Por Maryoriet Salgado
Portada: Persy Cabrera

Las recientes elecciones de Estados Unidos reflejan patrones históricos de patriarcado y racismo, así como las contradicciones de una comunidad que, a pesar de ser constantemente desplazada, a menudo apoya políticas y candidatos que perpetúan el mismo sistema que los excluye.

La ayuda del voto latino permitió el regreso histórico de Donald Trump a la Casa Blanca. El 53 % de los hombres hispanos que votaron lo hicieron por Trump, frente al 37 % de las mujeres. Trump logró su mejor resultado hasta la fecha (45 %) entre la comunidad latina (El País, 2024, noviembre 7). Las explicaciones del suceso giran en torno a las críticas dirigidas a la estrategia demócrata o se centran en las debilidades de su oponente, pero debemos observar el fenómeno del apoyo a Trump por lo que realmente es. Las explicaciones simplistas, como «la otra candidata no me convenció», pasan por alto, una vez más, que la responsabilidad de detener a un líder autoritario recae en las mujeres, insinuando que no estamos preparadas para liderar. 

¿No es irónico que algunos latinos prefieran apoyar a un hombre que ha descrito a nuestra gente como «violadores» y «comedores de perros»?

¿Cómo se puede interpretar el voto latino en relación con temas de justicia y derechos humanos? Muchos votantes, impulsados por la promesa de un cambio económico, han decidido pasar por alto discursos que denigran a sus propias comunidades y que atacan derechos fundamentales. Pese a este contexto, los inmigrantes siguen siendo esenciales para el crecimiento y la innovación en Estados Unidos; más del 55 % de las empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares fueron fundadas o cofundadas por inmigrantes

Además, las políticas de deportación masiva no solo plantean serios dilemas éticos, sino que también implican un elevado costo económico, estimado en 88 mil millones de dólares anuales. Este tipo de políticas, junto con el endurecimiento de los controles fronterizos y la posible eliminación de programas que protegen los derechos de personas indocumentadas, generan una profunda inquietud por los posibles retrocesos en derechos civiles, en el acceso a la salud reproductiva y en la protección de derechos humanos de familias migrantes, mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+, cuyos derechos se convierten en moneda de cambio en este juego político.

La autora Paola Ramos explora este fenómeno en su libro Desertores: El auge de la extrema derecha latina y su significado para Estados Unidos. Según Ramos, hay latinos que tienen un temor constante a que la América dominante siempre los vea como extranjeros. De acuerdo con la autora, es este miedo, junto al deseo de pertenecer, el que explica por qué algunos latinos han interiorizado un rechazo hacia su propio origen, lo que hace que el discurso antiinmigrante resuene en ellos.

Lo que parece no estar claro es que el racismo es un sistema opresivo que no distingue entre «migrantes buenos» y «migrantes malos». Tampoco distingue entre su legalidad. La retórica racista no establece una falsa dicotomía, sino que ataca por igual a todos los migrantes sin importar las circunstancias que les llevaron a migrar. A lo largo de la historia y en diversas regiones, el racismo ha afectado a múltiples grupos: actualmente la comunidad latina y afrodescendiente de Estados Unidos sufre prejuicios y odio. Al mismo tiempo, Europa y Estados Unidos respaldan el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza. Hace apenas unas generaciones, los judíos fueron víctimas de una persecución similar. Antes que ellos, las colonias africanas padecieron y continúan resistiendo las devastadoras consecuencias de la opresión y el racismo sistemático. Para afrontar esta realidad, debemos reconocer que el racismo y las políticas opresivas no se transforman en función del origen de sus víctimas, sino que se perpetúan a través de una base común: la supremacía blanca.

Más allá de los argumentos económicos, el colonialismo que históricamente subyugó a América Latina sigue vivo y se ha adaptado a formas contemporáneas de opresión que a menudo aceptamos sin cuestionar. Aníbal Quijano,  quien acuñó el término «colonialidad del poder» nos ayuda a entender este sistema global de dominación que surgió con la conquista europea de América y que aún persiste, basado en jerarquías raciales y en la expansión del mercado capitalista mundial (Quijano, A., 2000). 

La académica decolonial María Lugones aporta una perspectiva sobre el papel del género en este sistema. Su concepto de «colonialidad de género» demuestra cómo la raza, el género y la clase se entrecruzan para mantener la violencia sistemática contra las mujeres racializadas.  La colonialidad de género nos permite entender por qué el voto latino también se ha convertido en un voto patriarcal; en lugar de proteger a las mujeres y a los más vulnerables, una parte significativa de la población latina respalda políticas que silencian y deshumanizan, seducidos por la ilusión de una aceleración económica personal.

Quizás es momento de preguntarnos, tanto a nivel personal como colectivo, ¿qué parte de esos mensajes de superioridad que nos inculcaron desde la infancia hemos absorbido y por qué lo «blanco» parece más valioso que nuestros propios valores y orígenes? Parece que, al migrar, empacamos en la maleta el colonialismo internalizado. ¿Cuánto de esta mentalidad afecta nuestras elecciones y acciones? Tal vez, al reconocer cómo la colonialidad sigue presente en nuestras decisiones y actitudes, podamos responder de manera distinta cuando se atenten contra nuestros derechos y los de los más vulnerables.

Texto y portada por Persy Cabrera

Pocos o mejor dicho, ningún personaje ficticio sería tan acertado de imaginar sosteniendo y defendiendo la bandera de Palestina como Luffy. Más allá de los debates que circulan en internet sobre los fanarts que lo representan en esta postura, Luffy representa en esencia un personaje construido políticamente del lado más sencillo posible: este capitán pirata de 19 años jamás podría mantenerse neutral y no posicionarse al lado de un pueblo que sufre un genocidio y una limpieza étnica, que lleva resistiendo décadas y décadas de abuso, vulneración masiva a los derechos humanos, tortura, sangre y constante pérdida.

Desde su lanzamiento el 22 de julio de 1997 en la Weekly Shonen Jump, probablemente la revista de manga más popular en Japón, hasta la última actualización de One Piece a inicios de octubre de este año, tras 1,128 capítulos (y los que faltan) de este manga que Luffy protagoniza, no podría haber dudas sobre su convicción, su compás político. Aunque en la obra nunca se hable abiertamente de estos temas, sus decisiones lo llevan, por ejemplo, a enfrentarse a un gobierno mundial autoritario, genocida, militarista, a dictadores, a monarcas que se ven como una raza superior y a grupos terroristas que nacieron de las injusticias de ese mundo imaginario, que casualmente no es muy diferente al que vivimos nosotros.

Los antecedentes están: hay arcos enteros de One Piece en los que puede verse reflejada la historia de genocidio y limpieza étnica que Israel ha cometido en contra del pueblo palestino. El arco de Arabasta, que cubre del capítulo 155 al 217 del manga, nos embarca en la historia de un país en el desierto que está siendo orillado a sumirse en una guerra civil, y en el que la población ha sido privada del agua, todo esto con conocimiento del gobierno mundial, entidad que determina quiénes son héroes y villanos en ese mundo.

El último arco de One Piece nos llevó a Wano, un país que vive una dictadura en la que la población disidente es encarcelada y torturada, y los demás viven bajo hambruna, esclavitud y en peligro de ser asesinadas. Todo bajo la atenta mirada del Gobierno Mundial que no puede –o mejor dicho– no quiere hacer nada, o que tiene más que perder en términos económicos o militares si decide hacer algo por esta gente.

Todo cambia cuando llega Luffy; siempre cambia cuando él llega a cualquier rincón del Grand Line, el mar que lo llevará hasta el preciado One Piece.

Mientras, en nuestra realidad el pueblo palestino ha sufrido la muerte de 16,756 niños y niñas entre el 7 de octubre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024, de acuerdo al Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Bragi Gudbrandsson, vicepresidente de este comité, afirmó: «No creo que hayamos visto antes una violación tan masiva como la que hemos visto en Gaza. Hay tres violaciones de las seis más graves que no queda duda de que Israel comete: matar y mutilar a niños, atacar hospitales y escuelas y denegar el acceso humanitario».

Pero esta desgracia no inició el 7 de octubre con el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel, en el que asesinaron alrededor de 1,200 personas y secuestraron a otras 250. El periodista Joe Sacco, en una de sus novelas gráficas, titulada Palestine, detalló cómo en  Cisjordania o la Franja de Gaza, a finales de 1991 e inicios de 1992, la población palestina ya vivía bajo una opresión militar, violenta, restrictiva de derechos humanos. En esta obra Sacco representó a personas que vieron morir entre llamas a los olivos, de décadas de edad, con los que obtenían aceite para vender y sobrevivir en un sistema excluyente; a víctimas de tortura; a personas que no tienen acceso a educación, a un trabajo digno, a una vivienda, a vivir.

Esta es una realidad que sobrepasa lo que hay en la ficción de One Piece, aunque Eiichiro Oda, su creador, tampoco escatima en hablar sobre racismo, trata de personas, esclavitud o abuso de poder de fuerzas del orden. 

Hay pocos personajes como Luffy. Su sencillez y bondad se asemeja a la de figuras como Naruto, de Masashi Kishimoto; Goku, de Dragon Ball Z; o incluso Superman y Wonder Woman en el ámbito occidental, todos ejemplos de voluntades inquebrantables para posicionarse al lado de las víctimas. Sin embargo, aunque todos ellos tienen un trasfondo político que les identifica, ninguno sostendría la causa palestina y defendería su bandera porque ninguno está construido como Luffy, con un amplio abanico de ideales y convicciones por la justicia.

Para el aniversario número 23 de la publicación de One Piece, Gonzalo Espinoza, periodista y host del podcast «El anime triunfó», escribió que lo que diferencia a Luffy de otros protagonistas es que «[Luffy] se transforma en el portador de una voluntad colectiva que va a cambiar el ordenamiento del mundo en el que habita», y que «el triunfo que va a lograr Luffy no es un triunfo para el mundo como una comunidad completa que deba ser rescatada de las garras del mal, sino que va a ser la victoria de ciertos tipos de comunidades, y de ciertos tipos de identidades, que están reclamando su lugar en el mundo». 

One Piece se planteó desde el inicio como un épico viaje de piratas para encontrar el One Piece, el legendario tesoro que Gol D. Roger, el rey de los piratas, en el día de su ejecución exclamó que podían encontrar en el Grand Line, el mar que atraviesa el mundo de One Piece y donde se desarrolla la historia, y que ahí estaría para quien pueda alcanzarlo. Hay muchísimo de piratería en la historia que narra este manga, con los significados clásicos de un pirata: ladrón, vividor, saqueador y rufián; pero hay personajes como Luffy, que creen que ser un pirata significa algo más: ser libre.

Luffy no concibe otra manera de vivir la vida que en libertad, enfrentar el mar y a todo aquel que impida que otros sean libres, y por eso es que se levanta de manera anárquica contra el gobierno, sin atender a ninguna advertencia para enfrentarse a aquellos que son injustos y desalmados con los pueblos que él conoce de primera mano.

Por eso es que aunque causó revuelo en redes sociales, tampoco fue una sorpresa tan grande que la bandera pirata de la tripulación de Monkey D. Luffy se levantara al lado de la palestina en una protesta en Estados Unidos. 

Actualmente el manga ya entró a su etapa final después de más de 1,000 capítulos, y al día de hoy no se ha revelado siquiera qué es el One Piece, y Oda sigue dejando migas de misterios que vemos pasar cada tantos episodios, colocados sistemáticamente para llamar la atención sin decir mucho. 

La escena a la que los fanarts hacen referencia, que mencioné al inicio de este texto, es una en la que Luffy sostiene la bandera que representa al pirata Dr. Hiruluk mientras está en el punto más alto de un castillo. Hiruluk intentó encontrar una medicina para curar un país entero de la desesperanza y falta de empatía. Estando ahí arriba, Luffy recibe muy dispuesto un cañonazo, solo para demostrar que la bandera iba a seguir ahí intacta mientras estuviera alguien para defenderla. Esta obra es brillante en esos términos simbólicos; cada acto de heroísmo de Luffy está impregnado de épica, de emoción y de un valor político inmenso.

Luffy defendería la bandera de Palestina. Lo haría porque sería consciente de lo que significa para el pueblo palestino, que ve cómo quieren borrar su bandera de nuestro mundo, junto a ellos y ellas. Ojalá existiera Luffy, ojalá las personas que toman las decisiones importantes ya no estuvieran de brazos cruzados.

Texto y fotografías: Fernando Destephen.

La noche del domingo 6 de octubre, el pueblo garífuna organizado de Nueva Armenia, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, aprobó en asamblea recuperar tierras ancestrales en poder de la empresa aceitera Palmas de Atlántida, propiedad de los herederos del magnate de la palma, Reynaldo Canales. 

La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció en un comunicado que ese día hubo hostilidad y presencia de miembros de la Policía Nacional y guardias de seguridad armados de la empresa Palmas de Atlántida, además de unos ocho vehículos sin placa.  

A medianoche, los miembros del grupo se alertaron por los movimientos de las patrullas de la policía y guardias de la empresa; varios disparos se escucharon a lo lejos, en medio de la oscuridad. Sus sospechas se confirmaron: era una emboscada. Dos personas resultaron heridas en el campamento, una en el cuello y otra en el abdomen. Así comenzó el segundo día de la lucha por recuperar 250 hectáreas de tierra ancestral, ocupadas por una empresa que, desde hace tres décadas, ha explotado y exportado sus frutos sin ningún beneficio para la comunidad.

«Algunas de las tierras que fueron tituladas para nosotros están en manos de terceros porque el IP [Instituto de la Propiedad] ilegalmente se las ha cedido a otras personas», explica Mabel Robledo, lideresa de la Ofraneh, quien encabeza las acciones de recuperación en esta región de la costa norte hondureña.

Mabel explica que las tierras que se están recuperando son ancestrales, concedidas a la comunidad garífuna de Nueva Armenia en 1887. Agrega que tienen documentos y un mapa que demuestra que las 1,600 hectáreas comprendidas entre Playa del Este, la orilla del río Papaloteca y las comunidades El Corazón y El Cacao les pertenecen; sin embargo, debido a la fertilidad de la zona para la agricultura, siempre han estado en el blanco de las grandes empresas agroindustriales que imponen el monocultivo de moda, la palma africana. 

Primero, entre 1899 y 1975, el banano dominó las plantaciones de la región, con varias empresas en operación; la más reconocida fue la Standard Fruit Company, que finalmente devolvió las tierras en 1948. Posteriormente, por un breve período, las tierras pasaron a ser plantaciones de coco, hasta que en 2012 la superficie cultivada se redujo a aproximadamente 1,100 hectáreas debido al daño causado por las plagas de amarillamiento letal del cocotero y la pudrición del cogollo. Actualmente, las plantaciones son en su mayoría de palma africana, cultivo que llegó a Honduras en la década de 1940. La superficie de palma africana se duplicó entre 2004 y 2017, pasando de 69,000 a casi 150,000 hectáreas.

Sobre el conflicto con la empresa Palmas de Atlántida, la gente en la comunidad cuenta que hace unos años hubo un diálogo entre ellos y la empresa, pero en septiembre de 2023 se retiraron sin explicación. En general, la situación de la tierra es complicada porque hay títulos sobre títulos emitidos por instituciones del Estado.

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Tras 14 días de haber iniciado la recuperación en Nueva Armenia, hay grandes troncos de palma bloqueando los caminos de entrada a la tierra, que impiden que los camiones de la empresa sigan sacando la fruta. 

Varios rótulos llevan escrito «policía racista», señalando la indiferencia y neutralidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que favorecieron a los guardias de la empresa que le dispararon a dos personas la noche del 7 de octubre. En el acceso a una de las plantaciones también cuelga un mapa ancestral que muestra la extensión total de lo que están intentando recuperar.

Para reforzar la seguridad, otros troncos, algunos de casi un metro de diámetro, han sido apilados en forma de muro para impedir el acceso de vehículos desconocidos y proteger el campamento, ahora bautizado como «Comunidad Barauda».

Cada núcleo familiar limpia su terreno y colabora en labores comunes como cocinar, quemar restos de palma, perforar un pozo, acarrear basura, cuidar a los niños y niñas, y transportar materiales. Poco a poco, están construyendo una comunidad desde cero.

Están creando una comunidad autosuficiente, tal como ocurrió en otra recuperación, la de El Cayo, un área cercana a Barauda. En esta recuperación, ya hay familias asentadas que cultivan yuca, guayabas, limones y plátano, y crían gallinas, logrando una independencia alimentaria en sus hogares.

También quieren una comunidad segura donde puedan caminar tranquilos. Mabel, por ejemplo, solo lo hace a horas determinadas y en ciertas partes, nunca sola. Ha sabido que dos sicarios la buscan, y ha visto a personas desconocidas rondando cerca del límite del campamento. 

Mabel, lideresa del campamento, de 37 años, es abogada con una maestría en criminología, y sirvió en la Policía Nacional durante más de 20 años antes de su despido injustificado, el cual actualmente busca revertir en los tribunales. A pesar de su pasado en la policía, ganó la confianza de la comunidad garífuna gracias a su liderazgo. Ella asegura que su propósito ha sido guiado por sus ancestros, y que está lista para liderar la recuperación de tierras, movida por una razón clara: «Tenemos hambre».

A pesar de los 30 años de explotación de la tierra por parte de la empresa, la comunidad no ha visto mejoras sustanciales. Mabel señala que solo han ofrecido algunos empleos temporales. Por eso son los miembros de las comunidades recuperadas quienes tienen que atender sus propias necesidades; por ejemplo, en La Colonia (recuperación realizada en los años noventa) han comenzado la construcción de una cancha multiusos, con el apoyo de personas que envían sus remesas para apoyarles.

Las recuperaciones de tierra no son decisiones improvisadas; estas acciones se consultan previamente con la comunidad y responden a una lógica de recuperar lo que históricamente les pertenece. Mabel explica que la comunidad se cansó de vivir en hacinamiento mientras están rodeados de tierra ancestral y mar. Además, la empresa que explota la tierra no ha cumplido con las promesas de mejorar su calidad de vida ni les brinda oportunidades de empleo. Esa hambre de justicia social, según Mabel, despertó en ellos la conciencia de su valor como pueblo originario, al ver cómo se les limitan incluso los accesos al mar. 

Es irónico que todo esto ocurra en Nueva Armenia, una de las vías de acceso a los Cayos Cochinos, donde se graba Supervivientes, un programa extranjero de televisión sobre supervivencia en lo salvaje, en el que los participantes deben arreglárselas en condiciones extremas, pero siempre bajo la protección de una fuerza naval que aleja a los pescadores locales. Mientras tanto, los garífunas luchan por sobrevivir en sus propias tierras, sin premios ni reconocimiento, y sin que nadie vele por su seguridad.

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En el campamento, el punto de reunión es la cocina. Las mañanas comienzan con café y «caballito», una galleta dulce y gruesa de harina, azúcar, canela y jengibre. A poca distancia de la cocina, el sonido de las palmas cayendo al suelo hace temblar levemente la tierra, mientras el aire helado del amanecer refresca el ambiente. Unas veinte palmas yacen en el suelo, un recordatorio dirigido a los guardias de la empresa Palmas de Atlántida; «para que cada vez que pasen y vean, les duela que ya no hay palma», comenta un integrante del grupo.

Una de las primeras acciones en el campamento fue limpiar de palma la entrada y comenzar a sembrar cocos en su lugar. Este acto simbólico no solo representa la recuperación de la tierra, sino también la revitalización de sus cultivos tradicionales, un paso hacia la reconstrucción de su vínculo con la tierra que les pertenece.

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El conflicto de tierra no es ni nuevo ni únicamente de este gobierno. Según datos de organizaciones campesinas citados en un reportaje de Mongabay, el conflicto agrario ha cobrado aproximadamente unas 200 vidas en la última década, solo en el Valle del Aguán, y no parece haber solución, solo más sangre corriendo alrededor de las tierras en conflicto y de los pueblos originarios que buscan soberanía alimentaria y recuperar su cultura.

El 14 de octubre de 2024, en la comunidad garífuna de Punta Piedra, ubicada a 184 kilómetros de Nueva Armenia, la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) inició formalmente la devolución de tierras al pueblo garífuna. Este conflicto data de 1993, y fue en 2015 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado hondureño responsable por la violación de los derechos de propiedad colectiva de Punta Piedra.

El evento de CIANCSI, realizado en el centro comunal de Punta Piedra, en Iriona, Colón, contó con la presencia del canciller Enrique Reina, representante de la presidenta Xiomara Castro. Reina destacó que «este acto simboliza el reconocimiento del Estado de Honduras a los derechos de las comunidades garífunas sobre sus tierras ancestrales». 

En contraste con esa acción y la retórica oficialista, en Nueva Armenia miembros del campamento han denunciado que, durante la primera semana de octubre de 2024, agentes de la Policía Nacional asignados a la zona intimidaron y hostigaron a los residentes, encubrieron las acciones de los guardias de la empresa y utilizaron vehículos oficiales para transportar y esconder a civiles armados. 

Con el reciente nombramiento de una nueva jefatura regional, se ordenó el traslado de los agentes involucrados en las intimidaciones. Contracorriente solicitó una entrevista con la subcomisionada Martha María Bu Cruz, nueva jefa regional de La Ceiba, pero no obtuvo respuesta. También se contactó a la subinspectora Angelina Galeas, vía WhatsApp, para consultar el motivo del traslado de los agentes y si existe una investigación en la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) en relación con las denuncias presentadas, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.

Tras varias semanas de intimidación y los incidentes de la noche del 7 de septiembre, la tensión en la zona disminuyó, luego de la visita hecha el viernes 11 de octubre por parte de representantes de la Secretaría de Seguridad, la jefa regional de la Policía Nacional, el Fiscal General Adjunto, el viceministro de Seguridad, un delegado del Instituto Nacional Agrario (INA), representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y del Mecanismo de Protección, quienes evaluaron la situación tras los incidentes violentos y los heridos de bala en el campamento.

Sin embargo, el pasado 7 de noviembre Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, apuntó en la red social X que el hostigamiento en contra de la comunidades recuperadas continúa y se agudiza. Miranda adjuntó un video en el que se observa a supuestos miembros de la seguridad privada de la empresa Palmas de Atlántida, con armas de diferente calibre, junto con oficiales de la policía, intimidando a personas de las comunidades. La lideresa garífuna finalizó su publicación exclamando: «Realmente tenemos una masacre!!!»  

La violencia criminal contra el pueblo garífuna no es nueva. En los últimos años varios líderes y lideresas han sido perseguidos, criminalizados y asesinados. Uno de los casos más graves que permanece en impunidad es la desaparición en julio de 2020 de los cuatro líderes garífunas Albert Snaider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, y Gerardo Misael Róchez Cálix. El 11 de noviembre, diario La Prensa publicó una nota en la que apuntaron que la Policía Nacional ya había resuelto el caso, responsabilizando al crimen organizado de las desapariciones. 

Sobre las afirmaciones de la Policía, Miriam Miranda señaló en una red social que las víctimas fueron sacadas de sus casas en pleno confinamiento por la pandemia de COVID-19, y que en ese tiempo nadie circulaba más que la policía. 

«Entonces cómo es que entró y salió ese comando impunemente de la comunidad de Triunfo de la Cruz? No nos vengan con ese cuento de Caso Cerrado», señaló la lideresa garífuna.

En el sur de Honduras, el Estado ha privilegiado a la gran industria camaronera por sobre las cooperativas de pescadores. En medio del debate  sobre una propuesta de Ley de justicia tributaria impulsado por el gobierno de Xiomara Castro,  y que eliminaría los regímenes especiales existentes, empresas y pescadores se ven en un callejón sin salida.   Mientras una empresa recibe beneficios con un impacto fiscal de L 17,354 millones en el Presupuesto de la República, desmantelar esos incentivos acabaría con la principal fuente generadora de empleos en la zona, pese a la desigualdad que esta genera en las comunidades pesqueras y  en la contaminación de los recursos naturales.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

Enemías Velásquez aún recuerda el día en que policías antimotines reprimieron a la comunidad pesquera de San Bernardo. Fue el 6 de agosto de 2001, en el último año de gobierno de Carlos Flores Facussé, sobrino del que fuera uno de los terratenientes más poderosos del país, miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de Honduras.

«Todavía puedo escuchar los golpes (de los antimotines), porque era darle con la bota al suelo y un golpe con el garrote al escudo, o sea, hacer un estruendo de guerra», dice Enemías, sentado en una silla de plástico fuera de su casa, ubicada en la comunidad de El Quebrachal.

Enemías Velasquez, pescador y presidente de Coddefagolf, en el patio de su casa en la comunidad de El Quebrachal. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Entonces tenía 22 años y protestaba contra la expansión de 200 hectáreas en favor de una de las empresas del grupo camaronero más grande del país. La apuesta del Estado por convertir al crustáceo en uno de sus principales productos de exportación  había entrado en su segunda década de expansión, con exenciones fiscales para la gran industria y los grandes inversores en el sector, y una comunidad de pescadores no iba a detener el plan.

En el Golfo de Fonseca, el Estado hondureño prioriza desde hace más de tres décadas la extracción de recursos para la gran industria en detrimento de las comunidades costeras que resienten la falta de apoyos estatales, espacios vedados para la pesca y la desigualdad entre los que más tienen y más ganan y aquellos que apenas logran sobrevivir con lo poco que encuentran en el mar.

Pero una nueva propuesta de ley impulsada por el Gobierno de Xiomara Castro promete eliminar los privilegios y equilibrar las balanzas, aunque los pobladores de estas zonas tienen recelo: no han sido invitados para dar su opinión en las discusiones en los borradores ni en las discusiones que arrancaron, en el Congreso, a mediados de octubre.

Para ellos, desde hace décadas, el Estado los ha abandonado a su suerte o incluso perseguido, como aquella vez en la que protestaron contra las grandes camaroneras. Fueron unos 500 pescadores provenientes de Namasigüe, El Triunfo y Choluteca los que se plantaron desde las cinco de la mañana en la carretera que conduce a las instalaciones de la camaronera San Bernardo, del grupo Granjas Marinas. Tres horas después, los manifestantes se habían triplicado. Llegaron entonces militares y policías antimotines para equilibrar balanzas, mientras autoridades de la empresa y dirigentes de los pescadores intentaban llegar a acuerdos. Los policías, afuera, decomisaron machetes, palos y garrotes. Los desarmaron. 

Para las comunidades pesqueras, la consigna era clara. El año anterior, en diciembre del 2000, habían realizado asambleas y otras protestas por la contaminación en las aguas y los esteros en los que el grupo Granjas Marinas realizaban la pesca. El proceso de licencias ambientales se detuvo, pero daños en el ecosistema marino provocaron que los pescadores continuaran con su protesta, sobre todo cuando confirmaron la expansión de la empresa, que ahora ostenta aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

Un empleado en las instalaciones de la finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo (GMSB). 23 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los cuerpos de seguridad, la misión también era clara. Con los manifestantes desarmados, los policías y militares arremetieron contra mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, niños. Los golpearon y les lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo 12 pescadores detenidos y 10 personas heridas. 

Uno de los manifestantes tomó una bomba lacrimógena que había caído cerca de él, para luego aventarla a los policías de vuelta, pero calculó mal y la explosión le destruyó tres dedos de sus manos. 

Cuando la protesta acabó, tres de los doce pescadores detenidos fueron recluidos en una posta policial durante 36 horas. La policía no dio explicaciones y tampoco les dijo de qué estaban acusados, cuenta Modesto Ochoa, que entonces tenía 38 años y lideraba la protesta.

A Modesto lo tomaron del cuello, le rompieron la ropa y lo lanzaron contra la carretera, aun cuando sus instrucciones para los manifestantes fueron pacíficas. «Al ver que no me podían doblegar, un capitán que estaba asignado en Choluteca se fue sobre mí, me lanzó contra el piso de la carretera, me engancharon con las manos hacía atrás, ahí me laceraron la cara, y nos llevaron a los pescadores a la bartolina de la policía».

Fotografía en un boletín de Coddeffagolf en el que se muestra la captura de Modesto Ochoa en la protesta de 2001. Cortesía: Modesto Ochoa.

Después de esto, Granjas Marinas envió comida a los pescadores encarcelados, un gesto que fue considerado como otra ofensa. 

«En una forma burlesca les llevaban bandejas de comida a los pescadores que estaban presos, era como decir “tengo a este perro dosificado, pero le voy a dar de comer”, pero nosotros agarrábamos las bandejas y las vaciábamos. Éramos nosotros quienes les llevábamos la comidita, sencilla, pero siempre llevaba camarones», recuerda Enemías. 

Al final, las comunidades pesqueras perdieron. La Secretaría de Recursos Naturales (Serna) concedió la licencia ambiental a Grupo Granjas Marinas, lo que validó la ampliación de la camaronera por 200 hectáreas más.

Y el permiso se ha mantenido así durante los últimos 23 años. 

Empleados son trasladados a una finca camaronera. 24 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Los pescadores que no pueden pescar

En el estero de la Barillosa aún se pueden cosechar camarones de vez en cuando. Román Guevara, de 73 años, uno de los fundadores de la Asociación de Pescadores Artesanales (Apeana) se instala en un campamento dentro del estero y durante tres días espera a la suerte.

Interior del campamento de Roman Guevara en la costa del estero La Barillosa, departamento de Namasigue. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para llegar a donde está instalado entra por El Jicarito, una área natural donde anidan aves viajeras. Aquí también hay lagunas de invierno que sirven a los pescadores para pescar camarones y peces, y una lagunilla que con las crecidas se vuelve un estero que enlaza con las lagunas de las empresas camaroneras y a las playas del mar pacifico.

En este tramo que desemboca en varios destinos, sobre una lancha, Roman dice que no piensa dejar la pesca. Otros pecadores en el estero le aseguran que no han tenido éxito con el camarón, mientras le muestran el marisco que apenas han logrado recolectar en sus hieleras oxidadas. Aun así, llega a su campamento en la costa, en las orillas de la Barillosa, donde lo espera su compañero, otro pescador de mediana edad que se balancea en una hamaca sostenida por dos troncos delgados.

Roman Guevara conversa sobre sus inicios en la pesca y lo difícil que es pescar camarón cuando no es temporada. 26 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Guevara inició en la pesca a los 12 años, cuando los humedales no estaban restringidos y todos los pescadores tenían acceso. Fue testigo cuando cercaron los lugares de pesca, de la intimidación de quienes llegaban a presentarse como dueños de la tierra y de agresiones de las camaroneras cuando él o alguno de sus hermanos pescaban en los canales cercanos a las empresas.

Las operaciones de la industria camaronera iniciaron en los ochenta, con el otorgamiento de concesiones a empresas camaroneras que por años se han beneficiado con exoneraciones fiscales en la exportación del camarón a otros continentes.

Junto a los planes del gobierno, las comunidades excluidas se organizaron. Así, en 1988 nació el Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), cuando Enemías Velásquez tenía nueve años. Ahora, con 45, es él quien la preside, luego de que su amigo, Modesto -que continúa como asesor de la organización- la dirigiera por tres periodos consecutivos.  Desde sus inicios, la organización que ahora es dirigida por nuevas generaciones ha denunciado las irregularidades en las operaciones de la industria camaronera. También defienden los sistemas marino-costeros y el desarrollo de las comunidades.

Desde finales de los ochentas descubrieron que la promesa de reactivación económica  a través de los incentivos a esta industria era solo una utopía. Los beneficios no han llegado a las comunidades, dicen los pescadores, al contrario, han acrecentado los problemas en esta región del país. Junto al crecimiento de la industria, llegó también la represión y el miedo a las comunidades.

La familia de Ramón Guevara asegura haber sido víctima de esta represión y exclusión. Sus hermanos se adentraron en el mundo de la pesca desde niños, igual que él. A su hermano, Gertrudis, lo encontraron fallecido, flotando en el estero, tres días después de que vigilantes de Granjas Marinas le decomisaron una lancha que utilizaba para pescar, por presuntamente navegar en una área que pertenecía a la empresa. Desde 1990, hasta la fecha, la familia denuncia este caso y pide justicia. 

Maigra, hija de Román, cuenta que capturaron a un presunto culpable del asesinato, pero que a los pocos días salió libre. En la zona, los casos  de persecución y encarcelamiento de pescadores causaron tal alarma que en 1999, una comitiva del Banco Mundial llegó a Honduras como intermediaria para instalar una mesa de diálogo entre ambos sectores. El Banco dijo a los empresarios camaroneros que debían detener los abusos y la violencia ejercida en contra de los pescadores, de lo contrario, sus operaciones serían canceladas. 

Pero las acciones del Banco Mundial no fueron bien vistas por toda la comunidad de la pesca. Coddeffagolf denunció que en 1999 este banco otorgó un préstamo de 6 millones de dólares a Granjas Marinas San Bernardo «para reactivar la producción camaronera y reponerse de los daños causados por el huracán Mitch». Lo anterior fue rechazado por esta organización, la cual aseguró que la empresa no había sufrido daños y que más bien estaba en proceso de una nueva expansión.

Más de tres décadas después, aunque ahora es extraño escuchar relatos de intimidación o sabotaje contra los pescadores, Román asegura que la pesca no es la misma, y que siempre guardan precauciones al acercarse a las orillas de las empresas.

La instalación de las camaroneras ha impedido que las lagunas en las que los pescadores cosechan camarón se llenen naturalmente, pues las entradas de agua que van a dar a esas lagunas han sido bloqueadas o en ellas han vertido sustancias contaminantes, lo que ocasiona daños al ecosistema marino, según denuncias de los pescadores. 

Una laguna de invierno en el sector de El Quebrachal, donde reside Enemías. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Empleos de miseria

En las comunidades del Golfo de Fonseca,  dedicarse a otra actividad que no esté relacionada con la pesca  es imposible. Las principales fuentes de empleo son las fincas camaroneras o en las empacadoras, cuentan los lugareños. Pero en estos sitios, las condiciones laborales también son duras.

Un sindicalista en la zona sur, a quien mantendremos en anonimato por petición de seguridad, asegura que dentro de las empresas  «el denominador común es el maltrato, no respetan los derechos de los empleados y hay mucho hostigamiento laboral».

En las empacadoras, hay quienes denuncian impagos del salario minimo, turnos de 10 o 12 horas y discriminación. Quienes han optado por renunciar, denuncian el impago de sus liquidaciones y prestaciones de ley. «El sector camarón emplea el 70 u 80% por ciento mano de obra femenina y la mayoría son madres solteras, entonces, debido a la gran miseria que vivimos aquí en la zona sur, ellas tienen que estar sometidas bajo este régimen y hacerse como es el de la vista gorda o aguantar» señala la fuente. 

Para los expertos, la situación de violaciones a los derechos laborales de las mujeres en el Golfo de Fonseca podría ser mayor, dado a la existencia de un subregistro de la mano de obra de las mujeres en la zona. Hasta 2019, al menos 414,361 personas conformaban la población económicamente activa en la región del Golfo. Según datos de la industria camaronera, el sector da empleos a más de 100 mil trabajadores. 

«La pobreza se ha convertido en un mal que aqueja a los trabajadores en el Golfo de Fonseca principalmente aquellos que no cuentan con las cualificaciones necesarias para competir adecuadamente en el mercado laboral (…) se observan altos niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos de los trabajadores, donde el coeficiente de Gini alcanzó un índice de 0.54, mostrando efectivamente una mala distribución de los ingresos entre los trabajadores, principalmente dado por una alta concentración del empleo bajo la categoría de trabajo independiente», apunta el Diagnóstico del Mercado laboral en la región del Golfo de Fonseca, elaborado en 2021. 

Enemías señala que el salario de los empleados dentro de las camaroneras ronda aproximadamente los 7 mil lempiras ($280 dólares), y ahora, desde las organizaciones de pescadores se han llegado a acuerdos con las empresas para emplear a un porcentaje de sus miembros o a una persona por cada casa, dependiendo cual sea el trato con las distintas empresas. 

Aunque en los inicios de la lucha de los pescadores esto último no figuraba como uno de los puntos de negociación, la falta de empleo en esta región y la pobreza han primado en las necesidades de quienes buscan oportunidades en el sur del país. El salario, sin embargo, no alcanza para mantener a una familia. 

Según la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el costo de la canasta básica es de 2,461 lempiras por persona, lo que equivale a 100 dólares.

Fachada de la finca camaronera Granjas Marinas San Bernardo. 23 de mayo de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Un modelo sin pies ni cabeza

Cuando el Estado de Honduras estableció regímenes especiales para la exoneración de impuestos a distintas empresas a nivel nacional como el Régimen de Importación Temporal (RIT) y las Zonas Libres (Zoli) en los años 80, la industria camaronera fue una de las más beneficiadas. En el caso de Grupo Granjas Marinas (GGM), sus empresas han estado bajo ambos regímenes, los que establecen no pagar impuestos aduaneros, consulares, y de ventas.

Del territorio concesionado, este grupo ostenta el 39.2% del pastel con una extensión de 9,631.39 hectáreas. Está compuesto por seis empresas radicadas en Choluteca: Granjas Marinas San Bernardo S.A. de C.V. (Cadelpa), Seafarms de Honduras las Arenas, Aquacultivos de Honduras, Camaronera del Pacifico (Cadelpa), Criaderos Marinos S.A (CRIMASA) y Finca Granjas Marinas San Bernardo (GMSB), todas adscritas a la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo, según registros de Digepesca.

Las empresas y fincas camaroneras en la zona sur de Honduras suman 24,567.76 hectáreas, según datos proporcionados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG). Esta extensión representa aproximadamente el 15% del territorio en los departamentos de Choluteca y Valle.

«Después de la expansión de la industria, los pescadores que tradicionalmente tenían acceso a zonas de esteros o de pesca no podían acceder a esos sitios, el ecosistema estaba fragmentado, entonces la pesca se fue reduciendo gradualmente y se desarrolló una industria bastante agresiva», señala Roger Reyes, director ejecutivo de Coddeffagolf.

Julio Raudales, uno de los economistas más reconocidos en Honduras y actual rector de una universidad privada en Tegucigalpa, analiza el modelo por el cual el Estado dio a la industria camaronera, y concluye que no tiene «ni pies ni cabeza».

Julio Raudales en una entrevista en su despacho dentro de la Universidad José Cecilio del Valle (UJCV). 18 de julio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Según el experto, detrás del modelo de exenciones a la industria camaronera está el «Sistema Generalizado de Preferencias», una política impulsada por Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, con la cual buscó mantener cerca a países aliados a través de un cambio de sistema para comprarle a países Centroamericanos y del Caribe productos de exportación como bananos, café y camarones, sin importar la calidad de estos ni sus precios. 

La instalación de este modelo en Honduras, según Raudales, tuvo que ver más con un asunto geopolítico que con algo relacionado al comercio y las exportaciones, «a Estados Unidos le dejó de interesar la región, entonces estos países se tuvieron que ver forzados a tratar de bajar los costos de los productores nacionales para que pudieran ser más competitivos».

Después de este momento, congresistas, empresarios y políticos comenzaron a promover leyes para permitir a empresas nacionales y extranjeras exportar productos libres de impuestos por un tiempo determinado, con la promesa de dar menos costos y volverlos más competitivos. Pero para Raudales muchas cosas fallaron en este esquema.

«Lo que sucedió fue que algunas de estas asociaciones de empresarios fueron negociando con los diferentes gobiernos el alargamiento de estos periodos (dentro de los regímenes especiales) y ahora estamos con un esquema de exoneraciones fiscales para la exportación prácticamente sin pies ni cabeza, no está muy claro cuántos son los beneficios, cuánto tiempo se les da o quienes pueden beneficiarse, entonces se tiene que reconocer que no ha habido un orden claro en el proceso».

¿Un modelo en la mira?

Todo iba bien, o relativamente bien para la industria camaronera hondureña, hasta que en mayo de 2022 la Secretaría de Desarrollo Económico emitió una resolución en la que canceló los beneficios del Régimen de Importación Temporal (RIT) a dos empresas de la sociedad mercantil Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C.V.

La resolución 154-2022 señala que esta sociedad, que se encuentra bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli), también adquirió los beneficios fiscales del Régimen de Importación Temporal (RIT) de las empresas Granjas Marinas Larvicultura, S.A. de C.V. y Granjas Marinas San Bernardo (GMSB) al absorberlas en 2019.

Según las autoridades, la sociedad mercantil recibió todo el activo y pasivo de las dos empresas «adquiriendo la totalidad de todos sus derechos y obligaciones (…) y, por ende, la simultaneidad de dichos beneficios es latente». El impacto fiscal al Presupuesto de la República por la no recaudación de impuesto sobre la renta por parte de esta sociedad, según la resolución, fue de L 17,354, 885.55, es decir, más de 700 mil dólares.

Juan Carlos Javier, actual director ejecutivo de Grupo Granjas Marinas, niega que el Régimen de Importación Temporal haya sido cancelado a dos de las empresas de Empacadora San Lorenzo, y asegura que, «por un tema comercial» ahora todas las empresas de esta sociedad mercantil operan bajo el régimen de Zonas Libres (Zoli).

Solicitamos una entrevista con el ministro Fredis Cerrato, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, para conocer el status en el que está actualmente la resolución, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Fachada de una de las empresas empacadoras de camarón al sur de Honduras. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para Juan Carlos Javier, quien está al frente de GGM y además es presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), las exenciones de impuestos a las camaroneras y sus grandes extensiones de tierra no han contribuido a la desigualdad en las que las y los pescadores viven, aun cuando estos no pueden acceder a los sitios donde antes  realizaban la pesca.

«Los regímenes que dan las exoneraciones no están dando un beneficio directo para que gane más dinero el productor, en lo que a nosotros nos ayuda es en bajar un poco más el costo, porque vendemos afuera, no aquí localmente. Entonces, cuando usted vende afuera tiene que ir a competir con grandes productores que tienen subsidios, condiciones de competitividad más elevadas que las nuestras y necesitamos los apoyos internos para poder pagar un poquito menos de impuestos», dice. 

Según un informe de 2017 de la Comisión para la Defensa y la Competencia donde se notifica la absorción de Empacadora De Productos Acuáticos San Lorenzo S. A. De C. V. a otras empresas que ahora forman parte de Grupo Granjas Marinas, la concentración de estas empresas representa un capital L 3,950 millones de lempiras.

Para el presidente de la Cámara de Comercio e industrias del Sur, Milciades Ordoñez, la industria camaronera emplea a 107 mil personas en toda la zona sur, es decir, de 160 mil empleos en total en toda la zona sur, este sector representa un 66% de ellos aproximadamente.

Además, Ordoñez señala que desde Honduras se exportan más de 100 millones de libras de camarón al año desde Honduras, lo que representa un aproximado de 380 millones de dólares en exportaciones anualmente, es decir, más de 9 mil millones de lempiras.

Protestas a favor de las camaroneras

Justo un año después de que el gobierno de Xiomara Castro cancelara los regímenes bajo los que se encontraba una de las camaroneras de Grupo Granjas Marinas, una nueva protesta ocurrió en el sur de Honduras. 

Pero esta vez no fueron las comunidades afectadas por la industria las que se tomaron las calles, sino empleados de las empacadoras de camarón, granjas camaroneras, empleados dentro de meloneras y azucareras. Los últimos en la cadena de la producción de las industrias en el sur salieron a reclamarle al Gobierno la escasez de empleo y la amenaza que podría representar aprobar una ley que quite los beneficios fiscales a sus patronos.

Los empleados, ordenados por empresarios, políticos y actores de poder en el sur, salieron en mayo de 2023 a posicionarse en contra de la Ley de Justicia Tributaria (LJT), con carteles señalando que su implementación llegaría a «empobrecer al pueblo» y que gracias a esto se perderían miles de empleos. 

Detrás de la industria del Camarón también hay vasos comunicantes con la política. Por ejemplo, entre los socios de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo se encuentran Jorge Bueso Arias, quien en vida fue dueño de Banco Occidental; Héctor Luis Corrales Barahona, esposo de Mireya Agüero de Corrales, excanciller del primer gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández; Carlos Lara Watson, exdiputado liberal en el Congreso Nacional, y Emilio Larach, un empresario del rubro de las ferreterías.

La LJT es un proyecto impulsado por el Ejecutivo desde marzo de 2023. Inicialmente, fue presentada a empresarios por el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Zelaya, el exministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y exministro de la Secretaría de Finanzas, Marlon Ochoa, quien ahora es representante del Partido Libre en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el exministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero.

La propuesta no fue bien recibida, pero ha sido una insignia en los discursos de la presidenta, movilizaciones acuerpadas por empleados de Gobierno y cumbres internacionales en las que participa Castro. Tras año y medio sin que se conocieran avances, el pasado 15 de octubre, el Congreso sorprendió promoviendo el debate para su aprobación en medio de gritos y manifestaciones en contra por parte del Partido Nacional, la oposición en el Congreso.

A pesar de ser una institución apolítica, la Fuerza Armada también respaldó el proyecto. Días previos a que el decreto fuese presentado, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, dijo en una ceremonia de ascensos de militares que, gracias a la Ley de Justicia Tributaria, se habían dado cuenta que al año se ha beneficiado con L 66 mil millones a un grupo reducido de 10 familias del país gracias a las exoneraciones. La Ley, sin embargo, aún no existe.

«Lo expreso audiblemente, esto me huele a influencia de un sector reducido en lo social, en lo económico y en lo político (…) en lo que corresponde a mí, es el presupuesto de las fuerzas armadas de 6 años, que es lo que no podemos hacer para el beneficio de la población con un presupuesto como ese», expresó el comandante militar. Lo anterior fue altamente cuestionado por la sociedad civil y oposición.

En el Congreso, la oposición también cuestiona que la ley es inconsulta, aunque funcionarios y activistas a favor del gobierno han dicho que el proyecto fue ampliamente socializado antes de su discusión en el hemiciclo legislativo. El exministro de la SAR, Cristian Duarte, quien ahora funge como Ministro de Finanzas, dijo que a raíz de las jornadas de socialización se hicieron 32 modificaciones al proyecto original.

El Partido Liberal, una bancada de oposición que suele conformar alianzas con el oficialismo, también rechaza la propuesta de Libre y del gobierno de Castro. Los liberales han presentado como contrapropuesta la  «Ley de Equidad Tributaria», una que permite que los regímenes actuales continúen vigentes y se agreguen otros nuevos que puedan operar de manera gradual, sin una cantidad de años determinada.

La Ley de Justicia Tributaria del gobierno propone la eliminación de los regímenes de exoneración fiscal existentes y, en su lugar, la creación de dos nuevos con un máximo de 10 años, un tiempo más reducido considerando que las Zonas Libres están vigentes hasta 2047 y el Régimen de Importación Temporal hasta 2034. Además, la Ley propone auditar a empresas exoneradas, la eliminación de posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal y eliminar el secreto bancario mediante un nuevo Código Tributario.

Los líderes de las comunidades dentro de la zona sur cuentan que los promotores de la marcha de mayo de 2023 no fueron solo los empresarios dueños y directivos de la industria del camarón en el sur, sino también las organizaciones ganaderas, acuicultores, y alcaldes que por décadas han respaldado a la industria.

Uno de los opositores a esta Ley es Víctor Wilson, exdirector ejecutivo y presidente de la Junta Directiva del Grupo Granjas Marinas. Wilson fue uno de los principales antagonistas a este proyecto, argumentando que esto traería desempleo e incertidumbre a una región ya empobrecida.

«Yo no tengo duda de que se perderán de 100 a 200 mil fuentes de ingreso en el sur si esta ley fuere promulgada tal como ha sido presentada», dijo en un foro televisivo en mayo de 2023, luego de la movilización de empleados. 

En este foro el empresario camaronero también dijo que la marcha respondía a una «zozobra muy fuerte y justificada» ante la aprobación de una normativa que, según el empresario, reduciría los empleos en esta región de Honduras.

Después de esta marcha, que fue acompañada por el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, la presidenta convocó a un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la investigación y sanción de los actores que impulsaron la protesta.

Para Enemías Velásquez, el mensaje de esta protesta fue simple: mañana no vas a trabajar, pero te ganas tu día en la huelga. Según el presidente de la organización, es un hecho que esta industria, junto a la exportación de azúcar, melón y okra, son las pocas, casi únicas, que generan empleo en el sur, y por esto es razonable el miedo a la pérdida de empleo y al cierre de las empresas, como han amenazado los magnates.

«Son empleados a los que les dicen “miren, si se aprueba esta ley usted ya no va a tener trabajo” y así se siembra temor, pues es el sustento de su hogar, su quincena o su pago diario, esas son las necesidades que hay en Honduras», dice.

Solo en la comunidad donde él habita, en El Quebrachal, ocho  personas han huido a Estados Unidos en busca de trabajo y oportunidades en lo que va del año. Una de estas personas es su sobrino recién graduado del colegio. Se fue ante la desesperación de no encontrar empleo en esta zona. En algunos casos, Enemías cuenta que familias enteras se han ido «buscando ese sueño», pero, aunque existan quienes lo han alcanzado, hay otros que han regresado luego de vender su casa para costearse el viaje.

«Aquí, hace 10 o 7 años para atrás, nadie pensaba en irse a los Estados Unidos, eso fue en estos últimos años. Yo a todos mis hijos los críe de pesca, me internaba en la pesca y pesábamos (camarón y pescado) cada cuatro días, ahí hacíamos como 7, 500 lempiras. Ahora se van los pescadores y no ajusta ni para la gasolina, así es de precaria la pesca en el golfo», señala.

Para el economista Julio Raudales, la propuesta del gobierno no ordenará las fallas que existen en el sistema de exoneraciones actual, más bien, califica al proyecto como una Ley que no es pragmática.

«Para mí, en términos políticos, es un proyecto de ley que no busca la equidad tributaria, sino lo que busca es vengarse de quienes les dieron el Golpe de Estado».

Pero también están los que respaldan la iniciativa. A finales de julio, un grupo de 85 economistas nacionales e internacionales mostraron su respaldo hacia el proyecto de Ley, señalando a la propuesta como una alternativa para la reducción de las desigualdades en Honduras, el apoyo social y económico para el desarrollo y para cerrar lagunas fiscales que desencadenan menos ingresos para el Estado.

Uno de los firmantes en este comunicado es Mauricio Díaz Burdett, coordinador general del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), una organización que ha apuntado la necesidad de aprobar una nueva ley que revise, analice y regule las exoneraciones fiscales que otorga el Estado acompañado por un Pacto Fiscal con medidas para corregir la regresividad fiscal, claridad sobre el uso de información sobre fines fiscales e implementar medidas para reducir la evasión fiscal.

Según cifras del Servicio de Administración de Rentas (SAR) citadas en el informe, la evasión fiscal en el Impuesto Sobre la Venta pasó de 27.7% en 2017, a 36.7% en 2020. En el caso del impuesto Sobre la Renta, la evasión fiscal alcanzó un 61.6% en 2016.

Un cóctel de sangre

Modesto Ochoa sentencia que la pesca artesanal ha sido un oficio ignorado, un oficio que, a pesar de existir desde antes de la industria camaronera, ha sido desplazado a conveniencia de quienes tienen el poder en esta región del país. Ante esto, cuestiona cómo al otro lado del mundo personas degustan camarones exportados desde empresas que han sido autoras de violencia, represión y expulsión de los pescadores en los humedales.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad (Senasa), Honduras exportó más de 30 mil toneladas de camarón a 17 países en 2023. El país que más recibió camarón hondureño el año pasado fue México con 9.92 mil toneladas, seguido de Taiwán con 9.71 mil y Guatemala con 2.6 mil.

El año de mayor bonanza fue 2017 con más de 6 millones de toneladas, y Estados Unidos figuraba como el principal receptor de camarón hondureño ese año, después de Alemania y España. Pese a la distancia entre una cosecha y otra, hasta 2023 el camarón sigue siendo el cuarto producto de mayor exportación en Honduras, según datos oficiales. 

Roger Reyes de Coddeffagolf señala que la cosecha de camarón se ha industrializado hasta el punto en el que es insostenible para un pescador artesanal hacerla, lo que ha ocasionado que poco a poco las grandes empresas sean quienes obtengan más lagunas y más territorio.

«La pesca de camarón no es una actividad para pobres, es una actividad para inversionistas, entonces, las desigualdades que existen son enormes. Existen emprendedores que quieren salir adelante produciendo camarón, pero al final mantener una laguna de 10 hectáreas los asfixia financieramente. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Comprarles», explica. 

Modesto continúa alzando una denuncia. «Las experiencias que hemos vivido en el Golfo no ha sido tan fáciles, nos ha tocado acompañar a familias que han sido intimidadas y pescadores que han sido atacados por militares o por parte de la seguridad que tienen las empresas camaroneras, mientras en Estados Unidos, en Europa y en otros países del mundo están consumiendo un cóctel de camarones bañado con sangre».

Una de las hieleras que contiene los camarones recolectados por los pescadores en las orillas del estero La Barillosa. 27 de junio de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los pescadores al sur de Honduras es justo que se aplique una ley que promete exigir a los empresarios el pago de impuestos, pero creen poco probable que esto beneficie a las comunidades que por décadas han estado sumidas en la pobreza.

«Muchos han migrado hacia Estados Unidos, España y hacia otros países de Centroamérica, entonces cómo es posible que se crea que esto va a mejorar.  Choluteca, por ejemplo, se ve que ha crecido en infraestructura y comercio, porque los recursos y la riqueza están divididas en pocas manos.  El problema en el país es que políticos, alcaldes y diputados han sido accionistas de la industria del camarón, entonces no es posible que esto cambie, lo que resta es el empoderamiento de las comunidades locales para hacer prevalecer la justicia social y ambiental», reclama Modesto.

En México las desapariciones siguen incrementando exponencialmente. Las autoridades, lejos de hacerse cargo del problema, decidieron sacar a miles de desaparecidos de las cifras oficiales y declarar que otros tantos habían desaparecido porque sí. ¿Seguirá Sheinbaum la retórica impulsada por la llamada “Cuarta transformación” u honrará finalmente las promesas –hasta ahora vacías– de su antecesor?

por Chantal Flores

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el 1 de octubre, abrir un diálogo nacional para construir una agenda de búsqueda. A un mes de haber asumido la presidencia, este llamado aún no ha sido atendido. Mientras tanto, colectivos de Oaxaca, en el sur del país, han creado un portal para llevar un registro independiente sobre los casos de desaparición. Entre los graves problemas que aquejan a México, la crisis de desapariciones es sin duda una de las más urgentes. El gobierno de la Cuarta Transformación, del que Sheinbaum es sucesora, ha optado por ocultar la magnitud de la crisis  maquillando las cifras oficiales, dejando a miles de familias sin respuestas y retrasando la búsqueda inmediata.

En diciembre de 2023, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció los resultados de un nuevo censo sobre personas desaparecidas, el cual había alcanzado en 2022 la devastadora cifra de 100,000 personas reconocidas oficialmente como desaparecidas. Entre los nuevos datos, se aseguraba que 16,681 personas habían sido localizadas y que al menos 93.2% de las ausencias se debieron a motivos no relacionados con la delincuencia. Es decir, las personas se habían ausentado por decisión propia, ya sea por problemas personales o por alguna enfermedad mental. 

Otros datos que arrojaba la depuración del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas (RNPDNO) eran que algunas personas no estaban desaparecidas, sino que se encontraban en sus casas (3,945), en centros penitenciarios (197), o incluso habían fallecido (4,134). Sin embargo, las autoridades no proporcionaron evidencia de cómo se comprobó que estas 3,945 personas estuvieran efectivamente en sus hogares, ni aseguraron que los cuerpos de las 4,134 personas fallecidas fueran entregados a sus familiares. Asimismo, no explicaron por qué no se verificó de manera exhaustiva que las 197 personas se encontraran en prisión. 

Además, el nuevo censo aseguró que había “indicios importantes” de la localización de 17,843 personas. Luego, se presentaron datos más confusos, como que al menos 36,000 casos no contaban con indicios para su búsqueda. En conclusión, de las más de 100,000 personas, sólo 12,377 seguían desaparecidas. 

Un gobierno que había llegado al poder con la promesa de ejecutar recursos ilimitados para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en todo el país, ahora no solo minimizaba la gravedad de esta crisis, sino que además implementaba políticas que obstaculizan la búsqueda y desaparecen a las personas hasta del registro oficial. Aquella promesa, que renovó la esperanza de miles de familias, incluidas las centroamericanas que buscan a sus familiares desaparecidos en territorio mexicano, quedó incumplida, demostrando una vez más la falta del compromiso del gobierno con la búsqueda de los desaparecidos. 

“Él se comprometió en la búsqueda de los migrantes y ya cuando llegó al poder se le olvidó de la promesa que le hizo a los migrantes y a las familias”, me dijo Bertila Parada en la marcha del 10 de mayo que realizan miles de familiares de todas partes del país en la Ciudad de México por motivo del Día de las Madres.

Parada es madre de Carlos Alberto Osorio, un joven salvadoreño de 27 años que, en 2011, emprendió el camino hacia Estados Unidos. Casi dos años después, los restos de su hijo fueron encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. A pesar de que encontró a su hijo, Parada sigue en la búsqueda de justicia y apoyando a otras madres centroamericanas. Como integrante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), sigue exigiendo la búsqueda de migrantes desaparecidos.  “[Las autoridades mexicanas] nunca han encontrado a nadie”, reclama Parada. 

Ante la inacción del Estado mexicano, familiares de las víctimas han tomado la iniciativa de buscar a sus seres queridos, dando origen en los últimos diez años a un poderoso movimiento de familias a nivel nacional. Mientras el gobierno agrava el dolor de muchas de estas familias al borrar nombres, ellas siguen exponiendo la negligencia, apatía, y falta de voluntad política para reconocer que en México se sigue perpetuando la desaparición forzada de personas. 

Esto ha traído un nuevo término a nuestro lenguaje cotidiano: “madres buscadoras”. Con esta etiqueta, nos referimos a aquellas mujeres que, ante la desaparición de sus hijos e hijas, se han convertido en incansables investigadoras. Escudriñan fosas clandestinas, excavan en cerros y desiertos, y rastrean hospitales, prisiones, y zonas rojas en busca de cualquier rastro de vida. Ante la ausencia del gobierno, han asumido la dolorosa tarea de buscar, incluso debajo de la tierra

Detrás de las madres que buscan, también hay muchas familias que aún no denuncian o que se han resignado a no volver a ver a un ser querido. Ya sea porque no confían en que las autoridades vayan a investigar, o porque temen represalias que puedan afectar aún más a la familia. 

La estigmatización social que rodea a las personas desaparecidas continúa siendo un obstáculo significativo. “¿En qué andaba metido?” se escucha frecuentemente ante la desaparición de una persona como si fuera justificable la ausencia de esa persona. Inmediatamente se les vincula con actividades ilícitas o con el crimen organizado, lo que genera una pregunta sumamente dañina: ¿qué tan inocente debe ser una persona para merecer ser buscada?

Esta estigmatización no solo revictimiza a las familias, sino que también dificulta enormemente la búsqueda, perpetuando la impunidad. En Culiacán, Sinaloa, por ejemplo, donde dos facciones del Cartel de Sinaloa llevan más de un mes disputándose el control, hay ya más de 200 personas desaparecidas. Sin embargo, colectivos de familiares como Sabuesos Guerreras denuncian que no se les busca porque son consideradas parte de estas facciones, aunque algunas de estas personas fueron desaparecidas después de quedar atrapadas en medio de la violencia. 

“No son cifras, son personas”, se escucha a menudo en las marchas realizadas por familiares de personas desaparecidas en diversos puntos del territorio mexicano. Si bien las cifras nunca podrán transmitir la vida de cada individuo o individua detrás de ellas, la transparencia y rigurosidad con las que se recolectan y analizan los datos son fundamentales, no sólo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también para prevenir este grave delito y exigir justicia.

Aunque muchas familias aún albergan la esperanza de que la presidencia de Claudia Sheinbaum retome algunas de sus propuestas, las acciones concretas, o mejor dicho, su ausencia, demuestran que no es así. A finales de octubre, la presidenta declaró que en Chiapas, al sur del país, no existe una guerra civil después del asesinato del sacerdote e indígena defensor de las comunidades Marcelo Pérez. Los pueblos originarios, junto con organizaciones civiles, han denunciado el riesgo constante de desapariciones, reclutamiento forzado y trata, ante la violenta disputa territorial entre grupos del crimen organizado. 

Este discurso oficial que elude y niega la realidad de las desapariciones no solo menosprecia el dolor de las familias, sino que invisibiliza una problemática que exige atención urgente.  Comprender las causas, los contextos y las consecuencias de la desaparición es una tarea compleja que avanza a paso lento, impulsada casi exclusivamente por la inquebrantable lucha de las familias. Una y otra vez, estas familias demuestran que las desapariciones no son casos aislados, sino una práctica sistemática que persiste a pesar de los intentos del gobierno por minimizarla. Aunque el gobierno siga orquestando una estrategia de evasión, la realidad continúa recordándonos cada día que las ausencias son ruidosas.

*Periodista independiente originaria de Monterrey, México. Se dedica a investigar el impacto de la desaparición forzada en América Latina y los Balcanes, además de cubrir temas como violencia de género, derechos humanos y migración. Su trabajo ha sido publicado por medios internacionales como Rest of World, Al Jazeera, L.A. Times, Yes! Magazine, The Verge, y Foreign Policy. Autora de Huecos: Retazos de la vida ante la desaparición forzada (Dharma Books).



Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual Contracorriente forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Fotografías y texto por Maryoriet Rosales

En Tegucigalpa, los grafitis y murales en las calles han comenzado a surgir como texto de nuestras realidades urbanas, y sirven como un recuerdo constante del contexto político y patriarcal en el que vivimos las mujeres.

En el Centro Histórico, que está siendo reparado por máquinas, intentando redefinir su abandono, las paredes que gritan «No más femicidio» se convierten en un observatorio de las violencias contra las mujeres. Honduras es un país donde cada día una mujer muere violentamente a manos de un hombre; sin embargo, el 98 % de los feminicidios permanecen impunes. A diferencia de los asesinatos u homicidios, estos crímenes suelen suceder en el hogar como resultado de la violencia de género y las dinámicas de abuso que nuestra sociedad tiende a perpetuar

A pocas cuadras de allí, una campaña feminista nos recuerda que esto no es un «crimen pasional», como han retratado los medios locales durante años, sino una manifestación más de la violencia patriarcal que se propaga por el país como un virus corrosivo.

En la misma fotografía se reflejan una diversidad de mensajes, entre ellos cómo la prohibición de la PAE (píldora anticonceptiva de emergencia) representa un golpe contra las mujeres. Este juego de palabras alude a una medida impuesta durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien, por prejuicio o desconocimiento, la consideró erróneamente un método abortivo y la prohibió durante trece largos años. Así, Honduras se convirtió en el único país del continente americano con esta restricción hasta 2023.

Cerca del aeropuerto Toncontín, encontré algunos de los nombres de niñas y mujeres que han sido brutalmente asesinadas y que representan los feminicidios sin resolver en este país. Aunque el Estado las haya olvidado, nosotras no. Ahí también había un mural sobre Keyla Martínez, una chica cuya historia sigue conmocionándonos. Keyla fue víctima de un femicidio estatal que ahora se encuentra en la impunidad; el único acusado quedó en libertad a inicios de este año. Mientras la comunidad continúa de luto por su injusta partida, las autoridades siguen amparándose en un Estado que les protege de sus múltiples abusos.

Cerca del Estadio Nacional, hay un mural de tres mujeres que, bajo el lema «Mi trabajo sostiene tu vida, nuestros derechos sostienen la mía», invita a reflexionar sobre el trabajo doméstico no remunerado. Esta obra denuncia la enorme desigualdad que persiste en Honduras, donde las mujeres representan, casi de manera exclusiva, la población dedicada al trabajo doméstico y de cuidados. Lo hacen en un contexto sin protección legal, ni beneficios sociales y médicos; un contexto que promueve la desigualdad, discriminación y abuso. Junto a este mural, otra ilustración muestra las piernas de diversas mujeres con la palabra «piropo», un término paradójico porque se utiliza como sinónimo de cumplido, y así normaliza lo que en realidad es: el acoso callejero.

En otros callejones de la ciudad, y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), se repite la imagen de unos ojos de mujer con el mensaje «Yo no quiero ser violada». Un resultado del clamor de las estudiantes, que incluso temen ir solas al baño por el alto riesgo de sufrir violencia sexual en las instalaciones de la universidad. Es tan irónico como alarmante que, en una institución de educación superior, tengamos que recordar algo tan básico como que las mujeres no se violan.

Las paredes de Tegucigalpa se prestan para narrar nuestras vivencias, evitando que estas se borren de la memoria colectiva. Estos grafitis representan fragmentos de nuestras historias. Representan un reflejo de la vida cotidiana y política de las mujeres hondureñas.

Quizás hemos comenzado a expresarnos por muros, ya que hemos sido silenciadas de los demás espacios. Estos temas se consideran «demasiado intensos» o «demasiado incómodos» para la mayoría de las personas. A pesar de ser una realidad ineludible para nosotras. Al hablar de estos miedos e injusticias, somos tachadas de revoltosas o, peor aún, de «feminazis», un término peyorativo e ignorante popularizado por sectores conservadores para desprestigiar las luchas feministas. Mientras la situación no cambie, las calles de Tegucigalpa seguirán gritando nombres y exigiendo justicia. Los muros son ahora testigos y portavoces, escribiendo la verdad que algunos insisten en ignorar.

Siete plantas maquiladoras han anunciado cierres en el sector norte del país para el segundo semestre del año 2024, lo cual significa la pérdida de al menos 7,000 empleos, que se sumarán a unos 30,000 que ya se habían perdido entre 2022 y 2023. Mientras tanto, obreros y obreras denuncian el incumplimiento de derechos laborales, y sus protestas son respondidas por el Estado con represión y exclusión de los procesos de negociación. 

Texto y fotos: Allan Bu

«Devuelva el dinero, no queremos problemas, la situación está perra», dice un cartel pegado en la cortina metálica de las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula. El letrero fue colocado por exempleados de la maquila Delta Cortés, que cerró operaciones en Honduras sin garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. El mensaje estaba dirigido a los representantes del sindicato, a quienes acusan de coludirse con la empresa para afectar sus intereses. 

La protesta de los trabajadores retrata la desprotección de la que son víctimas en el país, pues una transnacional extranjera cerró operaciones y, sin más, dejó en la calle a más de 3,000 empleados. Otro análisis obligatorio de esta protesta es la crisis de empleo que se vive en el país. La empresa privada asegura que en los últimos dos años se han perdido cerca de 40 mil puestos de trabajo, la mayoría en la industria maquilera. 

En una protesta frente al Ministerio del Trabajo estaba José, un joven de 25 años, oriundo de Pimienta, Cortés, en el norte de Honduras. Laboró por siete años en Delta y espera que le respondan por sus derechos. «No es justo que ellos se vayan así y nos dejen en el aire, porque dígame, ¿quién me va a pagar esos años que me partí el lomo? Hay gente con dictamen médico y tienen problemas en la columna, en los hombros, y ya no pueden trabajar. Tenían 20 o 25 años de trabajar ahí», contó. 

José relató que Delta atropelló sus derechos de muchas formas, pues desde hace cuatro meses estaban suspendidos sin goce de salario. «No podía trabajar en otro lugar porque si lo hacía perdía mis derechos. Además, cuando íbamos a otro lugar nos decían que estábamos activos en un sistema y no podíamos laborar», se lamentó.

El personal de Delta Cortés colgó varias pancartas en las oficinas del Ministerio del Trabajo; en una de ellas le reclamaron al ministro Wilmer Fernández por abandonar a los trabajadores. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

Al finalizar esa suspensión de 120 días, cuando el personal de Delta retornó a sus puestos de trabajo les notificaron de forma verbal que la empresa había cerrado operaciones, sin pagarles prestaciones laborales. Durante varios días, los afectados protagonizaron tomas frente al parque Industrial Zip Buena Vista, el lugar donde operaba Delta Cortés. En una ocasión fueron desalojados violentamente por la Policía Nacional. Una de las trabajadoras se desmayó por los golpes recibidos. 

Después de varios días de protestas, el Gobierno anunció una reunión tripartita entre los representantes de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). En esta reunión radica la razón por la que José y sus compañeras estaban protestando frente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo. Ellos no se sienten representados por el sindicato, y les achacan que los han afectado en sus derechos; en cambio, unos mil trabajadores delegaron su representación en el abogado Pedro Mejía, del Bufete de Estudios para la Dignidad, pero este profesional no fue aceptado en la reunión encabezada por el ministro del Trabajo, Wilmer Fernández. 

«Están haciendo negocios con alguien que no nos representa; ellos nos han dado la espalda, tanto en las calles como tomando acciones con las que no estamos de acuerdo. Ya una vez nos jodieron y lo están haciendo otra vez», dijo José.

El abogado Mejía explicó a Contracorriente que ya se han presentado demandas judiciales en contra de Delta Cortés para reclamar el pago de los derechos laborales e indemnizaciones de los trabajadores. 

Mejía sostuvo que en este momento la población trabajadora ya tiene certeza del cierre de la empresa y la pérdida de su empleo, pero  «no hay certeza ahora mismo si se va a lograr saldar el pago de los derechos  que les corresponden. Hay un procedimiento para que se embarguen los bienes de la empresa». 

Sin embargo aclaró que no hay certidumbre acerca de cuáles son los bienes de la empresa, ni si estos tienen el valor suficiente para cubrir el pago de prestaciones laborales para casi 1,500 trabajadores. 

Más de 1,000 trabajadores no se sienten representados por el sindicato de Delta Cortés y por eso se tomaron las oficinas de la Secretaría de Trabajo. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto: cortesía del Bufete de Estudios para la Dignidad.

En el país ya han cerrado decenas de maquilas. Las estimaciones de la AMH señalan que al final del 2024 siete empresas maquiladoras habrán concluido operaciones, dejando sin empleo a unos 7,000 mil trabajadores, mientras que en 2023 se habían perdido otros 15,000 puestos de trabajo. Según esta asociación, a junio de 2024 el sector maquilero había generado 155,000 empleos. 

La economista Telma Villeda, en una entrevista con este medio, analizó la situación y dijo que con la partida de las maquilas, aparte de perder puestos de trabajo, baja la entrada de divisas al país y se pierden empleos indirectos en rubros como el transporte,  alimentación y el sector de servicios. 

¿Por qué se van?

Por un lado, las autoridades del Gobierno dicen que las maquilas se están yendo por la recesión económica en Estados Unidos, donde la demanda de ropa es menor. El gremio empresarial, por su parte, aduce que la fuga de empleos se debe a la confrontación que libra el Gobierno contra la empresa privada, que según ellos ha afectado el «clima de inversión» en el país. 

En tanto, María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), sostiene que en el sector maquilador el fenómeno de cierre de plantas no es extraño, y considera que este hecho esconde otra realidad. «Lo que hacen es cerrar las plantas, pero no la razón social. Aunque ellos digan que cierran y se van, no es cierto. Eso es un error, hay que aprender a dar una lectura diferente. Nosotros que tenemos más de 35 años de estar en esta lucha [lo sabemos]», sostuvo. 

Regalado recordó que en el 2020 hubo una situación similar de pérdida de empleos, en la que hubo cierres, suspensiones y despidos masivos, pero que luego se recompusieron y se recuperaron. «Eso lo hacen rápido, tienen una varita mágica. Nosotras sostenemos que lo que usa la maquila es una estrategia, dizque cierran operaciones y no lo hacen oficialmente, pero lo hacen verbalmente con las trabajadoras. No están utilizando los procedimientos adecuados», dijo.

La activista por los derechos laborales explicó que hay ejemplos que le dan validez a su teoría. Uno de los casos que mencionó es el cierre de la planta de Gildan Activewear San Miguel, perteneciente a la transnacional canadiense Gildan. «Sigue existiendo en Honduras; ahorita Gildan Activewear está impugnando los dictámenes de calificación de enfermedades profesionales que está emitiendo la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo va a poder impugnar dictámenes una empresa que cerró operaciones? La figura jurídica existe y pueden existir otras».

Además, recordó que la fábrica Pride Manufacturing del Grupo Karims supuestamente cerró operaciones y despidió a sus trabajadores, «pero las obreras manejaban que se estaba instalando otra empresa ahí, y el año pasado, usted se dio cuenta que hasta la presidenta de la República viajó a inaugurar una planta del Grupo Karims, y no era que estaba trayendo fuentes de empleo, estaba reponiendo algunas puestos de trabajo que tenía gente que dejó en la calle. Ahora tiene nuevos empleados», dijo.  

Añadió que en el 2010 hubo otro fenómeno muy parecido al actual, en el que se cerraron empresas y despidieron trabajadores. «Se iban todos para China», dice con ironía. «Es una estrategia usada una y mil veces», reafirma.

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, estuvo de acuerdo en que el sector de la maquila generalmente cierra unas empresas y abre otras. «Es lo normal, todos los años ha sucedido, pero lo que hemos visto este año es que se cierran unas y no abren otras más», dijo. 

Manifestó que esas aperturas se están dando en otros países, y que a su juicio el país está apartando la inversión por cambios en las reglas de juego, como la propuesta de Ley de Justicia Tributaria que promueve el actual Gobierno. Afirmó que esos son «ataques en forma política que han hecho a las exoneraciones».

«A mí me dio mucha tristeza escuchar al general Roosevelt Hernández referirse a que había 66 mil millones de lempiras en exoneraciones. Él no se da cuenta que solo 8 % de esa cifra es para las empresas, lo demás es destinado a la canasta básica, energía eléctrica y otro montón de cosas que no tienen nada que ver con las empresas. Hay cosas que entristecen, cómo se ha envenenado el tema de las exoneraciones. Al final, si hay alguien que no está cumpliendo con lo que se requiere, hay que sancionar», dijo el dirigente empresarial. 

Las maquilas operan bajo un régimen especial denominado Ley de Zonas Industriales de Procesamiento para la Exportación (ZIP). Las empresas que se adhieren a esta ley están totalmente exoneradas por un período de 20 años de los impuestos nacionales y municipales, pero estos beneficios cambiarían con la Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno, que entre otras cosas dejaría el período de exoneraciones en cinco años, con opción a renovarlo.  La propuesta de ley no contempla el final de las exoneraciones, sino que propone derogar algunos regímenes de los 18 existentes y la creación de dos instrumentos, uno para la inversión nacional y otro para la extranjera.

La industria maquiladora creció exponencialmente en el país entre 1990 y 1996, cuando el número de fábricas creció de 26 a 200. También crecieron los abusos: sueldos precarios, largas jornadas laborales sin recesos, hacinamiento en los espacios de trabajo y mal clima laboral. A las maquilas siempre se les ha conocido como la «industria golondrina», porque pueden abandonar un país de un momento a otro, como lo hizo la corporación Delta Apparel. 

Un artículo publicado en abril por el sitio Centroamérica 360 señala que en la región, desde junio de 2022 a la fecha de publicación, se habían perdido más de 82,000 empleos en la industria textil, de los cuales 8,000 corresponden a Guatemala, 18,000 a El Salvador, 18,000 a Nicaragua, y en Honduras superan los 38,000. Estas maquilas estarían migrando a países asiáticos, a mercados como Vietnam, Tailandia o Bangladesh, debido a los bajos salarios que perciben los obreros en estos países. 

Otro ejemplo de la pérdida de empleos está en Ciudad Juárez, un enclave maquilador en México, donde en junio de 2024 se perdieron casi 20 mil puestos de trabajo. En los últimos dos años en esa ciudad se perdieron 55,000 empleos.  

La economista Telma Villeda afirmó que, en general, las maquilas se van porque hay una recesión mundial, pero dio luces para entender por qué algunas de esas empresas se van o podrían irse a Nicaragua, país que también ha perdido empleos. Una de las razones que destacada es que los niveles de violencia en ese país son menores a los nuestros, y también tiene población bilingüe, que es indispensable en algunas áreas de estas empresas. Otro punto a favor del país vecino es el salario, que allá es de 310 dólares mensuales, y en Honduras ronda los 450 dólares. Y aquí cabe una comparación con Bangladesh, donde la remuneración de los trabajadores es de aproximadamente 90 dólares. 

El clima de inversión

El empresario Eduardo Facussé reconoce que hay una recesión mundial que está afectando la demanda, pero también sostiene que en países cercanos, como Guatemala y Nicaragua, hay nuevos puestos de trabajo; sin embargo, insiste que en Honduras no se reemplazan los puestos de trabajo que se han perdido, y agrega que no es un tema exclusivo de la maquila. «Mirá la situación con el camarón; por todos lados hay problemas, no es un tema que solo afecta a la maquila. Se está importando más, el déficit comercial se ha ampliado y por eso no hay dólares. Por eso corrieron a hincársele al Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene esa subida de la Tasa de Política Monetaria (TPM); les dijeron, “si quieren dinero, ahí están las condiciones”». 

«Sobre el clima de inversión, hay una analogía que se hace en el círculo empresarial: el dinero es como el venado, con el menor ruido se asusta y se va. Así es la inversión, con poco ruido se espanta. Es normal, el dinero tiene que estar seguro y hay muchos países que te ofrecen condiciones más estables que la que ofrece Honduras en este momento, porque no sabemos qué camino es el que llevamos», afirmó.  

En su opinión, hay señales en este período de Gobierno que hacen al inversionista buscar otras opciones. Sobre las exoneraciones, dio a entender que no es bueno cambiar las reglas: «No porque se te mete una cucaracha a la casa vas a quemar la casa, no, hay que matar la cucaracha y salvás la casa, pero están reinventando todas las reglas del sector externo, como si el mundo se va adaptar a Honduras y no, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mundo», dijo. 

Hasta el momento, la población trabajadora no ha tenido respuesta, después de cinco meses sin recibir salario. San Pedro Sula, 15 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

La economista Telma Villeda, por su parte, consideró que para la atracción de inversión extranjera, si se mejoran las condiciones de seguridad y la imagen del país, ahora tan marcada negativamente por el narcotráfico y la corrupción, las inversiones desde el extranjero pueden mejorar. 

El Gobierno de Xiomara Castro anunció que de enero a octubre de 2024 hubo una reducción del 25 % de muertes violentas. A través de la red social X, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció una reducción respecto a los homicidios en 2024: «Se espera que 2024 cierre con una tasa de homicidios de 26.7 por cada 100 mil habitantes, frente a los 34 por cada 100 mil del año anterior», afirmó.

Sin embargo, el país sigue sumido en la zozobra de las extorsiones, que afectan especialmente a pequeños negocios y el transporte. Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras está bajo un estado de excepción, que desde las comunidades se ve como una medida ineficiente. En noviembre de 2024, Contracorriente publicó un reportaje donde revela el aumentó en las denuncias de desapariciones forzadas en este contexto. 

La contradicción

María Luisa Regalado cree que las amenazas de más cierres de empresas maquiladoras se dan porque están ejerciendo presión para que no aprueben la Ley de Justicia Tributaria, que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno.

Al referirse a los problemas de salud que la maquila ha provocado en la población trabajadora, la coordinadora de Codemuh dijo que «en esas fábricas hay hospitales», y agregó que «el sector maquilador lo que quiere es continuar explotando a la población, echar a la  calle a la gente que ya no le sirve, porque la ven como cosas desechables, y van a volver a reabrir con otra razón social y con personas nuevas». 

Una de las transnacionales que ya habría anunciado a sus empleados el cierre de tres plantas en Honduras es Hanes Brands, que dejaría a unas 2,400 personas sin empleo. La razón es que la corporación vendió la marca de ropa Champions y está reorientando su negocio. Esta empresa también tiene operaciones en República Dominicana, El Salvador, Vietnam y Tailandia. 

Sobre la corporación Hanes Brands hay un detalle interesante: la apoderada legal es la abogada Pamela Blanco, esposa del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, y también vinculada al Grupo Emco, propiedad de Lenir Pérez.

Regalado sostiene que la actitud de la abogada Blanco siempre ha sido soberbia e inhumana durante los años que ha representado a la maquila. «Ella dice que la empresa no tiene corazón. Le estábamos pidiendo sensibilidad porque era el caso de unas trabajadoras que tenían problemas de salud, y queríamos que las reintegraran, pero simplemente les dijo: “No hablemos de sensibilidad humana, porque no habrá”», lamentó Regalado. 

La actitud es reprochable, más si viene de la esposa de un alto funcionario de un Gobierno que ha pregonado luchar y trabajar por los intereses del pueblo y los más vulnerables. «Pero personas como Pamela Blanco y, a lo mejor su esposo, no van a refundar, van a refundir el país, no es posible hacerlo como esas empresas que ven a las trabajadoras como seres desechables, como cosas que no sirven», dijo Regalado con tono enérgico. 

En una de las protestas de los empleados hubo represión de la Policía Nacional. Una obrera fue brutalmente golpeada frente a Zip Buena Vista. Villanueva, Cortés, 7 de octubre de 2024. Foto CC / Allan Bu.

La población trabajadora siempre ha estado desprotegida. Junto a un pequeño muro frente a las oficinas del Ministerio del Trabajo en San Pedro Sula, Miriam y «La Vieja», dos extrabajadoras de Delta Cortés, conversan sobre las acciones que seguirán tomando y las penurias que han pasado durante cuatro meses sin salario, y ahora sin trabajo.

«La Vieja» sostiene en sus manos un cartón con el mensaje escrito al inicio de esta historia. Habla de la confabulación del sindicato con la empresa y le pide al ministro Wilmer Fernández que las escuchen. Una de sus compañeras llega y le entrega un billete. «Así pasamos, porque estamos todos en la lucha, y la que puede ayuda a la que no tiene. Ha sido muy duro», dice «La Vieja». Su mirada parece perdida en las penurias que le han dejado la irresponsabilidad de una empresa y la desprotección estatal. 

Por Laura Díaz Arita

Nunca supe qué pasó con su cuerpo: si le hicieron una autopsia, si la enterraron, o si la metieron en un frasco para exponerla en un laboratorio. Tampoco supe cuál fue la causa exacta de su muerte. Yo tenía 17 años y solo quería olvidar. Ahora, años después, me arrepiento de no tener una tumba en dónde visitarla. Aún me corroe la curiosidad por saber qué fue lo que pasó, y la culpa no ha ido mermando con el tiempo. Cada año celebro su cumpleaños en silencio, resignada y agradecida, porque con su muerte yo volví a la vida.

Esa noche no pude dormir. Tenía muchas náuseas y un leve dolor de espalda que iba y venía, así que me vestí, agarré mi maleta, y salí a la calle a parar un taxi. No había tráfico y eso me permitió llegar rápido al hospital. Me pasaron a un consultorio y me dieron una bata ligera, gastada y con olor a lejía. Estaba oscuro, hacía frío. El silencio tenebroso fue interrumpido por una enfermera que me abordó con una máquina de ultrasonido, y un doctor que tenía cara de desvelo.

Sentí el gel frío, mientras el doctor frotaba mi barriga con el sensor y miraba la pantalla con detenimiento, una y otra vez, hasta que me preguntó con voz seca:

―¿Hace cuánto no se te mueve la bebé? 

La sentí esta mañana ―le contesté muy tranquila.

―¿Usas drogas? ¿Alcohol? ¿Sufriste alguna caída fuerte, o te golpeó tu pareja durante el embarazo? 

Le dije firmemente que «no», y empecé a asustarme. Nadie me había preguntado esas cosas antes.

Estaba sola, tumbada en la camilla, semidesnuda, descalza, y completamente incómoda. El doctor terminó con el interrogatorio, y me dijo sin reparo:

―No hay latido, tu bebé está muerto.

Por un instante no entendí lo que me decía. Él notó mi desconcierto y siguió hablando:

―Te induciremos el parto y, una vez que el feto esté fuera, podemos ver qué es lo que ha pasado. ¿Tienes alguna pregunta? 

No dije nada. Imagino que el doctor supuso que lo entendía todo.

Me llevaron a una sala blanca y grande, donde había otras mujeres con las mismas batas. Todas ellas, compungidas por el dolor, arrastraban la vía intravenosa mientras caminaban de un lugar a otro. Otra enfermera me puso suero, mientras me indicaba:

Te hemos puesto la hormona para el parto, por lo que los dolores que sentirás serán muy fuertes.

Las horas pasaban y sufría de contracciones intensas, pero inservibles, porque apenas dilataba; al ser un hospital público, la epidural no estaba dentro del presupuesto. Me retorcía del dolor y del cansancio, mientras vomitaba flemas incoloras, y lloraba de desilusión. De la nada, escuché una voz desconocida que me gritaba «camina». Era una señora que no sufría ningún dolor aparente; se apreciaba que tenía experiencia. Le hice caso, me paré, e intenté caminar. Al sentir el esfuerzo, mi útero necio al fin entendió, y de pronto, expulsé mucho líquido denso, y unos coágulos rojos bien grandes y calientes que se deslizaban por mis piernas.

―¡Al fin!», gritó la enfermera, que me miraba del otro lado del pasillo. 

Corrió hacia mí, me tomó y despacio me sentó en una silla, subiendo mis piernas en unos brazos de metal. El doctor llegó de inmediato. Yo resistía, sudaba y lloraba. En el último minuto me había resignado a vivir.

El doctor cortó con un bisturí algo en mi entrepierna y me gritó que pujara. Sentí una explosión, escuché el sonido del líquido que caía en el suelo y, exhausta, expulsaba el cuerpo sin vida de mi bebé. Inmediatamente, me cubrió un alivio casi celestial.

Hubo silencio por unos segundos, hasta que el doctor empezó a enumerar: 

―Es una niña, de peso, tamaño y color normal, ninguna deformación evidente, el cordón umbilical enrollado en el cuello, placenta normal ―y luego concluyó―: Hora de la muerte: ocho de la noche. Causa de la muerte: desconocida.

Vi que la enfermera se alejaba sujetando un bultito pequeño envuelto en unas mantas. El doctor, con tono amable, me explicó: 

―Es mejor que no la veas, no le pongas nombre,. Fue una bebé muy amable, recuérdalo siempre. Tuviste un muy buen parto y no tendrás ningún problema en volver a quedar embarazada. Eso sí, espera al menos unos dos años. No estés triste  ―concluyó.

Nadie me llegó a visitar al hospital, y 24 horas después, la enfermera me dio las cosas con las que llegué. Me vestí como pude. La ropa me quedaba grande, se notaba el gran vacío en mi estómago. Me llevaron en silla de ruedas a la puerta de salida. Me iba quitando los esparadrapos de mi mano. No tenía fuerzas, y mis venas sobresalían de mi piel más que nunca. 

Levanté la cabeza y vi mi reflejo demacrado y pálido en un cristal. Tenía ojeras, mi pelo sin brillo, mis labios secos y mis tripas pegadas a mi esternón, sostenidas levemente por la piel flácida que me colgaba. Hasta que la luz intensa del sol en mi rostro me dejó casi ciega, y mi cuerpo frío recuperó un poco de calor. Con los ojos entreabiertos pude ver, en la acera de enfrente, a mi madre y mis cuatro hermanas mayores, esperándome, mudas y casi tan desoladas como yo. Tenía muchos años de no verlas, o al menos eso me pareció.

Por Rolan Eduardo Soto López
Portada: Persy Cabrera

Durante el conversatorio «Brechas de género en la industria editorial», organizado en el contexto de la Tercera Feria Internacional de Libro en Honduras, 2024, con la participación de escritoras de Honduras, Colombia, México, Venezuela y España, una maestra preguntó: «¿Qué se les puede recomendar a los jóvenes que están en etapa de crecimiento, experimentación, y descubrimiento?». Y la escritora hondureña Jessica Isla respondió: «La literatura es un campo de libertad».

Si la escritura es un campo de libertad, ¿qué sentido tiene aprender a escribir el «ma, me, mi, mo, mu», si la articulación de sílabas no es una herramienta para descargar el dolor, las desesperanzas y las transgresiones?

He escrito, para mí, desde la frustración, desde la soledad, desde la desesperanza, como un acto de catarsis, como un acto de libertad. No olvido ese momento cuando tomé un lápiz tinta azul, abrí la libreta y escribí el dolor que sentía por la ausencia de mi hermana Dilcia. Al día siguiente, con mucho temor por descubrir lo escrito, revisé: la punta del lápiz había traspasado más de dos páginas. Fue una descarga de dolor, de pena, de reclamo a la ausencia.

Dilcia era protectora; se dedicó a la medicina por muchos años. Con grado de auxiliar de enfermería, fue considerada doctora por sus pacientes. No olvido una escena. Una joven le tenía pánico a la inyección. Le llevé el desayuno a mi hermana a las 8 de la mañana, y estaba dialogando con la paciente con una voz que arrullaba. Regresé a las 3 de la tarde, y mi hermana seguía a la par de la joven. No sé si al final la convenció. Así era Dilcia: entregada, humana. Cuando traspasé la página hasta quebrar la punta del lápiz, reclamaba su ausencia y su protección.

Hoy no escribo desde la furia, porque ya pasó; más bien pienso cómo sería escribir desde la furia y qué implicaciones tiene pensar en la escritura como un campo de la libertad.

En mi infancia aprendí la libertad del vuelo de los colibríes. Ví la furia y la frustración en el rostro de un campesino, al perder la inversión en su maizal. También experimenté la libertad  en los montes, cuando acompañaba a mi papá y a mis hermanos al campo. No vi conceptualizada la libertad, escrita en una pizarra o acaso en un cuaderno, pero sí percibí ésta en el galope del caballo «Moro» y el caballo «Kiko», el primero, favorito de mi hermano Daniel y el segundo, de mi preferencia por su andar suave. También vi la libertad en el canto de mi papá Adrián y su guitarra.

Escribir desde la furia implica dar legitimidad a la escritura en su estado crudo. Desconocer o no querer saber de cánones estéticos. Escribir en cascadas lacerantes. Reconocer que la palabra es bálsamo y lanza. Pensar la escritura como libertad deviene en tomar a la palabra como escalón de ascensión. Desenredar los cerrojos de los sentidos. Entretejer los recuerdos. Sepultar las culpas. Y pensar que existe algún lugar para la libertad.

La Corte Suprema de Justicia busca construir dos nuevos salones de sesiones para la presidencia, con un costo estimado de 13 millones de lempiras. La licitación, publicada en mayo de 2024, ha recibido propuestas de dos empresas, con ofertas de 13.3 y 12.9 millones de lempiras, con el argumento de que la capacidad de los actuales salones, construidos entre 2009 y 2016, durante la administración de Jorge Rivera Avilés como jefe del Poder Judicial, ahora resulta insuficiente. Por otro lado, las y los magistrados han recibido incrementos en sus salarios y gastos de representación desde que asumieron funciones a inicios de 2023. 

Texto: Luis Escalante, con reportes de Fernando Silva 
Fotografía: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera 

En el entorno de opulencia que rodea a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), surge una nueva «necesidad»: la construcción de dos renovados salones de sesiones para la presidencia. En mayo de 2024, el Poder Judicial publicó las bases de la licitación privada para este proyecto, cuyo costo podría superar los 13 millones de lempiras (unos 518,548.07 dólares), y dos empresas constructoras presentaron sus ofertas. Adicionalmente, las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema recibieron en agosto de 2024 un aumento salarial del 9 %, y en mayo de 2023 un aumento en los gastos de representación, del 24.17 al 26 %.

El proyecto contempla la edificación de dos salones de reuniones anexos al edificio principal del Poder Judicial en Tegucigalpa, con una superficie aproximada de 154.28 metros cuadrados cada uno. Según el Documento Base de Licitación Privada Nacional No. 04-2024, los salones serán repellados, pulidos y pintados, contarán con piso de porcelanato, puertas y ventanas de aluminio y vidrio corredizas, cielorrasos decorativos de tablones y losas. El interior incluirá núcleos de baños, cocineta y balcón con acabados de alta calidad.

Los dos salones se construirán en el área actualmente utilizada como estacionamiento para la presidencia y los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema, con un área total del proyecto de 308.56 metros cuadrados.

La edificación estaba consignada en el Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC) correspondiente a 2024, aunque con un presupuesto inicial de 11.5 millones de lempiras. En ese contexto, el 24 de junio de 2024, la jefa de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial, Gisela Cáceres, invitó a cinco empresas constructoras a participar en la licitación.

Las empresas convocadas fueron JPS Construcciones S. de R.L., Ingeniería para el Desarrollo Terrestre S. de R. L. de C. V., Proyecto de Ingeniería Centroamericana S. de R. L., Sistemas de Construcción S. de R. L. y Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción S. A. 

De esas empresas, únicamente JPS Construcciones S. de R. L. presentó su propuesta económica, según consta en el acta de recepción y apertura de ofertas fechada el 20 de septiembre de 2024. La otra empresa constructora que participó fue Servicios de Ingeniería S. de R. L.

La oferta de JPS Construcciones S. de R.L. asciende a 13,283,821.24 lempiras, incluido el Impuesto sobre Ventas (ISV), junto con una garantía de mantenimiento de oferta de 271,000 lempiras, válida hasta el 10 de marzo de 2025. Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. presentó una propuesta por 12,978,456 lempiras, también con el ISV incluido, y una garantía de mantenimiento de oferta de 260,000 lempiras, válida hasta el 8 de abril de 2025. Hasta el momento, el proceso se encuentra en revisión, según el portal HonduCompras

Según el Poder Judicial, la justificación para la construcción de estos salones se debe a que el salón actual «ya no cuenta con la capacidad necesaria para satisfacer sus demandas, ya que también se utiliza como sala de prensa, lo que provoca un amontonamiento de periodistas, fotógrafos y camarógrafos».

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El documento detalla que «este espacio tiene una capacidad para 40 personas y, además, se emplea como sala de audiencias para extraditables y para diversas reuniones, lo que limita su disponibilidad para las actividades de la presidencia y del pleno de magistrados. Actualmente, se requieren salones de mayor capacidad que los existentes».

La Corte Suprema de Justicia cuenta con tres salones: el destinado a examen del notariado, el salón de plenos y el salón de la presidencia, que se utiliza para conferencias de prensa, audiencias de extradición y audiencias de procesamiento a altos funcionarios. Los tres salones fueron construidos y equipados durante el período en que Jorge Rivera Avilés (2009-2016) se desempeñó como magistrado presidente de ese órgano jurisdiccional.

Puerta que da acceso a los tres salones actualmente ocupados por la Corte Suprema de Justicia. Palacio de Justicia, Tegucigalpa, agosto de 2024. Foto: Fernando Destephen / CC

Aunque en las dos administraciones anteriores de la Corte Suprema —la de Jorge Rivera Avilés y la de Rolando Argueta— no había surgido esta necesidad, ahora se ha decidido la construcción de dos salones con capacidad para al menos 50 personas cada uno, «con el fin de solventar esta limitación y proporcionar espacios físicos adecuados tanto para los funcionarios como para los usuarios».

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, consideró la construcción de estos dos nuevos salones como «una necesidad, más no una prioridad». 

«Realmente el área que actualmente tenemos ya no responde adecuadamente a nuestras necesidades. Nosotras y nosotros también celebramos audiencias, como las de extradición, o las de la Sala Civil. A veces, no contamos con suficiente espacio para realizarlas, por lo que en ocasiones tenemos que llevarlas a cabo en nuestros propios despachos», manifestó a Contracorriente

La magistrada también aseguró que, desde la Corte Suprema, está dándosele prioridad a «las personas a quienes atendemos, a proyectos en áreas como género, trabajo y derecho penal».

¿Quiénes son las empresas que presentaron sus ofertas?

Las dos empresas que están disputándose la adjudicación para la construcción de ambos salones, JPS Construcciones S. de R.L. y Servicios de Ingeniería S. de R.L., están certificadas como proveedoras del Estado ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae). 

Simultáneamente, JPS Construcciones S. de R. L. también participa en otro proceso de licitación para la remodelación del Juzgado de Paz de San Antonio, Copán, un proyecto que podría superar los 4.2 millones de lempiras, así como en la licitación para la restauración de fachadas y ventanales del antiguo edificio administrativo del Poder Judicial en Tegucigalpa, con un costo estimado de más de 3.7 millones de lempiras.

Por su parte, Servicios de Ingeniería S. de R. L. ha sido un contratista habitual del Poder Judicial. En 2019, ganó una licitación para construir el Juzgado de Paz de Lepaterique, Francisco Morazán, y otra para un proyecto de remodelación en el edificio judicial de Santa Rosa de Copán, Copán.

No obstante, esta empresa recibió el 16 de agosto de 2021 una resolución de incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) tras ganar una adjudicación para la restauración de un centro logístico en San Pedro Sula, Cortés, a un costo de 1.5 millones de lempiras, e incurrir en una demora de 68 días. La empresa argumentó que la pandemia de COVID-19 provocó retrasos en la construcción y adquisición de materiales, por lo que terminó pagando una sanción económica.

Aumentos en salarios y gastos de representación para la Corte Suprema 

La construcción de estos salones se suma a un reajuste salarial realizado para los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia a partir del 20 de agosto de 2024. La magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, pasó de ganar 198,288.94 lempiras mensuales a 216,134.94, es decir el aumento es de 17,846 lempiras mensuales, lo cual representa un incremento del 9 %;  mientras que el resto de magistrados incrementó su salario de 171,218.17 a 186,627.81 lempiras, con un aumento de 15,409.64 lempiras mensuales, lo cual también representa un incremento del 9 %.

El salario mínimo en Honduras es de 8,581.45 lempiras y, según un informe del Banco Central de Honduras (BCH), en 2021 vivían en el país alrededor de 2.8 millones de personas que subsisten con menos de un dólar diario. 

La magistrada Rubenia Galeano aceptó que se dio un incremento que no superó el 9 %, pero que se aplicó a todas y todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Sin embargo, descartó que haya existido un aumento en los gastos de representación para ella y sus colegas, y aseguró que desde la Corte Suprema se han abordado aspectos como el aumento en la asignación de viáticos a empleados de escalas básica. 

«No se han aprobado aumentos en gastos de representación, eso no es cierto. En los últimos plenos, más bien hemos analizado los temas relacionados con los gastos a nivel nacional y los viáticos, pero enfocados en las escalas más básicas del personal», declaró la magistrada.

Aunque en 2024 no se han generado aumentos en los gastos de representación, sí fue una de las primeras acciones emprendidas por esta administración tras tomar posesión. El 20 de mayo de 2023 se aprobó un incremento en los gastos de representación mensuales, que para Ráquel pasaron de 69,000.00 a 87,000.00 lempiras, y para los demás magistrados y magistradas de 60,000.00 a 74,500.00 lempiras. Los incrementos fueron de entre 24.17 y 26 %. 

El artículo sexto del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial señala que los «gastos de representación, tanto nacionales como internacionales, son cantidades determinadas por gastos no liquidables y solo se podrán asignar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia». 

De interés: Resolución de la CSJ mantiene vigente manto de impunidad por amnistía a delitos de corrupción

De este modo, la magistrada presidenta percibe ingresos mensuales de 303,134.94 lempiras, mientras que los demás magistrados y magistradas reciben 261,127.81 lempiras al mes. Los aumentos salariales están contemplados en el Reglamento de Ejecución Presupuestaria y se efectúan anualmente para todas las personas contratadas bajo acuerdo en el Poder Judicial; sin embargo, los incrementos en los gastos de representación exclusivos de la Corte Suprema son aprobados por resolución de las autoridades de la misma.

La actual Corte Suprema de Justicia asumió sus funciones el 17 de febrero de 2023, tras recibir más de 115 votos dentro del Congreso Nacional (CN), como parte de un acuerdo político entre los tres principales partidos representados en el órgano legislativo: Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal.

El 22 de agosto de 2024, Contracorriente también reveló que el Poder Judicial tiene contemplado un gasto de 344 millones de lempiras destinado a la renovación y blindaje de su flota vehícular, incluidos los automóviles oficiales que son asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema y su personal de seguridad. 

Washington, 6 nov (EFE).- El candidato republicano, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca, tras una reñida campaña electoral, para convertirse en el presidente número 47 del país.

Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris.

Según el sistema de sufragio de EE.UU., el presidente es proclamado por el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine y el aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Antes de conocerse los resultados, el expresidente ya se había atribuido la victoria frente a Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach (Florida), tras comprobar sus buenos resultados parciales y ganar el voto popular.

Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo (ya gobernó entre 2017 y 2021) después de perder unas elecciones (las de 2020) y también la primera ocasión en que un criminal convicto llega a la Presidencia del país.

En un país polarizado, Trump dice que gobernará para todos

Acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente aseguró desde Palm Beach que gobernará para todos y que «juntos» harán un Estados Unidos mejor.

«El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré», dijo durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach (en la costa este de Florida).

El expresidente republicano agradeció a cada uno de los miembros de su familia y a los estadounidenses en un pronunciamiento que tuvo un tono conciliador y en el que invitó a dejar «atrás las divisiones de los últimos años».

Trump celebró sus buenos resultados en estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y se preció de haber recobrado la mayoría en el Senado para los republicanos, mientras el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire.

Antes de finalizar el recuento y tras conocerse algunos datos importantes sobre la tendencia de voto en todo el país, Harris decidió cancelar el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral y lo pospuso hasta este miércoles, según su campaña.

Trump se hace con el voto popular

El republicano ha ganado también el voto popular (más de 71 millones de sufragios frente a los 66 de Harris, según datos del escrutinio preliminar), algo que los republicanos no habían conseguido en 20 años, desde las elecciones de 2004 en las que el republicano George W. Bush logró 59 millones de votos frente a los 55,4 del demócrata John Kerry.

En las elecciones de 2016, Trump llegó a la Casa Blanca tras haber ganado el voto electoral (306 votos), pero en voto popular se quedó casi tres millones por debajo (63 frente a 65,8 millones) de su rival de entonces, la demócrata Hillary Clinton.

La victoria del multimillonario ha sido recibida con alzas en las bolsas de todo el mundo, mientras la mayoría de los líderes políticos han felicitado a Trump y deseado que su mandato priorice la cooperación internacional.

La ultraderecha: eufórica

Pero han sido los líderes de formaciones y gobiernos ultraderechistas los que han hecho suya la victoria del republicano, con cuyo programa se identifican.

Desde Argentina (Javier Milei), Italia (Georgia Meloni), El Salvador (Nayib Bukele), la India (Narendra Modi) o Hungría (Viktor Orban), sus mandatarios cantaron victoria junto a Trump, con mensajes a los que se han sumado otros líderes ultranacionalistas o populistas de todo el mundo como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

En un tono menos eufórico, la mayoría de los presidentes y jefes de Estado europeos, tras felicitar al ganador, han llamado a Trump a colaborar para mejorar la relación transatlántica y trabajar conjuntamente por la paz.

«A través de la OTAN, Estados Unidos tiene 31 amigos y aliados que ayudan a promover los intereses de EE.UU., multiplicar el poder estadounidense y mantener seguros a los estadounidenses», manifestó, por su parte, Mark Rutte, secretario general de un organismo con el que Trump tuvo una tensa relación en su anterior mandato.

Y fuera de la política llamó la atención la reacción del magnate Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y quien ha apoyado expresamente a Trump en la campaña, que se mostró emocionado en su red social, X.

Tras casi dos meses del asesinato del líder ambientalista Juan López en Tocoa, Colón, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó por primera vez el Bajo Aguán. La comisionada Andrea Pochak expresó su preocupación por la deficiente presencia estatal en la zona, la operación de grupos paramilitares y los altos niveles de peligro que enfrentan defensores de derechos humanos, campesinos y líderes ambientales. En ese contexto, en lugar de adoptar medidas de protección para los defensores y defensoras, el Gobierno ha iniciado la implementación de salvoconductos para la portación de armas.

