de tal forma que miles de haitianos pasan a pocos centímetros de nuestras caras. El agente me habla, es amable, está interesado en explicarme cosas de su trabajo. Cada cierto tiempo detiene a una muchacha, y la toca, y le habla muy cerca de la cara. Si ella sonríe y se deja hacer, le permite pasar sin problema. Si ella se encoge de brazos y baja la mirada, le hace más preguntas. Si alguna osa mirarlo de forma desafiante, con el asco que seguro genera a todas por igual, Camilo la obliga a dejar sus compras en el suelo, las revisa y desordena con un palo, le pide documentos que casi nunca tiene y le arruina la tarde por un largo rato. Mientras hostiga a una jovencita le tomo un video, pero no lo amedrenta, me guiña un ojo como si fuera un casanova en acción. 

Le saco conversación y hasta entonces deja en paz a la muchacha.

—¿Camilo, cómo diferencian ustedes a los negros dominicanos de los negros haitianos? —le pregunto. 

—Es fácil, es por las orejas —me responde.

Acto seguido agarra las orejas de un hombre que pasa frente a nosotros.

—“¿Ves?, son orejitas pequeñas las del haitiano. Aunque sea grande el haitiano las orejitas son pequeñas —me explica con tono didáctico.

El hombre, de unos 40 años, nos mira desde el fondo de su humillación. Pareciera como si quisiera tirarlo del puente y entregárselo al Masacre.  

—También por la nariz —añade Camilo. 

Por un momento me horroriza la idea de que fuera a tomar a alguien por la nariz para mostrarme esas diferencias imaginarias. Pero sólo apunta su dedo a centímetros de la cara de una haitiana.  

—¿Ves?, son más chatos. Además está el pelo, ellos se peinan de una forma diferente y luego, mi hermano, por el olor —me dice y hace el ademán de taparse la nariz.

Los haitianos nos ignoran, pero nos escuchan. Casi todos en esta zona entienden español. A Camilo está lejos de importarle y concluye su lección con la que para él es la mayor diferencia. Me dice que ellos, los haitianos, por su cultura son cochinos y se comportan como animales.

 

La calle de los sueños rotos

Caminamos con Baron Samedí pasando por callejones y esquinas malolientes. Los grupos de muchachos le saludan con el mismo respeto y zalamería que los notables del pueblo. Estos halagos suenan menos falsos.

Llegamos, luego de una media hora de andar por la ciudad, a la calle Capotillo, la calle donde no quiso entrar Virgil. Como el otro día, decenas de muchachos hacen piruetas en sus motos y debemos tener cuidado de no ser embestidos por ellos. Llegamos a una casa de la que sale una música estridente. Dos sofás rotos y tostados por la lluvia y el sol reciben a los visitantes frente a la fachada. Ahí se concentran al menos unos 15 muchachos con sus motos. Barón Samedí me explica que todos ellos son poteas, o cargahaitianos, traficantes de personas pues.

Entramos a la casa. Sentada en un sofá igual de lamentable que los de la calle, nos recibe con un gesto teatral la reina del barrio bajo de Dajabón. Le llamaremos Bridgitte. Le da besos a Baron Samedí y me saluda con curiosidad. Es la dueña del bar, si es que se le puede llamar así a esta casa mal parada. Nos ofrece cerveza y hace levantar de sus asientos a dos traficantes que fuman un enorme cigarro de hierba. Bridgitte nació hombre en una localidad cercana a Dajabón y llegó a acá hace dos décadas sin dinero, casi como mendiga. Ahora nadie en su sano juicio, o con algún instinto de conservación, se le ocurriría cuestionar su identidad, gastarle alguna broma, o faltarle el respeto. Pero eso es ahora, el pasado es otra cosa.

Del fondo de la casa van saliendo más personas, un grupo de haitianos nos ven desde sus rincones sin atreverse a hablarnos. Son recién llegados, hace apenas un día que salieron de Haití y el dinero les alcanzó solo para pasar la frontera. Bridgitte los protege y los alimenta en lo que consiguen algo de dinero para pagar a un traficante que los lleve más lejos. Varias mujeres salen de los cuartos y dos haitianas muy guapas llegan en moto. Baron Samedí las recibe con un beso en la boca y una nalgada.

—Estos son los mejores culos que yo me he cogido por acá —me dice.

—Pero dile que soy la que mejor te ha complacido —le responde una de ellas.  

Ríen todos de buena gana.

Las trabajadoras sexuales van llegado apresuradas, la noticia de la llegada de Barón Samedí se ha propagado como incendio en maleza. Llegan también los adictos, para quienes él siempre tiene alguna moneda. Bridgitte los espanta con la mirada cuando se aglutinan más de tres en la puerta de su bar/casa “Ushh, moscas”, se queja.

Un hombre pequeño y sin algunos dientes me saluda y Bridgitte le ordena que me cuente cómo es que él trafica haitianos por esta frontera. El hombre obedece. Me cuenta que justo hoy por la mañana salió de las celdas de la estación de policía. Pasó tres noches encerrado por amenazar a un hombre con un machete. Le dicen Chikito, y fue por muchos años la pareja de Bridgitte. Juntos llegaron hasta acá y juntos fundaron el negocio. Ahora, con el bar en pleno auge, ella lo cambió por un mulato joven y guapo, pero Chikito no se conforma y cada noche viene a tomar cerveza, esperanzado en recuperar a la mujer que amó por más de diez años.

Un traficante de personas muestra su cuchillo en un bar de la Calle Capotillo, en Dajabón.

Los traficantes hacen un revuelo a nuestro alrededor y están muy contentos de mostrar sus cuchillos y de contarme cómo logran subir hasta cinco haitianos en una sola moto para llevarlos tierra adentro. Hablan de los haitianos como quien habla de mercadería. Nadie puede decir que los mercaderes odian a su mercadería, pero de ninguna forma la consideran iguales a ellos. Me cuentan historias trágicas, me explican que es muy común que los haitianos se caigan de las motos cuando pasan el muro y ellos los recogen. Uno de ellos me cuenta que en una ocasión, a principios del 2023, a una haitiana se le cayó un niño, de unos tres años, y que ellos siguieron. “La haitiana ni lloraba ni se tiró de la moto. Yo digo que son como bestias. Y ni siquiera, porque incluso una perra vira (vuelve) por sus hijos”, me dice. Otro traficante me muestra la maniobra que todos los cargahaitianos deben saber. Consiste en girar muy fuerte el timón mientras se frena, con la moto levemente inclinada. De esta forma pueden botar a todos los haitianos que lleven en la moto en caso de que la policía fronteriza te persiga. Les pregunto si alguna vez la han hecho. Se ríen. Todos asienten con la cabeza. 

Pregunto por el baño y Bridgitte ordena a uno de ellos que me lleve. El hombre abre el cuarto de Bridgitte y saca a dos hombres mayores que fuman crack sentados en la cama. Luego me señala una cubeta plástica y me dice que ese es el baño del bar, el VIP, el de los invitados de la señora. Al salir, Baron Samedí ya se está besando con una mujer en claro estado de ebriedad, y una haitiana habla sola frente a un espejo con los ojos desorbitados por el crack. “Yo le calculo que ese hombre se ha comido fácil, fácil, unas 200 mujeres en los cuatro años que tiene acá, si no es que más”, dice Bridgitte ante mi asombro por verlo cambiar de pareja e irse a un rincón con una nueva mujer, una haitiana que llegó advertida por la presencia de tan dadivoso personaje.

Frente a la casa, los cargahaitianos comienzan a calentar motores. Esta noche moverán sobre sus motos a un grupo de más de 50 haitianos que están escondidos en una casucha como esta, a dos cuadras de distancia. Los llevarán a toda velocidad hasta un lugar llamado Las Matas y de ahí ellos deberán buscarse la vida hasta llegar a alguna de las grandes ciudades de República Dominicana. Es un trabajo peligroso, pueden accidentarse o pueden ser capturados por la policía. Antes de partir, esnifan pequeños cerros de cocaína y dan tragos largos a la cerveza para agarrar valor. Los primeros se suben a sus motos y aceleran a toda velocidad por la calle Capotillo, hacen piruetas en una sola rueda o se paran sobre el asiento a gran velocidad. En una hora, ya cercano el amanecer, pasarán por acá nuevamente, cargados de haitianos.

Una jaula para haitianos

Una jaula con ruedas se acerca a la frontera en el puente fronterizo. Se trata de un camión del departamento de migración dominicano que viene lleno de haitianos. Más de los que deberían caber en esa jaula, y esto en el supuesto de que la gente deba ser metida en jaulas. El camión se da vuelta y pone marcha atrás, se acerca despacio a los portones fronterizos, a través de las rejas se pueden ver las caras de algunos de los 93 haitianos que viajan hacinados, entre hombres, mujeres y niños. Son caras serias. Esta mañana de febrero de 2024 están siendo deportados.

Una jaula rodante en la que son apresados y posteriormente deportados decenas de haitianos. / La mano de una representante de Naciones Unidas en donde anota el género y la edad de las personas que están siendo deportadas.

Una delegada de Naciones Unidas anota en su mano la cantidad de personas en cada camión, anota cuántos de cada sexo y cuántos menores de edad. Ella me explica que estas personas fueron capturadas en su mayoría mientras ingresaban ilegalmente en esta zona fronteriza, algunas fueron bajadas de los buses o sacadas de las casas de seguridad de los traficantes, pero otras fueron apresadas en la ciudad de Santiago o incluso en Santo Domingo, la capital dominicana. La policía hace redadas en barrios pobres o en plantaciones de caña. La delegada de la ONU no es clara en el número diario de deportados, pero dice que son diez camiones como este los que vienen diariamente, y eso solo en esta frontera.

Dos militares hacen espacio con sus palos y un agente migratorio abre el candado. Bajan revueltos, sin orden. Nadie les toma nombres o les pide una firma. Nada: abrir las puertas y cruzar la frontera. De último baja Kenson. Su ropa desentona con la de los demás, es ropa nueva, y su piel, aunque ébano como la de los demás, está más viva, no tiene el tono pálido de la desnutrición y el sol aún no ha hecho sus estragos. Está asustado. Un grupo de tres mujeres le grita al verlo: “¡Ahí quédate, no te muevas, no se mueva mi niño!”, pero un militar lo agarra por el cogote y lo lanza de un empujón hacia Haití. Los portones se cierran. Las mujeres lloran.

Dos de ellas son blancas y rondarán los 50 años. Les pregunto y me dicen que la madre de ese muchacho llegó a su casa hace muchos años como trabajadora doméstica y ahí tuvo a sus gemelos hace 14 años. Esa mujer ahora está en el hospital de Santiago de los Caballeros, ahí fue capturado el adolescente. Kenson, a pesar de haber nacido en República Dominicana, será siempre haitiano, aunque nunca haya estado en ese país y no tenga papeles de ahí. República Dominicana no da papeles ni nacionalidad a los haitianos nacidos en su territorio, y Haití ahora mismo no está en condiciones de dar papeles a nadie.

Un grupo de haitianos son deportados de República Dominicana. Salen de una jaula a metros del portón fronterizo en Dajabón.

El muchacho corre a la reja fronteriza y mira a las mujeres sin decir nada, avergonzado. “Este niño por andar en la calle se lo llevaron, ni habla haitiano (creole) él”, me dice una de ellas, ya con el llanto en la cara. Del lado haitiano una multitud de hombres jóvenes le rodea y las mujeres ahogan un grito de horror. Ahora está en territorio de nadie. Un hombre se les acerca a las mujeres y les propone ayudarles a cruzar al muchacho de nuevo hacia Dominicana. Es uno de los juntadores, trabajan de reunir gente para los cargahaitianos y por esto les dan una pequeña comisión. Seguro ha visto una oportunidad apetitosa en Kenson y su familia desesperada. Las mujeres corren con el juntador hacia el pueblo y le gritan a Kenson que no se mueva de los portones. Me trepo a las rejas y hablo con él. El terror le ha comido las palabras. Le digo que no se mueva, que seguro esas mujeres conseguirán sacarle de ahí, pero Kenson se pierde, indocumentado, en la marea humana que se arremolina en la frontera de sus dos países.

Cómo matar un corazón

Los cargahaitianos se sientan en los sofás rotos que Bridgitte saca frente a su bar y beben cerveza Presidente mientras esperan que la noche se vuelva más oscura. Esta vez llego solo hasta acá. Baron Samedí no ha poseído a Ingeniero esta noche. En la casa/bar la dinámica con los haitianos se va esclareciendo. Los traficantes les cobran para llevarlos hasta el pueblo, si no tienen dónde quedarse en lo que esperan un segundo transporte los llevan donde Bridgitte. Ella les da cobijo, protección y un plato de arroz con habichuelas. No les cobra, me consta, pero tampoco hace alarde de ello. Lo hace como por inercia. Quizá el haber sido maltratada y humillada toda su vida la ha hecho encontrar en esta gente un punto de empatía. No lo sé, es para mí una rareza y un misterio.