Texto: Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen 

Juan López, asesinado el 14 de septiembre, fue una de las víctimas más recientes del conflicto en el que empresas extractivas, apoyadas por las fuerzas de seguridad del Estado, se han enfrentado a campesinos y defensores de derechos humanos. López se enfrentó a los intereses de Inversiones Los Pinares, una empresa de Grupo EMCO, que instaló un megaproyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras y amenazó con dañar permanentemente las fuentes de agua de varias comunidades en el municipio de Tocoa.

Tras el crimen cometido contra Juan, y las demandas por justicia de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la CIDH realizó una visita a esa región del país. 

La delegación fue liderada por la comisionada Andrea Pochak, relatora para Honduras de la Comisión. Pochak destacó que es una visita que tenían pendiente desde hace mucho tiempo, ya que constantemente están monitoreando las medidas cautelares dictadas a causa de los hechos de violencia, persecución y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, campesinos y referentes de la zona. 

«Los factores de riesgo permanecen activos debido a la presencia de grupos armados fuera de control, que no están regulados ni juzgados, y existe impunidad por los crímenes cometidos. Aunque a veces se investiga a los eslabones más bajos, en la mayoría de los casos faltan los autores intelectuales, aquellos que de alguna manera vinculan todos estos hechos de violencia. La persecución y criminalización de defensores continúa, y muchas causas arbitrarias de años anteriores siguen abiertas, obstaculizando la lucha y buscando dividir a los activistas», explicó.

A finales de octubre de 2024, el Consejo de Ministros de Honduras derogó el decreto 117-2012 que prohibía la portación de armas en el departamento de Colón, ubicado en la costa norte del país. A su vez, la Secretaría de Seguridad anunció que comenzaría a emitir salvoconductos o autorizaciones para permitir la portación de armas de fuego en esta región, que ha enfrentado una crisis de violencia durante la última década, con múltiples asesinatos de campesinos, líderes ambientales y defensores del territorio, atribuidos, según organizaciones, a grupos de sicariato y paramilitares.

En contraste con la derogación del decreto de desarme en la zona, Pochak destacó que como medida urgente para garantizar la protección de defensores y defensoras, que han quedado en una grave vulnerabilidad tras el asesinato de Juan, el Estado tiene que solucionar su deficiente presencia en la zona con el objetivo de «derrumbar a los grupos criminales, parapoliciales y paramilitares» que operan en la región. En ese sentido, destacó la necesidad de implementar la política de desarme para reducir la violencia, y controlar a las agencias de seguridad privada que operan al servicio de las empresas.

«Si hay algunos agentes policiales en la zona, no puede ser que la mayoría estén dedicados a proteger a las empresas y no a proteger a los campesinos o las cooperativas; esas son medidas urgentes que se pueden tomar para proteger de manera inmediata a los defensores y defensoras, y por supuesto evitar que la gente esté armada. Para eso está el Estado, para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, que deben controlar que se reduzca la violencia en la zona y desmantelar a los grupos paramilitares que están operando», apuntó la relatora.

Visita de la CIDH a campesinos de la zona del Bajo Aguán el pasado viernes 1 de noviembre. Foto tomada de las redes sociales de la CIDH.

Sobre la visita de la comisión, la abogada Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), apuntó que obedece a la gravedad de la situación y lo alarmante que ha sido internacionalmente el asesinato de Juan López, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH que fueron otorgadas hace un año, y que,hasta el momento de su muerte no se habían implementado.

Cejil es una de las organizaciones encargadas de velar por las medidas que se dictaron en favor de los integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, al que pertenecía Juan. La organización ha señalado en una serie de comunicados el «profundo riesgo» al que se enfrentan los defensores y defensoras tras el asesinato de López, y denuncia que, un año después, las medidas aún no han sido implementadas.

«Creemos que es muy grave por parte del Estado de Honduras [que no se hayan implementado las medidas], y creemos que el mecanismo de protección para personas defensoras debe fortalecerse en este momento en el que se está por elegir a su nuevo director o directora (…). Que se nombre a una persona técnicamente preparada y suficientemente independiente para desempeñar su labor», señaló la abogada Paz y Paz. 

La directora del Cejil también apuntó que el mecanismo no puede funcionar si no cuenta con los recursos necesarios, por lo que el presupuesto que está por aprobarse es muy importante. El Mecanismo Nacional de Protección ha atravesado una serie interminable de crisis desde el inicio del Gobierno de Xiomara Castro en enero de 2022. La más reciente fue la renuncia en agosto de 2024 del entonces director Rodolfo Zamora, quien, según informes de medios de comunicación, habría renunciado debido a la falta de apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos.

En abril de 2024, Contracorriente publicó una investigación en la que reveló que hasta abril de 2023, el 83 % del presupuesto del Mecanismo se destinó solamente a seis casos con medidas cautelares, y que los principales beneficiarios eran funcionarios públicos del gobierno.

La relatora Pochak afirmó que la Comisión Interamericana ha decidido no limitarse a emitir informes y recomendaciones; en su lugar, se enfocará en garantizar que las recomendaciones previas se cumplan de manera efectiva, prestando especial atención a la persistente violencia en el Bajo Aguán. Explicó que, junto con el Estado de Honduras, la Comisión ha decidido crear un mecanismo de seguimiento para estas recomendaciones, para el cual se busca contar con la participación y acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil.

«El crimen de Juan marcó un límite, poniendo en evidencia la insostenibilidad de esta situación en la que defensores, defensoras y campesinos tienen el derecho a reclamar por su tierra y el medio ambiente. Su muerte expuso el contraste entre quienes luchan por sus derechos y los criminales que intentan impedirlo. Ante esta situación de violencia, ya no basta con compromisos o actas; es necesario implementar medidas concretas y urgentes», apuntó finalmente la relatora.

Washington, 5 nov (EFE).

El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) no ha llegado a decir que se proclamará ganador antes de que termine el conteo de votos, como hizo en 2020, aunque en los últimos días ha intensificado sus denuncias de fraude electoral y la campaña de Kamala Harris asegura estar lista para responder si lo hace.

Es la tercera vez que Trump compite en unas elecciones presidenciales y la tercera en que agita el fantasma del fraude. En 2016, ganó y no necesitó materializar sus advertencias; pero, desde 2020, atribuye su derrota a una manipulación de los resultados, algo que es falso.

En esta última semana de campaña, Trump ha intensificado su retórica, tratando de desacreditar la legitimidad de los comicios y asegurando de manera falsa que millones de indocumentados votarán por Harris.

Varias autoridades electorales estatales han advertido que podrían pasar varios días antes de que se conozca el resultado final debido a lo ajustado de la contienda. Por ejemplo, en el condado de Maricopa, donde vive la mayor parte del electorado de Arizona, funcionarios locales estiman que el conteo podría tardar de 10 a 13 días.

En 2020, EE.UU. tuvo que esperar cuatro días desde el cierre de los colegios hasta que Biden fue declarado ganador. El proceso fue más lento de lo habitual por dos razones: la pandemia provocó un aumento del voto anticipado, que requiere más tiempo de procesamiento, y la participación fue especialmente alta con 158 millones de votantes, casi 22 millones más que en 2016.

En Estados Unidos, no existe una autoridad electoral central, por lo que los grandes medios de comunicación de EE.UU., que tienen equipos que van analizando los datos de cada estado, son los que declaran a los vencedores.

El «espejismo rojo»

Hay un importante patrón en el conteo de votos que Trump podría aprovechar para afirmar que hay fraude, el llamado «espejismo rojo». Este fenómeno, ya visto en elecciones anteriores, tiende a mostrar una ventaja inicial de los republicanos (asociados al color rojo), mientras que a medida que avanza la noche los demócratas acortan distancias.

Esto ocurre porque, en muchos estados, el voto presencial —donde los republicanos suelen tener mayor participación— se cuenta antes que el voto anticipado o por correo, por lo que los primeros resultados de esta noche podrían dar la impresión de que Trump está ganando, aunque no sea el caso.

Al igual que, en 2020, Trump podría aprovechar esa ventaja inicial para declararse vencedor y alegar que los votos posteriores a favor de Harris son un indicio de fraude.

La campaña de Harris ha asegurado en los últimos días que está preparada para responder. Un alto cargo demócrata señaló en una llamada con periodistas el viernes que «esperan plenamente» que Trump se declare vencedor el martes por la noche, antes de que se haya completado el conteo.

Como ya hizo en 2016 y 2020, Trump no se ha comprometido a aceptar los resultados electorales, afirmando que solo lo hará si considera que han sido justos.

Una victoria «demasiado grande para manipular»

Trump ha asegurado a sus seguidores que la única forma de evitar un fraude es lograr una victoria «demasiado grande para manipular», es decir, con un margen tan amplio que demuestre su triunfo contundente e impida a los demócratas manipular los resultados.

Esa retórica ha llevado a parte de la ciudadanía a convencerse de que su victoria es segura. Desde hace tiempo, medios conservadores insisten en que Trump ganará por un margen amplio, imponiéndose en todos los estados clave e, incluso, el comentarista Greg Gutfeld, de Fox News, ha afirmado que Trump ya tiene «ganada» la elección.

Si los medios no anuncian su victoria, Trump ha dejado claro que está dispuesto a llevar el recuento a los tribunales, como hizo en 2020. A diferencia de aquella elección, esta vez cuenta con un ejército de voluntarios del movimiento ‘Stop the Steal’ (Paren el robo, en español), organizados para reunir supuestas pruebas de fraude en los mismos centros de votación.

Las autoridades electorales de varios estados han reforzado la seguridad en varios centros de votación ante el riesgo de que explote la violencia como ocurrió en 2020, cuando hombres armados se apostaron a la entrada de centros de votación en Arizona y en Míchigan algunos simpatizantes golpearon las ventanas en recintos de escrutinio.

Además, esa narrativa podría amplificarse en redes sociales como X, cuyo propietario, Elon Musk, que apoya a Trump, ha promovido teorías conspiratorias sobre fraude.

La presidenta Xiomara Castro no asistió a la Cumbre de Biodiversidad (COP16) en Cali, Colombia, a pesar de que así lo había anunciado la cancillería colombiana hace unos meses. En una entrevista con Contracorriente, el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, nos habló sobre la participación del Gobierno en esta cumbre, las fuentes de financiamiento a las que han accedido para preservar la biodiversidad en Honduras, y el rol protagónico que tienen los militares en tareas que no solo involucran los bienes comunes, sino también la construcción de una megacárcel en una isla con una alta diversidad biológica.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: María Celeste Maradiaga y Matías Avramow

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, dijo en su discurso en el segmento de alto nivel de la Cumbre de Biodiversidad (COP16) que al menos el 10 % de las Fuerzas Armadas estaban destinadas a la protección de la naturaleza en Honduras.

En este mismo discurso también mencionó a Berta Caceres, ambientalista y líder lenca asesinada en 2016 por oponerse a un proyecto extractivo en su comunidad en Intibucá. Al inicio de la investigación de su asesinato, dos militares fueron arrestados, y luego, en 2021, uno de los acusados por su asesinato fue declarado culpable: David Castillo, gerente general de la compañía que ejecutó el proyecto y quien además es un exoficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos.

Mientras en la COP16 las poblaciones indígenas y comunidades locales exigen, mediante protestas, que se cree un fondo que retribuya sus saberes ancestrales, y tener más participación en las discusiones de esta cumbre y en las decisiones que se  toman, en Honduras aún no se ha reglamentado una normativa de consulta previa, libre e informada que permita a estos pueblos participar de manera efectiva en proyectos y políticas que afectan sus territorios, sus prácticas culturales y sus derechos colectivos.

Además, Honduras tampoco se ha adherido al Acuerdo de Escazú, uno de los acuerdos que exige la protección a los defensores del ambiente y más transparencia en los procesos de otorgamiento de concesiones y proyectos que se instalen en las comunidades. Esto último  es fundamental, pues Honduras sigue siendo uno de los países más letales para dedicarse a la defensoría del ambiente, el territorio, y la naturaleza.

Así lo evidencia el asesinato de Juan López —a quien Lucky también mencionó en su discurso—, un defensor del ambiente cuya vida fue arrebatada por sicarios el 16 de septiembre de este año. Juan se enfrentó al poder político y empresarial, y denunció las irregularidades de la mina Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, proyecto a cargo de la empresa de Lenir Pérez. Además, señaló directamente los vínculos del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien, a pesar del discurso del ministro de la Serna enalteciendo la labor de Juan López, no ha sido juzgado ni señalado por las autoridades de su partido, el Partido Libre, que ostenta el poder de la nación.

Contracorriente conversó con Lucky Medina sobre estos y otros temas en el desarrollo de la COP16 en Cali, Colombia.

Contracorriente (CC): En agosto de este año el canciller de Colombia, Luis Murillo, anunció la participación de varios presidentes en esta Cumbre de Biodiversidad en Cali, Colombia, y en la lista estaba la presidenta Xiomara Castro. ¿A qué se debe que no haya asistido al evento?

Lucky Medina (L. M.): La presidenta maneja su agenda, yo no. Hemos visto mucha intensidad a lo interno del país en estos días; la presidenta debe haber supervisado una docena de proyectos de carreteras, de hospitales y de centros educativos, ha tenido una agenda intensa a lo interno del país, y bueno, cualquier humano entiende que las agendas de los presidentes, de los primeros mandatarios, de la presidenta en nuestro caso, pueden modificarse, igual que la de los ministros.

[La ausencia de la presidenta] no fue el único caso, hubieron al menos siete más, o algo por el estilo.

CC: El equipo técnico de Honduras ha estado desde la semana pasada en la COP16. ¿Cuáles han sido los acuerdos a los que se ha llegado? ¿Cuál ha sido el papel de Honduras en las negociaciones en la COP16? ¿Ha existido alguna propuesta impulsada por Honduras en estas negociaciones?

LM.: La delegación es muy pequeña, o relativamente pequeña comparada con cualquier otro país; nosotros tenemos siete u ocho personas. Han avanzado en las discusiones, se han presentado algunas propuestas, sobre todo algunas urgencias para cumplir con las metas ya programadas en el país, pero además se ha buscado también financiamiento concreto para poder asegurar algunos proyectos, algunos que estaban en etapas de negociación previas. Nosotros también aprovechamos para hablar con algunos CEO de algunas fuentes de financiamiento.

Más allá de las negociaciones, algunas no son solo como país, sino como bloque, como la región SICA (Sistema de la Integración Centroamericana), como el Grulac (Grupo Regional de América Latina y el Caribe), como Coalición de Países con Bosques Tropicales. Más que lo individual, hacemos o tratamos de llegar a consensos en bloque y así presentarlas en la sala de negociación.

Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), en una entrevista con Contracorriente. Cali, Colombia, 31 de octubre de 2024. Foto: Matías Avramow.

CC: ¿De donde surgió el financiamiento para que esta delegación pudiera viajar a la COP16?

M.: De la delegación ninguno viajó con financiamiento nacional, no se gastó o no se necesitó un centavo del presupuesto público para el viaje, ni para pasajes aéreos ni viáticos ni hospedaje, absolutamente nada.

Hay fuentes de financiamiento como el Fondo de Adaptación, o algunos dependiendo del tipo de reuniones que se tengan. Nosotros estamos trabajando en la nueva política hídrica y también hay algunos proyectos en torno de seguridad hídrica, y ellos pudieron financiar, creo que uno de los pasajes. Las invitaciones han sido diversas, incluso hay gente para la que solamente se logró financiar el pasaje y para acompañar; entonces eso permitió una ventaja para que el hospedaje fuera cómodo y múltiple.

CC: ¿Cómo se diferencia esta delegación de la otra en la que 139 personas viajaron a la COP28 en Dubai, Emiratos Árabes, el año pasado?

M.: En la anterior tampoco había financiamiento del Estado. La presidenta viajaba, y en este caso hay invitaciones cuando viajan los jefes de Estado, el que decide a cuanta gente puede invitar por parte de la delegación, pero en la cumbre anterior no hubo financiamiento del Estado.

Nosotros viajamos poco tiempo para estas cumbres. A nivel personal, nunca he estado en el periodo completo de una cumbre por las ocupaciones que ya da la Presidenta allá [en Honduras]. Hay que estar también en la ENEE [Empresa Nacional de Energía Eléctrica] hay que estar en el Consejo de Inversión, hay que estar con las tareas del Consejo de Defensa y Seguridad. En las delegaciones muy pocas personas están, a menos que sean los negociadores que tienen un tema específico, y que además llevan la representación de las presidencias o de las comisiones de CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), del Grulac, del SICA o de la Coalición de Bosques; solamente ellos van a estar y el tiempo es muy limitado.

De la gente acreditada en la delegación en la COP28 en Dubai, podrán haber ido, incluyendo a los periodistas, como el 40 % de los que se acreditaron, porque la Coalición de Bosques Tropicales tiene un equipo técnico y especialista grande. Se acreditaron a periodistas internacionales; nosotros tuvimos a un periodista de Bloomberg, del Financial Times y de Forbes, que estaban acreditados además de los ejecutivos. La prensa nacional pudo estar financiada por la Coalición de Bosques. Yo no recuerdo y no creo que hayamos acreditado, pero sí pudo estar, sobre todo de medios estatales.

CC: Uno de los enfoques de Honduras en esta COP16 es la búsqueda del financiamiento para desarrollar proyectos, ¿Cómo han avanzado en esto?

M.: En estos días tuvimos una reunión con el CEO del GEF [Global Environment Facility], Carlos Manuel Rodríguez. Había una parte de un financiamiento de un ciclo del GEF que se mantenía en standby, logramos liberarlo cuando presentamos la actualización de los proyectos y de los planes. Esos son 5.4 millones de dólares con los que vamos a avanzar. Hay otros pequeños grants [subvenciones], que falta todavía un día y medio de Convención para terminar de asegurar.  Hay algunos que ya los hemos adelantado, unos sistemas de manglares, otros en agricultura resiliente y otros, como el que anuncié el primer día [de la COP16], como el financiamiento de 10.6 millones de dólares para un proyecto binacional  en la cuenca de Goascorán.

CC: ¿Los 5.4 millones del GEF podrán ejecutarse hasta el año siguiente en el país, o ya se están ejecutando?

L.M.: Estos pasan al buró de aprobación y es para que comiencen ejecución en enero del año que viene.

CC: Antes de que iniciara la COP16, el jefe de la Dirección de Biodiversidad nos comentó que hablaron con personas de pueblos originarios y afrodescendientes antes de venir a esta cumbre. ¿Me podría detallar un poco más de estas reuniones y si estas impactaron en las decisiones que están tomando aquí?

M.: Reunirse conmigo es bien sencillo, nunca viajo, este es mi primer y único viaje de todo el año, trabajo, con suerte, de lunes a domingo.

Si uno segmentara las reuniones solo para un tema, no ajusta, es desgastante, entonces nosotros tenemos reuniones con las poblaciones y resolvemos un montón de problemas. El gobierno es uno solo, entonces, uno llega a la comunidad. La resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nos manda estar al menos 50 % del tiempo en terreno; el ministro de Bosques, el ministro de Ciencia y Tecnología, su servidor, vamos tres, cuatro o cinco días de la semana a las comunidades y hablamos con la gente en general.

Hay algunos problemas sobre biodiversidad, sobre algunos proyectos que están atrasados; hablamos de cómo van las carreteras, nos cuentan también cómo va el avance de la reparación de áreas protegidas del Programa Padre Andrés Tamayo, de la inversión pública. Hablamos de los temas en general, porque sería un error de nuestra parte enfrascar las discusiones sobre tecnicismos con la gente. Nosotros somos del pueblo, nos mantenemos ahí, entonces las discusiones son así, porque imagínese que lleguemos a una comunidad X o Y y empecemos a hablar de la meta tal y del objetivo tal, y de que esto está pendiente. Entonces, solo enseñarle a la gente lleva tiempo. Nosotros podemos hacer eso con los representantes de las organizaciones, pero nosotros hablamos el mismo lenguaje de la gente y después lo traducimos a los tecnicismos.

CC: Le consulto porque en esta COP uno de los temas centrales son los saberes ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. En ese sentido, antes de venir a esta cumbre, ¿ustedes les consultaron a estos pueblos cuáles son sus solicitudes para que se les reconozca su labor en la protección de la biodiversidad?

M.: Todos los días lo hacemos, y aquí, ojalá pueda entrevistar al ministro Luther Castillo [ministro de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación], para que mire cómo nos ha enseñado él, incluso a nosotros. Hemos aprendido de la gastronomía garífuna, por ejemplo, de cómo el casabe llega a alcanzar esos niveles de conservación durante años sin necesidad de preservantes; hablamos con la gente de las semillas sin modificación genética; hablamos con la gente sobre la no invasión a sus culturas, que se respeten todas las creencias, del comal, de la candela, de todo lo que sucede con ellos; todos los días tenemos pláticas.

CC: ¿Ustedes prepararon a alguien de su delegación para la discusión de los temas relacionados con la búsqueda de los pueblos indígenas de un subsidio específico que les compense por sus saberes tradicionales?

M.: Todo se busca bajo fuente de financiamiento. Así como no queremos segmentar los temas, tampoco queremos atomizar los temas. Al Gobierno no nos gusta enfrascarnos en la discusión de mitigación, adaptación, resiliencia, biodiversidad, porque eso desgasta. Preferimos grandes proyectos que abarquen todo y luego nosotros hacemos un modelo iterativo para poder documentar cómo es que se utilizan estos proyectos.

CC: Hablando de estos proyectos, ¿existe la posibilidad de que se apliquen mecanismos como los créditos de biodiversidad en su aplicación?

M.: Eso aun no lo sabemos, todavía no está decidido. Además de que no está decidido a nivel de la cumbre, uno tampoco puede andar haciendo castillos en el aire; entonces, si no está decidido aquí, tampoco se puede hablar sobre la implementación allá. Lo que sí es que todos los proyectos que son para mitigación tienen un componente para protección de biodiversidad, y todos los de adaptación tienen también para protección de la biodiversidad; entonces, no queremos caer en esa discusión de atomizar los fondos.

Además, las condiciones geográficas nos dictan la pauta de hacia dónde avanzar. El país tiene 85 % de vocación forestal y 56 % de cobertura de bosques. ¿Sobre qué hay que avanzar? Sobre la reserva de los bosques tropicales, la reducción de carbono para pagos justos por esta reducción, para poder hacer realidad la justicia climática en dos vías: los países o empresas que más contaminan que más paguen por conservación, y además el Estado también retribuirles y asegurarles condiciones dignas a los pueblos originarios.

CC: ¿Cuál es el contexto de Honduras sobre la utilización de los recursos genéticos para la preservación de la biodiversidad, uno de los temas más discutidos en la COP16?

M.: Lo más avanzado es sobre el Protocolo de Nagoya; eso está en el Congreso ahorita y habría que supervisarlo. Nuestro dictamen va a ser favorable en torno al Protocolo de Nagoya y sus componentes, pero eso está en manos del Congreso, nosotros llegamos hasta hasta donde la facultad.

(El Protocolo de Nagoya es un acuerdo que establece las bases para garantizar la participación de todos los sectores en la utilización de los recursos genéticos con la finalidad de proteger los ecosistemas y las especies. Fue firmado por Honduras en 2012 y va de la mano con el Convenio de Diversidad Biológica (CBD); sin embargo, en el país no existe una normativa que regule su aplicación. Por otra parte, a nivel global, y en eventos como la COP16, la discusión sobre quién tiene acceso a estos recursos almacenados en bases de datos también ha generado posturas contrarias entre las poblaciones indígenas, corporaciones, científicos, empresas y Estados del norte y sur global.)

CC: ¿El Gobierno presentó la Estrategia y Plan de Acción Nacional en Materia de Biodiversidad (NBSAP, por sus siglas en inglés)?

M.: Se presentó como versión preliminar o de revisión. Lleva varias etapas, pero sí está presentada la Estrategia y está a la espera de que se valore la Convención. Se presentó hace un par de meses, probablemente, la primera versión. El financiamiento para la misma fue a través del presupuesto público.

(Uno de los factores fundamentales para que los países cumplan con los objetivos suscritos en el Marco Kunming-Montreal es que cumplan con la suscripción de su Estrategia y Plan de Acción Nacional. El Marco Kunming-Montreal consta de 23 metas diseñadas para que los países suscriptores se comprometan a la preservación de la biodiversidad. Uno de los compromisos más relevantes es la restauración del 30 % de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos para el año 2030.)

CC: Hace unos días, aquí en la COP, China anunció la oportunidad de inversión de proyectos pequeños en 15 países; uno de ellos es Honduras. ¿Qué nos puede decir al respecto? 

M.: El Gobierno tiene toda una mesa de trabajo con la República de China, más allá de solamente este tipo de proyectos. Yo tengo algunas líneas generales sobre ellos. Tuvimos algún acercamiento ya con la delegación de la República de China ayer [30 de octubre de 2024] y comenzaremos a definir. Pero también no es impositivo, sino más bien, hay apertura del país, y nosotros comenzaremos a revisar esto a partir del sábado [2 de noviembre] que ya estemos de vuelta en Honduras con nuestros equipos.

CC: Los pueblos originarios, comunidades y campesinos son quienes están más cerca de los bienes comunes, y este es un énfasis en esta cumbre también. En ese sentido, ¿cuál es el plan de Honduras en esta COP16 para garantizar la protección de estos defensores?

M.: Lo primero es no otorgar concesiones; la voluntad política de la Presidenta ha sido expresa con eso, el hecho de haber frenado del todo la repartición del país, un país que estaba concesionado hasta enero de 2022, el 18 % del territorio nacional estaba concesionado con el otorgamiento de 14 subcuencas a la banca privada, con cientos de concesiones mineras y de otros recursos, con medio millón de hectáreas que habían sido otorgadas para ocho personas en la mosquita.

CC: En Honduras las organizaciones han exigido la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú. ¿Por qué Honduras no ha firmado este Acuerdo?

M.: La participación de la Serna en este Acuerdo pasó hace dos años. Nosotros no queremos que este sea un tema de firma o de adhesiones a acuerdos; es la voluntad política, el hecho de que nosotros hablemos con toda franqueza sobre las cosas que hace el Gobierno, eso es un mecanismo de transparencia; el hecho de que nosotros abramos las puertas para que las comunidades lleguen a las oficinas, son mecanismos de transparencia; el hecho de que elevemos estándares internacionales para desarrollar consultas previas; además, la información que se otorga en los cabildos abiertos para los proyectos que son de la categoría más alta, eso es también parte de la transparencia. Más allá del Acuerdo, son las acciones concretas, y nosotros hemos avanzado hasta ahí sin necesidad del Acuerdo, y eso también hay que reconocerlo.

CC: Y si el Gobierno tiene la voluntad política para firmar este Acuerdo, ¿qué es lo que falta y por qué no se ha firmado?

M.: Es que eso no está en la oficina [de la Serna] hace dos años y medio, y no sé por cuántas dependencias del Gobierno pasa. Además, nosotros también hemos hecho un llamado a varia gente de las redes y de quienes están detrás del tema, que valdría la pena presentar un modelo sobre qué va a suceder una vez implementado el Acuerdo, para que más gente sepa qué es lo qué pasa con los acuerdos, qué va a pasar si se aprueba y qué es lo que va a pasar si no se aprueba; qué es lo que va a pasar si se aprueba y cambia un modelo de gobierno; qué es lo que va a pasar si se aprueba y se mantiene un gobierno como este, que con toda la transparencia le da la cara a la gente, que con toda la solvencia moral le da la cara a los medios de comunicación.

¿Qué es lo que va a pasar? Hay que construir ese escenario y planteárselo a la gente, porque se ha remarcado mucho sobre los principios del Acuerdo, pero no sobre escenarios futuros, y eso es también parte de las dudas que nosotros recibimos de la gente, porque se les comenta en algunas comunidades, y a nosotros ellos también nos consultan qué opinamos sobre esto, pero hay gente que siente incertidumbre; o no se les ha sabido explicar o no se le han construido escenarios suficientes. Nosotros tenemos apertura para trabajar con eso.

CC: ¿El Estado continúa con el plan de construir una megacárcel en Islas del Cisne? Un proyecto que podría poner en peligro la diversidad biológica que ahí existe y traería un impacto ambiental negativo a la isla.

M.: Yo aprobé la licencia ambiental con el equipo y con 40 profesionales certificados por el Estado como prestadores de servicios ambientales y como analistas ambientales, todo certificado, todos solventes en sus gremios, todos están colegiados.

Eso fue hace cinco meses en la oficina, y a partir de ahí yo ya no soy parte del proceso de licitación. Además, yo no estoy detrás del financiamiento para construcción. Lo último que yo he escuchado, y eso es por los mismos medios de comunicación, es al jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt, diciendo: «Nosotros vamos a seguir avanzando en el proyecto», y lo dijo hace algunas semanas. También el coronel Muñoz, comisionado del Instituto Nacional Penitenciario, dijo: «Yo no he recibido ninguna contraorden, vamos a seguir con las licitaciones». Eso es todo lo que yo sé.

CC: ¿Entonces ustedes, el Gobierno, no han desistido de la construcción de la cárcel?

M.: Yo lo que sé es lo que pasa en los medios. No es lo que diga el Ejecutivo, es una instancia del Ejecutivo, en este caso el Instituto Penitenciario por medio de la Secretaría de Defensa. En cuanto a nosotros, tiene el aval con la licencia ambiental que está vigente y con todas las medidas de mitigación están validadas.

CC: El lema de esta COP es «Paz con la naturaleza». ¿Considera que esto va en consonancia con que el 10 % de los militares estén asignados a cuidar la naturaleza en Honduras?

M.: Pero es que está totalmente validado; además, nosotros lo hemos dicho en los discursos. Yo la invito a que revise los discursos y las publicaciones de la Secretaría y los míos. Usted puede buscar los discursos de nosotros, desde inicios del gobierno, hablando de cómo nosotros tenemos como misión construir espacios en armonía con la naturaleza. Revise cuántas veces nosotros hemos dicho esto. La misma gente con la que estuvimos en negociación en Olancho hace unas semanas pidió presencia militar para resguardar lo que alguna vez fue la ruta de la droga, la ruta del narcotráfico, porque los desplaza, porque la gente entiende que se respeta el uniforme de Fuerzas Armadas, y además también agradecen que estén en tareas ambientales. La gente agradece que los militares están apagando incendios, pero además hay que tomar en cuenta a la gente que está trabajando en el proyecto Padre Andrés Tamayo. Los militares solo son la columna de los ejes de protección ambiental.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

This story was produced as part of the 2024 CBD COP16 Fellowship organized by Internews’ Earth Journalism Network.

Apuntes sobre Vaquero
18 de mayo de 2022

Por Bryan Avelar

Sentado sobre una banca de cemento, bajo la sombra de un viejo y robusto árbol de mango, Venenciano Ruiz observa un fruto que acaba de caer. “Cuando uno los muerde, queman la boca”, me dice el anciano mientras sigue con la mirada fija en la alfombra de mangos y la nube de moscas al pie del árbol. “Las raíces ya probaron los cuerpos de los migrantes. Por eso no se dejan comer”, explica con tono científico. 

Venenciano Ruiz tiene 78 años  y casi media vida de ser enterrador, como su hijo Amado Ruiz lo es, como su nieto Kevin Ruiz lo es, y como su bisnieto de 8 años que ahora juega entre las tumbas, dice el señor, también lo será. Durante décadas, la familia Ruiz ha enterrado aquí a cientos, quizá miles de migrantes. El cementerio “Jardín” de Tapachula está en el principio de la ruta mexicana hacia Estados Unidos, pero es el final para muchos migrantes. 

“Estos perros son nuevos —dice el anciano señalando a unos criollos que se pasean frente a nosotros y husmean los mangos en el suelo—, pero los que estaban antes se comían los pedazos de pellejo que dejaban los migrantes cuando los llevábamos arrastrados”. 

Don Venenciano levanta la mirada hacia las tumbas cercanas y recuerda en voz alta cómo eran aquellos años cuando empezó a enterrar migrantes, allá, a mediados de los años 80. “Aquí llegaban muchos mutilados por el tren, por La Bestia. Venían todos pedaceados. Aquí los traía el SEMEFO, sin bolsa ni mucho menos caja. Los subíamos a unas carretas y los llevábamos a enterrar. La mayoría eran paisanos tuyos, de El Salvador. También venían de Honduras, Guatemala… todo eso”, me dice.

Le pedimos a Venenciano que nos dé un recorrido por el cementerio. Nos dice que está cansado y encomienda la tarea a su nieto Kevin. 

En la entrada vemos construcciones en formas de casas con finos acabados e inscripciones cinceladas con amor. “Para nuestro amado padre. Siempre te llevaremos en nuestros corazones”. “Aquí descansa un padre, un hermano, un amigo”. En esta sección está enterrada la gente de la clase pudiente de Tapachula, chinos o alemanes que migraron a mediados de 1800 a esta parte del mundo e hicieron fortuna con las fincas de café. Porque esta ciudad es imposible de entender sin la migración. Y también sin el crimen: aquí hay enterrados narcotraficantes y coyotes que se hicieron de mucho poder”, dice Kevin Ruiz. “A ellos les mandan a hacer grandes casotas. Ora bien podría vivir una persona ahí”, dice nuestro guía, abriendo bien grande los ojos. 

En el medio del cementerio están las lápidas más comunes: inscripciones sencillas, una cruz, algún altar con acabados de piso con losa pulida. 

Avanzamos más y la tierra se convierte en un sedimento polvoso, como talco. Con cada pisada se levanta una pequeña nube que pronto nos empieza a dar tos. Hasta que por fin llegamos a un terreno donde crece un monte. No hay tumbas. No hay nada. 

“Aquí están enterrados 43”, dice Kevin Ruiz, señalando un breñal debajo de sus pies. “Ahí hay doce”, dice señalando debajo de mis botas. “Y ahí hay 25 si no recuerdo mal”, dice, señalando a los pies de Cheché, el fotógrafo. “A los migrantes los enterramos así, sin tumba, pura fosa común”. Además de las fosas comunes, los migrantes están enterrados en el camino. Entre las pequeñas veredas, Kevin señala un espacio y dice un número y nacionalidad. “Ahí hay 16. Ocho salvadoreños, cuatro hondureños y cuatro haitianos”. “Yo los enterré”, dice con seguridad. En medio de otra vereda, Kevin señala el lugar por el que acabamos de caminar “Aquí hay seis”. 

Le pregunto a Kevin que cuántos migrantes ha enterrado únicamente él en sus 15 años como enterrador. “Uy. Decirte un número sería difícil. Pero unos ochocientos o mil”, calcula.

Las cuentas de la familia Ruiz son abismalmente diferentes de las oficiales. Ese mismo día iré a la oficina de Cementerios de Tapachula, donde me recibirá el director. Solo existen registros de los últimos cinco años: 25 migrantes enterrados, todos no reconocidos. 

“Y si alguien quiere venir a buscar el cuerpo de un familiar, ¿qué debe hacer?”, le pregunto a Kevin. “Viene y nos pregunta”, responde. “¿O sea que encontrar a un familiar migrante aquí depende de tu memoria?, insisto. “Sí, y de la de mi papá y la de mi abuelo”, dice. “Aunque nunca han venido a buscar. Solo ahí por el 2012 que vino un equipo de antropología forense de Argentina a buscar desaparecidos. Esa vez sí desenterramos bastantes”, recuerda Kevin. 

Al buscar en las noticias encuentro una que dice que cuando el equipo de antropólogas argentinas llegó a este lugar se sorprendió al encontrar más cuerpos de los que esperaba.

Antes de salir del cementerio, Don Veneciano barre los mangos que han probado los cadáveres de migrantes. No valen para comer. Cuando acaba los tira a un barril de metal. 

Quiero creer que lo que dice don Venenciano es cierto. Que si Victoria, la salvadoreña que vende su cuerpo en una noche eterna; Misael, que mantiene la esperanza de caminar a pesar de sus miedos; Armando y Roberto, los Ulises caribeños; Ahmed, que espera durmiendo al raso una cola infinita por una mentira; Eduardo, que construye su vida con basura; Heiman, que huyó de una guerra lejana y cualquiera de los migrantes que aparecen en estos diarios se quedan atrapados por siempre en Tapachula un día se convertirán en mangos. Igual que los migrantes que son asesinados por el narcotráfico o el Ejército. Igual que los cientos de migrantes que he entrevistado en estos dos años. Quiero creer que si un día acaban enterrados aquí, al menos podrán tener un poco de venganza: ampollarle la boca a los que un día intenten comérselos. 

Durante 26 años, el Estado de Honduras contrató los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal exclusivamente a una sola empresa: Diálisis Honduras. En el 2022, el Gobierno de Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Salud (Sesal), abrió estos servicios a un proceso de contratación para permitir la participación de otras empresas. Al final del proceso, Diálisis de Honduras y la recién creada Nefrocentro se quedaron con los contratos, pero en el camino hubo incumplimientos de la ley y acusaciones de ambas empresas. 

Texto: Allan Bu y Luis Escalante, con reportes de Fernando Destephen
Fotografías: Fernando Destephen y Persy Cabrera
Portada: Persy Cabrera 

Para los pacientes renales, la vida depende de una máquina a la que tienen que conectarse durante cuatro horas, dos o tres veces por semana. Este procedimiento, que les mantiene con vida, es muy costoso, y la mayoría depende de la atención del Estado de Honduras, que subcontrata estos servicios, los cuales se han convertido en un negocio millonario. En el 2023, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), había en el país 4,700 pacientes renales, pero la cifra continúa en crecimiento. Para el 2024 se espera que el Gobierno destine unos 1,000 millones de lempiras en servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Estos servicios, durante más de dos décadas, permanecieron en manos de una empresa, pero ahora están siendo disputados por un nuevo actor que ha entrado al negocio forzando puertas y doblando la ley.

Vayamos un poco atrás. La atención de estos pacientes durante los últimos 30 años había sido manejada por un único proveedor: Diálisis de Honduras S. A. Sin embargo, el 8 de agosto de 2022, el doctor José Manuel Matheu, entonces ministro en la Secretaría de Salud, convocó a la socialización del pliego de condiciones para el proceso de licitación de los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Además de Diálisis de Honduras, surgió durante ese proceso un nuevo oferente: Tecnología, Comunicaciones y Servicios de Honduras S. A. (Technoss), empresa creada el 7 de diciembre de 1993, en aquel entonces con la finalidad de realizar inventarios a terceros, representar firmas extranjeras, adquirir acciones o participaciones de empresas, entre otras. El 29 de julio de 2022, Edgard Castellanos, un antiguo socio de Diálisis de Honduras, adquirió el 100 % de las acciones de Technoss

Posteriormente, el 20 de octubre de 2022, dos meses después de la reunión para socializar el pliego de peticiones de la licitación de los servicios, Technoss cambió el rubro, de tecnología y comunicaciones a la prestación de servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes con enfermedades renales, realizar diálisis peritoneal, trasplantes renales, hemodiálisis y estudios de hipertensión arterial. En su acta de constitución reza que la sociedad podrá dedicarse a toda actividad de lícito comercio.

Un año después de que Technoss pasara a ser propiedad de Castellanos, el 15 de agosto de 2023, la empresa creó la marca Nefrocentro, orientada a proveer servicios médicos, quirúrgicos, preparatorios y de convalecencia a pacientes renales. De acuerdo con su sitio web, Nefrocentro es «un centro de diálisis humana moderna que ofrece un ambiente agradable, confortable y cuenta con la tecnología más avanzada para beneficio de nuestros pacientes y sus familias». Sus servicios son hemodiálisis y diálisis peritoneal. Están ubicados en Tegucigalpa y está por inaugurarse un centro de atenciones en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

El 6 de diciembre de 2023 se otorgó a Technoss una contratación directa por 10,079,844 lempiras, según la resolución de adjudicación 875-2023-SESAL derivada del proceso de contratación directa CD-15-2023-SESAL. Bajo ese proceso, a esta empresa y a su marca Nefrocentro se les asignaron cinco lotes de atención a pacientes renales: el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, dos lotes en Tegucigalpa, uno en el hospital de San Marcos en Ocotepeque y uno en Olanchito, Yoro. Los otros 16 lotes fueron otorgados a Diálisis de Honduras, S. A.

Un paciente renal recibe tratamiento de hemodiálisis en el centro de atención de Nefrocentro en Tegucigalpa. 15 de febrero de 2024. Foto: Foto CC / Fernando Destephen.

Posteriormente, Technoss y Diálisis de Honduras también participaron en el proceso de contratación directa del servicio de atención médica a pacientes renales correspondiente a 2024. El proceso estaba contemplado en el expediente CD-06-2024-SESAL; sin embargo, el 7 de mayo de 2024 fue declarado desierto por la ministra Carla Paredes, tras un dictamen del Departamento de Licitaciones de la Sesal que estableció vicios de nulidad, ya que los pliegos tenían como base los utilizados en 2023, en los que aparecía como autor Edgard Castellanos.

Recientemente hubo otro proceso de contratación directa, bajo expediente CD-18-2024-SESAL, en el que participaron como oferentes Diálisis de Honduras y Nefrocentro a través de Technoss. Según el acta de recepción de ofertas, la primera empresa ofertó por 467,228,868.00 lempiras y la segunda por 318,961,616.00 lempiras para ocupar los 23 lotes de atención a pacientes renales existentes en el país.

Sin embargo, el 25 de octubre de 2024, la Sesal declaró fracasado este tercer proceso de contratación y argumentó que ninguna de las empresas subsanó la información requerida. 

Sesal allanó el camino a Technoss 

Antes de realizar la contratación directa CD-15-2023-SESAL, la Secretaría de Salud emitió una circular con número 15-2023 en la que decía que «si las unidades de compras, contratación y licitación de la Sesal obviaran la verificación de la idoneidad y capacidad del proveedor o contratista que manda la Ley de Contratación del Estado e instruye la guía única de Contrataciones Directas en Situación de Emergencia emitida por la Oficina de Contratación y Adquisición del Estado (Oncae), se omitirá la contemplación del requisito de que la empresa oferente requiera contar con experiencia previa en el rubro y solo será necesario que cumpla con el requisito de la constancia de la PGR de no tener juicios o cuentas pendientes con el Estado».

Esta condición allanó el camino para oferentes sin experiencia en el rubro, ya que en Honduras estos servicios prácticamente han sido un monopolio de Diálisis de Honduras. En la circular se indica que no haya discriminación y que se favorezca la competencia y la igualdad entre los potenciales oferentes. «No podrán imponerse restricciones ni exigir el cumplimiento de requisitos que no fueran técnicamente indispensables», dice la circular.

La revisión previa de las condiciones ofrecidas por las empresas detalló que los equipos de Diálisis de Honduras datan de 2008 y 2010, cuando en el pliego de peticiones se pide que sean de los últimos dos años.

Podés leer: Pacientes renales exigen mejores condiciones mientras el Estado busca otro proveedor de hemodiálisis

Además, esta empresa operaba sin licencia sanitaria en nueve clínicas a nivel nacional, mientras que a Technoss se le señaló que para el lote de pacientes en San Pedro Sula no tenía instalaciones físicas. La resolución le solicitaba al ministro de Salud en aquel entonces, José Manuel Matheu, que se otorgara un tiempo prudencial a ambos oferentes para que pudieran cumplir con los requisitos que les fueron solicitados y que no fueron subsanados.

En la resolución final se hace ver que el contrato entre la Sesal y las empresas tenía efectividad solo por 17 días, del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2023. A Diálisis de Honduras le asignaron servicios renales por 338,515,560 millones de lempiras y a Technoss por 75,000,776 millones de lempiras.

El exministro José Manuel Matheu, en una conversación con Contracorriente, mencionó que para la adjudicación de los servicios se colocaron especificaciones muy generales para que cualquiera pudiera participar, pero sí había un requisito no negociable: «Era que las máquinas fueran nuevas o con al menos dos años de uso. Teníamos reportes de máquinas que tenían 20 años y estas deben ser cambiadas cada cinco o siete años. Ahí comenzaron los problemas con la empresa que ya daba el servicio, porque no quería jugar con las reglas que se le ponían».

Pacientes renales protestan frente al edificio de Diálisis de Honduras, exigiendo al gobierno continuar su tratamiento en las mismas instalaciones, y desconociendo a la nueva empresa, Nefrocentro, por temor a quedar desatendidos. Tegucigalpa, 14 de diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

Matheu afirmó que escuchó a todas las asociaciones de pacientes renales antes de la contratación directa, y dijo que hubo quejas sobre el tratamiento que daba la empresa contratada, que provocó en algunos pacientes infecciones y calambres. Incluso mencionó que le dijeron «que se morían mucho y que el servicio que estaban recibiendo no era el mejor».

Matheu aseguró que, al revisar, se enteró de que Diálisis de Honduras ya tenía 23 años prestando servicios a los pacientes renales y que desde 2018 no había habido una licitación, pero de todos modos, cuando se había hecho, la única que participaba era la empresa ya mencionada. El exfuncionario declaró que le pareció «raro» que nadie participara siendo un mercado tan lucrativo, pues se pagan más o menos 1,000 millones de lempiras anualmente. Incluso afirmó que desde Casa Presidencial lo alentaron a terminar con el monopolio de hemodiálisis.

«Dividimos el país en 21 lotes, para que hubiera regiones donde diferentes proveedores pudieran ofrecer el servicio. Le agregamos algunos detalles, que hubiera un control digital», dijo el exministro. Afirmó que esto se hizo porque al final el Estado pagaba las facturas, sin tener información para contrastar. De seis empresas que se presentaron al inicio del proceso, al final solo Diálisis de Honduras y Nefrocentro recibieron contratos.

Irregularidades en el proceso de contratación de Technoss

Un aspecto que va en contra de la transparencia en el proceso de contratación es que Nefrocentro está vinculado a exfuncionarios de la Secretaría de Salud. Estos funcionarios estuvieron ligados a la unidad encargada de establecer los pliegos de peticiones para la contratación de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

En Nefrocentro funge como director médico el nefrólogo Rubén Galeas, quien fue empleado de Diálisis de Honduras y funcionario de la Unidad Renal de la Sesal, antes de que en septiembre de 2023 se presentara al proceso de contratación como parte de la sociedad mercantil Technoss S. A. Este hecho fue reconocido por el doctor Matheu, pero aclaró que él no conocía la relación de Galeas con Nefrocentro y que, cuando se enteró, lo suspendieron de inmediato. Aseguró que el médico no participó en el comité de contratación.

El exministro de Salud, José Manuel Matheu, admite que Rubén Galeas, actual director médico de Nefrocentro, fue funcionario de la Unidad Renal de la Sesal. Matheu atiende una entrevista con Contracorriente en su despacho. Tegucigalpa, 22 de octubre de 2024. Foto CC / Persy Cabrera.

La empresa Diálisis de Honduras interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán contra el proceso de contratación, ya que la presencia de Galeas y Castellanos, quien era el socio mayoritario de Technoss, generaba un conflicto de interés, pues el primero fue miembro de la Unidad Renal de la Sesal antes de la contratación y tuvo acceso a información privilegiada y ventajosa sobre el competidor, mientras la persona que elaboró las bases para el proceso de servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal de la Secretaría de Salud, según un documento del portal de información de la Oncae, fue el mismo Edgar Castellanos.

Sobre esta situación, la Sesal emitió la resolución 520-2024 en la cual reconoce que el departamento de licitaciones del 2024 utilizó como formato el pliego de condiciones en el que aparece como autor uno de los socios de la empresa Technoss, lo que el documento califica como «totalmente improcedente». Ante estas dudas, el 7 de mayo de 2024 se recomendó a la gerencia administrativa de la Sesal iniciar un nuevo proceso de contratación.

Otro de los vericuetos de este proceso fue el reclamo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de septiembre de 2024 por la Asociación Latina de Pacientes Renales (Alpar) contra el proceso de contratación de los servicios renales en el que participó por primera vez Nefrocentro. Solo seis días después, el 19 de septiembre, con una agilidad inusual para el tortuguismo con el que se mueve la justicia hondureña, se admitió el recurso en favor de Alpar; y el 19 de noviembre se admitió el recurso con suspensión del acto reclamado a favor de Alpar. 

El 6 de diciembre, desconociendo el fallo de la Sala Constitucional, se adjudicaron los servicios a Diálisis de Honduras y Nefrocentro. Matheu explicó a Contracorriente que la notificación del fallo llegó cuatro días después de la contratación del proceso. «Se rumorea que hubo dinero de por medio [para emitir el fallo en favor de la empresa Diálisis de Honduras]. No puedo comprobarlo, pero ese documento nos llegó un lunes y nosotros habíamos adjudicado el jueves de la semana anterior. Entonces, ¿qué proceso va a parar ya cuando está adjudicado?», se preguntó.

«Ellos hicieron un escándalo diciendo que yo estaba acusado. Afortunadamente, el pleno de la Corte Suprema de Justicia anuló el amparo el 9 de enero del año siguiente (2024); dijo que el amparo no era admisible, que lo que habíamos hecho era lo correcto», sostuvo Matheu.

Matheu también desmintió que la Alpar no haya tenido participación, pues a la apertura del proceso asistieron 13 personas de esta asociación de pacientes, a la que el exministro de Salud señala como «la asociación de la empresa», basándose en información que aparece en el Registro de Corporaciones de Florida, donde Diálisis de Honduras y Alpar tienen conexiones en común.

«Ahí vas a encontrar que la representante legal de Alpar es la misma de la empresa que daba los servicios, y es la hermana de la presidenta de la empresa. Entonces, uno más uno es dos», dijo Matheu.

El extitular de la Secretaría de Salud y actualmente diputado del Congreso Nacional mencionó que mostró documentos según los cuales la representante de Alpar es una persona llamada Karla Molina, mientras que la representante legal y socia minoritaria de Diálisis de Honduras es Claudia Molina, hermana de Karla. Además, dijo que poseen una misma dirección en el registro. En San Pedro Sula, Alpar tiene su oficina en el edificio de Diálisis de Honduras.

Matheu, tras una charla de casi 40 minutos, expuso su creencia de que los monopolios no son buenos, que debe haber competencia y que en el caso de los servicios renales podría haber distintos proveedores, incluso en la misma ciudad, y que el paciente escoja dónde recibir la atención.

«La empresa Diálisis de Honduras tenía el 100 % del mercado. La otra empresa que participó le ganó el 20 % del mercado, ganó 6 lotes de 21, pero estos son tan avorazados que no querían compartir y se pusieron a decir que eran empresas de maletín y tenían relación con el Gobierno», dijo el exministro.

Contracorriente contactó a la oficina de Relaciones Públicas de Diálisis de Honduras para obtener su postura sobre las declaraciones del exministro; sin embargo, al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.

Technoss, hipotecada con la banca privada, ahora compite con Diálisis de Honduras

Entre 2023 y 2024, Technoss experimentó cambios significativos en su estructura societaria y financiera, incluyendo la constitución de una hipoteca con el Banco Atlántida S. A. Solo unas semanas antes de que se creara la marca Nefrocentro, el 28 de junio de 2023, Castellanos y Enrique Dávila —funcionario del Banco Atlántida S. A.— suscribieron una hipoteca mercantil a través de la cual Technoss cedió al banco su patrimonio, mercancías, mobiliario, instalaciones, maquinaria, inmuebles, contratos de trabajo y cuentas por cobrar. La hipoteca se extendió con un monto de hasta 275 millones de lempiras, más intereses, comisiones y gastos.

Con Technoss hipotecada, el 15 de agosto de 2023 se creó Nefrocentro y, solo cuatro meses después, esta empresa ganó su primera contratación para proporcionarle servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal a la Secretaría de Salud.

El 7 de mayo de 2024, Edgard Castellanos dejó su condición de administrador único y gerente general de la sociedad mercantil, posiciones que pasaron a ser ocupadas por Ramón Arístides Sagastume Paz. Además de eso, el 25 de abril de 2024, Castellanos transfirió todas sus acciones sobre Technoss a Sagastume Paz.

Contracorriente intentó contactar a Edgard Castellanos, pero no respondió a los mensajes enviados. Sin embargo, en una conversación de febrero de 2024, antes de dejar sus acciones sobre Technoss, el empresario dijo a este medio que su intención cuando creó Nefrocentro era ofrecer a los pacientes un trato respetuoso y «sin andarlos utilizando para presionar o exigir al Gobierno para que haga las cosas como uno quiere», aludiendo a Diálisis de Honduras, a la que han señalado de enviar a los pacientes renales a manifestarse para favorecer los intereses de la empresa. Este medio consultó a Diálisis de Honduras sobre estos señalamientos, y desde la oficina de Relaciones Públicas respondieron de forma escueta, asegurando que los pacientes se manifestaron en defensa de su salud y sus derechos. 

Además, Castellanos sostuvo que Nefrocentro inició a operar con un equipo con fecha de fabricación de 2023, y que por «primera vez las especificaciones técnicas del equipo (en los procesos de contratación) no iban dirigidas a una marca específica, sino que estaban abiertas a que pudieran participar todas las empresas que están en el país».

Contracorriente tuvo acceso a una carta enviada el 28 de diciembre de 2022 por Castellanos a la Secretaría de Salud para solicitar al ministro de ese entonces, José Manuel Matheu, que le notificara por escrito si Technoss sería una opción para la contratación de los servicios una vez que las clínicas de su marca, Nefrocentro, estuviesen listas. Así, la empresa comenzó a acondicionar sus centros en Tegucigalpa, Olanchito, Yoro y San Marcos de Ocotepeque, unos meses antes de que se realizara la adjudicación de los servicios de hemodiálisis. En las bases de la contratación se pedía que la entrada en operación fuese inmediata.

El exministro Matheu afirmó que Nefrocentro ya tenía clínicas listas antes de obtener la adjudicación de los servicios, y que esto denotaba cierto arreglo. Castellanos, en defensa de la empresa, mencionó que exactamente de la misma forma comenzó Diálisis de Honduras. «Construía las clínicas primero y después se ofrecían los servicios a la Secretaría de Salud, porque este es un proceso donde una licitación normal conlleva sus riesgos», dijo. 

Entonces, lo que se hace es invertir en condiciones tanto técnicas, médicas como legales, para luego decir: «Estoy disponible, tomame en cuenta».

Castellanos sabe de lo que habla. Él fue socio de Diálisis de Honduras e incluso dijo que fue el gestor para que esta empresa consiguiera contratos con la Secretaría de Salud en el 2000. Cinco años después, dejó la sociedad por diferencias con el socio mayoritario Donald Ray Swendener, a quien acusa de utilizar materiales vencidos y de mala calidad en los tratamientos que brindaban a los pacientes.

Ahora sostiene que hay una molestia de parte de Diálisis de Honduras, porque fue él quien vino a romper el monopolio que por 23 años habían tenido en los servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal. «Han tomado acciones, como queriendo decir “los pacientes son míos”», aseguró.

El asocio de Diálisis de Honduras y Nefrocentro con un exministro del Gobierno actual

Edgard Castellanos aseguró a Contracorriente que se alejó de Donald Ray Swendener en 2005. Previo a ese distanciamiento, el 21 de diciembre de 2004 creó la empresa Oxígenos y Gases de Honduras S. A., en la que ambos compartieron cargos dentro del consejo de administración. Esta empresa se constituyó con el objetivo de «fabricar, comercializar, exportar e importar oxígeno y gases de todo tipo». 

Sin embargo, según el Registro Mercantil de San Pedro Sula, la sociedad mercantil finalmente no prosperó y solo quedó disponible su acta de constitución. En ella aparecen como socios Castellanos y Mauricio Ramos, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el Gobierno de Xiomara Castro, entre el 27 de enero de 2022 y el 1 de junio de 2024.

El exfuncionario y empresario confirmó a Contracorriente que fue socio de Edgard Castellanos y que compartió cargos con Donald Ray Swendener —socio mayoritario de Diálisis de Honduras— dentro del consejo de administración de Oxígenos y Gases de Honduras, pero señaló también que esa sociedad mercantil nunca se consolidó.

«Fue un intento hace más de 15 años. Se quedó en eso… solo un intento de muchas cosas que quise desarrollar», indicó Ramos, quien, además de haber sido alto funcionario del actual gobierno, es cercano a la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). También es dueño del canal de televisión Une TV, cuya política editorial gira alrededor de un apoyo rotundo al actual gobierno.

En el acta de constitución de la sociedad mercantil, Swendener aparece como consejero propietario y Ramos como consejero suplente.

Por su lado, el exministro de Salud, José Manuel Matheu, manifestó a este medio haber sabido por terceras personas que su antiguo compañero de gabinete, Mauricio Ramos, había sido socio de Edgard Castellanos, pero que «nunca existió una presión por parte de él para favorecer a Technoss». Lo que sí es un hecho es que tanto Castellanos, Swendener como Ramos compartieron intereses empresariales alguna vez.

La presidenta Xiomara Castro anunció la salida de Ramos y Matheu de su administración el 1 de enero de 2024, solo unas semanas después de la controversia que se generó entre la Sesal y Technoss, dueña de Nefrocentro, a finales de 2023.

El convenio de la Fundación Luz y Vida

Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) por el departamento de Cortés, ha señalado que el servicio de hemodiálisis le resulta muy oneroso al Estado y que, si se continúa con la tendencia, en unos años será impagable.

En 2023, Umaña declaró a medios de comunicación que, según datos de la Sesal, los tratamientos de hemodiálisis pasaron de costar 300 millones de lempiras en 2016 a 900 millones de lempiras el año pasado. Afirmó que esa cantidad en licitación es solo para el tratamiento por hemodiálisis, pero que, en suma, cada paciente renal le cuesta al Estado 1,400,000 lempiras anuales. «Pronto serán cinco mil millones. Hay que prevenir que el Estado quiebre, no vamos a poder sostener esta enfermedad», manifestó en esa ocasión.

Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso este medio indicarían que el doctor Umaña ha sido parte de los nuevos procesos para la atención de los enfermos renales en el país. El diputado del Congreso ha sido parte de la trama de estas empresas por medio de su participación en la Fundación Luz y Vida (Funluvi), en la cual él, su esposa y otros familiares forman parte de la junta directiva. Funluvi, el 15 de agosto de 2023, firmó un convenio con la Sesal para la supervisión del centro renal en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, aún no construido, y otro centro renal en Tegucigalpa, operado por Nefrocentro.

El convenio con Funluvi se firmó pese a que una unidad técnica de la Sesal, encabezada por el doctor Hernán Cruz Mendoza, concluyó que en la justificación no estaba clara la participación de la ONG en el funcionamiento del centro, aun cuando se mencionaban diversas actividades como la participación en la habilitación y creación del centro, acciones de veeduría social, contribuir con el manejo integral del paciente renal, brindando servicios de apoyo médico, psicológico, social y familiar, además de cualquier apoyo en la gestión financiera del proyecto, que finalmente no ha arrancado.

«No se recomienda la suscripción del convenio, sin tener antes la claridad en la definición y objetivo del nuevo centro que se pretende crear», se concluyó en el análisis sobre la suscripción del acuerdo. Sin embargo, esta recomendación no fue atendida por el doctor José Manuel Matheu, pues se firmó el acuerdo con Funluvi, en cuya junta directiva han figurado Marco Antonio Pinel, coordinador de la Unidad Renal de la Sesal; Gaspar Rodríguez, exdirector del IHSS; Carlos Umaña y su esposa Milady Mejía.

Al momento de publicar este reportaje, en el Mario Catarino Rivas aún no hay centro renal, pero se está construyendo, y Funluvi hace veeduría social en Nefrocentro de Tegucigalpa.

A través de un mensaje de audio, el doctor Carlos Umaña le afirmó a este medio que, desde que asumió como diputado en el Congreso Nacional, renunció por conflicto de interés a la junta directiva de Funluvi, de la que fue fiscal por más de 15 años, pero que su esposa y cuñada siguen involucradas en esta fundación, que, según el congresista, es sin fines de lucro y ha gestionado más de 100 trasplantes renales.

Dijo además que Funluvi fue nominada por la Sesal para hacer la veeduría social en los centros de San Pedro Sula y Tegucigalpa de la nueva empresa Nefrocentro, pero aclaró que Funluvi no tiene ningún vínculo con esa empresa: «No es accionista, no existe ningún miembro de Funluvi que esté en esa empresa, es más, esta empresa pertenece al Banco Atlántida, nació con dos socios, y uno de ellos le vendió al banco», dijo.

Umaña aseguró que el acuerdo se ha cumplido, y Funluvi supervisa los centros de Nefrocentro en San Pedro Sula y Tegucigalpa. «Es un acuerdo legal. No existe nada oculto», dijo, y agregó que «si Diálisis de Honduras hubiera ganado esos dos contratos, también iba a ser supervisada. Los contratos anteriores de Diálisis de Honduras impiden a la Secretaría supervisar sus instalaciones, es más, no dejan entrar personal de salud».

Además, descartó que Funluvi esté recibiendo dinero del Estado por el acuerdo, pues funciona con donaciones: «No recibe ningún dinero por parte del Estado de Honduras, toda esta relación es completamente ad honorem; es más, Funluvi acaba de lograr, a través de una intermediación, un préstamo de 32 millones de euros para el Gobierno», dijo.

«La empresa que daba el servicio no quiere perder absolutamente nada de sus monumentales ganancias y, como fui miembro de Funluvi, y todavía mi esposa y cuñada pertenecen a la Fundación, es lógico que intenten desacreditar nuestro nombre, pero no hay ningún negocio, no hay ningún conflicto de interés. Hasta el momento el convenio sigue vigente», expresó.

Pacientes renales, en medio de esta disputa comercial 

Los miembros de Alpar han realizado varias protestas contra el cambio de proveedor de los servicios para pacientes renales. Una de las más visibles fue la toma de la salida de Tegucigalpa que va al norte del país, realizada en julio de 2024, cuando hubo incluso personas desmayadas y golpeadas por la Policía Nacional. Daniel Mairena, dirigente de los pacientes renales en Tegucigalpa, aseguró a Contracorriente en octubre de 2023 que sus compañeros estaban siendo utilizados por Diálisis de Honduras, que proporcionaba fondos para realizar las acciones. La empresa negó cualquier injerencia en las manifestaciones de los pacientes.

De nuestro archivo: La eterna deuda con los pacientes renales en Honduras

Entre las acusaciones contra Diálisis de Honduras está la demanda ante la CSJ presentada a través de los pacientes, que de resolverse no habría afectado a la empresa en cuestión, ya que presta este servicio al Estado desde hace casi 30 años y habría seguido trabajando porque la atención a los pacientes renales no puede detenerse, pero Nefrocentro no hubiera podido entrar en operaciones.

En Honduras hay alrededor de 5,000 pacientes renales. La mayoría son ajenos a los juegos de poder detrás de la atención renal. Por ejemplo, en San Pedro Sula, desde hace dos años, María lleva tres veces a la semana a hemodiálisis a su madre, y participó en las manifestaciones para exigir que los pacientes no fueran trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas.

Un grupo de pacientes renales protesta en los bajos del Congreso Nacional, exigiendo poder elegir el lugar para realizar su tratamiento de diálisis. Tegucigalpa, 24 de abril de 2024. Foto: Fernando Destephen / CC

Contó que su madre es atendida regularmente en Diálisis de Honduras, pero que también recibió hemodiálisis en Nefrocentro en el hospital Mario Catarino Rivas, y en ambos lugares recibió un trato digno del personal de enfermería. Sin embargo, también confió que otros pacientes, que tienen muchos años asistiendo a las clínicas de Diálisis de Honduras, le dijeron que antes el trato no era bueno, pero que a su mamá siempre la han tratado bien. Contó que en agosto de 2024 llegaron máquinas nuevas a Diálisis de Honduras; ella reconoce que las anteriores fallaban mucho. Quizás las disputas por el botín de atención a pacientes renales están dejando algo bueno para los pacientes. «El trato ha mejorado bastante», afirmó María.

Apuntes sobre Vaquero
18 de mayo de 2022

Por Bryan Avelar

En Tapachula andan matando. Y cuando la gente lo dice, no dice quién. Lo dicen como si se tratara de unas sombras sin rostro que deambulan por las calles dejando muerte regada por todas partes. Pero esas sombras tienen nombre. Y las estructuras criminales a las que pertenecen también. Sin embargo, aquí nadie se atreve a pronunciarlos.

Vaquero es un periodista de nota roja con larga data en el sur del estado de Chiapas y eso todo lo que puedo decir sobre él. Describirlo físicamente o dar más características suyas podría poner en riesgo su vida o la de alguien que se le parezca. Es cierto que esto se dice mucho en el periodismo para proteger a las fuentes que aceptan hablar bajo condición de anonimato, pero después de conversar con este reportero en un restaurante de un centro comercial me queda muy clara la dimensión del asunto. Después de esta reunión me reuniré con un investigador la Policía estatal. El investigador, sin que yo le pregunte, me hablará de Vaquero y me dirá, palabras más, palabras menos, que el periodista ya tiene la vida prestada. Que el narco, las sombras lo quieren matar y que solo están esperando a que haga una marca más para cobrárselas todas. 

Sentado en los sillones acolchonados de un restaurante lujoso en el norte de la ciudad de Tapachula, Vaquero habla en voz quedita, mira a su alrededor y me dice que ha aceptado venir hasta acá y hablar conmigo porque, de alguna forma, siente que necesita contar lo que ha visto y oído y también lo que ha hecho. Algo que nunca podrá hacer como periodista. Antes de hablar me pregunta para qué medio trabajo y qué diablos hago viviendo en este lugar. 

-Nombre, hermano. Tú no lo ves, pero aquí se está librando una guerra-, me dice. Tiempo después de esta conversación lo veré.

Durante la última década, Tapachula ha sido un territorio bastante tranquilo en comparación con otros estados famosos por su letalidad al norte de México como Sinaloa o Guanajuato. Ha sido así desde que acabó su última guerra entre el cartel de Los Zetas Cartel de Sinaloa y quedara bajo hegemonía de este último. Hasta hace poco. 

Además de ser la meca de la migración en el sur de México, Tapachula es un eslabón importantísimo en la ruta de la droga que viaja de sur a norte. Tan importante es que en 2002 aquí se refugió por un tiempo el mítico narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de ser arrestado tras huir hacia Guatemala. 

Sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado en todo el estado de Chiapas y, por supuesto, en Tapachula también.

-Están entrando las cuatro letras y vienen con todo. Les interesa la plaza- me dice Vaquero.

Las cuatro letras son las iniciales de Cartel Jalisco Nueva Generación. Y al Cartel de Sinaloa lo llaman las Tres Letras. Solo así. 

Escuchar esa expresión me recuerda a cuando reporteaba pandillas en las comunidades de El Salvador, algo que hice durante casi ocho años y que sigo haciendo. Las pandillas tenían tanto control sobre la población que simplemente se limitaban a llamar “Letras” a los miembros de la pandilla Mara Salvatrucha y “números” a los del Barrio 18.

En los meses siguientes a esta primera plática con Vaquero, Tapachula se volverá escenario de homicidios casi a diario. Una semana aparecerá el cuerpo desmembrado de un hombre con la cabeza enrollada con cinta adhesiva y un letrero que dirá “Esto le pasa a los coyotes que no pagan”. A una cuadra de mi apartamento le descararán 30 disparos de arma larga a un hombre que caminaba sobre el andén. Matarán a un ex policía federal acusado de traficar personas y circulará un video donde hombres armados con fusiles y chalecos antibalas se bajan de una camioneta y le disparan a dos hombres saliendo de un bar. Ningún periódico atribuirá la muerte a ninguna estructura criminal con nombre y apellido. Solo se hablará del Crimen Organizado.

Aunque todo el mundo lo sabe, nadie lo dirá.

El miedo a las letras se ha expandido tanto en Tapachula que para el 21 de octubre de 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía publicará que Tapachula se ha vuelto en el lugar con mayor percepción de inseguridad en todo México, incluso arriba de Celaya, en Guanajuato y Culiacán, en Sinaloa, dos ciudades prácticamente en guerra desde hace décadas. El estudio dirá que el 91.9% de las personas de esta ciudad se sienten inseguros en su municipio.

-Aquí como periodista te recomiendo que tenés que ser ético- me recomienda Vaquero.

-¿Y qué es ser ético para vos?- pregunto, intentando no ofenderlo.

-No tenés que jalar ni para uno ni para el otro- responde. Habla de carteles, claro.

-Por ejemplo, hace unos días incautaron 200 kilos de coca ahí en la bodega de. ¿Viste? Yo publiqué esa nota y yo sé que se la incautaron a las cuatro letras. Pero mi deber como periodista es no decir a quién se la quitaron porque eso les afecta a ellos. ¿Me entiendes?

Entonces entiendo que aquí las faltas “éticas” no se pagan con la carrera. Se pagan con la vida.

Con más de dos décadas de ser periodista en esta región, Vaquero ha hecho cosas que faltan a otra ética. A una menos letal. Ha trabajado y ha recibido pagos de los dos cárteles por publicar o por dejar de publicar noticias. 

-La otra vez mataron a una señora. Era la mujer de un poderoso de aquí de las tres letras. La mataron y la dejaron en un monte. Yo me enteré de eso. Unos policías me pasaron las fotos de ella y yo las publiqué. Salí del periódico a almorzar y de repente me cayeron unos vatos en una moto. Por la ventana me aventaron un rollo de billetes y un teléfono. “Quieren hablar contigo”, me dijeron. Era el señor. Me dijo que tenía media diez minutos para bajar la nota. Inmediatamente llamé al editor para que borrara esa mierda. 

-¿Y el dinero?- pregunté.

-Lo agarré porque a ellos no se les puede hacer un mal gesto. Lo toman a mal- me dijo.

Azul es un hombre cuarentón, regordete y de apariencia campechana. Tiene más de 20 años de trabajar como policía. Es originario del norte de Chiapas, pero lleva más de una década viviendo en el sur. 

Me cuenta que el paso de droga está controlado por las tres letras Tecún Umán y que el crimen organizado controla completamente las rutas migrantes. “Tienen alcones en todo el camino. Ahí secuestran a los migrantes, los meten en casas de seguridad y todo esto ¿con ayuda de quién? Me pregunta de forma retórica. “De la autoridad”, se responde él solo.

En las conversaciones comunes en bares, fiestas o reuniones casuales con activistas, defensores de derechos humanos o incluso con meseros o taxistas cada vez se hace más común un tema de conversación en Tapachula. Y casi toda la gente con la que he hablado de ello empiezan el tema con una misma frase “andan matando”.

Al terminar nuestra conversación, Vaquero me da un último consejo. “Ten cuidado con lo que escribas porque esas mismas letras te pueden matar a ti”. 

Por Vale Ramos
Portada: Retrato de George Dyer en un espejo por Francis Bacon

Este año se resume en un sustantivo simple y masculino: cambios. En él, me he perdido a mí misma y olvido constantemente dónde encontrarme; quizás en las resoluciones no cumplidas de enero, quizás en los pensamientos intrusivos, quizás en las miradas al espejo.

De tanto cambiar, he quedado vacía. Me busco y no me encuentro. Perdí las resoluciones anotadas, perdí ante los pensamientos que calan, perdí a quien veo al espejo.

¿Qué se hace cuando los cambios nos abruman? ¿Qué se hace cuando las metas no se cumplen? ¿Cómo me explico a mí misma que los cambios no son negativos? ¿Por qué asocio con tanta negatividad la palabra? ¿Qué tanto de mí se ha rehusado a cambiar, que ahora que sucede me cuesta abrazarlo con cariño?

Durante mucho tiempo creí que debía estar «lista» para cambiar. La palabra «lista» tiene una definición clara: apercibido, preparado, dispuesto para hacer algo. Y ahí me enfrenté a un gran problema. No estaba dispuesta a enfrentarme a los cambios, no estaba preparada, y los cambios llegaron sin previo aviso. Creo que esa es la raíz del conflicto: el mal uso del lenguaje.

Estos meses me han golpeado con una ruptura amorosa, un despido laboral, los retos de un proyecto en desarrollo, tres trabajos, innumerables infecciones de garganta, rutinas de gimnasio –fallidas y aprovechadas–, una batalla constante con la comida, limpiezas de clóset y un sinfín de descubrimientos personales. Aunque han sido meses llenos de cambios, desafíos, logros y muchas primeras veces, me he sentido fuera de mí misma e incómoda. Esta sensación no es nueva para mí; no es la primera vez que enfrento cambios, pero sí es la primera vez que veo el avance, lo siento, lo admiro y lo quiero.

Entonces, si tanto deseo seguir por el camino que he trazado, ¿por qué mi mente toma el control y me invade con pensamientos negativos sin fin? ¿Por qué tiendo a sabotearme? ¿Por qué soy tan exigente con mis inseguridades, tan dura al compararme, y tan crítica con mis habilidades y pasiones?

Me encuentro luchando contra un límite de tiempo autoimpuesto, bajo presiones descomunales y metas inalcanzables. Y cuando no logro cumplirlas, siento una culpa abrumadora, desmotivación, desánimo, desinterés e insuficiencia. Todo esto me sumerge en un proceso de apatía que afecta cada aspecto de mi vida, convirtiéndome en una versión retraída de mí misma, incapaz de encontrar alegría o gozo. Me desconozco. Pasan los días. Me encuentro. Sigo avanzando, el cambio y yo debemos llegar a un acuerdo.

La respuesta a mi sinfín de preguntas y acciones negativas es reconocer que en mí habitan los mecanismos de defensa de la racionalización y la autoexigencia. Estos mecanismos toman el control como protectores ante el malestar y la incomodidad que me generan los cambios. Debo aceptar que tengo miedo al fracaso, a la vulnerabilidad, y a no alcanzar un rendimiento perfecto conmigo misma.

¿Cómo abrazo los cambios? ¿Cómo tomo con cariño las metas no cumplidas? ¿Cómo veo los cambios de manera positiva?

Lo primero que hice fue reflexionar sobre mis propias emociones, sentirlas, dialogar con ellas, provocando una ola de cuestionamientos.

Me detengo en silencio. Pasan los días y nada parece cambiar, pero al mirar atrás, veo cómo todo cambió. Para bien o para mal, siempre es para mejor. Me encuentro,

ya no soy la misma. Las cosas cambian, y yo cambio con ellas. Qué suerte, la mía. Sonrío al recordar quién fui, a los recuerdos de lo que ya no es, lo que en su momento fue mío y lo que dejé ir para ser quien soy.

No puedo luchar contra mis propios cambios ni contra los que la vida me presenta, aquellos que están fuera de mi control. Debo soltar esa necesidad de control y abrazar cada transformación con el corazón abierto. Ser más flexible y menos exigente conmigo misma es un acto de amor, un camino hacia encontrar valor en la paciencia y la constancia. Quiero abrazarme con ternura, reconociendo que lo que dejo atrás es para mi propio bienestar, y que la presión que a veces me impongo no es más que el deseo de crecer y ser mejor.

Después de meses —o tal vez años— he vuelto a escribir. Ahora me rodean perritos, he comenzado un nuevo trabajo que me apasiona y me exige. Estoy iniciando un nuevo proyecto que me emociona. Me miro al espejo y veo mis cambios físicos. Tengo amigos y familia a los que amo, he llegado a probar comidas nuevas, volviendo a realizar actividades que amo, como leer, escribir, visitar galerías y asistir al teatro. Estoy enamorándome por primera vez de mí misma, disfrutando de mi propia compañía, redescubriéndome y gozando el proceso.

A veces lo olvido. Olvido todo lo bonito que los cambios han traído: los procesos de sanación por los que he pasado, los cambios en mi identidad, en mis gustos y en mi forma de ser. Es normal que los cambios provoquen caos y pánico, pero eso también es una señal de que estoy avanzando, de que hay crecimiento. Me hace ser consciente de lo que estoy dejando atrás al tomar acciones que me acercan a vivir con más alegría.

La incomodidad y el sentirme fuera de mí misma son parte del desarrollo, y puedo ver estas sensaciones como algo positivo. Le doy la bienvenida a los cambios que han ocurrido, a los que están sucediendo ahora y a los que están por venir, abrazando todas las emociones que habitan en mí. Aunque sigo descubriendo los efectos de estos cambios, estoy lista para enfrentar mis miedos con paciencia y amor.

Un camión empuja la basura compactada y una veintena de hombres, mujeres y niños lucha contra una parvada de zopilotes y una jauría esquelética. Los humanos priorizan el plástico y el cartón, pero también buscan comida que los animales intentan arrebatarles. 

Son cerca de las diez de la mañana. Estamos en Linda Vista, el basurero municipal de Tapachula. Luego de cruzar el portón principal la tierra se convierte en un polvo amarillo muy fino. Inmensas dunas de basura humeante se suceden a lo largo de un terreno más grande que 20 campos de fútbol juntos. Entre ellas serpentean caminos de tierra por los que entran y salen camiones que vienen a dejar todo lo que desecharon los habitantes de la ciudad.

Cheché, el fotógrafo, y yo bajamos por las dunas hasta que llegamos al lugar donde se libra la batalla entre humanos y animales. Los pies se nos hunden en la basura. Mientras el camión descarga, los humanos toman unas varillas de hierro con un gancho en la punta con la que toman su pesca y la tiran a una bolsa de basura gigante que cada uno tiene a la par. 

Vinimos aquí porque pensamos que quizá podíamos encontrar algún migrante que viviera de la basura. Pero un par de horas después nos damos cuenta de que todos lo son. En este basurero habitan cerca de 200 familias de migrantes centroamericanos que trabajan como pepenadores, como se le llama a quienes recogen plástico y cosas de valor de la basura para venderlo a las grandes recicladoras a cambio de una miseria. Por ejemplo, el kilo de plástico lo venden a 3,5 pesos mexicanos, cerca de veinte centavos de dólar. A ese precio, para ganar unos 15 dólares al día, un pepenador tiene que juntar 80 kilos de plástico. 

Eduardo, un migrante guatemalteco, hunde su brazo entre la basura y hurga durante unos segundos. Sonríe. Saca el brazo y trae en su mano una bolsa roja desteñida con un poco de tortillas dentro. “Lo que la gente bota para nosotros es oro”, me dice. Más tarde nos enseñará su vida hecha de basura. Su casa, una construcción de varas de madera y lonas de plástico donde vive junto a su esposa, Lidia, una mujer maya mam originaria de la sierra de Guatemala, y su hija de dos años. Sus muebles: una hamaca, una mesa, dos camas y unas sillas plásticas. Sus platos, sartenes y tenedores. Todo salido de los desechos de otros. 

La mayoría de migrantes lleva tantos años aquí que han fundado tres comunidades alrededor del basurero donde habitan unas 500 personas. Ninguna tiene agua potable y solo hasta hace poco, con ayuda de una organización no gubernamental, lograron instalar un sistema de alumbrado público que solo funciona unas cuantas horas por las noches. El agua la acarrean de unos manantiales que brotan de la parte baja del basurero. “Nosotros la sentimos buena. Pero seguramente está contaminada con todo lo que escurre de la basura”, dice Eduardo. 

Eduardo lleva tres cadenas colgadas del cuello que, asegura, encontró aquí y son de plata.  “Encontramos relojes, pulseras… una vez me encontré dinero. Como dos mil pesos (cien dólares)”, dice. “También hemos encontrado pistolas”, añade con una sonrisa.

La sonrisa de Eduardo y los otros migrantes que lo acompañan se borra  cuando nos cuentan que hace unos meses uno de los perros esqueléticos que habitan el basurero estaba muy entusiasmado con un trozo de carne que se disputaba con los zopilotes. Cuando se acercaron vieron que era un feto. 

En la Cumbre de Biodiversidad (COP16)  en Cali, Colombia, la propuesta de créditos de biodiversidad como uno de los mecanismos para restaurar ecosistemas para el 2030, ha suscitado un debate intenso. En Honduras, iniciativas similares enfrentaron denuncias de irregularidades y rechazo por parte de pueblos indígenas y ambientalistas, quienes sostienen que esta medida privilegia a corporaciones y mercados. Defensores indígenas también instan a que las discusiones de la cumbre no se enfoquen solo en proteger la naturaleza, sino también en garantizar los derechos de las comunidades.  

Texto y fotografías: María Celeste Maradiaga

Los créditos de biodiversidad, mecanismo creado como una opción para revertir y detener la pérdida de biodiversidad para 2030 —uno de los puntos clave en el Acuerdo Kunming-Montreal suscrito  en la COP15—, ha sido uno de los puntos más discutidos entre las organizaciones durante la Convención de Biodiversidad. Una parte asegura que el mecanismo privilegia a corporaciones y empresas que buscan compensar el daño que realizan al ambiente y la biodiversidad por encima de los derechos comunitarios y el resguardo ambiental genuino.

Los créditos de biodiversidad son similares a los créditos de carbono, pues buscan que industrias o corporaciones que en el desarrollo de sus proyectos han contribuido a la pérdida de biodiversidad se comprometan a restaurarla mediante la financiación de proyectos.

Rony Castillo, subcoordinador de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quien ha estado presente como observador en la COP16, expresa que la implementación de este mecanismo resulta preocupante para las comunidades, pues a nivel mundial no se ha consolidado aún el mercado de carbono, y tampoco se han mostrado sus beneficios reales a las comunidades.

«Son una fortaleza para las corporaciones, y creemos que no van a ayudar a nuestras comunidades, al contrario, es una herramienta más de despojo», manifestó Castillo.

Bertha Zúniga, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) también cree que los créditos de biodiversidad no representan una solución real a los problemas de pérdida de especies, bosques y ríos en Honduras. Zúniga, mujer lenca e hija de Berta Caceres, ambientalista asesinada en 2016, califica a los mecanismos como el mercado de carbono o los créditos de biodiversidad dentro del «extractivismo moderno», y asegura que no atacan el problema de fondo en la pérdida de los ecosistemas a nivel mundial.

«Es horrible que ahora se están convirtiendo los bosques de las comunidades, su biodiversidad y su riqueza, incluso cultural, en un servicio ambiental a disposición del mercado. Nosotras (Copinh) siempre hemos reivindicado en las comunidades que son la vida y no la ganancia, y que no pueden ser mercancía los bosques, los ríos, ni la biodiversidad; esto sigue siendo una falsa solución ambiental», aseguró la coordinadora del Copinh.

Bertha Zúniga Caceres, coordinadora del Copinh, en una entrevista después de un evento en el marco de la COP16. Cali, Colombia. 24 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Además, apuntó que las negociaciones y discusiones desarrolladas en esta COP16 no deben enfocarse solo en los bosques, las costas y los océanos, sino que también deben implementarse medidas centradas en los pueblos originarios, las comunidades y sus derechos, y que sean soluciones basadas en los derechos humanos.

«Todo el mundo tiene expectativas de una cumbre que se realiza en América Latina» señaló Bertha Zuniga, «en la que hay presencia de comunidades indígenas, rurales y campesinas, pero también hay expectativas de ver en concreto acciones por parte de los Estados, sabiendo que estos no se comprometen ni en lo mínimo con quienes protegemos la naturaleza».

Los créditos de biodiversidad, mecanismo creado como una opción para revertir y detener la pérdida de biodiversidad para 2030, uno de los puntos clave en el Acuerdo Kunming-Montreal, también han despertado protestas en el desarrollo de la Cumbre de la Biodiversidad. En la Zona Azul, ubicada en el Centro de Eventos Valle del Pacifico, espacio en el que se desarrollan las negociaciones y eventos de la COP16, en Cali, Colombia, un grupo de ambientalistas demostró su rechazo al mercado de los créditos de biodiversidad.

«¡Las falsas soluciones basadas en la naturaleza no nos llevarán a ningún lado, la naturaleza no está a la venta! ¡Los créditos de biodiversidad son una distracción!», gritaban los manifestantes que pertenecen a Amigos de la Tierra, una red que agrupa a organizaciones ambientalistas de todo el mundo.

Una mujer sostiene una pancarta durante la protesta en contra de los créditos de biodiversidad realizada por Amigos de la Tierra en la Zona Azul, donde se está desarrollando la COP16. Cali, Colombia. 28 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Por su parte, Lucky Medina, ministro de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales (Serna), aseguró que en Honduras actualmente no existe un marco que regule la implementación de este mecanismo, y que como país no han fijado una postura al respecto, considerando que entre las prioridades en la COP16 está buscar el financiamiento para el desarrollo de programas que preserven la biodiversidad, pero que puedan ser implementados dentro de la normativa nacional.

«Estas cosas pueden acordarse aquí en la convención, pero aterrizarlas a la realidad nacional es difícil», dijo el ministro de la Serna, momentos antes de que iniciara el segmento de alto nivel donde los presidentes y ministros de los países participantes expresaron sus posturas respecto a los acuerdos alcanzados hasta el momento en la COP16.

El ministro de la Serna también recordó que la implementación de un mecanismo como los créditos de biodiversidad puede ser complejo en el contexto hondureño, debido a las irregularidades que han sido detectadas en mecanismos parecidos, como el mercado de carbono.

Es por esta razón que, según Medina, el gobierno aprobó la «Ley especial de las transacciones de carbono forestal para la justicia climática», para que el Estado sea quien regule este mercado, luego de la moratoria que se estableció en junio de 2022. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado avances en la reglamentación de esta Ley, y sectores de la sociedad civil y los pueblos originarios no fueron incluidos en la socialización de la misma.

 Poder dentro de las negociaciones

Para Valentina Figueroa, miembro de la Global Forest Coalition, la implementación de los créditos de biodiversidad solo representa una parte de la agenda que impulsan las corporaciones en estos eventos, y asegura que es necesario que en estas cumbres se implemente más la participación de los sectores disidentes en las negociaciones que aquí ocurren.

«Creo que es necesario priorizar la necesidad de limitar el lobby que están teniendo las corporaciones con el CBD (Convención de Biodiversidad). Esto es crucial, y en las COP del clima también, porque ves que hay demasiados esfuerzos puestos en promover falsas soluciones en estos espacios, que no van a la raíz de los problemas en la pérdida de biodiversidad», indicó.

Además, en cuanto a las negociaciones, explicó que las organizaciones que son críticas con estas alternativas para recuperar la biodiversidad están en clara desventaja con las corporaciones, que tienen más participación en las reuniones con los negociadores, lo que representa un conflicto de interés, considerando que son las mismas que ejecutan proyectos extractivos en un determinado punto del mundo, pero que buscan compensar el daño en otros.

Por ejemplo, en un evento paralelo a la COP16, una ambientalista de la amazonia colombiana denunció ante la ministra de ambiente de Colombia, Susana Mohammad, que justo en el mismo pabellón donde se encontraba su organización haciendo conciencia sobre el daño que el extractivismo ha hecho a su comunidad, también estaba la empresa ejecutora de este proyecto, supuestamente demostrando su compromiso con la defensa del medioambiente y destacando la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza.

Aunque las metas 2 y 3 del Acuerdo Kunming-Montrealacordado en la COP15 en Montreal, Canadá— solo indican que para el año 2030 las áreas terrestres, marinas o costeras deben ser restauradas efectivamente en un 30 %, y que además esta restauración debe ser manejada por representantes de las comunidades e incluir sus saberes tradicionales, los créditos de biodiversidad se han planteado como un mecanismo que asegura esta conexión entre los distintos sectores, y que además podría asegurar el financiamiento necesario para la preservación de la biodiversidad.

En otra de las metas del Acuerdo se señala que los países desarrollados adscritos deben movilizar al menos 200 mil millones de dólares para proteger y restaurar la biodiversidad para 2030, los que deben destinarse a países en desarrollo y con economías en transición. Esto también ha sido debatido en la COP16, pues estos fondos son voluntarios, pero algunos países señalan que esta contribución debe ser obligatoria por parte de los países desarrollados, mientras que otros manifiestan que debe crearse otro fondo distinto al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility en inglés), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.

Onno Van Dan Heuvel, jefe global de la Iniciativa de Financiamiento para la Biodiversidad (Biodiversity Finance Iniciative, Biofin por sus siglas en inglés) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) explica que, si bien los créditos de biodiversidad aún no han desarrollado el máximo de su potencial, desde el PNUD tienen dos líneas de acción que aseguran que estos serán implementados con base en principios de integridad y en conexión con las comunidades.

Una de estas líneas se desarrolla junto a la iniciativa Biodiversity Credit Alliance, que es coliderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. Mediante esta iniciativa, asegura Onno Van Dan Heuvel, se busca analizar el contexto en las distintas regiones y considerar qué tan factible es la implementación de programas para la compensación de créditos por biodiversidad.

Onno Van Dan Heuvel, jefe global del Biodiversity Finance Iniciative, en una entrevista con periodistas de la beca para cubrir la COP16 del Internews’ Earth Journalism Network (EJN). Cali, Colombia. 23 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

«Vemos como prioridad construir capacidad a nivel nacional en los países y apoyar a los gobiernos a construir su política nacional correspondiente a este mecanismo [los créditos de biodiversidad] para ayudarles en su propio marco a desarrollarlo en su país, sí así lo deciden, pero si un país no escoge este mecanismo, también podemos ayudarles mediante otros», indicó el jefe de Biofin.

Por otro lado, Manesh Lacoul, coordinador del Biodiversity Credit Alliance, insiste en que el éxito de los créditos de biodiversidad radica en haber aprendido de los errores que ocurrieron en el mercado de carbono, un mecanismo que ha sido criticado por los sectores de sociedad civil, ambientalistas y pueblos originarios.

En el caso de Honduras, por ejemplo, una organización ligada al desarrollo local de las comunidades miskitas, al oriente del país, buscaba desarrollar un proyecto para la captura de carbono con irregularidades en la consulta al pueblo miskito. Las irregularidades fueron señaladas por el sistema de certificación de estos proyectos y las comunidades también denunciaron a la organización Ayuda en Acción por impulsarlo sin consulta previa libre e informada.

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La Biodiversity Credit Alliance es una alianza voluntaria internacional que facilita los créditos de biodiversidad como uno de los mecanismos para asegurar el financiamiento que hace falta para detener la pérdida de biodiversidad. La organización es apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los gobiernos de Suecia y Alemania.

Lacoul aseguró que entre las diferencias entre los créditos de biodiversidad y los créditos de carbono está la conexión entre quienes buscan detener la pérdida de biodiversidad y las comunidades que han preservado esta biodiversidad por años, compensándoles directamente. También dijo que en el contexto de la COP16 han tenido reuniones con las comunidades y que tienen un enfoque en la consulta previa, libre e informada, incorporado en los planes para el desarrollo de los proyectos.

La coordinadora del Copinh, Bertha Zuniga, califica como urgente que en Honduras sea efectiva la consulta previa, libre e informada, un derecho que tienen los pueblos originarios antes de que se instale un proyecto en sus comunidades y territorios. Además, recuerda la importancia de que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú, el cual garantiza la protección a defensoras y defensores del ambiente, y la transparencia en el derecho a la información en asuntos ambientales.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

Esta tarde salí a caminar por el centro de Tapachula y, después de cruzar el mercado central, cuarterías, una funeraria y una calle conocida por ser un mercado libre de prostitución de migrantes, tengo la impresión de estar en un país muy lejano: hombres y mujeres árabes con túnicas de diferentes colores se bajan de una camioneta frente a un edifico rojo.

En la puerta, un joven flaco y trigueño recibe un puñado de billetes de los recién llegados y apunta con dificultad sus nombres en un cuaderno. Luis, el portero, es hondureño y me dice que un día tuvo intenciones de llegar a Estados Unidos, pero se quedó en Tapachula y ahora trabaja en este hotel donde se alojan cientos de migrantes cada mes.  

Luis me cuenta que los migrantes que pasan por su hotel, la mayoría africanos, se hospedan un mes como mucho. Según un reporte de The New York Times, el número de africanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos pasó de 3,406 en 2022 a 58,462 en 2023. “Vos sabés que los morenitos hacen viaje premium”, me dice sonriendo. 

Lo que intenta explicarme es que en el camino también hay clases: los que pagan más y los que pagan menos. Lo común es que los centroamericanos y venezolanos intenten llegar a Estados Unidos por sus propios medios; los africanos y asiáticos pagan paquetes que varían entre los 9,000 y los 14.000 dólares para cruzar la frontera.

“Últimamente me están llegando puros árabes. Hasta 120 he tenido”, dice Luis mientras subimos la pendiente de la calle contigua al hotel. 

Desde lo alto veo la décima avenida norte, una calle desaliñada llena de pequeñas ventas de comida y un bar diurno llamado “El Paraíso” de donde salen dos borrachos rebotando contra las paredes. En la calzada unas 60 personas que visten túnicas largas y turbantes sobre la cabeza se distribuyen en grupos. Avanzo y escucho un murmullo sordo. Todos hablan en árabe y otros idiomas que no puedo entender. Siempre tengo la impresión de que los migrantes que no hablan español se sienten perdidos en Tapachula y dependen del traductor de Google. Pero en esta calle soy yo el que se siente extranjero.

El paso masivo de migrantes, aunado a la xenofobia que existe en Tapachula, en especial contra los negros, ha provocado que en algunas calles, hoteles o comunidades se creen pequeños guetos que aparecen y desaparecen dependiendo de la oleadas 

Cerca de aquí hay una plaza al lado de la iglesia católica San Agustín que durante un tiempo se llenó tanto de haitianos —hasta que la iglesia cercó la plaza— que algunos locales empezaron a llamarla “La Little Haití” como al pequeño barrio Lemon City, en Miami, que calza el mismo nombre desde que un enorme éxodo de haitianos lo llenara en la década de los 70´s. Se puede decir que esta tarde estoy en La pequeña Somalia. 

Me siento bajo un pequeño techo de lámina frente a una cocina económica para protegerme del sol. Un grupo de unas 20 personas almuerzan espaguetis con salsa de tomate y toman té en unos pequeños vasos de unicel. Tres de ellos se levantan y se sientan a mi lado a conversar entre sí. Intento acercarme y les pregunto si hablan español. Me ven con extrañeza y siguen su conversación. Intento hablar con algunos somalíes en esta calle, pero la mayoría me ignora.

Un hombre pequeño se acerca al grupo. Los hombres de la calle parecen conocerlo y forman un círculo a su alrededor. Es un coyote. Saca su teléfono y dice: “1,800 dólares. Yo a ti. Llevarte a Frontera United States. América”. Los hombres con túnicas entienden a medias lo que el hombre dice y uno de ellos le acerca su teléfono con la aplicación de traductor abierta. Me acerco al grupo intentando colarme sin llamar la atención. El hombre muestra fotos y videos de lo que parece ser una frontera con un muro de lámina: “Allá Estados Unidos. Yo he estado allá”. 

Vuelvo a mi lugar bajo el techo de lámina y un joven alto y delgado se sienta a mi lado, quizás para resguardarse también del sol. Intento romper la conversación usando mi mal inglés. 

—Where are you from? —le pregunto.

El joven me mira desconfiado durante un par de segundos. 

—Somalia —me responde.

—¡Oh, Somalia! —le digo sorprendido.
¿Qué diablos hace alguien de Somalia en Tapachula?, pienso.

—And you? —me pregunta el somalí.

—I´m from El Salvador —le respondo.

—Oh! El Salvador! Gangs! Piuf, piuf — se ríe mientras hace la figura de una pistola con sus manos.

 —Somalia. Pirates! —le respondo para no quedarme atrás.  

Los dos nos reímos de nuestros males. 

Con ayuda del traductor me cuenta que se llama Heiman y que salió hace dos meses de Mogadiscio, la capital de Somalia, por una guerra. Le pregunto de qué guerra habla. Menciona palabras inteligibles para mí y cuando ve que no entiendo me pide mi teléfono, abre el buscador y escribe “Al-Shabab”, un grupo yihadista que mantiene una guerra contra el gobierno que, según Naciones Unidas, ya ha dejado decenas de miles de refugiados. Algunos de sus familiares murieron a causa de esa guerra y aunque a él nunca le ha caído una bala, dice que en la fachada de su casa hay esquirlas de bombas que han detonado frente a ella. “Allá no hay vida para mí”, escribe en árabe en el traductor. 

Me cuenta que su viaje hasta Tapachula le ha costado hasta hoy $9,000 dólares. Su primer trayecto lo hizo en avión desde Somalia hasta Turquía y de ahí a Sao Paulo, la capital financiera de Brasil. Luego viajó en avioneta privada hasta Perú y de Perú a Ecuador. Desde ahí empezó un largo viaje en autobús hasta Colombia y atravesó a pie la selva del Darién donde, dice, vio cadáveres tirados en medio de las veredas y él mismo estuvo a punto de morir de hambre de no haber sido por unos haitianos que le regalaron una lata de atún y dos barras energéticas. 

“Me agarró una trampa de oso”, me dice. Pienso que quizá entendí mal y le digo que me repita lo que acaba de decir. Para no redundar me muestra las heridas en sus dos piernas. Parece como si le arrancaron de la mitad de sus tibias hacia abajo y se las volvieron a pegar. “I will never forget it”, me dice. 

Heiman me cuenta que la mayoría de somalíes que están ahora en Tapachula ya tienen un trato con una red de coyotes que los llevará hasta la frontera con Estados Unidos. “Mañana iré por mi documento a COMAR”, me dice. El documento del que Heiman habla es un estatus de refugiado que le servirá para poder viajar por avión. Un documento que puede tardar hasta diez meses para la mayoría de migrantes que esperan aquí. La mayoría centroamericanos o venezolanos. Los migrantes que pagan poco. Que tienen poco. Que valen poco aquí. 

“Nunca voy a olvidar esta travesía. Es el viaje de mi vida. Cuando llegue a Minnesota le voy a contar a todo el mundo lo que he vivido”, me dice antes de regresar al hotel de esta pequeña Somalia.

Tomo mi libreta y después de caminar un par de calles estoy de regreso en Tapachula.

Pescadores artesanales hondureños hicieron un llamado urgente para frenar la expansión de la industria pesquera, que ante la falta de regulaciones ha puesto en riesgo especies marinas y arrecifes vitales para las comunidades locales. A esto se suma la creciente amenaza de concesiones de gas, petróleo y carbón que amenazan los océanos. Las demandas se presentaron en la Cumbre de la Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, con la participación de delegaciones de 190 países para discutir asuntos pendientes y sugerir nuevos mecanismos o herramientas para preservar la biodiversidad.

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: María Celeste Maradiaga y Carolina Sánchez

En la Cumbre de Biodiversidad (COP16), celebrada en Cali, Colombia, los pescadores de Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Las Bahamas, República Dominicana y Santa Lucía llegaron al evento con camisetas de distintos colores y diseños, y con una exigencia clara y contundente: el derecho a la pesca artesanal en pequeña escala para proteger la biodiversidad y el medioambiente.

La acción no pasó desapercibida. Lo que empezó con los pescadores portando camisetas con los puntos específicos que solicitan a las autoridades, organizaciones y lobby presentes en la cumbre, también captó la atención de la seguridad y autoridades del evento, quienes calificaron la acción como una amenaza al orden o un mitin. El malentendido se solucionó, pero las exigencias prevalecieron y durante la semana, el grupo de pescadores realizó una conferencia de prensa expresando sus necesidades y exigencias.

Entre este grupo de pescadores estaban Marcio Orlando Rivera y German Danilo Hernádez, pescadores hondureños que piden garantías de acceso preferencial, poder comanejar el 100 % de las zonas costeras, que se reconozca la construcción de comunidades resilientes como ellos para enfrentar el cambio climático y, quizás la más importante, ampliar el permiso a 12 millas después de la costa para poder realizar la pesca artesanal.

German Hernández, quien es presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de La Ceiba y representante de las 23 organizaciones dedicadas a la pesca artesanal en el departamento de Atlántida, manifestó que es necesario que el Estado tenga más control y regule la industria pesquera en esta zona, pues las operaciones de los barcos pesqueros en los departamentos de Atlántida, y de la zona norte en general, han perjudicado las especies marinas y los arrecifes coralinos existentes.

«Nos han llenado de nasas langosteras nuestros bancos pesqueros, nos han invadido y están destruyendo la fauna, el océano y el coral», señaló el pescador. Estas nasas son redes en forma cilíndrica o cuadrada que utilizan las embarcaciones industriales para atrapar crustáceos de manera más efectiva, lo que, según German, afecta en la actividad pesquera artesanal a pequeña escala, algo de lo que viven 40 mil personas en Honduras, según datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Por esta razón, una de las exigencias puntuales y enmarcadas en el contexto hondureño es ampliar de 8 a 12 millas náuticas el área permitida para que los pescadores artesanales puedan operar, y que además no se perjudique al ecosistema marino existente en estas zonas. 

La Ley General de Pesca y Acuicultura, publicada en el diario oficial La Gaceta en agosto de 2017, establece que los pescadores podrán realizar operaciones dentro de un límite de hasta tres millas náuticas para la pesca artesanal básica, y ocho millas para la pesca artesanal avanzada a partir de la costa de una playa o alguna isla. Estos límites no han sido suficientes para quienes se dedican a la pesca y viven de ella, por lo cual están en riesgo su modo de vida y su seguridad alimentaria.

Según Javier Gutiérrez, encargado de proyectos de restauración del Instituto de Conservación Forestal (ICF), el proyecto de las 12 millas náuticas ya pasó la revisión del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del ICF, de la Dirección de Biodiversidad de la Secretaría de Recursos Naturales y de la Dirección General de pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Digepesca-SAG), y ahora está en etapa de revisión en el Congreso Nacional.

En cuanto a las afectaciones al ecosistema marino, Gutiérrez señaló que las redes utilizadas en la pesca industrial han ocasionado que los peces y demás especies no se desarrollen de forma adecuada, ya que se entierran al fondo de los bancos pesqueros y arrastran toda la vida marina allí existente.

«Con esto [el aumento de millas para la pesca artesanal] vamos a permitir que la vida marina tenga un mejor desarrollo, y a la vez este es un beneficio para las comunidades, porque las comunidades que salen con sus embarcaciones artesanales no tienen la capacidad de competir contra una embarcación grande; es por esto que se ha estado desplazando a la comunidad, limitando la disponibilidad de los peces con distintos recursos», indicó Gutiérrez.

La demanda de los pescadores se corresponde con la meta 10 del marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica, definido en 2022 durante la COP15, que tuvo como sede dos ciudades, Kunming, China, y Montreal, Canadá. Este acuerdo suscrito por los países que integran al Convenio de Diversidad Biológica –entre ellos Honduras— vino después de que no se cumplieron las metas Aichi para preservar la biodiversidad en 2010.

La meta 10 del marco Kunming-Montreal hace énfasis en que los espacios dedicados a la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura (ciencia dedicada al cultivo y formación de los bosques) deben ser gestionados de forma sostenible, y que estas actividades deben aplicarse con prácticas amigables con la biodiversidad biológica y manteniendo contribuciones a la naturaleza, a las personas y a los ecosistemas.

Otro punto, quizás uno de los más importantes en este marco, es lograr que al menos el 30 % de las zonas de ecosistemas terrestres, aguas continentales, costeras y marinas degradadas sean restauradas efectivamente para el 2030; este compromiso se conoce popularmente como el objetivo 30 x 30. 

El ecoturismo en un país que no protege la biodiversidad ni a quienes la defienden

Marcio Rivera, otro de los pescadores que acompañó la acción en la COP16, es director ejecutivo de la Red de Comunidades Turísticas de Honduras y Pesca Artesanal (LARECOTURH)), una organización que promueve el turismo ecológico en las comunidades, cuya propuesta también ha sido planteada como alternativa para preservar las especies y la biodiversidad, en contraste con proyectos turísticos que han sido dañinos con el ambiente.

«Nosotros representamos comunidades que están dentro de las áreas protegidas, y eso nos enlaza a la importancia que tiene esta COP principalmente, que es paz con la naturaleza. Aquí nosotros [las organizaciones] podemos conocer qué es lo que se pretende hacer, todo lo que viene a surgir con el 30/30 que están proponiendo los países; queremos saber qué es lo que está pasando para estar al tanto», explica Rivera. En la organización que dirige están agrupados aproximadamente 454 «emprendedores turísticos» y 800 pescadores artesanales organizados dentro de 26 comunidades.

Marcio Rivera y German Hernández, pescadores de la zona norte de Honduras en la COP16. Cali, Colombia. 22 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

Según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (Sinaph) del ICF, en Honduras existen 93 áreas protegidas, las cuales están diseminadas en distintas partes del país y cubren aproximadamente 28 % del territorio.

Aunque el decreto que las estableció en 2007 pretende garantizar la gestión sostenible y efectiva de estos territorios en Honduras mediante la planificación, supervisión y evaluación de planes de manejo, estas zonas con alta riqueza en biodiversidad siempre han estado bajo el acecho de otros intereses.

Entre estos casos está la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras en Colón, la expansión de la palma aceitera en el Parque Jeanette Kawas en Atlántida y las amenazas a quienes defienden la Reserva Biológica Guisayote en Ocotepeque, al occidente de Honduras. Junto con la expansión de los monocultivos y proyectos extractivos, las amenazas y asesinatos a personas que defienden los territorios también es algo que no para en Honduras.

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre 2022 y 2024, más de 30 defensores del ambiente, la tierra y de pueblos originarios fueron asesinados violentamente en Honduras. Uno de estos asesinatos fue el de Juan López, líder ambientalista y defensor del territorio que denunció en reiteradas ocasiones la instalación del megaproyecto Inversiones Los Pinares en Tocoa, Colón.

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Organizaciones rechazan la expansión de proyectos de hidrocarburos en el Caribe

Carolina Sánchez, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles, que reúne a distintas organizaciones desde Guatemala hasta Guayana, calificó como «urgente» la necesidad de frenar las concesiones petroleras y los proyectos de gas y carbón en esta región, no solo por las implicaciones negativas que estos tienen en la salud de las personas que viven cerca de dichos proyectos, sino porque atenta a la biodiversidad existente en estos espacios.

«Especialmente en el mar, donde la mayor expansión petrolera se está dando en el mundo, porque la mayoría de las exploraciones son offshore en este momento, hay un montón de riesgos para la biodiversidad marina de la cual dependen un montón de comunidades de la región», explicó Carolina.

Carolina Sánchez, coordinadora de la Red del Gran Caribe Libre de Petróleo, en una entrevista con Contracorriente. Cali, Colombia, 21 de octubre de 2024. Foto: CC/María Celeste Maradiaga.

En el caso de Honduras sucede lo mismo. Aunque no se está llevando a cabo una expansión de petróleo, el gobierno actual no ha cancelado una concesión petrolera en los Cayos Miskitos, y no se conoce más información sobre la fase de exploración de este proyecto debido a la secretividad en la que opera. 

En junio de 2022, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Energía, se reunió con la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex). 

En octubre de ese mismo año, Erick Tejada, ministro de Energía, dijo a Contracorriente que la reunión había sido para «forjar una alianza a largo plazo, y que tiene que ver con el tema de transferencia de conocimientos y tecnología».

Al respecto, Carolina Sánchez señaló que los combustibles fósiles no solo representan un daño cuando se da un posible derrame de petróleo, sino que las exploraciones sísmicas en el mar también ocasionan la muerte de las especies que viven en el ecosistema marino que allí habita.

«Estamos tratando de visibilizar que nosotros compartimos un montón de biodiversidad en este gran ecosistema que es el mar Caribe. De hecho, el tema de la conectividad ecológica va a ser muy importante en esta COP16 y eso, por lo menos, es de lo que nosotros estamos hablando, de las especies que compartimos, de las tortugas marinas, de los corales y sobre los riesgos a los que estamos expuestos», finalizó Sánchez.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

Texto: Fernando Destephen
Fotografía: Cortesía Jorge Andino

Desde el lunes 21 de octubre de 2024, miembros de la Red Interinstitucional de Personas con Discapacidad por la Inclusión y Acceso a Derechos han establecido un campamento permanente en el parque Las Mercedes, frente a la alcaldía de El Progreso, Yoro, como medida de presión para que se apruebe una propuesta de política pública para la inclusión de las personas con discapacidad que fue presentada por la Red en 2022.

Dos años después, no hay avances significativos, ni siquiera un censo que permita cuantificar a la población con discapacidad en la zona. El dato más reciente, de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019, indica que uno de cada 100 hogares cuenta con al menos una persona con discapacidad.

Jorge Andino, coordinador de la Red, señaló: «Hemos agotado los procedimientos, enviado solicitudes, y ahora hemos decidido mantener este campamento hasta que se apruebe la política pública». Además, destacó la falta de accesibilidad en la ciudad, con aceras ocupadas y transporte sin condiciones adecuadas para personas con discapacidad: «Siempre tenemos que caminar por la calle, poniendo en riesgo nuestras vidas».

El miércoles 23 de octubre, tras la intervención de una representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la vicealcaldesa Martha Lidia Medina, los miembros de la Red lograron obtener acceso a la sesión de corporación municipal de ese día. Sin embargo, a último momento la reunión se canceló y fue reprogramada para el lunes 28 de octubre a las 2 de la tarde. Andino asegura que la discusión de la política pública ni siquiera estaba en la agenda del día, y expresó su preocupación: «Están jugando a cansarnos».

En una conferencia de prensa el jueves 24 de octubre, Andino, en el cuarto día de campamento, agradeció la solidaridad recibida y señaló que, pese a años de invisibilidad, las personas con discapacidad están decididas a mantener una acción de protesta indefinida y contundente.

La propuesta de política pública municipal se organiza en siete ejes y prevé un mecanismo de financiamiento que requiere el 6 % del presupuesto municipal. Su objetivo principal es promover una inversión en infraestructura y servicios que transforme a El Progreso en una ciudad inclusiva, dejando atrás el asistencialismo y fomentando una integración social plena para las personas con discapacidad.

Cristian Murillo, coordinador de la Comisión de Incidencia de la Red, explicó que, aunque han sido invitados a espacios dentro de la alcaldía, no se han dado las condiciones para aprobar la política.

Ahmed, un hombre barbado y casi escuálido que ha llegado hasta Tapachula desde Mauritania, se acerca a mí con un teléfono en la mano y me muestra su pantalla. En el traductor de Google, hay un mensaje escrito en árabe:: No sé qué está pasando. ¿Por qué número van? Soy el 369

Estamos en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, donde hay una fila de unas tres mil personas que se empiezan a impacientar. Ninguna de ellas espera asistir a un evento deportivo. El estadio lleva meses abandonado desde que el equipo local, “Los Cafetaleros”, se mudó a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Por supuesto, tampoco ha albergado nunca unos Juegos Olímpicos. El parqueo frente al recinto es ahora un campamento improvisado que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha abierto porque sus oficinas en el centro de la ciudad han colapsado.  Algunos migrantes —de los miles que están llegando cada día en estas semanas— llevan semanas durmiendo en la intemperie o bajo un pedazo de carpeta, caminando varios kilómetros para buscar un baño que les rentarán por diez pesos; días y días sin bañarse, sin recordar cómo es un cepillo de dientes, todo con tal de guardar su turno. 

Lo que esperan es un papel para seguir su camino hacia Estados Unidos. Pero, los migrantes no saben que, como este estadio sin fútbol, ese documento es una mentira o una verdad a medias.

Las autoridades mexicanas se han encargado de hacerle creer a los migrantes que para avanzar con seguridad en su camino deben tramitar un estatus de refugiado o una visa humanitaria. Es parte de las políticas retentivas impulsadas por Estados Unidos que, en la práctica, ha trasladado su frontera 4,000 kilómetros más al sur. 

Lo cierto, me han contado decenas de migrantes en estos años, es que más adelante los agentes coludidos con las redes de trata de personas y estructuras de crimen organizado les rompen esos mismos papeles por los que tanto han esperado y los obligan a regresar al sur o los dejan a expensas de la jungla de delicuentes a lo largo del camino. Además, la burocracia para obtener ese documento es tan lenta que puede obligarlos a permanecer en esta ciudad durante semanas o meses. 

Cheché, el fotógrafo que casi siempre me acompaña, empieza a hacer fotos de los rostros agonizantes, de los niños agobiados, de las mujeres palideciendo. Cuando Ahmed se me acerca la cola lleva media hora sin avanzar y la serpiente humana se empieza a agitar. Unos empujan a otros. De pronto se escuchan gritos. 

Una mujer hondureña se ha desmayado y aquello ha desatado la furia entre sus compatriotas que ahora empiezan a exigir a gritos que se priorice a mujeres y niños. Un grupo de venezolanos apoya la moción, pero los cubanos no parecen estar tan de acuerdo. Los haitianos toman, pero es imposible para mí entender lo que dicen pues lo gritan en creole haitiano. Los agentes de migración se miran las caras y en ellas se vislumbra incertidumbre y temor. Saben lo que se viene.
Los africanos entran a la discusión y algunos gritan en portugués, otros en árabe y otros en unas lenguas que yo no sé distinguir. Empieza el descontrol. Algunos migrantes se empiezan a saltar la barda para ponerse adelante en la cola, cerca de donde están los haitianos. Estos defienden su lugar y les ofrecen los puños en una clara señal de desaprobación. Un haitiano y un africano se dan los primeros golpes. Un hondureño quiere figurar y se pone a mediar entre ellos con un megáfono. Un bullicio inunda aquel lugar. Es una mezcla de todos los idiomas. Una batalla en la que ya nadie se entiende con nadie, como en la historia bíblica de la Torre de Babel.

Un hondureño que está cerca de mí comenta en voz alta. “Quiere huevos darse verga con esos negros. Yo mejor voy a esperar”. 

Un haitiano que grita a todo pulmón desde las afueras de la batalla viste una camisa con una ironía. “Wish you Where here”. 

Un agente de Migración se acerca a Cheché y le pregunta quién nos autorizó para estar ahí. Cheché, como suele hacer en estos casos, le responde con otra pregunta y le dice que a quién se supone que le deberíamos pedir permiso para estar en un espacio público. El agente se molesta y nos ordena salir inmediatamente de ahí. Cheché le repite: “¡Aquí es un espacio público!”. El agente abre los ojos a más no poder. Junta la rabia en su cara y toma el megáfono.  “Aquí hay unos periodistas. Mientras ellos no se vayan, la cola no va a avanzar, señores. Se tiene que ir ellos si quieren que sigamos con el proceso”. 

Los migrantes detienen su batalla campal y nos  empiezan a gritar que nos vayamos. “Hermano ¡váyanse al carajo! ¿Que no ven que aquí estamos comiendo mierda?”, nos dice un hondureño. Otros nos gritan en creole, en árabe, en portugués, en español. El agente ganó. 

Antes de irnos agudizo el oído y al fondo del griterío se escucha una voz que repite. “¡Número 202! ¡Número 202!”. Ahmed, el número 369, regresa su pequeño cuerpo a la cola. Quizás consiga en este Estadio Olímpico que en realidad es un campamento un papel que le sirva de poco en su camino.  

Por mi parte hoy, después de presenciar esta escena, tengo una especie de epifanía: debo quedarme a vivir y reportear en esta Babel de nuestros días.

El exalcalde del Distrito Central y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, enfrenta un proceso judicial por corrupción. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) presentó un requerimiento fiscal el 10 de octubre, acusándolo de lavado de activos, malversación y fraude, entre otros delitos. Las acusaciones, basadas en una solicitud de antejuicio que fracasó en 2021, se originan de un supuesto desvío de 28 millones de lempiras entre 2017 y 2018. La audiencia inicial está programada para el 4 de noviembre. 

 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC 

Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central y actual precandidato presidencial por el Partido Nacional, enfrenta un proceso judicial relacionado con supuestos actos de corrupción cometidos por él y otras personas entre 2017 y 2018. La Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó contra él un requerimiento fiscal el 10 de octubre por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios. 

La acusación llega casi dos años después de que, el 26 de octubre de 2020, la Uferco presentó una solicitud de antejuicio en su contra por el mismo caso, pero este antejuicio fue desestimado en diciembre de 2020.  

El requerimiento fiscal actual detalla que se emitieron 32 cheques a nombre del implicado y de personas asociadas a él, justificados como fondos rotatorios, fondos especiales y reembolsos de gastos. Sin embargo, se presume que estos recursos se utilizaron para cubrir gastos no oficiales, financiar campañas políticas y gastos personales.

Como parte del mismo entramado de corrupción se menciona a Mario Zerón, exdirector de Administración y Finanzas Municipales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC); Rony López, exasesor financiero de la alcaldía; así como a Wilmer Rodríguez y Roger Amador, ambos exempleados de Cosemsa, empresa vinculada a Asfura. También se incluye a Óscar Uriarte, socio fundador de Cosemsa y Decoesa, otra empresa también conectada con el exalcalde capitalino.

Volvé a leer: La billetera del precandidato a la presidencia «Tito» Asfura

La audiencia inicial contra Asfura, programada para el 4 de noviembre, se determinó después de que el juez le otorgara medidas sustitutivas a la prisión, tras pagar una fianza de 15 millones de lempiras el 21 de octubre.

1. No es la primera vez que se intenta someter a Nasry Asfura a la justicia

El 26 de octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), adscrita al Ministerio Público (MP), presentó una solicitud de antejuicio contra Nasry «Tito» Asfura, cuando todavía era alcalde de la capital hondureña, y las exregidoras municipales Nilvia Castillo y Cinthia Borjas, acusándolos de haber desviado alrededor de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía capitalina entre 2017 y 2018.

Sin embargo, el 26 de mayo de 2021, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «no ha lugar» la solicitud de antejuicio, a pesar de que había sido admitida por la Corte de Apelaciones Penal en Materia Anticorrupción. Posteriormente, el 3 de junio de ese mismo año, el Ministerio Público apeló esta decisión y solicitó la reposición de la resolución.

Finalmente, el 26 de diciembre de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concedió una acción de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de Asfura, lo que impidió al MP promover acción penal en su contra.

 La Corte Suprema, basándose en el decreto 116-2019 —derogado por el Congreso Nacional (CN) el 2 de agosto de 2023—, ordenó que se suspendiera toda acción penal hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) efectuara una auditoría y determinara en qué tipo de responsabilidad incurrió el exalcalde del Distrito Central. 

2. Inédita cadena nacional

El fiscal general Johel Zelaya apareció el 21 de octubre de 2024 en una conferencia de prensa transmitida por cadena nacional, en la que descartó que las acciones emprendidas contra Nasry Asfura sean una persecución política, asegurando que perseguirá el delito sin distinguir la condición económica o de poder de los responsables.

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«El pueblo hondureño no cree en las falsas narrativas de persecución política cuando existen pruebas contundentes de la comisión de delitos. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos sin respetar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas; perseguimos el crimen, la corrupción y a todos aquellos que han sido cubiertos por el manto de la impunidad», indicó Zelaya.

El fiscal general Johel Zelaya durante una conferencia de prensa afuera del edificio principal del Ministerio Público (MP). Tegucigalpa, 3 de noviembre de 2023. Foto: CC / Fernando Destephen.

3. Un ministro del actual gobierno, beneficiado por la corrupción de Asfura

Durante la cadena nacional en la que comparecieron el fiscal general Johel Zelaya y el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, salió a relucir el nombre de Octavio Pineda, actual secretario de Infraestructura y Transporte. Según la Fiscalía, 735,599.81 lempiras fueron pagados por un contrato entre la empresa Amahsa y Geo Construcciones S.A. de C.V., que era propiedad de Pineda Paredes, para la construcción del parqueo privado de la residencia del representante legal de Amahsa, Johnny Kafati.

El 28 de febrero de 2022, Octavio Pineda Paredes y su padre, Octavio Pineda Medina, cedieron el 100 % de sus acciones en Geo Construcciones, S. A. de C. V., a Alex Alberto Cálix Medina y Juan Carlos Cruz, según consta el registro público de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT). 

Contracorriente identificó además que parte de los protocolos de la empresa Geo Construcciones S. A. de C. V. fueron certificadas notarialmente por la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel. 

4. Nasry Asfura asegura ser «perseguido político»

El 22 de octubre de 2024, en una conferencia de prensa, Nasry Asfura afirmó que nunca se apropió de recursos públicos, y cuestionó: «¿Para quién soy una amenaza?».

«No debo nada, no le temo a nadie, no soy una persona abusiva ni interesada en hacer maldades o apropiarse de algo indebido. Me he dedicado a trabajar durante 48 años para serlo», indicó Asfura.

El día anterior, acompañado de su defensa legal y rodeado de simpatizantes del Partido Nacional, así como de algunos diputados como Tomás Zambrano, Asfura se presentó a la audiencia de declaración de imputado en el Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, en Tegucigalpa.

Su defensa asegura contar con evidencia suficiente para ganar el caso. En la misma conferencia del 22 de octubre, Dagoberto Aspra, apoderado legal de Asfura, destacó que lograron vencer al MP en el intento de antejuicio entre 2020 y 2021 y que ahora están seguros de «ganar el caso».

Nasry Asfura durante una movilización política con simpatizantes del Partido Nacional y el desaparecido Bloque de Oposición Ciudadana (BOC). Tegucigalpa, noviembre de 2023. Foto: CC / Fernando Destephen.

Aspra argumentó que la misma evidencia presentada por el MP en el requerimiento fiscal les permitirá triunfar en la defensa. Según él, una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que únicamente señala a Asfura por una falta de carácter civil, será la «lápida» para la acción penal promovida por los fiscales. 

«Ahora quiero ver qué van a hacer con esa auditoría del TSC; con los mismos medios de prueba que presentó el Ministerio Público, nosotros vamos a ganar el caso. Lo que la auditoría del TSC reveló es una responsabilidad civil por 114 mil lempiras», manifestó Aspra.

5. Uso inadecuado de recursos públicos

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre 2017 y 2018 se emitieron 32 cheques a nombre de los imputados, justificados como «fondos rotatorios» y «reembolsos de gastos». Los fondos de estos cheques fueron depositados en cuentas personales y utilizados en beneficio de personas relacionadas con Asfura. Se acusa que parte del dinero desviado se utilizó para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía y gastos personales, como el pago de tarjetas de crédito a nombre de las hijas de Asfura y la compra de joyas.

6. Empresas ligadas a Asfura, beneficiadas por cheques de la alcaldía

Óscar Uriarte, otro de los imputados por el Ministerio Público (MP), está relacionado con Asfura Zablah a través de las empresas Cementos S. A. y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A. Además, es socio fundador de las empresas Decoesa y Crédito Inmobiliario Jacaleapa S. A., en las que Asfura ha tenido participación.

Uriarte también fue uno de los socios fundadores de Cosemsa, empresa vinculada a Nasry Asfura que durante décadas, junto a Amahsa, propiedad de Johnny Kafati —socio de Asfura—, ha compartido el monopolio de la recolección de desechos sólidos en el Distrito Central. 

7. Nasry Asfura, parte de los Pandora Papers

El 3 de octubre de 2021, Contracorriente y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicaron la investigación Pandora Papers, en la que se incluyó a Nasry Asfura como accionista mayoritario de una sociedad offshore denominada Karlane Overseas, localizada en Panamá, mientras desempeñaba un cargo de elección popular. 

La posesión de sociedades offshore por sí misma no es evidencia de actividades irregulares, pero el hecho de que Asfura figuraba como accionista mientras era servidor público abre interrogantes. Asfura no explicó para qué usó la empresa.   

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8. Nasry Asfura, precandidato presidencial

Nasry Asfura es uno de los actuales precandidatos presidenciales por el Partido Nacional. Tras haber perdido las elecciones generales de 2021 frente a la presidenta Xiomara Castro, quien llegó al poder tras una alianza entre su partido, Libertad y Refundación, y el Partido Salvador de Honduras (PSH), Asfura busca convertirse en el candidato del nacionalismo para los comicios del 30 de noviembre de 2025. Sin embargo, el proceso judicial que enfrenta podría complicar su candidatura.

9. Señalamientos a Asfura por haber negociado la elección del fiscal general

El 28 de febrero de 2024, el diputado Jorge Cálix, del Partido Liberal, acusó al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, de haberse reunido con Nasry Asfura para negociar la elección de Johel Zelaya como fiscal general, como parte de una componenda política a cambio de favorecer al socio empresarial de Asfura, Johnny Kafati.

El 6 de junio de 2024, el medio Criterio reveló que, años atrás, Johel Zelaya tuvo como clientes en su notaría a Asfura y Kafati, así como a las empresas Decoesa y Cosemsa.

Tras ser juramentado fiscal general interino por la Comisión Permanente del CN el 1 de .noviembre de 2023, al Partido Libertad y Refundación (Libre) le tocó negociar con las bancadas de los partidos Nacional y Liberal, hasta conseguir los 86 votos que el 28 de febrero de 2024 convirtieron a Zelaya en el primer fiscal del país.

10. Los fondos rotatorios siguen vigentes

Los fondos rotatorios, un mecanismo caracterizado por su escasa transparencia y destinado a supuestas ayudas sociales al que acceden el alcalde, vicealcalde y regidores municipales, continúan vigentes. El 5 de agosto de 2024, en Contracorriente evidenciamos que en la Alcaldía Municipal del Distrito Central este fondo sigue ejecutándose sin suficientes estándares de transparencia. Entre 2022 y 2024, la Corporación Municipal capitalina ejecutó 67 millones de lempiras, y la mayoría del dinero se entregó en efectivo a los beneficiarios.

Durante un XSpace organizado por Contracorriente, el alcalde Jorge Aldana admitió que existen vacíos en la transparencia con que se liquidan estos fondos.

Un día de septiembre de 2021, a solo dos meses de que Nayib Bukele cumpliera la mitad de su mandato, la Policía Nacional Civil (PNC) generó un reporte que vinculaba a agentes policiales con el asesinato de 279 personas en los 33 meses transcurridos desde enero de 2019. Para entonces, la Fiscalía ya tenía años siguiendo la pista a una organización a la que se conoció como Los Exterminio, que había iniciado en 2015 asesinando pandilleros, pero que después diversificó sus operaciones criminales y comenzó a asaltar todo tipo de negocios, a extorsionar, a dedicarse al sicariato y hasta a matar a policías sospechosos de estarles investigando. Los Exterminio nacieron en el oriente de El Salvador de la desesperación de unos empresarios asediados por las pandillas y, a pesar de que estas estructuras han sido desarticuladas desde 2022, uno de los fundadores del grupo asegura que en 2024 siguen operando. “Pero ya solo matan por dinero”, dice. Además, confiesa que él mismo tuvo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Los Exterminio han operado bajo la cobertura y colaboración extraoficial de la PNC y bajo la mirada displicente del Estado. La misma Fiscalía, que los investigó, supo de los planes para asesinar a por lo menos 54 personas y permitió que las mataran. Esta es la historia de una organización que ha penetrado a la Policía Nacional Civil y cuyos crímenes están en la impunidad.

Por Bryan Avelar y Juan José Martínez D´Aubuisson / GatoEncerrado.news
Edición: Ricardo Vaquerano
GatoEncerrado.news

Capítulo I: Ropas oscuras

En la madrugada del 10 de abril de 2016, un grupo de hombres que vestían ropas oscuras llegó a bordo de dos pickups todoterreno frente a la entrada de la cantina “El Basil Tropical”, ubicada a solo unos metros de la playa El Cuco, en el oriente de El Salvador. Algunos, aparte de armas largas, llevaban un machete en mano. Bajaron de los pickups y al entrar a la cervecería encontraron un grupo de hombres y mujeres jóvenes que escuchaban música, departían y bebían las últimas cervezas de la noche. “¡Somos la ley!”, gritaron, y les ordenaron que se tumbaran boca abajo. Seleccionaron a cinco personas y comenzaron a darles machetazos en el cuello y la cabeza. Quienes morían gritaban pidiendo auxilio y quienes mataban gritaban la sentencia: “¡Hoy sí les tocó, hijos de puta!” El ataque duró media hora. Los hombres con ropas que parecían ser uniformes de policías o militares limpiaron sus machetes, salieron y, antes de abordar los pickups, dispararon un par de veces al aire en señal de retirada.

La matanza inició cerca de la 1:30 de la madrugada y terminó a las 2:00 a.m. El puesto policial más cercano estaba ubicado a solo 85 metros de distancia -o a un minuto caminando-, pero ningún policía acudió sino hasta dos horas después. Cuando por fin llegaron, los agentes vieron a un joven que, con machetazos en cuello y cabeza, les suplicaba auxilio. Lo ignoraron.

En aquella operación ocurrió algo que ni los asesinos ni sus víctimas habrían esperado que ocurriera: que la Fiscalía supiera de los planes para cometer la masacre y que dejaran que se consumara. El Centro de Intervenciones Telefónicas, adscrito a la Fiscalía General de El Salvador, tenía intervenidos los teléfonos de los asesinos desde hacía casi ocho meses y estaba al tanto de los planes. Como lo estuvo también cuando esa organización criminal que incluía en sus filas a numerosos agentes policiales y hasta a algunos mandos medios de la Policía Nacional Civil (PNC) planeó y consumó otros 50 asesinatos a lo largo y ancho de todo El Salvador durante años.

Esta es la historia de un grupo de criminales al que se llegó a conocer como “Los Exterminio” en aquellas localidades donde sembraba el terror, al que un informe interno de la PNC llegó a atribuir 279 homicidios cometidos en solo 33 meses de reportes, y que estaba integrado por empresarios, agricultores, ganaderos, policías y militares que se confabularon desde 2014 y que, según uno de sus fundadores, sigue operando en 2024.

La tardanza de los agentes del puesto policial de El Cuco en reaccionar ante la masacre en El Basil Tropical, aquellos oídos sordos ante una matanza a escasos metros de distancia y en la que hasta hubo disparos de armas de fuego, no fue pura displicencia. Fue parte del modus operandi que generaron Los Exterminio desde 2015, que requirió -y obtuvo- de la cobertura y cooperación de oficiales de la PNC que algunas veces hasta dieron órdenes para que se retirara retenes policiales ubicados en la ruta por donde llegarían los asesinos o en el camino por donde huirían.

Esta ola de homicidios, que se concentró particularmente en 32 distritos (hasta 2023 llamados municipios) de cuatro departamentos del oriente de El Salvador, se hizo tan evidente para la Fiscalía que abrió por lo menos tres investigaciones que logró llevar a juicio.

En la PNC fue tan notable el indicio de participación de agentes policiales que, en septiembre de 2021, ya avanzada casi la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, la institución generó un voluminoso reporte interno sobre casos similares al de El Basil Tropical, pero ocurridos entre enero de 2019 y septiembre de 2021.

La matanza en El Basil Tropical -luego se sabría- tuvo el involucramiento o participacion directa de por lo menos ocho miembros de la Policía Nacional Civil, incluido al menos el jefe de un puesto policial.

El propósito fundacional de Los Exterminio fue asesinar pandilleros, pero pronto comenzó a atender encargos con motivaciones diversas y en un momento los blancos de los ataques podían ser incluso los mismos agentes de la PNC que intentaron investigarlos o impedir su trabajo. La red criminal fue diversificando sus operaciones y hasta la fecha se le atribuye 14 robos, incluidos asaltos a agencias de compañías telefónicas y a agencias bancarias. La mayor ironía llegó cuando un día uno de los empresarios fundadores tuvo él mismo que esconderse cuando se enteró de que alguien más en la organización había ordenado que le mataran. Esta persona asegura que la organización ha seguido con vida hasta 2024, aunque detalla que ya solo se dedica a matar por dinero, al sicariato.

Si los asesinatos atribuidos a esta organización se cuentan por cientos, también sus integrantes. Entre 2015 y 2020, la Fiscalía procesó a 120 personas acusadas de más de 40 de esos homicidios y cinco tentativas de homicidio. La norma ha sido la impunidad: la gran mayoría de esos policías, soldados, empresarios, ganaderos y agricultores acusados de los crímenes están libres y al menos dos de ellos, incluido un jefe policial, han retornado a sus puestos como garantes del respeto a la ley.

La investigación para este reportaje encontró que los datos oficiales sobre los 279 homicidios cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021, aunque se acercan a las tres centenas, son una cifra conservadora. El reporteo que GatoEncerrado hizo en el lugar donde se cometieron 12 de los crímenes de Los Exterminio descubrió que muchas veces la cantidad de asesinatos que se reportaron cometidos por “personas uniformadas como policías” o por “personas vestidas con ropas oscuras” y que simulaban operativos policiales eran solo una fracción de los que en cada caso se cometían.

279 asesinatos, 120 acusados, 14 condenas

El 13 de septiembre de 2021, ya transcurrida casi la mitad del quinquenio presidencial de Nayib Bukele (del 1 de junio de 2019 al 1 de junio de 2024), la subinspectora Jessica Marisol Guevara, entonces jefa del Departamento de Análisis de la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) de la PNC, recibió en el buzón de su cuenta de correo electrónico institucional un mensaje de una de sus analistas. El mensaje era la culminación de una serie de intercambio entre policías y mandos medios y contenía un archivo en formato excel con un registro extenso de víctimas de homicidio en todo El Salvador. Los crímenes de aquella lista compartían dos características que constituían un patrón claro: en todos ellos, los homicidas vestían “ropas oscuras, parecidas a las que usan la PNC y la FAES” y en todos ellos los asesinos habían simulado operativos policiales. 

El documento, titulado “REQUERIMIENTO DECO HOMICIDIOS CON VESTIMENTA OSCURA”, contiene abundantes detalles de 279 homicidios cometidos entre el 4 de enero de 2019 y el 4 de septiembre de 2021. Aparte del nombre de la víctima y su edad, incluye las coordenadas geodésicas de la escena del crimen, la hora en que ocurrió y si la víctima estaba perfilada como miembro de alguna organización criminal.

La matanza en El Basil Tropical, aunque había sucedido cinco años y medio antes de aquel informe, tenía las características clave de los asesinatos caracterizados en ese reporte y constituía una de las huellas más claras que había dejado la actividad de aquel escuadrón de la muerte en su etapa temprana.

Para cuando la subinspectora recibió el reporte, la Fiscalía ya había hecho tres investigaciones sobre el fenómeno y una de sus conclusiones había sido que el problema era tan grave y el involucramiento de policías tan profundo que el compromiso riguroso de la Policía Nacional Civil como institución de prevención y combate del delito estaba en entredicho. 

La información de la Fiscalía y la de la Policía que retrata a esta red criminal ha estado bajo reserva, pero una serie de informes internos de la Policía Nacional Civil, más decenas de entrevistas con sobrevivientes de ataques, con investigadores policiales y fiscales, con un ex jefe policial, con al menos una docena de testigos y con uno de los empresarios fundadores de este escuadrón de la muerte, permiten concluir que todo ocurrió bajo la mirada del Estado y que la impunidad ha ganado la batalla.

El informe que recibió la subinspectora Guevara incluye una columna que se titula “Relato del hecho”, donde se incluye la descripción de los crímenes que los mismos policías que acudieron a levantar las escenas de los asesinatos redactaron en su momento. Esa información, más la que GatoEncerrado recogió en campo -a veces también se cruzó con notas de prensa que consignaban declaraciones policiales-, muestra que cuando la participación de agentes de la PNC era muy obvia, el hecho se reconocía pero se maquillaba como “enfrentamiento”. Esta investigación permitió descubrió también que varios de los homicidios sobre los que se reporteó en el terreno, fueron perpetrados días después de que las casas de las víctimas habían sido identificadas semanas antes por policías en allanamientos con fachada de legitimidad.

Por ejemplo, el documento registra que a las 7:55 de la mañana del 1 de julio de 2020, cuando Bukele cumplía 13 meses como presidente de El Salvador, los investigadores policiales llegaron a reconocer el cadáver de Carlos Ernesto Hernández Trejo, de 22 años, en la zona rural del distrito de Jucuarán, en sur del departamento de Usulután. 

El relato de los policías detalla que a las 11:45 de la noche anterior, “cuatro sujetos desconocidos, dos vestidos de ropas oscuras, aparentemente de policías, y los otros dos con ropas camufladas, parecidas al uniforme que usan los miembros de la Fuerza Armada, todos armados con armas de fuego de tipo corto y largo, les tocaron la puerta principal de su vivienda y se identificaron como policías”. Un familiar de Carlos Ernesto Hernández Trejo abrió la puerta y los uniformados ingresaron, esposaron a la víctima y le dijeron al familiar que si quería ver a su pariente “podía ir a verlo a las bartolinas de la delegación de Usulután”. Todo esto “sin mostrar ninguna orden de detención”. Los hombres amenazaron al familiar de la víctima con una pistola en la cabeza y le conminaron para que permaneciera dentro de la casa. “Posterior a estos hechos, el familiar procedió a llamar a la Policía y a dar aviso de lo sucedido (…). Inmediatamente llegaron los policías uniformados a bordo del equipo policial # 05-3554 pertenecientes a la subdelegación policial de Jiquilisco, Usulután; quienes de inmediato alertaron de los hechos sucedidos a dicha subdelegación, y procediendo a rastrear la zona. Es así que aproximadamente a unos 30 metros de la vivienda en donde residía la víctima, sobre el suelo y la maleza de la calle, fue encontrado el cuerpo ya sin vida del señor”, dice el documento.

Al siguiente día, fuentes policiales admitirían la participación de policías en el crimen, aunque dirían que había habido un enfrentamiento. Aquel hecho fue registrado por La Prensa Gráfica en una escueta nota, que además revelaba que las personas asesinadas habían sido dos, no solo Hernández Trejo. La nota asegura que, según información brindada por “las autoridades” en el lugar también fue encontrado muerto Geovanni Alexander Franco Hernández “ambos abatidos en un supuesto enfrentamiento con policías. La Policía Nacional Civil asegura que los fallecidos eran pandilleros y que atacaron a los agentes mientras realizaban un patrullaje preventivo. Agregan que otros pandilleros participaron y escaparon. No se reportan policías lesionados”.

El documento que llegó a las manos de la subinspectora Guevara incluye una columna titulada “Victimario”, y en este caso los investigadores colocaron en la casilla correspondiente tres letras: “PNC”. En la columna “Tipo de Violencia” escribieron “Procedimiento policial”.

Un informe interno de la Policía Nacional Civil expone las circunstancias de 279 asesinatos cometidos entre enero de 2019 y septiembre de 2021. Esos homicidios tienen en común lo que los agentes escribieron en dos columnas clave: en la de “Victimario” colocaron tres letras, “PNC”, y en la de “Tipo de violencia” escribieron “procedimiento policial”.

Así como este, el documento consigna otros 278 casos en los que lo que varía es el lugar, el número de víctimas y la hora de los homicidios, pero en la mayoría se repite el modus operandi. 

El fenómeno que retrataban los datos de aquel documento no era algo ajeno al más alto nivel de la Policía. Al menos desde finales de 2020 hasta mayo de 2021, la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información (UCATI) elaboró 17 informes que remitió al subdirector de Investigaciones de la PNC, Rómulo Pompilio Romero, en los que se advertía sobre la operación de estas estructuras criminales. 

Por ejemplo, el informe de la UCATI del 7 de enero de 2021, titulado “Informe de Inteligencia Criminal Nacional Mensual (ICE-NM)” consigna que en el mes previo fueron registrados 102 homicidios en diversos puntos de El Salvador, de los cuales tres se atribuyen a “Actuación de Grupos Armados”, por casos ocurridos en los distritos de Usulután, Concepción Batres (ambos en el departamento de Usulután) y Guaymango, en Ahuachapán.

El informe advierte que en en estos tres casos había un patrón: “Todos estos hechos con la particularidad de actuación de grupo armado con modalidad metódica y organizada; las víctimas, 01 miembro de la mara MS13, 01 de la Pandilla 18S y 01 sin perfil pandilleril; en estos hechos se identifica la utilización de ropas oscuras similares a policías y cubiertos del rostro”.

Otro informe, correspondiente mayo de 2021 y fechado 14 de junio, reporta 118 homicidios en todo el país, de los cuales atribuye seis a la “Actuación de Grupos Armados”. El análisis de aquellos homicidios dice lo siguiente: “Todos los casos tienen la particularidad de actuación en grupo, utilizando vestimentas similares a las policiales y militares y haciéndose pasar como policías o soldados. En el caso de Santa María, en Usulután, ya suma 2 casos, el anterior ocurrió en abril, en la misma colonia y cantón del reportado en este mes de mayo. Los otros municipios que presentan este tipo de actuación son: San Miguel, Sensuntepeque, Moncagua, Armenia y Panchimalco”. Sobre estos informes, hasta donde GatoEncerrado pudo corroborar al revisar el intercambio de correo institucional, no hubo respuesta de parte del subdirector de investigaciones de la Policía. El subdirector Rómulo Pompilio Romero murió el 8 de septiembre de 2024 en un accidente de helicóptero en el que se transportaba junto a otro subdirector policial y junto al director general de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, quienes también perecieron en el choque.

El documento que llegó a la subinspectora Guevara y el intercambio de correo institucional sobre la detección de este escuadrón de la muerte fueron puestos bajo dominio público en 2022 por el grupo DDO-Secrets en lo que se conoció como la filtración “Guacamaya Leaks”.

A partir de ese documento GatoEncerrado eligió 10 localidades de los tres distritos del oriente de El Salvador que mostraban mayor incidencia de grupos de exterminio para ir a levantar información sobre lo ocurrido. Entre octubre de 2023 y febrero de 2024 GatoEncerrado visitó 10 cantones de los distritos de San Miguel, Concepción Batres y El Tránsito. Durante esas visitas se conversó con familiares de 12 víctimas, se entrevistó a agentes policiales, líderes comunales, investigadores privados, fiscales, trabajadores del sistema de justicia que tuvieron acceso a investigaciones relacionadas con estos casos, dos pandilleros locales y un miembro fundador de uno de los principales grupos de exterminio que operaban en esa zona. Todos los entrevistados coinciden en que Los Exterminio han operado con impunidad. Esta investigación es el producto de ese trabajo más lo que se pudo recoger a lo largo de decenas de entrevistas con políticos, líderes locales y varios miembros de Los Exterminio -incluido uno de sus fundadores- realizadas desde 2016 hasta el primer semestre de 2024.

GatoEncerrado también tuvo acceso a tres investigaciones de la Fiscalía presentadas ante el sistema judicial que corresponden a casos del período 2015-2020 y que tienen reserva total, es decir que están puestas bajo secreto por el Estado.

Esos requerimientos de la Fiscalía ante los juzgados describen en cientos de páginas un entramado en el que policías de bajo, medio y alto rango, empresarios locales y ganaderos del oriente de El Salvador se organizaron para crear grupos de “limpieza social” bajo la sombra y mirada del Estado y mataron durante seis años a decenas de personas con presunta pertenencia a pandillas. Los documentos también describen cómo el sistema de justicia salvadoreño, incluyendo al que desde mayo de 2021 es controlado por Bukele, se encargó de dejar libre a la inmensa mayoría de los señalados: de 120 imputados, hasta febrero de 2024 solo se informaba públicamente de la condena de 14.

GatoEncerrado visitó 10 localidades del oriente de El Salvador para buscar en campo información sobre los 279 asesinatos con presunta participación policial que registró la PNC en 2021. Conclusiones: 

  • El informe interno de la PNC se quedó corto sobre la cantidad de homicidios cometidos por Los Exterminio con participación policial.
  • Los ataques solían disfrazarse como “enfrentamientos”.
  • Con frecuencia a la visita de Los Exterminio le precedía una visita policial. 

El de Esperanza es uno de decenas de casos similares en esta parte del suroriente salvadoreño donde todos los indicios apuntan a que los asesinos eran policías. Para ubicar a esas víctimas del grupo de exterminio en los cantones de San Miguel y Usulután que GatoEncerrado visitó, este medio elaboró un “mapa de los muertos” que usa las mismas referencias geográficas que los habitantes locales y que quedaron reflejadas en los reportes policiales elaborados al levantar las escenas de los asesinatos e incorporadas luego al documento que llegó a la jefa de la UCATI. Los oficiales incluyeron indicaciones como “Cerca del tanque”, “A X casas de la caldera”, “cruzando el cañal”… Sin embargo, son tantas las víctimas de Los Exterminio en esta zona que una víctima lleva a otra y así sucesivamente.  

“Aquí hubo bastantes muertes que hicieron esos hombres. Aquí en la caldera vive Fernanda, la hermana de una señora que mataron. La finada se llama Dafne”, cuenta Esperanza. “También mataron a un muchacho. A esa gente la mataron un mes después de que me mataran a los míos”, dice.

Dar con la casa de Dafne es relativamente fácil. Basta con preguntar por “la señora que mataron Los Exterminio por aquí” y la gente señala su casa. Ahí está Fernanda, la hermana, quien ahora habita con su familia esa casa. Dafne era madre de un pandillero de la MS13 que ya estaba condenado y preso en una cárcel del occidente salvadoreño. Un día llegaron unos policías que hicieron un cateo. Y, como en otros casos, semanas después aparecieron Los Exterminio y la mataron. Fernanda cuenta que a su hermana le sacaron de su vivienda la noche del 19 de enero de 2019, dos semanas después de la ejecución de V. y E., la interrogaron en un callejón a metros de su casa y allí la asesinaron. Como en varios casos documentados por este medio, la visita policial se convirtió en un hecho premonitorio de la visita de Los Exterminio.

De acuerdo con el informe sobre homicidios cometidos por personas con “Ropas oscuras”, el fenómeno se ha manifestado en los 14 departamentos del país, pero la mayor incidencia ocurrió en la zona oriental. 

En 2017, la Revista Factum reveló la existencia de grupos de exterminio que operaban dentro de unidades élite de la PNC y que tenían capacidades para movilizarse a cualquier zona del país para matar pandilleros, familiares de pandilleros o simplemente para cometer sicariato.

La operatividad de estos grupos probablemente se ha ido reduciendo: el documento que recibió la subinspectora Guevara registró en 2019  un total de 183 casos; en 2020, 60, y en los primeros nueve meses de 2021, 34. Para febrero de 2019 ya había registrado como victimarios a dos agentes de la PNC. Una de cada 10 personas asesinadas eran mujeres: 27 de las 279.

Familiares de víctimas, líderes comunales, pandilleros activos, dirigentes políticos e incluso un miembro fundador del escuadrón aseguran que Los Exterminio dejaron de operar de forma sistemática desde marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, pero… “Ellos siguen operando, pero ya solo con casos particulares. Pendientes que les han quedado y casos por los que les dan dinero. Sicariato, pues”, asegura Leñador, uno de los fundadores del grupo que ahora dice haberse retirado, pero que está al tanto de lo que ocurre en la organización. “Ahí adentro tengo gente que me ha contado que incluso me quieren matar a mí”, dice Leñador.

A finales de 2014, un militar retirado recibió una amenaza directa de la MS-13 contra su familia y su negocio. Para “Leñador” aquello fue demasiado y fundó lo que eventualmente se conocería como “Los Exterminio”. Su ejemplo inspiró a otros y surgió una red de grupos cazapandilleros con cierto nivel de coordinación, pero pronto a muchos de sus miembros ya solo les importaba lucrarse y se convirtieron en asaltabancos, en extorsionistas y en sicarios. Un día el mismo Leñador tuvo que esconderse de Los Exterminio cuando supo que alguien dentro había ordenado que le asesinaran.

Como militar retirado, Leñador no tuvo muchas dificultades para contactar ni con amigos policías ni con amigos militares. Se organizaron y convocaron a sus colegas empresarios. Juntos decidieron, dice, “darle seguimiento a los extorsionistas”. Cuando se le pide que precise en qué consistía esa operación de “dar seguimiento” a los extorsionistas y qué hicieron con ellos, Leñador es difuso, ambiguo y se contradice. Rápido prefiere pasar a contar que luego de esa primera y difusa “operación” comenzaron a buscarlo otros amigos que estaban padeciendo el mismo problema. Esta vez ya no eran solo del mismo rubro que él, lo buscaron ganaderos y agricultores para que les “asesorara” sobre cómo enfrentar la situación. “Asesorar” es el verbo que Leñador usa para referirse a sus actividades. No era una ocupación habitual, y además, según él cuenta, no cobraba nada por estos “servicios”. En estos menesteres descubrió y conoció a otros empresarios y a exmilitares y policías en servicio que se dedicaban a cazar extorsionistas y perseguir bandidos en el oriente del país. Sin embargo, tanto Leñador como sus colegas sabían que su pretensión era cazar a un depredador poco conocido, a un animal de muchas cabezas.

El grupo de Leñador fue el inicio y sirvió de inspiración para que luego surgieran células de exterminio similares en diversidad de lugares del oriente salvadoreño. Aunque no había una cabeza como comando general, sí había una interacción suficiente con la organización fundada por Leñador para coordinar operaciones.

Leñador es uno de los miembros fundadores del grupo de exterminio en San Miguel. Cuenta que su vinculación con aquellos amigos inició luego de pasar una década extorsionado por una célula de la Mara Salvatrucha 13. Leñador es dueño de un próspero negocio en la periferia de la ciudad. Cada mes, desde el año 2005, dice Leñador, pagó una cuota que varió desde los 200 hasta los 2 mil dólares. Pero no fue el hastío de la extorsión lo que lo empujó a vincularse con los que luego serían conocidos como Los Exterminio, sino una llamada que recibió una tarde a finales de 2014.

“Los cabrones querían aguinaldo. 3 mil dólares extras aparte de los 2 mil mensuales que me estaban pidiendo. Me dijeron que ya sabían dónde trabajaba mi esposa y dónde estudiaban mis hijos. Me mandaron una foto de ellos en la calle. Los tenían vigilados. Entonces dije ya basta”, recuerda Leñador. En ese momento, dice, empezó el germen de lo que terminaría siendo un grupo de “limpieza social”.

Así, Leñador terminó siendo fundador de un grupo de exterminio que operó durante mucho tiempo gracias a las características que se le imprimió. Fundó una organización que no solamente tenía un brazo armado para poder seguir su razón de ser -hombres dispuestos a matar-, sino que también requería de logística para poder localizar con precisión los blancos de sus ataques, de cobertura para poder ejecutar sus asaltos sin sufrir mayores contratiempos, y de impunidad para poder cometer cientos de asesinatos durante años y sin castigo. Dicho de otra forma: fundó una organización que requería -y obtuvo- colaboración extraoficial de agentes del Estado.

“Mi primer acercamiento fue por el coronel de esta zona”, explica Leñador. “Mi amistad con él empezó cuando me pidió ayuda… Yo le presté un camión. Con el tiempo él se enteró de mi problema y un día me habló en confianza: Mire, yo ando en esto y lo que le pasa a usted me pasa a mí, me dijo”.

Sintiéndose protegido nada menos que por la Fuerza Armada, Leñador se dio a la tarea de guiar a Los Exterminio por varias localidades del oriente de El Salvador, lugares que él conocía por la naturaleza de su trabajo, que es lidiar con muchos ganaderos y pequeños empresarios de toda la zona. “Empezamos por mi colonia. Ahí empezamos limpiando todo aquello. Yo introducía al lugar a la patrulla por la noche y los llevaba a las casas de los pandilleros”, recuerda. Una vez dio por limpio su propio vecindario, Leñador y sus cómplices extendieron sus operaciones: “Después seguimos con otras colonias y por último nos íbamos a meter a otros cantones. Ubicamos a un montón de esos malditos. Yo calculo que a unos veinte o treinta, quizá”. Dice que “los ubicaron”, como un eufemismo para no pronunciar que les asesinaron.

Leñador y sus colegas no hacían esto como práctica habitual, ni se dedicaban a esto a tiempo completo, sin embargo habían generado una red de contactos y un modus operandi que fácilmente se podía montar una operación en caso de ser necesario. 

El monstruo al que pretendían acorralar lo constituían varias facciones de la pandilla Mara Salvatrucha 13. Una estructura de múltiples liderazgos y bastante atomizada en un país que en 2015 sufrió más de 6 mil 600 homicidios, la gran mayoría atribuibles a las tres principales pandillas. Ese estallido estaba relacionado con el fin de la tregua que esas organizaciones pactaron en 2012 con el gobierno del presidente Mauricio Funes.  El grupo que fundó y que lideró Leñador salió a la busca de los pandilleros y sus colaboradores con esta narrativa: son una plaga y, como plaga, hay que eliminarla.

Al poco tiempo, sin embargo, aquel proyecto se descarriló y se perdió de vista el propósito original para dedicarse a una variedad de crímenes. El origen del descarrilamiento estuvo, dice Leñador, en el origen del financiamiento externo que recibía la organización.

“Pronto aquello se empezó a degenerar. El problema es que como para operar se necesita dinero y muchas veces eran hermanos lejanos los que mandaban cien, doscientos, trescientos dólares, que se ocupaban para gasolina, carros, munición… usted sabe…. Pero de pronto algún hermano lejano decía “aquí le mando este dinerito extra pero quíteme a fulano”. Ya era una cosa más personal”, dice Leñador.

Ahora Leñador huye de la misma organización de la que fue fundador. Dice que luego de varios operativos que desarticularon el corazón de la estructura, producto de las investigaciones de la Fiscalía, en la organización surgieron sospechas. Y hubo quienes sospecharon de él porque él nunca fue señalado y mucho menos acusado. “Yo tengo investigadores dentro de la Policía que me han contado que hay supuestos testigos que me quieren echar de cabeza a mí. Y todo porque yo no he salido con mis manos manchadas”. Asegura que ya escapó varias veces de la muerte. “No es una vez que me han intentado matar en estos años. Pero hay un Dios que me protege. Y yo también que me defiendo”, dice, mientras toca su “raja de leña”, la escopeta que siempre lleva consigo.

Policías reacios a investigar a compañeros

Un pandillero de la MS-13 miembro fundador de la clica Saylor Locos Salvatruchas también recuerda aquellos años como el inicio de una guerra inesperada, una revuelta en la que los patos empezaron a dispararle a las escopetas en días en que los pandilleros eran las escopetas. “No´mbre, de repente se empezaron a organizar los buseros (empresarios de autobuses) y los de los autolotes (vendedores de vehículos usados). Ellos empezaron con todo eso, junto con un jefe policial de San Miguel. Simulaban operativos, pero no iban a capturar, sino que a matar. Entonces tiramos la línea (orden) de no calentar la zona por un tiempo mientras veíamos cómo hacer”, relata Samurái, quien ahora vive en Estados Unidos. 

Concuerda con Leñador en que para los asesinos había financiamiento externo de la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos: “Nos empezaron a dar bajito. Todos los días mataban a cinco, seis, diez homeboys de nosotros. Andaban bien armados porque la misma gente que había venido huyendo para Estados Unidos les mandaba dinero para exterminar”.

Después de un tiempo en el que la pandilla decidía cómo reaccionar, la MS-13 planeó una contraofensiva. Orco es un pandillero iniciado en Los Ángeles, un marero de la vieja escuela. Después de vivir muchos años en California -incluidos casi 10 que vivió encerrado mientras purgaba una condena- regresó en 2015 a un país que apenas reconocía de su infancia. Aunque no es originario de ahí, la MS-13 le destacó como líder de una célula con base en San Miguel, aunque operaba a escala nacional. Era “Programa L.A.” y aglutinaba a algunos pandilleros deportados que no querían incorporarse a las clicas locales. Ahora habla desde México, donde está radicado.

Un ex jefe de la Policía recuerda cómo en los días en que Los Exterminio más asesinatos cometían, dentro de la institución surgió una dificultad para que policías investigaran a policías: “No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia”. La resistencia de los agentes a cumplir con su deber era tal que un día la Fiscalía General le anunció que iba a crear su propia policía.

“Puta, yo llego y me doy cuenta de que había un vergo de grupos de exterminio, y que les estaban pegando recio a los homeboy por todos lados. Y yo con este vergo de tinta (tatuajes) en toda la cara, ¡¿cómo putas iba a andar tranquilo?! De todas formas me activé, les dije que simón, que yo estaba de choque”, dice Orco, mientras se toma la sexta cerveza Corona en este restaurante de Ciudad de México y hace señas bruscas al mesero para que le traiga la séptima. Meseros y comensales no pueden disimular la curiosidad que les provoca un hombre tan corpulento y con la cara llena de tatuajes. 

Orco regresó a El Salvador en uno de los momentos más críticos para la MS-13, pues no solo peleaban una guerra muy violenta contra el Estado salvadoreño, sino que libraba una guerra interna. Y ahora se agregaba la ofensiva de Los Exterminio. Los pandilleros del Programa L.A. planearon una respuesta: diseñaron un atentado contra uno de los grupos que operaba en el departamento de San Miguel. Era 2016 y se armaron con tres fusiles, varias pistolas y una escopeta. Su pretensión era emboscar a un grupo de ganaderos organizados para matar pandilleros y que ya llevaban varios mareros en sus cuentas. 

Se llegó el día y el grupo de 15 mareros llegados en los meses previos desde California y casi sin experiencia en batirse a tiros, se parapetaron a la orilla de un camino para esperar en la oscuridad el paso de los pickups con ganaderos. La idea era emboscarles en una curva y soltarles una lluvia de balas, robarles las armas, el dinero y huir. Pero uno de ellos se adelantó, disparó un vetusto M-16 antes de tiempo, el arma se encasquilló al segundo disparo y explotó, dejando el cañón como un florero. Orco, aunque a una distancia muy grande para acertar con su arma, accionó su escopeta, pero de esta no salió nada. A los demás les pasaron desventuras similares y apenas unos cuantos tiros llegaron hasta los vehículos. Los ganaderos respondieron con mucha consistencia al fuego de los mareros y los pusieron en huida en menos de cinco minutos. 

“Puta, corrimos por ese cerro hijueputa y nunca llegamos al final. Y como nosotros no llevamos agua nos íbamos ahogando. Abajo vimos las luces de unos 10 carros más que habían llegado a darles apoyo. Coma mierda, logramos salir del cerro hijueputa ya amaneciendo y entramos a una selva. Vieras qué perro eso”, dice Orco. 

La respuesta a Los Exterminio salió mal, muy mal, y ese grupo de ganaderos siguió asesinando. El Programa L.A. era en 2016 apenas un nombre pomposo para una junta escuálida y desorganizada de la que nadie se quería hacer cargo, salvo Orco. El enfrentamiento dejó algo claro: la M-S13 no era una estructura de gran poder bélico, y la saña con la mataban a otros pandilleros y a civiles desarmados, poco servía para enfrentar a un grupo de hombres decididos, bien armados y con respaldo de agentes en el Estado.

Aunque las operaciones de aquel grupo de ganaderos cumplía el propósito fundacional de Los Exterminio, luego aquella organización se convertiría en un verdugo más para las personas particulares, pues se dedicó a matar a cambio de dinero, comenzó a practicar extorsiones y a asaltar bancos y otros establecimientos. Pronto se convirtió en un grupo criminal más. 

Un ex alto mando de la Policía salvadoreña que conoció el origen y desarrollo de aquella organización aceptó hablar con GatoEncerrado a cambio de no divulgar su identidad y con la condición de platicar fuera de El Salvador. En la conversación sostenida en un país de Centroamérica a finales de 2023, Azul precisó los puntos geográficos donde nació. “Eso empieza en la zona de El Tamarindo, El Cuco y luego se empieza a extender. Fue como un animal que fue creciendo”, relató Azul, para señalar dos de las playas con más atractivo turístico en el extremo suroriental de El Salvador.

De acuerdo con Azul, la figura de Los Exterminio es muy cercana a la de la Sombra Negra, una organización que surgió en San Miguel en los años 90 con el propósito de hacer “limpieza social”, un eufemismo para referirse a cometer asesinatos de personas que los homicidas creyeran que eran indeseables. “Los Exterminio son como la Sombra Negra 2.0. Ellos también fueron financiados por empresarios medianos y no solo mataban pandilleros, eran un grupo que empezó con una figura de limpieza social y terminó sicariando”, dice Azul.

Azul fue uno de los mandos policiales que estuvo a cargo de las investigaciones en contra de Los Exterminio y lo que explica ayuda a comprender por qué la gran mayoría de personas involucradas con este escuadrón de la muerte están en la impunidad, y particularmente si se trata de agentes u oficiales de la PNC. Azul habla de tres factores. El primero era la enorme carga de trabajo en un país que ya lucía la etiqueta del más violento del mundo. “Había tres elementos que nos impedían atacar este mal. Primero, que teníamos demasiados casos de homicidios cometidos por pandillas por resolver. Los investigadores estaban saturados de casos. Segundo, los grupos de exterminio generaban empatía en la población. Si capturábamos policías por combatir pandilleros la gente se nos venía encima. Y tercero, que por esa misma empatía era difícil que los policías investigaran a otros policías. No es que obstruían la investigación, pero nadie quería mover un dedo para capturar a sus compañeros que, en teoría, estaban haciendo justicia, según ellos”, dice Azul. 

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación avanzara lento y flojo. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban en nosotros. De hecho, la fiscal encargada del caso llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación. No podíamos hacer nada contra ellos”, recuerda Azul.

Y mientras este grupo planificaba sus asesinatos, sus extorsiones o sus robos, la Fiscalía los escuchaba. Cuando este grupo hablaba con autoridades para coordinar sus actividades, la Fiscalía también escuchaba. Incluso cuando estos hombres comentaban sobre sus atrocidades había personal de la Fiscalía escuchando y grabándolo todo.

Capítulo II – El gobierno escuchaba cuando los policías mataban

Durante cuatro años y cuatro meses, los investigadores de la Fiscalía y de la División Élite contra el Crimen Organizado de la PNC (DECO) escucharon y siguieron los pasos a los miembros de Los Exterminio en la zona oriental de El Salvador. Sus investigaciones revelan el amplio uso de recursos policiales para consumar los asesinatos: Los Exterminios obtenían chalecos antibalas de la PNC, uniformes, lograban la movilización encubierta de patrullas ad hoc, recibían acceso a fichas policiales o a información que permitiera localizar a potenciales blancos de los asesinos y obtenían mano de obra numerosa con los agentes que participaban materialmente de los homicidios. Tal como sucedió con la matanza en El Basil Tropical. 

A las 12:16 del 9 de abril de 2016, dos hombres se comunicaron por teléfono y empezaron a planificar una masacre. Uno de ellos era Luis Antonio Lara del Cid, alias “Toño”, a quien la Fiscalía salvadoreña tenía ocho meses siguiéndole la pista y había identificado como líder de Los Exterminio. Acerca de Toño, pocas personas dan referencias por temor. Unos dicen que es empresario, otros que es ganadero. Todos coinciden en que es un hombre con dinero. El otro hombre era José Wilfredo Estrada Cedillos, alias “Will La Perra”, un empresario del oriente de El Salvador, uno de los principales financistas y miembro del grupo.

-Para hoy tenemos el tiro. Prepárese para eso de las 2:30. A esa hora entramos. Empecemos a coordinar ahí -dijo Toño, y colgó.

La matanza que planificaban ocurriría 13 horas más tarde en El Basil Tropical. Después de aquella primera llamada, ambos hombres comenzaron a contactar con otros en una serie de llamadas que estaba siendo escuchada por investigadores de la Fiscalía.

A las 5:55 de la tarde, Toño llamó por teléfono al agente policial José Isidro Vásquez y le preguntó si otro agente, de apellido Aragón, estaba trabajando ese día. Vásquez le contestó que sí.

-Entonces prepárense porque tenemos fiesta en Chilanguera (distrito costero del departamento de San Miguel) -dijo Toño a Vásquez.

-También están de turno el sierra y el sargento. Acuérdese que al sargento le gusta ir a esos eventos -sugirió Vásquez.

-A ver si me puede contactar con el cabo porque le he estado llamando y no me contesta.

Dos horas después, a las 7:59 p.m., el agente Vásquez se comunicó nuevamente con Toño para informarle que ya había hablado con el jefe del puesto policial de El Cuco, aquel situado a escasos 85 metros de El Basil Tropical. Le proporcionó el número del jefe. Toño le agradeció y le respondió que un colega de él, un investigador destacado en San Miguel, le había dado información de que en esa zona había una mujer que tenía una cantina y que ahí era el “recoledero de esos cabrones”, es decir, un punto de reunión.

-Ahí está esa vieja cerota y un cabrón al que le dicen Gallinita.

-No hay que dejarlo escapar -respondió Vásquez.

-No se preocupe-, respondió Toño.

A las 8:06 p.m., otro agente, identificado como Jaime Ernesto Bonilla, alias Jaimito, contactó a Toño. Con Bonilla eran ya siete agentes u oficiales de la PNC conspirando para ir a cometer asesinatos.

-¿Están listos? -preguntó Toño.

-Aquí estamos de toque -respondió Jaimito-. Aquí esta gente solo es ganas.

Jaimito advirtió a Toño que antes de acompañarlos a “la fiesta”, debían pasar haciendo “un tirito” por la zona de El Tránsito, pero que tenían que ver si todo salía bien porque se habían enterado de que una patrulla se andaba moviendo por esa zona.

Jaimito además preguntó a Toño si existía la posibilidad de que le hiciera un préstamo.

-¿No nos prestara usted un cuerno de chivo para llevarlo?  -preguntó Jaimito a Toño. “Cuerno de chivo” suelen llamarle los amantes de las armas al fusil de uso privativo de la Fuerza Armada AK-47.

-Véngase, aquí se lo voy a encaminar a San Pedro para que lo llegue a recoger.

Toño, a juzgar por aquella plática, parecía tener acceso a un arsenal cuantioso, porque su interlocutor siguió pidiéndole armas.

-¿Y unos dos fusilitos no tiene? -añadió Jaimito.

-¿Para qué hora?

-Ahorita vamos saliendo de San Miguel.

-¿Quiere uno o dos? -preguntó Toño.

-Si puede dos, los dos- dijo Jaimito.

-Dele pues.

A las 9:25 p.m., cuatro horas antes de la matanza, Jaimito llamó a Toño de emergencia. Le dijo que había ocurrido un problema, que luego de salir de la zona de El Tránsito se habían encontrado a la patrulla y los agentes los habían revisado. 

-Ahorita nos vamos a ir a encuevar (a esconder) porque el hijueputa nos pidió los nombres y nos tuvimos que identificar. Más que andaban dos camaradas uniformados conmigo. Le tuve que decir que andábamos ubicando unas casas para hacer un allanamiento. 

-¿Y cómo hizo? -preguntó Toño.

-Le dije que ahí andaba a la víctima en el carro y todo. Ya tengo a una víctima lista por si acaso siguen preguntando. Y también ya hablé con el jefe, el subinspector José Nelson Alvarenga, para que diga que sí andábamos en eso por si alguien llega a preguntar -dijo Jaimito. Con el subinspector Alvarenga eran ocho, como mínimo, los policías involucrados o que al menos estaban enterados de aquella operación.

-¿Entonces siempre se va a echar el tiro? -preguntó Toño.

-No puedo. Lo que pasa es que van a decir que yo fui porque me vieron con chaleco y todo -insistió Jaimito.

-No se preocupe -dijo Toño.

-Pero ahí le pega unos dos machetazos de mi parte a ese hijueputa gordo y a esa vieja hijueputa. Ahí ustedes pueden entrar tranquilos. Ya tenemos todo arreglado y no hay tos con la ley -dijo Jaimito.

A las 00:39 del siguiente día, 10 de abril de 2016, faltaba menos de una hora para la matanza. En ese momento Toño llamó a otro hombre identificado como Ángel Ramírez Mercado, alias La Bonita.

-¿Y entonces? -preguntó Toño.

-Ahorita vamos de camino -dijo Ángel 

-Ahorita salgo yo también -dijo Toño.

Aquella fue la última llamada que los investigadores de la Fiscalía escucharon aquella noche. Los hombres con ropas oscuras, con uniformes de policías y soldados, salieron rumbo a la playa El Cuco.

A la 1:30 de la madrugada, aquellos hombres vestidos con ropas de policías y militares llegaron a bordo de dos pickups y se estacionaron frente a El Basil Tropical, a solo 85 metros del puesto policial de El Cuco. Media hora después huían tras haber macheteado a cinco personas, incluida una mujer. Una de las víctimas sobreviviría. 

A las 9:08 de la mañana, la pantalla del teléfono celular de Toño se iluminó. Quien llamaba era una mujer preguntándole si ellos habían sido los de “la fiesta de anoche”.

-Nosotros no comemos pescado en Semana Santa -respondió Toño, en tono jocoso.

La plática continuó y Toño aseguró que los muertos de la noche anterior “eran la mera mata”. La mujer advirtió a Toño que uno de los cinco había sobrevivido y que probablemente iba a declarar a la Policía todo lo que había pasado.

-No se preocupe. Así como quedó ese fulano ya se va a pelar (morir) -dijo Toño. Y colgaron.

A las 3:01 p.m. de ese mismo día fue el agente Jaimito quien llamó a Toño.

-¿Qué pasó? ¿Abonó la milpa? -preguntó Jaimito a Toño.

-Sí. Ahí la trabajamos -respondió Toño.

-¿Cuántas lacras? -preguntó Jaimito.

-Cinco, pero a un baboso lo mandamos algo alocado (sobrevivió), pero no creo que aguante tanto.

-¿Y la vieja?

-Esa se fue de un solo con visa -respondió Toño. Y colgaron.

El 13 de abril, tres días después de la masacre de El Cuco, un hombre identificado como Pioquinto llamó a Ángel, el hombre que a escasos minutos de ejecutar la masacre había avisado a Toño que iba en camino a El Basil Tropical. El motivo de la llamada era para reclamarle por el error de dejar a una de las víctimas con vida. 

-Ey, aquella noche la regó, compa -dijo Pioquinto.

-No´mbre, es que yo estaba cansado y dándole de un lado para otro y no me dejaban trabajar a gusto. Además que de presto me llaman para decirme que nos fuéramos y usted sabe que a mí no me gusta que me hablen cuando estoy trabajando -respondió Ángel. 

-Vaya, de hoy en adelante cuando salgamos cada quien va a llevar su propia cuma (machete), porque eso pasó porque no le ayudaron a usted y el compromiso es de todos, pues -dijo Pioquinto. 

-Sí, en otra vez hay que hacer las cosas bien. Pero de allá arriba me mandaron a decir que estaba bien, que todo diez, solo un pequeño errorcito nomás -dijo Ángel.

Y colgaron.

La investigación fiscal a la que este medio tuvo acceso no identifica quién es Pioquinto, ni precisa su papel dentro de la estructura de Los Exterminio.

Los investigadores de la Fiscalía documentaron en tiempo real, mediante escuchas telefónicas, cómo Los Exterminio planearon y consumaron no solo el asesinato de por lo menos 54 personas, sino también la planeación y ejecución de robos a mano armada a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una de Western Union… y tampoco hicieron nada por impedirlo.

De esta misma manera, tanto los investigadores de la Fiscalía Salvadoreña como los agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía salvadoreña que siguieron esta investigación durante cuatro años y cuatro meses, documentaron y siguieron paso a paso la muerte de al menos 79 personas, entre ellas un nicaragüense asesinado el 15 de octubre de 2020 en un taller de motocicletas en La Unión. Además escucharon la planificación para la ejecución de al menos 54 personas más y el intento de homicidio de una más. Los investigadores además documentaron en tiempo real la planificación y ejecución de robos a mano armada por parte de Los Exterminio a empresas de gas, a una agencia del Banco Azteca, a una agencia de Western Union, a casas comerciales, telefónicas y otros negocios establecidos en el oriente del país. Y nunca hicieron nada para impedirlo.

GatoEncerrado tuvo acceso a tres carpetas de investigación de la Fiscalía en las que se documentan casos de homicidios atribuidos a Los Exterminio que van más allá de los 279 asesinatos que llegaron al buzón de correo electrónico de la subinspectora Guevara en septiembre de 2021.

La primera investigación empezó el 14 de agosto de 2015, tras una masacre ocurrida sobre la calle que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el departamento de San Miguel. Los casos se presentaron ante un juzgado especializado en la cabecera departamental. Las pesquisas fueron conocidas en los pasillos judiciales como “Casos Exterminio”, requirieron tres etapas y la última culminó el 22 de diciembre de 2020.

La mayoría de las víctimas de Los Exterminio en los siete años de operación, hasta ya casi avanzada la primera mitad del gobierno de Nayib Bukele, fueron hombres jóvenes, jornaleros o trabajadores informales etiquetados por los mismos delincuentes como miembros de pandillas gracias a información que de manera informal filtraban los policías e investigadores que colaboraban con el grupo.

Venganza

El 14 de agosto de 2015, la calle rural que conecta los cantones Tierra Blanca y El Carao, en el sur del departamento de San Miguel, amaneció llena de muertos. Siete cuerpos fueron encontrados atados de pies y manos en tres escenas diferentes sobre la misma calle de polvo. Los periódicos llenaron sus portadas con la noticia. En aquel momento, la policía se limitó a informar a los periodistas que acudieron a la escena que se trataba de siete pandilleros de la MS-13 que habían sido secuestrados y ejecutados probablemente por miembros de su misma pandilla. Las víctimas eran seis hombres y una mujer asesinados a machetazos. 

El Salvador es un país acostumbrado a la muerte violenta. Solo en el año 2015 fueron asesinadas 6,656 personas, es decir, un promedio de 18 al día. Aquel fue el año más violento desde la guerra civil salvadoreña. Y aunque la mayoría de homicidios fueron cometidos presuntamente por pandilleros, los grupos de exterminio integrados por policías y ganaderos contribuyeron notablemente a engordar aquella cifra, a poner personas muertas sobre los 21 mil kilómetros cuadrados de El Salvador.

La masacre de aquel 14 de agosto fue tan grave que espantó a las mismas autoridades. La investigación la asumió la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil. Los investigadores comenzaron a recoger testimonios y todos coincidían: la matanza había sido perpetrada por un grupo de exterminio. Los informantes añadieron que se trataba de una venganza.

De acuerdo con los relatos de los informantes y las investigaciones de la Fiscalía a la que GatoEncerrado tuvo acceso, el grupo de exterminio estaba integrado por exmilitares, exguerrilleros y campesinos organizados “para autoprotegerse y matar pandilleros o colaboradores” en los distritos de Chirilagua y El Delirio, en el departamento de San Miguel. La investigación añade que el grupo estaba liderado por un ganadero, Rodolfo Lara del Cid, a quien apodaban El Ninja. 

Una noche antes de aquella masacre, el 13 de agosto, El Ninja sufrió un atentado de parte de pandilleros que lo identificaron como el líder del grupo de exterminio. Lo emboscaron y lo hirieron. Al día siguiente, la respuesta de El Ninja fue contundente: secuestró a siete pandilleros de la MS-13 y los mató a machetazos.

La investigación por aquella masacre culminó con la captura de diez personas, entre ellas varios oficiales y agentes de la PNC, acusadas de formar un grupo de exterminio. Los detenidos fueron presentados ante los tribunales a principios de julio de 2016 y los fiscales les atribuyeron la muerte de 17 personas, incluidas las siete que aparecieron regadas en aquella calle de tierra. En una conferencia de prensa el 8 de julio de ese año, el fiscal general de entonces, Douglas Meléndez, dijo que el número de víctimas mortales de aquel grupo podría ascender a 40

Después de aquella masacre en el camino de tierra, la Fiscalía intervino los teléfonos de las personas mencionadas por los informantes y así determinó que aquel grupo tenía la entera colaboración de miembros de la PNC para asesinar.

Los investigadores identificaron como líderes del grupo a Rodolfo Lara del Cid y a su hermano, Luis Antonio Lara del Cid. Este es el Toño que coordinó la operación para cometer la masacre en El Basil Tropical. Luego de meses de espiarles, los investigadores vincularon a 20 personas más, entre agricultores, empresarios, policías y soldados, implicadas en los homicidios ocurridos en aquella zona. Meses después de que iniciara la investigación, Rodolfo Lara del Cid falleció, según las escuchas telefónicas producto de las lesiones que le provocó el ataque de los pandilleros

El requerimiento fiscal en contra de este primer grupo secciona la investigación en nueve casos que suman diez homicidios, homicidios en grado de tentativa y otros delitos como proposición y conspiración para cometer homicidio y revelación de documentos por empleado oficial. El primer caso, identificado como “Caso Número Uno”, es la masacre en El Basil Tropical, en la playa El Cuco. 

Azul, el ex alto mando policial que participó en aquellas investigaciones, recuerda bien las asperezas que generó dentro de la Policía que la Fiscalía pusiera al descubierto la operación de Los Exterminio, con participación de agentes policiales. Esa molestia truncó varias investigaciones, dice, incluso algunas posteriores que involucraban a policías con asesinatos. Como el caso del asesinato de la agente Carla Ayala por parte de sus compañeros del Grupo de Reacción Policial, el 29 de diciembre de 2017. “En el caso Carla Ayala llegamos a un punto en que no nos podíamos reunir porque no llegábamos a un acuerdo. A veces a las reuniones solo llegaban un fiscal y un representante de la Policía, pero los demás miembros del equipo no. No había confianza. Más bien había una disputa”, relata Azul.

Estas dificultades se tradujeron en que la investigación contra Los Exterminio apenas avanzara. “Tuvimos problemas para coordinarnos con los investigadores de la Fiscalía porque ellos no confiaban. Pero todo empeoró cuando la fiscal encargada del caso de Carla Ayala (fiscal Guadalupe Echeverría) llegó a decir que la Fiscalía iba a crear su propia policía para investigarnos. Eso me molestó bastante y hubo un entrampamiento en la investigación”, añade Azul.

En la operatividad diaria de la investigación del caso, la disputa entre la Policía y la Fiscalía se traducían en graves retrasos. “Por ejemplo, una diligencia tan sencilla como pedir un acta o un video de una cámara o hacer una entrevista con algún testigo se volvía algo que tardaba semanas o meses”, recuerda Azul.

Cacería con lista en mano

Las fuentes consultadas por GatoEncerrado coinciden en otra cosa: Los Exterminio portaban una lista, una especie de cuaderno con fichas que contenían información importante de sus víctimas como dirección, alias y los delitos que se les imputaban, si es que se les imputaba alguno. 

Según la investigación fiscal presentada ante los tribunales en 2016, uno de los empresarios que financiaba a Los Exterminio era Wiliam Hernández Marroquín, un ganadero residente del cantón La Canoa, en el distrito de El Tránsito, en San Miguel. Cuando agentes de la DECO allanaron la casa de Hernández Marroquín, encontraron varias armas de fuego y un documento que contenía el perfil policial de un pandillero.

El perfil correspondía a Jaime Fernando Escobar Guzmán, y era un folder en cuya parte superior se lee manuscrito en azul “Nota: Lesionado en intercambio de disparos con agentes de la PNC. Refugiado en Chirilagua (San Miguel). Posee cinco órdenes de captura vigentes, homicidio agravado, extorsión, agrupaciones ilícitas, portación ilegal de arma de fuego”. Esta ficha policial fue una de las pruebas que la Fiscalía presentó como evidencia de la participación de personal de la Policía en los grupos de exterminio.

Los Exterminio asesinaban con lista en mano: según las investigaciones de la Fiscalía y la PNC, agentes u oficiales policiales facilitaban a los asesinos información que les permitiera localizar a potenciales blancos de atentados. La Fiscalía acusó a un jefe policial de filtrar información a Los Exterminio. Hoy, este oficial está a cargo de una delegación de la PNC en el Área Metropolitana de San Salvador. “Mi caso se sobreseyó definitivamente”, dice.

Ese mismo año, un joven que trabaja desde hace varios años en una funeraria de San Miguel tuvo un encuentro con Los Exterminio y sufrió el terror de saberse buscado en aquella lista que andaban consigo los asesinos cuando salían a operar. Marlon no es su verdadero nombre, pero pide que se le llame así en este relato por temor a represalias debido a lo que va a contar.

Marlon asegura que en 2016 tuvo un encuentro con Los Exterminio. Dice que su trabajo lo suele llevar a lugares peligrosos con frecuencia, y casi siempre de noche. Marlon es responsable de llevar servicios fúnebres a donde se le requiera. Una noche de agosto de 2016  iba con un compañero a dar servicio a un velorio cerca de las 8:00 de la noche en la zona de Chirilagua y de súbito en la calle se toparon con un vehículo que bloqueaba el camino con las luces encendidas. Cerca del automotor aguardaban varios hombres con ropas oscuras y gorros navarone que les cubrían los rostros. 

“Al principio yo pensaba que eran policías porque estaban vestidos igual. Pero después vi que no, porque nos llegaron apuntando con los fusiles. Días antes se le había caído el letrero de funeraria al carro y lo andábamos en la cama del pickup, tirado. Los encapuchados nos pararon y nos dijeron que nos bajáramos”, cuenta Marlon.

Uno de los hombres les preguntó si eran pandilleros y hacia dónde iban. Ellos, preocupados, le respondieron que a dar un servicio fúnebre. Pero los uniformados estaban escépticos. Uno de ellos, según Marlon, abrió el vehículo que bloqueaba la calle, sacó un folder y comenzó a buscar en él sus nombres.

“A mí se me fueron los colores. Sacaron un folder grueso y uno de ellos comenzó a buscarnos por el nombre del dui (documento único de identidad). Al final no nos encontraron y nos dejaron ir. Yo ya había oído hablar de ellos, pero nunca jamás me imaginé que me los iba a topar”, dice Marlon.

El joven agrega que él atendió el sepelio del hijo de uno de los ahora acusados de pertenecer al grupo. Marlon habla del hijo de William Hernández Marroquín. La Fiscalía tiene documentado este caso. Hernández Marroquín fue capturado el 6 de mayo de 2016 por el delito de homicidio culposo. La investigación detalla que el ganadero dejó desatendida un arma de fuego sobre una mesa en su casa y su hijo se disparó por accidente.

Una Inspectoría General casi inexistente

Las autoridades salvadoreñas han mostrado un desdén por depurar a la Policía salvadoreña. De hecho, el trabajo de la Inspectoría General se ha vuelto casi inexistente, según señalan algunos elementos policiales que conocen de dichas investigaciones y que solicitaron ocultar su nombre por temor a represalias. 

Un documento elaborado por Asuntos Internos de la PNC al cual GatoEncerrado tuvo acceso registra que, entre el 13 de marzo de 2015 y el 24 de marzo de 2022, la institución registró 120 demandas contra agentes de la PNC por los delitos de feminicidio, homicidio, extorsión y tortura. Todos estos casos registrados antes de la entrada en vigor del régimen de excepción. De esos 120 casos, según el mismo documento hasta la fecha en que fue generado, solo seis habían llegado a juzgados. Los demás estaban en condición de “Archivados” o “Sin información”. Del total de expedientes, 30 fueron abiertos entre los años 2019 y 2022. 

La policía salvadoreña tuvo un giro importante en los últimos 15 años. Pasó de ser una policía estrictamente civil, con total independencia respecto de la Fuerza Armada, a convertirse, en la práctica, en un cuerpo de espíritu militar, con estrechos vínculos operativos con el ejército salvadoreño y con cientos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. 

Esta policía, que nació en 1993 producto de los Acuerdos de Paz, se mantuvo relativamente libre de contaminación militar hasta la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de El Salvador. Su gobierno (2009-2014) dio pie a un agudo involucramiento de los militares en la seguridad pública y colocó a dos generales a conducir, uno esa rama del Ejecutivo, y el otro asumió la dirección de la PNC. En 2013 la Sala de lo Constitucional le ordenó sustituir a los dos generales por personas civiles porque sus nombramientos violaban la disposición constitucional de que la seguridad pública y la PNC son estrictamente civiles.

Funes pactó bajo la mesa una tregua con las pandillas para que estas bajaran la incidencia de asesinatos. La tregua terminó en 2014 y en 2015, el sucesor de Funes, Salvador Sánchez Cerén, anunció una guerra contra las pandillas. Y las pandillas respondieron ese año asesinando a 81 policías, 18 soldados y a numerosos guardias penitenciarios. 2015 es también el año cuando cunden estructuras paramilitares y escuadrones de la muerte para enfrentar a las pandillas. Al menos tres miembros de estas organizaciones con quienes GatoEncerrado habló afirman que fue ese año cuando comenzaron a operar de forma más habitual y estructurada. Uno de ellos, Leñador, asegura que las circunstancias facilitaron que en 2015 se forjara una relación de estrecha colaboración con miembros de la Fuerza Armada y de la PNC.

Sin embargo, tanto la violencia de las pandillas como la de los grupos de exterminio se vio considerablemente mermada para 2019, con la llegada de Bukele a la presidencia. A pesar de eso y de que las pandillas han sido perseguidas y sus estructuras, junto con miles de inocentes, puestos tras las rejas, las estructuras criminales integradas en gran parte por policías siguen operando. 

GatoEncerrado envió el jueves 10 de octubre de 2024 peticiones de entrevistas al despacho del fiscal general, Rodolfo Delgado, y al del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. A estos funcionarios se les deseaba preguntar sobre las expectativas de superar la condición de casi absoluta impunidad en que se encuentran los centenares de homicidios en los que abundan los indicios o pruebas de participación policial, y sobre las posibilidades de que la PNC pueda tener medios para autodepurarse. Hasta este 15 de octubre no había respuesta.

Ocho años después de la masacre de El Basil Tropital y tres años después de que la subinspectora Guevara constatara que la misma información oficial de la PNC podía atribuir a agentes policiales la comisión de 279 asesinatos entre 2019 y septiembre de 2021, no hay ni un atisbo, ni una señal de que la Policía esté intentando depurarse. Es esa misma Policía cuyos agentes fueron investidos de mayor poder cuando desde 2020 el gobierno de Bukele de facto les dio la calidad de ”jueces de la calle”, atribución que les permite decidir según su arbitrio a quién privar de libertad y enviar a prisión.

Entre aquellas más de 120 personas que fueron acusadas o investigadas por la Fiscalía de ser parte de la organización de exterminio o de colaborar con ella está al menos un oficial de la PNC. Esta persona, el inspector Jesús. Antonio Maradiaga, detenta hoy la jefatura de la Policía en el puesto policial del distrito de Mejicanos, en el Área Metropolitana de San Salvador.

Sobre Maradiaga, la investigación de la Fiscalía lo acusa de haber filtrado información a Los Exterminio valiéndose de su cargo como jefe de la Unidad Antiextorsiones en San Miguel. De acuerdo con la Fiscalía, el inspector entregaba perfiles de presuntos pandilleros a Los Exterminio para que estos localizaran a sus víctimas.

 

Este 14 de octubre, GatoEncerrado llamó a Maradiaga a su teléfono personal para preguntarle sobre el caso. El inspector respondió que ahora está asignado a la jefatura de la delegación policial de Mejicanos y que ha quedado sobreseído definitivamente. 

En los últimos años, Trump y Milei han sido inspiración para que muchos políticos en Latinoamérica impulsen agendas que ignoran a las poblaciones LGBTI+ y fomenten la discriminación. Sin embargo, no son la única razón de la expansión de esta tendencia en países como México y el norte de Centroamérica en donde las organizaciones antiderechos han fortalecido sus alianzas políticas y están provocando retrocesos en materia de derechos humanos.

Por Geo González

Estados Unidos y Argentina son quizá los mayores ejemplos de cómo los derechos humanos ganados por las luchas de los activismos de las personas LGBTI+ sufren retrocesos por la implementación de políticas y retóricas antiderechos que están impactando la vida de estas poblaciones. En México y el norte de Centroamérica, sin embargo, encontramos una región donde la discriminación por orientación sexual e identidad de género son mortales, hogar de fundamentalismos que ven en la existencia de estas poblaciones una amenaza.

La primera vez que presencié una marcha antiderechos fue el 11 de septiembre de 2016. Sucedió en la Ciudad de México cuando el Frente Nacional por la Familia, una de las organizaciones ultraconservadoras más visibles del país, realizó marchas en distintas ciudades. Lo que había convocado a estas personas era una iniciativa presidencial para garantizar el derecho al matrimonio igualitario. Personas vestidas de blanco repetían “Con los niños no”, “Mamá y papá, la familia de verdad”. Esa fue la primera vez que escuché “No a la ideología de género”, un invento que no es inocente y que diez años después sigue siendo parte de las formas en que los grupos que se oponen a la garantía de derechos tienen para comunicar su retórica antiderechos.

Primero que nada hay que decir que es falso que el género sea una ideología. La expresión empezó a ser usada en 1995 y su uso se popularizó en 2016, luego de que el papa Francisco y grupos antiderechos y políticos de ultraderecha la usaran para desinformar y oponerse a derechos humanos como el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral (ESI), la salud de afirmación de género, la perspectiva de género y al lenguaje incluyente.

Hoy, casi diez años después, esas narrativas no es que hayan cambiado, pero sí se fortalecieron financieramente, ganaron terreno en el mundo y en los gobiernos, sus formas de operar se complejizan y sus alianzas en política están provocando retrocesos en materia de derechos humanos. 

Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, se ha hablado mucho del Proyecto 2025, un plan de políticas de ultraderecha elaborado y redactado por exfuncionarios de la administración de Trump en alianza con The Heritage Foundation, una agrupación conservadora que se opone al aborto, la equidad racial y los derechos de las personas LGBTI+ y migrantes. Pero también vale la pena leer con ojos críticos la Agenda 47, propuestas de campaña elaboradas por Trump que, en caso de ganar la presidencia, podrían ejecutarse mediante decretos del poder Ejecutivo y otras requerir acciones del Congreso.

Su línea también es antiderechos y algunos de los impactos directos hacia las poblaciones LGBTI+ son a nivel educativo, con las que se busca prohibir que se promueva teoría crítica de la raza y la perspectiva de género; que no se garantice el derecho a la salud de afirmación de género, ni que se permita competir a personas trans en deportes de acuerdo a su identidad de género. 

Propuestas como estas no son únicas de Trump. La influencia de grupos antiderechos y el poder que tienen en el Partido Republicano a nivel local ha provocado que de 2015 a la fecha se presenten cantidades récord de proyectos de ley que buscan vulnerar los derechos de las personas LGBTI+, de manera particular contra infancias y adolescencias trans y las personas que las acompañan, como sus familias, docentes y personal de salud. 

En 2023 la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una red de personas defensoras de derechos civiles, registró un total de 510 propuestas de ley anti-LGBT presentadas a nivel local en la mitad del territorio. En lo que va de 2024, se han presentado 530 de estas propuestas de ley. De ese total, hay 108 que avanzaron y 44 ya son ley. Tan solo durante la administración Trump, ACLU presentó más de 246 demandas contra este tipo de leyes.  

El contrapeso a lo que la administración Trump trajo desde 2016 con esta ola de leyes anti-LGBTI+ ha sido el gobierno de Biden-Harris, que no solo ha demandado a algunos estados a bloquear leyes anti-trans y anti-LGBTI+ aprobadas, también ha pedido a la Suprema Corte que levante las prohibiciones al derecho a la salud y atención médica de afirmación de género para les adolescentes trans. 

Con el Proyecto 2025 y la Agenda 47, una segunda administración de Trump sería más agresiva y regresiva sobre los derechos humanos de las personas LGBTI+ y las mujeres. 

Ambos proyectos pueden ser un modelo que intenten replicar gobiernos, políticos y grupos antiderechos de nuestra región que coquetean desde hace rato con el Trumpismo y organizaciones antiderechos a nivel mundial. Aunque es importante no perder de vista que, con o sin la influencia de Trump y su agenda antiderechos, los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se han negado a garantizar derechos humanos integrales a personas LGBTI+ y las mujeres. 

No podemos negar la influencia de Trump y su influencia y casi inspiración para algunos políticos como Bukele y Milei, pero no obviemos que en nuestra región sistemáticamente se han vulnerado y obstaculizado el reconocimiento de derechos humanos de estas poblaciones.

Es importante tener en cuenta que antes de Trump nuestra región ya tenía leyes y propuestas que vulneran los derechos humanos de las personas LGBTI+. México y Centroamérica son territorios en donde las personas de la diversidad sexual viven altos índices de discriminación en todos los ámbitos de su vida. Y en donde más se registran crímenes de odio a nivel global, en donde las principales víctimas son mujeres trans en situación de vulnerabilidad, la mayoría ejerciendo el trabajo sexual. 

Por número de casos México se ubica en el segundo país del mundo con más transfeminicidios, de acuerdo al observatorio de crímenes de odio Trans Europe. Pero en relación al número de habitantes, son Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala los países en donde a nivel global más se cometen crímenes por prejuicio hacia mujeres trans. 

En México se han logrado avances considerables en la protección de los derechos LGBTI+  desde leyes que prohíben la discriminación hasta el reconocimiento de identidad de género de infancias trans en algunos estados. Sin embargo, ha habido fuerzas políticas antiderechos y partidos políticos de ultraderecha, como el PAN y PRI, que se inspiran en sus pares de España y Estados Unidos para importar ideas para hacer reformas de ley anti-LGBT, casi siempre usando como estrategia la desinformación y creación de bulos y pánicos morales

Y aunque, por ahora, ese tipo de propuestas de ley no han prosperado, no podemos ser indiferentes. De acuerdo a Global Project Against Hate and Extremism, en el país operan 12 de estos grupos. Y aunque por ahora no les veamos como una “fuerza política” o una amenaza real, no podemos pensar ingenuamente que una ola antiderechos de las personas LGBT+ no se pueda estar cocinando desde ahora con miras a las siguientes elecciones de 2030.

En Guatemala, El Salvador y Honduras la situación es mucho menos favorable. En estos países no se garantiza si quiera el derecho a la no discriminación, y los actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI+ son frecuentes y no reciben la atención adecuada por parte de las autoridades. 

El contexto social conservador, la influencia de grupos religiosos y antiderechos en los espacios de toma de decisiones en estos países ha contribuido a la vulneración y a la no garantía de derechos humanos. Además, cuando parece que las cosas avanzan, el veto de leyes o propuestas legislativas antiderechos se vuelve común, principalmente aquellas en relación a la educación, reconocimiento de identidad de género de personas trans (incluídas infancias) y matrimonio igualitario

Ante la ausencia de garantía de derechos en la región, son las organizaciones de sociedad civil quienes se han encargado de visibilizar la situación, la vulneración de derechos y de sostenerse en comunidad. Por lo que una segunda administración de Trump podría amenazar los recursos y financiamientos que las organizaciones civiles reciben, sobre todo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En el Proyecto 2025 hay un capítulo que tiene recomendaciones específicas para eliminar toda referencia a los términos género, igualdad de género, diversidad de género, aborto, salud reproductiva y derechos sexuales y reproductivos de los proyectos de USAID. Así, los activismos que logran obtener financiamiento para sostener el trabajo que le toca al Estado podría verse amenazado. 

Las retóricas y políticas antiderechos avanzan también desde el sur. No obviemos lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo en Argentina con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el despido de más de 80 personas travesi-trans que laboraban en la administración pública y que implica un retroceso a una de las leyes más progresistas en la region, el cupo laboral trans, que busca saldar una deuda histórica para garantizar el trabajo a esta población; y la censura en los medios. Todo esto en menos de un año de gobierno.

Milei también se hizo famoso incitando al odio en medios de comunicación y redes sociales. Todo eso no fue inocente. Milei y su forma de hacer campaña a lo Trump trajo consigo hechos de violencia simbólica y directa contra personas LGBTI+, antes y después de su triunfo como presidente.

Trump y Milei son inspiración para las personas y grupos antiderechos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras porque les permite salirse con la suya mientras se aseguran su popularidad metiendo miedo con lo menos peligroso de todo, el respeto a los derechos humanos. Podrá parecer que afectan solo a una minoría, pero lo cierto es que el discurso de odio nos limita a todes.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

El Ministerio Público ha recibido al menos 221 denuncias de desapariciones forzadas por agentes del Estado en los últimos seis años, una cifra superior a la registrada durante toda la década de los 80. Durante el gobierno de Xiomara Castro la media mensual de este delito es superior a la de JOH. Los habitantes de colonias dominadas por las pandillas afirman que existe un subregistro en medio del terror y la desconfianza hacia las autoridades. Hasta el momento la impunidad de los casos como el Cristina y Josiris, es del 100%.

Texto: Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC
Portada: Catherine Calderón

—¿Quién es la dueña del bar? —preguntó uno de los policías, que iba encapuchado. 

Minutos antes habían irrumpido por la puerta que daba a la cocina del bar Flamingo, de las hermanas Portillo. Josiris logró distinguirlos por los detalles de su uniforme: eran oficiales de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), una de las unidades élite de la Policía Nacional de Honduras. El agente encapuchado le dijo que aquello era un cateo, y Josiris lo creyó, porque estaba acostumbrada a los cateos frecuentes en la colonia Brisas del Valle del sector Rivera Hernández, que en ese entonces era controlada por la pandilla Vatos Locos de San Pedro Sula, ciudad que hace diez años era considerada uno de los lugares más peligrosos del planeta. Josiris respondió que ella era la dueña, pero a unos pasos también estaba su hermana, que también alzó la voz.

—Yo soy —respondió también Cristina, mujer trans y líder comunitaria en la colonia.

—Entonces llevátelo a él también, a Jairo —ordenó el agente a sus compañeros, desconociendo la identidad de género de Cristina.

—Cuando mencionaron el nombre legal de Cristina, me asusté. Nadie conoce ese nombre, a menos que sean policías y tengan acceso a esos datos —cuenta Josiris.

A Cristina la subieron a una camioneta Ford Escape blanca. Y desde entonces su hermana ya nunca más supo de su paradero. 

El caso de Cristina es uno de 108 casos de desaparición forzada registrados durante los primeros 29 meses del gobierno de Xiomara Castro. Por mes 3.9 casos , una tendencia ligeramente superior a la que registraron las autoridades en los últimos 36 meses del segundo gobierno de Juan Orlando Hernández: 113 casos entre enero de 2019 y la primera quincena de enero de 2022. El fenómeno no respeta colores partidistas y en las comunidades, denuncian las víctimas, se vive «como en la década de los ochenta». 

En los últimos seis años, los casos de desaparición forzada, delito en el que agentes del Estado son señalados por privar de libertad y desaparecer a civiles, han superado la cifra histórica de 184 casos que Honduras registró en la década de 1979 a 1989. Y mientras el nuevo gobierno celebra la baja de los homicidios como resultado de los logros del Estado de excepción lanzado a finales de 2023, en comunidades como las de las hermanas Portillo, la sombra de los agentes del Estado desapareciendo a hondureños se pasea con fuerza mientras decenas de familiares temen denunciar y aquellos que denuncian ven cómo los casos quedan en la impunidad.  

Aquella noche del 24 de noviembre de 2023, los primeros dos clientes del Flamingo llegaron temprano, entre las seis y seis y treinta, y pasaron la noche entre tragos y cervezas afuera del bar. Uno de ellos, Joshua, le insistía a Josiris que entrara al negocio, pero ella decidió quedarse afuera. Tiempo después, Josiris se pregunta si la insistencia de ese joven tenía que ver con lo que pasaría unas horas después.

Cristina, de 28 años, también es dueña de un salón de belleza. Esa noche llegó tarde, a las diez, justo cuando estaban por comenzar las horas de mayor afluencia en el bar. Llegó, saludó y subió junto a su hermana y los dos clientes al bar. Estando en el negocio, apenas unos minutos después, Cristina le pidió un bote con agua a su hermana. Ese fue el último intercambio de palabras que tuvieron. Media hora más tarde, Josiris vería por última vez a Cristina. Desde entonces, Josiris exige al Estado que le responda por Cristina.

—Me fijé de pies a cabeza —recuerda Josiris—. Vi que una de las armas tenía el escudo de la policía. La indumentaria era policial: pantalón caqui, camisa polo negra, pero llevaban cubremangas. Dos se quedaron afuera con Cristina y los clientes; los otros dos me llevaron adentro. Empezaron a registrar todo y, cuando intenté acercarme a mi hermana, me agarraron de las manos y me preguntaron que dónde estaba la droga.

No había droga, y aquella escena fue la culminación de toda una serie de abusos que las hermanas soportaban para poder operar su negocio. La condición mediante la cual el bar Flamingo funcionaba como una burbuja de convivencia en medio de las constantes disputas territoriales y la violencia, era un trato que Cristina había negociado con agentes locales de la policía nacional. Les pagaba por protección, no solo con dinero, sino, a veces, con alcohol. En la Rivera Hernández, el deber de la policía de proteger a la población no es suficiente; hay que pagar por ese derecho. Por eso, cuando los agentes preguntaron por droga, Josiris no se alarmó. Pensó que solo estaban buscando una excusa para extorsionarlas, esperando que, a cambio de dejarlas en paz, les ofrecieran algún soborno más. Nunca imaginó una desaparición forzada.

La pesadilla que arrancó aquella noche apenas comenzaba para ella, y la aparición recurrente de aquella Ford Escape blanca ha perseguido a Josiris como un fantasma, como un recordatorio constante de lo que desaparece en la oscuridad a manos de agentes del Estado —que deberían proteger a los ciudadanos— y ya no regresa. 

Los agentes de la Dipampco le ordenaron a Josiris que se dirigiera a las oficinas policiales ubicadas cerca del Estadio Morazán, en San Pedro Sula, la ciudad industrial de Honduras. Le dijeron que ahí llevarían a los detenidos de esa noche, y que retendrían el celular que les habían confiscado. Les tomaron fotos a dos clientes que estaban en el bar Flamingo, Miguel y Joshua. A Joshua lo identificaron y también lo arrestaron.

***

En la Rivera Hernández nadie ve fantasmas, al menos no de los que aparecen en las historias de terror. En este sector del norte de Honduras, las leyendas sobrenaturales han quedado obsoletas, pero las familias dan testimonio de seres, en su mayoría sin rostro, encapuchados, que al caer la noche siembran pesadillas interminables. Dicen que desde la llegada del gobierno de Xiomara Castro, uno que prometió una policía diferente a la que existió por décadas en el país, el acoso y el miedo ha empeorado. 

Con la entrada en vigor del régimen de excepción, Honduras registró una baja en los homicidios en 2023, con una tasa de 34.5 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Nacional de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Hasta septiembre de 2024, la misma institución pronostica una baja de ocho puntos al finalizar el año. Pero la reducción en esa estadística de la violencia contrasta con la de las desapariciones forzadas, que avanza en Honduras como una tormenta perfecta. Los datos de denuncias recibidos por el MP indican que de diciembre de 2022 a julio de 2024, desde el inicio del estado de excepción, se han registrado 62 denuncias de desapariciones forzadas. El 57.4 % del total. Durante toda la administración de Xiomara Castro, el total asciende a 108 casos.

Estos números recuerdan a otros tiempos oscuros en la historia de Honduras. Entre 1979 y 1989, cuando  Centroamérica vivía revoluciones y guerras civiles, en Honduras, que no tuvo conflicto armado, se registró la tortura, asesinato y desaparición forzada de 184 personas a manos de agentes de seguridad del Estado, según un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Aunque desde el inicio de la era democrática Honduras ha sido uno de los países más violentos del mundo, la desaparición forzada se veía como un fenómeno del pasado y ni siquiera se contabilizaban, como tampoco se contabilizaban los casos de desapariciones por violencia común, de las pandillas o del crimen organizado. 

Contracorriente y Redacción Regional solicitaron al Ministerio Público hondureño información sobre los casos de desapariciones y desapariciones forzadas ocurridos en el país entre 2014 y 2024. El primer fenómeno, atribuible a la violencia de las pandillas y el crimen organizado, registra 6,124 desaparecidos en esa década. El segundo, atribuible a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, resalta porque llegan a los 221 casos. Entre estos, se incluyen los incidentes registrados desde el inicio del mandato de Castro, que abarcan incidencias en 14 departamentos y 37 municipios. Tela y San Pedro Sula son las ciudades más afectadas, con 22 y 16 desapariciones forzadas, respectivamente. 

En San Pedro Sula, aunque las denuncias de desapariciones forzadas disminuyeron de 22 en 2021 a 15 entre diciembre de 2023 y julio de 2024, en Tela aumentaron drásticamente, pasando de 1 en 2021 a 15 casos en el contexto de las medidas excepcionales de seguridad. Sin embargo, estas cifras no son más que el preámbulo de una problemática que es todavía más escandalosa de lo que ya muestran los datos oficiales. Expertos en seguridad, relatos de familiares y testigos de otras desapariciones forzadas no reportadas y ocurridas en barrios y colonias de San Pedro Sula, junto a la apreciación de un funcionario del Ministerio Público, indican la posibilidad de un subregistro de desapariciones forzadas ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado.

Los familiares de las personas desaparecidas en San Pedro Sula denuncian cuando se sienten en confianza, sin atreverse a decirlo en voz alta, que en sus comunidades algunos miembros de la policía trabajan para las pandillas. Pero decirlo formalmente ante las autoridades puede implicar amenazas, o incluso la muerte. Por esto, estos casos no son cuantificados. Por otro lado, las pocas personas que se atreven a denunciar públicamente o ante las instancias gubernamentales terminan perseguidas, y en ocasiones desplazadas por las amenazas.

Los datos del Ministerio Público y las denuncias de estas personas que han vivido la violencia en sus comunidades exponen que el estado de excepción —denunciado también por propiciar abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado— no ha cumplido con el objetivo de erradicar las dinámicas de la violencia.

Para familias como la de Josiris, las han empeorado. Y las amenazas no acaban con la desaparición forzada.

El Comité LGBTIQ del Valle de Sula, junto a Josiris, hermana de Cristina Portillo, realizaron un plantón frente al Centro Integrado de Trabajo InterInstitucional (CEIN) para exigir respuestas de las autoridades. San Pedro Sula, diciembre de 2023. Foto: Archivo CC.

La noche en que Cristina fue detenida, Josiris inició una frenética búsqueda nocturna de su hermana. En ese momento la posibilidad de no volverla a ver no había cruzado por su cabeza, y la urgencia era por los múltiples abusos a los que son sometidas las personas de la diversidad cuando son arrestadas. También temía porque dos años antes, su hermana había recibido amenazas de muerte por ser activista del Partido Nacional en ese sector.

—Fui a buscarla por todos lados, toda esa noche y madrugada, pero no había rastro —relata Josiris—. A eso de las tres de la mañana, ya habíamos descartado que había sido un arresto.

Con esa sospecha, Josiris fue a poner la denuncia a la primera estación de la Policía en San Pedro Sula; sin embargo, no querían tomar el registro porque le imponían decir que eran delincuentes vestidos de policías. 

—Yo les dije que no, que eran policías. Yo soy abogada y sé que son policías. Entonces me dijeron: «Antes de poner la denuncia, mejor vaya a la morgue». Ahí me descontrolé.

Entre el llanto y el nerviosismo, la única estrategia que se le ocurrió contra la indiferencia fue hacer un escándalo. Tras gritar y llorar, al fin un superior dio la orden de tomarle declaración, pero Jorisis notó algo extraño en el proceso.

—La muchacha que me tomó la declaración me dijo: «Voy a escribir todo tal cual usted me lo contó», pero después, cuando vi la denuncia, el juez había ordenado que se clasificara como «robo con violencia», por el celular que me habían quitado, y porque los agentes intentaron tocarme. Pero la oficial, de alguna manera, incluyó también en letras pequeñas «privación de libertad».

La madrugada del domingo 25 de noviembre, Josiris continuó su búsqueda en un ida y vuelta, mientras que tanto la policía local en la Rivera Hernández como agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) la ignoraron. Finalmente regresó a la casa de Cristina, donde también estaba el salón de belleza, para descansar. Esa noche los perros de Cristina ladraron sin control, y un Honda Civic gris desconocido se estacionó por varias horas frente al lugar.

La mañana del domingo, sin haber podido dormir mucho, Josiris se dio cuenta de que no tenía ni su documento de identidad ni su licencia de conducir, por lo que decidió ir a buscarlos al bar donde todo ocurrió.