Bridgitte está emocionada, me ha invitado a venir porque esta noche es especial. Balazo, su nuevo novio, por el que cambió al desdentado Chikito, cantará en uno de los bares del centro de la ciudad. El muchacho insiste en ser artista e incluso ha grabado algunas canciones de su autoría con video incluido que se pueden encontrar en Youtube. Canta muy bien, y Bridgitte ha invertido mucho dinero y tiempo en esa carrera. Ambos esperan que sus canciones lleguen al oído de la gente correcta y que la vida les cambie de dirección. Ella luce sus mejores galas, va vestida de pantalón de cuero y camisa azul con espejuelos. Va muy bien maquillada y se ha hecho en el pelo un moño alto. Balazo ha ensayado por la tarde y se ha colgado al cuello un par de cadenas gruesas que simulan oro.

“Esta noche yo invito, Juan. No va a gastar nada”, me dice Bridgitte.

Nos reunimos un grupo en apoyo a nuestra estrella, el representante de la calle Capotillo. Caminamos juntos y Balazo entra al bar como una celebridad. Bridgitte y los demás tomamos una mesa con vista privilegiada. La sociedad dominicana es una sociedad homófoba hasta el tuétano y la presencia de Bridgitte activa algunas malas caras y uno que otro susurro, pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta, el instinto de supervivencia es más fuerte que su matonería. Somos cinco en la mesa, los otros cuatro son traficantes de droga y de haitianos de mediana envergadura, conocidos y temidos en la ciudad. Bridgitte nos ha invitado a todos y pide una botella del mejor ron para escuchar el canto de su ruiseñor. Ella no consume cocaína, pero ha garantizado que a su hombre y a sus invitados no les falte nada. Se le acuna el amor en la mirada. Pero el corazón es cosa con gran vocación de romperse, o de ser roto.

Balazo comienza a cantar baladas, con su voz estable, con su pose de conquistador. Se acerca a las mesas donde beben cerveza un grupo de mujeres jóvenes, agarra la mano de alguna y fabrica todo un performance interactivo con la bartender. Le da la espalda a nuestra mesa, y sus canciones se enfilan hacia otra gente, no hacia Bridgitte, que se va poniendo gris. Sus ojos felinos se llenan de vergüenza y ya no mira hacia su hombre, quizá ya no le pertenece, quizá nunca lo hizo. Me mira con vergüenza, y yo respondo llenándole una y otra vez el vaso con ron. Esa botella era para celebrar, pero el ron es camaleónico: igual jode, igual cura. “Ey no, tú no te creas, mi hermano, a mí me gustan las mujeres, las mujeres de verdad, estoy con la maricona porque… porque toca”, me había dicho Balazo una noche anterior.

Quizá debí advertirle a Bridgitte que tenía una víbora en casa, y que si no se andaba con cuidado la mordería. Pero no vine acá para matar ilusiones. La vida, y Balazo, se encargaron ya de eso. Me voy, no quiero ver cómo termina de morir un corazón. Antes de irme le pregunto algo que tenía atravesado desde hace días.

—Bridgitte, ¿por qué sos buena con los haitianos, porque les ayudás?

Levanta la mirada, que había hundido en el ron, y me responde con el tono de quien apunta algo evidente.

—Porque son personas.

 

CONTINUARÁ… 

Frontera Masacre es una serie de Redacción Regional y Dromómanos. 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR). 

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) registró gastos considerables en alimentos para «voluntarios» y en compra de equipo fotográfico en diciembre de 2023, cuando Honduras acababa de experimentar una crisis climática por la tormenta tropical Pilar. 

 

Actualmente, la institución está bajo el escrutinio público, tanto por las emergencias ligadas a las lluvias, como por las protestas de empleados afines al precandidato presidencial Jorge Cálix, recientemente señalado por el ministro de Finanzas de haberse beneficiado de un desvío de fondos en el Instituto de la Propiedad (IP). Mientras el personal denuncia una «persecución política», la presidenta Castro reemplazó al ministro Darío García por el vicealmirante José Jorge Fortín.

 

Texto: Célia Pousset

Fotografía: Fernando Destephen

 

Un gasto de 16,842,854.30 lempiras por «alimentos», sin mayor detalle, pero con una lista de cientos de beneficiarios, registró la Secretaría de Gestión  de Riesgos y Contingencias (Copeco) en diciembre de 2023. En el mismo mes, esa Secretaría compró cámaras por un total de 952 095.43 lempiras. 

 

Contracorriente encontró en el portal de transparencia el rastro de la licitación por «adquisición de cámaras de seguridad y cámaras de video» otorgada a la empresa Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones (Cocatel) el 15 de diciembre de 2023. 

 

Preguntamos al jefe de comunicación de Copeco, Neyly Larice, por qué una institución con la misión de atender crisis humanitarias desatadas por las condiciones climáticas y sanitarias gasta tanto dinero en cámaras y viáticos de alimentos. Larice explicó que la comida se proporciona a los «voluntarios» que apoyan la institución en tiempos de mayor movilidad de la población, durante las vacaciones, particularmente en la Semana Santa y en la Semana Morazánica. 

 

Esos voluntarios, identificados con chalecos de Copeco, estarían ayudando en puntos específicos de las carreteras del país. Sin embargo, en marzo, con un pico de gastos el 22 de marzo, cuando se realizaron las actividades por el feriado de Semana Santa, Copeco solamente reportó  479,686.66 lempiras de gastos alimenticios.  

 

Sobre las compras de material audiovisual, Larice dijo que «Copeco trata de hacer contenido visual a diario en redes sociales para documentar el trabajo realizado», y agregó que el nuevo equipo fue comprado en previsión del desgaste del equipo que se usa actualmente. «¿Entonces significa que todavía no han estrenado esas cámaras?», preguntamos. «Algunas cosas sí, pero la mayoría no, porque queremos esperar que las antiguas dejen de funcionar. Fue para anticipar», dijo. 

 

En la red social Facebook, la última publicación de Copeco se remonta al 23 de marzo, y consiste en un arte para celebrar el Día Meteorológico Mundial, mientras que el último video de promoción de la labor de la institución se remonta a febrero de 2023. En la red social X (antes Twitter), las publicaciones son más seguidas, y contienen infografías, pronósticos y fotografías, pero se ven pocos videos informativos.  

 

En noviembre de 2023 se publicó un decreto ejecutivo  que autoriza a Copeco y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para hacer compras directas, con un presupuesto de 25 millones de lempiras para cada institución, con el objeto de brindar asistencia humanitaria a la población afectada por las lluvias de la tormenta tropical Pilar y un frente frío. El decreto menciona un informe elaborado por Copeco, en el que se estimaba que alrededor de «57,000 personas han sido afectadas por la reciente temporada ciclónica, alrededor de 1,300 viviendas dañadas y 214 comunidades incomunicadas». 

 

En el primer semestre de 2024, la gestión de recursos de la institución ha sido cuestionada en varias ocasiones por empleados y exempleados que protestaron exigiendo el pago de los sueldos atrasados de tres meses

 

Copeco, el bastión «Calixto» 

 

El día del anuncio de su precandidatura presidencial, el 14 de abril de 2024, Jorge Cálix publicó en la red social X un «Hola Honduras», acompañado de un video donde se le ve avanzar desde el fondo de un escenario envuelto en humo, estilo estrella de rock, y saludar a un público entusiasta que ondea banderas del Partido Libre. El video, de apenas un minuto, fue musicalizado con la canción de Queens, We Are the Champions

 

Cálix es ahora, más que nunca, la cara de la división interna del Partido Libre. Ha señalado incluso a la hermana de Xiomara Castro por cobrar una supuesta planilla fantasma en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y cuando salieron a la luz las denuncias del ministro de Finanzas en su contra por un desvío de fondos en el Instituto de la Propiedad (IP), dijo en un medio televisivo que el coordinador del Partido, Manuel Zelaya, supuestamente tiene cáncer. 

 

Este es un pleito que viene desde hace tiempo. Los desencuentros entre Jorge Cálix y el oficialismo se hicieron públicos durante la elección de la junta directiva del Congreso Nacional en enero del 2022, cuando Cálix se lanzó como presidente y, en una sesión paralela, obtuvo 79 votos de los 128 miembros del legislativo. Xiomara Castro, quien aún no tomaba posesión, se negó a reconocer la legitimidad de esa junta directiva, y la crisis se prolongó por 19 días. Según fuentes internas del Partido Libre, Cálix aceptó ceder la presidencia del Congreso a Luis Redondo, pero a cambio pactó informalmente el control de tres instituciones del Estado: el Instituto de la Propiedad, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). 

Jorge Cálix, actual diputado y aspirante presidencial, durante la presentación de su movimiento político en la sede del partido Libertad y Refundación. Tegucigalpa, abril 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Larice, el jefe de comunicación de Copeco, lo dice sin tapujos: «Cuando hubo una crisis en el Congreso, Jorge y el coordinador del Partido Libre tuvieron que negociar. Así fue cómo Jorge conquistó Copeco, el IP y el PANI. Fue una conquista política. Jorge no tiene injerencia en las decisiones, en las contrataciones o en los presupuestos. Sólo pidió a personas de confianza asumir los liderazgos de esas instituciones para que contraten a militantes.» 

 

Tras la crisis en el legislativo, el primer ministro nombrado en Copeco fue el diputado de Libre, Ramón Soto Bonilla, uno de los 21 diputados de Libre que apoyaron a Cálix y que fueron acusados de ser «traidores» por el Tribunal de Honor del partido. En febrero de 2023, Soto dejó su cargo y lo ocupó Darío García, quien fue Secretario Ejecutivo en el Instituto de la Propiedad y es una persona de confianza de Cálix. García fue destituido por la presidenta Xiomara Castro y reemplazado por el vicealmirante José Jorge Fortín el 16 de junio. Ahora García es coordinador de campaña del Movimiento Juntos por el Cambio, que lidera Cálix. 

 

Denuncias por corrupción en el Instituto de la Propiedad

 

Cuando la presidenta anunció, el 30 de mayo, la intervención del Instituto de la Propiedad, tras descubrir supuestas irregularidades presupuestarias en el uso de un fideicomiso, Cálix se pronunció enseguida en frente del Ministerio Público para denunciar una persecución política, lo que muchos funcionarios tomaron como un acto desesperado de defensa que más sonó como una confesión, ya que nadie había nombrado a Cálix como parte de la denuncia. 

 

Tras las declaraciones de Cálix, el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, declaró que el IP utilizó 14 millones de lempiras para pavimentar la calle que conduce hacia la vivienda de Cálix en Santa Lucía, Francisco Morazán. Además, aseguró que la ONG Ayudando con Amor recibió 29 millones de lempiras entre marzo y junio de 2023, y que a través de esta se entregaron kits de belleza, asadores y hasta ecofogones para favorecer a la campaña política del diputado y precandidato presidencial Jorge Cálix. 

 

El 15 de junio, Marlon Ochoa presentó ante el fiscal general, Johel Zelaya, una denuncia por actos de corrupción público-privada ocurridos entre el 2012 y 2023 a través de fideicomisos. Entre las denuncias, el ministro habló del fideicomiso administrado por el Instituto de la Propiedad, encabezado en aquel entonces por Ebal Díaz, que llevó a un desvío de fondos de 19 mil millones de lempiras en proyectos fallidos como el de Casas Morazán o las casas-contenedores de Lomas del Diamante; un fraude que habla del largo historial de corrupción en el IP durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández. 

 

Contracorriente intentó obtener el expediente de la ONG Ayudando con Amor, inscrita en el Registro Público de las Asociaciones Civiles, a través una solicitud de información pública a la Secretaría de Gobernación y Justicia, pero la información fue enviada con los nombres borrados. 

 

Sin embargo, muchos casos de corrupción y desfalcos realizados bajo esta modalidad ‒desvíos de fondos a través de oenegés‒ se han descubierto porque los expedientes, e incluso los datos como nombre y número de cédula, eran informaciones públicas. 

 

Pero la cosa no termina allí, pues El Heraldo publicó que la Secretaría de Gobernación habría aprobado una transferencia de fondos por unos kits escolares que estaban supuestamente sobrevalorados. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (la misma que negó el expediente de Ayudando con Amor) respondió que no fue esta dependencia, sino el Congreso Nacional quien le otorgó los fondos a esa ONG. 

 

Por su parte, Cálix afirma que él no ha utilizado fondos públicos para hacer campaña política, y demostró en un medio televisivo que la calle mencionada en la denuncia del ministro de Finanzas fue pavimentada en el 2021, y esa mejora no llega hasta su hogar.  

 

Según el jefe de Comunicaciones de Copeco, se teme una intervención de esta institución también por parte del Ejecutivo «para debilitar» al candidato disidente de Libre. «A raíz de la precandidatura de Cálix, algunos sectores del oficialismo quieren despedir a sus simpatizantes en esas instituciones conquistadas», dijo. Por eso, empleados de las tres instituciones se tomaron durante cinco días, del 30 de mayo al 3 de junio, el Centro Cívico después del anuncio de la intervención del Instituto de la Propiedad. Sin embargo, Larice concede que «hasta ahora no hubo despidos». 