—Cuando vamos al bar, abrimos todo normal, pero lo primero que noté fue que habían arrancado todas las cámaras —cuenta Josiris, recordando la escena—, y me fijé que también se llevaron los routers y cables, porque realmente ahí es donde está la información.

Sin saber qué hacer, Josiris regresó a la DPI e intentó poner una nueva denuncia. 

—A todo esto, yo me había quedado con el celular de Cristina. Ella se lo había dado a uno de los niños que salió de su casa cuando fue el operativo, y yo sabía que por eso me estaban buscando. Yo sabía que en ese momento Cristina seguía viva —explica. 

Desesperada, Josiris intentó que le tomaran otra denuncia en la DPI, mencionando que se habían llevado las cámaras del bar, pero la respuesta fue negativa. Finalmente, los oficiales accedieron a hacer un operativo de búsqueda, pero Josiris cree que fue falso, solo para que ella dejara de insistir.

Resignada, sin documentos e ignorada nuevamente por las autoridades, Josiris regresó a la Rivera Hernández. Cerca de las siete de la noche, en camino hacia la casa de Cristina, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz masculina le preguntó:

—¿Es la hermana de Cristina?

—Sí, ¿quién habla? —respondió Josiris.

—Soy el mejor amigo de Cristina, ¿está en su casa?

—Sí, sí, aquí estoy —respondió Josiris, mintiendo.

—Venga, salga, Cristina ya apareció, está en la primera estación de la policía.

Josiris sintió desconfianza, pero el hombre mencionó a un conocido de Cristina, lo que le hizo pensar que podría ser legítimo. Justo en ese momento, vio pasar una Ford Escape blanca y algo en su interior le gritó que esa era la misma camioneta que se había llevado a su hermana.

«¡Esa es la camioneta!», se dijo, mientras la seguía, segura de que se dirigían hacia la casa de Cristina.

Josiris cortó la llamada y decidió dar algunas vueltas en el barrio antes de aproximarse a la casa de Cristina. Al llegar, confirmó que el vehículo que le daba seguimiento se había estacionado enfrente. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando Josiris entendió que ahora el objetivo era ella.

Por seguridad, Josiris y su familia vivieron un tiempo fuera de su casa. Días después de ese fin de semana en el que agentes del Estado ejecutaron la desaparición de Cristina, le enviaron un mensaje pidiéndole 300 mil lempiras (unos 12 mil dólares) a cambio de devolverle a su hermana. La amenazaron con que si no enviaba el dinero, se la entregarían por partes, y adjuntaron algunas fotos que ella misma había entregado a la policía para la búsqueda. Sin embargo, tras este mensaje, no hubo más comunicaciones para organizar la entrega, lo que la llevó a creer que solo estaban intimidándola y que, además, quienes llamaron estaban confabulados con la policía.

***

Josiris no ha parado de buscar a su hermana. Comenzó a buscarla desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y continúa buscándola casi un año después. En su colonia, ella también se ha convertido en una defensora de derechos humanos. Hasta agosto de este año, Josiris había registrado sistemáticamente en un cuaderno 140 casos de desapariciones forzadas en la Rivera Hernández, entre mujeres, hombres y menores. De esos casos, estima que solo tres o cuatro han sido denunciados oficialmente.

Los registros de Josiris coinciden con la cantidad desbordada de testimonios de desapariciones ejecutadas por fuerzas de seguridad del Estado en la Rivera Hernández. En ese sector pocos quieren hablar, pero todos y todas conocen a alguien que desapareció o que estuvo en riesgo y tuvo que huir.

Ese es el caso de Josué*, un joven entrenador de fútbol. Nos cuenta su historia bajo la sombra de un árbol, el mismo donde en su infancia recuerda haber visto la cabeza de una mujer que fue decapitada por desconocidos. En 2022, uno de sus asistentes, que vivía en una zona controlada por una pandilla rival, fue acosado por personas que se identificaron como policías, tras recibir una advertencia de la pandilla de que no podía cruzar al área donde se realizaban los entrenamientos.

Esas personas se habían presentado como policías, y Josué explica que intentó averiguar sobre lo que estaba pasando con abogados que conocía, para saber si él o su compañero tenían una orden de captura, pero no había nada en el sistema. Estaban limpios.

El tiempo pasó, y Josué siguió entrenando a sus alumnos de la escuela de fútbol, pero un día un carro sin placas se estacionó frente a la cancha. Lo mandaron a llamar y le preguntaron por su asistente. Eran un hombre y una mujer vestidos de policías en un carro que no era una patrulla policial.

—Me dijeron que lo estaban buscando por algo, y yo les respondí que él ya no venía por aquí —explica.

Su conocido huyó de la zona. Nunca más lo ha vuelto a ver. Pero en la Rivera Hernández hay más historias.

Doña Antonia*, por ejemplo, conoce muchas de ellas. Ella es profesora en otro sector de la colonia. Ha defendido a jóvenes que se involucran a las pandillas, para rescatarlos, y asegura haber perdido la cuenta de las veces en las que las familias la han llamado a mitad de la noche para decirle que no encuentran a sus hijos, como también de las veces en las que ella también ha emprendido búsquedas frenéticas para intentar encontrarlos. Antonia conoce el sufrimiento de las familias de aquellos que desaparecen por causa de las pandillas. Pero también conoce la otra cara de la moneda. De la policía, dice, es lo último en lo que se puede confiar.

—El dicho es que los policías se venden a ellos (las pandillas); eso es lo que se sabe en el sector —remarca Antonia.

Un camión sale del Centro Regional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cargando un ataúd. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

En julio de 2024, Antonia enfrentó una nueva búsqueda, esta vez de Andrés*, un joven de 17 años con quien era muy cercana y que, asegura, no era parte de ninguna pandilla.

 —Claro que nos da miedo buscar, y es que yo hasta a mucho me enfrento, y eso me dice mi esposo, pero es un ser humano, y es un niño que yo lo amo aunque ya no lo veo, y cuando lo recuerdo lo que hago es llorar, porque me pregunto: ¿Dios mío, qué fue lo que hicieron con este cipote? —cuenta, con la voz quebrada por la impotencia.

La última vez que vio a Andrés fue en el parque central de la Rivera Hernández, un lugar controlado a la mitad por la MS-13 y la otra por Los Tercereños. Frente al parque también se ubica la principal posta policial del sector, la cual, dice Antonia, no sirve para nada, de la misma forma que, según dice, no sirve el estado de excepción impuesto por la presidenta Castro y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Antonia lleva toda su vida viviendo en la Rivera Hernández, y por eso hace una comparación con el pasado. Dice que el único tiempo que recuerda en el que se ejecutaron tantas desapariciones en ese sector fue en los infames años ochenta.

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Entre 2011 y 2014, San Pedro Sula se hizo famosa por una tasa de muertes por cada 100 mil habitantes que la posicionó como la ciudad más violenta del mundo. Ya no lo es más, pero sigue apareciendo en los rankings de urbes más violentas del planeta. En 2023, por ejemplo, se colocó en el puesto 42 de ciudades con mayor tasa de homicidios, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.

La guerra por el control territorial entre pandillas y el dominio de la distribución de drogas han sido factores clave en el impacto catastrófico de la violencia en esta zona del país. Sin embargo, en 2024, los vecinos de barrios y colonias señalan que algunas dinámicas han cambiado. Los ajustes de cuentas y asesinatos ya no se cometen en los mismos territorios; ahora las víctimas son trasladadas a otras zonas para ser ejecutadas o desaparecidas, y enterradas en cementerios clandestinos. Así, las estructuras criminales evitan «calentar el territorio» y la intervención de fuerzas de seguridad.

Familiares de otros desaparecidos, como el caso de Cristina y Josiris, también señalan a las fuerzas de seguridad del Estado por cometer violaciones a los derechos humanos en el marco de las atribuciones que se les dieron con el estado de excepción, mientras que las autoridades atribuyen estos abusos a los mismos pandilleros que supuestamente usan indumentaria policial. 

Ahora, San Pedro Sula, la ciudad más importante de Honduras en términos económicos, es el segundo municipio del país con mayor número de denuncias por desaparición forzada desde el inicio del actual gobierno, y el primero, junto con Tela, desde el inicio del estado de excepción en diciembre de 2022.

En sectores como la Rivera Hernández hay muchas pandillas disputándose los territorios, lo que genera dinámicas en las que fuerzas de seguridad del Estado terminan involucradas, según Leonardo Pineda, investigador en temáticas de seguridad ciudadana y políticas públicas. Pineda ha trabajado el tema desde hace ocho años en diversos barrios violentos del norte del país, como representante de la organización Juventud Siglo Veintiuno, y como investigador social, elaborando informes para organismos de cooperación nacional e internacional.

—Sí hay desapariciones forzadas, o por lo menos eso es lo que la gente presume que está pasando —explica Pineda, quien se basa en los testimonios de las personas a las que ha entrevistado para sus investigaciones, tanto en el sector de la Rivera Hernández como en otros barrios y colonias de San Pedro Sula. 

Sin embargo, Pineda también asegura que es muy difícil para las víctimas o testigos diferenciar entre los perpetradores, pues no pueden distinguir si quienes ejecutan estas desapariciones son pandilleros o miembros de la policía o alguna fuerza especial, ya que visten de manera similar y utilizan vehículos iguales. Sin embargo, señala que es responsabilidad del Estado implementar mecanismos para que sus fuerzas de seguridad puedan ser plenamente identificadas, combatiendo así el miedo y la desconfianza que estos hechos generan.

Para este investigador, sin embargo, el problema no solo radica en que las pandillas utilizan la indumentaria policial, sino en que la misma Policía Nacional y la Dipampco colaboran con estas estructuras criminales.

—Están coludidos, trabajan en conjunto —asegura Pineda—. La otra vez le pedí a un pastor que participara de una reunión con policías, y me dijo que no, que no se sentaba con ellos.

Un tiempo atrás, ese pastor recibió a un joven de Choloma que estaba en riesgo de ser asesinado por pandilleros. Según el pastor, el joven no pertenecía a ninguna estructura criminal; lo acogió en el templo, donde durmió y vivió durante un mes y medio hasta que, un día, salió a comprar a la «trucha». Al día siguiente, llegó una patrulla de la Policía Nacional al territorio de la MS-13, y los agentes con uniformes de la policía le dijeron al pastor: «Vos tenés aquí a un mierdocho (miembro de la pandilla 18) y lo tenés que entregar».

Los policías usaban jerga de pandilleros. El pastor, al estar acostumbrado al lenguaje de la zona, reconoció que no era el típico lenguaje policial, y no tuvo otra opción más que entregarlo, y no volvió a ver al joven. Luego, el jefe de la pandilla en la zona lo llamó y le advirtió que si volvía a meter a un «mierdocho» en su territorio, él también desaparecería.

Leonardo Pineda, investigador social de la zona norte, atiende una entrevista de Contracorriente. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

La incapacidad de distinguir entre miembros del crimen organizado y policías, sumada a la colaboración activa de algunos agentes con las estructuras criminales, hace que, en la mayoría de los casos, tras la desaparición de una persona perpetrada por aparentes agentes de seguridad del Estado las víctimas no denuncien por miedo. Quienes, en su desesperación, se atreven a hacerlo, pronto se dan cuenta de que no debieron haberlo hecho. 

—¿A quién le vas a poner la denuncia si los mismos policías de la posta llegan a sacarte de tu casa? —cuestiona Pineda—. ¿Para qué voy a ir yo a la estación si, a los quince minutos de denunciar, tengo a la misma persona que me amenazó tocando la puerta de mi casa?

La policía no genera confianza, ya que, si la denuncia no se filtra, de todas formas no hay respuesta por parte de las autoridades. «Entonces, como dicen ellos, mejor ver, oír y callar», concluye Pineda.

Sobre los procesos de investigación en casos de desaparición forzada, la abogada Nadia Mejía, integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH), explica que el Estado no sabe cómo manejar los casos y no tiene operadores de justicia preparados para darles el debido trámite.

—También el tema de las redes de poder que quizá hay entre el Ministerio Público y la Policía Nacional provoca la obstrucción para el avance de estas investigaciones —concluye la abogada.

La desaparición forzada ha regresado de tal manera que tras la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa instancia emitió una resolución en la que requirió la acción urgente del Estado de Honduras para que adopte todas las medidas necesarias con el fin de buscar y localizar a Angie Peña, una joven de 22 años que desapareció en enero de 2022, tras salir al mar en una moto acuática en el municipio de Roatán, Islas de la Bahía.

La abogada Nadia también ha estado involucrada en el litigio de este caso y señala que, a pesar de su notoriedad, los operadores de justicia no saben cómo proceder. Relata que, cuando empezaron a involucrarse, ni siquiera los abogados que representaban a la familia de Angie habían logrado acceder al expediente.

Nadia también destaca un problema de fondo en la legislación.

—Las desapariciones forzadas no son un delito, no están categorizadas y solo aparecen dentro de los delitos de lesa humanidad —explica.

Sobre las medidas tomadas por el gobierno en el marco del estado de excepción, Nadia es crítica, y apunta que como política para combatir la inseguridad en el país y el crimen organizado «ha sido absurdo».

—Estas acciones, que ya han sido implementadas por gobiernos anteriores, han sido medidas rígidas violatorias de derechos humanos y no dan ningún resultado. Más bien han aumentado los femicidios, ha aumentado la desaparición forzada, ha aumentado el crimen organizado, y la delincuencia común.

Finalmente, cuestiona la masiva presencia de fuerzas de seguridad bajo el estado de excepción, señalando que lejos de brindar protección, generan inseguridad a la población debido a sus antecedentes de vínculos con el crimen organizado.

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La unidad para investigar todas las desapariciones forzadas en Honduras, las del pasado y del presente, está ubicada en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dentro de las instalaciones principales del Ministerio Público, en Tegucigalpa, la capital del país. El espacio de la unidad, en realidad, consiste en dos cubículos pequeños donde trabajan dos fiscales jóvenes. Las abogadas se muestran accesibles a hablar conmigo, pero al mismo tiempo su semblante es implacable. 

Las fiscales me reciben en una pequeña sala de reuniones. Las dos se vuelven a ver, sorprendidas, cuando les presento las cifras que me proporcionó el mismo Ministerio Público para el que trabajan. Aunque su labor es esclarecer estos casos, es la primera vez que escuchan que, desde 2022, se han reportado 108 denuncias de desapariciones forzadas en todo el país.

No creen en la cifra y dicen que, en total, son seis investigaciones las que se encuentran activas en su unidad. Algunos de los casos, aseguran, fueron abiertos hace décadas. Pedimos explicaciones al Ministerio Público, pero no hubo respuesta, y solo hay una posible conclusión: las denuncias por desaparición forzada que llegan a las diversas oficinas del MP en todo el país, y que recopila la División de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad, no están llegando hasta la unidad que debe investigarlas.

Según los datos enviados por esta institución, los tres departamentos con mayor número de desapariciones forzadas son Cortés con 30, Atlantida con 25, y Yoro con 9. 

A 1.7 kilómetros de distancia, en su pequeña oficina de relaciones públicas del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvis Guzmán, vocero de la institución, explica que la «cifra negra», es decir, los casos que no son denunciados, puede que incluso sea mucho mayor al registro oficial que recogen las diferentes instancias de la fiscalía. 

—Muchos casos no son denunciados por temor, ya que viven en zonas de alto riesgo dominadas por maras y pandillas, y prefieren callar para evitar amenazas de muerte o ser desplazados, y no tienen los recursos económicos para alquilar una casa en otro sitio seguro —explica Guzmán.

Guzmán también menciona los hallazgos de cementerios clandestinos que ha anunciado la Secretaría de Seguridad, particularmente en la colonia Lomas del Carmen de la Rivera Hernández. Los informes del Ministerio Público hasta la fecha mencionan 14 osamentas encontradas, pero Guzmán comenta que «se cree» que pueden ser cien personas las que fueron enterradas en ese lugar.

De nuevo, los cientos de desaparecidos víctimas de la violencia de las pandillas y el crimen organizado se cruzan con los casos que han incrementado, en los que agentes del Estado también son señalados como los perpetradores. 

—Para este tipo de investigaciones se necesita mucha logística, como personal capacitado y tecnología para acceder a terrenos de difícil acceso, lo cual no siempre está disponible —prosigue Guzmán—. El Ministerio Público hace lo que puede con los recursos disponibles, pero la carga de trabajo es alta, y los investigadores tienen cientos de casos pendientes.

Sobre la falta de confianza que existe hacia las autoridades, Guzmán dice que es entendible, y se relaciona con lo que la gente ve y escucha en las noticias: que algunos agentes están vinculados con estas estructuras criminales, y que hay agentes policiales capturados por cometer hechos ilícitos.

El 13 de agosto de 2024, la Secretaría de Seguridad anunció mediante un comunicado la ejecución de 10 órdenes de captura contra otros tantos miembros activos de la carrera policial, por suponerlos responsables de los delitos de allanamiento, robo con violencia e intimidación, privación ilegal de la libertad, tortura y asociación para delinquir. En el comunicado aseguraron querer «la transparencia en las investigaciones y esclarecer los procedimientos policiales en los cuales se denuncian a miembros de la carrera policial».

Consultado sobre las denuncias contra agentes de la policía que desaparecen personas, como el caso de Josiris, el subcomisionado de policía y jefe regional de la DPI, César Ruiz, señala que en la mayoría de los casos los perpetradores son delincuentes vestidos de policías, aunque no niega que «se han dado ese tipo de actividades». 

Desde su fría y amplia oficina en San Pedro Sula, Ruiz asegura que el nivel de efectividad de la policía en Honduras es igual al del FBI en Estados Unidos, e insiste en que algunas denuncias de desapariciones, según él, están más relacionadas con conflictos familiares o personas que «escapan» de sus hogares, o con los malos pasos de los que desaparecen.

—Cuando desaparece una persona o muere, todos somos buenos. Nadie se pregunta en qué andaba metida la persona. Nada pasa solo porque sí… Hay casos donde nos damos cuenta de que alguien se dedicaba a la venta de drogas, y el grupo delictivo lo «levantó» porque no querían que vendiera en su territorio.

Ruiz también cita a Rubén Blades, «Ligia está contenta y su familia está asfixiá», generalizando sobre los casos de desapariciones en los que jóvenes «escapan» con sus novios. Finalmente, hace hincapié sobre el uso que la pandilla MS-13 hace de indumentaria policial para sus operaciones.

César Ruiz, subcomisionado de policía y jefe regional de la Dirección Policial de Investigación (DPI) en la zona norte del país, asumió el cargo en febrero de 2024. San Pedro Sula, octubre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen.

La utilización de indumentaria policial por parte de las estructuras del crimen organizado es otra de las respuestas que dan las autoridades para explicar las denuncias contra los agentes del Estado. En julio de 2024, Gustavo Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad, anunció que se cambiaría el uniforme de la Dipampco, afirmando que «las estructuras criminales se están aprovechando del uso de ese uniforme». A la fecha, se desconoce si ha habido una investigación que explique cómo es que acaban los uniformes oficiales en manos de delincuentes. 

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), enfatiza que, independientemente de si los perpetradores pertenecen al crimen organizado o al Estado, el hecho de utilizar indumentaria de las fuerzas de seguridad atribuye la responsabilidad directamente al Estado.

—El Estado sigue argumentando sobre el tráfico de uniformes y no ha propuesto soluciones concretas —dice Cáceres—. Conocen esta dificultad desde mucho antes del estado de excepción, e igual tienen la responsabilidad también de fiscalizar cualquier acto, en este caso, el tráfico de uniformes.

Además, Cáceres asegura que el estado de excepción «genera elementos» que pueden propiciar la desaparición forzada, pero a la fecha el observatorio del Conadeh solamente cuenta un caso de desaparición forzada en el marco de esa política estatal: el de Cristina Portillo.

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Casi un año después de la desaparición de su hermana, Josiris sigue haciéndose preguntas, buscando respuestas en las conjeturas. Ella cree que los acuerdos de protección que mantenía Cristina con agentes de la Policía Nacional podrían explicar su desaparición. Ella teme que los policías llegaron a pensar que Cristina podría haber tenido información que afectara o favoreciera a las pandillas en su disputa por el control de los territorios, y esa sospecha fue lo que pudo provocar que la buscaran las fuerzas de seguridad del Estado al servicio de las estructuras criminales. Casi un año después de la desaparición de Cristina, el control de la zona donde se ubicaban su casa y el bar Flamingo pasó al control de la MS-13. 

Ahora Josiris, que se siente en grave y constante peligro, no espera encontrar a su hermana viva.

—Es algo que me ha costado asimilar, pero lo que más espero de este mal gobierno es que mínimo me entreguen los restos para yo poder enterrar con dignidad —dice entre lágrimas—. Perdí a mi hermana, perdí a mi familia, y hoy no encuentro trabajo ni amigos, porque todo el mundo tiene miedo de acercarse. Yo sigo recibiendo amenazas, cada vez que hago un movimiento, cada vez que me paro en el Ministerio Público… Si fueran mareros los que me quisieran matar, ya me hubieran matado. Me hubieran sacado de mi casa…

Josiris ahora anhela que le devuelvan los restos de Cristina para poder darle un entierro digno. Luego piensa en reactivar el salón de belleza de Cristina, para respetar su sueño de que siempre estuviera operando. Josiris también sueña con crear una fundación para ayudar a quienes buscan a sus familiares con asistencia legal y psicológica. 

—Siempre le digo a mi otra hermana: «arreglémonos bien», porque eso es lo que quisiera Cristina. Siempre con la cabeza en alto, porque no vamos a darles el gusto de vernos destruidas.

*Los nombres de Antonia, Josué y Andrés fueron cambiados por razones de seguridad.

A finales de septiembre, el movimiento Por Nuestros Hijos y representantes de organizaciones religiosas presentaron ante el Congreso Nacional la denominada «Ley de derechos parentales». El documento menciona a varias organizaciones de mujeres que participaron en la socialización de una ley de educación integral vetada por la presidenta Castro en marzo de 2023. Acusan a estas organizaciones de intervenir en las aulas para promover enfoques de género que «pueden causar daño» y promover un «adoctrinamiento ideológico».

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Fernando Destephen 

Representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y del movimiento Por Nuestros Hijos entregaron al Congreso Nacional (CN) el pasado 19 de septiembre una propuesta de «Ley de derechos parentales», con la que buscan «proteger la educación básica en los valores de la familia tradicional». La propuesta, que iba acompañada de 13 mil firmas, es promovida por la Conferencia Episcopal de Honduras, la Asociación de Pastores en Tegucigalpa y la Confraternidad Evangélica, que se sumaron a la organización Por Nuestros Hijos.

En el documento presentado al Congreso Nacional, al que Contracorriente tuvo acceso, se incluye un listado de organizaciones de la sociedad civil y de mujeres que participaron en la socialización de la Ley de Educación Integral de Prevención del Embarazo Adolescente, aprobada por el CN el 8 de marzo de 2023 y vetada por la presidenta Xiomara Castro el 17 de marzo. 

En el documento, afirman que la socialización de la ley no se discutió con asociaciones de padres de familia, sino únicamente con organizaciones «que en su mayoría promueven los derechos de la diversidad sexual, son feministas y abortistas». Además, incluyen una recopilación de capturas de pantalla de los contenidos publicados por estas organizaciones en sus redes sociales, donde se aborda la salud menstrual, el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la no discriminación hacia las comunidades LGBTIQ+.  

Asimismo, muestran imágenes tomadas durante los talleres realizados en centros educativos de La Ceiba, Atlántida, por la Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia (Udimuf), entre ellos una jornada llamada «Mejores hombres, menos agresores». En el mismo documento afirman que «esta organización es feminista, contribuye a la equidad de género y en sus objetivos estratégicos mencionan que lo hacen desde un enfoque de diversidad sexual». 

A Udimuf la acusan de haber dado esta formación en centros educativos sin la autorización de los padres de familia. Claudia Vanessa Siliézar, directora ejecutiva de Udimuf en La Ceiba, Atlántida, reaccionó diciendo que «no solo estamos en la parte introductoria y contextual, sino que también hay imágenes de nuestros proyectos con las caras visibles de los niños, sin los debidos permisos de los padres. A diferencia de lo que ahí se dice, nosotras sí contábamos con los permisos y autorizaciones de los padres y madres de familia».

De acuerdo con la abogada Siliézar, quienes promueven esta ley buscan eliminar la educación pública y laica, derecho establecido en la Constitución. «Los padres de familia tienen que tener derecho a conocer qué información se le está dando a sus hijos, eso ya está pasando. Nosotras acudimos al llamado de las instituciones ante temas que ellos se sienten débiles de impartir, pero lo hacemos con el conocimiento de los padres. Por eso creo que este tipo de iniciativas nacen de sectores privilegiados que quieren imponer su visión a los sectores más vulnerables», afirmó.

Agregó que Udimuf tiene 10 años de estar dando talleres en centros educativos, y que comenzó a raíz de una petición que una escuela le hizo a la organización porque había mucha violencia dentro de la escuela. «En los talleres, vimos que el flagelo que los niños y las niñas más comentaban era el tema del bullying y el acoso sexual escolar; entonces nos dimos a la tarea de hacer una investigación y un protocolo de actuación para maestros, y también una ley a nivel departamental avalada por la Dirección Departamental de Educación para prevenir el bullying y el acoso sexual en las instituciones educativas del sector público».

Udimuf actualmente ofrece talleres a niños, niñas, docentes, madres y padres de familia en cuatro escuelas públicas en las comunidades de Sambo Creek, Corozal, Nueva Armenia y en La Ceiba en Atlántida. 

Sobre el proyecto mencionado en el documento, la abogada Siliézar señaló que se trata de procesos de formación para niños y niñas enfocados en la prevención del bullying o acoso, del acoso cibernético y de la prevención de la violencia machista a través del arte. «Nuestras niñas y niños han pintado los muros de sus escuelas para hablar de lo que les convoca. Entonces, nos extraña que nos nombren de esa manera, que no se hayan dado a la tarea de preguntarles a los padres y madres de familia de las escuelas en donde trabajamos qué es lo que estamos haciendo», agregó.

Recientemente, en Contracorriente publicamos un especial llamado Desprotegidas en la red, que presenta casos de ciberviolencia que sufren mujeres y niñas en Honduras, quienes son víctimas de explotación, acoso, difusión de material de abuso sexual y trata en el ciberespacio. Las víctimas demandan reformas legales que brinden protección ante la ciberviolencia, pero estas deben ir acompañadas de campañas de prevención en todos los espacios. 

David Andrade, un miembro de la organización Por Nuestros Hijos, le dijo a Contracorriente en 2023 que este movimiento  existía antes de la aprobación de la Ley de Prevención del Embarazo Adolescente, pero que se fortaleció después de que este instrumento fue aprobado por el CN. Aseguró que no tienen financiamiento de una «organización poderosa detrás de nosotros, han sido padres y madres de familia de a pie organizados». En sus redes sociales se puede ver cómo constantemente dan capacitaciones o tienen encuentros en centros educativos.

Juan Diego Lacayo, miembro de la organización, dijo en un foro televisivo que como movimiento no tienen ningún tipo de ideología política: «Llevamos esto como padres de familia y lo que hemos querido es que cada una de las bancadas tenga una copia para que ellos puedan tenerla antes de que se someta a la discusión. (…) Si en campañas electorales nos prometen que la familia va a ser el estandarte de la sociedad vamos a estar del lado de esta gente, por eso hemos llevado esta propuesta desde antes de las elecciones», aseguró.

El contenido del proyecto de ley

Este proyecto de derechos parentales pide que los padres de familia tengan el derecho «de rechazar y oponerse a cualquier plan de estudio en el sistema educativo nacional que pretenda educar a sus hijos en temas que incluyan: derechos sexuales y/o reproductivos, diversidad sexual, equidad de género, así como la educación sexual integral promovida desde el seno de Naciones Unidas». Asimismo, establece que podrán optar porque sus hijos no participen de clases de educación sexual que se impartan en los centros educativos. 

Además, el proyecto solicita que madres y padres de familia se involucren no solo en esos temas, sino en «la malla curricular, los planes de estudio, los ejes educativos y las metodologías pedagógicas que se pretende implementar en distintos niveles», dice el documento.

También señala que estará prohibido que en centros de salud, museos o cualquier otra institución pública o privada donde se atienda a menores de edad, se apliquen encuestas, pruebas o consultas «sobre temas vinculados a su vida privada, incluyendo la vida sexual, salud, vida familiar, intimidad doméstica, identidad, etc, sin el consentimiento escrito de sus padres. (…) Cualquier funcionario público que contravenga esta disposición estará sujeto a responsabilidad penal, civil y administrativa». 

Esta ley también señala que «se entenderá el término género cuando es usado para designar a los seres humanos, se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, este término no tendrá legalmente una aceptación distinta».

Además, piden derogar el decreto 51-2016 que reforma la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable, en donde se menciona que la Secretaría de Educación debe promover programas sobre embarazo en la adolescencia y temas relacionados con la sexualidad y se declara de interés nacional la prevención del embarazo adolescente. 

Honduras tiene la segunda tasa de embarazos adolescentes más alta de Latinoamérica. Según el Centro de Derechos de Mujeres, 89 de cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas.

¿Es posible que se apruebe la Ley de Derechos Parentales?

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de mujeres temen que sí. En agosto de 2023, el ministro de Educación del Gobierno de Xiomara Castro, Daniel Sponda, en un programa televisivo de transmisión nacional rompió unas guías para docentes sobre «inclusión de género en el aula», que se venían implementando desde el gobierno anterior. El ministro dijo en esa ocasión que no permitiría «promover valores que no son parte de nuestra sociedad». 

Esta guía se cita también en el documento presentado al CN, como un ejemplo de la manera impositiva en que se busca «desestabilizar a la familia», por ser materiales que son socializados con la Secretaría de Educación. 

La posibilidad de que una ley como esta se apruebe es grande. El Congreso Nacional actualmente es presidido por Luis Redondo, quien en varias ocasiones ha proclamado que preferiría dejar de ser diputado antes de legislar «en contra de la vida y la familia». 

Aunque este CN aprobó una ley que buscaba prevenir el embarazo adolescente, en la que se incluían guías de educación sexual, y a pesar de que fue también una promesa de campaña de la presidenta Castro, fue ella quien la vetó, argumentando que no se había socializado con los padres y madres de familia. 

Aunque la ley permite que el veto se dé 10 días después de la aprobación de una ley en el CN y aunque oficialmente ahora se conoce que el veto se dio dentro de ese plazo, en marzo de 2023, este veto fue anunciada por la presidenta hasta el 31 de julio, después de que estos grupos religiosos y conservadores salieron a protestar en varias zonas del país.

La abogada Siliézar dijo que «hablar de ciencia, de salud y de educación sexual integral en pleno siglo XXI es una necesidad en un país tan empobrecido, sobre todo por lo que vivimos en este país: altos índices de trata de personas, cuyas víctimas son niñas, niños y adolescentes, altas tasas de embarazo adolescente, cuyas víctimas son niñas entre 10 y 14 años, muchas víctimas de abuso sexual», señaló.

«A mí me parece genial, por ejemplo, cuando ahí se plantea que los padres tengan acceso a información. Yo creo que ya está sucediendo a través de las juntas de padres y madres de familia, pero es el Estado el que debe definir qué información se debe de brindar desde una visión científica y laica. Yo creo que es parte del desconocimiento, o tal vez del privilegio de las personas que están haciendo esta ley, porque lo que ahí se plantea no ha sido consensuado con el otro sector, el sector empobrecido, olvidado, que tiene a sus hijos en una escuela en situación de precariedad», finalizó Siliézar. 

23 de abril de 2024. Notas sobre la Odisea de Armando y Roberto para huir de Cuba.

Por Bryan Avelar

Hemos caminado solo 21 kilómetros desde Tapachula, pero a pie, al ritmo de una caravana de 3,000 migrantes y bajo el sol inclemente del sur de México, sentimos que hemos caminado un mundo. Salimos a las 4:00 de la mañana y es casi mediodía. Los líderes de esta marea de gente procedente de China, África, Medio Oriente, Sudamérica, América Central y el Caribe que caminan juntos para sortear la trampa de Tapachula deciden descansar en una cancha de básquetbol en el ejido Álvaro Obregón. Algunos migrantes buscan la sombra de un árbol para refrescarse. Otros se quitan los zapatos y se revisan las ampollas. Algunos se tiran sobre el suelo a dormir. 

Camino por entre aquel mar de gente cansada y en medio de mis entrevistas, me encuentro a Armando y Roberto, dos cubanos que se conocieron hace poco en una prisión y desde entonces son inseparables.

“Nuestra historia es increíble, hermano. No te lo vas a creer. Siéntate que esto es de película”. 

Les hago caso. Esta es la historia que escuché de ellos.     

Armando

Yo salí de la playa Las Coloradas, de Cuba, un 23 de octubre de 2023, de donde desembarcó el comandante Fidel Castro en Granma, el 2 de diciembre de 1956. 

Armamos nuestra lancha a escondidas. Era un barco de pesca. Le pusimos dos motores, uno de 200 y otro de 150 (caballos de fuerza). Porque en Cuba si tú armas tu lancha y se da cuenta la autoridad, te vas preso. Nosotros salimos de Cuba para las Islas Caimán. 300 kilómetros en mar. Llegamos a Camambrá (Caimán Brac), la que está más cerca. Son tres islas las Islas Caimán. Una vez llegamos ahí nos agarró el Ejército y nos montaron a un avión para llevarnos al Gran Caimán, a la isla grande. Nos subieron a un avión bien custodiado. Nos llevaban unos tipos fuertemente armados. Armas largas. Nos llevaron para donde está la prisión.  

Nosotros, hermano, no sabíamos. Nosotros queríamos llegar a Ceiba, Honduras. Y de ahí seguir la ruta por tierra para llegar a México y Estados Unidos. Pero al llegar a las Islas Caimán nos estábamos quedando sin combustible. 

Nos la pasamos feo. 

Roberto

Yo salí de cuba el 20 de diciembre en una lancha. Y también llegué hasta Islas Caimán. Ahí pasé 52 días. Había al menos unos cien cubanos más retenidos ahí. Nada de abogados, nada de deportarnos. Nada. Simplemente estábamos presos en condiciones inhumanas. Durmiendo en el suelo. Por ese entonces ahí dentro había una epidemia de varicela. A los hermanos se les reventaba la piel. Se rascaban con un trozo de madera. Podrido todo esto del brazo. Por las noches la gente gritaba del ardor.

Armando

Nosotros le rogábamos a las autoridades que nos dejaran ir. Que nosotros no queríamos estar en las Islas Caimán. Que nosotros realmente íbamos para otro país. Pero no nos hacían caso, hermano. Nos llegaban a tirar la comida nomás. Ahí dentro de la prisión nos conocimos nosotros dos y conocimos a otros cubanos. Incluyendo a los otros tres que están tirados por allá. 

Nosotros nos fugamos, hermano. Nos fugamos juntos de la prisión de las Islas Caimán. 

Huimos el 10 de febrero. Fue de noche. Resulta que nos habían sacado al traspatio de la prisión porque la epidemia de varicela estaba demasiado fuerte. Para evitar los contagios nos dejaron dormir en el patio, tú sabes, para tener más espacio. Eso sí, ahí dormíamos en el suelo. Debajo de un plástico sobre un pedazo de cartón. 

Una noche vimos que había un muro que estaba desprotegido. No tenía alambre con electricidad. Cogimos valor y nos fugamos. Nos fugamos catorce personas. Era de noche, pero la luna brillaba como el día.

Llegamos al malecón y nos encontramos a un lanchero. Hablamos con él honestamente y le dijimos que necesitábamos que nos llevara hasta Honduras. Le hicimos el cuento. Le dijimos todo lo que habíamos pasado y que ya no queríamos más estar presos. Casi que por piedad le pedimos. 

Roberto 

Como que Dios le tocó el corazón porque nos dijo que cuánto dinero teníamos. Le reunimos trescientos dólares entre todos. Unos lo traían escondido en los zapatos, en una cartera o así. Juntamos los billetes, uno sobre uno, y le prometimos que, si nos llevaba a tierra, le íbamos a dar más.

Veníamos catorce en la lancha. Pero otra vez el mar nos traicionó. Parecía que nos íbamos a morir. Era como si la lancha pegara contra un muro de agua. Golpeados llegamos a un lugar que se llama Isla Cisne, en Honduras. Y esa es una zona militar. 

Desde las Islas Caimán hasta Isla Cisne hicimos un día y medio. Llegamos a Isla Cisne porque se nos quedó poca gasolina. Ahí en isla Cisne llegamos y nos encontramos con un teniente buena gente que nos dijo que al siguiente día teníamos que salir. No nos agarró presos. 

Ahora fíjate tú si no es mala la suerte que traíamos. El hermano de Islas Caimán nos abandonó. Dijo que hasta ahí llegaba su camino, cogió los $300 dólares y se regresó. 

Ahí un soldado hondureño se apiadó de nosotros. El patrón (el hondureño) nos dijo que con 100 litros de gasolina que le pagáramos nos podía llevar a Ceiba. Nos revisamos las bolsas y ya no teníamos nada, hermano. Apenas unos cuántos dólares. Él patrón nos dijo que nos cobraba 1,500 lempiras (60 dólares) a cada uno. Entonces, ¿qué hicimos? Solo pudimos reunir plata para cuatro. Nos fuimos cuatro y los otros se quedaron en la orilla del mar comiendo iguana y plátano. 

Armando

Nos montamos en la lancha sin nada de alimento porque según el jefe con poco peso podíamos llegar en un día. Para no cansarte, al kilómetro 57 nos quedamos sin combustible. Y el mal tiempo, las olas aquellas. Armamos unas velas con plástico de bolsa. A los dos días, el GPS se le acabó la batería. Nos quedamos a la deriva. Nos pasaron como diez barcos por delante y ninguno nos prestó auxilio. Pasamos cinco días en el mar sin comer nada y bajo el sol inclemente. Al final llegamos a un lugar entre Islas Cisne y Guatemala donde son personas de color. Eran gente drogadicta que mataban y eso. No recuerdo cómo se llama la isla. Lo tenía en un papelito, pero ahora mismo lo perdí.

Roberto

Antes de llegar nosotros a desembarcar nos cogió un rompiente de esos y nos hundió el barco, lo desbarató. Nosotros caímos al agua. El barco se viró completo. Ahí nosotros con cinco días sin comer. Yo que no sé nadar me agarré de un pomo plástico donde traíamos la gasolina. Ahí me reguindé yo. Y las olas nos fueron sacando. Ahí nos quedamos sin ropa, sin zapatos, sin nada. Lo perdimos todo, todo, todo. Eran como las seis de la tarde cuando se dio vuelta la lancha. De día. Pero ya casi oscureciendo. 

Armando

Empezamos a sacar la lancha, la amarramos y con una soga empezamos a jalarla hasta la orilla. Dos personas de las que veníamos salieron a ver qué encontraban en la selva. Solo encontraron ropa de gente, de niños, de mujeres. Ropa vieja ya rota, como comida por el mar.

Cuando los dos caminaron una distancia como de 20 metros, una luz como un foco nos alumbraba y nos hacía así, intermitente. Como que nos llamaba. Ya nos había cogido la noche. Yo me ericé. Llegamos a una parte del monte hasta donde había un rancho con unos perros. Pero el patrón dijo vamos para atrás que esto no me huele bien. Eran tres perros negros. Flacos. Caminamos tres kilómetros por toda la orilla del mar. Ahí llegamos pidiendo auxilio. Nadie nos abrió la puerta hasta que llegamos a la casa de una señora cristiana. Ella nos ayudó bastante. Tenía la puertecita enredada con un lazo, pero entreabierta. Cuando se asomó le hicimos la historia y esa señora abrió. Nos dio agua. “¿Ustedes no han comido?”, nos dijo. 

Sacó una mesa y nos dio casabe, arroz, agua fría. Nos dio una atención que para qué te digo. Y mandó a llamar a la familia porque ellos tienen que comunicarse rápido cuando llega alguien. Ella nos dijo: “Cayeron en la casa adecuada porque si se equivocan de casa no salen vivos”. Esa gente son como piratas. 

Le hicimos la historia de la luz. La señora nos dijo que mejor que no la seguimos porque esa luz pierde a la gente en medio del monte y después se encuentra la gente muerta. Aquí han naufragado. Ahí se veía ropa y cosas de gente que ha naufragado. De esa luz nadie se salva. 

Nos dieron ropa, alimento, toalla. Y nos dieron una casa arriba con todas las condiciones. Al otro día el patrón llamó a una gente para que le mandaran dinero. Y le mandaron. De ahí nos llevó hasta Ceiba. Nos dijo que porque se le rompió la lancha nos iba a cobrar otros 1,500 lempiras por cabeza. ¿Y nosotros qué podíamos hacer, hermano? Decirle que sí. Al día siguiente salimos temprano ya montados en el motor.

Finalmente llegamos a Ceiba. Nosotros ni lo podíamos creer. Por suerte uno de los que está allá había metido su teléfono en una bolsa plástica y lo salvó. Nos pudimos comunicar y pedir más dinero a nuestra familia. 

Pero ahora viene lo peor. 

Como pasamos varios días sin dinero, el hondureño a punta de pistola nos dijo que si queríamos comer teníamos que trabajar para él en su finca. Así que nos puso a limpiar maíz. Hermano, yo nunca había hecho eso, yo lo que soy es pescador. Pasamos 21 días trabajando ahí, hermano. 21 días.

Logramos conseguir todo el dinero para pagarle ya no solo por el viaje en lancha sino por los días y la alimentación. Encima de haber trabajado para él. Pensábamos que era alguien del crimen organizado porque tenía armas. Pero finalmente no fue tan malo y nos dejó ir. De ahí salimos y nos encontramos con unas amistades de Cuba que estaban en Honduras. 

Ahí cogimos un autobús para salir de Honduras hasta llegar a aquí a Tapachula a contarte esta historia a ti.

En Tegucigalpa actualmente se están construyendo unas cinco torres de apartamentos, de acuerdo con autoridades municipales, y la proyección es que la ciudad seguirá creciendo verticalmente de manera acelerada en los próximos años. ¿Es esto signo de buena economía y esperanza para bajar el déficit habitacional? En medio del caos vehicular, sequía en los veranos y una población de aproximadamente 1,300,000 habitantes, se erigen estas torres, que albergan apartamentos cuyo costo puede alcanzar hasta los 290,000 dólares (unos siete millones de lempiras). Los parámetros de supervisión de las construcciones están desactualizados, y se han permitido algunas que podrían agravar el abastecimiento de agua y la movilidad urbana, sin  dar respuesta al déficit habitacional en el Distrito Central. 

Por Persy Cabrera
Fotografías: Fernando Destephen

Algunos medios de Honduras reportaron recientemente que Tegucigalpa se convertirá en la ciudad con el edificio más alto del triángulo norte de Centroamérica. La construcción de edificios verticales en la capital de Honduras ha crecido en los últimos ocho años, y algunos esperan que esto resuelva el déficit habitacional en esta ciudad, donde en 2023, según la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), faltaban al menos 400,000 viviendas. La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) concluyó que en un 6 % de las viviendas del Distrito Central se vive en hacinamiento y que más de 600,000 personas viven en pobreza, es decir, un 63 % del total de la población capitalina. 

En este contexto, ¿son las torres construidas aceleradamente una solución?

El arquitecto Adolfo Lagos, titular de la Gerencia de Control de la Construcción (GGC), responde que lo lógico es seguir la teoría de la oferta-demanda, pues considera que  si las empresas constructoras siguen edificando torres «es porque ya las han vendido en anteproyecto o ya las tienen reservadas».

En algunas de estas edificaciones se pueden ver grandes lonas publicitarias que invitan a comprar: «Reserve con $1000», unos 25,000 lempiras. La renta de un apartamento en una de estas torres puede alcanzar hasta los 2,000 dólares, casi 50,000 lempiras, mientras que el salario mínimo promedio en Honduras es de 13,156.53 lempiras.

La arquitecta Ixchel Ayes, quien cuenta con una maestría en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad Católica de Chile, apuntó a una realidad «escondida». Explicó que «realmente no hay una metodología, no hay un seguimiento o monitoreo constante para tener datos claros de cuál es el déficit habitacional», por lo que la cifra estimada probablemente no refleja la realidad del Distrito Central en su totalidad.

Según Ayes, el catastro de la alcaldía no tiene claridad sobre cuál es el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo, porque «hay colonias que son periféricas, que surgen como invasiones, son estos barrios que están en las periferias, donde ni siquiera la alcaldía realmente sabe qué es lo que sucede». Para profundizar en el problema, la arquitecta se refirió al Censo de Asentamientos Informales de 2018 elaborado por la oenegé Techo Honduras, que presentó conclusiones alarmantes sobre la situación inmobiliaria en el Distrito Central.

En el informe de este censo se concluyó que para el 2018 unas 214,000 personas vivían en 161 asentamientos informales, lo que representaba el 17 % del total de la población en ese entonces; además, reportó que 35 de esos 161 asentamientos no aparecían en ninguna fuente de información oficial. De acuerdo con el informe, una de las limitaciones de este censo fue que «no existen diagnósticos o estudios previos a ningún nivel que hablen directamente de la problemática de asentamientos informales en Honduras».

El titular de la GCC, Adolfo Lagos, detalló  que actualmente hay unas cuatro o cinco torres en fase de anteproyecto, y otras cuatro que están en fase de construcción. La mayor concentración de torres está en la colonia Lomas del Guijarro; por ejemplo, en la avenida Francisco Morazán, en fila, se encuentran Aqua, Vitri, Platinum, Vista 1432, Ámbar y Kuarzo 24.

Estas torres y la construcción de proyectos verticales a futuro traen consigo conflicto y denuncias por parte de las personas que viven en este sector privilegiado y de alta plusvalía en la ciudad. 

En la avenida Francisco Morazán, antes de poder acceder a la fila de torres, entre una maraña de cables cuelga una pancarta que dice: «Zona R1. Prohibidas edificaciones de alta densidad poblacional. Sin agua. Sin energía. Alto tráfico», y está firmada por la Asociación de Residentes Colonia Lomas del Mayab. Lomas del Mayab es una colonia vecina de Lomas del Guijarro, y en su territorio se encuentran las torres Sky, Astria y Atenea, torres de 97, 60 y 42 metros de altura, respectivamente.

El arquitecto Adolfo Lagos explicó que para que una torre se construya, esta gerencia debe recibir todos los dictámenes de factibilidad aprobados por otras gerencias e instituciones del Estado. Por ejemplo, el de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) para verificar «si la capacidad de recolección, de suministro [de agua potable], es viable con el contexto»; uno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que dictamina si la torre puede conectarse a un circuito de suministro de energía eléctrica; otro de Aeronáutica Civil que verifica que la altura propuesta para el edificio no afecta el tráfico aéreo, y así con las demás gerencias de la alcaldía e instituciones que proveen servicios públicos. 

Una ciudad que no está lista para las torres 

El arquitecto Mario Rosales, quien forma parte del Grupo de Investigación Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible (Modus) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), indicó que la ciudad ni siquiera está lista para el flujo y dinámicas sociales de la actualidad, «menos para esos edificios», recalcó. Para Rosales, estas torres de 20, 30, 40 pisos, con hasta 80 apartamentos, crearán una presión sobre la distribución de agua potable y saneamiento, distribución de energía eléctrica y la movilidad urbana, que será insostenible para un municipio en el que de acuerdo al INE, hasta junio de 2023 unos 18,000 hogares no tenían una conexión a agua potable y debían arreglárselas comprando agua a carros cisterna u obteniéndola de pozos.

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La gran apuesta de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) dirigida por el alcalde Jorge Aldana es la represa San José, que se encuentra desarrollada en un 40 % y se espera inaugurarla en 2025, según Arturo Tróchez, titular de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps).

Arturo Tróchez dijo que el problema de la distribución de agua es histórico y estructural, y que a través de proyectos como la represa San José van a poder suministrar agua a sectores como, por ejemplo, uno que define como «históricamente postergado en el sentido de abastecimiento de agua»: la colonia Villa Nueva, que está ubicada en la salida a Danlí. Tróchez agregó que esta represa también beneficiará a la colonia Kennedy, que junto a la Villa Nueva son dos de las colonias más pobladas de la ciudad.

Además, el titular de la Umaps detalló que hay más represas por construir: la del río Jiniguare, de la que ya existe un contrato firmado con una empresa china para construirla, y la del río Del Hombre, para cuya construcción Jorge Aldana también firmó un contrato con una empresa china.

La premisa es simple para Tróchez: «Al tener más agua, sumado a las fuentes actuales que hoy tenemos, entonces podemos hacer envíos o reforzar zonas que hoy en día están deprimidas», incluso a Lomas del Guijarro, un sector al que, de acuerdo con él, es difícil suministrar agua por su elevación topográfica. Pero estos proyectos ni siquiera se han inaugurado, algunos no se han empezado a construir, y la deuda histórica en el abastecimiento de agua para miles de capitalinos persiste. 

¿Quién fiscaliza la construcción de torres?

Para fiscalizar, en teoría, la construcción de torres en la ciudad, el arquitecto Adolfo Lagos explicó que la gerencia que lidera se rige por el Plan de Arbitrios y el Reglamento de Zonificación. En el primero «se establecen las tasas, gravámenes, las normas y procedimientos relativos al sistema tributario de la Municipalidad del Distrito Central», y en el segundo se plantean «los parámetros de zonificación aplicables al Distrito Central, a la realización de obras y al uso del suelo, así como los procedimientos y requisitos para la emisión de autorizaciones municipales».

En la entrevista Lagos bautizó estos reglamentos como las «biblias» para el trabajo en esta gerencia. Para el arquitecto Mario Rosales estos reglamentos, leyes o parámetros para la construcción en el Distrito Central están desactualizados y no se ajustan a la ciudades que son hoy Tegucigalpa y Comayagüela en el Distrito Central. 

El arquitecto Rosales insistió durante la entrevista que brindó a Contracorriente que «el reglamento [de zonificación] tiene un esquema que está desfasado, y también se presta a muchas formas de desviar la zonificación para que sucedan este tipo de cosas [construcción de torres]».

De acuerdo con Rosales, la planificación de la ciudad es débil y lleva años arrastrando problemas porque «no se han cumplido las propias metas que ya establece la Ley de Municipalidades, en cuanto a redefinir el perímetro de la ciudad cada 20 años». Detalló que la última actualización del perímetro fue en 1974, por lo que desde hace 50 años no se ha actualizado el perímetro del Distrito Central.

Adolfo Lagos dice que por esto es que están trabajando en su oficina ubicada en el centro de Tegucigalpa, para «hacer modificaciones de reglamento en pro de la sociedad y en pro del ordenamiento territorial y delimitar el perímetro del Distrito Central»; que están elaborando un plan municipal para treinta o cincuenta años y revisando el reglamento de zonificación para «regular todas estas construcciones que siguen deliberadamente». Asimismo, no perdió la oportunidad para señalar que «agarramos la alcaldía con 24 años del partido anterior [Partido Nacional]» y que encontraron un «desorden total».

La débil planificación nos llevó a tener la ciudad en la que vivimos, una en la que según datos de la Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía del Distrito Central el parque vehicular ya superó unas cuatro veces la capacidad de las calles, y como resultado moverse de un punto a otro puede convertirse en un ejercicio de paciencia y horas de tráfico.

¿Quiénes van a vivir en las torres?

«Hay una mala distribución de los suelos que provoca un desorden en la movilidad urbana, y que por otro lado también focaliza muchos recursos en algunos puntos y los vuelve muy costosos», dice el arquitecto Mario Rosales, y luego sentencia: «Muchas de esas torres jamás van a estar llenas, porque tienen unos valores de venta que superan la capacidad del grueso de la población hondureña de poder adquirirlo».

El INE registró que, para junio de 2023, unas 110,000 personas en el Distrito Central sobrevivían con un dólar o menos al día. Los precios de venta en la torre Kuarzo 24, todavía en construcción en Lomas del Guijarro, pueden alcanzar los 330,000 dólares, unos 8 millones de lempiras.

La arquitecta Ixchel Ayes puntualizó que la venta o alquiler de estos apartamentos está dolarizada, algo que señaló no debería suceder. Calculó que si una pareja quisiera alquilar un apartamento a 2,000 dólares, debería tener un ingreso de al menos 166,000 lempiras entre las dos personas. Ayes detalló que este cálculo se puede realizar tomando en cuenta uno de los siete elementos que ONU-Hábitat ha incluido para definir una «vivienda adecuada». Este elemento es el de asequibilidad, según el cual, para que sea una vivienda adecuada, el costo de alquiler debe representar como máximo el 30 % del ingreso de las personas que alquilan.

Ayes también estimó que lo máximo que podría pagar una pareja por alquiler contando con ingresos de salario mínimo serían unos 8,000 lempiras. En caso que  esta pareja lograra tener una cuota de intereses que les permitiera pagar 8,000 lempiras mensuales por una vivienda propia —una situación que sería «rara» para Ayes, por las cuotas de intereses actuales—, igual podría resultar insostenible, pues para cumplir los requerimientos de una vivienda adecuada, a este monto hay que sumarle los costos asociados a vivir ahí, como transporte, agua, saneamiento, energía, etc.

Grevil Paz, de Hábitat para la Humanidad, una oenegé «que aboga y trabaja por el derecho a la vivienda adecuada y a la mejora sostenible del hábitat comunitario», de acuerdo a su sitio web, se refirió a un informe de esta organización publicado en 2017, que precisamente explica las barreras de la obtención de vivienda en el país.

Aunque el valor del suelo es un factor importante en el acceso a la vivienda, esta investigación reveló más barreras para obtener este derecho universal, según destacó Paz. Estas barreras parten de la inseguridad jurídica con procesos de litigios sobre la propiedad, a lo que se suman las barreras económicas, con la especulación en el precio del suelo, que en ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa resultan en costos excesivos. 

Luego están las barreras financieras, formadas por una «función excluyente de la banca comercial, es decir, no hay facilidades para el acceso al crédito a familias de muy bajos ingresos, y por eso vemos que cada vez más surgen nuevos asentamientos irregulares», expresó Paz. Por si fuera poco, se suma otra barrera, una marcada por la carencia de una ley marco que «beneficie a los más necesitados». Paz señaló que esta fue una de las promesas del Plan Bicentenario del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, «o sea, reformular la ley que fue aprobada en el gobierno anterior para realmente hacer esto algo operativo».

Paz se refiere a la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos publicada en febrero de 2020, a la que la arquitecta Ayes calificó como «perversa» y «terrible». De acuerdo con Ayes, solo se puede entender como una ley económica que define cómo se entregan subsidios, bonos o créditos, pero contiene un artículo que dicta que «si usted quisiera acceder a un beneficio de estos, usted tiene que estar inscrito en un sistema de pago por planilla».

Es decir, que «si [el postulante] es consultor, si es un profesor por hora que no tiene una plaza, usted no podría postular, usted no podría acceder [a vivienda], entonces esto es claramente excluyente», afirmó Ayes.

Por estas razones, el arquitecto Rosales apuntó que es probable que estas torres queden vacías. Aunque advirtió no querer pecar de imprudente, también señaló otra problemática, y es que en muchos países el auge de proyectos inmobiliarios como estos «tienen o han tenido que ver muchos de ellos con lavado de activos. Esos son fenómenos que conocemos en Panamá, que conocemos en China, que conocemos en un montón de otros lados, que para desviar capitales que sabemos de dónde vienen, pues se terminan cristalizando en edificios de gran altura, y muchos de ellos no terminan de llenarse».

Viejos conocidos en la construcción de torres 

El grupo inmobiliario que faltaba por sumarse al boom de construcción de edificios de apartamentos en el Distrito Central es el Grupo Midence Soto Pierrefeu, el mismo que estaba detrás de un proceso de gentrificación en el centro de Tegucigalpa, escondido tras el lema «Vuelve al centro», y del proyecto habitacional Bosques de Santamaría, ubicado en la zona del Parque Nacional La Tigra, que fue suspendido tras las protestas de la población que se preocupó por el impacto en el medio ambiente y el abastecimiento de agua. 

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En la avenida Enrique Tierno Galván inicia el ruido de las construcciones; una de las últimas torres en comenzar a levantarse es Torre Ô, proyecto impulsado por la sociedad constituida en junio de 2019, Avance MSP, S. A de C. V. 

Avance MSP fue fundada por la salvadoreña Mercedes Patricia Lazo, quien representó a Avance Ingenieros Holding, Inc., una sociedad constituida en Panamá en 2006, y por otra parte, Guy Antonie Ghislain de Pierrefeu Midence, representando al Grupo MSP Holding LTD., una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2006.

Guy de Pierrefeu Midence fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y tenía vínculos en dos empresas panameñas con Francois de Peyrecave, viudo de Hilda Hernández, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández y acusado en el Caso Pandora. Francois recibió sobreseimiento definitivo en 2022 gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público «blindó de impunidad» a Francois y demás acusados.

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Además de la torre Ô, el Grupo Midence Soto Pierrefeu también figura en la construcción de Nivo, una torre de 14 pisos de apartamentos ubicada en Lomas del Guijarro Sur. La marca que firmó este proyecto fue Avance Ingenieros – Grupo M, abreviado en su página web como AIGM. En su perfil de LinkedIn explica que «AIGM nace en Honduras con la unión de dos empresas: Avance Ingenieros S.A. y Grupo MSP, haciendo de dicha sociedad la empresa líder en proyectos residenciales en Honduras». En este mismo perfil de LinkedIn, AIGM también comparte actualizaciones de la construcción de la Torre Ô.

Desde otras empresas desarrolladoras no prevén que la construcción vertical con edificios de apartamentos se detenga. Elynora Núñez, gerente general de Inmobiliaria Palma Real, empresa responsable de las torres Ámbar, Kuarzo 24, Onyx, Platinum y próximamente Amatista, dijo en una entrevista para Contracorriente que dentro de diez años «la gente va a comenzar a vivir en apartamentos», porque «es mucho más cómodo vivir en apartamento, tiene más seguridad, tiene más comodidades, más tranquilidad. Tal vez el espacio es más pequeño, pero en una casa hay mucha delincuencia. Ahora se tiene que pagar guardias, cámaras, cerco eléctrico, y el mantenimiento de una casa es más caro».

Núñez expresó su satisfacción con la Alcaldía, pues considera que nunca «detienen el desarrollo del país», porque estas son infraestructuras que generan empleos y pago de impuestos. Sin embargo, dijo que el Gobierno no ha dado incentivos a las desarrolladoras «que se juegan el todo por el todo con proyectos de 100 o 200 millones de lempiras». Refiriéndose a las denuncias de residentes de Lomas del Mayab, Núñez dijo que la alcaldía lo «está manejando muy bien como intermediario, pues ningún desarrollador se quiere llevar mal con sus vecinos». Finalmente, afirmó que la desarrolladora que representa ha tenido éxito, pues «todos [los apartamentos] están vendidos, nuestros clientes son fieles y nos recomiendan».

José Azcona Bocock, exdiputado por el Partido Liberal (PL), ingeniero civil que se ha dedicado profesionalmente al desarrollo inmobiliario y la construcción independiente, explicó que la construcción de torres responde a que «entre más se extiende la ciudad, la penalidad de la distancia en tiempo perdido en tráfico, acceso a servicios, acceso a trabajo etcétera, se va volviendo más fuerte», y por esto es que, según él, la densificación en forma de edificios de apartamentos surge como solución.

El exdiputado también señaló los proyectos gubernamentales fallidos. Para él, a muchas personas no les han servido los proyectos gubernamentales de vivienda que tenían como premisa «darle casa a un montón de gente, y los vamos a mandar a vivir a 20, a 30 kilómetros fuera de la ciudad».

Por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández se impulsó el proyecto habitacional «Residencias Morazán», que pretendía que personas que ganaran entre dos o tres salarios mínimos pudieran adquirir un apartamento pagando cuotas de 5,255 lempiras, pero se terminó sumando a la lista de escándalos de corrupción de esa administración y dejando a muchas personas en Lomas del Diamante, una colonia ubicada donde se tendría que haber construido las 10,000 viviendas, sin agua potable, alcantarillado, energía, y solo con la promesa vacía de tener una vivienda asequible.

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Desde las cuatro de la tarde, e incluso antes, comienza la pesadilla: el tráfico vehicular que aglomera a la población del Distrito Central en filas kilométricas. Rosales explica que el flujo migratorio de lo rural a lo urbano sobrepasó la capacidad de la ciudad, mientras se crearon nuevos asentamientos informales como la colonia Villa Nueva. Si eso se multiplica por la Revolución Industrial y la invención del automóvil, el resultado es una ciudad en la que cualquier intento de ordenamiento significa un imposible.

Es así que cada mañana y tarde la ciudad vomita carros y motocicletas por todas las calles, avenidas y bulevares. Por ahora las lluvias tienen las represas en un nivel considerable, por lo que algunas personas pueden olvidarse de los racionamientos de agua, pero muchas otras todavía tienen que esperar al carro cisterna para tener agua en sus hogares. Día a día, las torres siguen creciendo más y más en esta ciudad, y da la sensación de que hay más rótulos de «Reserve con 1000 $» invadiendo la vista.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

En la calle de entrada a la comunidad de Guapinol, una patrulla de la Policía Nacional revisaba los carros que entraban. Frente a la iglesia católica del barrio El Centro,varios elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Policía Nacional resguardaban la iglesia, paseándose con sus fusiles, mientras un dron vigilaba desde lo alto. Ese día la iglesia estaba llena porque se celebraba la misa en honor a Juan López y Carlos Escaleras, ambos reconocidos como mártires defensores del medio ambiente en Honduras.

Al consultar por qué había presencia de policías y militares en una iglesia, 37 días después del asesinato del líder ambiental y regidor Juan López, el jefe regional de la Policía Nacional en Tocoa dijo que el despliegue policial fue solicitado por los Derechos Humanos a la Secretaría de Seguridad, sin especificar qué instancia hizo la solicitud. Una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) confirmó a Contracorriente que el acompañamiento fue solicitado por ese ministerio debido a que en esos días se desarrollaba una reunión del Consejo Nacional de Protección en la ciudad de Tocoa. «La Policía debe hacer presencia acompañando a los beneficiarios del Mecanismo, en cualquier actividad pública, con la única finalidad de protegerlos», explicó la fuente.

«Le pedimos a Dios que haga justicia a la sangre de sus hijos, Juan López y Carlos Escaleras», dijo el obispo de la Diócesis de Trujillo, Jenry Ruiz, para luego pedir perdón en ese ritual de la misa por todo lo que ha pasado, por los conflictos de tierra, por la destrucción del Parque Carlos Escaleras, por todos los muertos. En coro, todos los presentes pidieron un perdón ajeno, por acciones que no han hecho y de las cuales han sido víctimas.

Carlos Escaleras y Juan López fueron asesinados con casi 27 años de diferencia, pero por la misma razón: denunciar y oponerse a poderosos intereses extractivistas.

«Hacer memoria agradecida de la vida de Carlos Alfonzo Escaleras Mejía es traer también la memoria de exigencia de justicia por el vil asesinato de Juan López. Justicia para el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, para que reine la paz social en el pueblo de Tocoa y en el país», dice un comunicado leído en la misa por el padre Carlos Orellana, de la parroquia San Isidro Labrador. El comunicado pide también la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú y la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez.

«No vayan a abandonar la lucha por la que Juan luchó. Venga lo que venga, pase lo que pase, como Juan decía, a echarle ganas, no es tiempo para callarnos, que el miedo no nos vaya a intimidar. Hay que seguir adelante como Juan quería», dijo Telma Peña, esposa de Juan López, antes de finalizar la misa.

Por Bryan Avelar 

“¿Mire, usted sabe si ya casi llegamos a Estados Unidos? ¿Verdad que estamos cerca?”, me pregunta Verónica, una mujer venezolana de unos 30 años. “Dicen que el bus nos va a dejar en Tuxtla. Ahí ya sí estamos más cerca, ¿verdad?”, añade Misael, su primo, de 26, con un gesto que creo que es esperanza en su mirada.

Sé la respuesta, pero me cuesta contestarles. 

Como han hecho todos los migrantes que he entrevistado en estos años salieron de su país conjugando el verbo huir:

Hui porque me violaron y me querían enterrar viva.

Hui porque se me secó la milpa y no tenía dinero para sembrar. 

Hui porque el gobierno me persigue.

Hui porque descabezaron a mi mamá. 

Hui porque soy pobre… 

Hui por… 

Hui..

En los últimos meses Misael y Verónica han atravesado el Darién, la selva que une Colombia y Centroamérica, callejones y fronteras, ha viajado cientos de kilómetros a pie, en autobús, pidiendo ride… 

Por todo esto me cuesta decirles que la respuesta es no. Aún les faltan más de 4,000 kilómetros por recorrer. Quizás los peores de todo su camino. 

Estamos en un campamento de migrantes en el Paso del Coyote, en Ciudad Hidalgo, un muelle desvencijado bañado por las aguas del río Suchiate, la frontera natural en esta parte entre México y Guatemala. Hay personas que llevan aquí semanas durmiendo bajo carpas de plástico negro y ramas; otros, como Misael, lo hacen tiendas de acampar, una señal de que pagaron un paquete que incluía su paso por la selva del Darién. La parte alta del muelle parece un mercado con puestos de comida venezolana, haitiana o centroamericana. Los que viajan con más bocas y tienen menos dinero, se rebuscan para preparar su propia comida en la orilla del río.

En esta frontera cruzan el Suchiate cientos de personas a plena luz del día sobre neumáticos gigantes traficando kilos de mercancía y personas. Y, sin embargo, muchos migrantes están parados en este no-lugar. La razón es que de aquí en adelante el control de la mafia es estricto. Incluso para las autoridades oponerse a ese control tiene consecuencias. 

En septiembre de 2023, según relatan varios testigos, un batallón de la Guardia Nacional se apostó a la orilla del río y anunció que no dejaría pasar a ningún migrante. Pasó un día y pasó una noche. En la madrugada, los disparos empezaron a sonar. “Poc, poc, poc”, se oía según los testigos más comedidos. “Prrrr, prrrr”, recuerdan otros con más euforia. Lo cierto es que tras un enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró y los migrantes y la mercancía siguieron pasando con normalidad. En estos primeros meses de 2024 las autoridades han optado por desahogar la escena trasladando a unos 200 migrantes cada día hasta Tuxtla u otras ciudades unos kilómetros más adelante.

De ahí la pregunta de Misael, que ahora está preparando el almuerzo en una olla oxidada sobre una hoguera.  “Es arroz con lengua”, me dice. Veo la olla y solo veo arroz. “¿Lengua de qué?”, pregunto. “Te comes el arroz, te pegas una mordida en la lengua y ahí está tu plato”, me dice con una sonrisa en la cara. Pero su gesto cambia enseguida cuando le pregunto qué lo tiene retenido aquí después de miles de kilómetros. “El miedo”, me responde sin pensarlo. “El miedo a que nos secuestren o nos extorsionen en el camino, hermano”.

Cerca del paso del Coyote, donde en esta época por las noches cae tormenta y en el día más que calor hay vapor, solo hay una persona que les ofrece ayuda a los migrantes, un poco de agua y comida. Es el padre Heyman Vásquez. En una conversación anterior con él, el padre Heyman me contó que “La Maña”, como se le llama en algunas partes de México al crimen organizado, está secuestrando migrantes desde antes de que crucen el río: “Los engañan y les dicen que les van a ayudar a cruzar, pero una vez que los apartan del grupo los secuestran, a veces durante semanas o meses, y piden extorsión a sus familiares”. 

Los migrantes en el asentamiento lo confirman. Me cuentan, con miedo en sus ojos, que esta mañana secuestraron a una joven en las orillas del río. Un grupo de hombres apareció y seleccionó a una. La tomaron por la fuerza, me dicen, en las narices de los agentes de la Guardia Nacional. “No sabemos para dónde se la llevaron. Parece que la jovencita viajaba sola”, dice Misael.

Muchos de los cientos de migrantes que llegan cada día hasta aquí, ya han sido secuestrados. Cuentan que, después de pagar, los secuestradores les ponen un sello con forma de ave. Unos dicen que es un fénix, otros dicen que es un gallo. Otros dicen que lo han olvidado porque con los días y el agua del río se le borró. Todos creen que los secuestradores pertenecen a un cartel que se disputa esta zona. Todos dicen que los secuestradores les dijeron que son del Cártel de Sinaloa. 

Sobre las gradas, un agente de Migración anuncia con ayuda de un megáfono los nombres que tiene escritos en una lista que elaboran los propios migrantes. Las 200 personas que hoy saldrán de este asentamiento se forman en una cola. “¡Nos vamos para Tuxtla!”, grita un cubano, emocionado. 

A Misael le respondí que avanzar hasta Tuxtla es como no avanzar nada, apenas 400 de los 4,021 kilómetros que le quedan por recorrer y que más bien, llevándolo a ese lugar, lo desviarán varios kilómetros de su ruta. Además, allá no hay albergues ni oenegés que podrían ayudarlos. Misael casi no pone atención a mis palabras. Me oye pero no me escucha. Toma sus cosas, empaca su mochila y le da una patada a la arena apagando las brasas sobre las que cocinó el arroz con lengua. 

Mientras veo cómo los migrantes se van subiendo al autobús con una sonrisa en sus rostros, Misael se queda haciendo cola con su mochila al lado de las piernas. Él sabe que es una cola que podría durar días o semanas. Pero pienso que tal vez el único derecho que nadie le puede negar a los migrantes es la esperanza de alcanzar el fin del camino. 

Ciudad de Guatemala, 19 oct (EFE).- El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del norte de la Ciudad de Guatemala, tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades y de que un juez le concediera el viernes la medida de arresto domiciliario.

«Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad», declaró Zamora Marroquín a decenas de periodistas tras cruzar a las 17.36 hora local (23.36 GMT), el portón de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.

Zamora Marroquín estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando fue acusado de un supuesto lavado de dinero en un caso que fue presentado por la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de actos de corrupción al entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

«El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa, y si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento», añadió este sábado a las afueras de la prisión el fundador del extinto diario El Periódico.

El periodista José Rubén Zamora Marroquín da declaraciones a su salida de un cuartel militar este sábado, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ David Toro

Familiares del periodista acudieron a la prisión para recibir a su salida a Zamora Marroquín, de 67 años, a quien un juez otorgó el viernes el arresto domiciliario por considerar que se excedió el tiempo de prisión preventiva en su contra y por respeto a sus derechos humanos.

La defensa de Zamora Marroquín logró acreditar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, por lo que el juez Erik García accedió a enviar al periodista a su casa bajo arraigo.

Zamora Marroquín es reconocido internacionalmente por una trayectoria de más de tres décadas denunciando la corrupción estatal de seis administraciones presidenciales de Guatemala.

En 2024, el periodista fue reconocido como el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.

Después de su liberación, Zamora Marroquín debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.

Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país centroamericano.

La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», cuyo artículo 4, literal A, otorga amnistía a exfuncionarios por delitos de corrupción, lo cual, según analistas, genera impunidad y protege a personas allegadas al expresidente Manuel Zelaya Rosales y afines al gobierno de Xiomara Castro. La ley, originalmente creada para condenar el golpe de Estado de 2009, también enfrenta discrepancia con la Constitución al incluir delitos no políticos ni conexos a estos.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen y archivo CC 

La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 8 de octubre de 2024 ha declarado «no ha lugar» los recursos de inconstitucionalidad promovidos contra el decreto 4-2022, que contiene la Ley para la reconstrucción del Estado de derecho y para que los hechos no se repitan. Según analistas jurídicos consultados por Contracorriente, esta decisión envía un mensaje de lealtad, protección e impunidad a exfuncionarios procesados y sentenciados por delitos de corrupción que son afines al actual gobierno, encabezado por Xiomara Castro, debido al artículo 4, literal A, de dicha normativa.

El decreto 4-2022, conocido como «ley de amnistía política», fue aprobado el 3 de febrero de 2022 por el Congreso Nacional (CN), con el objetivo de condenar el golpe de Estado de 2009 que derrocó al expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), así como eliminar procesos judiciales contra perseguidos políticos, defensores del territorio y del medio ambiente, y personas criminalizadas por su oposición al golpe.

Sin embargo, el artículo 4, literal A de este decreto contiene una amnistía «general, amplia e incondicional» para aquellas personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante el gobierno de Zelaya Rosales y que fueron víctimas del golpe de Estado, «requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados». 

Además, incluye delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude. Esto contraviene el artículo 205, numeral 16, de la Constitución de la República, que establece que la amnistía solo puede otorgarse por delitos políticos y delitos comunes que sean conexos.

Ana María Calderón, exfiscal del Perú y exvocera de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), considera que este artículo constituye «una voluntad de generar impunidad y proteger a funcionarios que cometieron delitos» y contraviene la naturaleza de una amnistía.

«El mal manejo del dinero es un acto propio del ejercicio de la función pública, sí, pero no debe ser objeto de amnistía. Más allá de eso, vemos en este artículo una voluntad de generar impunidad, ya que habla de “motivos políticos”, lo que complica y hace ambigua la capacidad de los jueces para valorar hechos “políticamente motivados”», indicó a Contracorriente.

Calderón analizó específicamente la sentencia mediante la cual se otorgó la amnistía al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, quien en 2017 había sido condenado a nueve años de prisión por enriquecimiento ilícito y a ocho años y seis meses por fraude y abuso de autoridad. Chimirri no pudo justificar 16.7 millones de lempiras que se sumaron a su patrimonio personal mientras ocupaba el cargo.

En la resolución emitida por el Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, la jueza que conoció la solicitud de amnistía para Marcelo Chimirri calificó como motivación política la «existencia de una relación cercana y directa entre el señor Chimirri y el expresidente Manuel Zelaya Rosales y su familia, principales afectados por el golpe de Estado», así como el «clima político negativo que siguió al golpe de Estado».

«La jueza hace una interpretación arbitraria, porque una relación cercana y directa no puede considerarse una vinculación que justifique un hecho políticamente motivado; sería como afirmar que todos aquellos que estuvieron cerca del expresidente Zelaya y su familia han sido perseguidos políticos», señaló la exvocera de la MACCIH.

A pesar de la absolución penal, los bienes que habían sido incautados a Marcelo Chimirri y posteriormente pasaron a manos del Estado nunca le fueron devueltos por resolución judicial. En junio de 2023, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó la investigación titulada «El silencio absoluto», en la que se detalla cómo Chimirri, acompañado por miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), tomó por la fuerza uno de los inmuebles que le habían sido incautados, en Valle de Ángeles. 

Esta acción se llevó a cabo a pesar de que nunca existió una resolución del Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que ordenara la devolución de los bienes, y de que se mantenía firme una declaración de «no ha lugar» por parte de la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en respuesta a un recurso presentado por la defensa de Chimirri. Contracorriente verificó que, hasta el 18 de octubre de 2024, dicho juzgado no había emitido ninguna nueva resolución.

Otra sentencia basada en el artículo 4, literal A del decreto 4-2022 que generó controversia fue la emitida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, que otorgó sobreseimiento definitivo al exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. Este exfuncionario, prófugo en Nicaragua hasta su regreso a Honduras el 17 de marzo de 2022, enfrentaba acusaciones del Ministerio Público (MP) por fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.

Flores Lanza estuvo involucrado en la sustracción de 50 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), dinero que se utilizaría para financiar el proyecto «Cuarta urna», una consulta que realizaría el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 28 de junio de 2009, para que la ciudadanía decidiera en las elecciones de noviembre de ese año sobre la pertinencia de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente.

El exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, estuvo prófugo de la justicia en Nicaragua tras enfrentar acusaciones por delitos de corrupción. El 17 de marzo de 2022 retornó al país tras ser amnistiado y actualmente es asesor presidencial. Foto: Archivo CC.

Años después, en 2014, Enrique Flores Lanza aseguró en una entrevista que no se apropió del dinero y que este fue repartido entre diferentes funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que también se desempeñaban como coordinadores departamentales del proyecto. Algunas de estas personas son actuales funcionarias de la administración de Xiomara Castro: Rixi Moncada, secretaria de Defensa; Tomás Vaquero, secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización; y Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

El 22 de febrero de 2022, la defensa legal de Flores Lanza, encabezada por el ahora magistrado de la Corte Suprema, Milton Jiménez Puerto, se presentó ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa y solicitó la aplicación del decreto 4-2022. Solo tres días más tarde, el 25 de febrero, un juez de letras penal dictó sobreseimiento definitivo en las cinco causas penales que enfrentaba el exfuncionario, ahora asesor presidencial de Xiomara Castro.

El juez únicamente hizo constar que Enrique Flores Lanza fue funcionario entre 2006 y 2009 y que los cargos que le imputaron están contemplados en el decreto 4-2022.

«Consta que el encausado era un funcionario público del gobierno del 2006 al 2009, y en el numeral 4 del decreto 4-2022 se establecen los delitos que son considerados en la amnistía. Vemos que en este tipo penal los artículos 349, numerales 2 y 4, y 370 del Código Penal están enmarcados en el decreto, por lo que queda claro que se debe conceder la amnistía de este tipo de delitos y procederse a decretar la extinción de la acción penal con base en el artículo 42, numeral 6, del Código Procesal Penal», indicó la sentencia que absolvió a Enrique Flores Lanza y le permitió retornar al país.

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Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, dijo a Contacorriente que la discrecionalidad que otorga el decreto 4-2022 a los jueces para interpretar qué es un hecho «políticamente motivado» es el principal cinturón de impunidad que contiene dicha ley.

«En este caso específico, el juez únicamente se limitó a verificar que los delitos que se le imputaban eran propios de la función pública y estaban contenidos dentro del decreto. Como estaban dentro del decreto, iba haciendo una especie de checklist. Prácticamente solo se verificó si Enrique Flores Lanza fue funcionario público en dicho periodo y, con base en ello, aplicó dicho decreto sin ningún razonamiento jurídico», cuestionó Urbina.

Contracorriente entrevistó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, acerca de cómo un juez puede definir un «hecho políticamente motivado», y respondió que depende de la evidencia que se le presente.

«Si un caso, aunque no tenga apariencia de ser un delito político, está políticamente motivado, es decir, que la acusación sí tiene una motivación política, entonces eso está protegido por el decreto. Esa evaluación la tendrá que hacer el juez, quien con su experticia debe determinar si, con la prueba que se le ofrece, puede concluir que hubo motivación política. Recordemos que la amnistía no es automática, deben presentarse las respectivas pruebas para hacer esa valoración», indicó el funcionario judicial.

Cuando se le consultó acerca de la ausencia de fundamentos jurídicos en las sentencias que sobreseyeron a Marcelo Chimirri y Enrique Flores Lanza, se limitó a contestar que, como magistrado de la Corte Suprema y antes como juez de sentencia, nunca ha respondido por resoluciones judiciales ajenas a él.

«Lo que sí puedo decir es que cualquier acto de un juez o jueza es impugnable. Si una persona no está conforme con la resolución del juez, puede perfectamente impugnarla y expresar los motivos de invalidez de esa resolución. Vuelvo al caso, no es automático que el juez otorgue la amnistía. No puedo hablar de casos particulares, porque escapa a mi responsabilidad. Cuando discutimos la constitucionalidad de este decreto en el pleno, lo hicimos viendo el decreto en su conjunto, no hablamos de casos concretos», agregó.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, manifestó que toda acción judicial es impugnable, pero, al igual que con su voto, descartó que el decreto 4-2022 contenga vicios de inconstitucionalidad. Díaz mientras atendía a Contracorriente en su despacho en el Palacio de Justicia. Distrito Central, 16 de octubre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

¿Qué originó la sentencia de la Corte Suprema?

El recurso de inconstitucionalidad que llevó a la Corte Suprema de Justicia a tomar una decisión sobre el decreto 4-2022 derivó del expediente SP-523-2022, mediante el cual la Sala de lo Penal del periodo 2016-2023 sugirió el 8 de marzo de 2022 que el decreto contenía indicios de vicios de inconstitucionalidad. Basándose en el artículo 77 de la Ley sobre Justicia Constitucional, los magistrados y la magistrada que integraban la Sala de lo Penal promovieron de oficio un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto legislativo.

El expediente mencionado tiene su origen en un auto en el que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula se declaró incompetente para resolver una solicitud de amnistía bajo la aplicación del decreto para el extesorero municipal de la Alcaldía de San Pedro Sula, Marco Antonio Bermúdez, condenado por violación de deberes de los funcionarios y abuso de autoridad. El mismo caso también involucra al exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri (2006-2010), quien también se ha acogido a la amnistía, pero solo se le ha aplicado en dos de las ocho causas penales que enfrenta.

Además, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula solicitó a la Sala de lo Penal que analizara el contenido y la aplicabilidad de dicha ley.

Según el recurso de inconstitucionalidad promovido por los entonces magistrados de la Sala de lo Penal, el decreto 4-2022 viola los artículos 4, 41, 205, 219, 231 y 304 de la Constitución de la República. La Sala de lo Penal que emitió este fallo estaba integrada por los magistrados José Olivio Rodríguez, Rafael Bustillo y Alma Guzmán. Sin embargo, a partir del 17 de febrero de 2023 fueron sustituidos por los magistrados Mario Díaz, Walter Miranda y Nelson Mairena.

La sentencia de la Sala de lo Penal citaba la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En cuanto a la inaplicabilidad de la amnistía para delitos contra la administración pública, invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este tratado internacional establece que los delitos de lavado de activos, malversación, apropiación indebida y otras formas de desviación de bienes por parte de un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y obstrucción de la justicia no son considerados delitos políticos.

Cuando la Sala de lo Constitucional, integrada por cinco magistrados y magistradas, resolvió este recurso de inconstitucionalidad, la votación fue 3 a 2, lo que llevó a elevar el expediente al pleno de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Así, el 8 de octubre de 2024, el alto tribunal determinó por mayoría calificada que el decreto 4-2022 es constitucional y declaró «no ha lugar» la solicitud promovida por la Sala de lo Penal del periodo 2016-2023.

En su sentencia, la Corte también instruyó a la Sala de lo Penal devolver el expediente al Tribunal de Sentencia, que se declaró incompetente para aplicar la amnistía, y acatar el artículo 5 del decreto 4-2022, en caso de que se demuestre que existió «motivación política».

Una vez en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, votaron en contra de la inconstitucionalidad los siguientes magistrados: Rebeca Ráquel, Rubenia Galeano, Mario Díaz, José Ricardo Pineda, Aída Martínez, Roy Pineda, Felipe Speer, Nelson Mairena, Odalis Nájera y Roxana Morales. Los primeros seis son afines al oficialismo, mientras que Speer, Mairena y Nájera al Partido Liberal. Morales, en cambio, nunca ha sido nominada por ningún partido político para aspirar a la Corte Suprema. 

Por otra parte, a favor de la inconstitucionalidad emitieron su voto Walter Miranda, Anny Ochoa, Gaudy Bustillo, Marvin Espinal y Luis Discua, todos pertenecientes al Partido Nacional.

Por mayoría de votos, la Corte Suprema de Justicia sentenció que el decreto 4-2022 es constitucional. Fachada del Palacio de Justicia, Distrito Central. Foto: CC / Fernando Destephen.

La sesión estuvo integrada por ocho magistradas y magistrados propietarios, seis suplentes y la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Roxana Morales, quien fue llamada a integrar la Corte Suprema ante la imposibilidad de que la magistrada suplente Martha Merino asistiera a la sesión.

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No estuvieron presentes Wagner Vallecillo, Luis Padilla, Francisca Villela e Isbela Bustillo,  de la Sala de lo Constitucional, porque ya habían fallado sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados. Tampoco pudo ser parte de la discusión el magistrado Milton Jiménez Puerto, quien había formado parte de la Sala de lo Constitucional en reemplazo de Sonia Marlina Dubón, esposa de Enrique Flores Lanza, uno de los exfuncionarios procesados por delitos contra la administración pública que recibió la amnistía.

De los conflictos de interés y los defensores de la amnistía

En todas las ocasiones en que la Sala de lo Constitucional ha resuelto sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el decreto 4-2022, la magistrada Sonia Marlina Dubón se ha abstenido de emitir su voto, argumentando un «conflicto de interés» debido a que su esposo, Enrique Flores Lanza, fue uno de los beneficiarios de dicha ley.

Por ejemplo, el 9 de junio de 2023, cuando la Sala de lo Constitucional emitió sentencia por el recurso de inconstitucionalidad promovido por la jueza Karla Romero, contenido en el expediente RI-0749-2022, Dubón fue suplida por el magistrado Mario Díaz. Asimismo, como se señaló en un párrafo anterior, cuando se abordó el recurso presentado de oficio por la Sala de lo Penal, fue el magistrado Milton Jiménez Puerto quien ocupó su lugar.

Aunque Dubón argumentó un conflicto de interés, la situación de Jiménez Puerto no era distinta. Él es amigo personal de Enrique Flores Lanza y, aun así, sustituyó a Dubón durante la deliberación y emisión de sentencia en torno al referido recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la amistad entre Jiménez Puerto y Flores Lanza no fue el principal conflicto de interés. Más relevante es el hecho de que, antes de convertirse en magistrado de la Corte Suprema, Jiménez Puerto fue el abogado defensor de Flores Lanza, y el 22 de febrero de 2022 fue quien presentó ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa la solicitud de amnistía para su defendido. Además, en su cuenta de X, Jiménez Puerto expresó su respaldo a Flores Lanza en una publicación del 13 de marzo de 2022, en la que lo llamó «hermano».

«Bienvenido, querido hermano, a tu país. El camino hacia la justicia es largo, lo ha iniciado Xiomara Castro, se cumple una promesa de una amnistía prometida en campaña. Enrique Flores Lanza regresa el 17 (de marzo) a Honduras», publicó Jiménez Puerto. 

La presencia de Milton Jiménez Puerto en la Sala de lo Constitucional fue determinante en la votación mayoritaria sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Sala de lo Penal. El magistrado Jiménez Puerto se unió a los votos de la magistrada Francisca Villela y el magistrado Wagner Vallecillo para declarar «no ha lugar» el recurso, formando así una mayoría de tres a dos en contra de los votos minoritarios del magistrado Luis Padilla y la magistrada Isbela Bustillo. Al no emitirse un fallo unánime, el expediente fue elevado al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Luis Urbina, del CNA, considera que no es una coincidencia que tanto Enrique Flores Lanza como Marcelo Chimirri hayan sido defendidos legalmente por personas que ahora ostentan poder dentro de los poderes Judicial y Legislativo.

«No veamos solo el caso de Enrique Flores Lanza y Milton Jiménez Puerto. ¿Quién fue el abogado que defendió a Marcelo Chimirri en su proceso penal? Ramón Barrios, quien actualmente es diputado en el Congreso Nacional. Aquí no hablamos solo del conflicto de interés, sino de la concentración del poder», afirmó Urbina.

Ramón Barrios, diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), ha sido uno de los más acérrimos defensores del decreto 4-2022. El mismo decreto que el CN se rehúsa a revisar, y que salvó a su antiguo cliente, Marcelo Chimirri, de pasar cerca de dos décadas en prisión tras ser hallado culpable y condenado por enriquecimiento ilícito, fraude y abuso de autoridad.

Una delegación representará a Honduras del 21 de octubre al 1 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), el evento en el que los países revisan sus compromisos a fin de restaurar el 30 % de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos para el 2030. En esta cumbre, una de las metas cruciales es garantizar la participación de los pueblos originarios y afrodescendientes en la toma de decisiones para preservar la biodiversidad. Contracorriente habló con defensores del ambiente y de la seguridad alimentaria, así como también con representantes del Estado, para conocer sus expectativas y exigencias previo a este evento, que tendrá como sede a Cali, Colombia. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen

«Paz con la naturaleza» es el lema de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad o Cumbre de la Biodiversidad (COP16), que se desarrollará en la ciudad de Cali, departamento del Valle de Cauca, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre. La meta de este evento es que los 190 países integrantes asuman la protección de la biodiversidad como herramienta para resolver los conflictos a nivel mundial, propongan herramientas y recursos genéticos para conservarla, y garanticen la participación de los pueblos indígenas para lograrlo.

Los compromisos adoptados en la COP15, antecesora de esta cumbre, juegan un papel determinante, pues en ella se adoptó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, el cual plantea 23 metas que deben ser puestas en práctica y completadas por los países –incluido Honduras— para 2030. Entre los puntos más destacados están la conservación y gestión eficaz de al menos 30 % de las zonas terrestres, costeras y aguas continentales del mundo, la restauración de al menos el 30 % de estas, la eliminación o reforma de incentivos perjudiciales para la biodiversidad, aumentando en su lugar los incentivos para su uso sostenible, y la utilización de al menos 200 millones de dólares anuales para el financiamiento de planes y estrategias relativas a la biodiversidad.

El cumplimiento de las metas del Acuerdo Kunming-Montreal y la puesta en práctica de los ejes que tiene la COP16 puede resultar complejo para Honduras. Hasta septiembre de 2024, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró más de 3,000 alertas por deforestación a nivel nacional, principalmente en las regiones de la Biosfera de Río Plátano –declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Unesco–, La Moskitia, y Olancho, sitios en los cuales la franja ganadera y el conflicto territorial se incrementan todos los años.

Incendio forestal en las cercanías del Parque Nacional La Tigra. Francisco Morazán, marzo de 2024. Foto: CC/Fernando Destephen.

En mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció el Plan Cero Deforestación al 2029 para la región de La Moskitia, uno de los lugares con myor diversidad biológica, pero que más deforestación registra. Durante una década, el departamento de Gracias a Dios –que comprende la mayor parte de la Biosfera del Río Plátano y la región de La Moskitia–, ha registrado aproximadamente 87,634 hectáreas deforestadas entre 2010 y 2022, incrementando la tasa de deforestación de esta zona de un 0.12 % en 2010 a un 2.14 % en 2020, según datos proporcionados a Contracorriente por el ICF.

Deforestación en los últimos 10 años en el departamento de Gracias a Dios. Datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Deforestación en los últimos 10 años en el departamento de Gracias a Dios. Datos proporcionados por el Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Con un presupuesto de 19 mil millones de lempiras aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para la realización de este plan, la mandataria autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Policía Nacional a realizar desalojos por actividades de agricultura, ganadería, minería y dragado de ríos en zonas boscosas y en áreas protegidas del país.

«La Moskitia es el pulmón del mundo, no vamos a permitir su destrucción», dijo Castro cuando anunció el plan en mayo de este año. Además, en la resolución del CNDS se acordó investigar la actividad criminal de estas tres regiones, en las que la deforestación es consecuencia de la ganadería extensiva y el narcotráfico que ha crecido con la siembra de plantaciones de droga.

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Honduras dista mucho de representar un santuario de naturaleza y aire puro. Según el Informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero presentado en febrero de este año, de 2005 a 2020 Honduras absorbió más emisiones de gases de efecto invernadero de las que ha emitido; sin embargo, en 2020 las emisiones se incrementaron en un 24 %. El país registra un decrecimiento del 1.25 % en la absorción de estas emisiones anualmente. 

La participación de las Fuerzas Armadas en tareas como la preservación del ambiente y ahora en la ejecución de desalojos no ha tenido un buen recibimiento por sectores ambientalistas. Mirna Wood, una mujer miskita defensora de los bienes comunes, expresó que es necesario frenar la ganadería extensiva y el ingreso de personas que llaman «invasores» a la región de la Biosfera del Río Plátano, pero este plan no se ha ejecutado de forma correcta, más bien se ha vulnerabilizado y desplazado más al pueblo miskito.

«Nosotros no somos depredadores», sostuvo Wood, y agregó que las tareas asignadas a los militares han sembrado terror en las personas miskitas que han vivido por años en puntos críticos, donde la biodiversidad está en riesgo y la frontera ganadera se ha expandido.

Otro de los proyectos del Gobierno que ha sido altamente cuestionado es la promesa de construcción de una cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, al norte de Honduras. Aunque el proceso de licitación para la construcción del reclusorio ha fracasado y se ha repetido varias veces, Contracorriente reveló que el proyecto no tiene licencia ambiental para su construcción. Además, la empresa encargada de realizar los estudios ambientales está vinculada a Grupo Emco, el conglomerado empresarial del que forma parte Los Pinares, cuyo dueño es Lenir Pérez, un empresario minero que ha generado conflictos socioambientales en el Bajo Aguán y quien tiene requerimiento fiscal en su contra, junto a su esposa Ana Facussé, por daños al ambiente. 

Además, Inversiones Los Pinares, la minera de Pérez, ha sido señalada como culpable no solo de daños a las comunidades en Tocoa, sino del asesinato de Juan López, un ambientalista y lider territorial que sostuvo una lucha frontal contra la minera y que además denunciaba la vinculación de los empresarios con el poder político, entre ellos Adán Funez, actual alcalde de Tocoa, quien ha estado cerca de personajes ligados al narcotráfico y crimen organizado.

David Ortega Bercián, quien está al mando de la Dirección de la Biodiversidad (DiBio) adscrita a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna), y que además forma parte de la delegación que representará a Honduras en la COP16, señala que el Plan Cero Deforestación es fundamental para que Honduras alcance sus compromisos para preservar la biodiversidad, delimitando las zonas de expansionismo de la tala de bosque y garantizando con títulos de propiedad a las personas que habitan en estas zonas.

Sobre la preparación de Honduras para la COP16, el director de la DiBio dijo a Contracorriente que han preparado las metas nacionales y que han hecho consultas con los pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y otros actores involucrados directamente en la preservación de la biodiversidad y el ambiente. No brindó más detalles sobre las comunidades o a qué líderes y lideresas han entrevistado.

«Estos espacios de consulta se hicieron a lo largo de todo el país; nosotros en la Dirección de Biodiversidad armamos estos espacios para conocer cuales son las prioridades del país en aspectos de conservación y del Protocolo de Nagoya», apuntó el biólogo. Este Protocolo, al que Honduras se adhirió en 2013 y entró en vigor en 2014, está enfocado en la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas y comunidades locales en el reconocimiento de los recursos biológicos y genéticos.

Un pez león en el acuario Tela Marine. Tela, Atlántida, junio de 2022. Foto CC / Fernando Destephen.

Ortega Bercián también señaló que estas acciones están contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, conocida como National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) en inglés, que ha sido presentada por Honduras hasta el período de 2018-2022.

Mediante las NBSAP, adoptadas por todos los países que integran el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, se espera que los países propongan acciones para proteger, conservar y utilizar servicios ecosistémicos, mientras se aseguran sus beneficios de forma justa y equitativa, siempre teniendo en mente la meta de frenar y revertir la pérdida de la biodiversidad para 2030.

Según un reporte de Carbon Brief –medio de comunicación enfocado en noticias sobre cambio climático, ciencia y naturaleza– y The Guardian, más del 85 % de los países no han presentado sus respectivas estrategias nacionales de biodiversidad actualizadas antes de la COP16. Dentro de los países que sí la presentaron están México, Canadá, China, Australia y Japón. Honduras no ha presentado su estrategia actualizada aún, y tampoco Colombia, sede de la COP16 y uno de los 17 países «megadiversos» según las Naciones Unidas.

La delegación de Honduras en la COP16 estará integrada por representantes de la Dirección de Biodiversidad (DiBio), el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Lucky Medina, representantes de la Secretaría de Ganadería y Agricultura (SAG) y organizaciones no gubernamentales. El pasado agosto, Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, anunció la asistencia al evento de la presidenta Xiomara Castro.

El cuidado del medioambiente como lucha y sostén de la familia

Para Gisela Rodas, integrante del grupo de mujeres del Consejo Indigena Lenca de Reitoca (CILR), la defensa del ambiente y los bienes comunes no solo ha representado el sostén de su familia a través del cultivo de granos básicos, sino que también ha significado un proceso largo de criminalización en contra de su esposo, Wilmer Alonzo, y de su hermano, Orlando Rodas.

Ellos, quienes se organizaron en el CILR para frenar la instalación de un proyecto hidroeléctrico que no se consultó al pueblo lenca de Reitoca, en el municipio de Francisco Morazán, instalaron un campamento en las cercanías de la cortina de agua para impedir el avance del proyecto. Inicialmente habían sido acusados por el Ministerio Público por delitos de usurpación y daño a la propiedad privada por la defensa del río Grande, pero en noviembre del año pasado una jueza retiró estos cargos para acusarlos de un nuevo delito: el de perturbación a un derecho penal.

Defensores del río Grande en Reitoca se movilizan exigiendo justicia por los defensores Wilmer Alonso y Orlando Rodas. Tegucigalpa, 31 de octubre de 2023. Foto: CC/Fernando Destephen.

«Ha sido un proceso largo y muy doloroso, en el cual tenés que limpiarte las lágrimas y decir “aquí vamos otra vez, de frente y de pie”, pero los momentos vividos en Reitoca también han sido de mucha alegría, porque nos hemos encontrado como cultura lenca», apuntó la defensora.

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Gisela Rodas insiste en que es clave que el Estado garantice la protección a los defensores del ambiente y el territorio en Honduras, y que además incluya a los pueblos originarios en la toma de decisiones relacionadas con la preservación del ambiente, ya que desde la cosmovisión de los lencas defender la tierra es «devolverle un poco de lo que ella tanto nos da».

La instalación de los proyectos extractivos en territorios mayormente habitados por pueblos originarios no solo trae desplazamiento y amenazas a quienes se oponen a estos proyectos, sino que además interfieren en el modo de vida de quienes viven del maíz, el frijol y la papa que cultivan en sus tierras.

«Nosotros somos los que estamos defendiendo esta casa común» sostiene Gisela. «Sin los pueblos originarios, las grandes ciudades no tendrían la comida de cada día, el desayuno o almuerzo, todo lo que llega al hogar».

Según el Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en el primer trimestre de este año se registraron 42 conflictos socioterritoriales a nivel nacional. Los departamentos con un nivel de conflictividad alto son Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán y La Paz, en los que predominan la población lenca y campesinos.

Uno de los acontecimientos más impactantes para los defensores y defensoras del ambiente fue el asesinato de Juan López el pasado 14 de septiembre. Juan, quien se dedicaba a la defensa del río Guapinol y era una voz activa en la denuncia de las acciones de la empresa minera instalada en Tocoa, Colón, fue asesinado mientras salía de la iglesia de su comunidad, en uno de los países más letales para las personas defensoras del ambiente.

La biodiversidad debe estar en manos de los pueblos

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, más de dos millones de personas en Honduras enfrentaron crisis o emergencia alimentaria, según el Informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fase (CIF).

Entre los factores contribuyentes a estas cifras, según el informe, están el cambio climático, los desastres naturales y la pandemia por COVID-19. Además, la producción del maíz y el frijol también ha disminuido debido a la falta de acceso a insumos y temor del campesinado a sufrir pérdidas en la cosecha.

Aunque ahora las estadísticas son más alentadoras y la inseguridad alimentaria se ha reducido un 10 %, debido a que los impactos de las tormentas tropicales Eta e Iota se han ido disipando, es necesaria la creación de políticas públicas que garanticen la producción de alimentos de forma más sostenible y la preservación de las semillas nativas en Honduras.

Octavio Sánchez, director de la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae), explica que esto es posible a través de la implementación de la agroecología, una forma de cultivo que no es abrasiva con la tierra y que toma en cuenta los saberes de los indígenas y el campesinado, uno de los puntos focales de la Cumbre de la Biodiversidad este año.

Defensores del río Grande en Reitoca se movilizan exigiendo justicia por los defensores Wilmer Alonso y Orlando Rodas. Tegucigalpa, 31 de octubre de 2023. Foto: CC/Fernando Destephen.

«Por eso es que hay una lucha fuertísima de las organizaciones campesinas e indígenas a nivel global, como la Vía Campesina y organizaciones como Anafae. Pensamos que la semilla tiene que estar libre, en manos de los campesinos, pues es su decisión, no la del Estado, poder seguir cultivando y cuidando sus propios alimentos», manifestó Sánchez. Añadió que el Estado de Honduras destina anualmente 800 millones de lempiras para la merienda escolar, una cifra que podría reducirse si se potencian las capacidades de las comunidades campesinas.

El 17 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como Ley de Monsanto. Para que este fallo fuese posible, las organizaciones campesinas lucharon durante diez años contra esta ley,  que no solo amenazaba el libre cultivo de las especies nativas y criollas de Honduras y obedecía a una industria alimentaria millonaria, sino que además atentaba contra los saberes ancestrales de los pueblos originarios, que se enfrentan a las sequías, inundaciones y otros efectos derivados de la crisis climática.

Recomendamos leer: La resiliencia de un pueblo que estuvo a punto de perder sus semillas

Para el director de Anafae, la discusión sobre la preservación de especies –sobre todo las nativas de los pueblos latinoamericanos– y la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza serán clave en la COP16, pues es fundamental integrar efectivamente a las poblaciones indígenas en los debates, considerando el despojo y discriminación de que han sido objeto por poner en práctica sus saberes ancestrales.

Esta historia fue producida en el marco de la beca para cubrir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) en 2024, auspiciada por Internews’ Earth Journalism Network (EJN).

This story was produced as part of the 2024 CBD COP16 Fellowship organized by Internews’ Earth Journalism Network.

23 de abril de 2024. Apuntes sobre la noche eterna de Vicky

Por Bryan Avelar 

La silla de plástico cruje cuando Victoria salta con las piernas abiertas sobre un hombre gordo que le hunde el bigote entre sus pechos. Ambos se asustan y guardan silencio durante un segundo mientras el reggaetón retumba en la rocola. Son cerca de las diez de la noche. Estoy en la zona roja de Tapachula y ya no cabe nadie más en este “bar diurno”, un nombre con el que llaman en este pedazo del mundo a las cantinas de mala muerte donde a las ocho de la mañana ya hay gente abyecta de embriaguez. Victoria y el hombre gordo estallan en carcajadas después del susto. Ella se empina una botella de Corona y sigue saltando, y el bigote vuelve a desaparecer.

En esta cantina hay personas de al menos ocho nacionalidades. “El Cuba”, el mesero, llegó desde su isla con su mujer y aquí se quedó solo porque el dinero apenas les alcanzaba para pagar un viaje a un coyote que los cruzara a Estados Unidos. Benja, uno de los vigilantes, salió de Caracas después de que su madre vendiera su cama a cambio de comida. Ariana, una de las ficheras, las mujeres que bailan sobre las piernas de los hombres, es hondureña y huyó de San Pedro Sula después de que unos sicarios mataran a su marido. Victoria, me contará en unos minutos, es de El Salvador. Este lugar turbio es un buen resumen de la ciudad en que habita, uno de los epicentros de la migración mundial. Quizá por eso sus dueños decidieron nombrarlo con buen tino “La Ruta”.

Los clientes se reúnen en medio de un calor infernal apenas aplacado por dos pequeños ventiladores y la nube de humo que se mezcla con las luces de neón. Ellos son también de varias partes del mundo y muchos no querrían estar aquí. Las políticas antiinmigrantes impulsadas por Estados Unidos e implementadas por México, según los cálculos de activistas, retienen a unos 30 mil migrantes atrapados en la frontera sur de México. Muchos esperan por miedo a ser secuestrados o asesinados en el camino. Otros esperan para conseguir dinero. O esperan porque se quedan sin más opción. No por nada los activistas han convenido en rebautizar la ciudad con un juego de palabras: “La Trampa-Chula”.

Por Tapachula, según un registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, han pasado más de 600,000 personas de 165 países de los cinco continentes en los últimos diez años. Es decir, por esta ciudad han pasado migrantes del 85% de los países del mundo reconocidos por la ONU. Eso sin contar la enorme cantidad de personas que cruzan sin dejar huella. 