 

«Los pequeños feudos desgastan la institucionalidad pública»

 

Jorge Cálix no es el único político que controla una institución convirtiéndola en bastión para sus militantes. Para Josué Murillo, el director regional de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), este modelo es una constante. «Desde su constitución como República, Honduras ha tenido serias dificultades para consolidar un camino real hacia la democracia, y se ha visto expresado en la constitución de pequeños feudos dentro de la institucionalidad pública, donde personas muy reconocidas en el ámbito político hacen de estas instituciones sus haciendas personales. Esas haciendas han servido de catapulta política para estos personajes, quienes se han beneficiado de los presupuestos asignados a las instituciones», analizó.  

 

Para Murillo, el caso de Copeco y del Instituto de la Propiedad se enmarca en una historia larga de saqueo de las instituciones, pero también de nepotismo que el Gobierno actual ha replicado. «Aunque en el gobierno de Juan Orlando Hernández hubo un robo descarado [se refiere al desfalco del IHSS] y los hondureños votamos por un cambio, estamos viendo patrones similares con actores orientados a repetir las mismas acciones lesivas para la dignidad del pueblo hondureño, degradando los servicios públicos», añadió. 

Entrada principal del Instituto de la Propiedad (IP) en el Centro Cívico Gubernamental (CCG). Tegucigalpa, agosto 2023.

En Contracorriente investigamos cómo el Partido Nacional hizo de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) una maquinaria para comprar votos, a través del programa «Vida Mejor». 

 

En 2018, la primera parte del caso Pandora detalló cómo 282 millones de lempiras habían sido drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional, en 2013. En noviembre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) acusó a los expresidentes Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández (JOH) por fraude en una nueva secuela del caso Pandora

 

Tanto en la Sedis como en la SAG, las fundaciones y oenegés jugaron un rol clave en la trama de corrupción, ya que firmaban convenios con las Secretarías para, oficialmente, ejecutar proyectos, pero los fondos fueron sistemáticamente utilizados para el clientelismo. 

 

El actual Gobierno tampoco es transparente con los fondos adjudicados a oenegés, como lo muestran las respuestas de la Secretaría de Gobernación a nuestras solicitudes de información pública. Además, el Congreso Nacional aseguró no llevar un registro de los fondos que da a las oenegés, ni cuáles son. 

 

«En Honduras, la idea de los partidos políticos no es llegar a transformar el país, sino buscar las plazas que van a desocupar los del partido o del Gobierno anterior para poner a los suyos. Este es el gran problema», concluyó Josué Murillo.  «Llegan funcionarios no capacitados a puestos importantes, quieren favorecer a los suyos y no hacen más que degradar aún más al Estado».

 

Esta semana, Jorge Cálix expresó sus deseos de participar en las elecciones primarias bajo la bandera del Partido Liberal. 

La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán falló a favor de la familia Rosenthal y les devolvió propiedades, vehículos, cuentas bancarias y empresas que el Estado había asegurado en 2019, según la sentencia a la que tuvo acceso Contracorriente. Entre las empresas aseguradas estaban Banco Continental y Empacadora Continental, señaladas por la justicia estadounidense por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Los Rosenthal también lograron una resolución en su favor mediante arbitraje internacional, por la cual el Estado es señalado como responsable por afectar su patrimonio.

 

Texto: Célia Pousset

Portada: Persy Cabrera

 

En una resolución del 20 de junio de 2024, la Corte de Apelación de lo Penal de Francisco Morazán declaró «sin lugar la acción de privación definitiva del dominio promovida por el Ministerio Público» sobre los bienes de Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, César Augusto Rosenthal Hidalgo, Adela Patricia Rosenthal Hidalgo, Edwin Mayer Rosenthal Coello, Edwin Mayer Rosenthal Oliva y otros titulares de derecho. 

 

Con esto, se les devuelve 32 inmuebles, 12 cuentas bancarias, más de cien vehículos, dos aeronaves y más de 20 millones de lempiras en efectivo. Entre los bienes devueltos se encuentran los activos del Banco Continental y de Empacadora Continental. 

 

En julio de 2017, Yani Rosenthal, actual presidente del Partido Liberal, se declaró culpable por participar en transacciones monetarias de propiedades derivadas del tráfico de drogas, y en particular de Los Cachiros, una de las organizaciones criminales más poderosas de Honduras. Fue juzgado y sentenciado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York con una pena de 29 meses de cárcel. Como parte del mismo caso, también fueron acusados Yankel Rosenthal, exministro de Inversiones en el primer Gobierno de Juan Orlando Hernández, y el banquero Jaime Rosenthal, quien murió en Honduras en 2019.

 

Tanto Yankel como Yani se declararon culpables de los cargos que se les imputaron y cumplieron sus penas de cárcel, antes de volver a Honduras. En el 2021, Yani Rosenthal se presentó de nuevo como candidato a la elección presidencial para el Partido Liberal, sin que sus antecedentes penales lo prohibieran y sin ser perseguido por la justicia hondureña a nivel penal. Sin embargo, la familia tenía abierto un proceso de privación de dominio de bienes de origen ilícito. 

En septiembre de 2019, la mayoría de los bienes de los Rosenthal pasaron a manos del Estado. En aquel entonces, la resolución del juzgado de privación ordenó el traspaso de 34 bienes, siete empresas y diez cuentas bancarias. El abogado de la familia, Marlon Duarte, indicó en ese momento que iba a apelar la decisión. Casi cuatro años después, el fallo de la Corte de Apelaciones de lo Penal  favoreció a los Rosenthal. 

Esta resolución de la justicia hondureña contradice la calificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó en su lista de «narcotraficantes y terroristas designados» a una decena de empresas de la familia.

 

El Ministerio Público trató de probar que las empresas de los Rosenthal estaban «contaminadas con capital de dudosa procedencia»; sin embargo, para la Corte «las transacciones fueron reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros», y «en ningún momento el Ministerio Público logró ligar a esas sociedades  con la captación de capital de los Rivera Maradiaga, Wilter Blanco, José Handal». En definitiva, la Corte estimó que no se pudo comprobar «la mezcla de capitales lícitos e ilícitos de alguno de los socios», según la sentencia en poder de Contracorriente

 

Contactamos a Yani Rosenthal, pero hasta el momento de esta publicación no recibimos respuesta. El abogado de la familia, Marlon Duarte, por vía telefónica, expresó: «Han sido años, una década en este proceso. Desde el principio pudimos probar con todos los documentos el sustento del origen y la destinación lícita de cada matrícula, de cada depósito, de cada certificado de depósito de todas las acciones que forman parte del Grupo Continental; es una resolución ajustada a derecho. La solicitud del Ministerio Público nos apartaba del dominio de casi el 90 % de los bienes de la familia Rosenthal y del Grupo Continental».

Mencionó igualmente que la familia Rosenthal fue víctima del régimen de Juan Orlando Hernández y que la resolución anterior, que se revoca con la actual, había sido emitida de manera arbitraria: «La intención de JOH era destruir el patrimonio de la familia Rosenthal, un patrimonio de más de mil millones de lempiras, que era casi el 5 % del Producto Interno Bruto del país. Después de enfrentar al régimen de JOH, que tenía bajo su dominio todo el sistema, logramos esta resolución», expresó el abogado quien además dijo que muchos de los bienes están en mal estado, hay propiedades invadidas y hubo transacciones fraudulentas en cuanto al manejo de las mismas por parte del Estado. 

La Corte de Apelaciones de lo Penal, con jurisdicción nacional en materia de privación de dominio de bienes de origen ilícito, está conformada por Lizeth Vallecillo, Iván Castelar y Armando Corea. En mayo de 2024, esta Corte otorgó un sobreseimiento provisional al exdiputado de Libertad y Refundación, Miguel Navarro, acusado por el Ministerio Público de haber orquestado el asesinato del ingeniero Rafael Leonardo Lagos.

Contracorriente contactó a un abogado de la Procuraduría General de la República que lleva casos de privación de dominio, pero expresó que no está autorizado para dar información sobre estos casos. Contactamos también a una fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado para que nos hablara de la derrota del Ministerio Público en esta causa, pero tampoco logró autorización de su superior para darnos una entrevista. 

 

Los Rosenthal  «la cara limpia del narco» 

 

Según la fiscalía estadounidense, las empresas de los Rosenthal servían para blanquear dinero proveniente del narcotráfico, como se puede leer en el interrogatorio de septiembre de 2015 entre Yankel Rosenthal, dueño del club de fútbol Marathón, y un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien lo cuestionó sobre sus vínculos con notorios narcotraficantes hondureños. La siguiente es una transcripción textual de dicho interrogatorio.

 

DEA: Los conoce todos. Por ejemplo, Héctor. Don H.  

Rosenthal: No… Héctor…no. Me compró una casa y apoyó a mi equipo de fútbol.

DEA: ¿Cómo apoyó ese equipo?

Rosenthal: Es una empresa, ¿verdad? Entonces compró algunas acciones del capital del equipo.

DEA: ¿Con las ganancias de su tráfico de drogas?

Rosenthal: Eso no sé… Pero…

DEA: ¿Lo conocía como un narcotraficante no?

Rosenthal: De oídas. Sí, pero no. Honduras es un lugar pequeño, pero…

DEA: Entonces, lo sabía.

Rosenthal: Sí.

 

Según la DEA, el lavado de activos se realizó a través de varias vías; por ejemplo, el club de fútbol mencionado en el interrogatorio, y también por medio del negocio de la carne. Recordemos que Los Cachiros fueron, antes de ser narcotraficantes, traficantes de ganado. Resulta que tenían una empresa llamada Ganaderos Agricultores del Norte, que se dedicaba a comprar cabezas de ganado con sus ingresos provenientes del narcotráfico; ese ganado era posteriormente comprado y transformado en carne por una empresa de los Rosenthal llamada Empacadora Continental. 

La empresa exportaba mayoritariamente la carne a Estados Unidos, así como la cocaína de Los Cachiros. En total, entre 2008 y 2013, la Empacadora Continental pagó un total de 6.8 millones de dólares a Ganaderos Agricultores del Norte. 

Esta fue una de las empresas que sirvieron para el lavado de activos. De hecho, fueron también utilizadas las empresas off shore de Los Rosenthal para absorber ganancias de Los Cachiros, como la sociedad Inversiones Continental, que tenía su sede en Panamá. 

En agosto de 2023, Contracorriente publicó un reportaje sobre cómo los Valle Valle están recuperando sus bienes gracias a la lentitud del sistema de justicia hondureña y la falta de control de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI).

 

En ese entonces, Dennis Cheng, exdirector de un proyecto hondureño de bienes incautados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo a Contracorriente que el gran valor de la Ley de Privación es la  «destrucción del poder económico que tiene el crimen organizado». 

 

El abogado Marlon Duarte explicó que esta sentencia favorable a la familia Rosenthal también tiene que ver con la «resolución favorable» de un centro de arbitraje internacional, que hasta ahora no ha emitido oficialmente el fallo. «Sería ilógico pensar que es por cuestiones de componendas políticas con la nueva Corte de Justicia [que] obtuvimos esta sentencia», dijo.

 

Explicó también que el mecanismo que la DEA expuso sobre el supuesto lavado de activos no era correcto, ya que Los Cachiros realizaron transacciones de este tipo no solo con Banco Continental, sino con otros bancos, y que hasta el mismo Estado les realizaba transacciones monetarias a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), mediante contratos que las empresas de estos narcotraficantes suscribían con el Estado. 

 

Con este proceso, el Estado deberá asumir la responsabilidad. El abogado explicó que se sentarán a negociar, ya que habrá que deducir responsabilidades penales por subastas irregulares y despilfarro del fideicomiso del Banco Continental. «Estados Unidos no sugirió siquiera a Ethel Deras, que era la presidenta de la Comisión de Bancas y Seguros, que se liquidara de manera forzosa el banco», dijo el abogado.

 

Finalmente,  sostuvo que esta resolución no contradice de ninguna manera a la justicia estadounidense en sus resoluciones sobre el caso Rosenthal, porque no se ordenó que decomisaran bienes a la familia, sino que impuso una multa de 250 mil dólares, la cual fue pagada. 

Texto: Néstor Ulloa
Portada: Persy Cabrera

Cuando alguien habla u opina de lo que hemos dado en llamar «salir del clóset»,  no puedo evitar ligar la expresión con esos eventos o actividades que ahora realiza la «gente bien», como los cada vez más escasos baby shower, o los más de moda eventos de revelación de sexo; y no hablemos de esa cada vez más espantosamente popular costumbre que comienza a arraigarse en el país, como lo es hacer una fiesta de celebración y buscar padrino o madrina de cuanta cosa se les ocurra, para que los gastos corran por cuenta de los invitados.

Pues sí, así me parece eso de salir del clóset, y me da la sensación de que las personas lo toman como un gran evento de exposición social —que lo es—, al que debería acudir mucha gente, tal como se acudía, no hace mucho, a los eventos de presentación en sociedad de las niñas «en edad de merecer», volviéndose aquello un mercado de transacciones mercantiles basado en virginidades.

No puedo decir que yo mismo no haya usado el término, lo cual no implica que deje de parecerme lo que me parece, sólo porque soy yo quien pronuncia la frase. También, en honor a la verdad, debo decir que fui el sujeto activo de esa frase.

Por eso quiero hablar de lo que significa «salir del clóset» en un país como Honduras.

Lo primero que hay que saber es que Honduras es un país de inmensos contrastes, y no estoy usando el término como lo usaría un agente de viajes que intenta vender un paquete turístico. Digo que es un país de inmensos contrastes, porque las realidades medibles y observables, los hechos vividos por la población, pueden cambiar con tan solo estar a pocos kilómetros de distancia, aunque conserven el horror como señal de identidad.

Dicho lo anterior, también debo decir que aquellas categorías de condición y posición de clase de las que hablaba Bourdieu, aplicadas a un o una integrante de la diversidad sexual en Honduras, adquieren connotaciones que se volverán más monstruosas conforme se salga de los grandes centros poblacionales y se inserte uno en los ámbitos pueblerinos o rurales. Definitivamente la realidad de  una persona homosexual que vive en la ciudad es totalmente distinta a la de otra que vive en la zona rural; o, para ir más allá, no es lo mismo ser un homosexual hijo de un matrimonio clasemediero, que ser un homosexual hijo de padres campesinos. Por decir algo al respecto.

Es cierto que, para salir de algún lugar, es condición inevitable estar dentro de ese lugar. Normalmente uno se encierra en ese clóset como producto de una decisión personal, pero llegar a tomar esa decisión personal implica que uno ha pasado por una larga lista de señalamientos, burlas, golpes, sentimientos de culpa, inestabilidad emocional, depresión, entre otros, ya sea sufridos en la propia piel o en la ajena.

Salir del encierro es también una decisión personal, pero también influenciada por el entorno social que vive quien ha estado encerrado. Uno sopesa si hablar de frente hará más mal que bien: si contar la verdad, si mostrarse al mundo tal cual se es, más bien puede volverse en contra.

Uno mide y calcula, por ejemplo, cuántos familiares, cuántos amigos, cuántos conocidos, cuánta gente que importa se irá de nuestras vidas cuando sepan que uno no es heteronormado; que uno no comparte sus visiones del mundo: en definitiva, que uno simplemente peca de forma diferente a ellos. Y a veces, lo único que nos queda es ser egoístas y poner la paz, la salud mental y la estabilidad emocional propia por encima de cualquier filiación.

En mi caso, por mucho tiempo intenté encajar. En el fondo, sentía rabia conmigo mismo por mentirme y mentir a los demás. Salí muy tarde del encierro —según algunos parámetros actuales de las nuevas generaciones—, pues lo hice a mis cuarenta años. La poesía y el amor de algunos amigos y amigas me ayudaron muchísimo a tomar la decisión y a atravesar una suerte de ordalía, cuyo resultado final fue una sensación de libertad como nunca antes la había sentido, y el tirar al abismo una pesada carga, que hoy sé, era innecesario que soportara. Luego de ello, mi familia fue fundamental para contener y anular la arremetida.

¿Es difícil salir del clóset en Honduras? ¡Por supuesto que sí! Las implicaciones, o más bien las consecuencias de hacerlo, son muchas y casi todas son negativas. Por supuesto que siempre estará la sensación de haber hecho lo mejor para uno mismo; pero las implicaciones negativas en los ámbitos familiares, sociales, políticos y religiosos,  son incontables. 

Siempre estará el amigo de infancia que se irá de tu vida porque cree que tu afecto es sinónimo de enamoramiento; la hermana o la prima que no quiere que su hijo pase mucho tiempo con vos, porque lo podés volver gay; la gente del pueblo o del barrio, que te verán con recelo y sospecha cada vez que llegués con otra persona de tu mismo sexo; o los fanáticos religiosos que creen que lavarán sus propios pecados al estar continuamente señalando los tuyos y recitándote de memoria versos del Antiguo Testamento. Pero, a pesar de todo, nada se compara con la sensación de verte al espejo y sentirte fiel a vos mismo.

No voy a romantizar el asunto. En Honduras siguen matando personas sólo porque se acuestan con otras personas de su mismo sexo, o por vestirse como se viste el sexo contrario. Los crímenes de odio están a la orden del día, cometidos por gente que cree que sólo hay dos formas de ser en esta vida; o que, sí podés ser diferente… pero en secreto.

Entonces, ¿por qué alguien en sus cinco sentidos querría salir del clóset en un país tan violento para la diversidad sexual como Honduras? Primero, porque tenemos derecho a ser quien somos, sin tener que escondernos. Segundo, porque, hartos de la llevada y traída tolerancia con la diversidad sexual, es respeto lo que merecemos, y para exigirlo de los demás antes debemos dárnoslo nosotros mismos. Tercero, porque somos ciudadanos, y como tales tenemos derechos humanos, civiles y políticos. Y, por último, porque somos seres humanos que respiramos, sentimos, lloramos, sufrimos, reímos, nos enfermamos, viajamos, hacemos amigos, amamos, odiamos, ayudamos, nos preocupamos por los demás, creemos en Dios, somos ateos, gritamos, sangramos, soñamos, sentimos dolor, somos capaces de admirar la belleza… En fin, que somos como cualquier hijo de vecino.

Salir del clóset siempre será una decisión muy personal que hará que quien salga del encierro esté expuesto socialmente de por vida y, seguramente, su vida estará en peligro en muchas más ocasiones que la de un ser humano heterosexual promedio. Por eso necesitamos  aprender a respetar las decisiones de los demás, los gustos y las preferencias de cada persona; sólo así podremos conseguir vivir en armonía, paz y seguridad.

Yo, mientras tanto, a pesar de todo, he salido. Puse seguro a la puerta y he tirado la llave.

 

¡Dentro del armario, nunca más!

Dieciocho proyectos fueron registrados a nombre de Indigenous Carbon, una nueva empresa vinculada al empresario estadounidense Michael Greene, ya acusado de robo de tierras públicas por la Defensoría de Pará

Por: Claudia Antunes (Sumaúma)

El empresario estadounidense Michael Greene, acusado por la Defensoría Pública del estado brasileño de Pará de apropiación indebida de tierras públicas en sus negocios de carbono en la ciudad de Portel, está detrás de 18 proyectos de generación de créditos de carbono que ha registrado una empresa llamada Indigenous Carbon, junto con varias asociaciones de tierras Indígenas de gran parte de la Amazonia brasileña. Los proyectos involucran a los territorios de los pueblos Indígenas Parintintin, en el estado de Amazonas; de los Cinta Larga, en Rondonia y Mato Grosso; y de los Mundurukú y los Kayapó, en Pará. A excepción de las tierras de los Parintintin, los territorios donde están las iniciativas de Indigenous Carbon padecen la minería ilegal, lo que provoca tensiones y división en las comunidades.

Personas involucradas en las negociaciones de los proyectos, así como los autos de un proceso administrativo abierto en Rondonia y de una instrucción civil que se sigue en Pará, ambos por el Ministerio Público Federal, indican que en los territorios hay dudas sobre a dónde han ido a parar los fondos que Greene transfirió para implantar los proyectos. Ese dinero, entre otros problemas, incluye el pago de salarios a Indígenas, lo que ha intensificado las disputas sobre su cuantía. También hay indicios de que la consulta a las poblaciones sobre la firma de los contratos no siguió los protocolos establecidos por los propios Indígenas y de que las asociaciones no tuvieron acceso a un asesoramiento jurídico independiente, aunque eso no sea una obligación legal. Además, según un antiguo gestor de proyectos de la Tierra Indígena Mundurukú, hubo desacuerdos sobre el valor que Greene fijó para él mismo comprar y luego revender los créditos que genera uno de los proyectos en el territorio.

Los líderes de los pueblos originarios que defienden los contratos argumentan que conseguir fondos mediante la venta de créditos de carbono es la única forma de proteger los territorios de la deforestación y acabar con las actividades ilegales, como la minería y el contrabando de madera. Sin embargo, en un momento en que el mercado de carbono está bajo escrutinio, la participación de Greene aumenta las dudas sobre si los proyectos podrán vender créditos para generar los ingresos millonarios que esperan los Indígenas.

En su LinkedIn, Greene dice que ahora trabaja en Estados Unidos, donde puede utilizar la experiencia adquirida en el «todo vale» amazónico

Michael Greene se autodenomina «consultor ambiental» y comerciante de créditos de carbono. Casado con una brasileña, Evelise da Cruz Pires Greene, afirma llevar 14 años viviendo en Brasil. Greene aparece como socio de al menos 10 empresas en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Pará, con actividades que van desde la conservación forestal a la compraventa de propiedades. La primera de ellas la abrió en 2008. En LinkedIn, dice que desde enero trabaja en Estados Unidos, donde espera utilizar los conocimientos acumulados como consultor de proyectos de carbono en «el todo vale de la Amazonia».

Indigenous Carbon fue registrada en julio de 2022 en Delaware, Estados Unidos. El estado se considera un paraíso fiscal debido a su poca transparencia financiera: se puede, por ejemplo, abrir una empresa sin revelar sus propietarios. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, los proyectos creados con asociaciones Indígenas se sometieron a certificación, un proceso que en teoría debería demostrar que los créditos son «íntegros», es decir, que representan realmente una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.

Los cuatro proyectos en la ciudad de Portel que están bajo sospecha se sometieron a certificación en la organización estadounidense Verra, una de las mayores certificadoras. Pero los 18 de Indigenous Carbon se registraron en Cercarbono, una certificadora colombiana menos conocida que aún no cuenta con el sello del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono (ICVCM, por sus siglas en inglés), una organización que se define como independiente y pretende elevar los niveles de calidad en este mercado.

De los 18 proyectos, seis se certificaron entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, por lo que ya pueden vender créditos de carbono a empresas que deseen compensar sus emisiones. El nombre de Greene solo apareció como responsable de Indigenous Carbon cuando Cercarbono emitió los informes de certificación, donde se denomina al empresario «consultor de carbono». La empresa aparece como «representante legal» de cuatro de los proyectos certificados y como «desarrolladora y proponente» de los otros dos.

Sin embargo, tras la certificación, los Documentos de Descripción del Proyecto (PDD, por sus siglas en inglés), que se presentan cuando las iniciativas se registran en la empresa certificadora, se modificaron en EcoRegistry, la plataforma web que utiliza Cercarbono para el registro. En la nueva versión de los PDD de los seis proyectos certificados, Indigenous Carbon ya no aparece como co-proponente, sino como proveedor de «apoyo técnico». Los únicos proponentes que aparecen son las asociaciones Indígenas.

 A finales de mayo, se realizó un nuevo cambio: tres de los PDD en los que Indigenous Carbon no constaba como proponente se reemplazaron por una versión anterior, en la que la empresa aparece en esa función. SUMAÚMA dispone de copias de los PDD originales en los que aparecía la empresa y también de los seis PDD en los que ya no figuraba. 

En la web de EcoRegistry, Indigenous Carbon ya no figura entre los proponentes de los seis proyectos. El motivo de estos cambios no está claro. Puede que se hayan hecho para evitar la exposición pública de Indigenous Carbon y minimizar su papel en los proyectos de carbono. En el caso que se lleva a cabo en la ciudad de Portel, Michael Greene argumenta que él solo es el proponente de uno de los proyectos demandados por la Defensoría.

Consultada por SUMAÚMA, la certificadora Cercarbono explicó que los titulares de los proyectos pueden hacer este tipo de cambios. Según la certificadora, los documentos que sustentan los cambios serán examinados cuando los proyectos se vuelvan a verificar, lo que ocurre cada tantos años para poder expedir nuevos créditos de carbono. Según las definiciones usadas por Cercarbono, el titular es el representante legal del proyecto.

Extractos de los informes de certificación de dos proyectos, en los que apareció por primera vez el nombre de Greene vinculado a Indigenous Carbon

Quien audita todos los proyectos de Indigenous Carbon es la empresa india 4K Earth Science Private Limited, una compañía privada que los proponentes contratan para validar sobre el terreno lo que está descrito en los PDD y atestiguar que pueden generar los créditos de carbono previstos. En los informes de verificación y validación de los seis proyectos certificados, en cuatro casos los clientes son Indigenous Carbon y las asociaciones Indígenas (João Bravo, Rio Maicimirim, Rio Jacareacanga y Juina) y en dos lo son solo las asociaciones Indígenas (Rio Roosevelt e Ipixuna).

Tal como exige Cercarbono en el proceso de validación y certificación, 4K Earth Science presentó declaraciones de que no existe conflicto de intereses entre ella y su cliente en ocho proyectos registrados por Indigenous Carbon. En todas estas declaraciones, la empresa registrada en Estados Unidos figuraba inicialmente como «titular» de los proyectos. Posteriormente, las declaraciones fueron modificadas en dos de ellos: los Indígenas pasaron a ser los únicos propietarios del proyecto Rio Maicimirim y entraron como co-titulares del proyecto Juina, junto con Indigenous Carbon.  