En Tapachula, según un estudio realizado por el Centro de Dignificación Humana AC, para 2016 había tantos bares y cantinas que si todos sus habitantes salieran a tomar un día X a la misma hora, habría 17 veces más chance de que encontraran un asiento en un bar que si los habitantes en Brooklyn hicieran lo mismo. 

En lugares como la Ruta cientos de personas de diferentes nacionalidades se reúnen cada noche a explotarse entre sí. Unas entregan dinero. Otras, como Victoria,  lo único que tienen: su cuerpo. 

Si Nueva York es la capital del mundo donde la gente persigue sus sueños, Tapachula parece ser el lugar donde confluyen todos sus males.  

Victoria pide otra cerveza y el hombre gordo de bigote acaricia sus nalgas, sus pechos, le toca la cara, la sujeta para besarla y le mete la lengua babeante. Él sigue riendo a carcajadas. Ella pone cara de asco cuando los dedos mugrientos del cliente buscan hurgarle entre sus piernas. Cada cerveza que aquel hombre paga para ella cuesta $220 pesos mexicanos, algo más de diez dólares. El trato, me dirá Victoria después, es así: de esos diez, a ella le quedan seis y cuatro son para el local. Un cliente puede invitarla a una cerveza o siete. Victoria siempre deberá dejarse tocar y manosear. A veces más.  

Tapachula es una especie de paraíso para la trata de mujeres migrantes. La ONU dice que para que el verbo tratar se conjugue debe existir “amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción”. Y, sin embargo, según lo que me contará Victoria y me han contado decenas de ficheras, policías y fiscales en los dos años que llevo viviendo en esta ciudad, la definición puede quedarse corta para explicar lo que sucede aquí.

Victoria se empina lo último de su cerveza y se levanta de las piernas del gordo de bigote que ahora se tambalea en la silla de plástico a punto de caer. Le da un par de palmaditas y se despide sonriendo. Levanta la mirada en busca de su siguiente presa. Porque ahora ella ya no parece ser presa sino cazadora. Hace contacto con mi mirada. Sonríe y camina luciendo sus piernas torneadas bajo el vestido ceñido que le cubre apenas la mitad de ellas como si fuera sobre una pasarela y no sobre el piso de cemento sin losa en este bar mugriento. Se sienta a mi lado y me pregunta si puede pedir una cerveza. Antes le digo que soy periodista salvadoreño y que quiero entrevistarla. Más tarde me confesará que pensó que yo era pandillero porque para ella cualquier salvadoreño es sospechoso de serlo. Después de que les cuente su historia lo entenderán. 

Victoria es originaria de Apopa, un municipio en el área metropolitana de San Salvador, la capital. Estudió hasta quinto grado en una escuela pública, pero un mal día, cuenta ella, una compañera la acusó falsamente de fumar marihuana y la expulsaron. Su mamá nunca más la volvió a mandar a estudiar. “Si calle querés, calle vas a tener”, sentenció. A los 13 años se acompañó con un tipo luego de que pandilleros de la MS-13 quemaran vivo a su hermano junto a su mujer. “Antes lo habían golpeado. Le reventaron la cabeza, pero él para engañarme y hacerlo parecer menos feo me decía que se había aventado al mar y un tiburón lo había perseguido”, recuerda. A los 15 años, dice, ocurrió el detonante la hizo migrar. 

A falta de una fiesta rosa, como se acostumbra en Latinoamérica, su madre le regaló un teléfono celular nuevo. Victoria se fue a un parque cerca de su casa para mostrárselo a su mejor amiga. Entonces llegó un tipo vistiendo ropas flojas. Era un pandillero del Barrio 18. Le arrebató el teléfono celular de la mano. El miedo al castigo de su madre por perder el teléfono nuevo, dice, pudo más que el miedo al pandillero. Y lo persiguió. Cuando llegó a la calle que rodeaba el parque la subieron a un carro, la llevaron a una casa y la violaron al menos 12 cabrones, según puede recordar. Al final de la violación, Victoria quedó masacrada, temblando y llorando. Los pandilleros le devolvieron el celular. 

“Llegué a mi casa. Pero llegué bien tarde. Mi mamá me pegó con un cable que le había arrancado a un televisor. Me reventó la espalda”, dice mientras se empina su cuarta cerveza con lágrimas en sus ojos.

Desde entonces, para ella la vida en El Salvador nunca más tuvo sentido; si es que alguna vez lo tuvo.  Trabajó en un puesto de venta de pescado en el mercado central del centro de San Salvador, se dedicó a vender droga por un tiempo y finalmente ayudaba en lo que podía a su siguiente marido. Así fue hasta que tuvo 23 años y lo que necesitaba para intentar cambiar su vida: $1,000 dólares. Con eso tomó un autobús y luego otro y llegó hasta Tapachula. Aquí el problema, en lugar de mejorar, aumentó: para poder avanzar ya no necesita mil más sino ocho mil. “Es lo que cobra La Maña (el crimen organizado) por llevarte hasta la frontera con Estados Unidos”, dice. 

Ha pasado casi un año desde que llegó aquí y Victoria todavía no ha podido salir de esta trampa. Después de nuestro primer encuentro en La Ruta la entrevistaré varias veces más. Cuando sale del trabajo, hay noches en que Victoria no puede parar esa fiesta oscura en la que habita. Se va a un minúsculo cuarto que renta, a unas casas de La Ruta, y sigue abyecta en su eterna noche, tomando y drogándose con cocaína, sentada en su viejo sillón al lado de su hijo de dos años mientras él ve Peppa Pig. Así se gasta lo poco que logra ahorrar en varios días y tiene que volver a venir y dejarse tocar por desconocidos en este mismo lugar.

Una de las últimas veces que la vi, Victoria me recibió sonriendo. Llegó con unos folletos que les dieron de parte de una ONG que visita bares y prostíbulos en Tapachula para prevenir enfermedades sexuales en los migrantes. En los folletos hay dibujos de caricaturas cogiendo en diferentes posiciones con consejos sobre cómo protegerse de enfermedades sexuales. Además de los folletos, Victoria trae en las manos unos exámenes de sangre que les hicieron esa misma tarde. “Salí limpia de todo”, me dice, feliz. Fue quizá la única vez que la vi sonreír tan genuinamente, como si fuera una niña. Tomo el examen en mis manos y lo leo. En SIDA dice “No Reactivo”. Y en Sífilis dice “Reactivo”. Ella dice que en uno dice No reactivo y en el otro dice Negativo. Descubro que Victoria no sabe leer.  

—¿Quién te obliga a prostituirte y a dejarte tocar? —le pregunto a Victoria esta primera noche.  

—Tapachula, vos. — me responde. —Este lugar como que te envuelve y te obliga a terminar en esto—, me dice. 

En esta ciudad, la noche es una trampa para muchos migrantes. Por el día, como les contaré en estos diarios, la cosa no mejora. 

Texto y fotografías: Fernando Destephen

Hace unos años, le consulté al maestro de teatro Tito Estrada sobre la historia del barrio El Guanacaste, y me llamó mucho la atención lo que me contó del mercado San Miguel. Según Tito, desde hace tiempo se hace una procesión en honor a San Miguel Arcángel, y me describió una fiesta de barrio hermosa. Recordando esa historia del maestro Estrada, se me vino a la mente una frase de la cantautora Karla Lara, que en una plática en La Ilimitada describió la zona del centro de Tegucigalpa como un gran barrio común. El Chile, Barrio Abajo, El Jazmín, La Ronda, La Plazuela, La Leona, parte de Buenos Aires, del barrio el Guanacaste y la avenida Gutemberg, forman ese gran barrio común conocido como «El Centro».

El mercado San Miguel fue construido en 1904. La persona que donó el terreno para el mercado pidió que se mantuviera en su interior una capilla para el arcángel, lo cual se ha respetado. El edificio fue construido por la Alcaldía; antes solo existían el terreno y los locales, que son 95 en la actualidad. Desde 1978, la alcaldía comenzó a cobrar a los locatarios por el uso de las instalaciones.

Josué Ayala, administrador del mercado, cuenta que en los años cincuenta era una plaza, sin techo; cada dueño de local ponía el suyo, de lámina o de laja. 

Vista del interior y de una de las entradas al mercado San Miguel. El piso de piedra se conserva. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Imagino el mercado San Miguel de esa época como el mercado municipal de Intibucá, un desorden hermoso de artículos de plástico y colores, verduras y comida. Un solar para vendedores. Con el paso del tiempo las diferentes administraciones hicieron cambios, y desde hace unos 30 años ya hay un techo común y baños. En el área de las carnicerías el piso se cambió por cerámica; se han cambiado las tuberías; ahora hay más orden, comunión. Es un mercado hiperlocal que funciona para un barrio que ha crecido mucho, ese gran barrio común, «El Centro».

El mercado San Miguel conserva una fraternidad heredada. Me cuenta Erick Andino, dueño de un local y parte de la asociación de vendedores del mercado, que es tradición de muchas personas ir a hacer las compras y de paso comer en alguno de los comedores, como el de doña Berta, quien vende pescado frito todos los días y el domingo sale con un anafre a freír los pescados en la acera del mercado. 

También está el comedor de Yessica María Sierra, un híbrido gastronómico que ha encontrado un espacio incluso en la cultura popular hondureña, al aparecer en la película de Michael Bendeck El Paletero. Yessica heredó la receta de su madre, y por motivos de derechos de autor no podemos reproducirla. Pero la creatividad va más allá, y cuando hay ferias gastronómicas las enchiladas son de espaguetis a la boloñesa, para aumentar la apuesta. Mientras Yessica me contaba la historia, también preparaba una enchilada para un cliente que la esperaba para almorzar.

Yessica María Sierra termina la preparación de una enchilada de espaguetis agregando queso rallado. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El mercado es un laberinto en el que uno disfruta mucho perderse, porque se encuentra con una abarrotería, una bolsa de rosquillas colgada, una barbería  en medio del mercado o una carnicería con dos cortes colgando. Esperando clientes en el local, Luis Alonzo Galo, quien hace 52 años vende carne en el mercado, cuenta con orgullo que gracias a su trabajo en la carnicería logró graduar de la universidad a sus cuatro hijos. Sin embargo, lamenta que en la actualidad el flujo de venta ha cambiado mucho; cuestiona la inseguridad, la extorsión y la falta de oportunidades de trabajo para los viejos, dice.

En este laberinto sobresale una estatua de San Miguel Arcángel, de unos 50 años de antigüedad y hecha en Guatemala, acompañada de dos ángeles vestidos de blanco. Sale una vez al año en procesión, el 28 de septiembre, en un Guancasco urbano, a encontrarse con el San Miguel Arcángel del mercado municipal de la avenida Gutemberg. 

Por Iliam Zepeda
Edición: María Eugenia Ramos

—Papi, ayúdeme a buscar, que Guille no ha venido a su casa.

Los ojos chiquititos de mi tía apenas cruzan el umbral de la puerta.

—¿A estas horas? —sacudo la cabeza y doy un brinco. Pienso en los vecinos de la residencial y soy incapaz de imaginarme a uno solo que no esté dormido.

Mi tía se cuela en el cuarto y prende por mí las luces blancas. Con el destello, tardo unos segundos en seguirle el hilo a lo que dice. Da sus pasos como si siguiera tanteando en la oscuridad.

—Lucero está desconsolada, llorando en la cocina. Le preparé un té en lo que su marido busca a la criatura, pero van a necesitar ayuda. Alfonso se fue hace una hora y todavía no han venido.

En la pared, el reloj marca quince para las tres.

Cuando bajo, me topo a la vecina con la cara escondida detrás de sus manos. Sus dedos palidecen un blanco aterrador que a nadie más le he visto. No lleva la sortija de casada.

Cuando nota que la observo, Lucero disimula la cara triste, pero sus gestos inconfundibles delatan que lleva meses llorando.

—Ariel, qué guapo que estás —da un salto torcido y trata de erguir la espalda—. Perdoná la hora, es que Alfonso y yo no sabíamos a quién más decirle.

Ha perdido peso desde la última vez que nos vimos. Doy un paso al frente y la rodeo con un abrazo. Sosteniéndola, la noto frágil, como si ejerciendo fuerza desmedida se disolviera en el viento.

—Mi marido se fue a buscar por los bloques cerca de la salida. Los guardias dijeron que no lo han visto, pero quedaron en revisar las cámaras.

Asiento deslizando mis manos sobre sus hombros.

— ¿Cómo anda vestido Guille, a qué hora se percataron de que ya no estaba?

 ***

Lucero, parada en la puerta, mientras sostiene más té para los nervios entre sus manos, va haciéndose chiquita dentro del retrovisor. Con sus párpados, todavía parece suplicar toda clase de ayuda y por un momento, estoy casi seguro de estar presenciando cómo se despega del suelo y comienza a flotar. Pero se resiste a afrontar que ella también está perdida.

Conduzco lento, en parte para entibiar el motor, y en parte para no espantar a los vecinos. Alfonso no parece dar señales de vida. Sigo derecho por la avenida principal y vislumbro la caseta de seguridad y a los dos desafortunados guardias en turno.

—Buenas noches, caballeros. ¿Aún nada de la criatura?

—Buenas noches, joven. Seguimos buscando —contestan al unísono, con la mirada fija en el monitor.

Todavía utilizan grabadoras de cinta tan anticuadas que ni siquiera ellos entienden.

—¿Cuánto hace que entraron ustedes?

—¿Al turno?

—¿Será faltando 15 para las 9? —pregunta uno.

—Sí —responde inmediatamente otro.

—¿Y antes de eso, a los que relevaron no se les habrá pasado nada?

Niegan con la cabeza, sin desviar la mirada de lo suyo.

—Si no, joven, nos lo habrían reportado.

En el escritorio de la cabina descansa una libreta con anotaciones de las instrucciones del sistema de vigilancia, y al lado, dos tazas llenas de café frío, sus respectivas porras y una lista del control de acceso.

 —Pero dice la mamá  que el niño toda la tarde se la pasó en el parquecito de acá, y no se puede salir por otro lado que no sea aquí. Sus compañeros o ustedes lo tendrían que haber visto —señalo, como si pronunciara una certidumbre.

Por unos segundos, acordamos respetar el silencio. Mantenernos confundidos.

—En estos casos, lo que prosigue es llamar a la policía —conviene por fin el segundo guardia—, pero el señor Alfonso no nos ha autorizado.

—¿Y no lo han visto?

—Pasó por acá hace unos minutos, pero dijo que se iba a regresar a inspeccionar a la parte de adentro de los muros.

—¿Y quién revisa por fuera?

Ambos guardias se encogen de hombros. Uno de ellos tiene ya los labios pálidos. Al otro le cuesta respirar y seguro piensa en el café que se les enfría. Les sostengo el ceño fruncido, veo la hora y mientras suelto un suspiro, acaricio mi sien con los dedos dibujándome círculos.

***

A las tres y veinticinco, una hilera de nubes destila amenaza de lluvia y todo en derredor es sumamente oscuro, denso y desolado. A varios kilómetros, tirita el rumor de una ciudad que nunca descansa. Conducir desde acá asemeja a una renuncia al ritmo frenético de la capital para quienes tienen el dinero para pagar por oscuridad, silencio y circuitos privados. La residencial de mi tía está ubicada al final de un largo bulevar de muros perimetrales, adoquines y arbolitos enanos de liquidámbar para destacar a quien visita que, al menos en Tegucigalpa, esta es una zona exclusiva.

Doy tres vueltas al bulevar, sin excentricidades ni mayores reparos, como si en este pedazo de mundo el tiempo se detuviera. Muevo la cabeza de un lado a otro, manteniendo la velocidad reducida, pero sigo sin señales del niño.

Recuerdo cargar en mis brazos a Guille cuando estaba recién nacido. Para esa época, yo cursaba mis primeros años de universidad, incapaz de costearme un alquiler propio. Siendo estudiante de medicina, o sea declarado económicamente dependiente por el tiempo que durara el semestre, acepté la oferta de mi tía. Viuda de varios años, insistió en que lo mejor era quedarme con ella, tanto para ahorrar como para hacerle compañía, lo cual terminó por parecerme razonable; en una casa tan grande, incluso yo me sentiría diminuto.

Así, me instalé en uno de los cuartos que destinó para sus hijos, pero que nunca se usaron porque los hijos no llegaron, y luego enviudó y dio la tarea por perdida. Tenía vista con el balcón de frente en la casa de Lucero, y ciertas noches, cuando salía a fumar o repasar para un examen, la veía y me veía: una mujer hermosa que siempre tenía para ofrecer una sonrisa, luciendo además espléndida, toda clase de vestidos que insinuaban que ella era una mujer reservada para grandes amores.

Al principio, mi interacción con Lucero se reducía a un par de sonrisas, pero a medida que la frecuencia aumentó, se dieron pequeños gestos, saludos cordiales y gesticulaciones, sobre todo sacudiendo la mano, presumiendo el corte del vestido. Fue en la primera navidad en casa de mi tía que Lucero se armó de valor y se plantó en la puerta con algo que había horneado.

—Estudiás hasta tarde.

— Algunas materias no son lo mío —respondí cabizbajo.

—¿Y qué leés? —preguntó Lucero, envuelta en una grandísima sonrisa, mientras sostenía la tarta en sus manos, y supongo yo, esperaba que la invitara a pasar adentro—. Yo, cuando no puedo dormir, hojeo una antología de poesía libanesa que me encontré en las baratijas de los viajes de mi prometido.

—¿Poesía? —repuse, al instante, reconociendo una guerra que desde el inicio llevaba perdida.

Semanas más tarde nos intercambiábamos lo que estábamos leyendo: yo le recomendaba a Dicker, ella hablaba por horas sobre Gabriela Mistral y casi siempre terminábamos discutiendo sobre los mismos libros. Ella se definía teóricamente existencialista, aunque no acababa de asimilar la necesidad humana de dotar todo de sentido.

—¿Un ser en sí y para sí? —cuestionaba, mientras arrugaba bellamente la nariz—. Me suena a conformarnos con hacer lo que queremos, solo porque sí.

—Sí. Y de todas formas, la mayoría terminamos rigiendo nuestras vidas por esos mismos valores, ¿verdad?

Nuestras pláticas duraban horas, con egos casi a la medida. Al despedirnos, en nosotros siempre quedaba la sensación de que dejábamos algo en el aire. Así, tuve noches soñando que ella, metida en la cama con otro hombre, arrullando a un niño que no es mío, pensaba en mí, de la misma forma que yo pensaba en ella.

Una tarde, noté que, sin querer, ya había sucumbido ante Lucero: por la forma en que reía, cómo comprimía sus labios cuando intentaba sostener una mentira, cómo declamaba y sentía tan profundamente el poema, o sobre todo, cómo parecía que su piel estaba revestida de versos. Pero cuando por fin me besó, en realidad el mundo se me vino encima. Nos metimos a la cama muy rápido, sin renunciar a la delicadez de descubrirnos en el cuerpo del otro, ralentizando a su vez el tiempo. Sentirla era como torcer la voz, doblarla como un bocado, meterla bajo la piel y tantear con los labios dónde se encontraba. Ser en sí y para sí en el proceso de redescubrirnos a sí mismos.

De todas formas, nuestra aventura duró muy poco. Yo le propuse un par de veces huir juntos. 

—¿Para qué? —respondía ella—. Acá tengo mi vida. 

Desde niña, soñó con una vida apacible, una casa con jardín y un hombre que la quisiera. Y Alfonso, hasta donde sé, la quería.

Al comenzar el internado, iba y venía muy poco a casa de mi tía. Y cuando me asignaron el servicio social, con el corazón bastante roto, solicité irme a una comunidad rural donde seguramente me olvidaría de Lucero. Así, por dos largos años no supe mucho más que lo que venía de parte de mi tía: Lucero no había vuelto a cocinar tartas, y en cambio, perseguía por la calle a Guille, que ya daba sus primeros pasos.

***

Faltando un cuarto para las cuatro, el cielo ha comenzado a escampar. He decidido estacionar a la orilla del camino y con linterna en mano, busco entre la penumbra. El sereno de la madrugada, traslúcido entre neblina y rocío, cubre metros cuadrados de zacatales y terrenos en venta que, por su precio excesivo, nadie ha comprado. El silencio o la penumbra se parecen tanto al pasado, y a altas horas de la noche uno tiende a confundir lo que debió hacer con lo correcto, y los caminos que tomamos ya no parecen tan claros.

Son las sirenas de una patrulla de policía las que interrumpen. La unidad emerge en el bulevar envuelta entre ruido y revuelo de luces azules y rojas. Desde la absoluta desolación, reconocen un carro orillado: el mío. Uno de los oficiales da una señal, el subordinado acata la orden y se estacionan enfrente. Con un gesto, intento ofrecerles un saludo y me aproximo.

—Buenas noches, oficiales.

El subordinado al volante baja lentamente la ventanilla.

—Buenas noches, joven. ¿Familiar o amigo?

—Amigo. Llevo poco menos de una hora revisando el perímetro —me encojo de hombros y asomo la linterna, enrollada a mi muñeca por una correa amarilla.

El oficial aparta la vista afuera del camino para un corto sondeo alrededor.

—Pero si acá está vacío.

—Un poco, sí.

—¿No se les ocurre dónde pudo haberse metido?

—Los padres dicen que jugaba en el parque de por acá.

—¿Parque? —inquiere el subordinado.

—Sí. Adentro de los muros.

Los policías, con cara de alivio, intercambian miradas.

—Esa es una buena noticia —dice el oficial, en tono de confidencial camaradería—. ¿No ha visto las noticias? Una banda de robachicos se está llevando demasiados niños. Hace unos días secuestraron una menor de la Mayangle y desafortunadamente murió abatida a tiros.

—¿Abatida? —el solo repetirlo me llena de escalofríos.

—Los criminales habrían abierto fuego contra una de nuestras unidades. Usted sabe, no podíamos permitir una falta más a la autoridad. Lo que pasa es que en este país no respetan el uniforme.

Siento náuseas, y por primera vez tengo miedo de que Guille esté en peligro. Hasta ahora la hipótesis es que el niño no quería volver a casa, no que una banda se lo robó para quién sabe qué, llevándoselo a quién sabe dónde.

Escoltado por los policías, regresamos a la residencial, a la búsqueda de novedades o una mínima noticia que cure el sabor de boca que me quedó de hablar con los oficiales: mera crueldad. De eso, Lucero no merece ni lo más mínimo. Ni las libras que ha perdido. Ni las ojeras. Ni que le apaguen la luz a un niño tan nítido.

Al ingresar, las caras de los guardias oscilan entre preocupación y alivio. Ya entendieron cómo manipular el video, y revisando las grabaciones logran dar con el niño: la cámara que cubre el parque en un encuadre general captura la silueta de Guille, poco después de las cinco de la tarde, dando vueltas en círculos alrededor de los columpios.

—Se la pasó así hasta que se metió el sol —indica con el dedo uno de los guardias; luego adelanta la grabación y puede verse a Guille, bajo la luz del faro de luz, con las manos en el bolsillo y los hombros caídos.

Seguido de eso, la secuencia lo capta recorriendo el camino de regreso a casa.

Todos, apachurrados dentro de la cabina, nos asomamos al monitor para ver lo que sigue. Guille, con las manos en los bolsillos, da patadas a las piedrecillas en el camino. Su cara denota la súplica porque su ruta se haga más larga. Se detiene tres casas antes de la suya, aparentemente a mimar a la mascota del vecino. De cuclillas, mete la mano entre la reja y acaricia al cachorro. A sus espaldas, un carro se le aproxima.

—Es don Alfonso —aclara un guardia.

Se le ve acercarse a Guille y bajar la ventanilla. No sabemos qué puede estar diciéndole. De todas formas, el niño se incorpora en la banqueta, se limpia la cara y se devuelve a su casa. Alfonso conduce camino a la salida. Finalmente, Guille atraviesa la puerta de su casa y desaparece.

—¿Eso es todo? —pregunta el policía.

—No, hay más—aclara el guardia, apresurando el resto de la grabación.

Cuando la hora en la cinta marca las nueve de la noche, Guille entra en el recuadro de la cámara de vigilancia nuevamente.

—Ahí —señala con el dedo uno de los guardias.

Se abre el umbral y la luz ilumina el balcón de la casa. Unas piernas de niño se aproximan a la baranda. Guille, que por el ángulo de la cámara solo es captado del torso hacia abajo, parece inclinarse, e imagino que suspira.

—¿Qué hace ahí? —interrumpe el policía, levantándose la gorra que reza «servir y proteger» y poniéndose las manos atrás de la nuca.

—Mire bien —indica el mismo guardia.

Acto seguido, todos presenciamos la silueta de Guille despegando lentamente sus pies del suelo, como si colgara de algo.

—¿Y luego? —pregunto.

—Nada más, ninguna cámara vuelve a captarlo.

—Parece que alguien lo suspende —dice el oficial.

—Así es.

Alguien lo suspende… no ha salido.

***

Golpeo la puerta y desde el otro lado, Lucero emite ruido.

—Soy yo —anuncio.

Ahora la puerta se abre. Con la cara descompuesta, intenta arreglar en sus mejillas el maquillaje corrido. A mis espaldas, aguardan los policías y el guardia que reprodujo la grabación.

—¿Volvió Alfonso? —pregunto.

Lucero duda si dejarnos pasar.

—Dijo que ya iba a regresar.

Me pregunto qué tanto muro habrá por revisar.

Me dirijo a las escaleras y recorro el pasillo de acceso al cuarto de Guille. Por la ventana se filtra el destello de las sirenas de la patrulla.

¿Guille, dónde estás? 

No se escondió debajo de la cama. No se metió en el armario. No se hundió entre la ropa sucia. No trancó el baño y no se encerró adentro todo calladito sin hacer ruido. No se escabulló en el cuarto de sus padres. No desperdigó la ropa de Alfonso en el suelo. No forzó la maleta con todo lo que podía meterle. No la arrastró escaleras abajo y no la abandonó en la cocina.

Lucero espera que le asegure que todo estará bien, mientras camina detrás de nosotros, preguntándose en voz baja si lo que ella ya hizo, nosotros lo haremos bien. No se saca de la cabeza la desesperación de verse como una de esas madres que no vuelven a ver nunca más a sus hijos.

 

Se interpone en nuestro paso, llevando y trayendo lo disperso de allá para acá. Implorando disculpas por el desorden. Devolviendo los marcos de las fotografías a su lugar. Sus brazos, sus mejillas, toda su cara han absorbido el desvelo y la amargura de golpe. También lleva en su dedo otra vez el anillo de casada.

—Lu, Guille no salió otra vez. Lo vimos nosotros mismos.

Ella reacciona como con un secreto que no debe oírse.

—En la grabación lo vemos regresarse acá, y una vez atraviesa esa puerta, entra y no sale nuevamente. 

Me detengo, tanteando el camino. La casa entera está invadida de esporas, cortando el aire e instaurando el régimen de desesperación de cuando todo va mal y no se encuentra salida. 

—La grabación captó a Guille en el balcón de esta casa, asomándose a la baranda. Y aunque la toma solo nos permite verle la mitad, pasados minutos, quedó grabado que sus pies se despegan del suelo y es suspendido.

Ahora, como una madre, piensa lo peor. Imagina a Guille metido en un camión de contrabando. Atado de manos y pies. Lleva semanas sin probar bocado. No se entera de que su mamá ha llenado la ciudad de carteles con su cara y la leyenda de desaparecido.

Entonces en ese preciso instante, mientras ella se imagina lo peor, el guardia, el oficial y yo presenciamos la suela de los zapatos de Lucero despegándose del suelo.

Como una madre, no quiere contestar qué le va a pasar a Guille si se tarda. Quién se lo llevó. Para qué lo van a usar. Lo peor de desaparecer es también la posibilidad de que un cuerpo quepa en un costal, en un basurero, en una bolsa de restos disecados, en una urna con cenizas, en el olvido de quienes es imposible olvidar porque ya no están.

¿Lucero levita? 

Le ha pasado a cientos de madres ¿no?, pero ella nunca imaginó ser una de esas. Su cabeza es un remolino que le arrebata el aire, la retiene del cuello y le corta el oxígeno.

Lucero levita.

Todos vemos lo mismo. Su cuerpo se alza entre el techo y el suelo del cuarto. No hay nada que la sostenga.

¿Es una maldición?

Su alma cruje. Se fractura con cada segundo que pasa. 

A Lucero. Mi Lucero.

Suspendida en el aire, envuelta en un manto de llanto, ahogada en su desesperación. Comienzo a creer que el dolor la va a matar.

El oficial grita que tenemos que hacer algo para bajarla, y reconozco que soy incapaz de mover un músculo. Mi corazón palpita como si una abertura se aproximara y arrancara frenéticamente mis latidos. La garganta reseca me vuelve imposible tragar, componer el aliento, mantenerme en mí mismo. Toman a Lucero del tobillo e intentan bajarla. Y yo solo la miro, completamente rota, hecha pedazos.

¿Estoy flotando?

Reconozco, por la levedad, que mis pies han intentado despegar del suelo. Sin oxígeno, me duele la cabeza y mantener el equilibrio exige un sobreesfuerzo.

Lucero levita en el cuarto, descompuesta, como si su corazón se hubiera roto demasiado.

A mí me duele verla sufrir. Y en mi cabeza imagino a Lucero que recibe de rodillas a Guille, mientras le repite que todo está bien, pero se convierte al instante en una caja llena de cenizas que calla todo lo que fueron capaces de hacerle. Me despego verdaderamente del suelo ―estoy flotando― como si mi cuerpo entero se llenara de algodón, trastocara la gravedad y mis oídos estuvieran a punto de estallar, igual a irse reventando desde adentro.

Por unos segundos me convenzo de que me iré hacia arriba y nadie me podrá bajar. Recuerdo todas las veces que me prometí no perderme a mí mismo y asegurarme que la tristeza no me iba a derrotar. En cambio, por unos segundos levito, sufro un dolor inexplicable y desearía renunciar a presenciar al amor de mi vida hecha pedazos, flotando rota, sin su centro de gravedad; hasta que comprendo dónde está Guille y cómo lo puedo encontrar.

Caigo al suelo como una gota. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Empeño la desesperación para moverme. Echo un músculo encima del otro.

Mientras intentan atar una de las extremidades de Lucero para evitar que siga flotando y traerla de vuelta, salgo a la calle. Alzo la cabeza y trato de enfocar mi atención entre las nubes y la degradación de sombras que anuncia la inminente salida del sol. Me estiro hacia el balcón, a unos diez metros sobre el techo, donde Guille, encogido como un nudo, con las piernas apretadas contra su pecho, flota a la deriva, incapaz de dejar de llorar por su familia rota, igual que su mamá: sin ningún cable a tierra.

En condiciones antipedagógicas reciben clases 108 niños y niñas de la Residencial Las Minas, en El Progreso, Yoro. Ante el abandono estatal, la comunidad construyó una galera con palos de madera y zinc. Por gestión de líderes comunitarios, la organización no gubernamental Foundation for Education in Honduras (FEIH) les ha prometido construir cuatro aulas, pero el proyecto aún no arranca por la falta de atención de las autoridades estatales. 

Texto y fotografías: Allan Bu

El sol brilla imponente en la Residencial Las Minas, un asentamiento en El Progreso, Yoro, al norte de Honduras. El viento sacude los pedazos de plástico convertidos en las paredes de una casucha, construida con rollizos trozos de madera y viejas láminas de zinc. En ese lugar, sin ningún requerimiento mínimo para ser una aula, reciben clases unos 108 niños y niñas.

La escuela, donde tres maestras hacen hasta lo imposible para enseñar, se ubica a unos 15 minutos del casco urbano de El Progreso. Ahí, entre plástico y madera, hay pizarras llenas de letras con indicaciones y lecciones para los bulliciosos alumnos. Antes las clases se impartían en una casa deshabitada, pero tuvieron que dejarla cuando aumentó la matrícula. Los niños y niñas no podían soportar el calor. 

Entonces, madres y padres de familia decidieron construir la modesta escuela. Uno de los vecinos consiguió el camión con el que un grupo de personas voluntarias fueron a una montaña cercana a El Progreso para conseguir los postes de madera. Otras personas donaron láminas de zinc que ya no ocupaban, y consiguieron pedazos de plástico. «Fue bonito ver a los padres, la mayoría mujeres, buscando madera para construir esa galera para la escuela», nos dijo Suyapa Valenzuela, que es la presidenta del patronato de la comunidad. 

Dar clases entre tantas carencias es un reto adicional a uno más grande, que es enseñar.  «Doy las gracias a Dios por un nuevo día y luego suspiro porque sabemos que el lugar a donde vamos no es tan agradable ni para los niños ni para mí», dijo Moaly Banegas, directora de la escuela. Para ella es primordial que las tres docentes que trabajan allí vayan con buen ánimo y con toda la actitud, «para que ellos [los y las niñas] no se sientan mal». 

«El ánimo depende de cómo nosotros los docentes nos presentemos ante ellos y ellas; si estamos amargados, pues ellos tomarían esa energía. Así se olvidan de dónde están y conservan su alegría», manifestó la profesora. 

Durante las clases, los mosquitos y zancudos hacen más dura la estancia en la improvisada edificación. Además, hay que acomodarse en un lugar donde no lleguen los rayos del sol, que a veces pasan por las viejas láminas que las familias regalaron. 

Los niños y niñas de la Residencial Las Minas reciben clases en una galera construida por sus familias. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

El año pasado, cada niño debía llevar una silla para sentarse, y algunos padres y madres consiguieron mesitas para sus hijos; sin embargo, la mayoría tenía que sentarse en el suelo. Por ello hicieron solicitudes de pupitres, y una fue atendida por la municipalidad de El Progreso; ahora ya tienen mobiliario escolar. 

Que en esta comunidad no haya escuela es extraño, porque este proyecto habitacional fue construido con fondos estatales en el segundo período de Juan Orlando Hernández. Se construyeron 200 casas destinadas a pobladores del bordo del Río Blanco en San Pedro Sula, quienes fueron reubicados para construir un puente en el bulevar entre la «Ciudad de los Zorzales» y Puerto Cortés. 

Hace cuatro años entregaron las viviendas, pero ni el gobierno anterior ni el actual han garantizado el derecho a la educación de estos niños y niñas. El proyecto no fue finalizado por la administración pasada, y Suyapa asegura que preguntó a autoridades de la Secretaría de Educación del nuevo gobierno por la construcción de un edificio para la escuela, y le respondieron que «no había presupuesto». 

El monto asignado a la Secretaría de Educación es el mayor en el Presupuesto General de la República, pues según los documentos oficiales sobrepasa los 40 mil millones de lempiras. De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Educación, al final de 2024 este Gobierno habrá reparado 5,584 centros escolares. Sin embargo, aún quedarían unos 9,000 establecimientos educativos que necesitan reparaciones o remodelaciones, pues en el inicio de esta administración la Secretaría de Educación aseguró que en ese entonces más de 14,000 escuelas necesitaban reparaciones. 

#image_titleLa comunidad no ha encontrado respuestas en las autoridades y ha tenido que buscar la ayuda de organizaciones sin fines de lucro. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

La burocracia estatal

El abandono no es lo único de lo que pueden quejarse los habitantes de Residencial Las Minas. Gracias a la gestión comunitaria se ha logrado conseguir los fondos para construir un edificio de cuatro aulas en un predio destinado para la escuela; sin embargo, la solicitud chocó de frente con la burocracia estatal.

Desde hace unos cuatro meses, The Foundation for Education in Honduras (FEIH por sus siglas en inglés) tiene fondos preparados para la construcción de la escuela, pero esta organización necesita un documento que acredite la propiedad del terreno ante la Secretaría de Educación. A pesar de que el asentamiento es un proyecto gubernamental, después de cuatro años, los habitantes de la colonia no han recibido los documentos que los acreditan como propietarios. 

La FEIH es una organización fundada en el 2008 por ciudadanos estadounidenses que, después de vacacionar en Honduras, comenzaron a ayudar a familias de escasos recursos con comida, medicinas, juguetes y otros pequeños donativos. Ahora la organización ha construido 23 escuelas en distintos puntos del país. En estos proyectos, la comunidad debe aportar del 25 al 30 % en mano de obra. 

En Las Minas todo esto ya está contemplado, y para empezar a construir la escuela solo falta un documento que una institución del Estado (Secretaría de Finanzas) debe emitir a otra institución estatal (Secretaría de Educación). «No nos han dado el documento de tenencia del terreno. Es la traba que hemos tenido, porque ya todo está listo», sostuvo Suyapa, quien dice que en la «agilización» para obtener el documento están involucradas la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda) y la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 

Pese al discurso de austeridad, el Gobierno sigue gastando presupuesto en una agenda menos prioritaria que la educación de las próximas generaciones. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/ Allan Bu.

«Hace más de dos meses estamos solicitando el documento porque ya tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación. Al principio no lo teníamos, ellos me habían dicho que es una escuela Proheco», sostuvo Suyapa. El Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) nació en el año 1999 y ha sido utilizado por los Gobiernos como una estrategia para paliar las necesidades en comunidades y poblaciones postergadas. El objetivo es brindar cobertura donde no la tiene el «sistema regular», dice la descripción del programa en su sitio web, y requiere una participación comunitaria. Estos centros no tienen la misma atención que los denominados oficiales, e incluso el personal docente recibe salarios inferiores a los que tienen plaza en la Secretaría de Educación. Para que una escuela pase a ser oficial debe alcanzar una matrícula arriba de 150 niñas y niños, que en Las Minas todavía no tienen. Los pobladores sostienen que hasta ahora el apoyo que han tenido es de la FEIH y la alcaldía municipal de El Progreso, Yoro. 

Representantes del patronato fueron a las oficinas de catastro en la municipalidad progreseña y confirmaron que el terreno se encuentra a nombre de Finanzas. «Es un plumazo y hacen ese documento, pero no hay voluntad», dijo una madre de familia. 

Al preguntarle a Suyapa si la negligencia de un gobierno que incluso tiene como eslogan «educar para refundar» tiene que ver con celo político, ya que este proyecto habitacional fue construido por una administración nacionalista, respondió: «Es una buena pregunta y se la voy a responder. A mí no me dio casa el Gobierno, me la dio el Estado como ciudadana y hondureña con necesidad», dijo. 

El proyecto habitacional prácticamente ha quedado a la deriva. Algunos de los que recibieron casa no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones de vida en la que tenían que pagar por los servicios e impuestos, pero la mayoría se quedó. Ahora tienen empleos y hasta han construido, dentro de sus posibilidades, una escuela. 

Los fondos de China

En marzo de 2024, los gobiernos de Honduras y China firmaron un convenio de cooperación económica y técnica de fondos no reembolsables por 6,800,000,000 lempiras, con el objetivo de intervenir la infraestructura y equipamiento de los centros educativos del país con necesidades, como el de Residencial Las Minas en El Progreso. 

En respuesta a una solicitud de información pública, el Gobierno informó a este medio que se han destinado 2,000 millones de lempiras a la reparación de infraestructura escolar para el año 2024. Explicaron que estos fondos son del Presupuesto General de la República y no corresponden a los mencionados en el acuerdo con China, que serán administrados a través de China International Development Cooperation Agency (Cidca) y son independientes de los que están disponibles para las municipalidades.

Cuando se firmó el convenio, el canciller de Honduras, Enrique Reina, indicó que una de las prioridades más importantes de la presidenta Castro «es la educación» y la inversión en la niñez, por lo que aseguró que el convenio suscrito ese día fortalecería el sistema educativo nacional. Reina detalló que Honduras recibirá, para poner en ejecución la primera fase del proyecto en educación, un primer desembolso de al menos 2,400 millones de lempiras.

«Históricamente, en un año (de elecciones) se está invirtiendo en la gente, se está invirtiendo en las niñas y niños, y en la educación; aquí la inversión más grande es la infraestructura social de Honduras, en este caso, la importancia que le da la presidenta Castro a las niñas, niños y jóvenes de Honduras de reactivar la educación y refundar Honduras», destacó el canciller.

En el Centro de Educación Básica de la colonia Gran Villa en Villanueva, Cortés, aparece radiante el eslogan «educar para refundar»; pero justamente en esa comunidad el filántropo japonés Shin Fugiyama se ha comprometido a construir dos aulas, ya que las que tiene el centro educativo son insuficientes, y algunos alumnos reciben clase debajo de un árbol. El Progreso, Yoro, 9 de septiembre de 2024. Foto CC/Allan Bu.

En contraste con lo expresado ese día por el canciller, el Gobierno de Xiomara Castro ha invertido casi 200 millones de lempiras para remodelar el Estadio Nacional de Honduras y 45 millones para cambiar la cancha del Morazán en San Pedro Sula; además, preparan un proyecto para los recintos de La Ceiba y Juticalpa, pero en tres años no han encontrado fondos para invertir 1.7 millones de lempiras para mejorar las condiciones de los niños en Las Minas. «La educación debería ser una prioridad», reclamó Suyapa.

«Mire, sobran las palabras», dice Suyapa, señalando las láminas sostenidas por madera que sirven de escuela a más de cien niños. La construcción de una escuela para Las Minas podría comenzar pronto, pero no será una obra del Estado.

La cuenta de X @Anticorrupciono, asociada en su creación al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, está siendo utilizada para deslegitimar a críticos del gobierno actual y de la gestión de la junta directiva del CN. Expertos consultados por Contracorriente determinaron que esta cuenta fue creada para el político de oposición Salvador Nasralla, quien denuncia que Redondo manejaba esa cuenta, y tras su ruptura con el Partido Anticorrupción se apropió de ella y la ha utilizado para atacarlo a él y a su familia. Redondo confirma que él creó la cuenta pero asegura que no está ligado a la misma actualmente. 

Texto: Contracorriente

La cuenta de X @Anticorrupciono, conocida por sus ataques, respuestas virulentas y señalamientos a políticos de oposición, representantes de organizaciones de la sociedad civil (ONG), periodistas y medios de comunicación, ha estado vinculada al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, según expertos en informática consultados por Contracorriente, que identificaron indicios de conexión entre Redondo y la cuenta. 

Esta cuenta, que fue creada en noviembre de 2010 y posee más de 346,900 seguidores, también se dedica a compartir publicaciones de otras cuentas que respaldan las acciones de funcionarios del actual gobierno, y, en particular, de la secretaria de Defensa y precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

Expertos en informática consultados por este medio identificaron indicadores que sugieren una posible conexión entre Luis Redondo y la cuenta @Anticorrupciono. Estos indicios se basan en el contenido compartido por la cuenta, así como en un análisis de los datos relacionados con los propietarios de otras cuentas y sitios web que estuvieron vinculados con el origen de la cuenta.

Las indagaciones establecieron que Redondo mantuvo vínculos con la cuenta cuando esta se abrió bajo el nombre de usuario @SalvadorNasrala y pertenecía, según confirmó este medio, al actual precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Tanto en su etapa como «Salvador Nasrala» como cuando cambió al nombre de «Partido Anticorrupción», su biografía incluía enlaces a diferentes sitios web: salvadornasralla.com, y partidoanticorrupcion.com.

Una versión archivada de partidoanticorrupcion.com, accesible a través de Wayback Machine, redirige a salvadornasralla.com, lo que sugiere la existencia de un redireccionamiento automático. Esto implica que al buscar el sitio web de Nasralla, los usuarios eran dirigidos automáticamente al sitio del Partido Anticorrupción (PAC).

Un análisis del código fuente de la página archivada reveló que el ID de la cuenta @SalvadorNasrala era 221518411, coincidiendo exactamente con el ID de @Anticorrupciono. Aunque X (antes Twitter) permite a los usuarios cambiar su nombre de usuario y su arroba, el ID es único y permanente, lo que significa que no puede ser alterado. Esta coincidencia confirma que ambas cuentas son la misma, lo que indica que @Anticorrupciono es la evolución de la cuenta anteriormente conocida como Salvador Nasralla.

Un recorte fotográfíco del análisis del código fuente de la página archivada muestra que la cuenta @SalvadorNasrala tiene el mismo ID de usuario que @Anticorrupciono (221518411). Foto: CC

Además, la versión archivada del antiguo sitio web de Salvador Nasralla y del Partido Anticorrupción, que estaba enlazado a @SalvadorNasrala, indica que fue desarrollado por Luis Redondo.

En la parte inferior de lo que fue la página partidoanticorrupcion.com, archivada en Wayback Machine, el sitio web indicaba que fue desarrollado por Luis Redondo. Foto: CC

En una entrevista con Contracorriente, el precandidato presidencial por el Partido Liberal y fundador del PAC, Salvador Nasralla, confirmó que lo que ahora es @Anticorrupciono alguna vez fue su cuenta personal en Twitter (ahora X). 

«Luis creó mis cuentas personales de Facebook y Twitter, y hasta 2015 esa última alcanzó más de 300,000 seguidores. Cuando se produjo el distanciamiento, él tenía la contraseña de mis cuentas. Creo que yo había cambiado la de Facebook, pero la de Twitter la manejaba él. Por eso, cuando ocurrió este rompimiento —en el que lo demandé porque no quería entregar la contabilidad del Partido Anticorrupción, que él mantenía con su esposa en San Pedro Sula—, no me querían entregar los datos. Tuve que demandarlo. Cuando lo demandé, él decidió apropiarse de la cuenta, le cambió la contraseña y empezó a usarla. Primero creo que la renombró a “Somos Anticorrupción”, y después le dio otros nombres», indicó Nasralla.

Salvador Nasralla asegura que en 2015 Luis Redondo se apropió de la contraseña de su cuenta de Twitter (ahora X) y que ahora es utilizada para atacarlo a él y su familia. Nasralla en una entrevista con Contracorriente desde la sede de su movimiento político. Distrito Central, 8 de octubre de 2024. Foto: Fernando Destephen/CC

El conflicto se remonta a 2015, cuando Salvador Nasralla admitió haber atravesado un «pleito administrativo» con Luis Redondo y denunció en ese momento que Redondo le quitó el acceso a su cuenta en Twitter (ahora X), lo que le obligó a crear un nuevo perfil. Su  cuenta actual en esa red social, @SalvaPresidente, fue creada en septiembre de 2015.

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Nueve años después, Nasralla sostiene que la cuenta, actualmente @Anticorrupciono, sigue en manos de Redondo, y asegura que atacar a personas a través de redes sociales puede ser constitutivo de delito. «Luis la usa para atacarme a mí y a mi familia», declaró.

«Me parece que es falta de decencia, una forma de corrupción, porque se trata de desinformar a la gente a través de las redes sociales. La mayoría de las cosas que él ha dicho ahí, especialmente sobre mi familia, son ataques muy sucios. Él sabe que somos personas limpias. El delito radica en que, al menos en mi caso y el de mi esposa, está atacando a personas inocentes a través de redes sociales», agregó Nasralla en su entrevista con este medio. 

Contracorriente consultó a Luis Redondo sobre su relación con @Anticorrupciono, y los ataques que desde ella se han emprendido contra figuras de oposición política y sociedad civil, y admitió que fue creada por él años atrás, pero que luego las «delegó» a otras personas.

«Se tenían personas asignadas a las cuentas. Esas personas se quedaron con las cuentas; casi todo lo que él (Salvador Nasralla) dice es falso, es una mala persona. Nunca fueron de él. Yo creé esas cuentas hace años y luego las delegué a otras personas. No hay un equipo, son personas a las que él decepcionó, traicionó y engañó», respondió el presidente del CN a través de un mensaje de texto.

Sin embargo, Redondo no precisó si las personas que según él tienen asignadas esas cuentas, continúan teniendo alguna vinculación o afinidad con él, y se limitó a responder: «eran cuatro personas que tenían cercanía con Salvador porque llegaron por el PAC, pero se fueron decepcionadas de él». En un par de posts refiriéndose a publicaciones de este medio, la cuenta anticorrupción se identifica como una persona que vive en el extranjero y que antes fue militante del Partido Nacional. En un comentario el 28 de septiembre de 2024, se identificó como «exmagistrada».

Aunque la cuenta que actualmente se denomina @Anticorrupciono fue creada por él en 2010, el presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, se desliga de su contenido actual. Foto: Archivo /CC

La relación entre Salvador Nasralla y Luis Redondo ha estado marcada por altibajos. Desde sus inicios en el Partido Anticorrupción, donde ambos compartieron objetivos políticos en común, su amistad se vio afectada por conflictos internos. En 2015, Nasralla demandó a Redondo por no entregar las cuentas financieras del partido. Posteriormente, con la llegada de las elecciones generales de 2017, y tras la pérdida del PAC por parte de Nasralla, Redondo encontró refugio en el Partido Innovación y Unidad (PINU), donde continuó como diputado. 

Sin embargo, el conflicto resurgió cuando Redondo asumió la presidencia del Congreso Nacional en 2022, después de que Nasralla formara el Partido Salvador de Honduras (PSH) y se aliara con el Partido Libre en las elecciones generales de 2021, que dieron como ganadora a Xiomara Castro por encima del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. 

En ese contexto, Salvador Nasralla aceptó que Luis Redondo ocupara la presidencia del Congreso Nacional, situación que generó un conflicto con Jorge Cálix, del Partido Libre. 

La tensión se intensificó cuando Redondo retiró a varios miembros del PSH de sus cargos en mayo de 2023, evidenciando una ruptura definitiva con Nasralla. De igual forma, en enero de 2024, la votación para la nueva junta directiva del Congreso excluyó a las diputadas y antiguas vicepresidentas del PSH, Fátima Mena e Iroshka Elvir, esta última esposa de Nasralla. Finalmente, en julio de 2024, Nasralla dejó el PSH para unirse al Partido Liberal. 

¿A quiénes ataca la cuenta «ANTICORRUPCIÓN»? 

Puntualmente, Contracorriente y su directora editorial, Jennifer Ávila, también han sido blanco de ataques por parte de esta cuenta. El 15 de septiembre de 2024, @Anticorrupciono respondió a una publicación de Ávila en la que condenó el asesinato del dirigente ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López, ocurrido la noche del 14 de septiembre.

«Un asco es insinuar algo que no le consta (…) La vida se encarga de poner todo en su lugar, cuando estés en ese lugar y te lamentes recuerda lo que no lamentaste escribir o decir cuando, sin que te conste, insinúes cosas», escribió la cuenta en respuesta a la publicación de Jennifer Ávila. 

Un mensaje idéntico fue posteado por esta cuenta en respuesta a una publicación de la periodista Sandra Marybel Sánchez, de Radio Progreso, con respecto a las denuncias de Juan López antes de su asesinato. En 2022, Sánchez rechazó el premio Margarita Murillo, otorgado por la presidencia de la república, y el premio Rosario Sagastume de Ferrari, concedido por el Congreso Nacional. 

Un día después, @Anticorrupciono respondió a otra publicación de Jennifer Ávila en la que comentaba sobre la actitud del secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, durante una intervención en el programa Frente a Frente: «Lamentable la actitud del ministro @LuckyMedinaHN que se atrevió a hablar alterado en el programa @FrenteaFrenteHN gritándole a las víctimas porque “no han reconocido” que este gobierno “no es como la dictadura”. No hay respeto por las víctimas».

Ante esa publicación, la cuenta contestó con un mensaje ofensivo: «Pronto se te acabará el financiamiento desde acá, vamos a ver a dónde buscas mear». Contracorriente siempre ha hecho público cuáles son sus alianzas de financiamiento y pueden ser consultadas en la página web.

Otro episodio se generó el 14 de agosto de 2024, cuando Jennifer Ávila compartió un vídeo publicado por la cuenta oficial en X del Congreso Nacional, en el que el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, instaba al Ministerio Público a llamar «a declarar a una persona que asegura en los medios de comunicación que en este poder del Estado se hacen negociaciones oscuras».

Ávila citó el video y escribió: «¡Qué peligroso! El señor @Lredondo debería dar explicaciones sobre la falta de transparencia en el uso de tarjetas de crédito, liquidación de subvenciones y el trabajo de su esposa en el Congreso… pero usa el Congreso para lanzar ese discurso amnésico contra quienes critican su gestión».

Apenas 12 minutos después, la cuenta @Anticorrupciono comentó: «Yo conozco a @Lredondo y tus publicaciones están orientadas a atacar, cometiendo delitos. Tu abuso tiene un límite, mejor dinos quién te paga y cuánto te pagan, publícalo, TARIFADA sinvergüenza».

El 19 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, Contracorriente publicó dos reportajes que evidencian el uso discrecional que el Congreso Nacional da a dos tarjetas de crédito supuestamente destinadas exclusivamente a compras en línea, pero que finalmente se utilizan para boletos aéreos, compras en supermercados, licorerías y servicios de entrega a domicilio.

Aunque Luis Redondo no negó la existencia de las tarjetas de crédito, aseguró que se utilizaban para hacer compras en línea. «El mecanismo es bien transparente porque se publica todo el manejo de la información, así que no busquemos asuntos donde no los hay», manifestó el presidente del CN en ese momento.

Otro cuestionamiento realizado por Contracorriente hacia Luis Redondo se relaciona con el papel que desempeña su esposa, Marisela Bonilla, en el Congreso Nacional. En el reportaje «La primera dama del Congreso Nacional: un puesto sin transparencia», publicado el 13 de julio de 2024, informamos cómo la cónyuge de Redondo representa al Legislativo en eventos nacionales e internacionales, obteniendo gastos de representación por 200,000 lempiras mensuales. A lo que la cuenta respondió dos días después: «jajaja, esta pobre pseudo periodista recibe dinero del norte para mentir y difamar, ojalá le pagaran a Marisela, la conocí en el PAC es una gran profesional, esta mujer de este medio es mosquita muerta voy a indagar un dato que me pasaron, para desenmascarar a la tipa».

Leé también: La primera dama del Congreso Nacional: un puesto sin transparencia

Entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2024, Contracorriente ha identificado que desde la cuenta @Anticorrupciono se han originado ataques contra las siguientes personas: Luis Javier Santos, Salvador Nasralla, Jorge Cálix, Pedro Barquero, Mauricio Villeda, Rafael Jerez, Ligia Ramos, Maribel Espinoza, Eduardo Facussé, Luis León, Renato Álvarez, Alice Shackelford, Juan Flores, Julieta Castellanos, Gabriela Castellanos y la periodista Sandra Marybel Sánchez.

Estos ataques incluyen acusaciones de corrupción, lavado de activos, vínculos con el narcotráfico e injerencia extranjera, entre otros. 

Uno de los ataques más recientes se generó el 6 de octubre contra el jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien se refirió en su cuenta de X a la ausencia de proyectos de manejo de desechos sólidos en aldeas cercanas al Distrito Central.

Con una respuesta fuera de contexto, @Anticorrupciono escribió: «Llevás años en esa fiscalía y nada. Tuvo que llegar un nuevo fiscal [general] de verdad; mejor ponete a trabajar y sacá esos casos que llevas chineando hace años y que se vea para lo que estás nombrado».

Por Dany Díaz Mejía

Y el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado al mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre.

Apocalipsis 8:8 

  1. Primer Ukelele

Me duele la parte izquierda del estómago. Siento náuseas. No hay nada en el cuarto que indique comida, pero percibo el olor de algo quemado. ¿Un animal muerto quizás? Hay una mesa de patas metálicas a mi derecha. Sobre ella veo herramientas: una almágana, una sierra de un pie de largo, tornillos, pedazos de lija y desatornilladores. Siento la boca amarga y la bilis subir por mi esófago. Empieza a oscurecer. He tratado de gritar, de sacudirme, de hacer caer la silla a un lado, pero la estructura sobre la que estoy sentado es tan pesada que no ha cedido ni un centímetro. Busco en el cuarto el rastro de mi captor. Quisiera saber si estoy detenido por uno de mis pecados o si solo he tenido mala suerte. Si en verdad es hora de pagar, entonces no es el cuarto de un loco, si no el de un asesino contratado por alguna de las muchas personas que he jodido en mi camino hacia arriba, pero ya he negociado con asesinos y quizás no todo esté perdido. Sin embargo, si es la fortuna la que se ha cernido contra mí, entonces el olor a carne quemada podría pronto ser reemplazado por el ruido de mis huesos rompiéndose en un ritual cualquiera. 

  1. Segundo Ukelele

Me acuerdo de cuando cumplí trece años. Hay una foto de mí cercana a esa fecha de octubre. En ella llevo una camiseta gris con un número 13 impreso en azul. No recuerdo quién me la dio. Puede ser que mi mamá la haya pescado en una de esas ventas de ropa usada en el mercado del puerto, esas que llamábamos el bulto, aun cuando en realidad era una serie de bolsas enormes en las que hurgabas buscando algo que pudiera interesarte. Como no había probadores, dar con la talla exacta era una cuestión de intuición.

Me acuerdo de que la primera vez que me puse esa camisa estaba muy emocionada. Me sentía orgullosa de poder mostrar mi edad, casi como señalando lo mucho que había crecido.  Me acuerdo de que alguien me dijo que debía tener cuidado de nunca usar esa camisa en el puerto. Le pregunté por qué. Me respondió con otra pregunta: «¿Sos imbécil?». Procedió a interrogarme sobre mi conocimiento de las pandillas. Me dijo que eran los nuevos dueños del puerto, que una de ellas se identificaba con el número 13 y otra con el número 18. Me dijo que la Mara 18 usaba ese número porque 6 + 6 + 6 eran 18, o sea que tenía implícito el número del anticristo, el rey del fin de los tiempos, al que nuestro Señor tendría que derrotar en algún tipo de batalla cósmica que no entendí del todo. Le pregunté sobre el número 13. No se mostró tan seguro de su respuesta, pero me dijo que todo mundo sabía que el 13 era un número del demonio.

Me acuerdo de que me sentí consternada, sobre todo porque el 13 era mi número favorito. Hasta hace poco mi número favorito era el 6, pero cuando descubrí que el 7 representaba la plenitud, quise adoptarlo como número favorito y me sentía dividida porque creía deberle cierta lealtad al 6, ya que me había acompañado desde el primer grado. Encontré la solución cuando conté las letras de mi primer nombre y mis dos apellidos: la suma daba 13. Me pareció perfecto porque de alguna manera podía ser fiel a ambos números y reclamar una conexión personal con el 13.

Pero también recuerdo el día de mi cumpleaños. He dicho que llevaba la camisa del 13 en la foto que se tomó después de mi cumpleaños, pero también la llevaba puesta ese día. Habíamos ido al puerto con mi mamá. Yo tenía una beca de una fundación con la que mi madre compraba los uniformes para todos mis hermanos y yo. Aunque la beca era para mí, era el único ingreso predecible en mi familia, ya que muchas veces mi papá se bebía su sueldo en los dos primeros días después de que le pagaban. Es decir, no estábamos en el puerto para celebrar mi cumpleaños, sino que para recoger el dinero de mi beca que mi mamá necesitaba, ya que mi papá se negaba a darle un solo centavo de su salario ese mes. También compramos un helado en la ciudad antes de ir a la estación del bus. Ese helado era una extravagancia, un lujo que solo podía permitírmelo yo al ser la receptora de la beca, pero con el que no contaba ningún otro de mis hermanos, lo cual me hacía sentir culpable.

Recuerdo que cuando subimos al bus que nos llevaría al muelle supe que no era la única persona de nuestra isla en el puerto ese día. El hermano de una chica que me gustaba también iba en el bus. Además de ser su hermano, era profesor en mi colegio. Lo saludé con mucha vergüenza y estuve contenta de llevar puesta mi camisa del 13, aun cuando en la isla pensaran que podría convertirme en víctima de la violencia homicida que acechaba en esos días.

Recuerdo que vi a mi papá en cuanto tomamos nuestro asiento en el bus. Evidentemente iba borracho. Él también había estado en el puerto para cobrar su sueldo ese día. Pretendí no haberlo visto. Mi mamá hizo lo mismo. O al menos así interpreté el que volteara a ver por la ventana fijamente, cuando yo sabía que hacerlo la ponía mareada. Quizás, si seguíamos así, lograríamos bajarnos del autobús sin que él se diera cuenta que estábamos ahí. Pero ya nos había visto. Se acercó a nosotros. Le gritó «puta» a mi mamá y le dijo que, si se atrevía a embargarle el sueldo, él la mataría. Creo que le lanzó una patada. El hermano de mi amor platónico trató de intervenir. Luego un policía, que también iba de regreso a su casa de una visita al puerto, se levantó, le mostró la placa y le dijo que lo arrestaría si no se sentaba. Mi padre accedió a sentarse y hasta encogió los brazos cuando regresó a su asiento. Se veía empequeñecido, como un animal herido. La vergüenza me carcomía y quise haberme podido desaparecer del bus o lanzarme por la ventana. Pero no lo hice.

Eso fue hace quince años. Antes de que el presidente Ukelele asumiera el poder, antes de que me lanzaran a prisión —aun cuando nunca había visto a un pandillero en la isla—, antes de que un estado de excepción desbaratara la cooperativa que tantos años nos tomó fundar con mamá. Me llevaron acusada de asociaciones ilícitas. En mi juicio un soldado dijo que me vio darle comida a un terrorista en los manglares cerca de la isla.

  1.   Orquesta

El juez Ulloa suda. No tiene sentido seguir luchando contra los nudos que amarran sus brazos. Se da cuenta y suda. Escucha pasos que le parecen estruendosos al acercarse, ve la enorme puerta de metal abrirse y suda. Reconoce a Oso frente a él. Sabe que Oso ha matado a muchas personas a sangre fría, que ha coordinado incendios para quemar vivos a reos de la mara contraria, que no le temblará la mano para hacerlo pedazos tan diminutos que no quedaría el menor rastro por el cual reconstruir el infeliz que ha sido toda su vida. Lo sabe y suda.

Oso toma la almágana de la mesa frente al juez Ulloa y golpea al juez en el estómago. El juez gruñe de dolor y suda más.

­­­—Vos vas a liberar al Orujo ­­—dijo Oso—. No tenés otra opción. Así que me vale verga lo que me tengás que decir. Vos ya sabés cómo son las cosas.

—Oso, Oso querido —dice Ulloa, mientras recupera el aire—. No tenías que llegar a esto. Vos sabés que a mí me gusta colaborar con vos y los muchachos siempre que pueda…

—Me vale verga lo que te guste o no —lo interrumpió Oso—. Ya te dije lo que vas a hacer y lo tenés que hacer rápido.

—Oso, vos sabés que yo por ustedes haría cualquier cosa. Que me parta un rayo y que la virgen me escupa, si no es así. Pero tenemos un grave problema. El Sr. Ukelele ha ordenado que de la cárcel no salga nadie, así que aunque yo te gire la orden de salida, los guardias de la cárcel no la van a cumplir —dijo el juez Ulloa. 

—Mirá, pendejo. Si yo te digo que me dés la orden de salida del Orujo es porque ya tengo resuelto lo demás. Los jefes ya negociaron con el gobierno y nos van a dar pase libre. Pero hay dos cosas más que tenés que hacer —dijo el Oso mientras, hacía el mate de golpear al juez otra vez.

—Sí, yo sé que vos sos pilas. Y así, pues no va a haber ningún problema. Vos decime qué más tengo que hacer y ya sabés que no hay falla. Pero por favor, zafame estas cabuyas que me están jodiendo. Vos sabés que ya no estoy para estos trotes —dijo el juez.

—Vos estás para lo que te diga, pendejo —respondió Oso, aunque le aflojó las cuerdas al juez—. Lo que necesito es que me dejés en libertad a unos siete mil más de los veinte mil que tenés presos. Necesitamos que la salida del Orujo no se note tanto. Tienen que ser hombres y mujeres. Después me vas a conseguir sus números de identidad y el lugar donde les toca votar. Lo tenés que hacer todo en dos semanas. Pero en el sistema no podés poner que los soltaste.

—¿Y para qué ocupás el lugar donde van a votar, Oso? —preguntó el juez—. Claro que yo te lo consigo sin falta.

—Eso a vos no te importa. Pero como sabés que si cantás te pelo, te voy a contar —dijo Oso—. Los ocupo para que sean almas muertas, pero que no cuenten como muertos.

—¿Cómo así? —preguntó el juez.

—Mis jefes ya negociaron con el gobierno que no puede haber más muertos. Pero no han dicho nada de que no pueda haber desaparecidos. Entonces, esta gente va a votar por el don. Pero si se nos echa para atrás, los matamos y después soltamos dónde están enterrados —dijo el Oso.

—¿Pero cómo así que almas muertas? ¿Los van a matar? —preguntó el juez.  

—Por ahorita van a ser almas muertas. En el sistema van a estar como presos, pero nosotros los vamos a tener en nuestras casas locas. Las que todavía nos quedan por todo el país. Si hay que matarlos, se matan. Pero por ahora solo ocupo que todas esas almas muertas voten —dijo Oso.

—¿Pero no te da miedo que se te vayan a escapar cuando los manden a votar o que llamen a un familiar? —preguntó el juez.

—Para ser abogado, sos bien pendejo, Ulloa. Claro que no van a ir a votar. Van a estar presos con nosotros. Pero nuestra gente en las mesas va a ponerlos como que votaron por el don. Así de simple. Bueno, lo demás no te importa. Pero ya sabés qué te va a pasar si no cumplís —dijo el Oso.

—Contá conmigo, Oso, Oso querido —dijo el juez, esperando a que el otro se fuera antes de salir del edificio.

  1.   Segundo Ukelele

Hoy cumplí 29 años. Noto la sarna en mi piel. Sarna. Como los perros de mi casa. Huele mal. En la noche me despierta el tufo. Si fuese un perro en mi casa, me aplicaría el champú que mamá guarda en su cuarto. Pero acá no hay suficiente agua. Nos dan cuatro palanganadas de agua. Nos tiene que ajustar para bañarnos, lavar la ropa, y lavarnos los dientes. No ajusta para quitarse el olor a carne podrida.

Llevo cinco meses detenida. Desde que me mandaron acá, ya no he visto a nadie de mi familia. A algunas mujeres les llegan paquetes con toallas sanitarias, cepillos de dientes, y hasta chucherías. Pero a mí no me ha llegado nada. Yo sé que mi mamá no se ha olvidado de mí. Ella sabe cómo soy y me acepta. Me deja llevar a mi pareja a la casa. Lo único es que no puedo decir que es mi pareja, aunque todos lo sepan, pero aparte de eso me acepta. Una compañera me dio un cepillo de dientes usado. Cuando menstrúo, tengo que sacar todo lo que pueda en la mañana, aunque después me ande chorreando y no pueda lavarme.

Ayer nos castigaron. Una mujer de la celda le contestó mal a una de las custodias y nos castigó. Somos como doscientas en la celda. Nos cuesta movernos, y en la noche dormimos casi una encima de la otra. Pero como nos castigaron, ya no nos van a dar agua para bañarnos. Solo nos darán un vaso con agua por la mañana. El castigo va a durar tres días.

  1. Primer Ukelele

Oso es un pendejo.  Qué necesidad tenía de hacerme pasar ese show. Él ya sabe que yo ya he trabajado con los muchachos y que siempre les he ayudado con lo que he podido. Es verdad que soy un apestado con el Sr. Ukelele, pero con esta jugada puedo volver a subirme a la moto. Aunque con que no me mate ese imbécil de Oso ya es ganancia. 

Ayer hablé con los jefes de los tres centros donde tengo a los veinte mil presos. Les dije que me consiguieran los números de la gente que lleva cinco meses presa. Esos, por lo menos, no están tan dañados. Voy a dejar salir a estos pendejos el viernes. Pero quiero que el Oso se ponga pilas porque el Orujo es un gato gordo, y si algo le pasa, me joden también, ya sea por parte de Oso o parte del Sr. Ukelele.

  1. Segundo Ukelele

Anoche me dijeron que me van a sacar. No me dijeron por qué. Solo que pasarían por mí a las dos de la mañana y que no puedo contarle a nadie, porque si no me dejan clavada acá. Les pregunté si le dijeron a mi mamá. Me dijeron que me iban a sacar, pero no a la casa de mi mamá. Que me toca ir a otro centro con menos gente antes de que me saquen de verdad.

  1. Orquesta

El juez Ulloa se levanta tarde y solo toma un café. No quiere tener pesado el estómago y augura para sí una recompensa. Ya sea un buen almuerzo con uno de los muchachos o, aun mejor, una llamada del Sr. Ukelele, agradeciéndole por siempre ser alguien con quien se puede contar. La operación está prevista para esta madrugada. No le importa qué tan ordenada sea la salida de los seis mil novecientos noventa y nueve presos, pero quiere estar en persona para supervisar la salida del Orujo. Se afeita, busca el traje que menos aprieta esa panza deleznable, agrandada hasta el infinito a punta de tratos chuecos.

A las dos de la tarde vibra su teléfono. Todavía está terminando el café del almuerzo y le molesta que su asistente lo llame, especialmente porque le dijo que no lo jodiera por nada en el mundo, pero contesta. 

—Te dije que no me llamaras —dice el juez—. Ni eso sabés, cómo dejarme comer tranquilo.

—Disculpe, jefe. Pero tiene que saber esto ya mismo —dice el asistente—. Ya no existimos.

—¿De qué mierda estás hablando? ¿Andás drogado o qué? —pregunta el juez, irritado.

—No, lo que quiero decir es que no existimos como municipio. El congreso acaba de anunciar que a partir de hoy pasamos de 262 a 44 municipios. Claro, yo creo que es para que el partido gane todo en las elecciones, pero por lo pronto, usted ya no es juez del municipio ni yo su asistente porque nuestro municipio ya no existe —dice el asistente.

—¿Y lo que teníamos planeado para la madrugada? ¿Cómo vamos a sacar a los presos que me pidieron? —pregunta el juez.

—Eso ya no vale, abogado. Ya no vale nada. Somos como almas muertas —dice el asistente.

—Voy para allá.

El juez empieza a sudar. Se quita su saco y suda más. Se siente mareado y suda. Busca el celular que le dio el Oso y marca el único número guardado en la agenda. Trata de explicarle la situación, que ya no puede ayudarlo, que ahora el juez es otro. Que probablemente pueda sacar a las presas, porque allá tiene un contacto, pero que en el penal del Orujo ya ni le contestan las llamadas. A mí no me importa, si no me sacás al Orujo, te pongo en una fosa, le dice Oso.

  1. Segundo Ukelele

A las dos de la mañana viene la custodia por mí. Me dice que me apure y que camine en silencio. Salimos como cien de la celda. Nos grita que afuera va a ver un camión cian al que tenemos que subirnos, sin hacer preguntas. Nos van a abrir el portón y afuera va a haber otros guardias. No podemos hablar.

Las custodias dejan abierto el portón. Se quedan atrás para vigilar a las que no podrán irse. Salimos por el portón de atrás del presidio. Lo reconozco porque por ahí entran los camiones con presas nuevas. El portón se cierra automáticamente y quedamos cien mujeres afuera, esperando un camión que no vemos. Nos quedamos paralizadas. Una de las compañeras grita que corramos, que nos vayamos por el montarral de enfrente. Me toma un momento reaccionar, pero al ver correr a las demás, también corro. Llevo puesto el uniforme blanco del presidio y las chancletas que andaba cuando me arrestaron. Muy rápido las chancletas se rompen y sigo corriendo. Llego a la carretera y pido jalón. Un camión de carga se para y me subo. No sé si van a andar buscándome, por lo que resuelvo no llamar a mamá hasta que sepa más. Por ahora, me tocará ser un alma muerta. Ni aquí ni allá.

  1. Primer Ukelele

Sé que el Oso me va a encontrar aquí. Aun cuando es la casa de campo que le compré a mamá. Lo sé. Así que lo voy a esperar sentado acá. Pero antes le voy a dar de comer a las gallinas. Sé que después de comer se irán a su gallinero y me dejarán solo, dejando tal vez algún grano de maíz abandonado. Lo de las presas fue un desastre. Se escaparon cien antes de que pudiera coordinar bien lo del transporte. Es que no sabía si todavía iba a poder sacarlas o no, o si el Oso ya tenía lo de los camiones. Yo lo sé y él lo sabe, pero ya no importa. Ahora solo me toca esperarlo, y ver si yo también me convertiré en un alma muerta.

Por: Manuel Torres Calderón
Portada: Catty Calderón

Si alguien, después de la reciente condena por narcotráfico al expresidente innombrable (difícil selección entre tanta competencia) y la divulgación del vídeo de la negociación entre Carlos Zelaya y la cúpula del narcotráfico, pensó que el país sentaría cabeza y, al fin, marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, llegó la hora de la decepción y reconocer que eso no ocurrió, que los hechos desmienten cualquier expectativa.

A medida que suman los días posteriores a la revelación del video, se disipa cualquier esperanza de que la institucionalidad pública y política-electoral reconozca sus fallas y cumpla las tareas que le corresponden para prevenir y luchar contra una corrupción y una delincuencia que minan y causan un grave daño a la sociedad.

¿Qué tipo de Estado y de gobiernos hemos tenido que no dimensionan la gravedad de lo que significa y representa el crimen organizado, del cual el narcotráfico es solo una parte? ¿Les importa tan poco Honduras a las élites económicas y políticas que detentan el poder? ¿O han terminado siendo cómplices por acción u omisión?

Desde el secuestro y asesinato del matrimonio Ferrari (diciembre de 1977), la institucionalidad, en aquel entonces bajo control militar directo, no responde a la amenaza; finge hacerlo, pero no actúa, no coordina, no investiga, no previene, no sanciona. Es como una rueda atascada en el fango. Hasta hoy carecemos de una estrategia nacional real y efectiva contra el crimen organizado. Ni siquiera existe el consuelo de una estrategia para mitigar sus consecuencias.

El tratado de extradición y el auto acordado por la Corte Suprema de Justicia, que lo volvía operativo, nunca formó parte de una política de Estado para enfrentar al narcotráfico y el crimen organizado. De hecho, sirvió como excusa para no disponer de esa política.

No extraña que, en un escenario legal de aguas estancadas, las estructuras, el capital financiero y los contactos de la criminalidad se enraizaran de tal forma en el Estado, la política, la economía y la sociedad, que parecen haberse fundido en ellas, con la consiguiente afectación violenta de los derechos y las libertades de los ciudadanos en las zonas rurales y en los principales centros urbanos del país.

Parece atrevido aseverarlo, pero posiblemente en todos los conflictos ambientales los defensores de los bienes comunes enfrentan, de una u otra forma, al crimen organizado. El trasfondo del reciente asesinato del defensor del río Guapinol, Juan López, no es la excepción.

Pese a las evidencias del peligro, suena imposible la aprobación de una legislación coherente y una política efectiva ante la criminalidad si las decisiones están en manos de políticos que son parte del problema y cuyas opiniones se tiñen de cinismo. Así, el enfrentamiento posterior al video retrató a políticos que mentían para atacar y a otros que, atacados, se dedicaron a justificar lo indefendible.

Mientras tanto, en los pantanos de nuestra sociedad los capos del crimen organizado, que se suceden unos a otros, chocan sus vasos con alivio viendo que ellos no son el centro de la preocupación y que sus ahijados cumplen con su parte de imponer otras agendas distractoras.

El debate es otro porque la extrema derecha, encabezada por el Partido Nacional, y el partido gobernante, lo volvieron una pelea político-ideológico-electoral y no de Estado. La atención está puesta en los cálculos electorales y en salvar sus trastos de la caída, no en la urgencia de evaluar las históricamente fallidas acciones públicas de prevención y control del narcotráfico y sustituirlas por otras que realmente funcionen.

Por supuesto que ese debate fallido es deliberado. El grado de institucionalización e impacto del crimen organizado sobre las estructuras estatales y políticas es más grave de lo que se piensa o de lo que como sociedad admitimos; pero, y esto es lo más peligroso, corremos el riesgo de normalizar lo anormal. Tenemos tan desquiciada la brújula que al innombrable su partido lo comparó con Mahatma Gandhi, y a Carlos Zelaya lo recibieron sus correligionarios de Olancho como una especie de mártir de la lucha contra el imperialismo.

El círculo perfecto funciona y no se anticipa el final. Los narcos saben que los políticos necesitan su dinero para acceder al poder; y los políticos, a su vez, saben que los narcos necesitan el Estado para reproducirse y sobrevivir. El crimen organizado siempre utilizará la corrupción y otras formas de presión e influencia para conquistar posiciones de poder político y público que lo protejan, así que debemos reconocer que prevenir en un cien por ciento esa infiltración es imposible; pero abrirle las puertas de par en par es complicidad. Tan criminal es el que ofrece el soborno como quien lo negocia o acepta.

No estoy muy de acuerdo con calificar a Honduras como un narco-Estado (y eso es harina de otro comentario), pero cada vez que los criminales se ponen de acuerdo con los políticos se desvanece la frontera entre lo público y lo privado; y a partir de ahí todo cae bajo sospecha, desde las campañas electorales hasta la inversión pública.

Sin duda, el país enfrenta un peligro letal para su gobernabilidad y convivencia, pero jugamos a no darnos cuenta. En ese esconder la cabeza hemos permitido que, además de funcionar como corredor geográfico, Honduras se vuelva productor de coca y de drogas tan mortales como el fentanilo. La criminalidad no descansa, aprovecha cada rendija de impunidad para expandir sus negocios y territorios.

Ahora mismo, la policía ofrece una recompensa de 350 mil lempiras a quien dé información del alcalde de El Triunfo, Choluteca, Cristhian Castillo (liberal), acusado por el delito de tráfico de drogas «agravado». Lo de «agravado» significa, entre otras circunstancias, que el acusado era una autoridad pública y que aprovechó su cargo o autoridad para cometer todo tipo de delitos asociados, entre los que se menciona tráfico de migrantes. ¿Es Castillo el único funcionario público en malos pasos? Ni en sueños.

El panorama pinta mal, y atrapada entre la maraña de intereses, la presidenta Xiomara Castro tiene, quizá, la última oportunidad de asumir el control de su gobierno y cumplir parte de las expectativas prometidas en su campaña electoral. Sin embargo, preocupa que Libre, su brazo político de apoyo, no sea la excepción. Quizá pocos recuerdan que en julio de 2012 el padre Fausto Milla denunció que en las planillas a cargos de elección popular de Libre, en la región occidental, había candidatos vinculados al narcotráfico y la corrupción.

Sus palabras textuales, reproducidas de medios de prensa, fueron las siguientes: «Del Movimiento 28 de Junio (corriente interna de Libre hasta hace poco dirigida por Carlos Zelaya) yo conozco candidatos que de ninguna manera pueden ir dentro del marco del pensamiento y de ideales por otra Honduras de la resistencia, porque son precisamente lo contrario, involucrados en corrupción, involucrados en el narcotráfico», aseveró.

El padre Milla no sólo advertía al liderazgo de su partido sobre la infiltración en sus planillas, sino de la necesidad de una comprensión clara del riesgo que enfrentaba. La institucionalidad pública y partidaria debió investigar los fundamentos de la denuncia, pero, en su lugar, minimizaron el mensaje y proscribieron al mensajero.

¿Se puede enmendar esa situación? De poder, se puede; sin embargo, la pregunta correcta es: ¿se quiere?

Una sociedad fundada y dirigida por dos hermanos de Nayib Bukele compró por $1.3 millones un edificio art deco en el centro histórico de San Salvador dos meses y medio después de que el presidente ratificara una ley de exenciones tributarias a los nuevos inversionistas de la zona. En el inmueble opera hoy un restaurante de lujo mientras que propietarios del centro denuncian presiones de las autoridades para cerrar sus locales.  

Por Jaime Quintanilla

Dos meses y medio después de que Nayib Bukele sancionara una ley que exonera del pago de impuestos a la recuperación y restauración de inmuebles en el centro histórico, Lagencia, S. A. de C. V., una sociedad fundada y dirigida por dos de sus hermanos, Karim y Yusef Bukele, compró un edificio de más de 80 años estilo art déco de 506 metros cuadrados por $1.3 millones en en la segunda calle oriente, entre las plazas Gerardo Barrios y Libertad, dentro de una zona catalogada como patrimonio cultural de El Salvador desde 2008. 

Según la escritura de compraventa, Karim Bukele, el segundo de los cuatro hermanos Bukele-Ortez, actuó como representante legal de la sociedad para comprar el 15 de julio de 2023 el edificio a la empresa Capital Inmobiliario Salvadoreño, S. A. de C. V. 

Tres meses antes de la compra, las ministras de Cultura y de Turismo, Mariemm Pleitez y Morena Ileana Valdez Vigil, respectivamente, impulsaron una propuesta de ley con iniciativa presidencial que establecía exenciones fiscales a las inversiones y restauraciones de inmuebles en el centro histórico. La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, fue ratificada por Nayib Bukele y publicada en el Diario Oficial el 17 de abril de 2023.

Fachada del edificio #5 comprado por la sociedad dirigida por dos de los hermanos de Nayib Bukele. Foto: Focos.

La empresa de los hermanos de Bukele compró este edificio en un contexto de reordenamiento del centro histórico en el que los vendedores informales y los propietarios de inmuebles y locales en las zonas afectadas denuncian decomisos de sus mercaderías, desalojos y acoso de agentes del Estado y de la municipalidad de San Salvador, dominada también por Nuevas Ideas. 

En el centro histórico y sus alrededores, el gobierno promueve la atracción de inversiones millonarias que para los expertos evidencian la gentrificación de la zona, dónde ni siquiera los dueños históricos de negocios o inmuebles son bienvenidos. Los vendedores denuncian que hay constantes amenazas para que desalojen con pena de ser capturados bajo las reglas del régimen de excepción por el hecho de vender en zonas que para las autoridades están “liberadas”. Los dueños de locales o inmuebles, denuncian que agentes de la municipalidad o del Ministerio de Hacienda visitan sus recintos con nuevas disposiciones que, de no ser cumplidas, los obligarían a cerrar sus negocios o edificios. 

 A mediados de junio de 2024, la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (Aplan) anunció un nuevo reglamento que impone multas a negocios sin licencias o permisos vigentes que operan en 70 cuadras del centro histórico, con la pena máxima del cierre de sus actividades.  Para aquellos que invirtieron en la zona y sobrevivieron por décadas el asedio de las pandillas, que se repartían el control de las cuadras, ahora es el gobierno el que los afecta. “Pregunto que si yo puedo aplicar para poner un hotel o un espacio como los que se proyecta, pero el mensaje es que se venda, porque no cumplimos con el perfil”, dice el dueño de un inmueble ubicado en la zona de reordenamiento, a cinco cuadras del nuevo edificio de los hermanos de Bukele. 

Antes de ser adquirido por Lagencia, el edificio albergaba en sus primeras plantas a El Imperio, un almacén de ropa de segunda mano, y al café Lero Lero, un espacio con sillas y mesas de madera en la azotea que cobró notoriedad por ser de los primeros en ofrecer una vista privilegiada del centro histórico. Desde mediados de 2024, con remodelaciones incluidas, las primeras plantas del edificio sirven de antesala a La Doña Steakhouse, un restaurante que opera en la azotea y se promociona a sí mismo como el primer restaurante de lujo en el centro histórico.

Vista de uno de los nuevos terrenos adquiridos por una sociedad dirigida por Nayib Bukele y donde se cultiva ‘Bean of Fire’. Foto:Focos.

El edificio es parte de los 34 nuevos inmuebles que el clan Bukele adquirió entre 2019 y 2023, y que suman más de 363 hectáreas, entre terrenos con vistas exclusivas en el lago de Coatepeque; ranchos de playa en la Costa del Sol; y propiedades de lujo en San Salvador. El 92 % de estas propiedades las obtuvieron en 2023, el último año del gobierno legítimo de Nayib Bukele. 

El edificio del centro histórico que compró Lagencia es la segunda propiedad de mayor valor de los nuevos inmuebles de la familia presidencial que tienen un valor de $9.2 millones, solo detrás de uno de los terrenos cafetaleros que en Santa Ana controla una sociedad dirigida por Nayib Bukele y que forma parte de las tierras de Hacienda Dorada, la finca donde se cultiva “Bean of Fire”, el café gourmet que promocionan desde sus redes sociales y las del Gobierno. 

El 18 de septiembre, a  través de una carta, se solicitó una entrevista con los hermanos Bukele para conocer los procesos de adquisición de sus nuevos inmuebles, incluyendo el del centro histórico, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. En esa misma fecha también se intentó obtener apoyo con las secretarías de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia, para llegar hasta la familia Bukele, pero tampoco hubo respuestas.

El edificio # 5, al centro. A un costado, Catedral de San Salvador. El edificio costó $1.3 millones y posteriormente fue renovado. En su terraza opera un restaurante de lujo. Las inversiones en restauraciones de inmuebles en la zona están libres de impuestos. Foto: Focos.

De venta de ropa usada a restaurante de lujo

El edificio #5 de la segunda calle oriente es uno de los grandes representantes del art déco en El Salvador. El edificio fue construido en la década de los 40 y fue conocido porque en los 70 funcionó el Banco de Londres y Montreal. Ahora restaurado, en los vitrales de la fachada luce adornos metálicos que imitan el mosaico que el artista Fernando Llort diseñó para la Catedral Metropolitana, una obra que representa al municipio de La Palma, en Chalatenango, y que fue destruido por órdenes de la Iglesia católica a finales 2011. 

En la planta alta de ese inmueble ahora opera La Doña Steakhouse, un restaurante de lujo que se vende como “el nuevo hogar de las mejores carnes en el corazón histórico de San Salvador», con platos que van desde los $16.95 por una pechuga de pollo hasta los $34.95 por un plato de mariscos con carne. El restaurante es propiedad de Justo Sol, un empresario con diversas inversiones en la capital. Desde su inauguración en julio de 2024, este establecimiento ha sido visitado por influencers salvadoreños y también por figuras oficialistas. En una historia de Instagram del 13 de julio, el restaurante destaca la visita del abogado Óscar Alberto López Jérez, el ex presidente impuesto en la Corte Suprema de Justicia tras la destitución irregular de los magistrados de la Sala Constitucional el 1 de mayo de 2021. Recientemente, López Jérez fue reelecto nuevamente como magistrado en la Sala de lo Civil para un periodo de nueve años. 

Fachada del edificio #5 y vista de la Segunda calle oriente del centro histórico, que conduce hacia la Plaza Libertad. Foto: Focos.

La terraza tiene una vista a un centro histórico “renovado”. Desde aquí se pueden ver las plazas Barrios y Libertad: la nueva Biblioteca Nacional, que donó la República de China y en cuya inauguración, a finales de 2023, transmitida por cadena nacional, se robó el protagonismo Karim Bukele, que acompañó a su hermano durante todo el recorrido.

El propio Karim ha reconocido de manera pública que tiene una influencia privilegiada sobre Nayib. “Soy asesor de mi hermano en el mismo sentido que cualquier persona puede asesorar a su hermano”, escribió en un intercambio de tuits con el periodista Edwin Segura el 3 junio de 2023, días antes de la compra del edificio en el centro histórico. En la conversación, Karim también reconoció que tiene la libertad de visitar a su hermano Nayib en Casa Presidencial cuando quiera. “No soy funcionario público. Prefiero cuidar mi privacidad. Quiero tener la libertad de visitar a mi hermano en su despacho”, agregó a través de Twitter (X). 

Extracto de la escritura de compraventa del edificio #5 en la segunda calle oriente del centro histórico. Foto: Jaime Quintanilla

Desde la azotea del edificio que compró a través de Lagencia, también se aprecia el Palacio Nacional, que tuvo un proceso de restauración criticado por la destrucción de baldosas históricas; y la iglesia El Rosario, otro de los principales atractivos turísticos de la zona. Tras estas locaciones se erige el imponente cerro de San Jacinto.

Karim y Yusef Bukele fundaron Lagencia el 30 de octubre de 2017 con un capital inicial de $2,000, que se repartieron en 20 acciones comunes y nominales de $100 cada una. Los hermanos establecieron que la sociedad puede dedicarse a cualquier actividad lícita, pero especificaron que su especialidad sería “la producción digital, agencia digital, conceptualización y diseño de campañas publicitarias” y, entre otras cosas, “podrá comprar (…) bienes raíces”. 

Ese mismo día, decidieron que la sociedad sería administrada por una junta directiva de siete años, conformada por Yusef Bukele, como director presidente; Karim Bukele, director vicepresidente; Ibrajim Bukele, director secretario y Olga Marina Ortez de Bukele como directora presidente suplente. Estos son los hermanos y la madre del actual presidente de facto de El Salvador.

Por décadas, el centro histórico fue controlado por vendedores y, luego, con la aparición de las pandillas, por ‘clicas’ de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 que se repartían el control de la zona. Con la remodelación del gobierno Bukele, los vendedores han sido desalojados y el centro se convierte en una zona de comercios y restaurantes a precios que se alejan de la economía de la mayoría de los salvadoreños. En la imagen, un indigente descansa frente a una calle en plena remodelación.

Los hermanos del mandatario y su madre además son fundadores y militantes de Nuevas Ideas. Karim ha sido jefe de las campañas presidenciales y la mano derecha de su hermano Nayib desde que incursionaron en la política. Previo a llegar a la Presidencia en 2019, fueron de los encargados de elegir el gabinete de Gobierno y, desde entonces, se han convertido en los principales asesores presidenciales. Karim incluso ha participado en misiones oficiales, el caso más emblemático fue cuando viajó ese mismo año a la República Popular de China para estrechar las relaciones entre ambos países. Mientras que Yusef, junto con Ibrajim, ha participado de reuniones en las que se discutió la creación de una criptomoneda. 

La influencia de sus tres hermanos ha aumentado desde que Nayib llegó al Ejecutivo. Han sido clave en las votaciones legislativas, al punto de llegar en camionetas sin placas a pasar leyes a los diputados oficialistas, a negociar la ley de cuarentena durante la pandemia de covid-19 y se convirtieron en funcionarios sin cargo oficial que representan al país en misiones oficiales en el exterior. 

En esa junta de Lagencia también participó otra pariente de los Bukele,  Yamile Bukele Centeno, como directora vicepresidenta suplente; y Walter Edgardo Serrano Guevara,  director secretario suplente. 

Ese régimen de administración funcionó hasta 2023, pues una de las cláusulas que pusieron en la escritura de constitución fue que el presidente de una junta directiva solo podía celebrar contratos por hasta medio millón de dólares. El 24 de abril de 2023, casi tres meses antes de la compraventa del edificio #5, reformularon la estructura de la sociedad para que Karim Bukele funja como administrador único propietario y representante legal, “con las más amplias facultades de ley sin limitación alguna”; y Yusef, como administrador único suplente. 

Extracto de la escritura de compraventa del edificio #5. Foto: Jaime Quintanilla.

A partir de entonces, Lagencia incursionó en la adquisición de bienes y raíces, según el registro de propiedad salvadoreño. El 15 de junio, compró su primera propiedad: el edificio en el corazón del centro histórico por $1.3 millones. La otra fue el 25 de septiembre. Ese día Karim de manera personal le vendió una propiedad de 411.98 metros cuadrados, ubicada en la intersección de 81 avenida sur  y la calle Padre Aguilar, a la sociedad en la que él mismo es representante legal a un precio de $82,889.51. 

Estos inmuebles solo están inscritos en el Registro de la propiedad raíz e hipotecas a nombre de Lagencia, pero en el Registro de Comercio no hay rastros de las compras e inversiones que realizó la sociedad.  En los archivos de consulta pública electrónicos y físicos del Registro de Comercio no aparecen los registros de balances de la sociedad desde 2017, cuando registró su capital inicial de $2,000. Además de ese registro de arranque de operaciones, el único registro que tiene sobre sus finanzas se encuentra en la renovación de matrícula del 7 de mayo de 2024. En el documento oficial, se establece que el activo de Lagencia “para la renovación del año 2023 asciende a $2,000”, a pesar de que ese año adquirieron dos propiedades que suman $1,382,889.51 y que, según el artículo 459  del Código de Comercio, deberían reflejar “los balances de fin de ejercicio, los estados de resultados y de cambio en el patrimonio, junto al dictamen de Auditor y sus anexos, de aquellos comerciantes que estén obligados a remitirlos al Registro de Comercio”.

“El artículo 441 del Código de Comercio establece que, al cierre de cada ejercicio fiscal, el comerciante, ya sea social o individual, debe reflejar la situación económica de su empresa a través del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Estos documentos deben ser presentados ante el Registro de Comercio, siendo la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) la encargada de verificar su cumplimiento. Sin embargo, la SOM tradicionalmente no ha ejercido esta función”, señala la  jefa del equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López. 

Karim Bukele Ortez, en primer plano, su madre, Olga Ortez, y su hermano Yusef en un acto en la Asamblea Legislativa. Los hermanos fundaron Lagencia, S.A. de C.V., donde su madre formó parte de la primera junta directiva como directora presidenta suplente entre 2017 y 2023. Foto: tomada de redes sociales de la familia Bukele.

Los beneficios a los  inversores del centro histórico

El 30 de marzo de 2023, la Asamblea Legislativa, con 64 de 84 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la Ley de Creación de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador. Con esta ley también nació la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, a cargo de Manuel Rodríguez Joachin, un militante de Nuevas Ideas, el partido que es dirigido por el primo de los Bukele Ortez, Xavier Zablah Bukele.

La propuesta de ley fue aprobada en la  comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa, que dirige el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y posteriormente ratificada en el plenario con 64 votos de los diputados oficialistas y sus aliados. 

La normativa tiene por objetivo “proteger, preservar y regular un área delimitada del Centro Histórico de San Salvador, declarándola zona cultural, turística y de desarrollo para el fomento actividades e inversión de capital”. En la misma normativa, se establece que la Autoridad de Planificación será la “responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico-social y urbano del Centro Histórico de San Salvador”. La nueva institución está adscrita al Ministerio de Turísmo, pero tiene la autonomía de “administración de su patrimonio y en el ejercicio de sus funciones”. También puede coordinar con otros ministerios, la Alcaldía de San Salvador, bajo la bandera del oficialismo, y cualquier otra institución que se involucre en actividades en el centro histórico. 

Las nuevas normativas y los planes del gobierno apuestan por inversiones millonarias. Dueños de inmuebles y negocios se han visto obligados a vender o cerrar debido a la ‘liberación’ de 70 manzanas.

La ley establece una serie de incentivos para los nuevos inversores. Por ejemplo, gozarán de “exención del impuesto sobre la renta por un periodo de diez años aquellas inversiones en construcción, remodelación, mejoramiento, ampliación, recuperación y conservación de inmuebles” en inversiones de $1,000 o más en inmuebles que tengan un mínimo 25 metros cuadrados. También están exentos de los impuestos municipales. Según  Rodríguez Joachin han tenido inversiones que superan los $65 millones hasta el 17 de septiembre.

“En el centro histórico tenemos la ventaja de que todas las inversiones que se realicen en sectores de la gastronomía, de la cultura, el turismo, proyectos inmobiliarios y la recuperación y restauración inmobiliaria tienen exención de impuestos, tanto de las tasas municipales como de los impuestos fiscales del Ministerio de Hacienda, y que las ganancias que estas inversiones produzcan son exentan también del impuesto sobre la renta también en un periodo de 10 años. Es un esfuerzo de todas las instituciones del presidente Nayib Bukele”, dijo Rodríguez el 16 de agosto en una entrevista en el canal nacional. 

Parte de las tareas que han hecho la Autoridad Planificadora y el propio Rodríguez Joachin ha sido la promoción de nuevas inversiones. En esa misma entrevista televisiva, Rodríguez promocionó La Doña, el restaurante de carnes que opera en el edificio de los hermanos Bukele, como “un restaurante de carnes que tiene una vista muy bonita en su terraza” parte de la nueva oferta gastronómica de la zona. Rodríguez no contestó a la  solicitud de entrevista para conocer sobre los beneficios que ha otorgado la institución que dirige y sobre si la renovación del edificio de los Bukele fue beneficiaria.

La  jefa del equipo de anticorrupción y justicia de Cristosal señala que en este caso existe un evidente conflicto de interés. “Se advierte el uso del poder público para intereses privados. Se terminan entrelazando el ámbito público y el ámbito privado en la búsqueda de beneficios personales”, dice. 

Para López no se puede obviar que es el hermano del mandatario quien hizo la compra en nombre de la sociedad que dirige luego de que se aprobara una ley que exonera de impuestos las inversiones en el centro histórico. “Es un actor que no está externo de la administración pública, aun cuando no tenga un cargo nominal. Más allá del beneficio económico en el sector turismo que pueden traer las decisiones sobre el centro histórico, hay una  distorsión total en la toma de decisiones”, dice. 

Para Jessica Estrada, directora del Área de Transparencia de Funde, “hay un aparente conflicto de interés, aunque en la formalidad, y según nuestra legislación no podemos pensar que es una falta que pueda ser de alguna forma castigada o sancionada. Si bien se trata de una acción que puede ser ‘cuestionada’, lastimosamente no puede afirmarse que haya una ‘irregularidad’, porque todo queda revestido de ‘legalidad’”.

La renovación del centro histórico ha sido uno de los principales proyectos de Nayib Bukele desde que era alcalde de San Salvador. Una nueva ley y un reglamento persiguen a los antiguos propietarios de inmuebles y dueños de negocios. Estos se quejan que han sido excluidos y en su lugar se apuesta por inversiones millonarias como la de los hermanos de Nayib Bukele.

El nuevo centro de los Bukele

La revitalización de estas cuadras ha sido la megapuesta de Bukele desde que llegó a la Alcaldía de San Salvador en 2015. “TODOS los intentos anteriores de reordenamiento del Centro Histórico fallaron, porque no tomaron como base al ser humano”, afirmó durante el inicio de su administración en la capital. En abril de 2016, anunció que las cuadras que rodean la plaza cívica Gerardo Barrios fueron liberadas, durante ese anuncio su hermano Karim Bukele estaba a sus espaldas. En esa primera fase aseguró que iba a invertir unos $100 millones. Durante su administración en la comuna capitalina, dos de sus empleados fueron acusados por la FGR de pactar con las pandillas para poder entrar a las comunidades a hacer campaña y para realizar obras en el centro una vez ganaron. Los encargados fueron el actual alcalde Mario Durán y el actual director de reconstrucción del tejido social del gobierno, Carlos Marroquín. Este último también ha sido señalado como el principal nexo de las pandillas con la administración presidencial de Bukele. 

En esos tiempos, Bukele y su administración lograron un entendimiento con los vendedores informales que se ganaban la vida en esas cuadras. Fueron trasladados a otro punto del centro capitalino de manera pacífica, a diferencia las tácticas que usaban las administraciones comunales anteriores que cuando los desalojos terminaban en batallas campales con muertos y heridos.

En 2018, Ernesto Muyshondt ganó la Alcaldía de San Salvador bajo la bandera de Arena. A principios de 2019, anunció su versión de la renovación del centro histórico. Dijo que la nueva fase que impulsaría su administración iba a incluir la construcción de dos mercados. Sin embargo, la pandemia y cuarentena por covid-19 frustraron los planes del ahora exalcalde. Muyshondt terminó su periodo en mayo de 2021 y el 19 de junio de ese año fue capturado, acusado de diversos delitos por la fiscalía impuesta por el oficialismo. Desde entonces ha pasado recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, una de las prisiones donde los privados de libertad son torturados y varios han muerto en el marco del régimen de excepción. 

El 1 de mayo de 2021, Mario Durán asumió como nuevo alcalde de San Salvador. Durán fue el concejal que más protagonismo tuvo durante la administración de Bukele en la capital y es uno de los principales señalados de pactar con las pandillas para que pudieran ejecutar los proyectos en el centro histórico. 

Reelecto hasta 2027, en 2022 Durán anunció que invertiría otros $100 millones en la segunda fase de revitalización. “La inversión de la revitalización del #CentroHistóricoSS fase 2 será más de $100 millones para recuperar nuestro patrimonio cultural y dejar un legado histórico a los salvadoreños y capitalinos. El tesoro de la ciudad quedará como se merece: impresionante”, aseguró en redes sociales.

Con Bukele en la Presidencia, los desalojos en el centro regresaron a la represión. Los agentes de seguridad metropolitana y de la Policía Nacional Civil se volcaron a decomisar sin distinción cualquier venta que ingresara al circuito turístico del centro histórico, justo donde está el edificio de los Bukele con el restaurante de lujo. Y los negocios formales con décadas de estar instalados en esa zona comenzaron a sentir el miedo de ser desalojados. 

En agosto de 2022, la Dirección de Obras Municipales, una institución que nació para centralizar las obras de las alcaldías y potenciar las imagen del oficialismo, inició trabajos en el centro histórico. Uno de los principales tramos que intervino la institución que viste los colores de Nuevas Ideas fue la calle Rubén Darío, un tramo que conduce a la segunda calle oriente, donde está localizado el edificio que compraron los hermanos Bukele Ortez.

En la remodelación del centro histórico, el ejecutivo tomó control de las obras a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Municipales.

El 1 de junio de 2024, en el discurso de inauguración de su segundo mandato ilegítimo, Bukele habló del centro histórico que cambió para marginar a los vendedores informales que se ganaban la vida en esas cuadras que ahora están pensadas para las inversiones millonarias de cadena hoteleras y restaurantes de lujo. “Ya no hay temor acá de estar acá en el centro, pero no a esta hora de día, no, a las 2 de la mañana, incluso tomándose fotos o grabando videos con los celulares”, dijo a menos de 300 metros, a unos escasos cuatro minutos caminando, de donde una sociedad de sus hermanos hizo la compra millonaria de un edificio.

En ese mismo discurso en el que anunció la posibilidad de dar medicina amarga en el área económica, así como hizo con la seguridad, Bukele agregó: “Quiero agradecer a mis hermanos que han estado siempre a mi lado en todo este momento de la política y en todo este Gobierno y me han apoyado en cada momento de mi vida”.

Detrás de Nayib Bukele, sus hermanos aplaudían y celebraban con una sonrisa a menos de 300 metros, a unos escasos cuatro minutos caminando, del edificio que compraron un año antes.

Este artículo se publicó originalmente en Redacción Regional , del que Contracorriente forma parte.

 

El conflicto en torno a la mina Inversiones Los Pinares en Guapinol, Honduras, ha cobrado la vida de seis ambientalistas, siendo Juan López la víctima más reciente. Además de estos asesinatos, muchos otros defensores han sido criminalizados y numerosas familias desplazadas. A pesar de que los ambientalistas han logrado avances, como la legislación favorable para proteger la zona núcleo del Parque donde se instaló la mina, las amenazas en su contra no han cesado. Mientras tanto, la empresa hondureña detrás de la mina ha expandido su presencia en la región y, según informes financieros, mantuvieron transacciones activas al menos hasta septiembre de 2023 con Nucor Corporation, una de las mayores compañías siderúrgicas del mundo.

Texto: Fernando Silva y Danielle Mackey 
Con reportes de Jennifer Ávila 
Este artículo ha sido elaborado en colaboración con
Drilled

El asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor de Tocoa, ha puesto en el centro de atención a los actores políticos y empresariales que él denunció y que lo amenazaron por su lucha para proteger los ríos y montañas afectados por el megaproyecto minero de Grupo EMCO, relacionado principalmente con los empresarios hondureños Lenir Pérez y Ana Facussé. Una nueva revelación sobre el poder transnacional detrás del proyecto podría ser clave para comprender la urgencia con la que buscan eliminar cualquier oposición.

Y es que en 2020 la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, aseguró haber finalizado en 2019 su relación como copropietarios de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares –anteriormente Emco Mining Company–, dueña de una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras que ha causado un grave conflicto socioambiental en el que seis personas han sido asesinadas. Sin embargo, documentos oficiales de las declaraciones anuales de la empresa Los Pinares contenidas en el expediente de la concesión minera ASP en el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) indican que, al menos hasta el 30 de septiembre de 2023, Nucor Corporation y la empresa hondureña, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, mantenían una relación comercial con cuentas pendientes por cobrar y pagar.