 Además de los seis proyectos certificados, cuatro de los 18 proyectos registrados en 2022 y 2023 se retiraron de Cercarbono y ocho siguen en fase de validación. Los cuatro que se retiraron fueron propuestos por Indigenous Carbon y la Asociación Indígena Mantinó, de la Tierra Indígena Baú, del pueblo Kayapó, en Pará. Mantinó fue creada en 2019 por un grupo que se separó de la asociación tradicional del territorio, el Instituto Kabu. La coordinadora de Mantinó, Elissandra Soares, declaró a SUMAÚMA que fue Agfor, otra empresa de Greene, quien entró en contacto con ellos, pero que no firmaron ningún contrato de carbono y que no se ha llevado a cabo ningún servicio en el territorio. Al preguntarle por los documentos presentados a la certificadora en los que consta el nombre de la asociación y sus dirigentes, Elissandra volvió a negar que Mantinó hubiera firmado contratos con Agfor o Indigenous Carbon y afirmó que «ninguna empresa ha sido autorizada a hablar en nombre» de la asociación.

De hecho, las negociaciones con las asociaciones de tierras Indígenas se llevaron a cabo inicialmente en nombre de Agfor Empreendimentos, la filial brasileña de Brazil Agfor, una empresa registrada en Grand Rapids, en el estado de Michigan en Estados Unidos. Tanto Agfor Empreendimentos como Brazil Agfor, así como Greene, se encuentran entre los acusados de las acciones civiles públicas que presentó en julio del año pasado la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel. 

En el ordenamiento jurídico brasileño, la acción civil pública es un instrumento que tiene por objeto proteger los intereses colectivos y usado para demandar compensaciones de los acusados por  daños al patrimonio público y social, el ambiente o el consumidor.

Según la acusación, en Portel se implantaron tres proyectos total o parcialmente en tierras pertenecientes a asentamientos agroextractivistas del estado —es decir, tierras públicas—, basándose en registros de propiedad inválidos. Un cuarto proyecto, que nunca llegó a certificarse, utilizó registros irregulares del Catastro Ambiental Rural, que posteriormente fueron cancelados. Debido a las acciones civiles públicas, la certificadora Verra suspendió la venta de créditos de carbono de los tres proyectos que ya había certificado, identificados con los números 2252, 981 y 977.

Las acciones están aún en la fase de instrucción, es decir, de examinar los argumentos y citar a los acusados; no ha habido decisión judicial. El estado de Pará y el Instituto de Tierras de Pará han entrado como coadyuvantes de la acusación. La Policía Federal ha abierto una investigación sobre el caso y se está llamando a declarar a los implicados. La instrucción está bajo secreto de sumario. 

Al menos los Indígenas Cinta Larga y Mundurukú llegaron a firmar contratos con Agfor Empreendimentos, según documentos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA. En esos contratos, la empresa de Greene figuraba como desarrolladora de los proyectos. Después, el contrato de los Cinta Larga con Agfor fue sustituido por otros con Indigenous Carbon, ahora como «consultora» de las asociaciones Indígenas. Hay indicios de que ese mismo cambio tuvo lugar con otras etnias. Ocurrió después de que el medio digital Intercept Brasil publicara en noviembre de 2022 un reportaje que denunciaba el traslape de proyectos de carbono con tierras públicas en Portel.

InfografÍa: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA

En los contratos de Indigenous Carbon a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, Michael Greene se define como el «administrador» de la sociedad anónima. Los documentos estipulan que la empresa se quedará con el 30% de los créditos que generen los proyectos, un volumen estándar en el llamado «mercado voluntario de carbono», un mercado internacional que no está regulado por los gobiernos. A pesar de aparecer solo como «consultora», los contratos establecen que Indigenous Carbon tendrá el «derecho exclusivo de ayudar a encontrar compradores internacionales y nacionales para los créditos de carbono». Según los abogados que ha consultado SUMAÚMA, esto significa que podría ser considerada responsable si se cuestionan los créditos que vende.

Uno de los dos contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga de la Tierra Indígena Roosevelt, en los estados de Rondonia y Mato Grosso, fue firmado el 29 de abril de 2023, más de cuatro meses después de que el proyecto se registrara en Cercarbono para obtener la certificación.

El contrato con los Cinta Larga de la Tierra Indígena Roosevelt se firmó después de que el proyecto se hubiera registrado en la certificadora a nombre de Indigenous Carbon, pero la etnia había firmado antes un acuerdo con otra empresa de Greene

A diferencia de lo que ocurre en Portel, aparentemente en los proyectos de las asociaciones Indígenas no existe apropiación indebida de tierras públicas, la presunta ilegalidad que sostiene las acciones de la Defensoría de Pará. A pesar de que sus territorios pertenecen al Estado brasileño, los pueblos originarios tienen el derecho exclusivo a hacer usufructo de ellos. No obstante, aunque los proyectos del mercado voluntario se rigen por contratos privados, deben cumplir la legislación brasileña, tanto en lo que se refiere a la propiedad de la tierra como a los derechos de las comunidades de los territorios donde se generan los créditos.

Mercado voluntario, derechos e inseguridad jurídica

En el mercado voluntario de carbono, las empresas compran «voluntariamente» créditos para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de reducir su huella ambiental, mejorar su imagen ante la opinión pública o incluso por presión de los accionistas. Es diferente a lo que ocurre en los «mercados regulados», donde los gobiernos fijan un techo de emisiones para las empresas. De esta forma, las compañías que han emitido menos del límite máximo pueden vender créditos a las que lo han superado.

En Brasil —y principalmente en la Amazonia— los proyectos del mercado voluntario generan créditos a partir de lo que se denomina «deforestación evitada», que en la práctica es la promesa de reducir las emisiones causadas por la deforestación. Estos proyectos se conocen como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal), un mecanismo creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Inicialmente concebido para remunerar a los países que conserven sus bosques y selvas, el mecanismo se utiliza ahora en el mercado voluntario. Los proponentes tienen que demostrar que los proyectos contribuirán a reducir más la deforestación que en caso de que no existieran. Por este motivo, la mayoría de los proyectos se desarrollan en zonas de selva preservada que están sometidas a la presión de los deforestadores. Si se ejecutan bien, estos proyectos pueden aportar recursos financieros a las comunidades Indígenas y tradicionales que cuidan ecosistemas estratégicos para mitigar la crisis climática.

Debido al acoso que las empresas que desarrollan proyectos de carbono realizan sobre las tierras Indígenas y reservas extractivistas, donde la naturaleza suele estar mejor conservada, el gobierno de Lula y el Ministerio Público, tanto el federal como el de Pará, vienen sugiriendo normas para fortalecer la protección de los derechos de las poblaciones de estos territorios en los contratos del mercado voluntario.

Una resolución de 2018 de la Comisión Nacional para REDD+, vinculada al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ya había establecido algunas normas en ese sentido. En 2023, el gobierno incluyó, en el proyecto de ley que crea un mercado de carbono regulado en Brasil, un artículo que detalla las salvaguardas sociales y ambientales para los proyectos del mercado voluntario en tierras Indígenas y comunitarias. No obstante, el proyecto de ley tiene que votarse de nuevo en el Senado porque la Cámara de los Diputados introdujo algunas modificaciones: mantuvo las salvaguardas, pero también incluyó en la propuesta cláusulas controvertidas, que brindan a la agroindustria la posibilidad de vender en el mercado regulado créditos de carbono generados en proyectos REDD+ sin someterse a ningún techo de emisiones.

Las salvaguardas previstas en el proyecto de ley estipulan que las poblaciones deben aprobar los contratos mediante una consulta libre, previa e informada, como prevén el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la legislación brasileña. Esta consulta también debe, según el texto, seguir los términos del protocolo o plan de consulta de las comunidades, cuando existan. Además, tendrá que ser supervisada por el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) federal y la Cámara Temática sobre Poblaciones Indígenas y Comunidades Tradicionales del Ministerio Público Federal.

Las salvaguardas también establecen que el dinero obtenido con la venta de créditos de carbono debe depositarse en «cuentas específicas» —es decir, exclusivas para este fin— y que los contratos deben garantizar la distribución «justa y equitativa» y la «gestión participativa» de estos fondos. Además, los contratos deben incluir una cláusula que prevea la indemnización de las poblaciones «por los daños colectivos, materiales e inmateriales» que puedan derivarse de los proyectos de carbono.

Algunas de estas salvaguardas también se recomiendan en una nota técnica publicada en julio de 2023 por el Ministerio Público del estado de Pará y el Ministerio Público Federal para orientar a sus fiscales en los casos de proyectos de carbono en tierras Indígenas y comunitarias. La nota técnica sugiere que la consulta libre, previa e informada no solo debe ser supervisada, sino también llevada a cabo por el poder público.

 El documento también establece que los contratos de carbono deben ser públicos y notariales —lo cual no se explicita en el proyecto de ley— y recomienda que incluyan una «cláusula de flexibilización» que permita revisar las condiciones iniciales a petición de las comunidades. 

En los contratos de Indigenous Carbon consta que las asociaciones Indígenas deben pagar una multa del 20% sobre el 30% de los créditos que pertenecen a la empresa si incumplen el acuerdo «injustificadamente» una vez certificados los proyectos. Los contratos no dejan claro qué puede considerarse «injustificado», pero especifican que no vender créditos o venderlos por menos de lo esperado no es una justificación válida, ya que el mercado del carbono es difícil y volátil.

Aunque se basa en la legislación vigente en Brasil, la nota técnica no tiene efecto de ley.

La ‘conformidad’ de la Funai y las versiones contradictorias

Para complicar las cosas, los proyectos de Indigenous Carbon fueron negociados entre 2021 y 2022, durante el gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro. En aquella época, la Funai fue desmantelada, parte de sus coordinaciones regionales pasaron a manos de los militares y se estimuló la minería ilegal en tierras Indígenas.

Todos los Documentos de Descripción de Proyectos registrados en Cercarbono mencionan a la Funai como «parte interesada» y algunos afirman que el organismo indigenista federal participó en reuniones y eventos relacionados con los proyectos. Tres contratos de Indigenous Carbon con los Cinta Larga, que se presentaron al Ministerio Público Federal en el proceso administrativo abierto en Rondonia, dicen que la Funai dio su «conformidad» al proceso de consulta que aprobó su firma. Pero hay indicios de que el organismo no ha hecho un seguimiento riguroso.

El proceso administrativo se abrió en febrero de 2023 para monitorear las negociaciones de los proyectos de carbono, después de que, en una reunión en la ciudad de Cacoal, los líderes Indígenas Cinta Larga informaron al Ministerio Público que habían firmado un contrato con Agfor el año anterior. Los dirigentes declararon que estaban sufriendo amenazas por parte de mineros y madereros «por la posibilidad de vender créditos de carbono». También dijeron que los Cinta Larga del Parque Indígena Aripuanã estaban negociando con otra desarrolladora de proyectos de carbono, Carbonext. Pero en ese momento Indigenous Carbon ya había registrado en Cercarbono cinco proyectos en el Parque Aripuanã.

En la siguiente reunión, en agosto de 2023, los Cinta Larga presentaron los contratos con Indigenous Carbon, firmados digitalmente por Michael Greene. También dijeron que no tenían ningún protocolo de consulta previa y que no estuvo presente ningún abogado que los representara cuando negociaban con la empresa, pero que el entonces coordinador regional de la Funai en Cacoal, Sidcley Sotele, participaba en las reuniones. El Ministerio Público aconsejó entonces a los Indígenas que contrataran a un abogado para analizar los contratos.

Sidcley Sotele fue destituido de la coordinación regional de la Funai en enero de 2023, al inicio del gobierno de Lula. El también exsecretario de Agricultura de Cacoal declaró a SUMAÚMA que, aunque fue nombrado durante el gobierno de Bolsonaro, fue propuesto para el cargo por los Paiter Suruí, otro pueblo Indígena de Rondonia. Sotele afirmó que acudió a dos reuniones de negociación del proyecto de carbono a petición de los Cinta Larga, pero que solo observó. «Los acompañé de esa forma, sin poder hablar, no me pidieron orientación, solo querían que estuviera ahí», alegó. También relató que no pudo garantizar que hubiera una consulta previa, aparte de las reuniones entre los líderes Cinta Larga y los representantes de Agfor, porque dejó la Funai «y ellos continuaron las conversaciones».  Y señaló que desconocía los contratos con Indigenous Carbon.

El excoordinador de la Funai no cree que los proyectos de carbono en las tierras de los Cinta Larga puedan seguir adelante, ya que la minería ilegal continúa, «aunque encubierta». «Si el Ministerio Público u otro organismo no interviene para exigir explicaciones [sobre los proyectos] y cómo se están llevando a cabo, no saldrán adelante», dice.