Según los estados de resultados en la declaración anual consolidada de la concesión de Inversiones Los Pinares en 2022, hasta el 31 de diciembre de ese año la empresa hondureña mantenía una cuenta por cobrar a Nucor Corporation de 6,448,571 lempiras, unos 260 mil dólares, y al mismo tiempo Los Pinares tenía una cuenta por pagar a largo plazo en favor de la multinacional por un monto de 860,923,000 lempiras, alrededor de 34.72 millones de dólares.

El siguiente año, en 2023, los valores en las cuentas por pagar y cobrar entre Nucor Corporation y Los Pinares aumentaron. Una declaración anual registrada en el expediente de Los Pinares indica que para septiembre de 2023 la deuda de Nucor con la empresa hondureña había subido a 6,706,134 lempiras, casi 271 mil dólares. Es decir, había aumentado en 11 mil dólares. Por otra parte, la deuda de Los Pinares con la multinacional aumentó a 862,466,500 lempiras, unos 34.78 millones de dólares, subiendo 60 mil dólares.

Consultamos al respecto a representantes de Nucor y de Grupo Emco, pero no respondieron a nuestras preguntas. Las declaraciones anuales y los documentos del expediente de la concesión perteneciente a Los Pinares no especifican la razón o concepto de las cuentas entre ambas empresas; sin embargo, las deudas por pagar a largo plazo entre dos empresas pueden implicar desde préstamos hasta compra de materias primas, según un contador familiarizado con grandes empresas contribuyentes y transacciones financieras consultado por este medio, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

Un reportaje publicado por una alianza periodística transfronteriza conformada por Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga, apuntaba en noviembre de 2020 que, según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña de nombre similar, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera. 

Documentos del expediente de la concesión minera a los que tuvo acceso este medio indican que, entre diciembre de 2017 y marzo de 2019, otra subsidiaria de Nucor, Nucor South America, figuraba como accionista de Inversiones Los Pinares, con un poco menos de la mitad de las acciones de la sociedad. La otra parte era propiedad de Aluminios y Techos de Guatemala, que al menos hasta finales de 2020 era propiedad del matrimonio Pérez-Facussé. Justamente en noviembre de 2020, una vocera de la empresa explicó que «como los disturbios en el sitio [Guapinol] se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019. Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía», dijo la vocera.

Los reportes anuales de Nucor entre 2022 y 2023 no registran inversiones o transacciones comerciales entre la multinacional y la empresa hondureña Inversiones Los Pinares. 

La representante legal del Comité Municipal de Guapinol, Rita Romero, afirmó que el conglomerado de Pérez, el Grupo Emco, tiene presencia en varios países, lo que lo convierte en una corporación transnacional.

Protesta del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en contra del proyecto termoeléctrico de Ecotek en Tocoa, durante un cabildo abierto para socializar la planta. Tocoa, Colón, diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

¿Quién compra el óxido de hierro de la mina?

Inversiones Los Pinares realizó una solicitud de renovación de concesión minera en octubre de 2023 para que se le dieran 30 años más de vigencia tras su finalización, a finales de enero de 2024. Ante esto, la abogada Romero explicó que en 2023 se reunieron con funcionarios del Inhgeomin, quienes les aseguraron que el término del contrato de concesión para la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras no significaba el cierre de la empresa, ya que «tienen mucho material y tienen que sacarlo».

«Dicen que la empresa tiene mucho óxido de hierro que ha sido extraído durante estuvo vigente su contrato de concesión; yo sé que es cierto que hay muchísimo material en la zona, pero quedan las dudas: ¿para dónde tiene que sacarlo? Definitivamente no lo llevan a vender a Tegucigalpa [la capital del país]; entonces, ¿quién se los compra?», se preguntó la abogada.

En enero de 2023 la empresa Inversiones Los Pinares anunció a través de medios nacionales e internacionales que iba a exportar unas 800 mil toneladas de hierro, valoradas en 190 millones de dólares. Sin embargo, se desconoce qué empresas compran esta materia prima.

El caso del proyecto minero de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras dio un nuevo giro, tras la aprobación por 80 diputados y diputadas del Congreso Nacional, el pasado 21 de febrero, del decreto legislativo 18-2024. Este decreto contempla la derogación del decreto legislativo 252-2013, mediante el cual, con influencia de Lenir Pérez, el Congreso Nacional aprobó la reducción de la zona núcleo del Parque ubicado en el municipio de Tocoa, Colón, permitiendo el otorgamiento de la concesión minera de 200 hectáreas.

Además, el decreto 18-2024 contempla la reforma del decreto legislativo 127-2012 para la inclusión del Parque Nacional Carlos Escaleras en el sistema de áreas protegidas de Honduras, lo que implicaría la prohibición para otorgar o renovar concesiones mineras, y la restauración de los daños ambientales causados por la empresa.

Tras la aprobación del nuevo decreto, se realizaron en Tegucigalpa acciones en contra de la medida por parte de organizaciones conocidas por posicionarse en favor de los intereses de la empresa, así como algunos pobladores de comunidades aledañas al proyecto. Incluso, según medios de comunicación locales, se reunieron con Johel Zelaya, fiscal general del Ministerio Público.

Los pobladores aseguran que serán desplazados de sus comunidades tras la derogación del decreto que reducía la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras; sin embargo, el dictamen presentado en el Congreso Nacional no implica ningún tipo de desalojo. Algunas de las personas participantes en las protestas fueron parte de los pobladores de Tocoa que en diciembre de 2023, con financiamiento del Grupo EMCO, acudieron a un cabildo abierto que buscaba la aprobación de un proyecto de generación de energía altamente contaminante en la zona que pertenece a Los Pinares, según los testimonios de los mismos pobladores.

Según la abogada Romero, la forma en que han reaccionado estos grupos es preocupante y responde a los intereses de la empresa. También remarcó que, aunque se prohíba la instalación del proyecto minero, la planta peletizadora y el proyecto de generación de energía del Grupo EMCO siguen vigentes, ya que no eran parte de la zona protegida del Parque.

«Es visible que EMCO le está apostando a mantener vigente su proyecto eléctrico y la planta peletizadora, y lo visto últimamente es que la empresa está dispuesta a hacer lo que tengan que hacer para seguir con sus proyectos», aseguró la abogada Rita Romero.

Transcurridos varios meses de incertidumbre tras haberse aprobado en el Congreso Nacional, el 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del Parque. Con la publicación de este decreto, Inhgeomin quedaría inhabilitada para otorgar la ampliación solicitada por Inversiones Los Pinares. 

Sin embargo, Lenir Pérez tiene otras dos empresas esperando poder operar cerca: una planta de peletización y un proyecto de generación de energía a partir de coque de petróleo, que podrían funcionar en el futuro, ya que no formaban parte del área protegida del Parque. A pesar de que estos proyectos están en espera, la maquinaria sigue operando, lo que ha generado denuncias por parte de algunos de los pobladores.

Además, los miembros del Comité Municipal continúan exigiendo que se establezcan responsabilidades penales por la complicidad de instituciones e individuos en la autorización de este proyecto minero, que ha causado graves daños a las comunidades. Anteriormente, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) anunció en un comunicado que estaban llevando a cabo investigaciones en el edificio de la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se habían cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad, en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del medio ambiente en la zona.

Según la información del Ministerio Público, esas tareas se sumaban a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S.A. de C.V., empresa en la que Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé han figurado como socios, y que, según el comunicado del ente investigador, «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto». 

El vocero del MP, Yuri Mora, dijo a este medio que «cuando el Ministerio Público acusa a alguien que no está en el país siempre se busca hacer las solicitudes o asistencias jurídicas para que esta persona sea devuelta y enfrente la justicia. En torno a los problemas ambientales en Tocoa, se llevan a cabo varias investigaciones; sin embargo, por estar abiertas aún no nos podemos referir a ellas, porque la ley del Ministerio Público así lo establece, para no entorpecer las mismas. No sé cuántas investigaciones son en total, pero se trabajan investigaciones sobre ese tema».

El ambientalista Juan López fue enterrado en el cementerio de Tocoa, Colón, rodeado del calor de quienes le conocieron y compartieron sus luchas. Septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Finalmente, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez y 12 personas más vinculadas a las operaciones de Inversiones Los Pinares, por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque, los cuales fueron «supuestamente cometidos» en perjuicio del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa.

Estas acciones por parte de la Fiscalía hondureña se suman a lo que pasó el 28 de abril de 2023, cuando el FBI allanó un amplio complejo ecuestre de 10 millones de dólares en Palm Beach, Florida, que Pérez había adquirido recientemente. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a Nucor, pero no ofreció información adicional sobre el caso.

El FBI, a través de su oficina de prensa, respondió diciendo que «no confirma ni niega la existencia de una investigación y declina cualquier petición de comentario»

Centroamérica ignora la sobrecarga laboral de las mujeres y no invierte lo suficiente para protegerlas. En una región donde 6 de cada 10 centroamericanas brindan cuidados de manera no remunerada a integrantes de su hogar, durante casi 20 horas semanales, la falta de políticas integrales que transforme esta realidad es la norma, no la excepción. 

Juliana Martínez Franzoni

Por regla general en torno a las mujeres, hay casi siempre una madeja de personas que dependen de ella en más de un sentido. Se trata de hijas, hijos, madres, padres y otras relaciones estrechas por las que circulan afectos, tiempo y dinero. Durante casi toda su vida, la vivencia de las mujeres está profundamente definida por estas relaciones de alimentación, cariño, sostén, en resumen, de cuidados. Tradicionalmente, estas tareas han sido vistas como un deber estrictamente femenino, dictado por normas de género arraigadas. En Centroamérica, 6 de cada 10 mujeres brinda cuidados de manera no remunerada a integrantes de su hogar y le dedica a ese trabajo casi 20 horas semanales – 13 horas más que los hombres. Esta carga tan visible ha sido fácilmente ignorada no solo por los presidentes sino por una región entera que prefiere llamarle “amor” a las labores de cuidado, generando más presión sobre ellas en lugar de exigir políticas que transformen esta realidad.

Idealmente, el mundo laboral, los gobiernos y los hombres –dentro y fuera de la casa–deberían compartir esta responsabilidad. En países con trabajos remunerados de calidad, licencias por nacimiento, servicios de cuidado infantil y apoyo financiero para criar a los niños, la vida es muy diferente en comparación con Centroamérica. En lugares donde además se crean condiciones para que los hombres asuman su parte en el cuidado, la vida de las mujeres mejora significativamente, y los cuidados se convierten en una experiencia menos gravosa en su sueño y su salud, y más gratificante y compatible con tiempo personal y laboral.

Las políticas familiares son los brazos del Estado que moldean cómo se protege y apoya – o se les deja solas– a las personas y, muy especialmente, a las mujeres en sus roles familiares. Muchas veces, estas políticas son implícitas y pasan desapercibidas en tanto intervenciones en las familias. Por ejemplo, la falta de derechos reproductivos, como el acceso a la interrupción de un embarazo no deseado, es una política de familia implícita que afecta directamente a las mujeres, aunque generalmente se aborda como política de derechos humanos o incluso de salud pública – que también es. El que las mujeres deban dedicar tantísimas horas al trabajo doméstico no remunerado, también refleja una política de familia implícita. En Guatemala, ellas le destinan entre 60 y 44 horas semanales, según se trate de las de menores o mayores ingresos, respectivamente.

En las últimas dos décadas, Centroamérica ha avanzado al crear políticas de familia explícitas. Algunos gobiernos, como el de Costa Rica con su Red de Cuido y El Salvador con su Comisión Interinstitucional de Cuidados, han reconocido que las mujeres no pueden hacerlo todo solas y que los cuidados son responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo el Estado y los hombres con responsabilidades familiares. Esto ha llevado, por ejemplo, a hacer encuestas de uso del tiempo que muestran cómo se distribuye el trabajo entre hombres y mujeres y cómo las mujeres a menudo enfrentan jornadas de trabajo dobles o triples, entre trabajo pagado y no pagado.

Todos los países centroamericanos cuentan con al menos una medición aunque los datos no se actualizan desde 1998 en Nicaragua, 2009 en Honduras y desde 2019 y 2017 en Guatemala y El Salvador, respectivamente. La última encuesta disponible, realizada en Costa Rica en 2022, muestra que las brechas en el tiempo semanal que destinan las mujeres a cuidar de manera no remunerada en sus hogares continúa siendo de más de 16 horas, tal como ocurría en 2017, cuando la encuesta se realizó por primera vez.  

Estas encuestas muestran también que las mujeres en Centroamérica –al igual que en el resto de América Latina– somos hoy más desiguales que nunca entre nosotras, a la vez que persisten las desigualdades de género. Esto se ve, según estimaciones de ONU Mujeres, en la participación laboral de las mujeres. Aquellas con menos educación formal tienen una participación similar a la que tenían a inicios de los años 2000 (4 de cada 10), mientras que la participación de las mujeres con mayor educación formal ha continuado aumentando hasta superar las 6 de cada 10. Si lo comparamos con la participación de los hombres con un nivel de educación similar, las primeras tienen una brecha de hasta 70 puntos porcentuales y las segundas, de solo 10.

Sin embargo, a pesar de la rampante evidencia que existe para contar con políticas públicas adecuadas, los avances han sido más anunciados que concretados. Las políticas explícitas de familia son limitadas en su alcance y efectividad. Los cambios son difíciles, especialmente en contextos de alta informalidad laboral y adonde los recursos destinados a las políticas públicas son insuficientes. En Costa Rica, por ejemplo, se ha extendido la licencia por nacimiento a trabajadoras independientes. Aunque no es fácil hacer cumplir estas medidas, su reconocimiento legal es un paso importante, siempre vinculadas al trabajo de las madres y su contribución a la seguridad social.

Además, los países centroamericanos no invierten suficiente dinero en proteger a su población. La pandemia de Covid-19 demostró que la capacidad de los gobiernos para llegar masivamente a las personas es mayor de lo que se suele suponer.  Países que se asumen con gobiernos con poquísimas capacidades para proteger a su población, como Guatemala, en cuestión de semanas logró entregar transferencias monetarias de emergencia a más de 10 millones de personas. Lastimosamente, una vez que el miedo a la pandemia y al desorden social que ella podría generar se disipó, se desvanecieron rapidamente las medidas.

Reconocer formas de organización familiar más allá del modelo tradicional de «papá trabaja y mamá amasa la masa» lleva tiempo. Aunque la mayoría de los hogares en Centroamérica ya tienen a mamá trabajando y cuidando, las reformas para que papá también participe de manera equitativa en el cuidado y que se reconozcan los permisos para parejas del mismo sexo aún están en pañales.

De hecho, hay gobiernos que están actualmente promoviendo políticas que siguen estando basadas en modelos tradicionales, como se ve en programas de primera infancia en El Salvador y Nicaragua – “Crecer Juntos” y “Amor por los más chiquitos”, respectivamente. Estas políticas, aunque son en teoría bien intencionadas, conllevan una mayor demanda de trabajo para las mujeres, algo que se agrava dado el contexto de altísima informalidad laboral y de mayor precariedad económica ocasionada por el alza en el precio de los alimentos.

Las políticas punitivas que se están implementando en países como en El Salvador, con su régimen de excepción, agravan aún más la situación de las mujeres. La captura masiva y sin debido proceso de hombres que tradicionalmente han sido los principales proveedores de ingresos obliga a las mujeres a asumir responsabilidades adicionales. Ellas deben correr para atender a sus familiares presos, pagar por su alimentación, vestimenta y medicamentos, mientras continúan sosteniendo a los miembros de la familia que están fuera. Esto aumenta la carga de trabajo de las mujeres, que deben hacer malabares para mantener la red de relaciones familiares que dependen de ellas.

A menudo, las medidas punitivas se presentan como soluciones rápidas a problemas sociales urgentes, como la inseguridad. Sin embargo, en lugar de resolver los problemas, estas políticas aumentan la desigualdad socioeconómica y de género. El populismo punitivo refuerza la idea de que la cárcel reduce la delincuencia y cohesiona a la «gente buena» contra la «gente mala». Sin embargo, esta narrativa simplista no aborda las causas subyacentes de los problemas sociales, y exacerba las desigualdades existentes. Además, en escenarios represivos, quienes tienen menos voz, como es en términos generales el caso de las mujeres, suelen tener más para perder. Para muestra está la represión de que ha sido objeto el salvadoreño Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), integrado fuertemente por madres, hijas y hermanas de personas presas sin debido proceso. 

Para saber realmente si y cómo los gobiernos están mejorando la calidad de vida de las mujeres, es crucial considerar tanto las políticas familiares explícitas como aquellas que, siendo implícitas, pueden agravar las dificultades económicas y de cuidado. Si no se abordan estos problemas, muchos de los avances recientes podrían verse revertidos, y las mujeres seguirán siendo las principales víctimas de un sistema que les exige cada vez más mientras les ofrece menos apoyo real.

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Se trata de una propuesta de ley marco gestada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) desde 2019, «cuando llegaron unos expertos de Rusia». La normativa tomó impulso entre 2021 y 2022, tiempo en el cual Nicaragua ocupaba la presidencia pro témpore del organismo. La ley, recién aprobada en el Parlacen, es muy parecida a la “Ley Mordaza” de los sandinistas, llamada así por su uso para acallar toda voz contraria. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo ha puesto a disposición de los legislativos de sus países miembros, en un contexto en el que los autoritarismos mantienen una cruzada frontal contra la libertad de prensa y expresión en el istmo.

Por Wilfredo Miranda Aburto y Jennifer Avila

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) envió a los Parlamentos de sus países miembros una «propuesta de ley marco de prevención y protección contra la ciberdelincuencia» que, en sus puntos neurálgicos, es similar a la Ley de Ciber delitos diseñada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua para arrestar y perseguir a la disidencia y las voces críticas.

DIVERGENTES y Contracorriente tuvieron acceso a una copia de la propuesta de ley marco del SICA, la cual establece —como la nicaragüense— la extraterritorialidad de su aplicación, pero también añade por su parte la «cooperación técnica y económica internacional» en materia de extradición.

Además, faculta a las autoridades el registro y secuestro de medios digitales o electrónicos y un control casi total sobre los operadores de servicio de telecomunicación.

A renglón seguido, la ley del SICA propone la interceptación, grabación, reproducción de «comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético». Algo que de facto ya hacía el régimen Ortega-Murillo, pero que con la reforma a la Ley de Ciberdelitos en septiembre pasado, fue legalizado por sus operadores en la Asamblea Nacional.

La ley marco del SICA empezó a gestarse a partir de 2019 en el Parlacen, «cuando llegaron unos expertos de Rusia», asegura Jorge Fernando Jiménez, representante de Honduras ante el organismo. El legislador es uno de los principales impulsores de esta normativa y en su país es miembro del partido minoritario Frente Amplio. También es reconocido en Honduras por liderar una organización de derechos humanos y por haber sido acusado del delito de estafa por parte del Ministerio Público el pasado 23 de septiembre.

Luego de aprobada por el Parlacen, el SICA apadrinó el proyecto a través de su Dirección de Seguridad Democrática y lo puso a disposición de los poderes legislativos de sus países miembros. Jiménez, en su papel de diputado del Parlacen, confirmó a Contracorriente y DIVERGENTES que en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana la socialización de esta ley «va bien avanzada, a pesar de que apenas se aprobó en la última asamblea plenaria del parlamento».

Según Jiménez, el proyecto de ley se presentó en mayo pasado al jefe de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de Honduras y a miembros de instituciones de seguridad como Interpol, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del gobierno de Xiomara Castro.

En Guatemala estaba programado un evento el pasado 27 de septiembre para presentar la propuesta, pero la administración del progresista Bernardo Arévalo canceló la reunión, según explicó el diputado Jiménez. En ese país, el Congreso Nacional viene discutiendo desde hace meses la iniciativa 6347 que contiene una ley  propia de Ciberdelitos.

A pesar de las similitudes, Jiménez asegura que la ley gestada en el Parlacen no fue exclusivamente inspirada en la ley de Nicaragua, sino «que recoge ejemplos de Rusia, China y Estados Unidos». Asegura que el SICA ya tenía varios años de estar elaborando esta normativa, pero que hasta que él lideró la Comisión Jurídica del Parlacen fue puesta como prioridad en el Plan Operativo Anual. «Es una ley bastante innovadora… nos pone a la par de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Es un instrumento que estamos entregando a países como Honduras o Guatemala que tienen cero por ciento en materia de ciberdelitos, para que puedan implementarla y podamos estar de acorde a la realidad», dijo.

¿Lucha contra la desinformación?

En su artículo 32, esta normativa del SICA para Centroamérica regula el tema de «la difusión de información falsa». Establece: «Será sancionado con pena de tres a seis años de prisión quien, a través de medios electrónicos, informáticos, o mediante un sistema de telecomunicaciones, propague o difunda noticias o hechos falsos capaces de distorsionar o causar perjuicio a la seguridad y estabilidad del sistema financiero o de sus usuarios».

Un planteamiento, de fondo, similar al artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos Ortega-Murillo, que condena la «propagación de noticias falsas a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación». Dice la ley nicaragüense: «Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa».

Ha sido el régimen Ortega-Murillo quien ha determinado a gusto y antojo quien  produce «alarma, temor, zozobra en la población». La mirilla represiva ha apuntado a periodistas independientes, ciudadanos que publican en redes sociales y líderes de opinión que por decenas han sido condenados con esta ley.

La Fiscalía sandinista no sólo ha usado como pruebas en los juicios publicaciones en redes sociales propias de los opositores, sino que hasta los «Me Gusta» que los detenidos han dado a posts de terceros que son de carácter político. O comentarios que ellos dejan en perfiles que pertenecen a figuras aborrecidas por el gobierno.

Por ejemplo, el tiktoker Cristóbal Geovanny López Acevedo, conocido en redes sociales como Tropi Gamer y simpatizante sandinista, fue condenado por defender a la Miss Universo Sheynnis Palacios de los ataques de la propaganda oficial. O el filósofo y catedrático Freddy Quezada, también condenado por un like, que le dio a una publicación en X, en la que hacían referencia al poder de movilización que tendría la llegada de la Miss Nicaragua recién coronada en el certamen internacional. Ambos presos políticos relataron esto después de ser desterrados a Guatemala a principios de septiembre. Previo a ellos, también campesinos que ni siquiera contaban con redes sociales o un teléfono móvil fueron procesados por Ciberdelitos.

Jiménez, quien se considera el gestor principal de la ley, aseguró que esta normativa del Parlacen tiene límites y sanciones para «el funcionario que ordene una intervención sin cumplir los parámetros legales». «Esa ley es completa, tiene derechos y deberes», insistió.

Agregó que Honduras, por ejemplo, ha mandado a entrenar a agentes en Inteligencia Artificial (IA) a República Dominicana, pero aún no hay una ley que regule la IA en Honduras… y esta ley que propone el Parlacen y el SICA viene a llenar esos vacíos (…) el objetivo de la ley es que se pueda hacer frente a cualquier mal uso de la tecnología, ya sea por parte del crimen organizado o gobiernos, defendió el parlamentario regional.

Por otro lado, Jiménez no quiso referirse al uso que ha tenido la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua, porque, alega, no puede «opinar de posiciones políticas de los países». En cambio, aseguró que esta iniciativa no estuvo inspirada en la experiencia de ese país y que, al contrario, «cuenta con las herramientas necesarias para que no se vulneren los derechos humanos».

De acuerdo al legislador catracho, la propuesta marco «ha llamado la atención del Parlacen», a tal punto que se ha hecho una socialización de manera dinámica con los consejos de ministros y congresos, a pesar de que esta ley no tiene vinculación directa en los países.

Contenidos de abuso sexual

Al igual que la Ley de Ciberdelitos nicaragüense, la del SICA basa su urgencia en gran medida en la prevención y el castigo del contenido de abuso infantil o la mal llamada «pornografía infantil». Sin embargo, que se sepa públicamente, apenas una persona ha sido condenada por Ciberdelitos en Nicaragua. Se trata del novio de una influencer de redes sociales que distribuyó fotos privadas de ella sin su consentimiento. 

En Honduras, grupos de activistas están solicitando al Congreso Nacional que se apruebe una ley que penalice la distribución de contenido privado sin consentimiento y contenido de abuso sexual, algo similar a la «Ley Olimpia» de México, una norma exclusivamente creada para proteger a niñas y mujeres de ciberdelitos. 

La experiencia más cercana, que es la nicaragüense, preocupa ya que la aplicación de esta normativa bajo el régimen Ortega-Murillo ha tenido una aplicación de eminente carácter político. 

Además, que el SICA ponga a disposición esta ley marco de Ciberdelincuencia en Centroamérica causa alarma, porque se promueve en un contexto de grave persecución contra la libertad de prensa y expresión que mantienen gobiernos autoritarios, como el de Nayib Bukele en El Salvador, o el acoso sistemático del de Xiomara Castro en Honduras contra la prensa. Ni siquiera la considerada «Suiza centroamericana», es decir Costa Rica, escapa de este temor, ya que el presidente Rodrigo Chaves mantiene una cruzada permanente contra lo que él llama «la prensa canalla». 

Mientras que en agosto de 2022, en la misma semana que dio inicio la cacería del periodista José Rubén Zamora, director de elPeriódico, el Congreso de la República de Guatemala discutió el Decreto 39-2022 que contenía la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia pero esta fue descartada.

A pesar de estas advertencias, la ley marco del SICA argumenta su existencia de la siguiente manera: «La presente ley tiene por objeto velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa de las personas naturales y jurídicas del Estado para hacer frente a la Ciberdelincuencia, mediante la creación de figuras delictivas, la adecuación de normas penales existentes y las reglas procesales necesarias para incorporar los medios de prueba digitales que permitan la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal. Así como la creación de los órganos estatales competentes para una investigación eficaz y la cooperación internacional en la materia».

Los Ortega-Murillo de pioneros en Ciberdelitos

Que la ley marco del SICA tenga muchas similitudes con la Ley de Ciberdelitos de los Ortega-Murillo no es casualidad. La propuesta de normativa fue creada originalmente por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) cuando Nicaragua ocupaba la presidencia pro tempore de ese organismo regional, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, con el diputado Guillermo Daniel Ortega Reyes, un férreo defensor del régimen sandinista, según una fuente cercana al Parlacen.  

La normativa se gestó con la llegada de «expertos rusos», pero tomó fuerza mientras el régimen Ortega-Murillo estaba al frente del Parlamento regional. En ese contexto, la Ley de Ciberdelitos en Nicaragua ya había sido aprobada el 27 de octubre de 2020. 

Con su reforma en septiembre pasado, los Ortega-Murillo agrandaron los colmillos de esta normativa, conocida popularmente como «Ley Mordaza». La modificación ahora da cabida para enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública.

En el caso de la modificación de la Ley de Ciberdelitos, número 1042, las penas de prisión se aumentan a cinco años. Y si la publicación en redes sociales también «incita a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos raciales, religiosos, políticos, condición económica y social o ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública», la pena sube a 10 años de cárcel. Antes el máximo de la pena era de cinco. Combinadas es una condena de 15 años.

«Lo que están haciendo Ortega y Murillo es transnacionalizando la represión, llevando esto a un punto en que la persecución es global. Lo que tratan con esto es instrumentalizar los mecanismos de Interpol o GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) de los que Nicaragua es parte y, por desgracia, para ellos son útiles, porque pueden colocar en estos órdenes de captura internacionales», plantea el exdiputado opositor Eliseo Núñez, quien fue despojado de su nacionalidad nicaragüense.

El temor de Núñez es validado por la propuesta de ley marco del SICA y el Parlacen, porque no solo habla de extraterritorialidad, sino que pone de manifiesto las extradiciones. Esto, dice, pone en riesgo, por ejemplo, a nicaragüenses exiliados y desterrados en países como Costa Rica o Guatemala. 

Además, la promoción de esta ley del SICA sucede cuando 76 legisladores del Parlacen solicitaron incluir a la Duma Estatal (cámara de diputados) de Rusia como observador en el Parlamento Centroamericano por el aporte de 150 000 dólares a ese órgano. En los últimos años, Rusia ha reforzado la capacidad del régimen Ortega-Murillo para espiar a opositores en Nicaragua, incluida la instalación de una base de espionaje moscovita en Managua, como reveló el medio Confidencial

El general en retiro falleció la madrugada de este 30 de septiembre en el Hospital Militar en Managua, casi cinco meses después que el régimen Ortega-Murillo le impuso casa por cárcel, una medida represiva que resultó fatal para su ya deteriorada salud. Fue un hombre controvertido por su papel como “señor de la guerra” en los años ochenta y su insistencia por profesionalizar las fuerzas armadas en los noventa. Siempre mantuvo un pulso tenso con la pareja presidencial, al punto que lo tildaron de “traidor”

Por Wilfredo Miranda Aburto (@Piruloar) | San José, Costa Rica

Publicado originalmente en Divergentes

El comandante Henry Ruíz, alias ‘Modesto’,​​ tenía un prejuicio en contra de Humberto Ortega Saavedra, uno bien serio que se lo habían inculcado sus compañeros de armas de la ciudad cuando él bajaba de la montaña: “Que Humberto no entraba por cochón (miedoso)” a los combates guerrilleros que condujeron al Frente Sandinista a derrocar a la dictadura somocista en 1979. 

Pero, cuando Ruíz vio correr sobre la costa del mar al hermano menor del dictador Daniel Ortega, después del triunfo de la revolución, se dijo a sí mismo: “Pero si este pobre ‘Puñal’ —así le decían—, ¡qué puta!, si ni correr puede, con las manos delgaditas, verdad, sin peso. Qué va a poder este jodido en la clandestinidad, ni el monte serviría, ni aquí en la ciudad… y se lo dije de manera muy fraterna: —¡No jodas, fue mejor que te quedaste afuera!”. 

El episodio que narra Ruíz, contenido en las Memorias Sandinistas de la historiadora y exguerrillera Monica Baltodano, no sólo hace énfasis en las secuelas físicas que inhabilitaron al general Humberto Ortega Saavedra de los combates desde 1969, cuando dirigió y participó en una fallida incursión guerrillera desde Alajuela, Costa Rica, para intentar liberar de una prisión a Carlos Fonseca Amador, figura referencial del sandinismo. 

Pero lo que también dice el comandante ‘Modesto’, en especial sobre la pérdida del prejuicio en contra de Humberto, es cómo este guerrillero lesionado de por vida se ganó el respeto de sus pares sandinistas al idear la insurrección urbana contra el somocismo, clave para derrotar a la dinastía. Es decir, un militar alejado del campo de batalla, pero nunca retirado de él, que se granjeó la fama de un buen “estratega” militar, al punto que se quedó con el mando del Ejército Popular Sandinista en los años ochenta.

Humberto fue el segundo hombre más fuerte de Nicaragua durante la década fratricida de los ochenta, sólo detrás de su hermano mayor, el actual dictador que le impuso al militar en retiro casa de cárcel de facto. Después de la derrota de la Revolución Sandinista en las urnas en 1990 frente a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Humberto se convirtió en el primer jefe militar en democracia y figura clave para la profesionalización de las fuerzas armadas en los años noventa. 

El general en retiro falleció la madrugada de este lunes 30 de septiembre bajo custodia del régimen de su hermano y su cuñada, la “copresidenta” Murillo. Según un comunicado oficial, la causa de muerte fue un paro cardio respiratorio.

“La Dirección del Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, da a conocer, que el día 30 de septiembre de 2024 a las 01:55 horas, el paciente Humberto Ortega Saavedra de 77 años de edad, presentó paro cardio respiratorio, y luego de atenderlo con maniobras de resucitación cardiopulmonar no salió de tal condición, declarándose fallecido a las 02:30 am”, dice el comunicado difundido por los medios oficialistas al mismo tiempo.

La noche antes de su fallecimiento, el Ejército de Nicaragua emitió un comunicado en el que informaron que el militar “presentó un deterioro brusco de su condición con choque cardiogénico”. “Se recibió quejumbroso, con tendencia a la hipotensión, con ruidos pulmonares sugerentes de falla cardiaca agudizada y con datos de infección de tejidos blandos en miembro inferior izquierdo, concluyendo que el paciente cursaba con datos de sepsis y falla cardiaca”, refiere el centro médico. El militar estuvo aislado en el Hospital Militar desde junio.

 

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Fuentes hospitalarias refieren que el general en retiro murió la madrugada de este lunes 30 de septiembre en el Hospital Militar. Es decir, casi cinco meses después que su hermano y su cuñada le impusieron casa por cárcel. La medida fue fatal para la ya deteriorada salud de Humberto, un hombre de 77 años retirado en su casa, ubicada en Managua, con problemas coronarios y llagas en sus piernas. En el ocaso de sus años, al exjefe del Ejército de Nicaragua le dio por criticar al régimen de Daniel, su hermano, y más grave aún, pecado capital, descartar de la línea de la sucesión constitucional a su cuñada y archirrival, Rosario Murillo Zambrana. 

El militar fue cercado el 19 de mayo de 2024 por un contingente policial horas después que dio una entrevista al periodista Fabián Medina para el medio Infobae, y en la que emitió unas críticas que agriaron a la pareja presidencial. Dijo que su hermano mayor, como líder del régimen autoritario, no tiene sucesores. Una crítica que, como dardo certero, dio en la diana del plan de sucesión familiar que empuja, sobre todo, su cuñada. 

“Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política”, sostuvo Ortega Saavedra en referencia a su sobrino, Laureano Ortega Murillo, el hijo que la pareja presidencial aúpa como delfín para la sucesión dinástica. 

La respuesta de su hermano y su cuñada no sólo fue cercarlo policialmente, sino que todos los trabajadores de servicios y escoltas de Ortega Saavedra fueron arrestados. Al militar le quitaron sus celulares y computadoras. Lo aislaron y días después, la Policía Nacional reconoció la medida de casa de cárcel de facto en un inusual comunicado: la institución informó que el Ministerio de Salud instaló en las afueras de la casa del exjefe del Ejército una unidad de médicos para monitorear su salud, delicada desde meses atrás, a tal punto que fue sometido a una intervención quirúrgica. 

La familia de Ortega Saavedra advirtió que él necesitaba atención médica especializada debido a los problemas coronarios y unas llagas en sus piernas. Sin embargo, la pareja presidencial desoyó y un médico del Ministerio de Salud ingresaba a la vivienda a tomarle únicamente la presión al militar en retiro. Tres semanas después de iniciado su cautiverio, fue trasladado de urgencia por los policías al Hospital Militar con síntomas de haber sufrido un infarto. Luego de esa gravedad, el militar fue devuelto a su casa, donde lo mantuvieron incomunicado. El 28 de mayo de 2024, en cadena nacional, Ortega llamó “traidor” a su hermano.

Ortega Saavedra no es el primer líder histórico sandinista que muere bajo cautiverio de los Ortega-Murillo, es decir en manos del Estado. Antes fue el comandante Hugo Torres Jiménez, general en retiro, quien colapsó en la cárcel de El Chipote por falta de atención médica adecuada para una persona de 73 años con padecimientos crónicos. Torres Jiménez fue trasladado a un hospital, pero ya era muy tarde para recuperar su salud. 

Una relación friccionada por la cuñada

 

 

Varios exguerrilleros sandinistas y analistas políticos coinciden que el hecho que Ortega Saavedra haya descartado de la sucesión dinástica a Rosario Murillo y Laureano Ortega fue percibido como una afrenta imperdonable para su cuñada. Ella trabaja desde antes de 2018 en un plan para suceder a su esposo. 

Si bien la “copresidenta” Murillo ocupa la primera línea de la sucesión constitucional, ha trabajado arduamente por perfilar a su hijo Laureano, actual asesor presidencial para inversiones, canciller de facto, y ahora encargado de las relaciones del régimen de sus padres con Rusia y China primordialmente. 

Murillo y su cuñado siempre tuvieron una relación atropellada, incluso desde antes que triunfara la revolución sandinista en 1979. La entonces primera dama en la etapa revolucionaria no se llevaba bien con la esposa de Humberto, una costarricense que se llama Ligia Trejos. Esta era más dedicada a los hijos, y tenía menos proyección pública que Murillo.

Aunque la animadversión era mutua, las fuentes cercanas a la familia Ortega Saavedra recuerdan que la actual “copresidenta” desdeñaba a Trejos y a Humberto por su “opulento” estilo de vida. “Rosario se dirigía de manera despectiva a los hijos de Humberto; los criticaba hasta por la ropa que usaban”, relata una voz cercana a la familia presidencial. “Ella ocupaba esas cosas para cuestionar políticamente a Humberto y debilitar la relación que mantenía con Daniel, porque los hermanos sí tenían un vínculo político”.

Murillo siempre tuvo “una obsesión” por apartar a Daniel Ortega de influencias externas. Esto lo ha logrado en la actualidad, aunque no fue así en los ochenta. Aunque es el hermano menor, el exjefe del Ejército, siempre tuvo un rango de incidencia sobre el caudillo sandinista. A pesar de las diferencias, Daniel Ortega solía tomar en cuenta las consideraciones de estrategia militar, políticas o de diplomacia de su hermano menor. 

“Como militar, Humberto es bien pragmático y siempre ha visto a la Rosario como una loca, impulsiva, violenta y agresiva. Pero no solo es por la posición emocional de ella, Humberto es realista: sabe de las antipatías internas que siempre ha generado el liderazgo de ella”, señala una fuente ligada a la familia Ortega Saavedra. 

Murillo siempre ha visto en su cuñado a un competidor del poder de su esposo y, por consiguiente, el suyo. Dora María Téllez, exguerrillera sandinista y desterrada política, dijo a DIVERGENTES que la relación entre la “copresidenta” y su cuñado se fue tensando a medida que ella ganaba poder. 

“Sin embargo, no creo que al final de cuentas tenga tanto que ver con animadversiones personales, sino que es un tema de competencia política”, plantea la excarcelada. “Ortega y Murillo han visto en Humberto a un competidor, alguien molesto, que no se somete a su control, que no está sujeto a ellos. Él puede decir cualquier cosa, como lo ha hecho. Entonces ese asedio hacia Humberto, el mismo hacía miles de nicaragüenses, es para callarlo. Humberto es una voz fuera del país que se le salió de las manos”, añade Téllez. 

“Estratega brillante”, pero… 

 

 

En una conversación con la exguerrillera Mónica Baltodano, recogidas también en Memorias de Lucha Sandinista, Téllez asegura que Humberto era “brillante en análisis estratégico, pero nunca ha tenido balance en sus consideraciones”. “Es bien extremista y eso es lo que siempre deterioró su capacidad de análisis. Pasó de ofrecer postes de luz a la burguesía, a convertirse en uno de ellos. Es una cosa totalmente contradictoria”, valora Téllez, la mítica “Comandante Dos” del asalto al Palacio. 

Humberto Ortega Saavedra nació en 1947 y en su juventud, siguiendo a su hermano Daniel, se sumó a la lucha antisomocista de manera clandestina. Los hermanos no fueron fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero años más tarde se convertirían en dos de las figuras principales de la insurrección y la revolución. Después de interceptar fallidamente la caravana de Somoza Debayle y salir de prisión en 1967, el joven Humberto se va a Cuba a entrenar militarmente. 

La segunda gran operación guerrillera fue la liberación —también fallida— de Carlos Fonseca. Ortega Saavedra regresó a Cuba donde lo sometieron a varias operaciones que le devolvieron, parcialmente, la movilidad de sus manos. En la isla se hizo muy cercano a Fidel Castro. Coinciden exguerrilleros sandinistas que era el “mimado” del dictador cubano. En esa etapa, desde Cuba y Costa Rica donde volvió, el militar desarrolla por completo su faceta de estratega militar. 

En 1977, después de los operativos denominados “Octubre Victorioso” en contra de cuarteles de la Guardia Nacional, el Frente Sandinista estaba dividido en tres facciones: Los Proletarios, Guerra Popular Prolongada (GPP) y los Terceristas. La facción de los Terceristas era liderada por los hermanos Ortega Saavedra. En este punto de la historia, las fuentes consultadas por DIVERGENTES coinciden que Humberto fue clave en formular una estrategia de insurrección en las ciudades, contrario a la tendencia GPP que prefería guerrear  contra Somoza en las montañas. 

La estrategia de los Terceristas tuvieron mucho éxito, pero sobre todo proyección internacional por gestas como el asalto al Palacio que debilitó al régimen somocista. “Humberto era percibido como un hombre hábil, sagaz, con enorme influencia entre los Terceristas. Humberto también tiene la visión de abrirse políticamente, de alianzas amplias con todos los sectores antisomocistas, incluso formaciones no prosocialistas. Eso fue un acierto. Esa apertura también les permitió acercarse a gobiernos antisomocistas como el de Panamá, Venezuela y Costa Rica. Esa política amplia permitió la formación del “Grupo de los 12”, relata a DIVERGENTES un exguerrillero que trabajó con Ortega Saavedra en los ochenta. 

Humberto recibe la última visita de su hermano, Daniel, antes de que el mandatario lo llamara “traidor”.

El exguerrillero, que por temor a represalias pide anonimato, asegura que cuando las tendencias sandinistas se unieron y derrocaron a la dictadura en 1979, muchos de los líderes sandinistas le tenían miedo a Humberto. Por eso deciden que sea Daniel Ortega el que encabece la Junta de Reconstrucción Nacional por parte de la Dirección Nacional Sandinista. En 1984, el hermano mayor de Humberto es electo presidente de Nicaragua, mientras que él queda como jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS). Dos hermanos convertidos en los dos hombres más poderosos. 

Prontamente explota la guerra entre sandinistas y la Contra, la guerrilla anti revolucionaria financiada por Ronald Reagan. Años cruentos para Nicaragua, de agresiones y graves violaciones a los derechos humanos mutuas entre los bandos. Era la guerra, un conflicto muy fratricida. En ese entonces, Humberto era el principal estratega militar junto al general Joaquín Cuadra, segundo jefe del EPS. 

La principal herida que los nicaragüenses nunca dejaron de reprochar a Humberto fue la imposición del Servicio Militar Patriótico (SMP), mejor conocido como el “servicio militar obligatorio” para todo varón entre los 18 y 40 años. Miles de jóvenes fueron asesinados, al mismo tiempo que la revolución sandinista cometía atrocidades contra civiles, mujeres y la Dirección Nacional del Frente Sandinista vivía una vida opulenta, muy alejada de la austeridad que le exigían al pueblo. 

En una entrevista con el diario La Prensa, Humberto justificó el SMP como una medida cuando el Servicio Militar Voluntario fue “insuficiente para repeler la guerra de agresión de Estados Unidos”. 

Un militar obsesionado con la profesionalización 

 

 

En 1990, cuando la revolución sandinista perdió el poder en las urnas frente a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, Humberto Ortega Saavedra mantuvo su cargo como jefe del Ejército. Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia de Barrios de Chamorro, aconsejó a la mandataria mantener al jefe militar para poder efectuar una transición política, que al final terminó siendo muy atropellado. 

Fuentes militares consultadas para este artículo también coincidieron que Humberto era un general “obsesionado con la profesionalización” del Ejército. De modo que fue clave para reducir el número de militares, quitarle el apellido sandinista a las fuerzas armadas, y hacerlas trascender a un cuerpo apegado a la Constitución Política. “Fue un interlocutor importante durante la transición”, dijo una fuente castrense. 

En 1994, la expresidenta Barrios de Chamorro envió a retiro a Humberto, quien se dedicó a escribir libros de memorias y apreciaciones políticas, mientras desarrolló una faceta de empresario de la que siempre renegó. El origen de su fortuna siempre ha sido cuestionada y muchos apuntan que la amasó con la venta ilegal de armas en los ochenta, o con la “Piñata” del noventa, es decir la repartición de bienes públicos que los sandinistas hicieron al perder el poder en 1990. 

Otro suceso que persiguió de por vida a al exjefe del Ejército es el asesinato en 1990 del joven de 16 años llamado Jean Paul Genie, a manos de la escolta de Humberto. El caso conmovió a Nicaragua pero las pruebas del crimen “desaparecieron” y los implicados fueron absueltos. 

Humberto, aparte de sus gustos exquisitos, fue un hombre que se consideraba “un intelectual”. Vivió apartado de la vida pública desde el año 1994 hasta su muerte, entre Nicaragua y Costa Rica, a excepción que cuando daba entrevistas. Vertía su punto de vista político de manera un tanto enrevesada, aunque tras el retorno al poder de su hermano en 2007 fue endureciendo la crítica ante la deriva autoritaria del caudillo sandinista y su esposa. 

En 2021, en una entrevista con Andrés Oppenheimer en la cadena CNN, el general en retiro abogó por los presos políticos y dijo que no eran “terroristas”, como aseguraba el Gobierno de su hermano. 

Las críticas subieron de intensidad en sucesivas entrevistas. En marzo de 2023, Ortega Saavedra dio una entrevista a EL PAÍS y ya ninguneaba el papel de la vicepresidenta Murillo. “Ahí (Gobierno) el fundamental es Daniel Ortega, por eso yo nunca menciono a nadie más que a él, porque sin Daniel Ortega no hay nadie que pueda sostener esta situación en Nicaragua. Yo siempre hablo de Daniel Ortega, sin tratar de irrespetarla a ella, porque él es responsable de lo que pasa en Nicaragua. Yo no puedo estar viendo el lente a través de ella”, dijo.

Fuentes cercanas al general en retiro afirmaron que él ya se sentía muy enfermo, cerca de la muerte, y que por eso dio esa última entrevista al periodista Fabián Medina criticando la sucesión dinástica, a sabiendas que podía sufrir represalias. “Creo que él decidió inmolarse cerca de la muerte. A mí me parece que Humberto lo percibe como una última gran contribución suya para buscarle una salida a Nicaragua”, dijo la fuente.  

Por su parte, la feminista y exrevolucionaria sandinista María Teresa Blandón, tiene otra visión tras la muerte de Ortega Saavedra. “Con la muerte de Humberto se va la figura más importante de la guerra de los ochenta y todo lo que supuso esa herida, la herida más grande de Nicaragua. Él era el señor de la guerra”, zanjó Blandón.

 

Juan López, ambientalista y líder comunitario hondureño fue asesinado en Tocoa, avivando el fuego en una tierra cuyos conflictos parecen no tener fin. Tras su muerte, y la presentación de requerimientos fiscales contra Lenir Pérez y otras personas vinculadas a crímenes ambientales que Juan denunció, el movimiento social sigue exigiendo justicia y una investigación independiente para el asesinato, rechazando la comisión interdisciplinaria creada por el gobierno de Xiomara Castro. Además, el alcalde Adán Fúnez, a quien López señaló por vínculos con el narcotráfico antes de su asesinato, continúa sin responder a las demandas de renuncia que pesan sobre él.

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

La noche del sábado 14 de septiembre, escondida en las sombras, la muerte esperaba a Juan López (46 años), quien fue un líder comunitario, regidor municipal de Tocoa, ambientalista, educador y delegado de la palabra en la Iglesia Católica. Las balas apagaron su vida minutos después de dirigir un acto religioso en la parroquia de la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. 

Nada detuvo al sicario que habían encomendado para que acabara con la vida de Juan, quien al momento del ataque iba acompañado por cinco personas que salieron ilesas. En la misma calle donde está el templo católico, esa noche se celebraban dos campañas evangélicas en las que había una gran multitud de personas. Sin embargo, esta concurrencia, lejos de ahuyentar al asesino, le brindó un escenario ideal, pues los disparos contra el líder ambiental se perdieron entre los sonidos de la música de los eventos religiosos. El asesino huyó en una motocicleta con el rostro cubierto por el casco. 

Juan le había dicho antes a las personas cercanas que lo iban a matar. Y algunos de sus amigos le habían dicho que temían por su vida. «Sabíamos de los riesgos, pero no creíamos que se iban a atrever a tanto», dijo Jessenia, una de las tantas personas que bajo el liderazgo de López han hecho frente al poder del extractivismo en el Bajo Aguán. 

Desde octubre de 2023, Juan contaba con medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por amenazas contra él y varios ambientalistas de la región. Hay otras 29 personas defensoras de la tierra amenazadas en el conflictivo contexto en el que permanece el Bajo Aguán. Todas tienen medidas de protección, pero el Estado a través del Gobierno ha sido incapaz de brindar seguridad a estas y estos defensores. 

«Solo tenemos un carnet», expuso Lino Cedillo, uno de los líderes que han sido criminalizados  por la defensa del río Guapinol afectado por el megaproyecto minero de la empresa Los Pinares, propiedad de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Lino estuvo 914 días preso, en un caso completamente manipulado por diferentes actores de la justicia hondureña, especialmente la Fiscalía de Tocoa. Es por esto que el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) ha exigido una investigación independiente y exhaustiva en la que rechazan las participación de esa fiscalía y la de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) por considerarlos parte del proceso de persecución y criminalización que han sufrido los defensores de los territorios en esa zona. 

Y es que los operadores de justicia siguen criminalizando a los defensores del territorio en esa zona. Cinco días después del asesinato de Juan López, la Corte de Apelaciones de La Ceiba, dirigida por la abogada Vianey Cruz Recarte, declaró procedente un recurso interpuesto por el Ministerio Público en contra del sobreseimiento definitivo en favor de los ambientalistas Leonel George, José Adaly Cedillo, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y Juan López, que aún en la tumba sigue siendo perseguido por sus luchas. 

Ellos fueron el primer grupo de activistas detenidos en 2019, que se entregaron voluntariamente tras ser acusados de ser criminales por participar en protestas en Guapinol. En total hubo 31 personas acusadas. 

La resolución de la Corte de Apelaciones de La Ceiba reabre un proceso que implicó la detención arbitraria de este grupo de defensores durante 14 días. La denuncia fue interpuesta por Inversiones Los Pinares, luego de que los pobladores de Guapinol instalaran el campamento «Por el Agua y por la Vida» en esa aldea l, y durante 88 días mantuvieran tomado el acceso al núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras, hasta que fueron violentamente desalojados por centenares de policías y militares enviados por el gobierno de Juan Orlando Hernández. 

Durante los funerales de Juan López, los asistentes portaron pancartas en contra de los actores políticos y económicos que el ambientalista enfrentaba. Foto CC/ Fernando Destephen/ 16-09-2024

El campamento se instaló luego de que Juan López y Adilia Castro visitaron la aldea Guapinol en 2017 para informar sobre lo que pasaba en el Parque Carlos Escaleras y el río Guapinol. Ahí comenzó a crecer el movimiento, y lo que había sido una pacífica aldea de agricultores se convirtió en fortín de lucha en contra del poder de Inversiones Los Pinares y su dueños Lenir Pérez y Ana Facussé. 

Este era el tipo de acciones que hacía Juan en defensa del ambiente y la vida. Además de su compromiso con la lucha ambiental, era líder de la Iglesia Católica, regidor de la Municipalidad de Tocoa por el Partido Libertad y Refundación (Libre), coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y miembro de la Junta Directiva de la Fundación San Alonso Rodríguez, que promueve el respeto por el planeta y la justicia social. 

A esa variedad de luchas emprendidas por Juan se referió el sacerdote jesuita Ismael Moreno, más conocido como padre Melo, cuando en la misa de cuerpo presente señaló que «Juan López estaba metido en cuanta cosa posible, imaginable y no imaginable de la dimensión social en el compromiso por transformar nuestra Honduras. Ahí andaba donde había espacio para promover discusiones, meter proyectos o buscar ayuda para los pobres»,  dijo.

Organizaciones, representaciones diplomáticas y líderes mundiales, como el papa Francisco,  las embajadas de España y Alemania en Honduras, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental Brian A. Nichols y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), han condenado enérgicamente el asesinato  de Juan López, y también han pedido al Gobierno de Honduras una investigación exhaustiva, imparcial e independiente. 

El Gobierno de Xiomara Castro ha creado un equipo multidisciplinario para dirigir la investigación sobre el asesinato, que será dirigido por Eduardo Turcios Andrade, director de la Dirección Nacional de Investigaciones (DPI), quien el lunes 16 de septiembre se reunió con líderes sociales del Bajo Aguán y prometió que toda la información originada en la investigación sería manejada por un equipo especializado de Tegucigalpa. 

Sin embargo, un día después el CMDBCP emitió un comunicado donde denunciaba que la investigación estaría a cargo de la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). La coordinación estará a cargo del subcomisario de Policía Henry Joel Ventura, con la participación del fiscal Danilo Alemán. 

El abogado Edy Tábora, del Bufete de Justicia para los Pueblos y apoderado legal de CMDBCP, sostuvo que las personas designadas pueden tener una trayectoria importante en la investigación, pero que la mayoría no son conocidos por la población. «Es importante que la ciudadanía esté alerta si se conocen nombres de las personas que van actuando [en la investigación] de estos procesos, y si hay denuncias que puedan salir a la luz pública. Este personal no ha estado en la zona, no los conocemos más allá de algunas pocas personas que integran la investigación», dijo. 

Tras el rechazo del movimiento social en Tocoa de la participación de funcionarios locales en el procesos de investigación de la muerte de Juan López, estas personas fueron retiradas. Sin embargo, el abogado Tábora sostiene que en paralelo a la investigación se ha reactivado el proceso de criminalización contra cinco dirigentes del CMDBPC. «Es que como si damos un pasito y retrocedemos dos, al final es una sola institución el Ministerio Público, hay una interpretaciones jurídicas en base a ese proceso de criminalización, todo pareciera que las magistradas en este caso se están poniendo al servicio de la empresa Los Pinares. Hay muchas contradicciones, porque luego vemos una sanción contra las magistradas y digamos que es positivo para romper un esquema de impunidad que hay con el caso». 

El apoderado legal del CMDBCP  cree que las presiones públicas surtieron algún efecto, pues el equipo de investigación ha sido fortalecido y está realizando acciones que se mantienen en confidencialidad. 

No obstante, la desconfianza es el principal reto a vencer. «Hay una situación compleja, hay gente que tiene miedo y no tiene confianza para incorporarse de lleno a dar declaraciones. Ese es el reto principal para nosotros, que se genere confianza tanto en el control de la información, pero también las garantías suficientes para que las personas que colaboren en las investigación no vayan a sufrir represalias», expresó. 

Un asesinato de Estado

Una de las pancartas que acompañaban el féretro de Juan albergaba un mensaje contundente: «El Estado te mató, porque no te protegió». Y esta idea, al igual que la conclusión de que su muerte es un asesinato político, es casi unánime en los luchadores del Aguán. 

Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) manifestó que «ellos [el Estado] son conscientes de la responsabilidad que tienen en el asesinato de Juan, por no proteger su vida. Esas medidas cautelares no sirvieron para salvarle la vida. Nos parece que hay responsabilidad. Los ministros no responden a las demandas, pero tampoco responden a lo que pregona el Gobierno de ser respetuoso de los derechos humanos», sentenció. 

Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria del Aguán, insistió que desde el Estado  hay «una deuda, pero enorme deuda y es responsable por omisión». Solicitó al Gobierno, que pregona un discurso de derechos humanos, que tome medidas efectivas para proteger la vida de los defensores de los territorios que aún continúan con vida y levantando la voz. «Por el compañero Juan, el Estado ya no puede hacer nada, más que investigar para castigar a los autores materiales e intelectuales», afirmó. 

Leonel George, ambientalista, regidor de la municipalidad de Tocoa y compañero inclaudicable de Juan en la lucha por la defensa de la tierra, hizo referencia al llamado que realizó la presidenta Xiomara Castro a investigar el crimen cometido. Para el luchador social estas palabras surgieron con «vergüenza» pues considera que «el Estado es el responsable del asesinato del compañero». 

En el funeral de Juan López estuvieron presentes centenares de personas. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«Esas palabras de la presidenta y también de la ministra de derechos humanos [Angélica Álvarez] son de vergüenza, pero creo que es la oportunidad para reivindicar el abandono. Es que hay una responsabilidad, el Estado es responsable por el asesinato del compañero.  No hay nada de lo que hagan que pueda resarcir el daño que han hecho, pero al menos aspiramos que haya justicia y que de una vez por todas resuelvan esta conflictividad para que no se sigan cobrando vidas valiosas. Deben garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, que hasta ahora no lo han hecho», demandó George. 

El padre Andrés Tamayo, sacerdote católico y también defensor ambientalista, mencionó que los poderes fácticos están vigentes y que son los que siguen dominando: «Es una mafia que ahí está metida, así lo dejaron instalado. Eso tiene que desaparecer porque ellos se tomaron todas las instituciones, todos los niveles sociales, las estructuras ellos las tienen todavía, porque es de esa manera todo lo que sacan, parece legal, es un sistema al gusto y capricho de ellos, no es verdad que haya desaparecido». 

Es preciso mencionar que para que exista este control de las élites es necesaria la colaboración de las autoridades, y en este caso el partido de gobierno tiene el control del Congreso Nacional, es mayoría en la Corte Suprema de Justicia y libró una gran batalla, incluso en contra de la ley, para colocar a Johel Zelaya como Fiscal General. Esta administración también ha fortalecido a las Fuerzas Armadas, institución que antes criticaban, pero que ahora en su discurso aparecen como un pilar de la democracia. 

Sin embargo, el padre Tamayo, amigo personal del asesor presidencial Manuel Zelaya, manifestó que estos poderes «acaparan y secuestran los Gobiernos, pero siempre es posible cambiar, siempre y cuando el pueblo tenga espíritu de lucha, siempre que el pueblo esté con la verdad, no con la mentira. La mayoría de los medios viven más de la mentira que de la verdad», dijo. 

El diputado al Congreso Nacional por el partido Libre, Juan Barahona, manifestó que él no considera que el Estado ha fallado  en asesinatos como el de Juan, pero sí reconoció que hace  falta «mayor ejecución de sanciones porque estas muertes tienden a quedar en la impunidad;  lo que debe hacer el Estado a través del Gobierno es investigar, pues tiene medios cómo investigar y que el pueblo sepa quiénes son los asesinos».

Los primeros pasos de la investigación del asesinato de Juan López se mantienen en el hermetismo. En La Ceiba, donde se encuentra la vocería del Litoral Atlántico, expresaron que toda la información está centralizada por el vocero Yuri Mora, quien no respondió los mensajes de texto enviados por este medio. 

Mientras tanto, la relacionadora pública de Medicina Forense, Lorena Cálix, manifestó que hasta no tener autorización conforme a la ley del MP no podía referirse a los detalles de la autopsia, pues está en investigación el hecho violento y no es posible dar detalles. 

Varias voces reclaman al Estado como responsable en la muerte de Juan por no proteger su vida, pese a que estaba adherido al Mecanismo Nacional de Protección (MNP). Solo en el Bajo Aguán hay otras 29 personas amenazadas y con medidas de protección, sin que estas medidas sean más que tener un carné, como nos dijo José Cedillo. 

No obstante, no todos los adheridos al Mecanismo viven la misma situación. A finales de abril de 2023, el MNP emitió un reporte en que registra que solo seis personas beneficiarias de medidas cautelares de Corte IDH absorben el 83 % del presupuesto anual para medidas de protección. En ese entonces había 185 casos de protección activos, por lo que el resto era atendido con el 15 % de los fondos. De ahí que defensores como Juan, José Cedillo, Adilia Castro, Reynaldo Domínguez y otros no hayan recibido más que un carné. 

Contracorriente recibió información que en esa lista «VIP» de protegidos se encontraban la viceministra de defensa, Julissa Villanueva, y la diputada del Partido Salvador de Honduras Ligia Ramos. La primera confirmó a este medio que es beneficiaria de las medidas de protección. «Quien quiere decir que todo está resuelto y no hay riesgos, es alguien que está falseando», dijo Villanueva. 

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Los vínculos de la empresa

El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público realizó diligencias en la casa del edil tocoeño, presuntamente con la intención de decomisar grabaciones de las cámaras de seguridad «Eso significa que el señor Adán Fúnez es parte de las personas investigadas en este proceso. Es una de las cosas relevantes, que hay una línea de investigación relacionada con el señor alcalde», afirmó el abogado Edy Tábora. 

Dos días antes, el 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento contra Lenir Pérez, así como otros funcionarios públicos vinculados a inversiones Los Pinares por «supuestos daños en contra del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón».  Se les acusa de explotación ilegal de recursos naturales y otros delitos que habrían afectado la biodiversidad del Parque. 

El requerimiento fue emitido días después de la muerte de Juan López, pero es una exigencia que desde hace dos años han hecho los defensores en Tocoa. «Es una respuesta que llega en un momento crítico. Se está asimilando porque eso genera muchas emociones para la gente. Desde miedo por el incremento del riesgo y las posibilidades de más intimidaciones y más amenazas. También genera una alegría, aunque opacada por el asesinato de Juan, que era una de las personas que impulsó a que se presentara ese requerimiento fiscal. Hay sentimientos encontrados porque es una de las solicitudes permanentes». 

Días antes, Tábora había apuntado hacia un posible solución del conflicto para menguar las amenazas que se ciernen sobre los defensores en Tocoa. Explicó que la situación no se puede abordar mediante carros blindados, pues desde el Gobierno han expresado que no hay dinero y que no hay carros. Él sostiene que el problema se resuelve atacando la generación de riesgos, que en Tocoa son dos: «la municipalidad de Tocoa, dirigida por Adán Fúnez, y la empresa de Lenir Pérez con Ana Facussé, todos los actores paralelos que han intervenido en generar amenaza es porque han tenido un vínculo con la empresa», dijo. 

La voz unánime de los defensores y defensoras en el Bajo Aguán es que la lucha continúa después de la muerte de Juan López. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

«El Estado no va a poder darle una escolta a cada persona en riesgo, entonces la respuesta es política. Hágase cargo políticamente del riesgo, pero eso significa enfrentarse a las empresas», expuso el abogado Tábora. 

El regidor y ambientalista Leonel George sostiene que continúa el alto riesgo que los entes estatales han podido constatar, y no duda en exigir que los responsables del crimen de Juan deben ser castigados sin importar su condición o filiación política. «No importa si están vinculados al partido [Libre], no importa el nivel empresarial que tengan, deben aplicar la ley y garantizar justicia en este caso», dijo. 

Hay algunos que han ido más allá. El párroco Carlos Orellana manifestó durante el velatorio de Juan López que la Iglesia señalaba al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, como el responsable del asesinato. Jhonny Rivas, de la Plataforma Agraria, indicó que el edil debe ser una de las primeras personas investigadas por la muerte.  

En Tegucigalpa, el fiscal general Johel Zelaya aseguró que en el Ministerio Público no se van a dejar influenciar por lo que se dice en redes sociales y en los discursos. «Siento mucho que a veces, se apunta a X personas, sabiendo quiénes pueden estar detrás de este asesinato, así que no desviemos la atención, vamos a llegar al verdadero criminal, sea intelectual o material», sostuvo. 

Johel Zelaya —de quien, según los conocidos de Juan López, este tenía grandes expectativas una vez que llegó al MP— insistió que los requerimientos se emiten, «en los tribunales, no en las redes. Vamos a investigar, pero no me voy a dejar presionar».

En Tocoa no existe confianza en los operadores de justicia local, y con justa razón. Esly Banegas, representante de COPA, denunció que desde el 2009, más de 200 defensores de la tierra han sido asesinados en el Bajo Aguán, pero no hay respuestas sobre estos asesinatos, y en lugar de los órganos de justicia solo han servido para criminalizar; como ejemplo imborrable están las causas que abrieron contra 31 personas que estuvieron en el Campamento por el Agua y por la Vida, entre ellos Juan López. 

Sobre el proceso de investigación que debe llevarse a cabo por este crimen, Esly Banegas dijo que «hemos exigido una verdadera investigación que pueda venir del nivel central del  Gobierno, pero que también pueda haber una investigación internacional para llevar todo el peso de la ley a los responsables de este crimen abominable». 

Para encontrar a los responsables del crimen de Juan López, el movimiento social del Bajo Aguán pide que se continúe investigando al alcalde Adán Fúnez, así como también a Inversiones Los Pinares y su dueño Lenir Pérez, quien tiene muchas conexiones con el Gobierno, como demostró la investigación de Radio Progreso, que revela que el Instituto de Previsión Militar (IPM) compró más de 152 millones de lempiras (más de seis millones de dólares) en acciones de la compañía Alutech, una ferretería que tiene 62 tiendas y presencia en 17 departamentos del país, además deGuatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. La formalización de la sociedad la realizó la abogada Pamela Blanco, esposa del actual ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, una conexión que ya había revelado Contracorriente

Lenir está casado con Ana, hija de Miguel Facussé, un poderoso empresario agroindustrial que cultivó palma africana en el Aguán, en tierras que pertenecían a la reforma agraria, que ahora es otra fuente de conflicto en la zona. Lenir también utilizó tierras destinadas a la reforma agraria para desarrollar su megaproyecto, según reveló una investigación de Contracorriente.

Pérez también fue muy cercano al Gobierno de Juan Orlando Hernández, que le entregó en concesión el Aeropuerto Internacional de Palmerola, una obra en la que Honduras invirtió más de 200 millones de dólares.

El empresario también tiene conexiones internacionales, como la encontrada en una investigación de Contracorriente y Univisión con la multinacional Nucor, que es la principal productora de acero de EE. UU. En el 2015, Nucor se asoció con Lenir y su esposa para comprar el hierro que iba a producirse en la mina, la misma que originó el conflicto en Guapinol y en las aldeas del sector San Pedro, en Tocoa. 

La lucha contra Los Pinares

La defensa del ambiente y los territorios enfrentó a Juan con terratenientes, empresarios y políticos. Los principales: Lenir Pérez y Ana Facussé, dueños del megaproyecto que incluye la minera Los Pinares, la planta peletizadora Ecotek y actualmente el proyecto de energía que el gobierno de Xiomara Castro ha apoyado en los últimos meses, la planta de energía a base de petcoke Tocoa Energy. 

En el ámbito político, la figura central a la que Juan se enfrentó fue el alcalde Adán Fúnez, quien ha sido desde su posición un operador para las élites, incluyendo a Lenir e Inversiones Los Pinares. Fúnez, protegido de Manuel Zelaya Rosales, es acusado de falsificar documentos para abrir y mantener la operación de la minera en Tocoa. Además, ha aceptado su relación de amistad con los hermanos Rivera Maradiaga, antiguos líderes del cártel de Los Cachiros que ahora son cooperantes de la Justicia de Estados Unidos.  En este artículo se revela cómo Fúnez ha podido mantenerse en el poder a base de alianzas con políticos y criminales.

Con los Rivera aparecen Fúnez y Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en un video publicado por Insight Crime, donde un grupo de narcotraficantes negocian una contribución a la campaña de Libre en el 2013. 

El conflicto con el alcalde Adán Fúnez se intensificó el 9 de diciembre de 2023, cuando el edil convocó a un cabildo abierto para que la población aprobara un proyecto termoeléctrico de Inversiones Los Pinares. Sin embargo, el CMDBCP, liderado por Juan López, movilizó a una multitud que rechazó el proyecto. Según testigos, el alcalde Fúnez ni siquiera entró al lugar donde se desarrolló el cabildo. «Después de eso comenzó a surgir el rencor hacia quienes defendemos el territorio», explicó Johny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.

Después de ese fracaso, Fúnez convocó a un nuevo cabildo abierto en la aldea Ceibita, una comunidad que se encuentra a unos 15 minutos del casco urbano de Tocoa. Rivas sostuvo que había gente armada y sicarios amenazando a los asistentes. 

Tres días antes del asesinato, López había encabezado una conferencia donde se pidió la renuncia de Fúnez. A juicio del líder campesino, eso aumentó todavía más el rencor hacia los defensores: «Hoy, con el asesinato de Juan,  decimos que los principales  personas que tienen estar siendo investigados son  Lenir Pérez, pero también Adán Fúnez», apuntó con valentía.

El movimiento social del Bajo Aguán en pleno ha calificado el atentado contra Juan como un asesinato político. El padre Melo afirmó, mientras los restos de Juan yacían en la Parroquia de Tocoa, que el asesinato político, además de buscar venganza, pretende «dejarnos con miedo, aterrorizados y callados. Así nos quieren». 

En el informe de la organización internacional Global Witness sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente en el año 2023 se indica que en Honduras fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas, y es el tercero en América y en el mundo, solo detrás de Colombia y Brasil.

A nivel mundial, Global Witness documentó 196 asesinatos de defensores del ambiente. El informe señala que el 70 % de «estas agresiones mortales» se concentraron en cuatro países: Brasil, Colombia, Honduras y México.

En Honduras, el año pasado hubo cuatro asesinatos más respecto al año 2022, cuando la organización documentó 14 muertes de ambientalistas. El total de asesinatos cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a documentar los casos en 2012 asciende a 2,106. La muerte de Juan no es casualidad, en un país donde uno de los oficios más peligrosos es defender el ambiente. 

En el Bajo Aguán la indignación por la muerte de Juan se entremezcla con el recuerdo de un gran liderazgo. Tocoa, 16 de septiembre de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Para los ambientalistas en el Bajo Aguán la situación sigue siendo muy peligrosa. El abogado Tábora menciona que la gente «tiene mucho miedo» y procesar el asesinato de López será difícil. Reconoció que hay disponibilidad de la Policía Nacional de cumplir algunas medidas; el asunto es que el riesgo todavía existe y es muy alto. «Una de las cosas es que el Mecanismo Nacional de Protección es muy lento en actuar, es sumamente lento en estos procesos. Creemos que debe haber un abordaje integral del riesgo», señaló.  

La lucha después de la muerte

En Guapinol la lucha continúa, pero ha sufrido duros golpes. Las muertes de Jairo Bonilla, Aly y Oquelí Domínguez en el 2023, y ahora la de Juan López, han socavado el ánimo de algunos. Han causado terror. A finales del año pasado, más de 40 personas, todas relacionadas con el líder Reynaldo Domínguez, fueron desplazadas de la aldea por las amenazas constantes contra la familia. Domínguez es uno de los líderes más visibles que ha tenido la lucha por la conservación del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras, pero las amenazas contra su vida lo hicieron apartarse del movimiento, que ahora tampoco cuenta con Juan López.  

«Hay gente que ya se «volteó» (dejó la lucha) y otros se han resignado», nos dicen en Guapinol. La comunidad se ha ido dividiendo con el tiempo. Las causas son diversas. Las muertes y la criminalización han provocado miedo, pero también hay otras causas.

Hace algunos meses en Guapinol se creó una caja rural, una entidad financiera creada especialmente en zonas rurales y agrícolas. En Guapinol se dice que la entidad fue financiada por Adán Fúnez con el objetivo de debilitar la lucha de los defensores de Guapinol. Y ha rendido frutos. 

La caja rural brinda beneficios a los socios: dinero, fertilizantes y ayudas del Gobierno central que se canalizan a través de la Municipalidad. Una vez que el socio ha recibido algún beneficio, le piden que no vaya a ninguna actividad de protesta en contra de Adán Fúnez. «Uno se va quedando solo, y el otro grupo va agarrando fuerza porque hasta dinero en efectivo les dan, pero hemos quedado los que de verdad tenemos la convicción que no queremos eso aquí», nos dijo uno de los que aún sostiene la lucha. 

Juan López tampoco quería esa mina en Tocoa. Fue una de las batallas que libró por la vida y los territorios. Se entregó tanto a la tarea que dio su vida. Su recuerdo también es fuente de inspiración para los que quedan. «Recogemos su legado y su mística, sin duda hay muchas enseñanzas, ha habido mucho aprendizaje y eso no puede ser tirado a la basura, hay que levantarlo con gallardía, con fuerza y dignidad», aseguró Leonel George. 

En Honduras, la única opción viable para frenar el avance de las redes criminales que amenazan la gobernabilidad democrática es la instauración de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH), una promesa de campaña que se hizo hace cuatro años y que sigue sin concretarse.

Por Noah Bullock
Ilustración: Lissette Figueroa

El 19 de febrero de 2007, en las afueras de la ciudad de Guatemala, fueron hallados los restos calcinados de cuatro diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) dentro de su camioneta blindada. Tres días después, cuatro policías guatemaltecos fueron detenidos por la masacre y recluidos en el centro penal de máxima seguridad “El Boquerón”, donde murieron ejecutados, bajo custodia del Estado, por un comando armado. Este episodio marcó un punto de inflexión para la sociedad guatemalteca. La infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia y seguridad había alcanzado tal nivel que amenazaba la gobernabilidad del país, y quedó claro que la clase política carecía de capacidad y credibilidad para gestionar una salida de la crisis sin el acompañamiento internacional.

Honduras se encuentra hoy en un punto de inflexión similar. La circulación pública de un video y de un reportaje que implican a miembros de la familia y del partido político de la actual presidenta, Xiomara Castro, en vínculos con narcotraficantes; el asesinato del defensor ambiental Juan López, así como la extradición a Estados Unidos y condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández, evidencian que el crimen organizado amenaza la vida de los hondureños y obstaculiza el desarrollo económico, social y democrático del país. Mientras tanto, las instituciones públicas y la clase política han perdido la credibilidad necesaria para cumplir sus promesas de refundación democrática, y mucho menos para erradicar la corrupción y desmantelar las estructuras criminales que operan en el país. La única opción viable para restaurar la confianza pública y salvaguardar la gobernabilidad democrática es recurrir al acompañamiento internacional mediante la creación inmediata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña que se hizo hace cuatro años.

En Guatemala, en respuesta a los brutales asesinatos de 2007, las autoridades aceleraron la implementación de un acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el gobierno, estableciendo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este acuerdo otorgó a la CICIG el mandato de “detectar la existencia” y “desarticular” los “aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad” surgidos durante el conflicto armado. La CICIG fue concebida originalmente como una herramienta de justicia transicional, destinada a restaurar el estado de derecho y la democracia tras un largo periodo de violaciones masivas de derechos humanos y conflicto armado. Su mandato no se limitaba a delitos de corrupción, sino que abarcaba la lucha contra la impunidad de diversas estructuras criminales que, tras la firma de la paz, amenazaban la transición hacia la gobernabilidad democrática.

La situación actual en Honduras exige respuestas similares a las de la crisis postconflicto guatemalteco. Durante los últimos 16 años, la sociedad hondureña ha enfrentado graves amenazas a la gobernabilidad democrática, entre ellas la corrupción a gran escala, violencia generalizada y graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos valientes de víctimas, defensores de derechos humanos y funcionarios íntegros, muchos de estos crímenes permanecen impunes en el sistema judicial hondureño. La mera alternancia de poder en 2020 ha sido insuficiente para iniciar una verdadera transición democrática. Por ello, la CICIH puede ser una herramienta de justicia transicional, con un mandato amplio para detectar y desarticular todo tipo de estructuras criminales, incluyendo pandillas, narcotraficantes y redes de sicarios, trata y corrupción. Una CICIH con un mandato amplio y extendido en el tiempo no sería una amenaza para la soberanía nacional, sino un apoyo crucial para rescatar al Estado hondureño de las garras de redes criminales que cooptan el poder, roban, matan y violan los derechos humanos de la población con total impunidad.

La CICIH, con su mandato amplio, podría ser el pilar de una política de seguridad democrática basada en la investigación científica de redes criminales y delitos graves, así como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Durante décadas, los gobiernos de la región han caído en la tentación de modelos autoritarios de seguridad militar —mano dura y estados de excepción— o han optado por la corrupción, negociando la seguridad a cambio de favores entre élites políticas y el crimen organizado. Ambos enfoques han tenido un alto costo en términos de derechos humanos y de debilitamiento de la institucionalidad democrática. En años recientes, El Salvador ha sido emblemático por sus treguas y pactos con pandillas y, más recientemente, por su estado de excepción. Investigaciones realizadas por nuestra organización han demostrado que, bajo este régimen, la detención arbitraria, la tortura y la muerte son políticas de Estado. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos han afectado injustamente a miles de familias salvadoreñas, la mayoría pobres, sin producir resultados efectivos en la investigación de delitos graves como homicidios, extorsión o violencia sexual, ni en la identificación y enjuiciamiento de los principales líderes pandilleros. Aplicado con el mismo rigor en Honduras, un estado de excepción impactaría a las familias más pobres sin ser efectivo en llevar ante la justicia a las élites criminales que han causado tanto daño a la población. Una política de seguridad fundamentada en investigaciones de la CICIH podría ofrecer a los hondureños una alternativa a los modelos de populismo punitivo y abuso de poder, proporcionando una seguridad con justicia.

Lamentablemente, tras las repercusiones del narco-video, la polarización política en Honduras se ha agudizado. Los principales partidos, carentes de credibilidad, buscan encuadrar la coyuntura a su favor, movilizando a sus bases con consignas como “fuera familión”, mientras que del otro lado se responde con “no regresarán”. La lucha contra la corrupción se instrumentaliza en un ciclo de revancha política, en el cual los partidos prometen combatir la corrupción de sus adversarios sólo para perpetuar los mismos beneficios ilícitos una vez en el poder. Esto, por supuesto, en detrimento de las profundas necesidades de una población harta de la influencia del crimen organizado en la vida pública, de la violencia incesante de pandillas y de los grupos oscuros que persiguen a defensores de territorios, del medio ambiente y de derechos humanos.

Es hora de acelerar la instalación de la CICIH. El país no puede continuar tambaleándose en la incertidumbre mientras las redes criminales amenazan la gobernabilidad democrática y el bienestar de la población. La instalación de la CICIH es un paso imprescindible, y los sectores que se oponen lo hacen porque desean que todo siga igual. La transición democrática y la lucha contra la impunidad requieren un pacto nacional; la población ya se expresó a través de su voto hace cuatro años, cuando la CICIH fue el eje de la plataforma electoral ganadora. Para salir de la crisis actual, el poder político y económico del país debe dar el paso. De cara a la ya iniciada campaña electoral, la instalación de una CICIH con mandato amplio no debe ser una mera promesa electoral, sino una condición indispensable para los partidos y políticos que esperan el voto de la población en noviembre de 2025.

Este artículo se publicó originalmente en Redacción Regional , del que Contracorriente forma parte.

El 20 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), anulando su marco normativo desde su creación en 2013. La decisión, unánime entre 15 magistradas y magistrados, pero con diferencias en cuanto a los efectos jurídicos, resaltó que las ZEDE vulneran artículos fundamentales de la Constitución. Mientras el Gobierno celebra la resolución, los inversionistas la critican, considerándola «abusiva». Además, se ha generado un debate sobre posibles cargos de traición a la patria contra las y los diputados que promovieron las ZEDE.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

La sentencia de inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), decretada el 20 de septiembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló por completo el marco normativo que reguló a estos controversiales regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales que estuvieron vigentes en Honduras desde el 6 de septiembre de 2013. Mientras el Gobierno celebra dicha resolución de la CSJ, quienes invirtieron en este modelo califican al Estado hondureño de «mentiroso» y «abusivo». 

La resolución judicial, firmada por 15 magistradas y magistrados de la Corte Suprema —entre propietarios y suplentes—, fue unánime apuntando que las ZEDE «vulneraban artículos pétreos de la Constitución de la República» y, por tanto, debían ser eliminadas. Sin embargo, la decisión del pleno del alto tribunal se dividió entre quienes fallaron a favor de que la inconstitucionalidad tuviera efectos ex tunc, es decir, que las ZEDE se anularan desde su origen, y quienes basaron su fallo en un efecto ex nunc, o sea, con carácter derogatorio a partir de la fecha de la sentencia.

Según información verificada por Contracorriente, las y los magistrados que votaron a favor de la opción ex tunc fueron Rebeca Ráquel, José Ricardo Pineda, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Aída Martínez, Roy Pineda (Partido Libre), Milton Jiménez Puerto y Felipe Speer (Partido Liberal). Por otro lado, a favor de la opción ex nunc votaron Gaudy Bustillo, Walter Miranda, Luis Discua, Anny Ochoa, Marvin Espinal (Partido Nacional), Odalis Nájera y Nelson Mairena (Partido Liberal).

Con una mayoría de ocho votos a favor del efecto ex tunc, la sentencia anuló todo: la reforma constitucional contenida en los artículos 294, 303, 304 y 329, la Ley Orgánica de las ZEDE, las garantías y derechos otorgados a los inversionistas por 10 años en caso de una eventual derogación de la ley, e incluso una resolución emitida el 14 de junio de 2021 por la misma Corte Suprema, mediante la cual se creaba una jurisdicción especial para las ZEDE.

La decisión de los magistrados y magistradas se produjo dos años después de que el Congreso Nacional (CN) derogara, el 21 de abril de 2022, la Ley Orgánica de las ZEDE y los artículos que reformaron la Constitución para establecer dichos regímenes. Sin embargo, aunque se completó la eliminación de la ley secundaria, la reforma constitucional no fue ratificada en la legislatura siguiente, por lo que la constitucionalidad de las ZEDE permaneció vigente durante más de dos años.

Las y los 15 magistrados de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad de las ZEDE y su marco normativo. Sin embargo, existió diferencia de opiniones respecto al efecto de la sentencia. Una foto de la estatua de la diosa Temis y el Palacio de Justicia al fondo. Distrito Central, septiembre 2024. Foto CC/Fernando Destephen

Bajo esas reglas del juego, y pese a no existir una ley orgánica, las ZEDE, existentes y con derechos adquiridos, podían acogerse a algunas garantías que otorgaba dicha normativa contemplando una eventual derogación. Por ejemplo, los artículos 12 y 45 establecían cláusulas o acuerdos de estabilidad jurídica. La normativa indicaba que, incluso después de ser derogada la ley, debían mantenerse por un mínimo de 10 años los derechos de los habitantes e inversionistas en las ZEDE.

El artículo 32 de la ley orgánica también contemplaba que las personas jurídicas o naturales que operaran dentro de las ZEDE obtendrían «la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se conceda o se haya concedido a las demás partes en un acuerdo de comercio internacional suscrito por el Estado de Honduras».

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En una entrevista publicada por Contracorriente el 3 de mayo de 2023, el secretario técnico de Próspera —una de las tres ZEDE erigidas antes del fallo de la Corte Suprema—, Jorge Colindres, había manifestado que, bajo ese contexto, las mejores condiciones las ofrece un tratado internacional suscrito con el Estado de Kuwait que implica una garantía de inversiones por 50 años. Sin embargo, con la retroactividad decretada por la Corte Suprema, y a la espera de que se haga pública la sentencia, no existe claridad en torno a si las ZEDE podrán continuar amparándose en ese precepto.

Las ZEDE califican al Estado hondureño de «embustero»

La resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia el 20 de septiembre de 2024 ha generado reacciones en diversas vías. El Gobierno, incluida la propia presidenta Xiomara Castro, calificó la decisión como «patriótica, histórica, justa y legal».

«La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía», indicó Castro a través de un mensaje difundido en la red social X, minutos después de que el Poder Judicial oficializara la decisión adoptada por el pleno de magistradas y magistrados de la Corte Suprema.

Antes de llegar a la presidencia, Castro había establecido como una promesa de campaña la derogación de las ZEDE y, aunque ciertamente la bancada de su partido, Libertad y Refundación (Libre), logró consensos en el Congreso Nacional para lograr los votos para derogar la ley orgánica en 2022, no consiguió las voluntades para efectuar una ratificación en la legislatura correspondiente a 2023, y la reforma a la Constitución que instauró las ZEDE se mantuvo en vigencia.

Del lado de las ZEDE y sus representantes hay decepción y reproches hacia el Estado hondureño. Carlos Fortín Lardizábal, secretario técnico de Ciudad Morazán —una ZEDE localizada en Choloma que pretendía generar 10,000 empleos y albergar a 15,000 personas— cuestionó abiertamente el fallo de la Corte Suprema, al que calificó de «abusivo» e «ilegal».

Para el representante de las ZEDE, la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal, está dando al mundo un mensaje de «inseguridad jurídica» en el país. Se cuestionó cómo el mismo órgano que aprobó en 2021 una jurisdicción especial para las ZEDE, basando su resolución en la Constitución de la República, ahora asegura que las ZEDE siempre fueron inconstitucionales.

«Se interpusieron recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma de las ZEDE y de la ley, y la misma Corte declaró sin lugar esos recursos. Como puede ver, todo inversionista y persona que obedeció la ley actuó bajo la creencia de que la ZEDE era constitucional y no tendría mayores problemas. Sin embargo, resultó ser otra cosa: esta Corte Suprema declara no solo inconstitucional las ZEDE, sino que lo hace con efecto retroactivo, desde su origen y con carácter nulatorio. Es decir, todos los actos previos están siendo declarados nulos e inválidos», reprochó en entrevista con Contracorriente.

Carlos Fortín Lardizábal aseguró que, además de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el Estado hondureño ha dejado completamente desamparados a los inversionistas y les ha bloqueado cualquier opción para operar en el país a través de otros regímenes.

«Nosotros en Ciudad Morazán hicimos al gobierno una propuesta para convertir la ZEDE en una zona residencial, que excluyera la parte regulatoria, pero que nos mantuviera una exoneración fiscal, al igual que las zonas libres. Además, nos encargaríamos de la seguridad, salud y educación internas, y tampoco quisieron. Es mentira que buscan una alternativa para nosotros; su idea es expulsarnos», dijo Fortín Lardizábal.

Un rótulo que referencia la edificación de las residencias Duna, en la ZEDE Próspera. Roatán, Islas de la Bahía. Noviembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen

A pesar de las expresiones vertidas por los representantes de las ZEDE, en el Gobierno aseguran que desde 2022 habían ofrecido alternativas a los inversionistas de las ZEDE y que ellos no las aceptaron. Fernando García, comisionado presidencial contra las ZEDE, aseguró que sostienen una postura encaminada a trabajar con inversionistas que «actúan de buena fe».

«Cuando yo fui al Congreso Nacional a presentar la propuesta del Ejecutivo para derogar la ley y la reforma constitucional, trabajamos con Luis Redondo, el presidente del Congreso, varias semanas, hasta las diez u once de la noche, en propuestas para los inversionistas. El gobierno hondureño mantiene esa postura de diálogo con las ZEDE, a pesar de que es una figura totalmente inconstitucional de origen. Eso sí, con los inversionistas que han actuado de buena fe, claro que sí», manifestó García a Contracorriente.

No obstante, expresó que los inversionistas ahora están sufriendo las consecuencias de un mal asesoramiento y del abuso de poder de exdiputados y exfuncionarios que tomaron atribuciones que no les correspondían.

«Estos inversionistas cayeron inocentemente en manos de vendedores de ilusiones. ¿Cómo es posible que los asesores jurídicos de los inversionistas no les dijeran que este régimen era totalmente inseguro? Es ingenuo pensar que no conocen el derecho constitucional, el derecho internacional público, y la diferencia entre una zona con cesión de soberanía casi total y la concesión de una obra pública, un puerto, un aeropuerto, o la privatización parcial de empresas del Estado. Son conceptos totalmente diferentes», apuntó García.

El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, mientras ofrecía una entrevista a Contracorriente desde su despacho. Distrito Central, 25 de septiembre de 2024. Foto CC/Fernando Destephen

Las ZEDE, constituidas en 2013, fueron regímenes fiscales y aduaneros extraterritoriales, con independencia presupuestaria, fiscal y jurisdiccional, impulsados por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa con el supuesto objetivo de promover el desarrollo de centros financieros, ciudades autónomas y distritos de inversión, entre otros. En el país se establecieron tres ZEDE: Próspera, en Roatán, Islas de la Bahía; Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca; y Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés.

Desde su concepción, diversas organizaciones sociales se opusieron a ellas, argumentando que violaban los principios de soberanía y territorialidad establecidos dentro de la Constitución de la República. No obstante, desde que fueron impulsadas por el gobierno de Lobo Sosa (2010-2014) y luego durante la doble administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), gozaron de total tranquilidad para desarrollarse dentro de Honduras.

El gran dilema: ¿hubo traición a la patria? 

Tras la anulación constitucional de las ZEDE emitida por la Corte Suprema de Justicia, se ha generado un debate en torno a si los diputados y diputadas que las promovieron deberían ser requeridos y juzgados por comisión de delito de traición a la patria. El 12 de junio de 2013, el Congreso Nacional (CN) aprobó con 102 votos a favor y 26 en contra la Ley Orgánica de las ZEDE, después de que se había declarado la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED).

El artículo 375 de la Constitución de la República establece que todo ciudadano, investido o no de autoridad, está obligado a mantener la vigencia de la Constitución, y señala que serán juzgados quienes quebranten ese precepto, así como los funcionarios que no contribuyan a establecer el imperio constitucional.

Además, en el ámbito penal, el artículo 555 del Código Penal indica que «quien ejecute actos que menoscaben la integridad territorial de la República, sometiéndola total o parcialmente al dominio extranjero, comprometiendo su soberanía o atentando contra la unidad del Estado, así como quien realice cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, debe ser castigado con penas de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión».

En ese sentido, el 23 de septiembre de 2024 el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon Herrera presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia encaminada a que se procese «a todas aquellas personas que, directa o indirectamente, se involucraron en la aprobación de las ZEDE, es decir, en la venta del territorio nacional».

«Estamos pidiendo al Ministerio Público que solicite una copia certificada de la Secretaría del Congreso Nacional para determinar de forma fidedigna quiénes fueron los diputados y las diputadas que aprobaron aquel infame decreto que dio lugar a las ZEDE», declaró Herrera a los medios de comunicación.

A pesar de la denuncia presentada por el diputado Herrera, tras una reforma del 16 de octubre de 2019, la Ley Orgánica del Poder Legislativo indica que la función legislativa es «inviolable» e «indelegable». «Consecuentemente, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la misma no acarrea ningún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa para los diputados y las diputadas que participen en dicho proceso parlamentario», cita la reforma.

Sin embargo, Joaquín Mejía consideró que esto no es un «blindaje total» para los diputados o exdiputados del CN, ya que dicha inmunidad no está consignada en la Constitución de la República y solo figura en una ley secundaria.

«En 2019, el Congreso Nacional aprobó, con el voto de 87 diputados y diputadas, una reforma al artículo 10 para volver a incluir la inmunidad, pero no en la Constitución, sino en la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Aquí lo que aplica es el artículo 320 de la Constitución, que indica que cuando hay un conflicto entre la Constitución y una norma secundaria, se aplica la supremacía constitucional», explicó Mejía.

El artículo 375 de la Constitución de la República también establece que quienes quebranten el orden constitucional pueden someterse a que el Congreso Nacional, por mayoría absoluta, incaute parte o todos los bienes de estas personas para resarcir al Estado.

«Por otra parte, el delito de traición a la patria puede ser encuadrado por el Ministerio Público en los requerimientos fiscales contra todas estas personas, y la Procuraduría General de la República (PGR), que también creo que es el artículo 324, está facultada para incoar acciones de repetición para que estas personas respondan por el daño económico que puedan generar al Estado de Honduras debido a esa reforma», concluyó Joaquín Mejía.

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Tras la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE, en 2022, una de ellas, Próspera, presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una demanda internacional por 10,775 millones de dólares por daños a inversiones; ahora, tras la sentencia de la CSJ, sus representantes han amenazado con la presentación de nuevas demandas ante instancias internacionales.

Vista de la construcción de un edificio de apartamentos en Próspera. Roatán, Islas de la Bahía. Noviembre de 2023. Foto CC/Fernando Destephen.

Sin embargo, por voluntad política del gobierno de Xiomara Castro, el Estado de Honduras está actualmente en proceso de retirarse del Ciadi.

¿Por qué la CSJ se pronuncia hasta ahora? 

Para conocer el origen de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, es necesario comprender que entre 2014 y 2021, la Sala de lo Constitucional recibió seis recursos de inconstitucionalidad, pero solo falló a favor de uno de ellos. Se trata del presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el 21 de julio de 2021, en el que solicitó que se declarara inconstitucional el artículo 34 de la Ley Orgánica de las ZEDE, que se refería al establecimiento de políticas educativas y curriculares en todos los niveles, por considerar la vulneración de al menos tres artículos de la Constitución de la República.

A pesar de que el recurso de inconstitucionalidad fue admitido desde el 21 de noviembre de 2021, la Sala de lo Constitucional del período 2016-2023 no lo había tramitado. Fue solo con la llegada de los magistrados y magistradas actuales que el órgano jurisdiccional deliberó sobre el asunto, resultando en una resolución no unánime del 9 de agosto de 2024.

Al no haber unanimidad en la resolución emitida, el magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, Wagner Vallecillo, elevó el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que deliberó el pasado 20 de septiembre y decretó la inconstitucionalidad de todo el marco normativo y constitucional de las ZEDE.

Para el doctor Mejía, la sentencia ex tunc que emitió la mayoría del pleno del alto tribunal es justificada, debido a que solo así podría el Estado hondureño anular los perjuicios que las ZEDE causaron a los preceptos constitucionales referentes a la soberanía y el territorio.

«La Constitución de la República no prohíbe que las sentencias puedan ser hacia el pasado. Es decir, la Constitución establece, como un género, que las sentencias son de ejecución inmediata y con efectos generales», explicó Mejía en entrevista con Contracorriente.

Mejía explicó que la reforma a la Constitución de la República destinada a incorporar las ZEDE no cumplió el requisito de validez, debido a que el Congreso Nacional violentó en 2013 la prohibición de reformar artículos pétreos, y además incluyó una reforma que lesionó el mismo texto constitucional en lo referente a los principios de integridad del territorio, igualdad y soberanía.

«Entonces, ¿qué pasó en este caso? En 2013 se reformó la Constitución por un sujeto que no estaba facultado para ello y, además, vulnerando principios esenciales de nuestro marco normativo. El Congreso Nacional tomó atribuciones que solamente le corresponden al pueblo hondureño a través del plebiscito», indicó Mejía.

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Joaquín Mejía prosiguió su análisis en defensa del carácter ex tunc que otorgó la Corte Suprema en su sentencia, y utilizó una técnica de lógica jurídica denominada «reducción al absurdo». El abogado planteó un escenario en el que el Congreso Nacional reforma un artículo de la Constitución de la República para permitir la venta de niños para explotación sexual, violentando artículos pétreos.

«Si el Congreso modifica ese artículo, empezaría el mercado de venta de niños para explotación sexual. Si ese caso llega a la Corte Suprema de Justicia, ¿significa que la Corte no puede dictar una sentencia hacia el pasado para anular toda esa barbaridad que se hizo con esa reforma? Sería totalmente absurdo. En este caso, la Sala o la Corte Suprema no podría hacer nada en relación con aquellos niños que ya fueron vendidos bajo el marco de esa sentencia. Esto significaría que los niños vendidos durante todo el tiempo que estuvo vigente esta norma de las ZEDE quedarían siempre como esclavos sexuales», argumentó Mejía.

El Gobierno de Honduras entregó un segundo borrador de convenio a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih). El vocero del Secretario General de la ONU, António Guterres, le confirmó a este medio que se trata de un documento que aún no ha sido aprobado por Naciones Unidas, y que las negociaciones continúan. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Organización de las Naciones Unidas

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro entregó al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, un segundo borrador de convenio para la instalación de una Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), durante una reunión privada sostenida el 24 de septiembre en Nueva York. 

El Gobierno aseguró en un comunicado que en este borrador se plantea la Cicih como una figura de acusador privado. Además, señaló que el documento fue entregado tras incorporar las observaciones de ambas partes, hechas durante las negociaciones iniciadas con el primer borrador, entregado en septiembre del año pasado.

Stéphane Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, le dijo a Contracorriente que se trata de un borrador que aún no se aprueba: «La propuesta fue presentada ante las Naciones Unidas, la cual estudiaremos. Creo que lo más importante es que el Secretario General designó a un punto focal de su equipo que lo representará en las discusiones, que avanzará con el ministro de Relaciones Exteriores», aseguró.

El secretario general de la ONU instruyó al subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenca, para que lo represente en las negociaciones.

Sobre la secretividad que la ONU ha solicitado para los documentos de la negociación, cuya desclasificación ha sido solicitada por el Gobierno de Honduras, Dujarric dijo que «no creo que sea muy útil entrar en los detalles de las negociaciones. Obviamente, las negociaciones consisten en que dos partes con diferentes opiniones se unan para un bien común, y eso es exactamente lo que está ocurriendo». Aseguró que el secretario general se encuentra comprometido a apoyar esta comisión, que debe ser independiente e imparcial.

Por su parte, el canciller Enrique Reina le dijo a Contracorriente que, aunque pidieron que se hicieran públicos los documentos de las negociaciones, la ONU tiene por norma no hacerlo «porque es un proceso de negociación de temas delicados y no quieren influencia externa», explicó. Aseguró que el documento seguirá siendo privado mientras continúen las negociaciones, pero que el proyecto de ley presentado por la diputada Hortensia Zelaya, hija de la presidenta Castro, ante el Congreso Nacional para la instalación de la CICIH, contiene observaciones que Naciones Unidas había hecho en torno a reformas necesarias para la instalación.

Hasta el momento, un equipo de expertos de la ONU ya realizó tres visitas al país para entregar al Congreso Nacional una lista de nueve normativas que necesitaban revisión, derogación, aprobación o reforma para facilitar el establecimiento de la CICIH. 

Entre estas reformas están la derogación del decreto 117-2019, la revisión del decreto 4-2022, reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, y una ley de Colaboración Eficaz que se estuvo discutiendo en el Congreso Nacional meses atrás, pero que no ha vuelto a retomarse ante el pleno.

Según un comunicado del Gobierno, al igual que el proyecto de la diputada Zelaya, este segundo borrador incluye un catálogo de delitos por investigar y establece los elementos necesarios para asegurar la autonomía administrativa y funcional de la Cicih.

Sin embargo, el proyecto de ley de la diputada Zelaya ha sido criticado por analistas, que consideran que aprobar un marco regulatorio de una comisión que aún no está instalada podría ser contraproducente y limitar sus capacidades. 

Ana María Calderón, exvocera de la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción (MACCIH) dijo en un XSpace de Contracorriente que, tal como se ha planteado el proyecto de ley, tener un catálogo de delitos y que la acreditación sobre quiénes de la CICIH podrán ejercer como acusadores privados deba ser proporcionada por el fiscal general, podría limitar las capacidades de la comisión. 

Al respecto, el canciller aseguró que el convenio incluye que sea la ONU quien defina los procedimientos, estándares y la elección de las personas que integren dicha comisión. «Todo el proceso de selección de coordinación lo hace la Secretaría General y para eso ofrecemos además, como lo hemos mencionado, las unidades y privilegios que necesite un convenio de este tipo para proteger a los funcionarios que Naciones Unidas designe para la Comisión, y que se les proteja en un caso tan delicado como es la lucha de altos temas de corrupción y la investigación», dijo Reina. 

La llegada de la CICIH al país es algo que la población hondureña ha esperado por años; inició como una demanda ciudadana en 2015, con las marchas de las antorchas que surgieron tras hacerse público un caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que desvió al menos 3.6 millones de lempiras para financiar la campaña del presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones del 2013.

Ante esa demanda, el expresidente Hernández, ahora preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, firmó un acuerdo para la instalación de la MACCIH de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016, pero después de cuatro años la misión no renovó contrato porque el Congreso Nacional de ese entonces votó en contra del convenio. 

La MACCIH investigó 13 casos en los que detectó el involucramiento de funcionarios públicos en 13 casos de corrupción, e identificaron la apropiación de 460 millones de lempiras provenientes de fondos del Estado. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no se lograron sentencias condenatorias contra los involucrados, especialmente de los perfiles de más alto nivel. Además, el convenio de la MACCIH no se renovó porque empezó a investigar a los entonces presidentes del Ejecutivo y del Congreso Nacional, Hernández y Mauricio Oliva.  

De acuerdo con el canciller, la presidenta Castro le pidió al secretario acelerar el proceso de instalación porque queda poco tiempo para concluir su mandato: «Ella quiere suscribir el documento lo más pronto posible, si es posible que antes de que termine el año nos pongamos de acuerdo con los equipos negociadores». 

Por su parte, Yahvé Sabillón, del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH, dijo que esta comisión tiene una gran complejidad, por la que incluso si se aprobara hoy podría tardar mínimamente seis meses en llegar a Honduras. 

Un estudio del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD) reveló que un 59.2 % de la población hondureña no cree que la CICIH llegará al país durante el actual gobierno, y un 61.6 % considera que la llegada de la CICIH será importante para decidir por quién votar en las próximas elecciones.  

Lida Perdomo, una hondureña migrante radicada en EE. UU que ha sido parte de las protestas de migrantes afuera de los tribunales durante los juicios en el Distrito Sur de Nueva York, le dijo a Contracorriente que este es el momento en que Honduras necesita una CICIH porque los actores gubernamentales siguen coludidos con el crimen organizado. 

«Venimos saliendo de una década de una narcodictadura criminal y sangrienta, donde hubo muchas organizaciones sociales que lucharon, hubo alianzas políticas para terminar con la dictadura de Juan Orlando Hernández bajo la narrativa de eliminar nepotismo, corrupción, y hoy por hoy, seguimos viendo que en todos los poderes del Estado hay altos funcionarios fuertemente señalados con vínculos con el crimen organizado, se ha incrementado el nepotismo y seguimos viendo asesinatos de líderes sociales como Juan López», mencionó Lida. 

La activista se refería a la divulgación de un video en el que el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya Rosales, miembro prominente del partido de gobierno y en ese entonces secretario del Congreso Nacional, aparece reunido con narcotraficantes, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del Partido Libre en 2013.

Sin embargo, ese no es el único nexo del gobierno de Castro con el narcotráfico; este medio ha investigado otros dos casos de esta índole. El primero involucra a tres empresas que fueron objeto de investigación por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el caso de Tony Hernández, y que continúan operando sin restricciones bajo el gobierno de Castro. Una de ellas mantiene contratos millonarios con el Estado; otra, vinculada a una de las empresas investigadas, se ha certificado como contratista estatal; y la tercera recibió contratos en 2020 por parte de un político que hoy ocupa un alto cargo en el actual gobierno.

El segundo caso aborda una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, en la que se menciona que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su círculo familiar estaban siendo investigados por lavado de activos y tráfico de drogas.

«Al haber un alto grado de nepotismo, preocupa porque personas que son involucradas en estos crímenes tienen nexos familiares con personas señaladas en los crímenes y buscarán protegerlos», mencionó Perdomo.

Durante dos días, el movimiento campesino y popular de Honduras se movilizó en una Tegucigalpa colapsada por el tráfico. Los manifestantes exigieron justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre, un alto a la criminalización de la protesta social y mayor acceso a la tierra para los campesinos. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen.

El movimiento campesino de Honduras, articulado en unas 25 organizaciones, se movilizó durante el martes 24 y miércoles 25 de septiembre en Tegucigalpa; donde acamparon los dos días en los bajos del Congreso Nacional, para movilizarse desde ahí un día hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el otro frente a Casa Presidencial, en demanda de acceso a tierra, la derogación del artículo 93-2021 que criminaliza la protesta social, y la revocación del decreto 31-92 de la Ley de la Modernización del Sector Agrícola, porque permite la concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes y empresas transnacionales. 

La jornada de protesta también se realizó para exigir justicia en el caso del asesinato del ambientalista de Tocoa, Colón, Juan López, a quien unos sicarios le quitaron la vida el pasado 14 de septiembre. En los bajos del Congreso Nacional instalaron colchonetas, cocinas y baños portátiles, mientras la sesión ordinaria se llevaba a cabo en el hemiciclo.

Unas 25 organizaciones campesinas instalaron el Gran Campamento por la Democratización de la Tierra en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El martes 24 de septiembre por la tarde, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra el empresario Lenir Pérez y varios exfuncionarios públicos vinculados a las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, por «supuestos daños al parque Nacional Montaña de Botaderos, en Tocoa, Colón». Juan López fue un importante opositor de los proyectos extractivistas de estas empresas.

Los campesinos y defensores de la tierra que protestaban en los bajos del Congreso Nacional celebraron la acción del MP. Las investigaciones de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) revelan que las empresas habrían causado deforestación no autorizada, alteración de suelos y daños a las comunidades locales por la explotación minera en zonas protegidas.

Luego de haber pasado la noche en los bajos del congreso, los campesinos desayunaron en una de las cuatro estaciones de cocina improvisadas alrededor del edificio del poder legislativo, para luego responder al llamado de Jonny Rivas, de la Plataforma Agraria, que los convocaba para continuar la movilización, que se dirigió el segundo día hacia Casa Presidencial.

Campesinos movilizados desde el Congreso Nacional hasta Casa Presidencial en demanda de acceso a tierras y justicia por los compañeros asesinados. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Los manifestantes solicitaban una reunión con la presidenta Xiomara Castro, pero al llegar al frente de Casa Presidencial, sus gritos chocaron contra una barrera de agentes de la Policía Nacional que los recibió con escudos antimotines.

Víctor Fernández, abogado del bufete Estudios Para la Dignidad, expresó que es el alto nivel de impunidad en el país lo que ha generado una persecución penal en contra de los defensores y campesinos: «Cuando quienes tienen como norma ejecutar crímenes, y sobre todo tienen garantía de que los ejecutan sin problema; cuando existen grupos económicos, empresariales y agroindustriales que entienden que esa dinámica les tiene garantizada impunidad, pues entonces van a seguir existiendo muertos».

Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria del Aguán, se sumó a las exigencias a la CSJ: «Estamos exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie con los recursos de inconstitucionalidad que hemos interpuesto como bloque campesino».

Acción de protesta en la Corte Suprema de Justicia de parte de campesinos de todo el país, que acamparon en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Da la impresión de que la institucionalidad no escucha a los campesinos; tal vez los observan, pero han dejado de escucharlos. La manera de disolver una manifestación o movilización es hacerles integrar una comisión para ser «atendidos» por funcionarios o emisarios de los poderes del Estado, pero no por las autoridades que sí podrían dar respuesta a sus solicitudes. En la  CSJ se reunieron con la magistrada presidenta, Rebeca Raquel Obando, quien recibió los planteamientos de los campesinos por escrito, pero diplomáticamente encargó a las magistradas integrantes Aída Martinez y Martha Merino Ponte que conversaran con la comitiva.

Durante su discurso en la 79.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se refirió al sesinato de Juan López: «Repudio y condeno el vil asesinato y he ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen», dijo.

El miércoles 25 por la tarde, siempre desde los bajos del Congreso Nacional, las organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa, e invitaron a los congresistas a que se les unieran. Solo respondieron al llamado la diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras (PSH), y el diputado oficialista Jari Dixon, del Partido Libre. Gerardo Aguilar, de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza), del sur de Honduras, expresó sentirse solo, sin el acompañamiento de los diputados de su departamento, Valle. Ya casi al final de la conferencia llegaron los diputados oficialistas Rafael Sarmiento, Bartolo Fuentes, Rasel Tomé, Rafael Barahona, y el diputado por el Partido Nacional, Jorge Zelaya. 

Hora de la cena el primer día del Gran Campamento por la Democratización de la Tierra en los bajos del Congreso Nacional. Tegucigalpa, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El jueves a mediodía los campesinos salieron del Distrito Central, otra vez sin soluciones, con muchas promesas y cargando el recuerdo de los compañeros caídos en la defensa del ambiente y de los territorios enfrentando a grandes empresas, a la corrupción y la impunidad de un país que los reconoce hasta que los asesinan.

Una solicitud de asistencia legal enviada por la fiscalía hondureña a Colombia en 2012, indica que el expresidente Manuel Zelaya Rosales y varios miembros de su entorno familiar estaban siendo investigados en un caso de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. La fiscalía colombiana envió a las autoridades hondureñas un material con escuchas telefónicas de investigaciones  relacionadas con acontecimientos que vinculan a miembros de la familia Zelaya con el tráfico de drogas y compras irregulares de propiedades. Hasta el momento no se ha presentado requerimiento fiscal ni se ha comunicado avances en esta investigación por parte del Ministerio Público hondureño. 

Texto: Contracorriente 

Una serie de documentos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y una solicitud de asistencia legal a los que Contracorriente tuvo acceso detallan cómo, en el contexto de un caso por lavado de activos en contra de Grupo Fluir S.A. (Fluirsa) en 2012, el Ministerio Público de Honduras solicitó a la Fiscalía General de la Nación en Colombia apoyo en una investigación en la que también señalan a miembros de la familia Zelaya por presuntamente adquirir propiedades de manera irregular y amplían la investigación a un presunto involucramiento de Marco Zelaya, hermano del expresidente, en una operación de tráfico de drogas. La Fiscalía requirió específicamente información sobre José Manuel Zelaya, expresidente y actual asesor presidencial, sus hermanos, Marco Antonio Zelaya y Carlos Armando Zelaya, y su hijo José Manuel Zelaya Castro.

El caso comienza en noviembre de 2010, después del golpe de Estado en el que fue derrocado Manuel Zelaya Rosales.  Medios de comunicación hondureños reportaron la incautación de tres propiedades ubicadas respectivamente en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, zona central de Honduras, que según el representante de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en ese entonces, pertenecían a Grupo Fluirsa, una empresa acusada por lavado de activos. El caso de privación de dominio fue presentado por la fiscalía en el departamento de Santa Bárbara, donde previamente había sido incautada una hacienda en el municipio de Petoa, posteriormente esta hacienda sería vinculada con el expresidente Zelaya en la investigación.

Según el acta de constitución de Fluirsa, que data del 27 de abril de 2006, sus socios eran Aldo Asfura Laca — un empresario vinculado al lavado de activos que, en febrero de 2018, fue capturado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) por este caso, pero que fue liberado una semana después por falta de pruebas — y Elmy Valladares Ruiz, quien también figuraba en representación de los dos hijos que procreó con Sergio Neftaly Mejía Duarte, un narcotraficante sentenciado a cadena perpetua en la Corte del Distrito Sur de Florida en 2018 por conspirar para distribuir droga hacia los Estados Unidos.

Cuando este caso se procesó, el Ministerio Público estaba liderado por Luis Rubí, un fiscal general señalado por malversación de recursos públicos e incompetencia, algo por lo cual renunció de su cargo en 2013. Luego el Ministerio Público pasó a manos de Oscar Chinchilla, un fiscal general señalado por proteger a narcotraficantes ligados a las operaciones del expresidente Juan Orlando Hernández. Actualmente, el MP está liderado por el fiscal general Johel Zelaya quien ha prometido ser implacable con quienes abusan del poder para cometer actos de corrupción o narcotráfico incluso dentro del mismo gobierno o del mismo partido con el que comulga, el Partido Libre. Johel Zelaya ha llamado a declarar al exdiputado Carlos Zelaya al MP por su participación en una reunión con narcotraficantes en 2013 en la que negoció un soborno para la campaña del Partido Libre, sin embargo hasta el momento no ha llamado públicamente a declarar a más miembros de la familia Zelaya. 

Consultamos al Ministerio Público hondureño, a través de su vocero, sobre el caso y el seguimiento del mismo tras la solicitud de apoyo a la fiscalía colombiana, sin embargo al cierre de esta nota no respondieron sobre el estatus actual del mismo. 

Fiscalía de Colombia entregó grabaciones que involucrarían a los Zelaya en negocios ilícitos

Dos años después de las primeras incautaciones contra Grupo Fluir, el Fiscal General de la República de ese entonces, Luis Rubí, solicitó la asistencia jurídica internacional de Colombia para determinar la participación de miembros de una organización criminal ya previamente investigada en Colombia.

El entonces fiscal general no sólo señaló a Aldo Asfura Laca, Elmy Valladares y  Sergio Neftaly Mejía –quienes constituían Fluirsa– como culpables, sino que también extendió la investigación al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, a su hijo José Manuel Zelaya Castro y a los hermanos del expresidente  Carlos Zelaya y Marcos Zelaya. El expresidente fue vinculado por la supuesta adquisición de una parte de los bienes incautados a Fluirsa y uno de sus hermanos fue vinculado por una supuesta llamada que ordenaba detener un cargamento de droga en Honduras previo al Golpe de Estado en 2009, según la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Los socios de Grupo Fluirsa estaban siendo señalados por adquirir de forma irregular  propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, y una hacienda con caballeriza, helipuerto y cabezas de ganado en Santa Bárbara, y que, según las autoridades, había sido adquirida en dólares en efectivo. Estos bienes, según la fiscalía, estaban vinculados a personas investigadas por lavado de activos. Según un oficio al que este medio tuvo acceso, hasta mayo de 2024, tres de las propiedades incautadas en la zona central de Honduras continuaban aseguradas, en manos del Estado de Honduras.

Posteriormente, en la solicitud de aseguramiento de bienes de esta sociedad, el juzgado de Santa Bárbara detalla que el terreno localizado en Santa Lucía, Francisco Morazán, fue comprado a Inversiones HU S. de R.L., específicamente al abogado Enrique Ortez Sequeira, cuando entonces era gerente de esta sociedad en marzo de 2007. Enrique «Kike» Ortez, — un politico liberal que ha sido cercano al expresidente Zelaya —, ya no es gerente de esta sociedad y en mayo de 2023 fue nombrado por el actual gobierno como embajador de Honduras ante Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en inglés).

Luego de las incautaciones de los bienes de Grupo Fluir, la fiscalía señala al expresidente José Manuel Zelaya como uno de los posibles acreedores de una parte de los inmuebles y decide ampliar la investigación al propio ex presidente, sus dos hermanos y uno de sus hijos. Además, la fiscalía señaló a otras personas de varias nacionalidades al aparecer sus nombres en tarjetas de débito solicitadas por el «cliente titular» de Grupo Fluir.

«De las diligencias investigativas se obtuvieron algunos indicios de que el expresidente José Manuel Zelaya Rosales era la persona que había adquirido parte de dichos inmuebles, razón por la cual se amplía la investigación hacia él, su hijo Jose Manuel Zelaya Castro, sus hermanos Carlos Armando Zelaya Rosales, Marco Antonio Zelaya Rosales y otras personas», indica el documento en poder de Contracorriente, que tampoco detalla la forma en la que Zelaya habría sido el acreedor de dichas propiedades.

En dicha solicitud de asistencia legal, la Fiscalía hondureña solicitó a la Fiscalía de Colombia en 2012 un expediente específico que contenía intervenciones telefónicas, grabaciones que supuestamente contenían la instrucción de un hermano del expresidente Zelaya — que después la fiscalía de Colombia identificaría como Marco Zelaya — para cancelar el envío a territorio hondureño de un cargamento de droga debido al golpe de Estado en 2009. Según la solicitud de asistencia, con estas grabaciones la fiscalía en Honduras podría identificar a las personas que recibían la droga enviada a Honduras y restablecer su vinculación con personas investigadas, según indica el documento.

Los documentos en posesión de Contracorriente indican que esa investigación contra Marco Zelaya, que estaba siendo llevada por la Fiscalía de Colombia, motivó la solicitud de apoyo del Ministerio Público de Honduras. El objetivo era «acreditar la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades ilícitas como ser el delito de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas», en la que estarían involucrados el expresidente, sus hermanos y su hijo menor. 

«Se brindará la colaboración internacional solicitada por la autoridad judicial de la república de Honduras, para lo cual se procederá a duplicar de manera íntegra el citado expediente y ubicar un investigador del caso para que reproduzca los CD que contienen las grabaciones de las intervenciones telefónicas que reposan en la investigación», respondió la Fiscalía General de la Nación en  Colombia en mayo de 2013. Según el documento en poder de Contracorriente, en la respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación en Colombia, a la asistencia jurídica número 10016000098201200414 se entregaron a la fiscalía hondureña al menos 19 carpetas con centenares de folios. La respuesta de las autoridades colombianas a la Fiscalía hondureña puede verificarse en el portal de la Cancillería colombiana.

Escribimos y llamamos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales y a su hijo José Manuel Zelaya Castro para solicitar su versión de los hechos y preguntar si conocen sobre este caso que les implica, pero al cierre de esta nota no respondieron a nuestras solicitudes y el expresidente tampoco respondió al cuestionario enviado a su número de teléfono celular. 

Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas 

En 2017, cuatro años después de que la fiscalía colombiana hizo efectivos los envíos de CDs con las grabaciones que podrían implicar a Zelaya en un caso de lavado de activos y tráfico de drogas, una fiscal de la FESCCO solicitó a una jueza de jurisdicción nacional dar trámite a las mismas y nombrar a un agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para realizar el peritaje correspondiente.

La encargada de resolver y autorizar la juramentación del perito correspondiente para el caso que dio paso a la revisión del material enviado por la Fiscalía colombiana, fue la abogada Lisseth Vallecillo Banegas, jueza de letras con competencia territorial nacional. Vallecillo Banegas es una jueza que ha estado en el centro de varios señalamientos al haber sido parte del proceso criminalización que enfrentaron defensores del ambiente en Tocoa que se opusieron a la instalación de una mina en la zona de Guapinol; también fue señalada en un informe del TSC por irregularidades en la liquidación de viáticos durante su gestión pública. Además, es hermana del ex juez Marco Vallecillo, acusado en agosto de 2024 por utilizar su cargo para cometer presuntos delitos de extorsión.

Finalmente, en septiembre de 2017 se asignó a un perito encargado de inspeccionar y escuchar los 15 CDs y 11 DVDs proporcionados por la fiscalía colombiana; sin embargo, se desconoce el trámite o el estado actual en el que está la investigación. Contracorriente contactó a algunos de los fiscales, agentes y jueces mencionados en el documento de asistencia legal; sin embargo, expresaron que no están autorizados a hablar sobre los casos a los que han dado trámite.

«Foncho» Rodríguez otro presunto vínculo entre Mel Zelaya y el crimen organizado

La solicitud de aseguramiento de los tres bienes en la zona central de Honduras a Grupo Fluir S.A., también menciona a Rene Alfonso «Foncho» Rodríguez Valle, Wilfredo Humberto Hernández Herrera y a María Antonieta Mejía Serrano por el delito de lavado de activos. 

«Foncho» Rodríguez Valle es un personaje que suena en el ámbito criminal desde hace tiempo. 

En 2010, Marlene Banegas, entonces coordinadora de Fiscalías del Ministerio Público, lo mencionó  diciendo que ya se había identificado que «Foncho» Rodríguez Valle  era uno de los dueños de la primera hacienda incautada en Petoa, Santa Barbara; en ese entonces Rodríguez Valle enfrentaba un caso de lavado de activos. Banegas, quien fue asesinada en 2014, explicó también que Rodríguez estaba identificado como un testaferro ya que no podía justificar la existencia de los bienes que le incautaron. 

Pasaron más de 13 años para que Foncho fuera de nuevo noticia en Honduras cuando el 27 de octubre de 2023, un juez le devolviera otros bienes que se le habían incautado (unas joyas, 60 mil dólares y varias cuentas bancarias) a pesar de que en el juicio, ante las preguntas de la fiscalía, no logró desvincularse de actividades del narcotráfico con hondureños ya extraditados a Estados Unidos.

En dicho juicio, una fiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado le preguntó a «Foncho» Rodríguez Valle por supuestas transacciones hechas con el expresidente Manuel «Mel» Zelaya. Este contestó que sólo compartían el gusto por los caballos, pero que nunca había hecho negocios con él.  

La fiscal le preguntaba eso porque, según una investigación de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), entre 2008 y 2009, Mel compró una propiedad en Palos Blancos, Santa Bárbara, por 8 millones de dólares, terreno en el que supuestamente aterrizaron aviones militares y llegaron funcionarios de su Gobierno, aunque, según lo dicho por investigadoras de la DLCN en el proceso legal contra «Foncho», la propiedad siempre ha estado inscrita a nombre de Valle, señalado como «testaferro» del expresidente. El abogado defensor de Rodríguez catalogó la mención del expresidente Zelaya en este caso como «persecución política» y no se concluyó en este proceso alguna transacción directa entre Rodríguez y el expresidente. 

La fiscal le preguntó a Rodríguez por el origen de sus activos — propiedades, cuentas bancarias, joyas — y él respondió que es ganadero, empresario y vende terrenos.

El piloto de confianza de Mel y del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina

Pero «Foncho» Rodriguez Valle y Manuel Zelaya no solo comparten el gusto por los caballos. A ambos los une el piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer.

En enero de 2007, René «Foncho» Alfonso Rodríguez Valle conformó la sociedad mercantil Helicópteros Turísticos S.A. junto al piloto guatemalteco Guillermo Abraham Lozano Bahuer, quien realizó vuelos para narcotraficantes en Guatemala y Honduras durante 2004: en Guatemala para Los Lorenzana y en Honduras para los Cachiros y los hermanos Valle Valle. Esto lo dijo el piloto cuando fue testigo de la Corte del Distrito Sur de Florida en el juicio en contra de Sergio Neftalí Mejía, un narco para quién Lozano Bahuer movilizó aproximadamente 6 mil kilogramos de cocaína en helicóptero entre 2007 y 2009, desde la Moskitia hondureña hasta San Esteban en Olancho y San Pedro Sula en Cortés. Sergio Neftalí, el mismo vinculado a Grupo Fluir.

En una auditoría entre 2006 y 2009 a Casa Presidencial, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señaló una serie de irregularidades en pagos realizados por alquiler de aeronaves para la movilización del presidente de ese entonces, José Manuel Zelaya Rosales, dentro de los cuales figuraba Empresa Aeroservicios Centroamericanos (Aerocentro), que era representada por el piloto de los narcos: Guillermo Abraham Lozano.

En la auditoría señalan el pago por más de 2 millones de lempiras a Aerocentro entre septiembre y diciembre de 2006, vuelos que no fueron solamente de uso de Zelaya Rosales, sino para otros funcionarios, empleados y personas particulares y por los cuales no se encontró un contrato por el servicio de alquiler.

En 2012, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) capturó en San Pedro Sula a Haward Suhr, uno de los socios de Lozano Bahuer en Aerocentro, y a Juan Luis Gonzalez, exdiputado guatemalteco, ambos pilotos de esta empresa a raíz de otro hallazgo que habían realizado en  2010, uno que vinculaba esta empresa al narcotráfico: el decomiso de un helicóptero de esta empresa con rastros de drogas en la moskitia que operaba en un vuelo ilegal y con posibles vínculos al Cártel de Sinaloa. En diciembre de 2013, ambos fueron absueltos por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula.

El Periodico de Guatemala también reveló que Lozano Bahuer fue un piloto de confianza para la familia presidencial de ese entonces en Honduras, tanto que después del Golpe de Estado en 2009, transportó a Manuel Zelaya Rosales y su familia hasta Guatemala, y luego regresó al expresidente a Honduras sin activar la detección de radares internacionales.

Guillermo Abraham Lozano declaró ante el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida que había volado para el expresidente José Manuel Zelaya, aunque dijo que nunca transportó drogas para él.

Fragmento del testimonio de Guillermo Lozano en el juicio en contra del narcotraficante Sergio Neftalí Mejía en 2018.

Desde 2007, Bahuer colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés), y dijo en 2018 al juez Michael Moore de la Corte del Distrito Sur de Florida que negoció con los ejecutivos de Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) un soborno de 30 millones de dólares a cambio de otorgarles el usufructo de un terreno para operar una terminal portuaria privada mientras volaba también para otro presidente centroamericano de ese entonces: el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El piloto y el expresidente fueron acusados por el Ministerio Público de Guatemala y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por haberse beneficiado de sobornos en 2016.

Jueza autorizó el peritaje de las grabaciones pero implicados continúan sin rendir cuentas 

Algunos de los señalados en este documento han rendido cuentas ante la justicia, como Sergio Neftaly Mejía, sentenciado a cadena perpetua por una Corte de los Estados Unidos en 2018, o el caso de la familia Montes-Bobadilla, de la cual solo Juan Carlos Montes-Bobadilla se encuentra prófugo y por el cual Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares como recompensa.

El documento del Ministerio Público también relaciona — sin decir la razón — a Elmy Valladares (socia del Grupo Fluir) con Pedro García Montes, quien perteneció a la estructura de los Montes-Bobadilla, una familia que se dedicaba al cultivo de coca y tráfico de cocaína en el departamento de Colón. Esta familia trabajó estrechamente con Los Cachiros y Los Valle Valle. Pedro Montes, quien residía en Colombia inicialmente e introdujo a la familia al tráfico de drogas, fue asesinado en 2004 en ese país.

A Valladares — quien conformó Grupo Fluir S.A. junto a Aldo Asfura Laca — se le incautó una serie de bienes después de la sentencia de Sergio Neftaly Mejía, dentro de los cuales estaba un club social privado y apartamentos a su nombre en La Ceiba, al norte de Honduras, y un hotel en la Moskitia, Gracias a Dios.

Pero esta no fue la única vez en la que Elmy Valladares y Aldo Asfura, socios de Grupo Fluirsa, colaboraron en la adquisición y venta de bienes de origen ilícito. 

En marzo de 2009, Aldo Asfura Laca vendió una de sus propiedades en Tegucigalpa, específicamente en la Colonia Florencia — donde en ese momento estaba la sede del club deportivo Necaxa según medios de comunicación — a Horizontes Turísticos de Honduras S.A. de C.V., una sociedad en la que él mismo figuró como ejecutor especial desde 2006 y que tenía un nombre casi idéntico con Horizontes Turísticos de Honduras S. de R.L., otra sociedad conformada por Elmy Valladares, Sergio Neftaly Mejia y Claudia Patricia Hernández.

La confirmación de una investigación del MP por narcotráfico y lavado de dinero contra los Zelaya, relacionados con Grupo Fluir, es un segundo indicio de los vínculos de la familia presidencial con estructuras del crimen organizado. El pasado 3 de septiembre, el medio Insight Crime reveló  un video en el que se ve a Carlos Zelaya — hermano del expresidente José Manuel Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional y cacique del Partido Libre — reunido con el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y con los narcotraficantes Ramón Matta Waldurraga y los hermanos Rivera Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, algo que ha generado un terremoto político sin precedentes en Honduras aunque de momento  no hubo un paso contundente de la justicia hondureña para acusarlos. 

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Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Durante la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la presidenta Xiomara Castro dio un discurso en el que denunció un intento de golpe de Estado impulsado por «fuerzas del capital» y las «diez familias más poderosas de Honduras». La denuncia de Castro de un golpe de Estado se intensificó tras la publicación de vínculos de sus familiares y otros miembros de su partido político con narcotraficantes. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo Naciones Unidas

«Hoy estoy amenazada por las mismas fuerzas del capital que hace 15 años dieron un golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya»; así inició su discurso la presidenta Xiomara Castro, durante la 79.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. 

De acuerdo con el discurso de Castro, las amenazas de un golpe de Estado han sido por impulsar «cambios estructurales del modelo económico», refiriéndose al proyecto de ley de justicia tributaria que, dos años después de que iniciara el gobierno, sigue sin presentarse en el Congreso Nacional tras haber sido socializada. La presidenta se jactó de haber denunciado «el injusto régimen tributario que perpetúa desigualdades, alimenta a los poderosos y explota a los pobres» y señaló que por esto, detrás de las amenazas de un golpe de Estado a su gobierno, se encuentran las diez familias más poderosas de Honduras que «se niegan al cambio». 

Castro dijo que estas amenazas las denunciaron durante las manifestaciones que el partido oficialista hizo el pasado 14 y 15 de septiembre, tras una convocatoria en cadena nacional que hizo el Gobierno.

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«Nuestra soberanía es base fundamental y principio indeclinable de las relaciones internacionales, pero en Honduras continúan imponiéndose prácticas coloniales, injerencia, dominios económicos, mediáticos, políticos», añadió Castro.

El 29 de agosto, la presidenta Castro ordenó denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912, alegando que el país norteamericano ejercía «injerencia» e «intervencionismo» en los asuntos internos de Honduras. 

Sin embargo, la medida de denunciar este tratado fue polémica porque no solo fue presentada bajo una narrativa de «cero injerencia internacional» y anunciando que buscaba fortalecer la soberanía hondureña, sino porque ocurrió pocos días antes de la divulgación de un video en el que su cuñado Carlos Zelaya Rosales, miembro prominente del partido de gobierno y en ese entonces secretario del Congreso Nacional, aparece reunido con narcotraficantes, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del Partido Libre en 2013.

Carlos Zelaya, hermano del asesor presidencial y expresidente Manuel Zelaya, admitió en su declaración al Ministerio Público que efectivamente se reunió con líderes del narcotráfico en ese periodo; asimismo, renunció a sus cargos de diputado y secretario del Congreso Nacional, y desde entonces no volvió a dar declaraciones públicas. Su hijo, José Manuel Zelaya, quien era ministro de Defensa, también renunció y en su lugar, la presidenta nombró a la candidata presidencial oficialista para las próximas elecciones: Rixi Moncada.

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Castro también se refirió a la entrega de un segundo borrador de convenio para la instalación de una Comisión Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Cicih), que aún se encuentra en negociaciones para ser aprobado. 

¿A qué otras cosas se refirió Castro en su discurso?

Ante la ONU, la presidenta Castro también se refirió a la declaración de inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), declaración aprobada el pasado 20 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia.  

«El proyecto internacional de las ZEDE que vendía nuestro territorio a pedazos como un botín para el capital internacional, aprobado por apátridas en el narcorrégimen anterior, ha sido cancelado definitivamente por mi gobierno del socialismo democrático», dijo Castro. Asimismo, afirmó que su gobierno denunció el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal del Banco Mundial con sede en Washington. Honduras enfrenta seis demandas de arbitrajes internacionales ante el CIADI entre las que se encuentran las demandas de los inversionistas de la Zede Próspera.

Posteriormente, Castro dijo ante la ONU que el Plan «Solución contra el crimen» logró una «disminución histórica de 15 puntos de los homicidios, la mayor reducción en los últimos 20 años». Sin embargo los expertos consideran que en algunas zonas del país, como en la Rivera Hernández en el norte, la cifra real de los homicidios se esconden en desapariciones que no están siendo investigadas. Por otra parte, la medida del Estado de Excepción ha facilitado las violaciones a derechos humanos y las desapariciones forzosas.

Castro también condenó en su discurso el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido en Tocoa el pasado 14 de septiembre: «Denunció permanentemente el modelo de explotación extractivista. Repudio y condeno el vil asesinato y he ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden y de los organismos operadores de justicia para investigar, identificar, capturar y condenar a los autores intelectuales y materiales de este crimen», dijo.

Familiares y organizaciones cercanas a López pidieron que su asesinato sea investigado por una comisión internacional y que no permitan que actores locales formen parte del proceso, debido a que desconfían de que puedan hacer investigaciones imparciales. 

En los últimos días en Honduras varias organizaciones campesinas y defensoras del medioambiente han protestado en distintos puntos en demanda de justicia por López. El pasado 24 de septiembre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y otros empresarios involucrados a la empresa Inversiones Los Pinares y a Ecotek, por daños ambientales al Parque Nacional Carlos Escaleras en Tocoa, Colón, empresas contra las que luchaba López. 

Para cerrar su discurso, Castro pidió un alto al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, condenó el genocidio contra Palestina y los recientes ataques de Israel en Líbano, y dijo que esperaba que no se convirtiera en una nueva Franja de Gaza. Cerró citando a la ambientalista hondureña Berta Cáceres con su frase más conocida: «Despertemos, humanidad, aún hay tiempo».

Concentración de poder, violaciones a derechos humanos y ruptura del Estado de derecho. Esta serie de circunstancias irregulares han sido desde el inicio los tres pilares que han asegurado el éxito del “Modelo Bukele”. Lo que el presidente presume como “el país más seguro del hemisferio occidental” es en realidad un país donde se vive con miedo de ser señalado como el enemigo.

Por Verónica Reyna

“Ahora uno tiene miedo no solo de la delincuencia y de las pandillas, sino también de las autoridades”

Familiar de persona detenida durante el régimen de excepción

La Asamblea Legislativa aprobó la trigésima prórroga del estado de excepción en El Salvador el pasado 4 de septiembre. Ese mismo día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público su informe El Salvador. Estado de excepción y derechos humanos, en el cual urge al Estado salvadoreño a suspenderlo, pero sobre todo por la existencia de presuntos patrones de detenciones arbitrarias e ilegales, faltas al debido proceso y garantías judiciales, así como por la grave situación de hacinamiento e insalubridad de las personas privadas de libertad. El Salvador ha logrado reducir la criminalidad, pero no ha logrado la seguridad. Mientras en el país no se reconozcan a todas las víctimas, incluyendo las del Estado, lo único que construiremos es un país donde se viva con miedo de ser señalado como enemigo. 

La que se ha presentado como la más exitosa política de seguridad en el país ha implicado la detención de 81,945 personas, resultando en más de 107 mil personas privadas de libertad en el sistema penitenciario. Al presidente le gusta presumir cómo El Salvador dejó de ser el país con más homicidios en el mundo, y parece gratificarse del hecho de que eso ha significado convertirnos en el país con la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo.

El presidente y su partido insisten en que las personas detenidas son las responsables de la violencia sufrida durante las últimas décadas, y que solo debido a la voluntad política de su gobierno para combatir a las pandillas ahora los homicidios y la violencia ya no son el principal problema de la población. Si bien la CIDH, las organizaciones sociales y el periodismo –esos que el mismo gobierno ataca y busca desacreditar– reconocen la disminución de la violencia homicida y delitos vinculados al accionar de las pandillas, también han evidenciado que estos mismos sectores sociales no han estado dispuestos a ceder sus derechos para lograr una supuesta seguridad, una seguridad que sienta sus bases en injusticias, abusos de poder y temor. 

La política del presidente Bukele se basa en lo que se han basado la mayoría de las propuestas de los gobiernos anteriores: enfocarse exclusivamente en las pandillas, tener un discurso de guerra hacia las mismas, negociar en privado con ellas una reducción de homicidios, adjudicarse esa disminución, llevar a cabo miles de detenciones, saturar las cárceles y usarlas como herramienta de terror. La diferencia principal entre esta supuesta voluntad política que antes no se tuvo es nada más una: el Ejecutivo ha logrado controlar cada una de las instituciones del Estado, haciendo que la Policía capture sin investigación previa, que la Fiscalía acuse sin pruebas y que el Órgano Judicial mande a prisión a toda persona a la que se le señale de pertenecer a pandillas, aunque no se tenga fundamento para esa detención. 

La concentración de poder ejecutada por el presidente y la Asamblea Legislativa, a partir de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, así como la “depuración” del sistema de justicia, han generado las condiciones para que nada se interponga entre el poder del Estado y una población que solo cruza los dedos para no ser detenida por sus tatuajes, por ser pobre o por ser parte de la cuota que tenía pendiente cumplir el policía. 

Las organizaciones de derechos humanos han registrado en estos dos años un total de 6,426 víctimas de violaciones a derechos humanos durante la implementación del régimen de excepción. Las detenciones arbitrarias e ilegales, las faltas al debido proceso, los malos tratos e, incluso, la tortura han sido las denuncias más frecuentes en estos casos. Más de 265 personas han muerto bajo custodia del Estado, sin que se cuente con información confiable de las causas de estas muertes. Las cárceles, que ya sufrían condiciones deplorables de hacinamiento e insalubridad, se han convertido en verdaderos centros de tortura, donde las personas que han tenido la suerte de salir relatan historias de golpizas frecuentes, de estar hincadas en grava durante horas, esposadas por un día entero bajo el sol, donde se les rocía de gas lacrimógeno y se les dan toques eléctricos. La violencia sexual hacia hombres y mujeres, y la violencia obstétrica en estas últimas también se ha podido registrar en casos de personas liberadas. 

La CIDH, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación han documentado cómo las reformas legales y la concentración de poder han permitido la detención de personas sin mayor fundamento, basada en prejuicios, denuncias anónimas y, por supuesto, por vivir donde antes se vivía con el terror de las pandillas. La seguridad que ahora parecemos respirar se ha cambiado por la arbitrariedad del Estado y la amenaza tácita de poder ser la próxima cifra de detención. 

Es comprensible que la población aplauda esta medida. La gente que ha tenido que vivir durante décadas la violencia atroz de las pandillas tiene derecho a ya no vivir con miedo, tiene derecho a que un gobierno garantice seguridad y paz, que nadie le quite su salario ni su propia vida. Tiene derecho a usar sus parques y poder caminar por su comunidad con tranquilidad. Tiene derecho a que todo eso se logre sin que limiten sus demás derechos, ni los de nadie, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo, sin que se limiten los derechos de nadie. Por eso usar el dolor de las víctimas de las pandillas para justificar ahora la violencia del Estado es cínico y tramposo.  

Además de haber cedido a la idea que nos han querido vender de que es necesario sacrificar algunos derechos para lograr otros, la población reconoce que las comunidades se han convertido en un espacio donde las pandillas ya no son las que reinan desde la ilegalidad. Pero también, poco a poco, está tomando conciencia de que ahora reina otro terror, el de un ejército y una Policía que no tiene límites, un brazo del Estado que alcanza generalmente a la población más empobrecida. 

Ahora el régimen de excepción se extiende a grupos sindicales, a vendedoras del Centro de San Salvador, a quien se oponga al desalojo que busca el “desarrollo económico” del país. La gente tiene cada vez más temor de expresar públicamente su opinión sobre el régimen de excepción, y conoce cada vez más sobre casos de personas detenidas sin causa real.

La seguridad de un país no es solo la reducción del crimen, aunque esto implica una parte sustantiva de la misma. La seguridad debe estar mediada por la certeza que tenemos de que la institucionalidad del Estado funcionará como debe funcionar cuando se me violenta, sea por pandillas, por mi vecino o por la Policía. La seguridad implica también la confianza que se tiene para acudir a las instituciones creadas para protegernos ante abusos. Implica que las instituciones, todas, podrán garantizar independencia en sus funciones y permitirán desarrollar investigaciones donde se determine la responsabilidad o no de los delitos. La seguridad de un país también significa la capacidad de reconstruir una sociedad dañada por la violencia, donde se reconozca a las víctimas y se les acompañe en su reparación, garantizando que los hechos que les dañaron no volverán a ocurrir. Implica tejer nuevamente la comunidad y buscar las formas donde la desigualdad y la injusticia no vuelva a dejar a la violencia como la única alternativa. 

 

Este artículo forma parte de Redactorxs Regionales, un proyecto de opinión de la Redacción Regional, del cual NOMBRE DEL MEDIO forma parte, para rescatar el debate y analizar los desafíos, retos y oportunidad de las mujeres y la población LGBTIQ+ en Mesoamérica.

Honduras, como parte de los países que integran el sistema de Naciones Unidas, se comprometió a adoptar el Pacto para el Futuro para hacer frente a los desafíos sobre cambio climático, seguridad, derechos humanos, la gobernanza global y la igualdad de género. El documento también incluye un pacto digital que busca que el ciberespacio sea un lugar seguro para las niñas y mujeres del mundo. 

Texto: Vienna Herrera
Fotografía: Archivo de Naciones Unidas

El Pacto para el Futuro, un documento no vinculante aprobado este fin de semana en Nueva York por la mayoría de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue reafirmado por Honduras a través del canciller de la República, Enrique Reina, durante su intervención en la Cumbre del Futuro, el 23 de septiembre.

«Honduras está firmemente convencida [de] que un mundo mejor, de oportunidades para todos, sí es posible, y consecuente con nuestras aspiraciones, seguimos convencidos que reafirmar la paz y la seguridad internacionales son indudablemente normas necesarias para la convivencia pacífica entre nuestras naciones», dijo el canciller Reina. 

El pacto, que contiene 66 páginas, busca que los países del mundo se comprometan al desarrollo y financiamiento sostenible; a la paz y seguridad internacional; a la ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital; a escuchar a las juventudes y a las futuras generaciones; y finalmente a transformar la gobernanza global.

Este pacto se originó del informe Nuestra Agenda Común presentado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021, debido a que los Estados del mundo no van por un buen camino para alcanzar los objetivos que se han fijado a través de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, y tampoco están respondiendo adecuadamente a los nuevos retos ni a las nuevas oportunidades que se les presentan.

La igualdad de género es una de las metas a las que los países se han comprometido en la agenda 2030, y ahora en el Pacto para el Futuro. En su discurso inaugural, Guterres dijo: «Ante el aumento de la misoginia y el retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres, los gobiernos se han comprometido explícitamente a eliminar las barreras legales, sociales y económicas que impiden a las mujeres y las niñas desarrollar su potencial en todas las esferas».

Por su parte, el canciller de Honduras, durante su participación, dijo que es urgente una sociedad con igualdad de género para alcanzar una verdadera justicia social.

El Pacto implica el compromiso de que los países tomen acciones inmediatas para erradicar todas las formas de violencia basada en género y el acoso sexual. En Honduras, al 31 de agosto se habían registrado 167 femicidios, de acuerdo con el Centro de Derechos de Mujeres, y 28 de los casos ocurrieron en ese mes. 

De acuerdo con el Pacto, la igualdad de género también implica que los países aseguren el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, según lo acordado en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en 1995. Dicho documento destaca que ese acceso universal incluye no solo la provisión de servicios de salud de calidad, sino también la educación integral en sexualidad y la toma de decisiones informadas sobre la salud reproductiva. 

«El aborto en condiciones peligrosas pone en peligro la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública, puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren más riesgos», dice la Declaración de Beijing. 

En Honduras, Contracorriente ha reportado en varias ocasiones cómo la prohibición total de la interrupción del embarazo afecta principalmente a mujeres pobres que sufren emergencias obstétricas y posteriormente son injustamente acusadas del delito de aborto, enfrentando procesos revictimizantes extendidos. Aunque si las mujeres tienen una asistencia legal con enfoque de género pueden obtener sentencias absolutorias, las consecuencias de esos procesos en su vida no son reparadas por el Estado. 

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En cuanto a la gobernanza digital, el Pacto establece un marco integral para la cooperación en el uso de la inteligencia artificial y la protección de los derechos humanos en el entorno digital. Pero el acuerdo no solo busca conectar a todas las personas a internet, sino también garantizar que el espacio en línea sea seguro para todas las personas, especialmente las mujeres.

En Honduras, el ciberespacio no representa un espacio seguro para niñas y mujeres, que son víctimas de violencia. En el último especial periodístico de Contracorriente, Desprotegidas en la red, contamos historias sobre cómo mujeres y niñas en Honduras son víctimas de explotación, acoso, difusión de material de abuso sexual y trata en el ciberespacio. Las víctimas esperan que Honduras adopte reformas legales que brinden protección y apoyo a niñas y mujeres que sufren ciberviolencia.

El Pacto que ha sido suscrito por Honduras señala que los Estados miembros no solo buscarán cerrar la brecha digital de género, sino que también cada país «combatirá y eliminará todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género que ocurre a través del uso de la tecnología o es amplificada por esta». 

Tensiones durante la aprobación del Pacto

Este Pacto es el resultado de años de colaboración y es considerado el acuerdo internacional más extenso en décadas, con el que se busca la eliminación total de las armas nucleares, y un compromiso para evitar una carrera armamentista en el espacio exterior. Además, propone medidas para regular el uso de nuevas tecnologías, como las armas autónomas letales.

«He convocado esta cumbre porque nuestro mundo se está descarrilando y necesitamos decisiones difíciles para volver al buen camino. Los conflictos se multiplican, desde Oriente Medio hasta Ucrania y Sudán, y no se vislumbra el final. Nuestro sistema de seguridad colectiva está amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y escenarios de guerra. Los recursos que podrían aportar oportunidades y esperanza se invierten en muerte y destrucción», dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, al inicio de su intervención en la inauguración de la Cumbre del Futuro.

El Pacto para el Futuro también busca la paz mundial en un momento en el que, según la misma ONU, «se viven las mayores tensiones desde la Segunda Guerra Mundial».

Para ejemplificar esas tensiones, no todos los países estuvieron de acuerdo con adoptar el pacto. Durante la sesión de aprobación del documento el domingo, la delegación de Rusia se pronunció en contra, debido a que aseguraron no haber recibido el documento completo con tiempo para estudiarlo párrafo por párrafo. «Solo se presentaron enmiendas para beneficiar a países occidentales», afirmó Rusia, cuya intervención fue apoyada por Venezuela.

Posteriormente, la República del Congo solicitó no tomar en cuenta la intervención de Rusia, y 143 países apoyaron esta moción, entre ellos Honduras, mientras que 15 se abstuvieron y hubo 7 votos en contra: Rusia, Sudán, Corea del Norte, Nicaragua, Irán, Siria y Bielorrusia. 

Rusia aseguró que no adoptaría el Pacto, pues es un documento sin carácter vinculante. Sin embargo, es importante destacar que este documento plantea reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para reparar la injusticia histórica contra África y mejorar la representación de las regiones y grupos subrepresentados o no representados, como Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe. En su intervención, el canciller Reina recalcó la importancia de reformar el Consejo «para tornarlo más democrático». 

El Consejo de Seguridad de la ONU es un organismo encargado de la paz y seguridad del mundo. Actualmente está integrado por solo 15 miembros que tienen un voto cada uno, de los cuales cinco son miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China (todos con el derecho de veto); y diez miembros no permanentes que se eligen de cinco en cinco cada año por la Asamblea General. El Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU cuyas decisiones deben ser acatadas por todos los Estados miembros, o de lo contrario pueden ser objeto de embargos o sanciones económicas. El Consejo puede incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir sus mandatos.

En su intervención en la sesión de clausura de la Cumbre, Philémon Yang, presidente del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General, expresó su esperanza de que las ideas ahí surgidas inspiren nuevas iniciativas a escala nacional, regional y mundial. «Al clausurar la Cumbre del Futuro, insto a todos los Estados Miembros a que sigan impulsando medidas decisivas y creando avances significativos», finalizó.

Por: Jorge Paz

«Inmigrantes que comen perros y gatos» y «cirugías transgénero a inmigrantes ilegales» fueron algunos de los comentarios virales que surgieron del debate presidencial estadounidense de la semana pasada. En el debate, de 90 minutos de duración, el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentaron para presentar sus argumentos al pueblo estadounidense y al mundo. Sin embargo, cuando se les preguntó por sus políticas de inmigración, específicamente las causas de la migración procedente de Centroamérica, ambos candidatos dejaron mucho que desear. En lugar de presentar una posición política clara, se centraron en atacarse mutuamente. 

Mientras tanto, a 3,000 kilómetros de distancia, en Honduras, los medios de comunicación han estado ocupados cubriendo uno de los periodos más controversiales de la actual presidenta Xiomara Castro. En solo tres semanas, luego de que el gobierno de Castro anunciara su intención de poner fin al tratado de extradición con Estados Unidos, estalló un escándalo de narcotráfico que involucra al cuñado de Castro, en ese entonces también miembro del Congreso, y en las calles se manifestaron tanto grupos de la oposición exigiendo la renuncia de Castro como grupos convocados por el gobierno con toda su base partidaria para brindar su apoyo a la presidenta. 

Las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Honduras se encuentran en uno de los peores momentos desde la llegada de Castro, y con las elecciones presidenciales de EE. UU. a la vuelta de la esquina, mucho está sobre la mesa. Sin embargo, algo está claro; ya hemos estado en esta situación antes.

Estos capítulos políticos no son particularmente nuevos o sorprendentes. Trump sigue impulsando la misma retórica antiinmigrante de siempre, de forma más incoherente, pero similar a la que pregonó en 2020. Por su parte, Harris sigue luchando por definir sus posiciones y su enfoque político separada de Biden. Mientras tanto, en la política de Honduras, los escándalos de narcotráfico no son nada del otro mundo, dado que el expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. 

También hemos visto las políticas exteriores tanto de Biden/Harris como de Trump en acción en Centroamérica durante los últimos siete años. Entonces, ¿qué podemos aprender del pasado y qué nos puede decir sobre el futuro de la dinámica diplomática entre Honduras y Estados Unidos? 

Los años de Trump 

Durante la presidencia de Trump de 2016 a 2020, con su enfoque de disuasión y mano dura hacia la migración, la crisis humanitaria de la región se agravó. El Acuerdo Migratorio del 2019 obligó a México y Centroamérica a impedir a toda costa la llegada de migrantes a la frontera sur. Este enfoque llevó a México a militarizar su frontera con Guatemala y a crear condiciones inhumanas para millones de migrantes, incluidos miles de hondureños, durante la pandemia mundial. Trump también decidió recortar la ayuda al llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) tras el aumento de migrantes de la región a Estados Unidos, como medida disciplinaria.

Sin embargo, mientras Trump intentaba utilizar una política disciplinaria recortando millones de dólares a programas humanitarios, elogiaba al ahora condenado presidente Juan Orlando Hernández. La presidencia de Hernández estuvo marcada por el narcotráfico y la militarización y, sin embargo, se convirtió en uno de los principales aliados de Trump en la región. Trump lo elogió en múltiples ocasiones por sus esfuerzos para frenar la migración, a pesar de las acusaciones de narcotráfico que ya empezaban a salir a la luz.  

Dada la clara postura de la administración Castro frente al imperialismo estadounidense, no es difícil imaginar una relación hostil entre Honduras y Estados Unidos durante una presidencia de Trump. Sin embargo, Trump es inconsistente por naturaleza. Por ejemplo, sus críticas al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Convención Nacional de la República sorprendieron a muchos, ya que Bukele parece ser el modelo autoritario ideal que Trump alaba. En cambio, le acusó de «enviar a todos sus criminales» a Estados Unidos y dudó de su popularidad. Esta incoherencia hace difícil precisar cómo Trump abordará al gobierno de Castro, dado que la presidenta hondureña demuestra tendencias autoritarias. Pero una cosa está clara: durante los años de Trump, sus políticas fueron duras para los hondureños y fáciles con los autoritarios. 

Los años Biden~Harris 

Para Harris, su papel como vicepresidenta proporciona una idea general de cómo será la política exterior estadounidense para Honduras. 

Bajo la administración Biden, Harris se encargó de poner en marcha la Estrategia para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración en Centroamérica, un plan centrado en abordar los retos socioeconómicos y de gobernanza de la región mediante la cooperación económica y política. Con un enfoque más integral, la administración Biden aumentó la financiación de programas humanitarios y colaboró con el sector privado y la sociedad civil para impulsar las economías del Triángulo Norte. 

Las relaciones entre EE. UU. y Honduras también experimentaron una reactivación al inicio de la administración Castro. Harris estuvo presente en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro y poco después Estados Unidos nombró a una embajadora oficial, Laura F. Dogu, en Honduras, después de tener solo una encargada de negocios desde 2017. La administración Castro correspondió a su intención de establecer buenas relaciones gastando 90 millones de dólares en una firma de lobby para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Honduras en 2022. 

Sin embargo, a pesar de ello, las relaciones entre las administraciones de Biden y Castro han tenido sus baches. A lo largo de los dos últimos años, las administraciones Castro y Biden, y por extensión de la embajadora Laura Dogu, han creado también una relación de amor-odio. 

La embajadora Dogu no se ha contenido cuando se trata de decisiones políticas cuestionables de la administración Castro. Dogu ha expresado su preocupación por diversas cuestiones relacionadas con la política económica, la reforma energética y la estrategia de seguridad de Castro. Por el otro lado, el gobierno de Castro no ha tomado bien las críticas, citando la vieja retórica de la Guerra Fría sobre el imperialismo y el intervencionismo de Estados Unidos para socavar las posturas de Dogu.

Sin embargo, Honduras y Estados Unidos siguen trabajando juntos para mostrar un frente diplomático unido, a pesar del más reciente intercambio hostil con la embajadora Dogu, que expresó su preocupación por una reunión entre el exministro de Seguridad y funcionarios venezolanos, y el plan de Castro de poner fin al tratado de extradición con EE. UU. El embajador Dogu sigue trabajando con el ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Enrique Reina. La semana pasada, el 6 de septiembre, Dogu se reunió con la recién nombrada ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el general Roosevelt Hernández, el mismo que se reunió con funcionarios venezolanos. 

Este ir y venir es característico de la diplomacia. Sin embargo, con las próximas elecciones, Harris podría verse presionada para adoptar un enfoque más firme contra la corrupción en la región. Su formación como fiscal es algo que se ha destacado como un punto fuerte y, por tanto, su experiencia en la persecución de organizaciones criminales transnacionales ha cobrado relevancia a la hora de tratar el tema de la inmigración. Es probable que si los vínculos con el narcotráfico siguen surgiendo en torno a la administración Castro y aumenta la hostilidad, el plan integral de Biden sea sustituido por enfoques diplomáticos menos flexibles. 

Ayuda e inmigración en el centro 

En general, tanto bajo Trump como bajo Harris, la relación entre Estados Unidos y Honduras parece clara en algunos aspectos e incierta en otros. Pero al considerar el futuro de Honduras en relación con Estados Unidos, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

Las relaciones entre Estados Unidos y Honduras están determinadas por la inmigración y la ayuda. Ya sea a través de una política disuasoria o un enfoque humanitario, el objetivo principal de Estados Unidos es reducir la inmigración, a través de la ayuda financiera.  

La principal diferencia entre la administración Trump y la administración Biden en lo que respecta a Centroamérica es la cantidad de ayuda dirigida a la región. Durante la administración Trump, Estados Unidos destinó cerca de 3,700 millones de dólares de 2016 a 2021; sin embargo, para 2019, la administración Trump detuvo cerca de 396.2 millones de dólares como castigo por el aumento de inmigrantes provenientes de Centroamérica.

Mientras que la administración Biden propuso asignar 4,000 millones de dólares, Harris consiguió 4,200 millones de dólares para inversiones del sector privado, a través de su iniciativa Centroamérica Adelante. 

Los diplomáticos, expertos y agencias estadounidenses siguen trabajando en las causas profundas de la inmigración en Honduras, abordando la crisis climática y los retos socioeconómicos por medio de programas humanitarios y enfoques de inversión. Por ejemplo, a través de agencias como la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), Estados Unidos financia iniciativas de seguridad pública y sistemas anticorrupción. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esta iniciativa es vulnerable al cambio presidencial; por ejemplo, se estima que cuando Trump decidió recortar la ayuda a la región, alrededor del 56 % de los proyectos financiados por Estados Unidos en el Triángulo Norte se vieron afectados.

Al final, tanto Honduras como Estados Unidos tienen el mismo objetivo final con diferentes motivos: mantener a los hondureños en Honduras. 

Pero para que los hondureños sean menos dependientes de la ayuda estadounidense, primero deben tomar la iniciativa para hacer frente al mal gobierno. El escándalo político del gobierno de Castro este mes demostró que Honduras sigue plagada de corrupción y narcotráfico, condiciones que exacerban las raíces de la migración y la dependencia de la ayuda estadounidense.

Ahora es más importante que nunca que el pueblo hondureño exija el establecimiento de un sistema anticorrupción como la Cicih, para que la dinámica entre Honduras y otros gobiernos extranjeros se convierta en una de acuerdo mutuo y no en una de control y gestión.

Sin duda, las elecciones estadounidenses marcarán las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, pero serán las próximas elecciones hondureñas las que determinarán si se repite la misma historia de siempre de ayuda e inmigración. Los hondureños deben centrar su energía en exigir responsabilidades a sus dirigentes en lugar de idealizar a partidos políticos o gobiernos extranjeros.

Nayib Bukele y su círculo íntimo adquirieron 363 hectáreas, el 92 % de las que poseen, durante su primer mandato, según registros oficiales. Solo en 2023 acumularon, a través de diferentes empresas, dos inmuebles a orillas del lago Coatepeque, una finca con cultivos de azúcar, y los terrenos donde se cultiva “Bean of Fire”, la marca de café gourmet del presidente de El Salvador. Desde junio de 2019, la esposa de Bukele, su madre y hermanos compraron a título personal 16 inmuebles en zonas exclusivas. Las nuevas propiedades suman un valor de 9.2 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia ha declarado bajo reserva las versiones públicas de las declaraciones de patrimonio del actual presidente de facto.

Por Jaime Quintanilla

Cuando Nayib Bukele fue reelegido inconstitucionalmente como presidente de El Salvador en febrero de 2024, él y su familia se habían convertido en terratenientes durante su primer mandato. Solo en 2023 el clan Bukele adquirió 361 hectáreas, el 92 % de tierras que posee actualmente, a través de sociedades controladas por el propio Bukele, sus hermanos, su madre o su esposa. Al final del anterior quinquenio comenzaron a administrar las fincas cafetaleras donde se cultiva Bean of Fire, la marca de café gourmet del presidente, terrenos con cultivos de azúcar y dos inmuebles con vistas privilegiadas al lago Coatepeque. La superficie de estas propiedades equivale a cuatro veces la del bosque El Espino, la principal área protegida de la capital del país.

Un análisis realizado por Redacción Regional y Focos a 64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia presidencial registrados hasta marzo de 2024, muestra también que desde junio de 2019, cuando Bukele llegó al poder, su círculo íntimo ha comprado a título personal 16 propiedades que suman 13,371.33 metros cuadrados valorados en $1.4 millones: ranchos de playa, apartamentos y casas de campo.

El círculo íntimo de Bukele está compuesto por sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, quienes a pesar de no tener ningún cargo oficial en su Gobierno, son sus asesores de más alto nivel. Karim, por ejemplo, le ha acompañado en misiones oficiales y en la inauguración de obras de gran envergadura como la nueva Biblioteca Nacional donada por China; Ibrajim ha sido emisario de la Cancillería y, en algunos casos, ha recibido dinero público para estas asignaciones. Yusef fue clave para la designación del primer gabinete de gobierno y participó, junto a Ibrajim, en la planeación de la apuesta por la criptomoneda de su hermano presidente

En este grupo también entra la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, quien adquirió dos terrenos de playa en la Costa del Sol, en La Paz, compartidas con sus familiares cercanos; y la madre del presidente, Olga Ortez.

Las nuevas tierras que posee el clan Bukele están divididas en 34 inmuebles, entre los obtenidos a través de las sociedades que administran y en las que son accionistas, y los adquiridos a título personal, según el Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca del Centro Nacional de Registros. La extensión de sus tierras equivale a 15 veces la del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel en la que el presidente salvadoreño prometió encerrar a los pandilleros.

Los nuevos terrenos adquiridos en 2023 fueron parte de las fincas de algunas de las históricas familias terratenientes, como los Regalado y los Hill Tinoco. Los Bukele adquirieron el control sobre los mismos a través de Corporación Logística de Servicios, con inversiones a largo plazo en las sociedades Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau, y Grupo Bukele, empresa manejada por sus hermanos y su madre.

Dentro del portafolio empresarial familiar, tanto Corporación Logística de Servicios como Grupo Bukele pasaron de reportar bajos activos en los últimos años a sobrepasar, cada una, los 6 millones de dólares en en 2023, según documentación oficial disponible en el Centro Nacional de Registro (CNR).

Corporación Logística de Servicios pasó ocho años reportando activos por $14,488.32 hasta el cierre de 2021. Mientras El Salvador comenzaba una lenta y costosa recuperación por la pandemia de covid-19, esta sociedad  dio un salto hasta los $944,413.28 al final de 2022. Para 2023 se disparó hasta los $6,220,399.99. 

Grupo Bukele multiplicó su capital inicial de $2,000 a poseer activos de $783,928.07 en 2021, y aumentó a $5,182,211.17 en 2022. En 2023 cerró con $6,804,557.05.

De las propiedades que adquirieron desde el 1 de junio de 2019, 18 están  vinculadas a las sociedades Corporación Logística de Servicios, Hacienda Dorada, Santo Tomás Pau, Grupo Bukele, Lagencia y Prepare. Otras 16 están a nombre de los hermanos Bukele Ortez, su madre y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, junto con algunos de sus familiares. 

Antes de que Nayib Bukele llegara a la Presidencia, los Bukele ya formaban parte de la élite empresarial de El Salvador y poseían en suma alrededor de 29 hectáreas divididas en 22 inmuebles obtenidos a título personal, a través de sociedades o a través de porcentajes de participación en inmuebles heredados por el patriarca de la familia, Armando Bukele. La extensión de tierras que ahora poseen se ha multiplicado 12.2 veces.

Previo a que Nayib Bukele tomara las riendas del país en 2019, él y su núcleo familiar alcanzaban un aproximado de 298,243 metros cuadrados de propiedad según los datos oficiales a los que se tuvo acceso. En el quinquenio, sumaron otros 3,633,456 metros cuadrados nuevos. 

La Redacción Regional y Focos pudieron tener acceso al informe preliminar que trabajó la sección de probidad cuando investigó a Bukele mientras fue alcalde de Nuevo Cuscatlán entre 2012 y 2015 y a la declaración patrimonial de la toma de posesión presidencial de Nayib en 2019. En aquel entonces, registró activos junto con su esposa, Gabriela Rodríguez, por $2,548,967.35, de los cuales solo $171,423.64 eran inmuebles. Según documentos oficiales, el presidente Bukele tenía asignado un salario de $5,181.72, aunque él aseguró que no lo cobró. 

Cuando se solicitó en julio de este año los informes de salida de Bukele del quinquenio 2019-2024 y su informe de llegada al inicio de gestión de facto, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró que esa información, que antes podía ser consultada por la ciudadanía, ahora es reservada.

La Corte Suprema de Justicia, impuesta por los diputados de Nuevas Ideas, ha declarado en reserva las versiones públicas de las declaraciones que contenían el monto en dólares de los bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar, inversiones y deudas.  La Constitución salvadoreña ordena al órgano judicial a investigar el patrimonio de los funcionarios y establece que “se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente”.

Para ese reportaje se intentaron obtener reacciones y explicaciones de los procesos de adquisición de estos inmuebles con todos los miembros del clan Bukele a través de las oficinas de la secretaría de Prensa y de Comunicaciones de la Presidencia, el correo institucional de Bukele, y a través de las oficinas de las sociedades Corporación Logística de Servicios y Grupo Bukele. No hubo respuesta. 

Vista aérea de las tierras vinculadas a Hacienda Dorada y a Santo Tomás Pau, en Santa Ana. Dos sociedades relacionadas con Corporación Logística de Servicios.

Hacienda Dorada: el retorno de un cafetalero a la Casa Presidencial

En las montañas del departamento de Santa Ana, entre el lago de Coatepeque y el Cerro Verde, dos de los sitios turísticos más importantes del occidente de El Salvador, se encuentran siete terrenos cafetaleros, 231 hectáreas, que componen la Hacienda Dorada, el nombre con el que los Bukele han rebautizado estas tierras. Frente al portón de entrada un guardia con chaleco anaranjado explica que desde el cambio de dueños es necesaria la autorización para entrar al casco de la hacienda, cuyos terrenos son atravesados por dos arroyos que nacen en el volcán de Santa Ana y desembocan más abajo, en el río Comecayo, en el mismo municipio. En agosto de 2024, habitantes de la zona aseguraron que antes se podía transitar sin restricción por este camino que ahora está cercado con malla ciclón. El guardia agrega otro detalle, que repiten varios trabajadores y extrabajadores que recorrían las “calles” de tierra que rodean la hacienda: dentro hay un puesto militar que custodia la hacienda.

En estas tierras el clan Bukele asegura que se siembran nueve variedades de café que, al menos desde el 12 de julio de 2024, cuando Nayib anunció al mundo que se había convertido en cafetalero, se comercializan en Estados Unidos y en un local en el Aeropuerto Internacional de El Salvador bajo el sello de “Bean of Fire”. Según el propio sitio web de la marca, “el café de volcán crece en uno de los suelos más fértiles y ricos en minerales del mundo”. 

La historia de estas tierras es la de un intrincado laberinto de sociedades, socios fundadores, administradores y representantes legales que vincula a Bukele y su madre con los herederos de Tomás Regalado, un militar y cafetalero que llegó a ser presidente en 1898 tras el golpe de Estado contra Rafael Antonio Gutiérrez y que se convirtió en uno de los hacendados cafetaleros más importantes de en la historia salvadoreña.

  1.  De oligarcas a estudiantes

La historia comienza con los Regalado, una de las familias más poderosas del país entre los siglos XVIII, XIX y XX. Los Regalado, una de las “14 familia oligarcas de El Salvador”, crearon en Santa Ana su señorío del café cuando este grano era el principal producto de exportación. Actualmente, los Reglado son reconocidos como los principales azucareros del país  y con su fortuna, un siglo más tarde, fueron uno de los principales soportes y principales financistas de Arena, el partido de extrema derecha que gobernó entre 1989 y 2009. 

Esta familia terrateniente fue poseedora de cafetales y grandes extensiones de tierra en Santa Ana a través de su empresa Regpa, S. A. de C. V. y de Tomás Regalado Dueñas. Entre 2014 y 2017 decidieron vender siete terrenos de 231 hectáreas a las sociedades El Lindo Sueño y Santo Tomás Pau.

El Lindo Sueño fue constituida el 14 de mayo de 2014. Sus fundadores fueron Madlyn Sofía Sánchez Torres y Carlos Lucién Meyer Molina, que para entonces eran unos estudiantes, según los documentos de identidad que presentaron al registro público. La finalidad principal que establecieron, según el acta de constitución disponible en el CNR, fue “el desarrollo, compra, venta e inversión de bienes inmuebles”. La sociedad nació con 20 acciones con un valor nominal de $100. En el acta de constitución, también eligieron la primera administración para un periodo de siete años. El ingeniero agrónomo Óscar Armando Martínez Morales quedó como administrador único propietario y el contador Savalvador Silva Contreras, como su suplente. 

El 26 de octubre de 2016, Martínez y Silva, los administradores de Lindo Sueño, fundaron Santo Tomás Pau S. A. de C. V. a través de una escritura con muchas similitudes entre ambas sociedades. En noviembre de ese año, también adquirieron otro terreno de 850,689.21 metros cuadrados a nombre de su nueva sociedad,  que también era de la propiedad de la familia Regalado. 

Foto de Nayib Bukele y su madre Olga Ortez de Bukele, ambos dirigen Corporación Logística de Servicios como administrador propietario y suplente, respectivamente.

2. De los estudiantes al presidente y su madre

Entre 2015 y 2018, Bukele gobernaba la alcaldía de San Salvador y comenzaba a construir su carrera como candidato presidencial al tiempo que se enemistó con su partido, el izquierdista FMLN. Para esas fechas, además, fungía como director presidente de Corporación Logística de Servicios, una sociedad fundada en 2004, cuya primera finalidad es  la “comercialización de productos de comunicación”. Su vinculación con las sociedades dueñas de una finca cafetalera está ligada a esta otra sociedad, que sigue controlando hasta la fecha.  Al cierre de 2022, al cierre de su cuarto año de gestión como presidente de El Salvador, su cargo en la sociedad pasó de director presidente a ‘administrador único propietario’, según un cambio de régimen de la sociedad. Su madre, Olga Ortez, le acompaña desde entonces como administradora suplente. 

Bajo su administración, según una anotación preventiva fechada el 3 de febrero de 2023, la sociedad recibió la aprobación de apertura de una hipoteca a través de la aprobación de un crédito decreciente de $2.5 millones del Banco Agrícola a favor de la empresa “Corporación Logística de Servicios”. El documento da cuenta que este fue garantizado con una primera hipoteca en la que la sociedad “El Lindo Sueño” comprometió un terreno de la finca Buenos Aires que tiene un área de 726,239.50 metros cuadrados. 

Anotación preventiva de una hipoteca que Corporación Logística de Servicios intentó obtener el 3 de febrero de 2023. El terreno era propiedad de El Lindo Sueño, que posteriormente fue rebautizado por el clan Bukele como Hacienda Dorada.

Un mes más tarde, el 22 de marzo, el Banco Agrícola y Salvador Silva, en representación de las sociedades El Lindo Sueño y Santo Tomás Pau, firmaron el crédito por cinco de los siete terrenos cafetaleros por el mismo monto establecido en la anotación preventiva y a un plazo de 15 años. 

El 18 de septiembre, a través de una llamada telefónica, Silva Contreras negó tener información de la hipoteca, a pesar de que él firmó el documento. “No tengo ninguna información sobre eso. Yo no he firmado nada. No le puedo dar ese tipo de información”, dijo. Posteriormente se le envió un mensaje para solicitarle otra entrevista, pero no respondió. También se contactó a Óscar Martínez Morales a través de una llamada y un mensaje de texto, pero tampoco hubo respuesta. 

La vinculación de la sociedad de los Bukele con las sociedades hipotecantes con control de los terrenos cafetaleros reaparecería al cierre del ejercicio 2023, en una auditoría que evidencia que la sociedad Corporación Logística de Servicios hizo “inversiones permanentes” en las sociedades Hacienda Dorada, por un monto de $3,148,142.64; y con Santo Tomás Pau, por $1,825,649.18. Con estas dos sociedades también se convirtieron en partes relacionadas por un monto de $40,680 en el caso de la primera y $336,402.45 para la segunda. 

El pasivo no corriente también refleja que la entidad tiene montos por pagar a largo plazo por $4.2 millones al Banco Agrícola, una deuda que un año antes no existía. La sociedad también reflejó pagos pendientes a otras tres cuentas. A una cuenta que solo identificaron como “N.B.” le adeudaba $971,681.31; a otra llamada “STP, S. A. DE C. V.”, $150; y a MOV-I, S. A. de C. V. por un de $929,924.96, una de las sociedades de la familia Bukele más cuestionadas y relacionada con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y con la secretaria privada y expresidenta interina del país, Claudia Juana Rodríguez de Guevara.  

En sus balances de 2023, Corporación Logística de Servicios tiene millonarias inversiones permanentes con Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau.

De esta manera, los Bukele entraron al grupo selecto del 2 % de grandes productores de café de El Salvador que poseen más de 100 manzanas cultivables, según el Instituto Nacional del Café.

Desde que  Nuevas Ideas, el partido de los Bukele, tomó el control del Legislativo, los diputados han aprobado 17 leyes relacionadas con la producción, comercialización en el extranjero y promoción del café, incluyendo un fideicomiso de $640 millones para el rescate de la caficultura. Expertos advierten acá un conflicto de interés, ya que Bukele ha sancionado esas leyes que ahora benefician al rubro de una de sus principales empresas. 

Corporación Logística de Servicios pasó de ser una de las sociedades abandonadas en el portafolio empresarial de los Bukele a ser una mina de millones de dólares. Durante nueve años, de 2013 a 2021, no registró ningún movimiento en sus balances, que se quedaron estáticos en $14,488.32. Pero en 2022 tuvo su primer salto al declarar activos por $944,413.28.

La sociedad actualmente comparte domicilio en una propiedad de la urbanización Maquilishuat junto a otras 12 sociedades de los hermanos Bukele Ortez y de sus primos-hermanos Zablah Bukele, familia  a la que pertenece Xavier Zablah Bukele, presidente del partido Nuevas Ideas. 

El otro documento que relaciona directamente las fincas cafetaleras con la familia presidencial data del 12 de enero de 2024, cuando a través de un acuerdo tomado en junta general extraordinaria de accionistas, los dueños decidieron modificar la cláusula primera del pacto social para modificar el nombre de la sociedad El Lindo Sueño a Hacienda Dorada. La madre de los hermanos Bukele, Olga Ortez, actuando “en su calidad de ejecutor especial de los acuerdos de la junta general extraordinaria de accionistas”, firmó la escritura que oficializó el cambio de nombre.

El 12 de enero de 2023, Olga Ortez de Bukele, actuando como ejecutor especial de acuerdos de junta extraordinaria de accionistas, cambió el nombre de la sociedad El Lindo Sueño a Hacienda Dorada.

En papel, ese día nació el nombre de la propiedad desde donde Bukele puede ejercer su nuevo “hobby” con el que se distrae de sus actividades de gobernante. Empleados del negocio cafetalero ahora con sala de ventas en el Aeropuerto de El Salvador aseguran que fueron contratados en 2022 y desde entonces “el jefe”,  como llaman a Bukele,  comenzó a cuajar la estrategia comercial. 

Los antiguos administradores de la recién rebautizada Hacienda Dorada y Santo Tomás Pau, Salvador Silva y Óscar Martínez Morales, permanecieron en sus cargos en estas dos últimas sociedades hasta el 8 de marzo de 2023, cuando “el presidente de la junta general de accionistas expuso la necesidad de realizar la elección de la nueva administración de la sociedad”. Los accionistas eligieron a Raquel Abigail Ordoñez Gutierrez, afiliada a Nuevas Ideas, como administradora única propietaria y a Jonathan Ernesto Martir Pineda, suplente. 

Ordoñez contestó una llamada el 19 de septiembre por la mañana, pero al preguntarle cuál es su relación con Hacienda Dorada y con Santo Tomás Pau dijo que se reservaba el derecho de respuesta y que no tenía tiempo para responder preguntas.

Ordoñez y Pineda ostentan los mismos cargos en ambas sociedades, que además comparten al mismo secretario de junta general de accionistas, Douglas Alexander Rivas Hernández, quien tiene ese mismo puesto en Corporación Logística de Servicios.

El 18 de mayo, Martir Pineda recibió un poder administrativo con cláusulas especiales para poder actuar en nombre y representación de Hacienda Dorada y también lo delegaron para realizar las diligencias respectivas ante el Instituto Salvadoreño del Café, una institución que nació en la legislatura 2021-2024, la primera bajo el control del partido de Bukele.

El 29 de agosto, Hacienda Dorada abrió un puesto de ventas en el local 2-100, segundo nivel, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El contrato de arrendamiento fue declarado en reserva por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, institución que preside Federico Anliker, amigo de infancia de Nayib Bukele, ex secretario general de Nuevas Ideas y primo del exministro de Agricultura Pablo Anliker, uno de los principales señalados en las compras irregulares de la pandemia de covid-19.

El 19 de febrero de 2024, Raquel Ordoñez y Jonathan Pineda fundaron Hacienda Dorada LLC para comercializar el café de Bukele a través de Amazon. En la imagen, la publicidad de la sociedad y la viñeta de registro que presenta Amazon.

3.  Café de Santa Ana en Miami

El 19 de febrero de 2024, Hacienda Dorada se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada (Limited Liability Company, LLC) con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. Este es un mercado estratégico para los productores, pues es mayor comprador de café salvadoreño a nivel mundial. Según estadísticas del Instituto Nacional del Café, este país norteamericano recibió el 49 % de las exportaciones en 2023. 

Como gerentes de la nueva sociedad fueron inscritos dos nombres que se corresponden a los nombres de los representantes de Hacienda Dorada en El Salvador: “Raquel A Ordoñez Gutierrez”, como la afiliada en Nuevas Ideas, y a “Jonathan E Martir Pineda”. De acuerdo con documentos del estado de Florida, la empresa FastForward Company LLC y su director Carlos Nahuel Bisio fueron los encargados de inscribir el negocio de los Bukele en suelo estadounidense. 

La dirección principal de Hacienda Dorada está en el condado de Miami-Dade y es  una bodega ubicada a unos 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. Pero esta no fue la única dirección que utilizaron. Ordoñez y Martir también registraron una dirección personal en Miami. 

Los gerentes de la nueva sociedad de los Bukele en Estados Unidos inscribieron en el registro del Estado de Florida la dirección de un apartamento ubicado  en el exclusivo edificio Monarc at Met. Según el sitio Intelius, sitio web especializado en brindar información de personas, números de teléfono, direcciones, verificaciones de antecedentes penales y registros públicos, este apartamento pertenece a Bisio. 

Zillow, un sitio especializado en bienes raíces, indica que el apartamento mide 1044 pies cuadrados o 96.99 metros cuadrados, tiene dos cuartos y dos baños. Además estima que la renta mensual es de $3,760.

El sitio de FastForward Company señala como ventajas de crear una LLC la flexibilidad fiscal en Miami. Ya que “las ganancias y pérdidas pasan a través del negocio a las declaraciones de impuestos individuales de los propietarios” y “alternativamente, una LLC puede optar por pagar impuestos como una corporación, lo que brinda posibles ventajas fiscales según las circunstancias de la empresa”.

El plan de tener personería en el extranjero, según explicaron empleados de la cadena de producción de “Bean of Fire” , fue para poder vender el producto a través de Amazon. La gigantesca de compras por internet, de hecho, vincula el producto producido por Hacienda Dorada en El Salvador con Hacienda Dorada LLC en Miami. 

Foto del empaque en el que Bukele vende su café “Bean of Fire”, que solo se comercializa en Estados Unidos, a través de Amazon y en un local dentro del Aeropuerto Internacional de El Salvador a $50 la libra.

4. El café presidencial

El 12 de julio, Nayib Bukele dio a conocer su nueva faceta como cafetalero en redes sociales. A pesar de ser un emprendimiento personal, las cuentas de la Presidencia y de las secretarías de Prensa y Comunicaciones también se hicieron eco del “hobby” del presidente. El anuncio se produjo en medio de un contexto de crecimiento de los índices de pobreza nacional y desigualdad y con el malestar de la población por el encarecimiento de los precios de los productos de la canasta básica, que habían aumentado en al menos $50 desde 2019. 

La respuesta de Bukele fue promocionar su plan de recuperación económica y publicitar que donaría “(en carácter personal y no del gobierno) 200 libras de café y 8,000 vasitos (y azúcar, etc.)” a diferentes negocios. Algunos de sus amigos e influencers también recibieron una selección de su cosecha de café para que lo promocionaran en sus redes. 

Para los que no se beneficiaron de las donaciones de Bukele, el único punto de venta del café presidencial está en el Aeropuerto de El Salvador, después de cruzar aduanas. Es decir, solo se pude comprar o a la entrada o a la salida del país. “Beans of Fire” es empacada en latas negras con letras doradas que dan un poco de información de quiénes están tras su fabricación y la ubicación donde se elaboran. Después de ser recolectado en las montañas de Santa Ana, el café que venden los Bukele viaja hasta el beneficio Buenavista, en Juayúa, Sonsonate. 

Este beneficio es manejado por empresarios cafetaleros de larga data. Actualmente la directiva está conformada por Juan Andrés Molins Daglio, José Luis Molins Daglio y Carlos Alberto Funes Mendoza.

Vista panorámica al lago Coatepeque desde los terrenos adquiridos por una de las sociedades controladas por Nayib Bukele.

La finca del lago Coatepeque

El 1 de junio de 2023, Nayib Bukele celebró su cuarto año como presidente. En su discurso anunció el inicio de lo que llamó “guerra contra la corrupción”. El primer caso que judicializó fue contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994). En medio de las acusaciones contra el exmandatario de derecha, Bukele aseveró que “El Salvador no volverá a ser la finca de nadie”. El 20 de junio de ese año, Corporación Logística de Servicios compró dos porciones de tierra a la sociedad Hill Tinoco, S. A. de C. V., una de las empresas de la familia de la ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco, por un monto de $796,250.

Los terrenos están ubicados en una de las laderas con vista al lago de Coatepeque, desde donde se pueden ver las aguas que se tornan turquesas y la isla Teopán, donde la Presidencia del país tiene propiedades a disposición de la familia del mandatario de turno. Según el registro nacional, los dos terrenos están en la Villa Coatepeque y abarcan la finca El Porvenir. La hermana de la ministra, Irma Roxana Hill de Salaverría, firmó junto con Nayib Bukele la compraventa de los dos terrenos que tiene una superficie conjunta de 791,055.07 metros cuadrados.

Al consultarla por el proceso de venta, Hill de Salaverría dijo que “no tiene por qué dar ningún tipo de información”. Posteriormente se le envió un mensaje para solicitarle una entrevista pero ya no respondió. 

Los Hill Tinoco son conocidos como otra de las familias que formaron la oligarquía terrateniente en El Salvador y por poseer grandes extensiones de tierra en Santa Ana, en las que también cultivaron café en el siglo pasado. Según una nota de periódico El Faro, llegaron a acumular más de 2,458 hectáreas de tierra en el municipio de Coatepeque y de El Congo. Por la expropiación de parte de esas tierras durante la reforma agraria de marzo de 1980, la familia de la canciller exigió una compensación de $254.9 millones al Estado salvadoreño en 2021.

Los terrenos se extienden a ambos lados de la ruta nacional 10 y bajan por las laderas del cráter que se formó con la erupción volcánica milenaria, aunque no tienen salida al lago. Hasta agosto de 2024, aún conservaban sus bosques, salvo donde están ubicadas las viviendas en la finca El Porvenir  y una porción adyacente a esa zona que había sido chapodada. 

Colindando con los terrenos de la familia presidencial hay una comunidad empobrecida con viviendas mínimas, y junto a la comunidad un puesto militar instalado en una casa pintada de blanco y azul como las propiedades del Estado. El puesto militar es nuevo, según los habitantes de la comunidad, aunque no recuerdan con exactitud si los soldados llegaron antes o después de la entrada en vigencia del régimen de excepción, en marzo de 2022.   A las 11:03 de la mañana del 26 de julio de 2024, un militar con uniforme de fatiga salió de su cuartel improvisado portando su fusil M-16 entre las manos. El militar dirigió su mirada hacia un pickup que sin avisar entró a la finca El Porvenir, ubicada en las alturas del cráter del lago de Coatepeque. Al fondo del paisaje, el militar podía apreciar una vista paradisiaca que ahora ya tiene nuevo dueño: su comandante en jefe. 

Los hermanos de Nayib Bukele junto a su madre, Olga Ortez, controlan una de las sociedades que despuntó en activos entre 2021 y 2023.

Grupo Bukele y las plantaciones de caña de azúcar

El 2 de agosto, varios tramos de la calle Antigua Vía de Ferrocarril, en Armenia, Sonsonate, estaban cerrados. La Dirección de Obras Municipales (DOM) estaba interviniendo la ruta que conduce a dos terrenos propiedad de Grupo Bukele S. A. de C. V., una de las principales sociedades de la familia presidencial de El Salvador. La DOM es una institución del Ejecutivo que sustituyó la ejecución de las obras públicas que con anterioridad administraban las alcaldías. La institución, dirigida por funcionarios que a la vez son dirigentes del partido oficial, centralizó todas las obras y ha ejecutado millonarios contratos irregulares, algunos de los cuales han favorecido a  sociedades vinculadas a miembros del partido oficial.

Grupo Bukele adquirió dos terrenos vecinos en esa zona el 14 de junio de 2023. Entre ambos suman 503,271.08 metros cuadrados con un valor de $1.159 millones, según documentos oficiales de la compraventa. Las fincas tienen algunas edificaciones, pero en su mayoría están ocupadas por siembra de caña de azúcar. 

Estos terrenos le pertenecieron a la familia Velasco Rivas y a Gliter, una de sus sociedades.  El 18 de septiembre por la tarde, Liliana Velasco se negó a dar detalles de la venta de los terrenos. 

Vista panorámica de la zona en la que se ubican los terrenos con cultivos de caña de azúcar de Grupo Bukele en la zona occidental del país.

La historia de Grupo Bukele, la sociedad que reúne a los tres hermanos y a la madre de Nayib, comienza en 2016. Karim, Yusel e Ibrajim Bukele junto con Olga Ortez fundaron la sociedad con un capital inicial de $2,000. En la escritura de constitución establecieron que su principal objetivo sería la “comprar, vender, arrendar, permutar, dar o recibir en arrendamiento, depósito, comodato hipoteca, prenda o en cualquier otra clase de contrato los bienes muebles e inmuebles de la sociedad” y que “podrá desarrollar cualquier otra actividad (…) ya sean industriales, comerciales o de servicios”. 

Desde el 5 de octubre de 2021, la administración quedó en manos de los mellizos Ibrajim y Yusef. Desde entonces, Ibrajim ha entregado poderes a cuatro personas para que puedan representar a la sociedad. Entre ellos está Walter Edgardo Serrano Guevara, uno de los fundadores de Nuevas Ideas, la abogada y notaria de confianza Claudia Beatriz Juárez Galvez, también afiliada al partido oficial, Melvin Josué Bolaños Velasquez y Héctor Manuel Velasquez.

El 20 de octubre de ese año, Global Motors, S. A. de C. V., otra de las empresas de los Bukele, le vendió tres terrenos, ubicados en la Loma Alta, Santa Ana Centro, que suman 3,584.58 metros cuadrados a su sociedad hermana a un precio conjunto de $750,000. Ibrajim Bukele actuó en representación de ambas sociedades. 

Meses después, el 16 de agosto, Grupo Bukele compró otros dos inmuebles más en la urbanización Miramonte, en Santa Ana Centro, a un costo de $370,000. Los inmuebles tienen un área combinada de 539.37 metros cuadrados y también eran propiedad de Global Motors.

Los balances de Grupo Bukele tuvieron otro aumento significativo al año siguiente. Al final de 2022, registró activos por $5,182,211.17. Según los registros de las propiedades, el 24 de marzo de ese año, la sociedad  hipotecó los terrenos ubicados en Loma Alta, Santa Ana, que le compró a Global Motors un año antes a un monto de hasta por $4,339,000 con el Banco Davivienda. 

Nayib Bukele y su esposa, Gabriela, en el arranque de su gobierno inconstitucional, el 1 de junio de 2024.

La casa matriz y un semáforo

En mayo de 2023, el Ministerio de Obras Públicas instaló un semáforo en la intersección de la avenida Jerusalén y la calle La Mascota, en uno de los límites de la ciudad capital, y retiraron la pasarela que atravesaba una de las vías más concurridas de la ciudad. 

En la avenida Jerusalén los semáforos instalados solo cambian a color rojo cuando hay peatones que desean cruzar la calle o al haber vehículos para atravesar desde calle La Mascota”, publicó el Ministerio de Obras Públicas en sus redes sociales el 25 de mayo. El tráfico en una de las avenidas más transitadas del país empeoró.

Muchos de los vehículos que atraviesan esa intersección se dirigen hacia dos propiedades de Prepare, una sociedad dirigida por la pareja presidencial. Las casas fueron compradas el 30 de junio de 2023 a $400,000 cada una. Ese mismo día, Rodriguez hipotecó en nombre de Prepare uno de los inmuebles por un valor conjunto de hasta $960,000 a un plazo de 20 años con el Banco Cuscatlán. Según el registro de propiedad, la primera tiene un área de 1,540 metros cuadrados y la segunda, 1,597.27. 

Esta sociedad fue otra de las que tuvo un crecimiento en sus balances pronunciado. En 2022, registraron poseer $91,921.29 y para el cierre de 2023 ese monto había crecido cerca de diez veces hasta llegar a $1,023,890.23

La dirección del primer inmueble coincide con el domicilio donde la familia Bukele ha registrado 12 de sus sociedades, entre ellas Obermet, Corporación Logística de Servicios, la sociedad que controla las fincas de café, Corporación del Sur, Lagencia, Hifumi, Grupo Altermedia, etc. 

Bukele junto a sus hermanos durante su primera gestión. La legítima.

Las otras 22 propiedades del “centro de poder”

Desde que Nayib Bukele incursionó en la escena política salvadoreña, sus hermanos y primos se convirtieron en asesores cercanos que operaban desde las sombras. Cuando ganó su primer puesto público en 2012, Karim Bukele y los hermanos David y Xavier Zablah formaron parte del equipo de transición junto con figuras históricas del FMLN, el partido de izquierda al que perteneció hasta 2017.

Los hermanos de padre y madre (Karim, Ibrajim y Yusef Bukele) no ostentan ningún cargo público, aunque son piezas clave y emisarios de la Presidencia en asuntos tan sensibles como las negociaciones de fondos de emergencia para la pandemia, viajes diplomáticos y establecimiento de políticas públicas como la Ley Bitcóin.

Según una investigación periodística, el extinto Grupo Especial Antimafia (GEA) de la Fiscalía General de la República llegó a señalarlos como el centro de poder de una estructura criminal enquistada en el Estado en una investigación sobre negociaciones con pandillas, robo y venta de sacos de alimentos y adjudicación irregular de contratos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). 

Luego de que los diputados de Nuevas Ideas sustituyeran inconstitucionalmente al fiscal general Raúl Melara y nombraran a Rodolfo Delgado, las investigaciones del GEA fueron archivadas y los fiscales que trabajaron en ellas salieron exiliados. 

Una persona que trabajó en la FGR y que tuvo conocimiento cercano de esta investigación dijo que “los hermanos del presidente, no tienen cargo oficial y por ende no tienen obligaciones, pero dentro de la estructura de poder tienen la capacidad de influenciar las decisiones de los demás abajo”.

Los hermanos de Nayib,  junto con su madre,  Olga Ortez,  y su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele, han adquirido 16 propiedades valuadas en $1.4 millones, según los registros del CNR, entre septiembre de 2019 y marzo de 2024.

El  3 de septiembre de 2019, Ibrajim Bukele compró un apartamento con dos estacionamientos y dos bodegas en Antiguo Cuscatlán, a un costo conjunto de $166,300. Ibrajim ha recibido fondos públicos para viajar en misiones oficiales para representar al Gobierno de El Salvador, a pesar de que públicamente no tiene ningún cargo público. 

Después de esa adquisición, tardaron dos años en comprar otros inmuebles. El 25 de marzo de  2021, Karim Bukele compró dos terrenos que suman un área de 3,339. 96 metros cuadrados ubicados en Talnique, por un monto de $60,000.

El 24 de febrero de 2022, Yusef compró un apartamento con dos estacionamientos y una bodega en la exclusiva colonia San Benito, por un valor de $442,000.

Cuatro meses después, Ibrajim Bukele compró el inmueble de mayor valor entre sus hermanos. El 27 de julio de 2022, adquirió un terreno de 6,961.58 metros cuadrados en la urbanización Palmira por $431,980.56. 

El 9 de marzo de 2023, la madre de Bukele también compró una propiedad en la colonia Escalón que está valorada en $190,000.

En marzo de 2023, durante el primer gobierno de su marido, la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele también adquirió junto con su familia dos terrenos en la Costa del Sol, La Paz Centro, que suman 1,775.14 y tuvieron un costo de $26,986.12. En mayo de 2024, comerciantes de esta playa fueron desalojados por una orden judicial y agentes policiales y municipales quemaron y destruyeron sus ranchos ubicados a la orilla del mar. 

La Corte Suprema oficialista controla la sección de Probidad, instancia mandatada por ley para vigilar y alertar de indicios de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos.

El silencio de probidad 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial declaró reservada las declaraciones públicas de patrimonio de los funcionarios, incluyendo la del presidente de la República. Expertos señalan un retroceso y que esto viola derechos fundamentales y oculta información que ayuda a fiscalizar el poder. 

Previamente, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia elaboraba una tabla con los datos públicos para entregar la información solicitada, pero desde hace dos años se ampara el argumento de confidencialidad para negar este tipo de solicitudes. Sin embargo, el 25 de julio, UAIP negó la declaración patrimonial de Nayib Bukele bajo tres argumentos. 

En el primero citan la limitante que el tercer inciso del artículo 240 de la Constitución establece con respecto a la reserva y resguardo de las declaraciones juradas de patrimonio. En el segundo, señalan que el artículo 6 de la a Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos dicta que “las declaraciones serán mantenidas en reserva y se clasificarán y guardarán en un archivo especial que al efecto llevará la Corte Suprema de Justicia”. Y, por último, echaron mano del literal f del artículo 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública que señala que “la información confidencial es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido”.

Esta nueva interpretación choca con diferentes resoluciones que el Instituto de Acceso a la Información Pública emitió en 2015 y 2016 que terminaron botando el argumento de reserva en el caso del exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González.  En aquel entonces, la máxima autoridad en la entrega de información señaló que la reserva hace referencia a datos confidenciales contenidas en las declaraciones patrimoniales y ordenó que la entrega de las declaraciones siempre y cuando “se tache u omita la información confidencial del magistrado Rodolfo Ernesto González Bonilla, tales como números de cuentas bancarias, nombre de cónyuge e hijos, domicilios o direcciones de propiedades, y placas de vehículos automotores”, estableció el 23 de julio de 2015.

“Mediante la publicidad de la declaración patrimonial de los funcionarios se fomenta el principio ético de la transparencia, sirve como mecanismo de combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático”, agregó el IAIP. 

Un exmagistrado de la Sala de lo Constitucional que estuvo en el periodo 2009-2018 agregó que la discusión en el pleno de la corte avaló la entrega de la declaración pública del exmagistrado González porque “los ciudadanos tenían derecho a conocer información de interés público”. 

El exmagistrado dijo que la interpretación de la reserva de la que habla el artículo 240 de la Constitución “está referida a datos sensibles y no al patrimonio. El patrimonio debe ser público”. 

“A partir de ahí, con ese criterio, se comenzó a extender a todos los solicitantes la información sobre declaraciones patrimoniales con la instrucción que se tachara aquellos datos sensibles y que se hiciera un formato de versión pública”, dijo el exmagistrado. 

“La negatoria de la información patrimonial impide a los ciudadanos tener claridad sobre el trabajo de los funcionarios públicos y sobre los posibles enriquecimientos injustificados. La interpretación que niega la información es una interpretación restrictiva que da primacía los intereses particulares y es contraria al estándar internacional”, apuntó. 

Eduardo Escobar, Director de Acción Ciudadana, una de las organizaciones de la sociedad civil que investigan la rendición de cuenta del Gobierno salvadoreño, coincidió en que existe un retroceso en el acceso a la información patrimonial de los funcionarios “porque al negar este tipo de información está propiciando la opacidad en la función pública. Le está dando vía libre a los funcionarios para ser arbitrarios en la gestión de la cosa pública sin que la prensa y la ciudadanía se dé cuenta de esa arbitrariedad. Eso está promoviendo la CSJ bajo ese argumento de confidencialidad”.

La organización no gubernamental Ayudando con Amor presenta irregularidades en la declaración jurada de 2022 que presentó ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, en la que afirmó no haber ejecutado proyectos ni generado cifras contables. A pesar de ello, existe un convenio firmado el 20 de junio de 2022 donde se estipula un donativo de 39.5 millones de lempiras por parte del Instituto de la Propiedad (IP). La ONG se niega a aclarar si recibió el donativo en 2022 o en 2023, y  tampoco ha presentado sus estados financieros correspondientes a 2023.  

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

La organización Ayudando con Amor, que, como evidenciamos en una publicación anterior, ha sido utilizada por políticos para elevar su perfil ante el electorado y ha recibido millonarios fondos del Instituto de la Propiedad (IP) y del Congreso Nacional (CN) entre 2022 y 2023, no fue suficientemente precisa ante la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) en su declaración jurada correspondiente a 2022, respecto a los proyectos ejecutados y las donaciones recibidas ese año.

El 17 de julio de 2024, Contracorriente pidió a la Dirrsac los estados financieros de la organización Ayudando con Amor de los años 2021, 2022 y 2023. La institución respondió con dos declaraciones juradas de la ONG correspondientes a los primeros dos años y un memorando de la directora de la Dirrsac, Flor Salgado, en el que se explica que hasta el 22 de julio de 2024 Ayudando con Amor no había presentado los estados financieros de 2023.

En la declaración jurada de 2022, que fue firmada y certificada notarialmente hasta el 7 de diciembre de 2023, es decir, un año después del año declarado, la presidenta de Ayudando con Amor, Claudia Álvarez, afirmó que ese año no se desarrollaron proyectos de ninguna índole y que no se generaron cifras contables para reportar.

«Ayudando con Amor, en el año 2022, se enfocó en estructurar y conformar completamente la estructura organizacional, el plan operativo de actividades y la logística necesaria para el funcionamiento», indicó Álvarez en la declaración jurada, que está certificada por el notario Laureano Carbajal Rivas, actualmente procesado judicialmente por delitos de falsificación de documentos públicos.

Sin embargo, Contracorriente pudo identificar que esta información contiene irregularidades y ambigüedades, ya que Ayudando con Amor firmó el 20 de junio de 2022 un convenio de cooperación técnica con la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP), durante la administración de Darío García como secretario ejecutivo, para la entrega de 3,200 kits de emprendimiento y gastos logísticos como capacitaciones, personal técnico, movilización y entrega de los kits.

Oficinas del Instituto de la Propiedad en el Centro Cívico Gubernamental (CCG). Distrito Central, junio 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Dicho convenio estipulaba una donación de 39.5 millones de lempiras, efectuada por el IP en cuatro desembolsos. La ayuda, que supuestamente se distribuiría en 11 departamentos del país, consistía en kits de emprendimiento que incluían asadores de pollo, estufas, planchas, freidoras y productos de belleza.

Contracorriente consultó a Claudia Álvarez, presidenta de Ayudando con Amor, si la donación se había efectuado en 2022. Vía telefónica, contestó lo siguiente: «No sé de qué me habla; no manejo la información. Ante todo lo sucedido, no puedo hablar por este medio. Podemos hacerlo por la vía legal y con gusto responderemos a las preguntas».

No obstante, el convenio cuenta con la firma de Álvarez y de la entonces coordinadora técnica de la UCP del IP, Cristy Sánchez. El convenio indicaba que un primer desembolso de más de 5.9 millones de lempiras se efectuaría después de la suscripción del convenio y de la entrega del primer producto.

Recorte fotográfico del convenio suscrito entre la UCP del IP y Ayudando con Amor el 20 de junio de 2022, en el cual se consignan las firmas de Cristy Sánchez y Claudia Álvarez. Foto CC

De igual modo, el documento consignaba que el acuerdo tendría vigencia a partir de la fecha de suscripción y que la ejecución del proyecto se llevaría a cabo en un período de seis meses contados desde la fecha del primer desembolso. Sin embargo, Claudia Álvarez se negó a informar a este medio sobre cuándo se efectuó el primer pago o si existió alguna adenda al convenio que justificara retrasos en la entrega del primer producto y, por ende, en la recepción del primer desembolso.

El convenio entre el IP y Ayudando con Amor fue suscrito 16 días después de que se ordenara la liquidación del fideicomiso que sirvió como fuente de financiamiento para el proyecto, y apenas tres días después de que la ONG experimentara un cambio en su junta directiva. El 17 de junio de 2022, Claudia Álvarez y tres personas más habían asumido sus cargos en la junta directiva que continúa en funciones hasta la fecha, según los registros de la Dirrsac.

Leé también: Ayudando con Amor, una ONG para el proselitismo político

Contracorriente intentó obtener una respuesta de la Dirrsac respecto a las irregularidades encontradas en la declaración jurada de Ayudando con Amor. Inicialmente, solicitamos una entrevista con Flor Salgado, directora de la Dirrsac, pero se nos comunicó que estaba de baja médica y que regresaría a sus funciones en octubre.

En su lugar, fuimos atendidos por Nasry Medardo Hernández, quien se negó a informar cuál es el cargo que tiene dentro de la Dirrsac. A pesar de que observó las inconsistencias en las declaraciones juradas de Ayudando con Amor, el funcionario se limitó a afirmar que la institución no puede hacerse responsable de lo que las organizaciones declaran, y nos sugirió pedir explicaciones a la ONG.

«La ley [de Fomento para las ONG] establece que lo contenido en las declaraciones juradas es responsabilidad exclusiva de las ONG y no de la Dirrsac», aseveró. 

Cuando le consultamos acerca de que la Ley Especial de Fomento para las ONG también estipula que el incumplimiento de la presentación de estados financieros conlleva la cancelación de la personalidad jurídica, respondió de forma superficial: «No se imagina la cantidad de ONG que están actualmente con ese problema».

Controversia rodea al convenio entre el IP y Ayudando con Amor

El convenio de cooperación entre el IP y Ayudando con Amor ha sido cuestionado por funcionarios del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, y el secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, por supuestamente haber sido utilizado para entregar los kits sin ningún seguimiento al fomento del emprendimiento, y como estrategia para favorecer al diputado del Congreso Nacional (CN) Jorge Cálix, quien es actual precandidato presidencial por el Partido Liberal y antes lo fue por el oficialista Partido Libre, del que se desligó el 16 de julio de 2024. 

El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención del Instituto de la Propiedad (IP) debido a la falta de registros confiables y violaciones legales en el manejo de más de 18,000 millones de lempiras desde 2015. Se denunciaron irregularidades en la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, entre otras. 

Activistas de Libertad y Refundación afines a Jorge Cálix, antes de regresar al Partido Liberal, se tomaron el Instituto de la Propiedad denunciando una persecución política. Distrito Central, Junio 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Simultáneamente, el Ministerio Público (MP) abrió líneas de investigación en relación a la inadecuada administración de recursos por parte del IP en ese período y presentó un requerimiento fiscal contra su exsecretario ejecutivo Ebal Díaz, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber obtenido en 2022 la nacionalidad nicaragüense, país que prohíbe la extradición de sus ciudadanos. El MP negó a Contracorriente dicho requerimiento fiscal cuando lo solicitó vía información pública. 

En el caso de la gestión de Darío García —cercano a Cálix— como secretario ejecutivo del IP, entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, se habrían mal utilizado 1,000 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Lafise Honduras S.A., que era administrado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y estaba destinado a la modernización del registro vehicular.

A pesar de que el CN derogó el decreto del fideicomiso el 4 de junio de 2022, el IP no reportó los fondos disponibles a la Secretaría de Finanzas. El 13 de junio de 2024, el exsecretario de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció que, para junio de 2022, el monto no reportado superaba los 2,000 millones de lempiras, y que para julio de 2023 se había reducido en cerca de 1,000 millones.

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Cuando el 30 de mayo se dio a conocer que la Fiscalía estaba investigando el inadecuado uso del fideicomiso utilizado para financiar la donación de 39.5 millones de lempiras a Ayudando con Amor, Jorge Cálix, que todavía militaba en el Partido Libre, subió un video a sus redes sociales frente al MP, asegurando que el fiscal general Johel Zelaya y Rixi Moncada, actual precandidata presidencial por el partido de gobierno y recientemente nombrada secretaría de Defensa, estaban llevando a cabo una persecución contra él y sus personas cercanas.

Actualmente, Darío García es coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio del Partido Liberal, que apoya a Jorge Cálix de cara a las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Qué más sabemos de Ayudando con Amor 

En el reportaje Ayudando con Amor, una ONG para el proselitismo político, expusimos los vínculos del primer apoderado legal de esta ONG, Junior Toscano, con los exdiputados Fredy Nájera y Dennys Sánchez. Nájera está sentenciado por una corte federal de Nueva York a 30 años de prisión por narcotráfico, y Sánchez enfrenta actualmente un proceso judicial por el desvío de fondos asignados por el Congreso Nacional (CN) a una ONG.

De igual modo, informamos sobre la relación del diputado Ernesto Lezama, actual vicepresidente alterno VI del CN, con Ayudando con Amor. El congresista ha utilizado la ONG con fines proselitistas mediante la construcción de obras sociales en su departamento, Choluteca, utilizando fondos de las subvenciones que otorga el Congreso sin registros de liquidación o beneficiarios. Entre 2023 y 2024, los montos erogados por subvenciones suman 352 millones de lempiras, adicionales a los 21.9 millones que ese poder del Estado ha donado a ONG en el mismo período.

Interior de un edificio construido en Marcovia, Choluteca por la fundación Ayudando con Amor por la intervención de actores políticos de los zona. Agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Además, revelamos que uno de los actuales directivos de Ayudando con Amor, el vocal Henry Joel Solórzano Chávez, laboró en el Programa de la Red Solidaria, dependiente del Poder Ejecutivo, entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre de 2023. Otro directivo, el tesorero Bairon Josué Berríos Salinas, tiene actualmente un contrato de servicios laborales en la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que plantea dudas sobre posibles conflictos de interés.

La presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala enfrenta el reto de pasar de administrar un sistema político viciado a transformarlo. En el camino, sin embargo, ha completado la primera mitad de su primer año de gobierno sin tener resultados claros y con el cerco de un Ministerio Público que busca erosionar su legitimidad.  

Por Bill Barreto
Crédito: Ilustración: Donají Marcial

“¡Fuera Consuelo, fuera Consuelo!”, gritaba una comitiva gubernamental encabezada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, el pasado 6 de mayo mientras se dirigía a pie desde el Palacio Nacional hacia el Congreso para presentar una iniciativa de ley que permitiría la remoción de Consuelo Porras como fiscal general de la República.

Al día siguiente, los 23 congresistas de Semilla, el partido de Arévalo, entraron al hemiciclo al grito de “¡107 votos!, ¡107 votos!”, el número de diputados para aprobar de urgencia nacional la reforma de la Ley del Ministerio Público. Pero la sesión se cerró con 107 ausentes. Los llamados del jefe del bloque de Semilla, el diputado Samuel Pérez, de “ponerse del lado correcto de la historia” resonaron entre los curules vacíos.

En aquel entonces el gobierno de Arévalo, que había llegado al poder con la promesa de acabar con la corrupción sistemática que sufre el país durante los últimos años, ya había cumplido la simbólica cifra de los 100 días. Esa misma semana la influyente organización comunitaria 48 Cantones señalaba en un comunicado que “la primavera aún no florece”. Según fuentes de Semilla, el mandatario estaba recibiendo críticas internas por su tibieza ante Consuelo Porras.

Karin Herrera y Bernardo Arévalo PIE DE FOTO: El binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron el cargo la madrugada del 15 de enero tras una convulsa sesión parlamentaria de más de ocho horas. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

La fiscal general, electa por el expresidente Jimmy Morales y renovada en el cargo por su sucesor, Alejandro Giammattei, encarna para muchos guatemaltecos el llamado Pacto de Corruptos. El término nació como un hashtag en redes sociales contra el cierre Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); continuó con las protestas de septiembre de 2017 contra la reforma aprobada por el Congreso para modificar el Código Penal para que las condenas que no superen los diez años de prisión fueran conmutables; y ha acabado por designar una alianza nebulosa de políticos, empresarios, operadores de justicia e integrantes de grupos criminales que forman una especie de estado paralelo en Guatemala.

Durante la administración de Porras se han cerrado varios casos de corrupción contra altos cargos investigados, entre ellos una investigación por la trama de Odebrecht protagonizada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y dos investigaciones sobre el candidato presidencial Manuel Baldizón, también incluido en el expediente de la empresa brasileña. El exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala Juan Francisco Sandoval, destituido del cargo, tiene una orden de captura vigente por acciones al frente de la fiscalía. Sandoval, que cuenta con asilo político en Estados Unidos desde septiembre de 2023, fue responsable de investigaciones sobre corrupción en contra de los expresidentes Alfonso Portillo, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Al salir al exilio en 2021,  aseguró que su remoción del MP se produjo cuando comenzó a investigar al expresidente Alejandro Giammattei, el presidente que ratificó a Porras como fiscal general.

El día anterior a la presentación de la iniciativa en el Congreso para remover a Porras, el presidente Arévalo había dicho en cadena nacional que “una minoría corrupta” seguía controlando la política del país. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, dijo el mandatario en la antesala al hemiciclo. Pero la derrota de aquel 7 de mayo en el Congreso, según fuentes gubernamentales, estaba anunciada.

El presidente Arévalo, junto a su gabinete de gobierno, presentó el 6 de mayo la iniciativa de reformar la ley del MP y permitir la destitución de Consuelo Porras.

Los propios diputados que buscaron apoyo de otros bloques reconocen no haber tenido contacto con el partido Vamos, del expresidente Giammattei, la principal fuerza con 39 diputados, y los opositores Valor y Unionista, que suman 12 curules. Sin contacto con 51 de 160 diputados para que la iniciativa pudiera salir adelante debieron contar con 107 de 109 votos disponibles. Además, dos diputados fuera del oficialismo reconocieron, bajo reserva de su identidad, haber recibido presiones que identifican como provenientes de la fiscalía desde ese intento de Semilla de tumbar a Porras.

“El negocio de un familiar, con el que tengo algunas relaciones comerciales, fue allanado. Sé que me querían presionar, le hablé a uno de sus contactos acá (en el Congreso), para decirle que no me iba a dejar  intimidar”, dijo uno de los congresistas.