SUMAÚMA intentó hablar con dos líderes Cinta Larga que firmaron contratos con Indigenous Carbon, Raimundo Cinta Larga y Gilmar Cinta Larga. Raimundo dijo que tendría que hablar con su comunidad antes de conceder una entrevista. Gilmar quiso saber el «objetivo del reportaje» y si era «negativo». En un segundo contacto, SUMAÚMA les envió preguntas por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. Thalia Assiry Cinta Larga, presidenta de la Cooperativa de Producción y Desarrollo del Pueblo Indígena Cinta Larga (Cooperbravo), que aparece como proponente de algunos de los proyectos junto con Indigenous Carbon, explicó vía WhatsApp que primero tenía que hablar con la abogada de la entidad, pero no dijo quién era.

 En diciembre de 2023, cuatro meses después de la reunión de agosto, los Cinta Larga tuvieron otro encuentro con el Ministerio Público Federal, en el que se comprometieron a implementar un «proyecto de monitoreo territorial» para acabar con las actividades ilegales en sus territorios. Fue entonces cuando presentaron a una abogada de Cooperbravo, Karen Roberta Miranda de Sousa Falcão.

La letrada presentó un dictamen en el que afirmaba que el contrato firmado con Indigenous Carbon es «justo y compatible con la normativa brasileña y extranjera sobre el mercado de carbono». El documento también afirma que «la decisión final» sobre la firma del contrato «se tomó mediante una reunión presidida y coordinada por los Indígenas, observando sus propias tradiciones, tal y como determinan las normas que salvaguardan los derechos de los pueblos Indígenas».

Karen Falcão también representa a la Asociación del Pueblo Parintintin de la Tierra Indígena Ipixuna (APPTI), creada en enero de 2024. Tras la certificación del proyecto de carbono en la Tierra Indígena Ipixuna, en el estado de Amazonas, en diciembre de 2023, la APPTI apareció en EcoRegistry como proponente del negocio, junto a la Organización del Pueblo Indígena Parintintin de Amazonas (Opipam). Thiago Castelano, de la etnia Parintintin y coordinador de la APPTI, dijo que no podía dar una entrevista sin consultar a la población de la Tierra Indígena y le pidió a SUMAÚMA que hablara con la abogada. Castelano aparece como contacto de Indigenous Carbon en los informes de certificación de cuatro proyectos: los dos con los Parintintin, uno con los Cinta Larga y uno con los Mundurukú.

Aldea en la Tierra Indígena Mundurukú, en el estado de Pará, donde el excoordinador de los proyectos afirma que lo despidieron por no estar de acuerdo con el precio que Greene quería pagar por cada crédito. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

En respuesta a las preguntas que le envió SUMAÚMA vía WhatsApp, Karen Falcão afirmó que el enfoque del reportaje era «invasivo» y partía de «posiciones tomadas de antemano». Según la abogada, los Indígenas de la Tierra Indígena Ipixuna tendrían que «decidir primero si quieren dar una entrevista y cómo quieren hacerlo», de acuerdo con sus protocolos de consulta. Finalmente, notificó a SUMAÚMA que la entrevista solo podía hacerse en persona, en el territorio.

El proyecto en la Tierra Indígena Ipixuna es el único que registra ventas de créditos de carbono en la página de EcoRegistry: 17.605 de los más de 2,5 millones disponibles. El comprador fue GreenLand Investments S.A.S., un grupo colombiano de empresas agroindustriales con plantaciones de banana y aguacate. El precio de cada crédito generado por los proyectos REDD+ varía mucho en función del año en que dejó de producirse la correspondiente emisión de carbono. En el último trimestre de 2023, el precio medio fue de 3,76 dólares para el crédito de 2017 y de 13,71 dólares para el del año pasado.

En 2021 y 2022, las negociaciones para los proyectos de carbono en las dos tierras de los Parintintin —Ipixuna y Nove de Janeiro— fueron llevadas a cabo por la Organización del Pueblo Indígena Parintintin del Amazonas (Opipam). Raimundo Parintintin era entonces coordinador de Opipam, pero desde mayo de 2023 es coordinador regional de la Funai en la región del Río Madeira. Raimundo declaró a SUMAÚMA que sus contactos fueron con Agfor y que no sabía que el registro de los proyectos en la certificadora los hizo una empresa llamada Indigenous Carbon. En aquel momento, dijo Raimundo, Agfor contrató a algunos Parintintin para llevar a cabo los proyectos. 

Raimundo confesó que firmó los contratos por la presión de otros Indígenas. «No me sentía muy seguro en ese momento, porque no había habido construcción participativa, la consulta, [no sabía] cómo funcionaba [el proyecto] ni la repartición [del dinero]», explicó. «Como venimos del movimiento [indígena], sabía que no era tan fácil, la gente viene y engaña a la población indígena diciéndole que va a ganar mucho dinero. La gente se acaba animando. Dijeron que habría la cuestión social, que iban a construir escuelas y casas antes de que el proyecto empezara a vender créditos de carbono. Pero las empresas trabajan para obtener beneficios. ¿Cómo pueden invertir en algo sin estar seguras de que funcionará? Nada de lo que se dijo entonces está ocurriendo».

Según él, no hubo exactamente una consulta previa a la población, sino una reunión. En el gobierno actual, el Ministerio de los Pueblos Indígenas celebró un seminario sobre REDD+ en Brasilia y los funcionarios de la Funai recibieron la orientación de seguir de cerca las tratativas del carbono. En el momento de las negociaciones con Agfor, el coordinador de la Funai en la región del Río Madeira era un capitán del Ejército, Cláudio Rocha. Según Raimundo, los Parintintin tuvieron una reunión con él para informarle del proyecto, y representantes de la empresa también hablaron con Rocha. «Pero no hubo una participación efectiva y directa de la Funai», afirmó. «Sus palabras [de la Funai] fueron: “Si es bueno para ustedes, sigan adelante, no queremos dificultarles la vida”».

El actual coordinador de Opipam es Domingos Parintintin, que pidió que SUMAÚMA hablara con Joel Joveliano, secretario ejecutivo de la entidad. Joel, por su parte, nos remitió a la asesora de prensa, que pidió las preguntas por WhatsApp, pero no envió las respuestas.

El abogado Adriano Camargo Gomes, de la asesoría jurídica del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas (CNS), ha estado lidiando con propuestas de proyectos de carbono en territorios comunitarios. Opina que, ante la posibilidad de que la actuación de la Funai cambie en función del gobierno de turno, lo más seguro es recomendar que entidades nacionales vinculadas a las comunidades, como el CNS y la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), acompañen las negociaciones.

«No podemos considerar que las comunidades son incapaces de expresar su voluntad, pero tenemos que reconocer que existe una asimetría de conocimientos jurídicos y técnicos en relación con las empresas, que disponen de muchos recursos», argumenta Adriano Gomes. «Precisamente para evitar que esta relación sea desequilibrada, las comunidades necesitan contar con asesoramiento. Recurrir a la Apib o al CNS es un remedio de bajo costo para resolver este problema».

SUMAÚMA le preguntó a la Funai si tenía conocimiento de los 18 proyectos de Indigenous Carbon, si había dado su conformidad y si consideraba que los contratos eran válidos. El organismo indigenista no respondió.

Las mujeres Mundurukú contra una asociación

La Tierra Indígena Mundurukú es la más poblada de todas las implicadas en los proyectos de carbono de Indigenous Carbon, con 9.282 personas, según el censo de 2022. Allí, la minería ilegal ha dividido a los caciques y las asociaciones. Wakobor?n, una asociación de mujeres del Alto Tapajós, lidera la oposición a la Asociación Indígena Pusuru, que negoció con las empresas de Michael Greene. Fue a raíz de una carta de Wakobor?n, en enero de 2022, que el Ministerio Público Federal en Santarém abrió una instrucción civil para investigar los proyectos REDD+ en la tierra indígena.
Campamento minero ilegal en la Tierra Indígena Mundurukú, donde el primer acuerdo de carbono también se negoció con Agfor, otra empresa de Greene. Foto: Lalo de Almeida/Folhapress

Inicialmente, la instrucción no estaba relacionada con las empresas de las que Greene es socio o que representa. Las mujeres se quejaban de un proyecto de Carbonext en una hacienda cercana al territorio. Lo que llamó la atención de Wakobor?n fue que la hacienda pertenecía a una empresa de Leonel Babinski Marochi, que ya había sido acusado de robo de tierras públicas en los territorios comunitarios de Montanha y Mangabal (en este caso, la Justicia anuló los títulos ilegales de propiedad). Sin embargo, en septiembre de 2022, Carbonext informó que el proyecto se había suspendido, precisamente por las dudas sobre la propiedad de las tierras en las que se iba a implantar.

La investigación se centró entonces en la llegada al territorio de otra empresa de carbono, que aún no se conocía. En una reunión con el Ministerio Público Federal en octubre de 2022, la coordinadora deWakobor?n en aquel momento, Maria Leusa Mundurukú, dijo que se había enterado de que un grupo de Indígenas estaba haciendo consultas sobre un acuerdo. Contó que ese grupo alegaba que cada familia recibiría un sueldo y ya no tendría que cultivar la tierra. «Los Indígenas están preocupados, saben que eso no es una consulta, sino que los perjudica, porque hace que se enfrenten unos con otros», afirmó en la reunión. Los fiscales subrayaron que los Mundurukú tienen un protocolo de consulta que debe seguirse antes de firmar cualquier contrato.

Maria Elisa Mundurukú, que escribió una carta al Ministerio Público quejándose de la falta de consulta previa en el proyecto de carbono. Foto: Fernando Martinho/SUMAÚMA

Solo a finales de 2022 quedó claro que la asociación Pusuru había firmado un contrato con Agfor Empreendimentos. Fue entonces cuando la Funai, a instancias del Ministerio Público Federal, envió el acta de una asamblea que había organizado Pusuru en la que se había aprobado el acuerdo, el 12 de septiembre de 2022, así como una copia del contrato con la misma fecha. En aquella época, el coordinador regional de la Funai en el Tapajós era José Arthur Macedo Leal, que se había pronunciado a favor de la minería en tierras Indígenas. Cuando se entregaron los documentos, en diciembre, cuatro de los cinco proyectos en territorio Mundurukú ya se estaban registrando en Cercarbono. Pero no a nombre de Agfor, sino de Indigenous Carbon. El quinto se registró poco después, en enero de 2023.

En esta investigación, el Ministerio Público Federal envió tres oficios a Michael Greene, en los que solicitaba información sobre las actividades que ya había llevado a cabo su empresa en la Tierra Indígena Mundurukú. Los oficios también pedían una copia del proyecto de carbono y un cronograma de su implementación. El último se envió en enero de 2024, pero Greene nunca respondió.

Uno de los tres oficios que el Ministerio Público Federal envió a Greene pidiéndole información sobre el proyecto en la Tierra Indígena Mundurukú. Nunca respondió

Los cinco PPD (Documentos de Descripción del Proyecto) en tierras de los Mundurukú tienen una peculiaridad: todos dicen que hubo consentimiento «unánime» para cuatro de los proyectos, pero solo del 80% para uno, y que en ese proyecto quedaron por fuera las aldeas y tierras de las personas que estaban en contra.

Ediene Kirixi, actual coordinadora de Wakobor?n, discrepa. Le contó a SUMAÚMA que no se siguió el protocolo de consulta de los Mundurukú, y que la asociación de mujeres y otras cinco asociaciones que estaban en contra del acuerdo fueron excluidas del proceso. «Un grupo de Mundurukú se involucró en este proyecto y se dejó engañar por la canasta básica de alimentos, por la promesa de que tendrían beneficios», explicó. Ediene dice que muchos caciques preguntan por el dinero que la empresa les transfirió para implantar el proyecto: «Preguntan si es verdad que cobraron ese dinero y no tenemos una respuesta clara. Nosotros no lo hemos visto».

Ediene Kiriri, de la asociación de mujeres Mundurukú Wakoborun, dice que los caciques se sienten engañados con falsas promesas. Foto: Fernando Martinho/SUMAÚMA

A raíz de una solicitud de información del Ministerio Público Federal sobre las actividades realizadas con Agfor Empreendimentos en la Tierra Indígena Mundurukú, la asociación Pusuru presentó una «rendición de cuentas preliminar» de lo que habría recibido en 2023 por el proyecto de carbono, en la que constan «transferencias» que suman poco más de 238.000 reales (unos 47.600 dólares). Según la tabla presentada, la mayor parte del dinero se gastó en el alquiler de la sede de la asociación, que se encuentra en el municipio de Jacareacanga, en el pago de facturas de luz atrasadas, gasolina, el flete de lanchas y el mantenimiento de un autobús, además de pollo, arroz y otros alimentos, incluida la compra de dos bueyes para una «fiesta de graduación». También se pagaron «dietas» a cuatro Mundurukú y los honorarios de un abogado.

El actual coordinador de la asociación Pusuru, João Kaba, fue elegido en marzo de 2024 en sustitución de Francinildo Cosme Kaba, que negoció el contrato. João, que es profesor de educación indígena, declaró a SUMAÚMA que aún no ha tenido tiempo de familiarizarse con las cuentas del carbono, pero que pretende mantener los proyectos a petición de los caciques. «El crédito de carbono protege la selva, para sustituir la minería ilegal. Los caciques dejaron de hacer esas actividades y nos pidieron que encontráramos un proyecto que no destruyera. Parece ser la única solución», afirmó.

João Kaba señaló, sin embargo, que el dinero recibido hasta ahora es poco en comparación con el tamaño de la población de la tierra Mundurukú. «Parece que se llevaron a cabo las actividades sociales, que creo que era la entrega de canastas básicas. Como la asociación no tiene edificio, también tuvo que pagar alquiler», detalló. 

El importe que Pusuru registró en las cuentas presentadas al Ministerio Público Federal coincide con las cuentas que hace Waldelírio Manhuary, antiguo coordinador de los proyectos en la tierra Mundurukú. Conocido como Waldé, cuenta que no forma parte de esta asociación, pero que le pidieron que trabajara con los créditos de carbono porque tiene muchos contactos y buena oratoria. Vecino de Jacareacanga, Waldé está acusado de «receptación cualificada»: recibir, vender, transportar u ocultar el producto de un delito. La acusación está vinculada a una supuesta complicidad con la minería ilegal. Él afirma que aún no ha sido citado a declarar.

Waldelírio Manhuary trabajó en los proyectos hasta marzo de 2024, cuando, según explicó a SUMAÚMA, tuvo una discusión con Michael Greene y fue despedido. Solo entonces, dijo, buscó el registro de Indigenous Carbon y no pudo encontrarlo. Waldelírio dijo que la ruptura se produjo porque no estaba de acuerdo con el valor de los créditos de carbono estipulado para las «preventas» que los Mundurukú hacían a Greene, que compraba los créditos a nombre de Brazil Agfor y luego los revendía.

De pie, con una camisa clara, Greene participa, en mayo de 2023, en una reunión con líderes Indígenas en São Paulo para discutir los proyectos, en una foto que ha obtenido SUMAÚMA

Según los dos contratos de preventa a los que SUMAÚMA tuvo acceso, en 2023 Greene habría comprado un total de 32.000 créditos por 1,5 dólares cada uno, lo que corresponde a 48.000 dólares, o aproximadamente los 238.000 reales que la asociación Pusuru registró en la rendición de cuentas. Cuando, ese mismo año, Greene presentó un tercer contrato con el mismo valor para los créditos, Waldelírio no lo aceptó, porque en las negociaciones de los proyectos el estadounidense les había prometido que cada crédito se vendería a 5 dólares. «Dijo que era difícil negociar la venta y que solo conseguía vender unos pocos créditos», afirmó el excoordinador de los proyectos. 

Waldelírio Manhuary explicó que, aunque ya no trabaja con proyectos de carbono, todavía se le acercan caciques descontentos con la marcha del negocio. «En las reuniones que hice en las aldeas [durante las negociaciones], dije que el proyecto iba a funcionar, que se iban a beneficiar. Pero los caciques que firmaron [el contrato] no han recibido ni un centavo. Así que quieren que se revoque el contrato, que se paralice, porque hay fricciones, problemas sociales, entre ellos», relató.

 Waldelírio también contó que todas las semanas solía hacer una reunión por videoconferencia en la que participaba Michael Greene, que vive en Estados Unidos, con la ayuda de una traductora. Solo se encontró personalmente con el estadounidense una vez, en una reunión celebrada en São Paulo en mayo de 2023, a la que fueron invitados varios Indígenas. Greene tiene una dirección en Guarulhos, São Paulo, pero a los agentes judiciales que fueron allí en enero de 2024 para citarlo a declarar en una de las acciones de Portel se les dijo que hacía un año que no había estado allí, que estaba fuera del país.

Varias personas que trabajaron para Greene han declarado que nunca lo conocieron en persona, que les daba las instrucciones por teléfono o videoconferencia, en la que a veces también participaba su esposa, la brasileña Evelise da Cruz Pires Greene.

Portel, donde todo empezó y aún no ha terminado

Greene, que está en el punto de mira de las acciones de la Defensoría por cuatro proyectos de carbono en Portel, libra una batalla paralela en los tribunales contra antiguos proveedores de servicios que contrató en Brasil.

En febrero pasado, el estadounidense presentó una demanda en Belém contra Útil Serviços em Vigilância e Segurança Privada Ltda., perteneciente a Diego Tavares Pereira, en la que pedía que rindiera cuentas del dinero que una de sus empresas, Brazil Agfor, afirma haberle transferido. Registrada en 2013 en Belém, Útil está clasificada como una «pequeña empresa», con un capital social de 400.000 reales (unos 74.000 dólares). La demanda alega que, en dos años, Brazil Agfor transfirió más de 13,4 millones de reales a Útil, mientras que la empresa contabilizó 10,4 millones, lo que supone una diferencia de casi tres millones de reales (unos 556.000 dólares). 

 En el texto de la demanda, se describe a Brazil Agfor como un «agente de cambio» en la Amazonia y a Greene, como «un individuo con profundos lazos con Brasil». En Portel, se ha hecho famoso por sus promesas de realizar obras sociales. Al web especializado en inteligencia de mercado Quantum Commodity Intelligence, que en 2022 describió a Indigenous Carbon como una «empresa misteriosa», Michael Greene llegó a decir que estaba negociando con el «banco de desarrollo brasileño» un plan para acabar con la pobreza en la Amazonia. En un mensaje a la Cámara Municipal de Portel, el estadounidense afirmó que es el mayor desarrollador de proyectos REDD+ de América Latina y que su negocio representa el 50% del mercado de créditos de carbono de Brasil.

En contraste con estas declaraciones, la demanda contra Útil sugiere que los gastos relacionados con los proyectos de carbono de Greene en la Amazonia no los pagaban directamente sus empresas, aunque aparezca como socio o administrador en al menos 10 compañías registradas en Brasil, incluida Agfor Empreendimentos. El estadounidense transfería a Útil el dinero necesario para cubrir los costos de los proyectos de Portel y también los de las tierras Indígenas.

Greene y Brazil Agfor afirman en la demanda que, en total, se gastaron casi 2,3 millones de reales (unos 460.000 dólares) en los proyectos de los territorios de los Cinta Larga; 518.000 reales (unos 104.000 dólares) en los proyectos de la tierra Baú de los Kayapó; y más de 499.000 reales (unos 99.800 dólares) en los proyectos de los territorios de los Parintintin y los Mundurukú. Hay una lista de 37 personas que presuntamente recibieron pagos para llevar a cabo los proyectos, la mayoría Indígenas Mundurukú y Parintintin. En algunos recibos a los que ha tenido acceso SUMAÚMA, la empresa pagadora es Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental, perteneciente a Greene, registrada en 2020 con un capital social de 140.000 reales (unos 26.000 dólares). Los importes mensuales oscilan entre un salario mínimo brasileño (262 dólares) y 4.000 reales (740 dólares).

Extracto de la demanda que interpuso Greene, en el que afirma que transfirió casi 2,3 millones de reales a los Cinta Larga a través de una empresa brasileña

Diego Pereira declaró a SUMAÚMA que Útil aún no ha sido notificada de la demanda que ha interpuesto Greene. En diciembre de 2023, Útil les envió una carta a Greene y a Agfor dando por terminados sus servicios. La carta cita retrasos en el pago que el estadounidense debía hacerle por los servicios de seguridad que prestó y menciona la promesa incumplida de que Útil tendría puestos de vigilancia en las tierras Indígenas, un trabajo que «aún no ha empezado». 

Pereira está acusado en una de las acciones de la Defensoría Pública, la que está relacionada con el proyecto Ribeirinho REDD+, el único de Portel que no fue certificado por Verra y, por tanto, nunca vendió créditos. Pereira se convirtió en el objeto de la acción por haber presidido la Asociación de Ribereños y Vecinos, uno de los proponentes del proyecto. Al contrario de lo que sugiere su nombre, la asociación no es comunitaria, sino una entidad de derecho privado, creada en 2018, con domicilio en São José dos Campos, en el estado de São Paulo. 

En el escrito de contestación a la demanda, Pereira afirma que solo asumió la presidencia de la Asociación de Ribereños y Vecinos en octubre de 2022, a petición del estadounidense, después de que el proyecto se registrara en Verra. Antes de esa fecha, según los documentos presentados en la contestación, el propio Greene era el presidente de la entidad. Pereira también acusa al estadounidense de formar parte de una «orquesta de estafadores y cowboys» del carbono y afirma que le engañó. Dice que está a disposición de la Justicia para «aclarar los hechos y atribuir responsabilidades».

 Michael Greene también ha demandado al constructor Miguel Rocha, propietario de Agape Serviço e Representação Ltda., en Belém, alegando incumplimiento de contrato. La empresa fue contratada para construir cinco escuelas, todas ellas, según Rocha, a 12 horas de Portel. El constructor afirmó que entregó una lista y otra construida al 85%. Pero dijo que la complicada logística que implica el transporte de materiales a través de los ríos y los cambios que tuvo que hacer en los proyectos para cumplir las especificaciones legales lo llevaron a pedir una renegociación del pago acordado. Rocha alega que el estadounidense le debe más de 780.000 reales (unos 145.000 dólares), que ha tenido que desembolsar de su propio bolsillo.

Pero Michael Greene, aparentemente, todavía tiene algunos aliados en Portel. El pasado marzo, una asociación que dice representar a los vecinos de un asentamiento agroextractivista presentó una demanda contra Verra en la que piden una indemnización de 40 millones de reales (unos 8 millones de dólares) por haber suspendido el proyecto de carbono Rio Anapu-Pacajá REDD+, cuyo proponente es Brazil Agfor.

La asociación alega que la población del asentamiento se beneficiaba del negocio de la empresa del estadounidense por medio de la construcción de escuelas, centros de salud y pozos —no dicen si recibían directamente parte del valor de los créditos, como debería ocurrir en las tierras comunitarias—. La demanda se presentó en el Juzgado Agrario de Castanhal, el mismo en el que se presentaron las acciones de la Defensoría. Hay otras dos demandas similares, de otras dos asociaciones, que piden una indemnización del mismo valor.

Michael Greene no responde a las solicitudes de información

SUMAÚMA intentó ponerse en contacto con Michael Greene en junio de 2024, por teléfono, mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos conocidos de él y de Brazil Agfor, y le envió preguntas sobre los proyectos de Indigenous Carbon, pero no recibió ninguna respuesta. También intentó contactar con el bufete Lopes Pimenta, del abogado Leonardo Lopes Pimenta, que firma la demanda de Greene contra Útil y los escritos de contestación a las demandas de la Defensoría Pública de Pará contra los proyectos de carbono de Portel. Sin embargo, al llamar al celular que aparece como número de contacto en la página web del bufete Lopes Pimenta salió una grabación que decía que el número estaba bloqueado. La dirección de correo electrónico indicada devolvió los mensajes.

 En los proyectos de carbono con los Indígenas hay un número de teléfono de contacto de São Paulo, pero nadie atiende ni contesta a los mensajes de WhatsApp. Otro número de teléfono facilitado es el de Diego Pereira, que ya no trabaja para Greene —Pereira dijo que desconocía que su contacto telefónico estuviera en los proyectos y que se había enterado por SUMAÚMA—. Las direcciones incluidas en los proyectos son las de las asociaciones Indígenas, y la página web www.indigenouscarbon.com no existía en el momento de la publicación de este reportaje.

Greene y sus empresas presentaron escritos de contestación a tres de las cuatro acciones de la Defensoría, y SUMAÚMA tiene copia de dos, relativos al proyecto Pacajaí REDD+. En los documentos, afirman que no participan en la gestión del proyecto Pacajaí, que solo actúan como consultores en otro (Ribeirinho REDD+) y como gestores en un tercero (RMDLT). Solo en un proyecto, el Rio Anapu-Pacajá REDD+, el estadounidense y sus empresas son proponentes y gestores, según las contestaciones. Estos documentos también cuestionan la legitimidad de la Defensoría para actuar en asuntos relacionados con la propiedad de tierras y alegan que la institución no tiene el «mandato adecuado» para actuar en nombre de las poblaciones de los asentamientos a los que se superponen los proyectos de carbono.

Los escritos de contestación a las demandas también insisten en que, a pesar de este traslape, las propiedades utilizadas para los proyectos de carbono «son de naturaleza privada». En el momento en que la Defensoría inició las acciones, se habían cancelado 45 de los 50 registros de inmuebles privados utilizados para inscribir los tres proyectos que Verra ya había certificado. Los cinco que quedaban no se solapaban con asentamientos estatales. Greene argumenta que recibió la titularidad de los registros como pago de una deuda. Las contestaciones también alegan que la Justicia brasileña no tiene competencia para juzgar casos relacionados con el mercado de carbono, «que carece de regulación específica en el ordenamiento jurídico brasileño».

La Justicia de Pará intentó citar a Greene y a sus empresas a declarar en una de las acciones de Portel, pero no los encontró y descubrió que los domicilios sociales no existen

En octubre de 2023, en una respuesta escrita enviada al medio digital G1, que publicó reportajes sobre el caso de Portel, el estadounidense dijo que había recibido las propiedades «de buena fe» y que cooperaría para «ajustar todo lo que esté en desacuerdo con la legalidad y cumplir con todas y cada una de las decisiones judiciales». Ahora, en su página de la red social Linkedin, acusa a «una funcionaria» de «falsificar» los cargos para «ayudar a sus amigos corruptos a robar los terrenos en los que» se ubican sus proyectos. Es una acusación sin pruebas contra la defensora pública que firmó las acciones, Andreia Macedo Barreto.

La Justicia de Pará ha intentado citar a Greene y a tres de sus empresas para que se pronuncien sobre la acción en la que no han presentado ningún escrito de contestación, pero no lo ha conseguido. Las citaciones enviadas al estadounidense y a tres de sus compañías fueron devueltas. Además de constatar que el estadounidense estaba ausente de su dirección en Guarulhos —que también figuraba como dirección de una de sus empresas, Agfor Empreendimentos—, los agentes judiciales también comprobaron que las otras dos empresas no operaban en los lugares indicados en el registro. En una dirección de Manaos de la empresa Brazil Agfor, con sede en Estados Unidos, se encontró una carnicería. En una dirección de Teófilo Otoni, en el estado de Minas Gerais, donde debería estar Brazil Property Group, había una residencia privada.

Ante esta situación, en junio de 2024, la defensora Andreia Macedo Barreto, autora de las acciones, solicitó a la Justicia brasileña que se citara a Greene por medio de una comisión rogatoria, es decir, una petición dirigida a la Justicia de otro país. En su petición, la defensora escribió que la falta de comprobación de las direcciones significa que estas empresas son «un simulacro de su operación en Brasil, sin duda parte de las ilegalidades y fraudes dirigidos a la apropiación ilícita de tierras y selvas públicas en la Amazonia». En los escritos de contestación que ha presentado, Greene solo facilita ahora las direcciones en Estados Unidos de Brazil Agfor y Agfor Empreendimentos.

Mientras las investigaciones de Portel siguen su curso, los proyectos de Indigenous Carbon añaden más elementos de desconfianza a un mercado opaco en el que las expectativas de quienes más necesitan ser recompensados por el trabajo de conservación de la naturaleza se convierten a menudo en decepción.

Objetivos de los «cowboys» del carbono, las Tierras Indígenas sufren abusos por falta de leyes y por las asimetrías de poder. En la foto, un Kayapó en Mato Grosso. Foto: Carl de Souza/AFP

Carbono Opaco es un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, en alianza con Agência PúblicaInfoamazoniaMongabay Brasil y Sumaúma (Brasil), Rutas del Conflicto y Mutante (Colombia), La Barra Espaciadora (Ecuador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguay), La Mula (Perú) y Mongabay Latam, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Diseño logo: La Fábrica Memética. Revisión legal: El Veinte.

Texto: Dani Fajardo
Portada: Persy Cabrera

Es otro día normal; salgo de mi hogar y las miradas en la calle no tardan en posarse sobre mí. Son miradas de asco y rechazo, otras vienen cargadas de perversidad y morbo. Los comentarios de «los machos» no tardan en llegar, divididos entre insultos, insinuaciones sexuales y gritos sin sentido; mis audífonos son lo único que protege mi mente de estas voces odiantes.

A veces me pregunto si sería más sencillo seguir la heteronormativa; socialmente sería más libre y pertenecería a ese grupo «aceptado» que no está bajo el constante asedio de la violencia diaria, pero ¿a qué costo? El contexto y las personas que lo habitan nos obligan a reprimir nuestras identidades, a esconder lo que somos para no enfrentar estas miradas y voces odiantes.

Es en este punto donde me cuestiono el por qué. ¿Por qué debemos vivir con el peso de acatar todas estas normas sociales? ¿Por qué debemos dejar atrás nuestra esencia para encajar? Pienso en el pasado, en aquellas personas que estuvieron antes de mí y cuestionaron todos los roles que les impusieron, y nos abrieron el camino para que podamos continuar con nuestra lucha. Veo el presente, veo a nuestres hermanes que resisten y progresan por nosotres, me veo a mí.

Hemos cargado por siglos con un discurso asfixiante: «debés vestir normal», «sé masculino», «sé femenina»; «no usés faldas, usá pantalones como hombre». «Rosa es de niña, azul es de niño; sos mujer, hacé las tareas domésticas, sos un hombre, trabajá y no seás emocional». «Nunca serás una mujer, naciste hombre. Nunca serás un hombre, naciste mujer». «Nunca, no, jamás». Pareciera que nuestra vida debe limitarse a la constante escucha de mandatos y negativas sobre la manera en la que somos, nos vemos, cómo vivimos nuestra vida.

Casi todos buscan que sigamos el rol que se nos otorgó, que no salgamos de la norma, pero seguir la norma nunca fue una opción, no existe mayor acto de revolución que ser nosotres mismes.

Actualmente, hay quienes nos cuestionan acerca de lo que «celebramos», pero esta no es una celebración, es un recordatorio de la constante lucha y resistencia que ejercemos para mantenernos firmes ante el sistema; es un recordatorio de nuestra valentía. A veces nos preguntan ¿cuál es nuestro orgullo, de qué nos orgullecemos? 

La respuesta es simple, pero profunda. Conmemoramos una lucha que estalló con fuerza el 28 de junio de 1969 en Stonewall, una lucha que cambiaría la historia de nuestra comunidad, que nos inspira a seguir resistiendo día a día y que cada año recordamos con orgullo. Conmemoramos nuestro derecho a expresar abiertamente nuestras identidades, a amar sin temor a quien elijamos; le reafirmamos al mundo que somos dueñas, dueños y dueñes de nosotres mismos, que construimos nuestra propia historia. Recordamos con orgullo, amor y nostalgia a nuestres hermanes desaparecides, a les violentades, a quienes ahora conforman el registro de los crímenes de odio en el mundo.

Estamos determinades a resistir y sobrevivir, a enfrentar el rechazo de nuestras familias; a levantarnos a pesar de los golpes, abusos y atentados contra nuestra propia vida. Luchamos por el lugar que nos corresponde en la sociedad, en el trabajo, en la salud, la educación y la política.

Nuestro orgullo está en reconocernos en las identidades trans, no binaries, intersexuales, género fluido, agénero; lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, asexuales, demisexuales. Nuestro orgullo está en la hermandad con mujeres, personas negras, personas VIH+ y demás disidencias, les cuales nos han acompañado desde el inicio y seguiremos juntes en comunidad, porque no existe el orgullo en la exclusión.

Celebramos nuestra diversidad y los diferentes matices que nos acompañan.  Con amor y sentido de unidad nos cuidamos les unes a les otres, a les que abiertamente se exponen y también a aquelles que no están listes.

Así que la próxima vez que te preguntes ¿dónde está nuestro orgullo?, la respuesta estará en el amor, en el sentido de comunidad, en el dolor que nos une y el deseo inquebrantable de nuestra libertad.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

La noche del domingo 26 de mayo, una familia de cuatro personas regresaba en motocicleta al sector 5 de la colonia Villanueva en Tegucigalpa, después de presenciar las carreras clandestinas de automóviles modificados y motocicletas frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 

A la altura del puente peatonal en la colonia El Hato de Enmedio, la moto se accidentó y las cuatro personas cayeron violentamente al pavimento. Según información proporcionada por el subcomisario Darwin Hernández, jefe de la sección de investigación de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la llanta trasera de la motocicleta explotó debido a un clavo en el pavimento, lo que provocó que chocaran contra un carro pick-up. 

 

Esto ocasionó la caída de las cuatro personas que iban en la moto sobrecargada, la cual, según su diseño y las leyes de tránsito, solo debía transportar a dos usuarios. Dos adultos y un menor de dos años sobrevivieron, pero un bebé de tres meses que llevaban con ellos no resistió el impacto de la caída y murió.

 

Este caso es solo uno de los miles de registros de muertes por accidentes de motocicleta en Honduras. Según datos de la DNVT, el 2023 cerró con 1,820 muertes por accidentes en motos.  El 70 % de los accidentes son causados por los mismos motociclistas, y son ellos quienes resultan lesionados de gravedad o pierden la vida.

 

Aunque Honduras está bajo un estado de excepción desde diciembre de 2022, y esas cuatro personas que iban en la motocicleta debieron haber pasado al menos un retén, ya sea de ida o de regreso, esa noche ninguna autoridad los detuvo. Consultado al respecto, el subcomisario Hernández aclaró que es un estado de excepción parcial, y que no está orientado a limitar la circulación de vehículos. Aunque reconoció que en la zona de la UNAH se hacen carreras clandestinas y aseguró que toman precauciones como la instalación de retenes; sin embargo, el domingo 26 de mayo ningún retén detuvo a estas cuatro personas, y las carreras clandestinas en la UNAH se siguen haciendo.

 

Desde el punto de vista de la psicóloga Claudia Sánchez, una de las razones detrás de estas carreras de vehículos es «esa necesidad de pertenencia que se une con acciones antisociales, en las que encuentran satisfacción al desacatar una norma específica. De ahí surge la necesidad de muchos», explicó Sánchez. Al estar juntos y sin supervisión, «se desinhiben, pierden cierto raciocinio y comienzan a realizar acciones extremas para presumir su valor», agregó. Esto explica por qué en esos eventos las personas arriesgan sus vidas y, como daño colateral, las de otros.

Un grupo de personas hace acrobacias en sus motocicletas en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Tegucigalpa, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Estos accidentes, más allá del dolor físico y emocional, también tienen un costo para el Estado y constituyen, en palabras de Mandy Norales, portavoz del Hospital Escuela de Tegucigalpa, una emergencia no declarada: «Estamos colapsados tanto en emergencia pediátrica como en  emergencia de adultos; en este momento se han disparado los pacientes pediátricos por accidentes de tránsito». 

 

De lunes a viernes, el Hospital Escuela atiende alrededor de 10 a 12 personas por accidentes de tránsito en donde hay motocicletas involucradas; los fines de semana, la cifra se duplica, afirma Norales.

 

Tres domingos después del accidente de esa familia, la indiferencia permite que conductores de motocicletas y vehículos modificados continúen con sus exhibiciones, poniendo en riesgo sus vidas y las de otras personas. Mientras tanto, las autoridades siguen sin implementar acciones contundentes que eviten que esta «emergencia no declarada» se siga agravando.

 

Fotografía y texto: Fernando Destephen

 

Génesis, de 20 años, ha vivido siempre en la colonia Betania de Comayagüela.  Este año, por primera vez durante la temporada de lluvias, ha sido evacuada y refugiada en el kinder de la comunidad, un lugar mucho más pequeño que el habitual refugio en esta temporada: la Escuela Juan Guifarro López, donde la alcaldía ha prometido un albergue para 2,000 personas. Este albergue, que estará en el segundo piso de la escuela, aún está en construcción.

 

El 18 de junio, el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) pronosticó lluvias por al menos 72 horas más, que podrían afectar a los habitantes de las colonias y barrios del Distrito Central que se ubican a las orillas de los ríos, por ejemplo, La Betania, donde vive Génesis. En estos lugares salir de sus casas hacia un refugio no es algo nuevo, es una triste costumbre en la temporada de lluvias.

 

En Tegucigalpa y Comayagüela hay alrededor de 700 colonias susceptibles a daños por lluvias, informó Julio Quiñónez, de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos de la alcaldía. Por tal razón, la alcaldía «intervino» unas 50 áreas en peligro por derrumbes o inundaciones, incluyendo la colonia Las Brisas, en donde el kinder Francisco Betulio Vásquez funciona como albergue para al menos 15 familias que viven a la orilla del río Choluteca.

 

Según Alexander Valladares, empleado de la alcaldía en la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos, los habitantes de estas colonias «ya conocen cómo es la crecida del río», por lo que entrar a refugiarse a un centro escolar es parte del ciclo de vulnerabilidad al que se enfrentan.

 

Dentro del aula del kinder de la colonia Betania, varios empleados de la alcaldía explican las reglas del lugar: no fumar, no beber alcohol, designar un coordinador que será el encargado de las comunicaciones con el Comité de Emergencia Municipal (Codem), para coordinar las acciones y las solicitudes que tengan las personas afectadas albergadas en la escuela.

 

De acuerdo a Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, son unos 800 mil los habitantes de la ciudad que viven en zonas de alto riesgo, con posibilidades de inundaciones y deslizamientos. Zonas como el sector Los Jucos, el Barrio Morazán y La Guadalupe, son afectadas por la quebrada La Orejona. Otras colonias en riesgo por deslizamientos incluyen El Reparto, Miramesí, 3 de Mayo, Suazo Córdova, Canaán, Villanueva, La Guillén y Altos de Santa Rosa.

La colonia Betania se encuentra en la orilla del río Choluteca, en Comayagüela. A pesar de su alta vulnerabilidad, es una zona sin un plan integral de reubicación. Distrito Central, junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

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