El otro diputado, de una fuerza minoritaria, indicó que algunos de sus contribuyentes de campaña, cuyos registros de aportes del Tribunal Supremo Electoral se encuentran en poder del MP, comenzaron a ser “sondeados” por la fiscalía como un mensaje para evitar cambiar su lealtad.

El resultado de este primer pulso en el Congreso concluyó a un Ejecutivo sin la capacidad de lograr acuerdos políticos, una bancada oficial con el partido suspendido y aislada. Fuera del hemiciclo, el Ministerio Público, comandado por Porras, aglutinaba a la oposición con un mensaje muy diferente: la victoria electoral de Semilla en 2023 debe ser cuestionada y la presidencia de Arévalo debe caer. 

El presidente del Congreso, Nery Ramos, del minoritario partido Azul rodeado por integrantes de Semilla que apoyaron su elección al Legislativo. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

Tras la cabeza del presidente

“El presidente Arévalo es el principal responsable de fomentar la impunidad”, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, al presentar el 21 de agosto desde la sede central del Ministerio Público la solicitud de retiro de inmunidad contra el mandatario. El nuevo caso, denominado “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago” presentado por el fiscal Curruchiche acusa al presidente de ordenar el pago a contratistas del Ministerio de Comunicaciones mediante un procedimiento que calificó de “irregular”. 

La fiscalía sustenta su acusación en un listado con autorizaciones de pago firmadas por el presidente durante la gestión de la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, destituida el pasado 17 de mayo, según un comunicado de la presidencia, por incumplir “instrucciones del presidente de la República, autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”. El proceso abierto por el MP, que busca equiparar la ejecución de obra pública del gobierno de Arévalo con los casos de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, incluye una llamada grabada por de la Vega al momento de ser destituida.

En dicho audio filtrado en redes sociales y confirmado por el presidente, el mandatario le reclama a de la Vega autorizar pagos, incluyendo 16 operaciones por más de Q100 millones, “en una lista que no está autorizada por mi persona”, dice Arévalo en el audio.   Según explicó el presidente posteriormente en conferencia de prensa, la lista de pagos era elaborada con obras que estaban  supervisadas, con avances físicos y que fueran proyectos sin problemas de corrupción, además de que se evitara repetir pagos a la misma compañía. 

De la Vega negó haber filtrado la conversación o entregado los documentos con las autorizaciones de pagos firmados por el presidente mostrados por el fiscal Curruchiche.

Los pagos corresponden a obras contratadas tanto en el anterior gobierno como en el actual, pero todas pagadas durante esta administración. Entre ellas está la adjudicación a una empresa que participó en la destitución del director general de Caminos, Gilberto Guerra, el pasado julio, señalado de coaccionar a integrantes de una junta de licitación.  

La acusación,  respaldada también con la denuncia de otro integrante de la Lista Engel, como Curruchiche, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, vino a mostrar la vigencia de este pulso encarnado en el presidente Arévalo y Porras.

La fiscal general, Consuelo Porras, rodeada por su equipo de seguridad. Porras ha limitado sus apariciones públicas desde las protestas del Paro Nacional de 2023. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

La denuncia judicial también condujo a la solicitud de juicio político al ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. “No vamos a premiar al mediocre, uno no puede premiar al que se está portando mal manteniéndolo en el cargo”, dijo el 11 de julio en el Congreso Allan Rodríguez, diputado del partido Vamos y presidente del Legislativo durante dos años del gobierno de Giammattei, sancionado por la Ley Magnitsky de Estados Unidos por un supuesto uso de “la autoridad para otorgar subvenciones o sobornos financieros”. 

La ofensiva judicial contra la administración de Arévalo llegaba así al mismo Congreso que había tumbado su iniciativa para remover a Porras.

Los recursos del Estado

“El escenario en el que navegamos es el más complejo que preveíamos. No somos oposición, ni utilizamos el desgaste, ni tenemos instrumentos del poder Legislativo”, dice Samuel Pérez, jefe de bloque del partido Semilla (suspendido por el Tribunal Supremo Electoral tras una investigación del MP). Pérez, uno de los protagonistas del intento de remoción de Porras, señala que su estrategia inicial de gobierno contemplaba encabezar la Junta Directiva del Congreso y poder impulsar desde el Ejecutivo un proceso de reformas  para “cambiar de régimen, cambiar la forma en que se ejerce el poder para que ya no sea bajo términos de corrupción impunidad”.

El jefe de bloque de Semilla, Samuel Pérez (derecha) junto al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos asistiendo a una reunión en el Congreso de la República. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

Pero una vez que esa estrategia fracasó, el congreso se ha convertido en un escenario de enorme desgaste para el Ejecutivo con  las solicitudes de interpelación contra el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado; el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez.

Detrás del pulso representado por el Ejecutivo y el MP, lo que se encuentra en juego en Guatemala es el control de los recursos del Estado en un país que ocupa el puesto 150 de 184 calificados, según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional de 2023.

“El declive que registra Guatemala (23 puntos sobre 100) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas. El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción”, destacaba el informe de IPC.

Desde su despacho en Casa Presidencial, Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social y excomisionado presidencial contra la corrupción, señala que hay 104 denuncias presentadas por su oficina en materia de infraestructura, contratos públicos, compra de insumos, contrataciones y un largo etcétera, que han presentado ante el MP, sin obtener resultados. Palomo identifica a la administración de Porras en el MP como: “la trinchera de la impunidad, del crimen organizado”.

El discurso de la lucha contra la corrupción le permitió al partido Semilla pasar a segunda vuelta electoral por la presidencia, sumar 23 escaños del Congreso y finalmente obtener la presidencia. Pero en contraparte para ganar la simpatía de los congresistas corren el riesgo de recaer en prácticas de clientelismo político que desacrediten su imagen. Luego de un primer semestre de gobierno el presidente Bernardo Arévalo aún no puede mostrar algún éxito político que vaya más allá de acciones administrativas. Las decisiones que exceden el ámbito presidencial y que depende de las cortes de justicia o del Congreso le son esquivas.

“Yo no he visto un solo puente de diálogo”, dice el jefe del bloque del Partido Valor, Elmer Palencia, secretario de organización del partido que postuló a Zury Ríos a la presidencia en 2023. “Con el gobierno o la exbancada oficial de Semilla no hay diálogo, solo nos dicen esto es lo que queremos y si no estás de acuerdo, sos corrupto”.

El 13 de agosto, después del desgaste enfrentado por el Ejecutivo en el primer semestre del año, una necesidad apremiante ofreció una oportunidad de apoyo del congreso: la desfinanciación del Estado. 

A finales de 2023 las propuestas de reformas del gobierno recién electo al presupuesto de 2024 fueron rechazadas por el Congreso, por lo que quedó vigente el presupuesto del ejercicio anterior. Eso dejaba a la administración con un agujero de Q14, 151 millones (alrededor de US$1,830 millones) para este año en el funcionamiento del gobierno. Con el paso de los meses los reclamos de alcaldes llegaron a los diputados distritales, ante el riesgo de retrasos en ejecución de obras y atención de servicios.

El diputado Allan Rodríguez, integrante del partido Vamos, y uno de los más beligerantes voceros de la oposición descendiendo frente al Palacio Nacional. Foto: Edwin Bercián/No-Ficción.

El Ejecutivo consiguió con 114 votos la aprobación de la ampliación del presupuesto. Entre los incrementos se incluían Q1,675 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo que gestionan proyectos de obra pública en todo el país,  y Q1,676.6 millones para las municipalidades.

El antecedente de ese apoyo no pasó desapercibido para la fiscalía. La ampliación fue suspendida mediante un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucional por pedido de integrantes del partido Vamos, de la diputada Sandra Jovel, del partido Valor y ex canciller del presidente Morales; y nuevamente de la FCT. Pero el 27 de agosto, de nuevo con 114 votos del Congreso, se eludió el veto que había otorgado la CC y la ampliación presupuestaria fue acordada.

Es en este punto que fuentes políticas del Ejecutivo y Legislativo señalan la estrategia que sigue el gobierno para propiciar la salida de Porras, una acción en dos movimientos: primero buscar que se mantengan acuerdos más extensos en el Congreso como el que les brindó la ampliación presupuestaria y se sostengan para permitir la reforma de la Ley del Ministerio Público; segundo en paralelo apoyar que el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, les brinde apoyos en la cortes para mermar el poder del MP de iniciar procesos con motivos políticos.

De momento los apoyos en el Congreso lograron ser sostenidos y con una nueva iniciativa de ampliación presupuestaria, aprobada el 27 de agosto con 114 votos, se eludió el veto que había otorgado la CC.

El presidente Arévalo aprovechó la sesión solemne en el Congreso del 12 de septiembre en conmemoración de la Independencia para reconocer el respaldo de los congresistas en la ampliación presupuestario y realizó un llamado por la elección de las cortes:  “Diputados y diputadas, debemos mantener esa sintonía, pues se anticipan retos importantes para la justicia de Guatemala, la justicia vale la pena, la democracia vale la pena”.

El poder judicial y el rumbo de la democracia

El 26 de agosto, un día antes de la votación definitiva sobre la ampliación de los presupuestos, los jefes de bloque de las bancadas fueron invitados a una reunión en el MP, según la comunicación oficial de la institución “para abordar el delito de usura” y posibles reformas legales. A la cita no acudieron los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, apoyada para su integración por el bloque de Semilla. Fuentes que participaron de la reunión aseguran que esta también sirvió a los asesores de la fiscal general para medir cuánto respaldo tiene en el Congreso para evitar una reforma legal que permita al presidente Arévalo destituirla.

En este contexto se producirá la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. En este proceso de elección de Cortes 11 aspirantes a cargos de magistratura, algunos de ellos provenientes del MP como el fiscal Curruchiche, han sido incluidos en la Lista Engel como actores antidemocráticos que propician la corrupción. Fuentes diplomáticas, señalan que un proceso transparente y sin intervenciones es clave para la continuidad democrática.

Para el gobierno Arévalo, según fuentes de Semilla, puede marcar el futuro de su mandato. Ahora mismo el gobierno cuenta con que sus acciones desde el Ejecutivo estarán bajo el riesgo de judicialización en el MP, pero unas cortes menos plegadas a la fiscal general le restarían poder de acción. Arévalo enfrenta otro momento clave en su pulso con Porras.  

Texto:  Fernando Destephen y Fernando Silva
Fotografías: Fernando Destephen

«Buenas tardes, Juan López», saludó el sacerdote Carlos Orellana al iniciar la misa de cuerpo presente en la catedral de Tocoa, Colón. «Buenas tardes, Juan López», repitió, y todos en la iglesia respondieron a coro alrededor del ataúd. A Juan López lo asesinaron el 14 de septiembre; salía de la iglesia cuando un sicario se acercó a su vehículo y disparó.

Juan fue criminalizado en 2019 por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal. Él, junto a más de 30 ambientalistas, fueron procesados y encarcelados por oponerse a la instalación de una mina de la empresa Inversiones Los Pinares que estaba contaminando el río Guapinol y el río San Pedro, principal fuente de agua de varias comunidades en Tocoa.

En las últimas semanas, Juan había denunciado nuevos procesos de criminalización en contra de él y sus compañeros defensores del ambiente.

«Sabías muy bien que el sistema extractivista y minero es un sistema que mata y destruye a todo el mundo, junto con la corrupción de los falsos políticos y los narcogobiernos. Pero sobre todo, entendiste que la lucha por la vida de los pueblos no termina jamás», fueron las palabras del obispo de Trujillo, Jenry Ruiz.

El padre Ismael Moreno, reconocido líder eclesiastico y social en Honduras, en su intervención en la misa dijo: «El asesinato de nuestro hermano Juan López, desde su plena y absoluta identidad inicial, fue un asesinato político», y agregó que lo que buscan con este crimen es infundir miedo en la comunidad y en la lucha por la defensa de los territorios.

López desde 2023 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas que debía garantizar el Estado, pero nunca se cumplieron.

«¿Qué queremos en el Aguán? ¡Justicia para Juan!», se oía dentro de la iglesia, consigna que exige una verdadera justicia, una investigación seria y que los autores tanto materiales como intelectuales no queden en las sombras de la impunidad.

El martes 17 de septiembre, el director de Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Godoy, dijo que la investigación está avanzada, pero que «existe una profunda preocupación por una mayor incidencia que se pueda dar en el sector, porque están muy caldeados los ánimos». La lógica de la fuerza de seguridad es asegurar que no pase nada, cuando ya ocurrió.

Momento de la siembra de Juan López en el cementerio de Tocoa. Cientos de personas, entre amigos, familiares y compañeros de lucha, acompañaron a Juan hasta su lugar de descanso. Tocoa, Colón, septiembre de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Juan solía escribir textos de reflexión sobre lo que ocurría en nuestro país y los enviaba por Whatsapp. El último que escribió y compartió fue del 14 de septiembre, en el cual se refirió a la independencia de la «patria rota», haciendo un análisis histórico de todas las industrias que han abusado de la tierra en Honduras, desde las compañías bananeras hasta las minas.

Juan era regidor de la alcaldía de Tocoa, Colón, una tarea nada fácil y muy hostil. Enfrentaba al lobo en su madriguera, por lo que sus palabras y acciones incomodaron, y su gestión en favor de los bienes comunes ofendió al poder político y criminal en esa zona. 

«Admito que la lógica de Adán Fúnez y su equipo cercano es incompatible con los principios que rigen mi orientación política», escribió el 14 de septiembre, horas antes de ser asesinado, y condenó que «ser pueblo es el mayor delito ante quienes se obstinan en dominar y explotar».

Juan fue sembrado la noche del 16 de septiembre. Algunas de las nubes que ocultaban la luna llena quedaron amarradas a las montañas que Juan cuidaba, como una despedida de la naturaleza, que perdió un defensor, pero conserva su legado.

«Este es un crimen político, y esperamos que la policía y la fiscalía investiguen quienes son los responsables de la muerte de Juan», dijo el diputado de Libre Juan Barahona, quien acompañó la caminata desde la funeraria hasta la iglesia, y agregó que «el Estado tiene medios de cómo investigar esta muerte para que el pueblo sepa quienes son los asesinos». Lo que no dice Barahona es que su partido tiene el poder sobre las instituciones del Estado, y en lugar de «esperar la justicia» debe ejecutarla.

Tras el anuncio de que el «equipo multidisciplinario» creado y propuesto por la Secretaría de Seguridad para investigar el crimen sería integrado por la Fiscalía de Tocoa y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, al que pertenecía Juan, emitió un comunicado en el que manifiestan que no confían en la capacidad de estas instancias de investigar de forma objetiva e independiente lo que calificaron como «crimen político».

Además, en una conferencia de prensa del 18 de septiembre, el Comité exigió la protección inmediata de los defensores y sus familias, así como la cancelación definitiva del megaproyecto de Grupo Emco, al que pertenecen la mina de la empresa Los Pinares, y la planta peletizadora de la empresa Ecotek. También han pedido la sanción inmediata de «funcionarios públicos que, por acción u omisión, han permitido la escalada de violencia y criminalización en el municipio de Tocoa».

Por: Teddy Baca
Portada: Persy Cabrera

Estamos en el mes de la visibilidad bisexual, que se conmemora el 23 de septiembre, Generalmente, esta sexualidad pasa debajo del radar social, o es negada a propósito para conveniencias de la heteronorma.

En los últimos veinte años hemos podido ver cómo existe representación de la bisexualidad en mujeres, sea positiva o negativa, pero todavía existen ciertos desafíos en el caso de los hombres; he ahí la razón de este artículo.

¿Por qué hablar de bisexualidades? Porque a diferencia de las monosexualidades, como la heterosexualidad o la homosexualidad, la bisexualidad opera en diferentes grados y a menudo esto genera una confusión semántica, es decir, genera ruido en los conceptos que se manejan hoy día. La bisexualidad va más allá de solo que te atraigan hombres y mujeres, sino que más bien es como un paraguas o un espectro, como explico en mi libro El continuum masculino.

Existen bisexualidades en las que una persona puede sentirse atraídas por mujeres y hombres; otras donde también existe atracción hacia personas de otros géneros disidentes, bisexualidades en la que existen bifurcaciones con cierta predilección por un género por sobre otros, o sin preferencia alguna.

También es cierto que muchas personas que durante mucho tiempo se consideraron heterosexuales u homosexuales han descubierto o desarrollado orientaciones bisexuales, así como que otras se reconocen desde edades muy tempranas. También hay algunas personas que tienden a ocultar su homosexualidad diciendo que son bisexuales para evitar pasar por un duelo, porque la sociedad les exige conformar una familia «tradicional» (con esposa e hijos), o que se autoconvencen de tener interés hacia personas del sexo opuesto por el dolor que representaría no cumplir presiones heteronormativas. Lo cierto es que la bisexualidad existe, también en hombres, y es más común de lo que quieren creer la mayoría de las personas.

Los hombres bisexuales parecen tener desafíos importantes que no son tan frecuentes en las mujeres bisexuales hoy en día, como tener una pareja heterosexual que los juzgue por su atracción, o experiencias con el mismo sexo. Se presionan a sí mismos para mantener ocultas sus relaciones homosexuales con una fachada heterosexual, lo que además de perjudicar su salud mental puede ocasionar problemas en estas relaciones, si hay de por medio el interés de la pareja en formalizar o tener vida pública juntos. Sienten pánico de ser rechazados por  los varones heterosexuales homofóbicos, o inclusive por amistades gays y lesbianas que desconfían de sus intenciones; incluso sufrir el rechazo de mujeres que también son bisexuales.

Estos tabúes repercuten de forma inmensa en cómo la sociedad percibe a los hombres bisexuales y a su vez, su salud mental. Aunque en los últimos cinco años han existido guiños amigables a este sector poblacional desde la televisión, la literatura o el cine (por ejemplo, los personajes de Buck, de la serie 911, Nick, de la novela gráfica Heartstopper, o películas como Plan B, de Marco Berger), todavía existen muchos desafíos y necesidad de más representación.

Y es que la cuestión es que convivimos con la bisexualidad en los hombres, pero poco o nada la sociedad está dispuesta a aceptarla socialmente. ¿Han escuchado historias de hombres con fachada de mujeriegos de los que se rumorea tener un amante masculino? ¿Conocen historias en las que a un hombre lo hayan descubierto siendo infiel a su pareja mujer, con otro hombre? ¿Han escuchado de  dos o más hombres que, pese a tener novia, han tenido encuentros para masturbarse en grupo, o continuamente hacen bromas sugestivamente sexuales entre sí?

Convivimos con mucho homoerotismo reprimido, sin mencionar las fantasías o deseos homosexuales que reprimen muchos varones autoidentificados como heterosexuales, o los encuentros planificados en aplicaciones para «citas» en los que el común denominador es ser «full discreto». Por supuesto que estos ejemplos tienen en común considerar la conducta bisexual como algo moralmente cuestionable, o reducirla a una práctica sexual clandestina.

No solo se trata de que los hombres hayan mantenido su identidad sexual oculta o en una mentira, para disfrutar de su sexualidad clandestinamente y no perder los privilegios heteronormados ‒lo que genera una visión distorsionada y poco empática de lo que pasa en la mayoría de casos‒, sino también de lo que la sociedad impone constantemente a los hombres. Desde la familia, la religión y los grupos de amistades, se ha naturalizado la mentira de que los «verdaderos hombres» solo se relacionan con mujeres. Esta mentira todavía la siguen asumiendo muchos hombres; así lo evidencia la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (IMAGES) de Chile del 2015, en donde la mayoría de hombres y mujeres opinaron de esa forma.

Esta presión afecta desproporcionadamente a los hombres aquilianos, como se denomina a todas las orientaciones en las que un hombre se siente atraído por otros hombres. Los que deciden valientemente vivir su sexualidad, además, pueden sufrir recriminaciones de otros que la mantienen oculta o reprimida e intentan evadir el rechazo social, terminando en un callejón casi sin salida, por lo que se mantienen en el anonimato.

Y digo «casi» porque siempre hay una salida, pero abrirla es algo que toma tiempo, esfuerzo y energía, y algunos ni siquiera logran alcanzarla por preservar una imagen aceptada por otros, lo que produce una fuerte desconexión social y desgaste emocional. Ciertamente no he conocido a la fecha ningún estudio en donde vivir en el clóset toda tu vida favorezca a la salud mental, parece ser todo lo contrario, según lo que sabemos de lo que implica reconocerse como LGTBIQ+ en un mundo cisheternormado.

En este mes debemos recordar con orgullo a esos hombres bisexuales que se esfuerzan o se esforzaron en visibilizar estos temas, como Pablo Perroni, Leonard Bernstein, Savin Williams, Svante Pääbo, David Bowie, entre otros.

A fin de cuentas, cada quien debería poder amar a quien quiera, pero hacer sentir a las personas que para obtener aceptación y felicidad deben «elegir» tener una pareja del sexo opuesto, lejos de apelar a la autonomía, denota pura presión social o una vida sexoafectiva construida con base a estigmas internalizados; es algo que no debería caber en el imaginario de estos días.

Por: Jennifer Avila

A Juan López lo asesinaron la noche del 14 de septiembre después de un evento religioso que la Iglesia católica llama «Celebración de la palabra». Juan era un delegado de esa Iglesia y acababa de «celebrar la palabra» cuando un sicario le arrebató la vida. Pero Juan realmente celebraba la palabra todos los días, y no solo en la iglesia. Él era un reconocido líder ambientalista y también dirigente político en el Partido Libertad y Refundación (Libre), por el cual resultó electo regidor de la alcaldía de Tocoa, en el departamento de Colón, en donde siempre señaló la corrupción y los vínculos entre el crimen organizado y los caciques políticos, incluso los de su propio partido.

Quienes mataron a Juan querían callarlo, pero sepan una cosa: ya es muy tarde, la voz de Juan está por todos lados.

La última vez que hablé con Juan me contó que estaba muy esperanzado por una reciente promesa que les había hecho el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, de que pronto se librarían requerimientos fiscales en contra de los empresarios a los que Juan más se enfrentó en los últimos años: Lenir Pérez y Ana Facussé, los dueños de Grupo Emco, un emporio centroamericano aliado con una transnacional estadounidense, dueños de un proyecto extractivista que Juan llamaba «un megaproyecto minero», que comprendía dos concesiones de explotación minera, una planta procesadora de acero y una planta de energía a base de petcoke. Todo altamente contaminante y sobre todo altamente conflictivo en una zona donde el tejido social ya estaba fracturado tras décadas de explotación de los recursos.

Por supuesto, los requerimientos fiscales no llegaron antes de que Juan fuera asesinado. Ahora le toca al fiscal general investigar y darle justicia a Juan, su familia y su pueblo. 

Cuando supe la noticia de que Juan había sido acribillado no podía creerlo. Juan era una persona muy reconocida. Es cierto que ya había recibido muchas amenazas, y, debido a ello, se le habían otorgado medidas de protección que nunca se cumplieron. Incluso tuvo que desplazarse temporalmente, fue criminalizado y encarcelado injustamente, perdió compañeros de lucha a manos de sicarios y vivió muchas pesadillas por su compromiso de defender las comunidades en la zona protegida donde se instaló el megaproyecto minero en Tocoa, al norte de Honduras. A pesar de todo, su asesinato fue una noticia inesperada.

Muchas veces le pregunté a Juan por qué no se iba del Aguán, y siempre me decía que sufría cuando no estaba en su pueblo. Decía que, incluso cuando tenía que salir temporalmente por seguridad,  se la pasaba muy mal, incluso si iba a un pueblo similar.  Juan tenía un amor enorme por su pueblo, por su comunidad.

Decidí escribir estas líneas desde el dolor que me produce contar las historias de violencia de mi país, porque me duele pensar que perdí una persona que confiaba en mí como para regalarme su palabra de denuncia y su conocimiento, y porque me duele siempre estar escribiendo sobre el país que amo, desde las sombras más profundas que generan la violencia, la desigualdad y la impunidad.

Escribo, sobre todo, porque creo, pienso y siento que a Juan no lo han podido callar sus asesinos. En muchas historias que contamos del Valle del Aguán está su voz, su análisis, su denuncia, en sus escritos que al menos cada semana mandaba a todos sus contactos por Whatsapp, en los que de manera incluso poética escribía lo que estaba analizando en ese momento. 

Siempre me preguntaba al leerlo cómo hacía Juan para estar tan enamorado, enamorado de la vida, de su lucha, de su comunidad, de sus compromisos. ¿Cómo le hacía Juan para soñar y para enseñarnos que hay que tener esperanza?

En este momento, sigo sin poder imaginarme yendo al Aguán sin llamar a Juan para pedirle que me explique lo que está pasando, o que me cuente a profundidad las denuncias que ha decidido hacer, o que me acompañe donde sus otros compañeros para escucharles, o que me diga dónde ir a comer.

Ahora que Juan ha sido asesinado, lo van a escuchar más personas. Su palabra se va a regar, y ojalá llegue a los insensatos que lo quieren usar para justificar sus negligencias e incoherencias: los de su partido, los de su gobierno, los de su pueblo, los de su país. Espero que las palabras de Juan llenen muchas páginas de ahora en adelante y, sobre todo, que traigan un poco de justicia a la historia de mi país.

Iris Alas se convirtió en activista por los derechos digitales después de ser víctima de violencia y acoso digital. Ahora, desde la organización Laboratorio Ciudadano, sigue los pasos de Olimpia Coral, la activista mexicana que impulsó reformas legales que llevan su nombre en México y Argentina. Alas busca que en Honduras también se logre una legislación más clara y efectiva para proteger a niñas y mujeres de la violencia digital.

Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté

La historia de Iris se parece mucho a la Olimpia Coral, se trata de reivindicación, de reclamar su nombre y su cuerpo ante la violencia digital. Pero al igual que Olimpia, no comenzó sintiéndose así. 

En 2021, Iris Alas recibió un mensaje de un compañero de clases, que le avisaba que sus fotografías íntimas estaban en un grupo de Telegram llamado «Catranuds» en donde había miles de suscriptores.

Iris podía imaginarlo todo: los ojos, las manos sobre las pantallas, el almacenaje en miles de celulares: era como si cuerpo estuviera fuera de su alcance. Se encerró, no sabía a dónde podía ir, con quienes hablar; le aterraba ir de nuevo a la universidad porque temía que se le acercaran porque había visto sus imágenes: «es como que fuera una violación pública, esa sensación de paranoia, de sentir que todo el mundo sabe cómo se ve uno desnudo», relata Iris.

Aunque primero pensó que su expareja había filtrado el contenido, tras investigar se dio cuenta que su correo y varias cuentas de redes sociales habían sido hackeadas cuando había aplicado a un trabajo; de ahí provenían las imágenes que se estaban difundiendo sin su consentimiento. 

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Así que Iris fue a denunciar. En la policía le dijeron que no podían actuar si no sabían quién estaba detrás y que tampoco era realmente un delito, pero Iris había leído el Código Penal y sabía que el artículo 272 protegía la divulgación de secretos. Cuando lo explicó en la estación policial, aceptaron recibir la denuncia. 

Iris, quien ya tenía un historial de activismo por los derechos humanos, decidió buscar otras opciones para presionar por justicia, y así se integró a la organización Laboratorio Ciudadano, una plataforma por los derechos digitales en Honduras. Ahora desde ahí documenta y acompaña casos de otras mujeres, y también ha organizado grupos que buscan lograr reformas en la legislación hondureña para que se reconozca a la violencia digital como un delito con penas específicas. 

¿Qué implica una «Ley Olimpia» en Honduras?

Olimpia Coral, una activista mexicana, hace 10 años vivió la misma historia de Iris; su expareja difundió un video sexual y al menos 80 mil personas lo vieron. Más de la mitad de las personas vivían en su estado, en Puebla.

«Obviamente una ya lo cuenta de una manera diferente y con muchísimas otras expresiones, pero en ese momento fue algo muy difícil. El que el que tomen sin tu consentimiento, que produzcan sin consentimiento, que en una relación de confianza, tal vez de amor de relación, se haya grabado este vídeo dentro del sexting y que se haya hecho viral en redes sociales», relata Olimpia. 

Olimpia cuenta que, en su momento, también le dijeron que no existía un delito y en la policía la revictimizaron. Pero, tal como lo hizo Iris años después, Olimpia decidió organizarse y comenzó a recopilar testimonios. «Decidí hacerme también responsable de ser víctima y decir: somos víctimas de una violencia que todavía no tiene nombre, pero hay que ponerle un nombre y hay que luchar, despojarnos nosotras del miedo a nuestro cuerpo desnudo», cuenta Olimpia.

Así, en 2014 presentó una propuesta de ley en Puebla para sancionar este delito, pero fue hasta en 2018 que consiguió que ese estado reconociera la violencia digital como un delito. Al conjunto de reformas legales que sanciona con penas de hasta seis años de prisión a quienes elaboran o difunden material íntimo sin consentimiento se le conoce como «Ley Olimpia». Hoy, los 31 estados de México se han adscrito a las reformas. 

Según explica Olimpia, lo primero que hace la ley que lleva su nombre es reconocer violencias como ciberacoso o de violencia digital. Fue con esas reformas que encontró un poco de justicia. «Buscas mi nombre en internet y yo ya no soy la puta, la zorra, la que se dejó grabar, la que ofendían y señalaban. A mí me dio justicia, una forma de lucha, ¿no? Ahora soy Olimpia, la de la Ley Olimpia», dice. Comparte también que forma parte de la colectiva Defensoras Digitales de América Latina, que trabaja para impulsar las mismas reformas de México en toda la región, ya que la violencia digital afecta de manera diferenciada a las mujeres latinas. 

Para Olimpia, es importante resaltar que las reformas legales no son todo lo que se debe hacer para combatir la ciberviolencia, sino que también debe haber campañas de prevención en todos los espacios, y que las plataformas digitales, por su parte,  asuman la responsabilidad de bajar o bloquear directamente el contenido no consentido.

Agrega que, por eso, aún continúa en la lucha contra los «algoritmos machistas», pues muchos solo actúan de acuerdo a si un país tiene una legislación. «No creo que exista todavía una reparación real del daño hacia las víctimas que hemos vivido este tipo de violencia, o sea es imposible que una ley lo pueda poner y ya automáticamente tengamos justicia (…) tampoco ya no nos duele, de nada serviría meter a nuestro agresor a la cárcel, si de todas maneras ese video se sigue difundiendo», dice Olimpia, y explica que en plataformas como Google modificaron sus políticas después de la aprobación de la Ley Olimpia. 

Para ella es fundamental que Honduras siga estos pasos. En una revisión rápida, Olimpia identificó que solo en uno de los más de dos millones de mercados de explotación sexual digital que existen en toda América Latina, donde se distribuyen videos sin consentimiento de las personas, encontró 6,146 videos de hondureñas, 

«que van desde cámaras escondidas en baños públicos, de poner celulares por debajo de la falda, que son videograbadas en la calle sin que se den cuenta o bajando escaleras, hasta tener fotografías, videos tomados sin consentimiento o grabados con consentimiento, pero difundidos sin el mismo», explica Olimpia. 

En Honduras es difícil conocer cuántos delitos de violencia digital ocurren porque no existe el delito como tal. Aunque no todos los reportes que recibe la Policía Nacional tratan de violencia basada en género, desde 2020, la unidad de delitos cibernéticos de la Policía Nacional recibió 1,422 denuncias, de las cuales el 85 % se presentaron entre 2023 y 2024. 

Solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional son remitidas como investigaciones a la fiscalía hondureña para que proceda. 

De igual forma, en la fiscalía hondureña, aunque no se sabe cuántos delitos están vinculados con la difusión de contenido sexual no consentido, la mayoría de personas que denuncian delitos cibernéticos son mujeres.

«Siento que la mayor parte, o el más grande problema que hay en Honduras en cuanto al avance de este tipo de leyes, es justamente el desconocimiento», analiza Iris, pues en muchas ocasiones la policía no lo considera un delito, aunque algunos artículos de las legislaciones pueden usarse para actuar. «Muchas veces ellos no saben que también pueden inferir o promover leyes desde sus unidades policiacas», agrega. 

Cuando Iris denunció su caso, también encontró otro problema estructural: no todos los agentes de la policía tienen una formación con perspectiva de género que sea acorde para recibir e investigar este tipo de delitos. El agente que recibió la denuncia de Iris, le pidió las fotografías filtradas de ella como parte de las pruebas del caso. Aunque Iris temió dárselas, confió en que eran necesarias para el proceso, pero cuando el agente las recibió, comenzó a acosarla sexualmente.

Iris puso una denuncia por hostigamiento sexual en el Ministerio Público y actualmente está en espera de ir a juicio oral y público por este caso. Esa no es la única historia de Iris. En 2023 también sufrió acoso sexual por parte de un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y siguió todo el proceso, pero el docente no fue despedido, sino solamente sancionado con ocho días sin goce de sueldo. En Contracorriente contamos esa historia, protegiendo la identidad de Iris porque en su momento así lo requería para no interferir en el proceso legal. 

Iris aún no sabe si el acoso sexual del docente estaba relacionado con la difusión de sus imágenes en los grupos de Telegram. «Uno no sabe al final si esta persona me acosó sexualmente porque vio mis imágenes o me está acosando sexualmente porque vivimos un país extremadamente violento», dice, y cuenta que muchos casos que ha acompañado, el acoso sexual excesivo por redes sociales provoca que las mujeres cierren sus redes, huyan del país o traten de bloquear que ocurrió, lo que puede tener consecuencias psicologicas. 

Iris dice que, en su experiencia, lo que la ha salvado para sobrevivir estas historias de violencia son las redes de mujeres, como la que ahora tiene ella para apoyar a las que sufren ciberviolencia. «Esa red de apoyo que uno tiene es lo que lo termina salvando, porque yo he estado como en esa parte de la respuesta a la crisis, y he visto mujeres adultas, ya de unos 30 a 35 años, con hijos incluso, diciéndome que se quieren morir por toda esa situación, porque es algo abrumante», cuenta Iris. 

Al igual que Iris, Olimpia señala que la organización es clave para conseguir reformas como la ley que ella promovió en México, a la que considera un movimiento también político. Finaliza con un mensaje para las mujeres que han pasado o pasan por una situación similar a la suya o la de Iris: «No es tu culpa, tu cuerpo desnudo no es un crimen. Nos van a hacer creer de todo: que se va a acabar nuestra escuela, nuestro trabajo, nos van a hacer incluso tener miedo nuestra propia desnudez, nos van a hacer odiarnos (…) pero todo eso es instalado en el miedo de tu cuerpo desnudo, que un agresor se lo acaba de inventar para hacernos creer que nosotras somos las realizadoras de nuestra violencia, y no él como un sujeto activo de este tipo de violencia».  

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, el 1 de octubre, y la  candidatura de Kamala Harris, en EUA, impulsa aún más el discurso de la representación de las mujeres en espacios donde se toman decisiones que nos afectan respecto a políticas cruciales, principalmente en temas como migración, seguridad, la justicia reproductiva y la violencia de género. Pero, ¿es suficiente con que sean mujeres ocupando esos espacios?

por Chantal Flores

Después de 200 años, México tiene una mujer presidenta. Y el país arriba de nosotros también podría tener la suya a partir de enero 2025. Esto, como se ha venido viendo desde hace tiempo, impulsa aún más el discurso de la representación de las mujeres en distintos espacios, especialmente en aquellos donde se toman las decisiones que nos afectan. Ver a otras mujeres en lugares donde rara vez —o nunca— se les veía, se equipara con que el resto (las que no hemos llegado ahí) tengamos la posibilidad de creer que también podemos llegar ahí. O que al menos, sobre todo en el caso de un cargo político, nuestras posibilidades y oportunidades se ampliarán. Pero, realmente, si ellas pudieron, ¿el resto también podrá?

La representación es principalmente un espejo para ver. Vernos tú, yo, un grupo de personas, una comunidad entera ahí. Llámese pantalla de televisión, mesa directiva, podio olímpico, o la mismísima silla presidencial. Pero, ¿qué sucede cuando no podemos vernos en aquello que supuestamente nos representa? ¿Qué ocurre cuando esa representación que nos venden sólo está basada en una amplia categoría que nos aglomera, pero no nos permite diseccionarnos por miedo a que se caiga aquello que nos han hecho creer que significa ser mujer –con todo y su amplitud y matices– por décadas y décadas? ¿A quién(es) sacrificamos por llegar ahí?

Hay un camino recorrido, claro. Se ha avanzado en la participación y representación política de las mujeres. En México, especialmente desde la reforma constitucional de 2019 “Paridad en todo”, que establece que las mujeres ocupen el 50 % de los cargos en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, a nivel municipal, la violencia política contra las mujeres sigue siendo un obstáculo que limita su acceso y permanencia en estos puestos. Teresa Reyes Loza, candidata a la presidencia municipal de Santo Tomás de los Plátanos en el centro del país, renunció a la candidatura por falta de seguridad hacia ella y su familia. En Nuevo León, Linda Padilla se bajó de la contienda por la alcaldía del municipio de Guadalupe después de que su camioneta fuera baleada durante un recorrido.

 

Por otro lado, recordemos que ocupar un cargo político no garantiza automáticamente la aprobación de políticas en beneficio de las mujeres. Un ejemplo de esto son las diputadas del estado norteño de Nuevo Léon, quienes en 2019 dieron la mitad de los 30 votos con los que se aprobó la penalización del aborto.

La representación va más allá de ocupar espacios. Una vez que se toma el puesto, y claro en el camino a este, hay que atreverse a ver y escuchar a quienes se representa. Y es aquí donde se continúa dejando atrás a las mujeres históricamente marginalizadas.

Una podría creer que por sentido común —si es que todavía queda algo en este mundo actual—una presidenta tiene que llevar una agenda con perspectiva de género. Pero considerando la amplia gama de las problemáticas que enfrentan las mujeres en México y la región, y las brechas que aún permanecen, o incluso se siguen ensanchando, ¿qué tanto tiene que incluir esta agenda para poder afirmar que esa presidenta sí nos representa? ¿A cuántas mujeres migrantes, indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y de género, se tiene que incluir en esa agenda para que no quede en un vil tokenismo?

Cuando ganó Claudia Sheinbaum en México, una parte de América Latina celebró su triunfo no sólo por ser mujer, ya que su principal oponente también era mujer, sino también por ser de la “izquierda progresista”. Una mujer que continuará la transformación de un gobierno que sí volteó a ver al pueblo, pero sólo a la parte que le convenía. No a los desplazados por la violencia del crimen organizado, o a las mujeres de las periferias con mayor riesgo a ser desaparecidas y/o asesinadas, o a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que siguen denunciando el “desprecio, despojo y agresión” que enfrentan. Solo por mencionar algunos ejemplos.

Con el crecimiento de la derecha y extrema derecha en distintas partes de América Latina, y las amenazas y riesgos que esto trae particularmente para las mujeres históricamente marginalizadas, se comprende la celebración de este triunfo. Pero no es un triunfo que se sienta pleno. Especialmente cuando la presidenta electa no centró su campaña en las problemáticas más graves y urgentes que afectan a muchas mujeres en México. Evitó profundizar en las exigencias de las madres que buscan a los más de 100,000 desaparecidos, o en la urgencia de atender y proteger a la población migrante, la cual cada vez incluye a más mujeres y niñas que atraviesan el país bajo el riesgo de ser extorsionadas, secuestradas, abusadas, o desaparecidas. Al contrario, aunque niega más militarización, sigue justificando y consolidando la presencia de militares en el país, la cual amenaza diariamente los derechos humanos de las mujeres y personas migrantes.  Si bien apenas va a tomar posesión en octubre, no ha habido señales de que estos sectores formen parte de su agenda de prioridades.

También habría que cuestionarnos por qué hay una mayor expectativa de que una mujer, al contrario de un hombre que ostenta el cargo de presidente, escuche y atienda a las madres buscadoras o a las madres migrantes que cruzan el territorio mexicano. O, en el caso de Kamala Harris, por qué esperamos que a una vicepresidenta/candidata presidencial de un Estado imperialista le importen las poblaciones, especialmente aquellas racializadas y empobrecidas, que buscan refugiarse de la violencia estructural, el cambio climático, o dictaduras? O ¿por qué ella, particularmente, debería oponerse a un genocidio cuando su país es el principal proveedor de armas? ¿Sólo por ser mujeres? ¿Es acaso por esta creencia de que las mujeres sentimos más, somos cuidadoras “naturales”, o nos conectamos con el dolor más fácilmente? ¿No es eso lo que también nos ha impedido acceder a puestos de poder por nuestra supuesta falta de objetividad o incapacidad de ser seres “racionales”?

Supongamos que ellas están en contra de todo esto, pero a eso se suma la prerrogativa de si realmente tendrán el poder y la fuerza de voluntad suficiente para pararse ante el sistema. ¿Es realmente posible que las mujeres puedan acceder y utilizar un poder que vea, escuche y atienda a una diversidad de mujeres dentro de las mismas estructuras que se sostienen con la opresión y división de las mujeres? De nada sirve buscar ese “asiento en la mesa”, si la conformación de la mesa no cambia.

Con la llegada de Sheinbaum el 1 de octubre, y la posibilidad que se abre con la candidatura de Harris, será interesante ver si hay un cambio respecto a políticas cruciales, principalmente en temas como migración y seguridad, o en temas cruciales para los votantes de ambos países como la justicia reproductiva y la violencia de género. México ha avanzado con la despenalización del aborto a nivel federal, y la lucha por hacer desaparecer el aborto de todos los códigos penales estatales continúa de la mano con la presión de las colectivas que buscan garantizar el acceso a los servicios. Mientras que Estados Unidos anuló el derecho al aborto y continúa imponiendo restricciones severas para su acceso, la elección entre Harris y Trump marcará el retroceso definitivo o la posibilidad de luchar la revocatoria del aborto como un derecho. 

 Es cierto que en ambos países las poblaciones históricamente marginalizadas son las que realizan el trabajo más crucial para cualquier cambio significativo: apostando al trabajo de base y fortaleciendo comunidades. Pero para pensar en colectivo, primero se requiere una introspección individual, y tomando en cuenta los ambientes de violencia, precariedad y hartazgo que predominan en gran parte de la región, crear tiempo y espacio para esto es desafortunadamente un privilegio. Pero, a lo mejor, se podría empezar por girar la mirada hacia el poder en vez de quedarnos en la falsa promesa de la representación. Ahí posiblemente logremos no sólo redefinir el poder, sino también bajarlo de los peldaños y establecer su uso no sólo para las mujeres, pero para todas aquellas poblaciones que llevan décadas buscando representarse a ellas mismas. 

La noche del 14 de septiembre, después de una celebración religiosa en su comunidad, Juan López — regidor de la alcaldía de Tocoa y reconocido líder ambientalista en la región — fue acribillado dentro de su vehículo por un sicario en una motocicleta. La presidenta Xiomara Castro ha prometido poner todas las capacidades de las fuerzas del orden para investigar este asesinato. López había solicitado recientemente la renuncia voluntaria al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, militante del Partido Libre quien recientemente salió en un video en el que se le ve negociando con narcotraficantes y otros políticos importantes del actual gobierno. 

Texto: Jennifer Avila con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Fernando Destephen

Cuando escribimos el perfil de Juan López en 2020, en plena pandemia, lo titulamos Cómo defender el medioambiente sin convertirse en mártir. Tenía sentido en ese entonces, después del asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres y de que Honduras fuera el país más letal para defender los recursos naturales; Juan destacaba por su esperanza, a pesar de haber sido encarcelado y constantemente amenazado, él continuaba al frente de una lucha muy desigual. Hoy ese titular no tiene sentido porque a Juan lo asesinaron. 

Juan López fue un líder comunitario, un líder religioso de la Iglesia Católica y un defensor ambientalista. En los últimos días, de manera muy frontal, López solicitó la renuncia del alcalde Adán Fúnez, a quien venía denunciando por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en la zona. 

«[…] En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio», apuntó Juan en el contexto de la publicación del video en el que Fúnez y Carlos Zelaya aparecieron negociando sobornos con narcotraficantes.

Juan sobrevivió a muchas violencias en su lucha por defender la montaña Carlos Escaleras en Colón. En 2019, fue criminalizado por varios delitos, entre ellos incendio agravado y privación injusta de la libertad, y fue señalado por la policía de investigación como líder de una banda criminal, él junto a más de 30 ambientalistas fueron procesados y encarcelados. Sin embargo, Juan recientemente había denunciado nuevos procesos de criminalización que estaban preparando contra él y otros miembros de su comunidad. 

También Juan y sus compañeros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa sufrieron campañas de desprestigio por parte de personas vinculadas a la empresa minera Los Pinares, el titán al que Juan se enfrentó desde que esta empresa obtuvo irregularmente dos concesiones mineras en una zona protegida. 

La ministra en funciones de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, escribió en su cuenta de X «Condenamos vil asesinato contra Juan López, reconocido defensor de bienes comunes y públicos, regidor de la municipalidad de Tocoa, gran ser humano, gran luchador histórico, amigo entrañable. Exigimos Justicia, investigación y cárcel para sus cobardes asesinos […]» sin mencionar que Juan López contaba con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que fue asesinado en su vehículo y en su comunidad en la que no tenía ninguna garantía de protección. Esto es algo que se repite en Honduras. La ambientalista y líder social, Berta Cáceres fue asesinada en 2016 contando con medidas de protección. 

Esly Banegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, dijo a Contracorriente a pocos minutos de este asesinato que, según información preliminar, fue una persona en motocicleta quien asesinó a Juan al salir del servicio religioso.

Además, aseguró que Juan y otros defensores del ambiente en la zona habían recibido diversas amenazas tras la serie de cabildos abiertos que Adán Fúnez impulsó a finales de 2023 e inicios de 2024 para la instalación de un proyecto de generación de energía de grupo EMCO y que habían respaldado varios funcionarios de gobierno, entre ellos Lucky Medina, el secretario de Recursos Naturales y Ambiente. Grupo EMCO también incluye la empresa minera Los Pinares de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé. Pérez es investigado en Estados Unidos por su relación con la empresa Nucor Corporation. 

Esly también explicó que las fuerzas de seguridad e investigación del Estado habían iniciado procesos de  persecución y reactivado procesos de criminalización contra los defensores del medio ambiente. 

Rita Romero, abogada del Comité le dijo a Contracorriente que «es un crimen pensado, quisiera creer que esto por lo menos dará su fruto poniendo sobre la mesa lo que ha significado la complicidad del Estado en esta muerte y muchas otras».

El padre Ismael Moreno, exdirector de Radio Progreso y reconocido líder social exigió públicamente que una comisión internacional acompañe al Ministerio Público en la investigación de este asesinato y que no quede en la impunidad ya que no se tiene confianza en las instituciones de investigación y justicia. 

La organización Global Witness en su informe sobre las agresiones a defensores de la tierra y el medioambiente indicó en su más reciente informe que en Honduras en el año 2023 fueron asesinados 18 ambientalistas. Esto convierte a nuestro país en el más peligroso de Centroamérica para los activistas y es el tercero en América y en el planeta, solo detrás de Colombia y Brasil.

Tras una convocatoria en cadena nacional en la que el Gobierno llamó a «todo el pueblo hondureño a movilizarse», este sábado 14 de septiembre se realizó el acto político del Partido Libertad y Refundación (Libre)  «Poder Popular contra el golpe de Estado». En su discurso, Castro exaltó la figura del asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, y criticó duramente a la oposición. A pesar de la controversia por un video que involucra a Carlos Zelaya, ex secretario del Congreso, en negociaciones con narcotraficantes, Castro enfocó su mensaje en una lucha contra la corrupción y la opresión, prometiendo una nueva victoria electoral para su partido.

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Fernando Destephen 

En lo que por algunos instantes pareció una exaltación de la figura del expresidente Manuel Zelaya Rosales y un mensaje de confrontación hacia los sectores de la oposición, la presidenta Xiomara Castro se dirigió el 14 de septiembre a la militancia de su partido, Libertad y Refundación (Libre), y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), durante la movilización denominada «Poder Popular contra el golpe de Estado».

«Gracias, Mel, por tu tenacidad en esta lucha. Mel, constructor de victorias en nuestro país, gracias pueblo. Gracias a todos los que han luchado por la libertad. Ni la opresión, ni la injusticia, ni la desigualdad, ni la exclusión que por siglos ha sufrido el pueblo hondureño, han podido rendirnos ni doblegarnos», así comenzó su discurso la presidenta y recordó a los mártires de la resistencia. 

La convocatoria fue realizada desde el 1 de septiembre por la coordinación general del Partido Libre, un día después de que el secretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, admitiera en una declaración al Ministerio Público (MP) que en 2013 se reunió con narcotraficantes y tres días después de que la presidenta anunció la denuncia al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos que estaba vigente desde 1912. La convocatoria se generó bajo una narrativa de «cero injerencia internacional» y «combate a los golpes de Estado»

Desde hace unas semanas Libre enfrenta diversos señalamientos tras la divulgación de un vídeo en el que el exsecretario del Congreso Nacional (CN), Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, aparece junto a narcotraficantes como Devis Leonel Rivera Maradiaga, Carlos Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernández Rosa, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial de Castro en las elecciones generales de 2013.

Uno de los momentos más controvertidos del vídeo, publicado por InSight Crime, es cuando Carlos Zelaya Rosales explica a los narcotraficantes que «la mitad es para “el Comandante” y la otra parte la repartimos entre nosotros». El expresidente Manuel Zelaya Rosales es conocido como «el Comandante» dentro de la militancia de Libre y del FNRP.

Banderas del Partido Libre ondeando. Al fondo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales (centro), la secretaria de Defensa, Rixi Moncada (derecha), y el secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya (izquierda). Foto CC / Fernando Destephen

A pesar de la gravedad del contenido del vídeo, Xiomara Castro ha hecho caso omiso tanto el 3 de septiembre, cuando se publicó, como este sábado, limitándose a condenar «toda reunión entre políticos y narcotraficantes». Además, ha optado por centrarse en una narrativa de conspiración contra los supuestos golpes de Estado en su contra, tema que abordó en cuatro ocasiones durante su mensaje del 14 de septiembre y que la motivó el 28 de agosto a ordenar al secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, la denuncia al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos que estaba vigente desde 1912. 

Contracorriente consultó a militantes que se movilizaron este sábado acerca de las recientes acusaciones contra el Partido Libre de ser otro «narco partido», sobre todo a raíz del vídeo en que Carlos Zelaya Rosales aparece junto a narcotraficantes. Samantha Salgado, militante de Libre, aseguró que el llamado de la presidenta a condenar reuniones entre políticos y narcotraficantes fue contundente, y que Zelaya Rosales ya renunció a su cargo.

«Hay que desmontar esa narrativa de que Libre está en un narcogobierno, porque no es así», mencionó Salgado.

El Tribunal de Honor del Partido Libre notificó el 11 de septiembre que había aceptado la renuncia de Carlos Zelaya Rosales, y admitió en un comunicado que «reunido con connotados criminales, el hoy exdiputado de Libre, Carlos Zelaya, les propone repartir un aporte político condicionado e ilegal». 

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En una entrevista con Contracorriente este sábado, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, también aseguró que «existen movimientos de generales retirados de las Fuerzas Armadas que pueden dar indicios de un golpe de Estado» cuando este medio de comunicación le consultó acerca de informes de inteligencia que puedan sustentar el supuesto complot para derrocar a la presidenta Castro. 

A pesar de lo expresado por Sánchez, el pasado viernes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, descartó que a lo interno de la institución castrense esté gestándose un golpe de barracas. «En las Fuerzas Armadas no creemos en esas situaciones porque no están en nuestro pensamiento. Puede haber voces disonantes e inconformes, pero no está en nuestra mente. Las Fuerzas Armadas nos sujetamos y subordinamos a las leyes y a la Constitución de la República», manifestó Hernández a medios de comunicación.

Más allá de ello, el discurso de Xiomara Castro este sábado fue polarizante y confrontativo, dado que se pronunció apenas seis días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó las elecciones primarias para el 9 de marzo de 2025, en las que participarán los tres principales partidos: Libre, Nacional y Liberal. Castro tildó a la oposición, especialmente al Partido Nacional, de haber dirigido «una narcodictadura» y aseguró que «no volverán» a gobernar.

«Ellos no volverán… No volverán. Nos entregamos totalmente a la causa del pueblo y dejamos constancia en un acto heroico en las urnas. Sin un solo disparo, los derrotamos contundentemente y la narcodictadura corrupta y cruel del Partido Nacional y sus aliados fue vencida», prosiguió Castro en referencia a las elecciones generales de 2021, a través de las cuales, en alianza con los partidos Salvador de Honduras (PSH) e Innovación y Unidad Nacional (Pinu), se impuso con más de 1.7 millones de votos al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.

¿Una nueva victoria electoral? 

Gran parte del discurso de Castro también se centró en la idea de «una nueva victoria electoral», con la presencia en el escenario de la precandidata presidencial y secretaria de Defensa, Rixi Moncada.

«La refundación está en marcha y vamos por otra victoria. Quiero informar que en este momento se está definiendo el poder de la nación para 2026 y 2030. Quiero que lleven el mensaje claro al pueblo hondureño: vamos a una nueva lucha, la segunda victoria del Partido Libertad y Refundación. Venceremos al bipartidismo en las urnas», manifestó Castro.

La gobernante también se refirió a los recientes acontecimientos dentro del CNE, donde, aseguró, hubo un «rompimiento de acuerdos».

La militancia de Libre y del PNRP se movilizó este sábado en apoyo a la presidenta Xiomara Castro. Foto CC / Fernando Destephen

«Este viernes, en el Consejo Nacional Electoral, el débil bipartidismo, después de acusarnos falsamente, terminó coludido y se repartieron los cargos, faltando a los acuerdos de marzo pasado. Son los mismos que perdieron las elecciones en 2013 y en 2017 y asaltaron el poder por fraudes», apuntó.

El 13 de septiembre, durante la primera sesión plenaria de las consejeras y el consejero del CNE designados para el período 2024-2029, el bloque opositor y sus representantes ante el órgano electoral, Cossette López (Partido Nacional) y Ana Paola Hall (Partido Liberal), definieron la presidencia del CNE para López en el período 2024-2025 y para Hall en el 2025-2026, dejando sin oportunidad a Marlon Ochoa (Partido Libre) de presidir durante las elecciones primarias o generales de 2025.

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Desarrollo de la movilización 

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas se movilizaron hacia los bulevares Centroamérica, San Juan Bosco y Juan Pablo II en la capital, acercándose poco a poco a las tarimas y al escenario desde donde Xiomara Castro ofreció su discurso.

Decenas de autobuses se desplazaron desde distintos sectores de la capital y del país, aunque uno de estos automotores, que procedía de El Progreso, Yoro, sufrió un accidente vehicular a inmediaciones de la carretera CA-5 y dejó una persona muerta y otras ocho heridas, según informó la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Contracorriente observó que algunos dirigentes tenían hojas de control de asistencia, mientras que otros entregaban comida a las y los militantes que se habían desplazado hacia la movilización.

Entre los presentes había militantes, dirigentes y servidores públicos. Algunos estaban organizados por secretarías o instituciones del Estado, como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras. Otras personas se agruparon en colectivos departamentales o sectores.

A diferencia de movilizaciones anteriores, los diputados del Partido Libre y los altos funcionarios del Estado, salvo algunas excepciones como el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, y la vicecanciller de Cooperación Internacional, Cindy Rodríguez, no marcharon junto a la militancia. En su lugar, hicieron su ingreso por un sector diferente, evitando además el contacto con los medios de comunicación.

Miles de simpatizantes del Partido Libre y del FNRP ondean banderas de Libre a inmediaciones del bulevar San Juan Bosco, Distrito Central. Foto CC/Destephen

Otra diferencia con años anteriores fue que el Partido Libre y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) no marcharon en simultáneo con los actos cívicos del 15 de septiembre, que son protagonizados por las y los estudiantes de las escuelas y colegios.

En cuanto a la seguridad, alrededor de 1,700 agentes de la Policía Nacional, 500 militares, 80 policías municipales y 50 inspectores del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre se movilizaron durante la movilización, que comenzó a las 8:00 a. m. y finalizó cerca de las 11:30 a. m.

Elena* y sus hijas menores sufrieron acoso digital cuando un perfil falso publicó fotografías de las niñas en grupos de pedofilia, junto a sus números y direcciones de contacto. Elena no da su verdadero nombre para proteger su identidad, pero cuenta cómo en su camino por intentar obtener justicia y protección para sus hijas, descubrió que este tipo de violencias se apoya en vacíos legales y la negligencia de las autoridades.

Texto: Vienna Herrera
Ilustración: Ambar Nicté 

Elena no durmió bien durante meses, y cuando lograba conciliar algo de sueño, siempre despertaba gritando. Era como si su cuerpo quisiera expulsar la frustración acumulada. Sus hijas estaban siendo vulneradas en redes sociales, en grupos de pedofilia, y Elena se sentía impotente. Ahora, cuando habla, parece que lleva mucho tiempo esperando que alguien la escuche. Lleva un registro minucioso de su larga historia, un reflejo de la impunidad del ciberacoso en Honduras. 

En abril de 2022, el esposo de Elena, un agente policial, empezó a recibir mensajes de diferentes países en los que preguntaban el costo de más fotos y videos de sus hijas. Ni él ni Elena entendían qué estaba sucediendo, hasta que descubrieron de dónde provenían. 

Eran fotografías comunes, robadas de las redes sociales de ambos padres, que habían sido publicadas por un perfil falso en 14 grupos de Facebook dedicados a difundir imágenes para pedófilos, junto con el número de teléfono del padre, la dirección y los datos de dónde estudiaban las menores. Las fotos iban acompañadas de material de abuso sexual infantil, para que en el grupo creyeran que se trataba de las mismas niñas. 

«Yo realmente me puse muy mal, no sabía ni qué hacer», explica Elena. Aun con esas dudas, acudió a una estación policial al norte de Honduras a interponer la denuncia. Muestra la copia del documento de recepción de denuncia y cuenta que en la estación policial, el agente que recibió el caso miraba a su celular casi sin inmutarse con la historia y la angustia de Elena. «Quería como tener poderes para saber quién era que había subido a mis hijas ahí», relata con desesperación, como si estuviera de nuevo frente al agente policial.

Si bien las fotografías de abuso sexual infantil que estaban en los post con fotos de las hijas de Elena, en Honduras hay un amplio registro de casos de contenido de menores. Entre 2020 y 2022, se registraron 99 denuncias por la elaboración o posesión de material de abuso infantil. De estos casos, 43 fueron investigados y llevados a los juzgados, involucrando a múltiples víctimas, la mayoría niñas.

En el Código Penal hondureño, el delito se conoce como «pornografía infantil». Sin embargo, la Guía de Luxemburgo, un documento elaborado en 2016 por un grupo de expertos de 18 organizaciones internacionales, liderado por la red mundial Ecpat ‒que trabaja para poner fin a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes‒, recomienda utilizar el término «material de abuso sexual infantil» porque refleja que estos contenidos registran un abuso y constituyen evidencia de un delito. El uso de «pornografía infantil» puede minimizar la gravedad del crimen o darle una apariencia de legitimidad.

El delito en Honduras contempla que la elaboración, venta, distribución o difusión del material de menores de 18 años conlleva una pena de prisión de 4 a 6 años. Durante la aprobación del Código Penal vigente, organizaciones de mujeres y de la niñez denunciaron que hubo una disminución de la pena, pues la legislación anterior tenía una sanción de 10 a 15 años de cárcel.

El vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Tegucigalpa, el subcomisionado Juan Sabillón, aseguró que cuando los casos involucran a menores, trabaja en conjunto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) «porque muchas veces las imágenes de los menores son difundidas en páginas web en el extranjero; entonces la ventaja de Interpol es que tiene sistemas muy avanzados y son 196 países los que conformamos esta red internacional de policía», apuntó.

El subcomisionado Sabillón agregó que existen casos exitosos en Honduras donde Interpol ha intervenido. En abril de 2024 desarticularon una red de trata de personas y material de abuso sexual infantil en Roatán, donde había dos estadounidenses y un hondureño involucrados. «También el año pasado se dio la operación más grande contra la trata de personas, siempre en Roatán, dándole detención a 14 personas involucradas. Era trata de personas en su modalidad de explotación sexual, pero cibernética o informática, o sea, ellos lo que hacían era que tomaban fotos y o videos y luego las vendían en diferentes páginas web», explicó Sabillón. 

Elena cuenta que, en su caso, nunca le dieron la opción de que Interpol interviniera porque el agente policial que recibió la denuncia no veía la situación como un delito contra menores; «ni que las hayan tocado, si eso fue por Facebook», asegura que le dijo el agente en una ocasión y que además, aunque tanto ella como su esposo pusieron a disposición de las autoridades sus celulares, el oficial le dijo que esa revisión tardaría mucho y solo perdería el tiempo.

Pero Elena sí tenía clara la gravedad de la situación contra sus hijas. Ella es una sobreviviente, de niña sufrió abuso sexual por parte de su padre. «El irrespeto que hicieron con mis hijas, que las expusieron ante estos hombres, eso me trajo demasiados recuerdos. El hecho de saber que mis hijas estuvieron ahí y lo que esos hombres les ponían que querían hacer, eso me puso mal», cuenta.

Dos años antes, Elena había denunciado que cuentas falsas la acosaban tanto a ella como a su esposo. Posteriormente, ambos recibieron amenazas de muerte y les exigieron un pago de 10 mil lempiras para detener el acoso. A pesar de presentar denuncias y presionar a las autoridades para que investigaran, la Dirección Anti Maras y Pandillas solo logró identificar que la dueña de la línea telefónica que solicitaba el dinero era la mejor amiga de la expareja de su esposo. Sin embargo, le informaron que no podían hacer nada más porque consideraban que se trataba de un «pleito personal».

Así que cuando Elena volvió años después, el agente la conocía y sabía que era insistente, y tenía razón. Tras 15 días de haber puesto la denuncia y que Elena no recibiera ninguna respuesta, comenzó a contactar a organizaciones de derechos humanos y a la Fiscalía de la Niñez para que le apoyaran. Ante la presión de correos y llamadas de varias organizaciones, el agente policial tuvo que responder. 

No muy contento, la confrontó. «Mire, le voy a decir algo: usted puede llamar a mi jefe, puede llamar al mero jefe de la policía y nada va a cambiar, porque el que lleva el caso soy yo. Ya puede ser la esposa de quien sea, eso no va a cambiar, que a mí no me gusta tomarle importancia a este tipo de casos, son peleas de hombre».

Aun así, Elena ignoraba esos comentarios e iba a donde le pedían que fuera, dedicaba días a apoyar al agente policial a armar el expediente investigativo, en una ocasión logró que un fiscal del Ministerio Público les atendiera a ella y al agente asignado, el fiscal insistió en que debían interrogar a las personas que la Dirección de Anti Maras y Pandillas había identificado, pero el agente solo dijo que él nunca había interrogado a un sospechoso y no sabría como hacerlo. 

Elena comenzó a trabajar sola, se metía a los perfiles de cada persona que comentaba o reaccionaba a las fotos de sus hijas, creó un registro detallado por país con capturas de pantalla y números de cada hombre que le había escrito a su esposo y entregó carpetas enteras con fechas y capturas de pantalla, todo lo que pudiera facilitar a crear el expediente investigativo

Identificó un patrón de perfiles falsos que agregaban a todos los familiares de Elena y su esposo; así lograban mantenerse en el círculo y conseguir fotografías nuevas de sus hijas. Aunque Elena dejó de subir fotos de sus hijas e incluso prohibió que la escuela o familiares lo hicieran, algunos no le hicieron caso, por lo que el perfil falso siempre lograba recopilar nuevas fotos. 

Pero cuando Elena llevó esta información a la policía, el agente comenzó a desconfiar de ella, le decía que sabía mucho de computación, e incluso le dijeron al esposo de Elena que si no retiraba la denuncia, la acusarían de haber puesto una denuncia falsa. 

Elena comenzó a responderles a las cuentas que preguntaban por sus hijas; así logró que Facebook bloqueara muchas de las publicaciones. Pero fuera de las redes, la situación tampoco era fácil. Elena vendía en línea y el acoso que recibía en redes fue tanto, que afectó sus ventas. «Los hombres me gritaban que cuánto cobraba, porque como habían unos vídeos en TikTok con mis fotos diciendo que yo era “prepago” (trabajadora sexual) y tenían agregados a muchos vecinos conocidos de la colonia, entonces a veces los hombres, cuando andaban tomados, me gritaban cosas», relata.

Elena no solo sufrió estas violencias, sino también acoso sexual. El agente que no respondía por su caso le decía que «era muy bonita como para pelear por un hombre» o que quería invitarla a salir, que le daría el valor que merecía. También quiso valerse de su posición como investigador del caso para verla más seguido. En varias ocasiones también la amenazó; por ejemplo, cuando bromeaba con que se le caía un arma que estaba descargada, o cuando le dijo que él mataría a una mujer que le hiciera lo que ella le estaba haciendo a su esposo, algo que él consideraba una «humillación».

Finalmente, Elena se unió a una red de mujeres que buscan impulsar reformas judiciales contra la ciber violencia en el país, pero que también quieren concienciar a las autoridades sobre la importancia de aplicar la legislación actual en la protección de niñas y mujeres. Por ejemplo, el artículo 272 del Código Penal, en el capítulo de delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y la intimidad, protege el descubrimiento y revelación de secretos, un artículo que puede aplicar en casos de divulgación de imágenes, castigado con prisión de uno a tres años.

Olimpia Coral, activista contra la violencia digital y promotora de la Ley Olimpia en México, un listado de reformas que protegen a las mujeres de la publicación y difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, explicó a Contracorriente que en las legislaciones de cada país se deben ver de forma diferencial los casos de menores. «Es imprescindible que también entendamos que no son los mismos procesos para niños, niñas y adolescentes, que para personas mayores de 18 años. En México y Argentina, donde se aplica la Ley Olimpia, se aplican leyes donde se vela por el interés mayor de la niñez y se persigue por oficio». 

Coral añadió que la violencia sexual digital afecta mayormente a la niñez en Latinoamérica, pues el Consejo Ciudadano de México registra que «más del 50% de los videos que se consumen en los nortes globales sobre lo que le mal llaman porno, pero es abuso sexual infantil, son de niños latinos». 

Al final, Elena desistió de encontrar justicia en el caso de sus hijas con la policía, y ahora tiene un plan a futuro. «Quiero saber todo de las leyes, quiero saber cómo funciona, por qué no actuaron, qué fue lo que pasó y qué puedo hacer yo en contra de este agente». Ahora estudia para ser abogada, con lo que espera algún día influir en un cambio de legislación para que esta proteja a todas las niñas del país de la forma en que las leyes y las autoridades actuales no lo hicieron con las suyas. 

Texto y fotografía: Fernando Destephen

Tomás Ayuso, fotoperiodista hondureño afiliado a la fundación World Press Photo y  jurado del World Press Photo Contest,  ha trabajado durante casi tres años para traer a Honduras la World Press Photo Exhibition 2024, que presenta las «historias importantes de la fotografía del 67.º Concurso anual World Press Photo». La exhibición recoge los mejores trabajos fotográficos a nivel mundial del año 2023, organizados por región y sintetizados en cuatro categorías, en cada una de las cuales se selecciona un ganador: foto individual, reportaje, historia a largo plazo o documental, y la conceptual «siempre con ámbito periodístico o fotoperiodístico».

La exhibición estará disponible del 11 de septiembre al 1 de octubre, en el área cultural del quinto nivel del centro comercial Distrito Artemisa en Tegucigalpa, Honduras.

Como jurado del concurso, Ayuso analizó las fotos enviadas y los contextos de los países donde se ha presentado la exhibición, y se preguntó por qué no hacerlo también en Honduras. «La traigo, primero con el propósito de satisfacer esa hambre o sed, que yo siento tanto en Tegucigalpa, como en otras áreas urbanas de cualquier cosa cultural», comenta.

Ayuso también explica que una segunda razón para traer la exhibición es inspirar a infancias, adultos o fotógrafos en potencia, y que vean los  trabajos recogidos por más de 30 fotógrafos de todo el mundo. Ayuso también asegura que la idea es llamar la atención de organizaciones no gubernamentales, embajadas, empresarios o gente con capacidad de financiar, para que vean  lo que se puede lograr con un presupuesto limitado, y que de ahora en adelante se animen a apoyar estas iniciativas culturales sin fines de lucro.

El público disfruta de la exhibición World Press Photo en Tegucigalpa. Distrito Central, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

El público ha respondido con entusiasmo a la exhibición en Tegucigalpa. Antes de la inauguración, una persona pasó, vio las fotografías, se hizo una selfie que subió a redes, y de repente unas 300 personas llegaron a ver la exhibición. Ayuso recalca que existe un vacío con respecto a estos espacios y que «hay un apetito [cultural] extraordinario, y no todo tiene que ser con el motivo de generar ingresos, como lo es en todo el resto del mundo; por eso se necesita un mecenas que quiera aportar y se logra todo».

Ayuso no solo destaca la estética y técnica de las fotografías, sino también los temas que abordan, como el derretimiento de los polos y el aumento del nivel del mar, que afecta a comunidades cercanas al mar e islas, como se ilustra en la foto «Fighting, Not Sinking». La fotografía muestra a Lotomau Fiafia (72) con su nieto John en la Bahía de Salia, Kioa Isla, Fiyi, donde él recuerda la costa de su niñez. También resalta el impacto emocional de la fotografía ganadora del Año del World Press Photo Contest 2024, de Mohammed Salem, en la que una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina que fue asesinada, junto con su madre y su hermana, cuando un misil israelí alcanzó su vivienda en Jan Yunis, Gaza.

Otro aspecto importante de la exhibición es generar un sentimiento de conciencia sobre los fotoperiodistas caídos desde 1992, en recuerdo de aquellos que han perdido la vida documentando los conflictos mundiales. Fundada hace 50 años por fotoperiodistas, World Press Photo busca reconocer y difundir el trabajo de estos profesionales.

En Honduras, grupos de usuarios de la aplicación de mensajería Telegram se dedican a la difusión y venta de contenido íntimo de mujeres sin su consentimiento, una actividad que va más allá de la simple distribución de estos materiales. Detrás de estos grupos se esconde una red de enriquecimiento ilícito y trata de personas en el ámbito digital, donde la explotación y el acoso generan un negocio perverso y lucrativo.

Texto: Vienna Herrera
Ilustraciones: Ambar Nicté

Una vez que el mensaje es enviado, se esparce sin control, y la pesadilla para mujeres, adolescentes e incluso niñas en Honduras apenas comienza.

El modus operandi es así: hombres que se ocultan en el anonimato, crean perfiles falsos usurpando identidades reales de mujeres en todas las redes sociales. Con estas identidades, agregan a las amistades de la persona a la que suplantan y comienzan a enviar mensajes a otras mujeres. 

Las mujeres, sin sospechar nada, creen haber recibido un mensaje de alguien conocido. El mensaje es una oferta laboral, que les pide ingresar a una solicitud de inscripción que imita perfectamente un formulario de Google para agendar una entrevista de trabajo, comprar uniformes o unirse a un grupo de WhatsApp de la supuesta empresa. Inocentemente, las mujeres ingresan su correo y contraseña. Con eso, los hackers obtienen acceso a todas las redes vinculadas a ese correo.

Entre 2019 y 2023, el delito relacionado con el ciberespacio que más se denunció en el Ministerio Público fue el de acceso no autorizado a sistemas informáticos, con 1,232 denuncias en los últimos cuatro años. Asimismo, son las mujeres, adolescentes y niñas quienes más denuncian ser víctimas de este delito y otros que ocurren en el ciberespacio.

Los hackers actúan de noche, eliminando cualquier rastro que indique que estuvieron dentro de las cuentas. Borran incluso los mensajes de alerta que las redes sociales envían cuando se detecta un nuevo inicio de sesión. Las mujeres ni siquiera saben que han sido hackeadas. Los hackers obtienen imágenes de los chats, así como las que están almacenadas en la nube (a menudo, las mujeres no saben que todas sus imágenes se copian automáticamente en la nube).

Cuando las mujeres se enteran, ya es demasiado tarde. Imágenes que tomaron en confianza han sido robadas y publicadas en chats de Telegram, acompañadas de sus direcciones, nombres y números de teléfono. Las mujeres se convierten en un catálogo para miles de ojos.

Existen grupos exclusivos en Telegram donde se paga una membresía de entrada de 800 lempiras, las identidades detrás de los cobros serían fáciles de rastrear para las autoridades, las personas que reciben las transferencias no se ocultan en el anonimato y siempre utilizan las mismas cuentas bancarias. 

Las imágenes que se difunden en los grupos pertenecen a miles de mujeres hackeadas. «Ponen una foto con ropa normal, una foto en ropa interior o una foto desnuda, y la publican como un catálogo de tres fotografías, o dos fotos y un video. Luego agregan el nombre de la persona y el enlace al grupo privado para acceder al contenido», explica Iris Alas, parte del Laboratorio Ciudadano, una organización que ha rastreado y documentado quiénes y cómo participan en estos grupos de Telegram. Según un recuento de esta organización, más de 550 mujeres fueron afectadas por un solo grupo de Telegram que cerró en 2022.  

Una vez publicadas, las mujeres sufren acoso sexual de forma digital cuándo empiezan a recibir mensajes de números desconocidos pidiéndo más contenido y luego, cuando en su vida cotidiana también sufren acoso sexual, les resulta dificil identificar si ese acoso está ligado a la difusión de sus imágenes.

El acoso se entrelaza con la existencia de estos grupos. Los hackers contactan a las mujeres para extorsionarlas, exigiendo que produzcan más imágenes bajo la amenaza de enviar las fotos robadas a sus familiares o lugares de trabajo. Muchas mujeres, presionadas por esta amenaza, ceden; especialmente porque, en muchos casos, fueron hackeadas mientras buscaban empleo, una vulnerabilidad que estos hackers explotan.

«Con las imágenes publicadas, realmente se agrava la posibilidad de que la persona continúe desempleada. Si un empleador se entera, especialmente si aún no ha sido contratada, es un gran problema, ya que no se puede denunciar por discriminación en estos casos», señala Alas, quien cuenta que desde el Laboratorio Ciudadano han atendido casos de mujeres que son amenazadas con despidos después de que sus imágenes han sido difundidas, pero que han podido apoyar con asesoría, pues el Código del Trabajo protege contra todo tipo de discriminación. 

En otros casos, las mujeres son víctimas de la misma extorsión, pero los hackers les ofrecen no compartir las imágenes ni revelar sus identidades, a cambio de que ellas administren los grupos de Telegram. Algunas aceptan, viendo en ello una forma de evitar la difusión de su contenido, a pesar de la situación desesperada en la que se encuentran. A esto se le suma que algunos hombres que pagan por ingresar a los chats ni siquiera saben que las imágenes provienen de un delito; creen que son mujeres que han decidido vender ese contenido.

«En estos grupos se compartían todos los videos, imágenes y demás contenido íntimo que lograban hackear. Prácticamente era un contenido exclusivo, un catálogo de mujeres del que se podía escoger cualquier material que se quisiera comprar. Esto movía una gran cantidad de dinero, a tal punto que otras personas comenzaron a verlo como un negocio, abriendo canales de Telegram por ciudades, e incluso por colegios», relata Alas.

¿Tiene responsabilidad Telegram en estos delitos?

Telegram es una aplicación conocida por ser de software libre y valorada por su seguridad, pero esa misma seguridad que protege la privacidad de sus usuarios también crea un entorno donde resulta más complejo implementar filtros efectivos que prevengan la difusión de contenidos no consentidos, como material íntimo robado y acoso digital.

Recientemente, el CEO de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en Francia, acusado de permitir la comisión de múltiples crímenes al negarse a intervenir en las actividades de su plataforma. Las autoridades francesas lo señalan como cómplice en casos de tráfico de drogas, permitir el material de abuso sexual infantil (más conocido como pornografía infantil), terrorismo, recepción de bienes robados y fraudes. 

La situación es compleja, ya que su detención podría estar influenciada por factores geopolíticos, dado que Telegram es también una plataforma clave para la difusión de información sobre la guerra en Ucrania y, según han reportado medios internacionales, es utilizada por el ejército ruso para sus comunicaciones. Sin embargo, Francia negó que la detención fuera «política».

Si bien Telegram bajo el esquema de software libre tiene muchísimas ventajas, también hay un costo para las mujeres: la plataforma permite la impunidad con la que operan redes de delitos digitales, y en casos como el de Honduras, en donde las regulaciones legales son ambiguas y la policía no sabe cómo actuar, dejan a las mujeres como víctimas sin recursos claros para detener la difusión de su información personal.

La ciberviolencia como extensión de la violencia de género 

Gabriela*, una joven que pidió el anonimato, compartió con Contracorriente su experiencia de acoso digital, que, aunque no resultó en la publicación de su contenido, le dejó cicatrices profundas. Durante un tiempo, ella enviaba imágenes y realizaba videollamadas con un hombre, creyendo que había tomado todas las precauciones para evitar que él guardara el material. Sin embargo, lo que comenzó como una interacción consensuada y divertida, pronto se transformó en una situación aterradora.

Este hombre empezó a molestarse cuando Gabriela ya no quería seguir  hablando con él, hasta que un día la amenazó: le exigió más contenido o, de lo contrario, publicaría las imágenes que había guardado de todas sus llamadas.

El miedo y la angustia se apoderaron de Gabriela. Decidió bloquear su número y eliminarlo de todas sus redes, pero él no se detuvo. Encontró a una de sus amigas y, a través de ella, le envió nuevas amenazas. Desesperada, Gabriela buscó apoyo en el Laboratorio Ciudadano, con la esperanza de proteger sus imágenes.

«Había noches en las que no podía dormir, le decía a una amiga que esto me pasaba por tonta, pero ella me respondió que no es malo confiar, sino que él abusó de mi confianza. A veces, una se culpa a sí misma, pero los verdaderos culpables son ellos» dijo Gabriela.

El miedo de Gabriela no es infundado. En el Laboratorio Ciudadano han documentado casos de mujeres que fueron expulsadas de sus centros de estudio al descubrir que se ha difundido material íntimo suyo; también han documentado casos en los que las han expulsado de certámenes de belleza, o han intentado despedirlas en sus trabajos.

Aunque las fotografías de Gabriela no fueron publicadas, el temor de que eso suceda algún día aún la persigue. «Por eso, debería haber una ley que, al menos, nos brinde un lugar al que acudir para denunciar, aunque tal vez no se llegue a la justicia, pero sí tener dónde acudir para sentirnos más tranquilas», expresó.

El estudio Ciberviolencia contra mujeres en Honduras del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señala que, aunque el Código Penal reconoce algunas agresiones contra las mujeres como delitos, no tiene medidas específicas para cuando son perpetradas en línea, «por ejemplo, acoso, extorsión, usurpación, robo de identidad y expresiones discriminatorias. Aunque, sí cuenta con un capítulo exclusivo sobre crímenes de ciberviolencia, no es específico a todas las formas, y no tipifica como delito la captura y/o almacenamiento no consentido de material y difusión de imágenes capturadas», dice el estudio.

El CDM remarca que la ciberviolencia no es el fin último de los agresores, «sino que es una violencia y un medio que permite alcanzar otros objetivos, como: desprestigio, violencia sexual, captación para explotación sexual, femicidio», dice el estudio.

En el mismo estudio se establece que, entre 2020 y 2022, los medios reportaron que tres menores de edad se suicidaron después de ser víctimas de ciberviolencia; en ninguno de los suicidios identificaron responsables. Además, recopilaron que ocurrieron al menos tres femicidios en los que se contactó a las víctimas por medio de herramientas tecnológicas.

En Honduras existe una unidad de cibercrimen en la Policía Nacional, que es la encargada de los delitos relacionados con  el ciberespacio. Sin embargo, los datos oficiales analizados por Contracorriente señalan que solo el 13.31 % de las denuncias por ciberdelitos que llegan a la unidad de cibercrimen de la Policía Nacional, son remitidas a la Fiscalía hondureña para que proceda a investigar y requerir.

La unidad de cibercrimen está adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Juan Sabillón, vocero de la DPI, explicó que desde esa unidad trabajan con delitos especiales y con Interpol, dependiendo del caso. «Dependiendo la naturaleza del delito y desde donde se esté cometiendo, pues lo investigará la unidad que está adscrita a Interpol, o lo investigará la unidad que está adscrita a delitos especiales. Nosotros le damos seguimiento al caso. Sí, es lento porque no depende de la Policía Nacional solamente y tenemos que dar solicitudes a empresas grandes del extranjero, como Whatsapp o Facebook», explicó. 

El Laboratorio Ciudadano presionó para cerrar estos grupos y lograron hacerlo en algunos casos donde los hackers habían publicado contenido íntimo de menores de edad y se logró denunciar a través de la misma aplicación. «El gran problema en Honduras en la investigación es que no hay recursos para la parte digital, entonces se dice que en este momento está la unidad de delitos cibernéticos, pero imagínense de aquí a que se terminen de formar, mientras tanto la denuncia termina estancada porque no hay una investigación que los pueda sacar adelante».

Aunque varios de estos grupos donde se daba acceso a este material sin pedir membresía fueron desarticulados a inicios de 2024, los grupos de pago aun existen, y cada vez encuentran mayores formas de ocultarse y seguir funcionando. 

«Habría que hacer una investigación mucho más fuerte y con recursos económicos y un montón de cosas para poder desmantelar toda esa red de trata de personas, porque la verdad es que ya cuando estamos hablando de que hay catálogos de mujeres, hay dinero de por medio. Para mí, el administrar una cuenta de Telegram [es] casi como una esclavización virtual de las personas, porque al final eso se vuelve un ciclo que entre más ingresa, es más difícil salir», finalizó Alas.

La presidenta de Honduras ganó el poder con una promesa de cambio, pero ahora queda claro que el único cambio que hubo fue de partido porque el país está más cerca de ser una cárcel que un territorio donde las libertades y la democracia tienen futuro.

Por: Jennifer Avila

El gobierno de Castro fue para muchos una promesa de cambio y reivindicación para las mujeres, pero lejos de eso, cuando la violencia se salió de control en diciembre 2022, la única estrategia fue la de emular la ya conocida mano dura para enfrentar la extorsión y el narcotráfico. En plena crisis carcelaria, la primera mujer presidenta de Honduras prefirió obviar el evidente involucramiento de autoridades en la masacre de 46 mujeres en una cárcel y en lugar de optimizar el sistema de justicia en el país o investigar los hechos, trasladó a las sobrevivientes a una cárcel de máxima seguridad donde solo hay hombres, militarizó el sistema penitenciario, separó a las pandillas en centros penales exclusivos y aceleró el “plan solución contra el crimen” que prolonga el estado de excepción e incluye la construcción de una mega cárcel en una isla inhabitada. El único cambio que hubo fue de partido porque ahora Honduras está más cerca de ser una cárcel que un país donde las libertades y la democracia tienen futuro.

Este proceso de imponer las medidas más populares frente a uno de los problemas que más aqueja a la población comenzó con la promesa de que la Policía Nacional Civil lideraría los esfuerzos de seguridad ciudadana, medida que inevitablemente dio un giro hacia la militarización cuando las cárceles comenzaron a retumbar en motines, asesinatos y la masacre de 46 mujeres ocurrida en junio 2023, la tragedia cúspide del sistema carcelario. 

La mayoría de las mujeres no tenían sentencia firme, las perpetradoras, de la pandilla 18 en su mayoría estaban presas por el delito de homicidio o sicariato y las mujeres víctimas y sobrevivientes eran simpatizantes de la MS que estaban presas en su mayoría por el delito de venta de drogas y extorsión. Pero en Honduras, un país altamente femicida, esta noticia fue solo una más de las desgracias de un país catalogado como un narco-Estado. 

Honduras ya había sufrido tragedias en cárceles con centenares de víctimas, en los gobiernos del Partido Nacional –el partido del expresidente Juan Orlando Hernández ahora condenado en EE. UU. por narcotráfico– entre 2002 y 2014, sin embargo esta fue la primera vez que las víctimas fueron mujeres, justo en el gobierno de la primera mujer presidenta. 

La viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, dijo en diversos medios de comunicación que ella había advertido que algo pasaría en el sistema penitenciario y que había que resguardar, sobre todo, la cárcel de mujeres, una aparente muestra de que las mujeres eran una prioridad en el gobierno de Xiomara Castro. Meses después Villanueva aseguró que descubrió que miembros de la Policía estuvieron involucrados en la masacre y que el sistema de corrupción del sistema penitenciario está enraizado institucionalmente. Sus declaraciones no causaron ni siquiera un escándalo.

Cuarenta y seis víctimas en un solo hecho violento es una cifra terrorífica, pero a un año de esta masacre parece que a nadie le importa que haya justicia para estas mujeres que eran parte o habían colaborado con la Mara Salvatrucha. Fue como un escarnio público en el que se paga con el cuerpo de las mujeres y nada más. Nadie habla siquiera de lo que el Estado de Honduras puede volver a perder por un caso como este, ya que en 2012 tras un procedimiento judicial en la CorteIDH por un incendio ocurrido en 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, el Estado tuvo que reconocer su responsabilidad por la pérdida de la vida de 107 privados de libertad algo que implicó gastos por reparación y el compromiso de mejorar las condiciones carcelarias poniendo al mando de civiles el sistema. 

Por eso la vía fácil es seguir la receta conocida: más militarización y más cárceles, aunque esté probado que es una receta para el desastre. Después de las múltiples denuncias sobre el involucramiento de la Policía en la reciente masacre en la cárcel de mujeres, la presidenta no ordenó investigar más o realizar una reforma policial, al contrario, le dejó la chequera con mil millones de lempiras (aproximadamente 40 millones dólares) a los militares para tomar el control de las medidas de seguridad y el sistema penitenciario y ahora le ha dado vía libre para construir dos mega cárceles, una en una zona entre Olancho y Gracias a Dios, dos de los departamentos más afectados por el crimen organizado, y una en las Islas del Cisne, un área protegida y parque marino en el caribe hondureño entre las islas de la bahía y la moskitia hondureña. Una cárcel que podría costar más de 80 millones de dólares en una isla inhabitada que no cumple ningún requisito más que el de satisfacer una fantasía de la administración Castro por parecerse al autoritario más cercano.

Para comprender el nivel de la fantasía hay que explicar que el alcatraz hondureño es inviable, no tiene licencia ambiental, no tiene acceso a agua dulce. Dos expertos contratados por el Gobierno, el Colegio de Biólogos de Honduras y la misma Universidad Autónoma han desaconsejado cualquier construcción allí. Es, sin haberse puesto la primera piedra, un desastre ambiental mezclado con el ambiguo sentido de justicia y castigo que genera un estado de excepción liderado por un gobierno que no quiere quedarse atrás en mostrar su uso de la fuerza. El desastre incluye también la falta de garantías mínimas de respeto a los derechos humanos, no solo de las personas privadas de libertad que terminarían ahí, sino también sus vecinos. Pero ni las críticas ni los estudios científicos, ni sentencias de la CorteIdh  ni las protestas de comunidades que podrían ser afectadas han significado algo para el Gobierno. Para esta administración la única respuesta posible es que estas medidas solo afectan a los malos, que los ciudadanos que no tienen vínculos con el crimen deben estar tranquilos y que quienes se oponen y defienden pandilleros algo deben. Esta mirada dicotómica, sin embargo, los toca y afecta de frente ahora que los vínculos con el narcotráfico también han llegado a altos funcionarios del gobierno de la refundación. 

Honduras es un país cárcel desde hace tiempo. Miles han logrado escapar con dificultad, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés entre 2021 y 2023 y el primer trimestre de 2024 los migrantes hondureños en frontera fueron de 1,734,686 en el año fiscal 2021 y 2,475,669 en 2023. Otros se han quedado esperando a que la situación mejore. Centenares votaron en 2021 por un giro de tuerca al narcoestado, pero continúan su día a día sobreviviendo en la oscuridad de un estado todavía más militarizado.

Cuando vi en octubre de 2023 a las sobrevivientes de la cárcel de mujeres que ahora habitan un módulo de máxima seguridad en una cárcel de hombres, la mayoría sin condena o con condenas menores por participar en el narcomenudeo, les pregunté qué país creen que les espera al salir después de cumplir su condena, me respondieron en coro: «¡Estados Unidos!» Sí, ese país en donde uno de sus candidatos a la presidencia promete un enorme muro y la operación de deportación de migrantes más grande de la historia es mejor opción que quedarse e insertarse socialmente en Honduras. 

La Biblioteca Cartonera es un proyecto que permite a la niñez de zonas rurales de Honduras y sus familias recrearse mientras desarrollan su potencial creativo. Aquí, la lectura, el dibujo, el bordado y el reciclaje se conjugan para crear y reproducir obras literarias. Los fundadores y gestores del proyecto, Armida García y Joel Lara, escogieron Lepaterique, rodeado de bosques y montañas, como el lugar desde donde están haciendo realidad sus sueños. 

Texto: María Eugenia Ramos
Fotos: Fernando Destephen

En los pasillos del Instituto Polivalente Santiago, de Lepaterique, donde acaba de realizarse el acto oficial de inauguración de las tradicionales fiestas patrias, parece resonar aún el potente sonido del bombo de la banda de guerra, aunque difuminado ya por las risas de los niños y niñas que corren libres durante el recreo, después de haber estado escuchando los discursos bajo el sol, ya picante, aunque todavía es temprano.

Este instituto es una de las sedes principales de la Biblioteca Cartonera, un proyecto creado en el año 2018 por la poeta y educadora Armida García, con el apoyo de su esposo Joel Lara. Mediante esta iniciativa, los niños y las niñas se divierten haciendo libros, pequeñas joyas de creación artesanal en las que mediante el bordado y los colores reproducen obras propias, como también de la literatura hondureña y del mundo.

La innovación que ha convertido a este proyecto en una propuesta única en su género, nos dice Armida, es que ahora el bordado es parte fundamental en la creación de cada pieza. Los niños y niñas imaginan las ilustraciones, las dibujan y las bordan. Así, el cerebro y las manos trabajan juntos. Los libros se crean a partir de materiales reciclados, como cajas de pizza y retazos de tela o de ropas en desuso proporcionadas por las familias.

La Biblioteca Cartonera comenzó en 2018 como un proyecto personal, en el centro educativo donde Armida trabajaba en Tegucigalpa. Empezó enseñándoles a sus estudiantes a hacer libros, nos cuenta, pero con materiales tradicionales, usando papel, tinta y dispositivos electrónicos. Actualmente, la iniciativa, ya con materiales reciclables, se ha expandido a 11 centros educativos en total, en el casco urbano y aldeas del municipio de Lepaterique, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, aunque la propiedad intelectual sigue siendo de quienes fundaron el proyecto.

En la Biblioteca Cartonera los niños y las niñas reproducen obras de autores nacionales, como este poema del fallecido Fausto Maradiaga. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Armida le pide a su esposo Joel que «atrape» a uno de los niños que corren, para que podamos entrevistarlo. «Joel es mi arma secreta», se ríe Armida. Y nos cuenta que los varones más inquietos se comprometen a pasar un tiempo haciendo libros, porque saben que Joel después jugará fútbol con ellos. Tal vez por ahora les interese más el fútbol, pero también están leyendo, dibujando, bordando, escuchando historias y creando, no solo libros artesanales, sino también recuerdos alegres que los acompañarán en la adultez. Porque, aunque no se sabe qué les traerá el tiempo, tendrán en su memoria estos momentos compartidos, de esperanza, de amor.

Y es que la Biblioteca Cartonera es en muchos aspectos una historia de amor. El amor de Armida García por los libros y el bordado, y su historia de amor con Joel Lara, con quien están juntos desde hace catorce años. «Lo vi debajo de un árbol, le hablé, y desde entonces supe que no iba a soltarlo», dice ella. Joel, hábil constructor, bordador, y por lo que escuchamos también futbolista, asiente con una sonrisa.

También es la historia del amor de esta pareja de creadores por Lepaterique, un municipio situado a menos de hora y media de Tegucigalpa, rodeado por bosques donde se encuentran coyotes, pumas, barbamarillas y armadillos, entre otras especies. Armida y Joel llegaron un día y decidieron continuar su vida allí. Ahora van a cambiar su casa en el casco urbano del municipio por un terreno en mitad del bosque, donde construirán ellos mismos una cabaña. Suena aventurero, y lo es, porque ambos comparten esos sueños locos que acaban convirtiéndose en logros hermosos.

El municipio de Lepaterique, rodeado por hermosos paisajes donde todavía se conservan fuentes de agua y abundante flora y fauna, es la sede principal de la Biblioteca Cartonera. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Uno de estos logros es la incorporación del reciclaje como otro gran componente del proyecto,  según nos explica Dilcia Aracely Cruz, docente de Español del Polivalente Santiago, así como la recuperación del bordado como parte de las tradiciones culturales lencas. Los niños y niñas se llevan el trabajo a casa, e involucran a sus familias en el acabado final, por ejemplo, con alguna puntada que les enseña la abuelita.

Estudiantes del Polivalente Santiago observan algunos de los libros que han elaborado mediante el proyecto de la Biblioteca Cartonera, acompañados de la docente de Español Dilcia Aracely Cruz. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Pero el proyecto no solo contribuye a rescatar esas tradiciones, sino que también desafía de alguna manera los estereotipos de género. Los libros artesanales despiertan tanto entusiasmo que hasta los hombres mayores se involucran. Armida y Joel nos cuentan que en una ocasión, el abuelo de uno de los niños participantes pidió que le enviaran una manta para bordar él también, con la condición de que no le contaran a nadie. «Tenemos señores que son bordadores de clóset», se ríe Armida.

Esdras Levit García, el niño inquieto con el que finalmente logramos hablar por un par de minutos, dice que sabe bordar, y que participar en la Biblioteca Cartonera lo hizo sentir alegre. Viendo los colores, las imágenes y las texturas de los libros esparcidos sobre las mesas de la biblioteca del Polivalente Santiago, podemos entender la razón de este entusiasmo.

Sharon Bejarano y Sofía García (tercera y quinta, de izquierda a derecha) comparten con sus compañeras la alegría que ha significado para ellas participar en la Biblioteca Cartonera. Lepaterique, 2 de septiembre de 2024. Foto: CC / Fernando Destephen.

Esdras está más interesado en disfrutar del recreo que en conversar con nosotras, pero sus compañeras Sharon Sofía Bejarano y Sofía Sarahí García son mucho más expresivas. Ambas, al igual que Esdras, participaron en el proyecto cuando estaban en sexto grado, en la escuela de su comunidad. Sharon dice que hacer libros le permitió dibujar, pintar y también escribir. Le preguntamos de qué escribe, y dice que sus temas favoritos son «los atardeceres» y «una niña feliz». También dice que escribió sobre la muerte de su conejito, al que quería mucho.

Su amiga Sofía, más que por la escritura, se inclina por el dibujo, y nos comparte que le gusta mucho hacer retratos de personas, a partir de una fotografía. «En las aldeas hay personas que tienen bastante creatividad, pero no tienen los recursos para expresarla. Me gustaría que la Biblioteca Cartonera pudiera acceder a esos lugares, para que los niños puedan decirle al mundo lo que sienten», aporta, y Sharon asiente con una sonrisa.

En un país donde gran parte de la niñez se encuentra en situación vulnerable, la Biblioteca Cartonera representa una puerta hacia la esperanza de que la recreación y la literatura estén al alcance de todos los niños y las niñas del país.

La presidenta Xiomara Castro asumió el poder con el compromiso de erradicar la influencia del narcotráfico en las instituciones hondureñas. Sin embargo, tres empresas que han sido investigadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. por el caso de «Tony» Hernández siguen operando sin restricciones: una mantiene contratos millonarios con el Estado; otra – relacionada con una de las investigadas– se ha certificado como contratista estatal y la tercera recibió contratos en 2020 de un político que ocupa un alto cargo en el Gobierno actual.

Texto: Fernando Silva
Edición: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera

En febrero de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos envió una solicitud de asistencia al Ministerio Público de Honduras para que les enviaran información sobre registros de empresas y contratos relacionados con Juan Antonio «Tony» Hernández Alvarado y sus socios y partir de los testimonios, registros telefónicos y otras investigaciones, identificaron 30 «individuos objetos de la investigación», entre ellos personas naturales y empresas.

Contracorriente identificó que al menos dos empresas vinculadas a las investigaciones sobre narcotráfico y tráfico de armas de Tony Hernández han recibido beneficios bajo el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, logrando certificaciones para convertirse en proveedoras del Estado y asegurando contratos para la construcción de carreteras. Además, una tercera empresa, que ya había sido beneficiada con contrataciones directas en la administración anterior, sigue obteniendo beneficios de forma opaca a través de altos funcionarios del Gobierno actual. 

La certificación de Tradeco y Contratista Panamericana

Es veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, a las doce y treinta y cinco de la tarde, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) comienza a tomar la declaración de «Tony» Hernández Alvarado, hermano del entonces presidente de Honduras, después de su detención en un aeropuerto de Houston, Texas, en Estados Unidos.

El intercambio en el que las autoridades brindaron una oportunidad de colaboración al ex congresista hondureño, arrojó en su momento algunos de los detalles más recordados sobre la participación de Tony en las actividades del narcotráfico; por ejemplo, la revelación de que las cargas de cocaína eran marcadas con sus iniciales «TH».

En ese contexto, Tony explicó al agente de la DEA que uno de los objetivos de su visita a esa ciudad era reunirse con «Carlos», quien luego se revelaría que era Carlos Gonzales Macías, entonces vicepresidente de Tradeco, un conglomerado empresarial mexicano, que ha sido señalado por corrupción y por haber sido favorecido con múltiples contratos irregulares en su país de origen, contratos que según reportes de la prensa de ese país rondan los 20 mil millones de pesos mexicanos. Tony explicó en ese momento que Tradeco quería «entrar a invertir en Honduras» pero no había podido porque las alianzas público privadas «tenían amarrado todo», por lo que les prometió pactar una reunión con un ministro del gobierno para facilitarle un trato. 

En la solicitud de asistencia consta que, de acuerdo con registros bancarios en Estados Unidos, Gonzales Macías también se encontraba vinculado a otras compañías del Grupo Tradeco, como Tradeco Infraestructura S.A de C.V, Tradeco Ingenieria, S.A. de C.V., Tradeco Infrastructure, Inc., Itecsa LLC, Advantix Payroll LLC, Cometa USA Inc., y Ledergy LLC.

La solicitud de asistencia enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Honduras, amplía que en uno de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado, se encontraban documentos relacionados con tratos comerciales con la sociedad mercantil mexicana Tradeco y con otra empresa hondureña llamada Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon).

Aunque hasta septiembre de 2024, Tradeco no aparece directamente como proveedor autorizado para ser contratado por el Estado, el actual Gobierno, a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) adscrita a la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción, autorizó el 31 de julio de 2024 el registro como proveedor del Estado a la Sociedad Mercantil Contratista Panamericana, S.A. de C.V. (Sucursal Honduras), cuyos socios son Grupo Tradeco y su presidente el ciudadano mexicano Federico Alberto Martínez Urmeneta; y su representante legal en Honduras es el mexicano Armando Alberto Herrera Barrientos, quien también ha servido como representante legal de otras empresas de Grupo Tradeco.

Según la plataforma Honducompras, que registra a todos los proveedores del Estado, la empresa en cuestión comenzó operaciones en Honduras en diciembre de 2023. Sin embargo, su página web indica que fue fundada en 2005 y describe que es una entidad que ha llevado a cabo obras y proyectos en varios países, incluyendo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Colombia, Guyana, Surinam, Ecuador y Uruguay. 

Contracorriente solicitó una entrevista con el director de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y envió una serie de preguntas sobre la obtención de certificaciones por parte de empresas vinculadas al crimen organizado. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta investigación, no se ha recibido respuesta.

En la página web de Contratista Panamericana también se detalla que una de sus especializaciones es la construcción de edificios penitenciarios. En ese sentido, Contratista Panamericana se presenta como la empresa que fue seleccionada para construir los proyectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, reconocida por las multiples denuncias sobre abusos a derechos humanos y por ser la cárcel más grande del continente; y la construcción de una carcel de máxima seguridad en Masagua, Escuintla, en Guatemala, que se proyectaba para iniciar sus obras en la segunda semana de agosto.

En el último año, Tradeco también fue señalada en Costa Rica en un caso de investigación por posible tráfico de influencias contra el presidente de ese país Rodrigo Chávez, un ex funcionario y un funcionario activo de su gobierno. Según medios costarricenses, el Ministerio Público en ese país abrió una pesquisa por el supuesto tráfico de influencias para ceder obras en una carretera, e indagan si hubo presiones para concederle la obra a la constructora mexicana. Según informes de los medios, el representante de esa firma ratificó que se reunió con el mandatario. Por último, Tradeco también participó en el proceso de selección para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Panamá, pero no fue seleccionada. 

En Honduras, en julio de 2024, cuando la subsidiaria de Tradeco, Contratista Panamericana, recibió su certificación como proveedora del Estado, el país estaba inmerso en una controversia sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. A pesar de estudios científicos que recomendaban no construir en esa zona debido a los posibles daños a la flora y fauna endémica, se había autorizado la licitación para este proyecto sin contar con la licencia ambiental necesaria.

Desde ese entonces, el comandante de la Policía Militar del Orden Público y director del Instituto Nacional Penitenciario de Honduras, Ramiro Fernando Muñoz, ha anunciado en dos ocasiones en agosto y septiembre que el proceso fracasó  y que pronto darán inicio a un nuevo proceso de licitación. 

Contratista Panamericana y Grupo Tradeco respondieron a este medio a través de su oficina de comunicaciones, y explicaron que su constitución en el país se debe a que «[Honduras] interesa mucho por el plan de inversión en infraestructura y la gran similitud de mercados que tiene con México», pero aseguraron no estar participando en ningún proceso licitatorio y que no han pensado en un proyecto específico. Además, se desvincularon de cualquier tipo de relación con Tony Hernández. Contracorriente también buscó al comandante Muñoz a través de su asistente; sin embargo, no hubo respuesta.

Aunque hasta el momento no se dispone de información detallada sobre las inversiones que Contratista Panamericana realizará en Honduras y su registro en la ONCAE solo menciona que su rubro es la «supervisión de proyectos», esta no sería la primera vez que Tradeco intenta obtener contratos estatales.  En 2010, una empresa del Grupo Tradeco, Tradeco Infraestructura S.A de C.V., ganó una demanda por 430.8 millones de lempiras por el incumplimiento de un contrato firmado en 2003 para la rehabilitación de la carretera entre Puerto Cortés y Guatemala.

Las carreteras de Prodecon

En el celular de Tony incautado tras su arresto en noviembre de 2018, también figuraban documentos relacionados a tratos comerciales con la empresa hondureña Profesionales de la Construcción S.A. de C.V. (Prodecon), por lo que el Departamento de Justicia requirió información sobre la empresa en la investigación contra el ex congresista y sus socios.

Según el Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras (donde deben registrarse todos los contratos otorgados por el gobierno), entre 2014 y 2021, durante la gestión del ex presidente Juan Orlando Hernández, Prodecon se benefició con 21 contratos otorgados por el Fondo Vial, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), e Inversión Estratégica de Honduras. Los contratos abarcaron desde operativos de bacheo hasta la construcción de obras de carretera, y en total sumaron unos 812 millones de lempiras, es decir unos 33 millones de dólares.

Tras la salida del gobierno de Hernández, las relaciones con la empresa investigada por el Departamento de Justicia no terminaron, y según los registros del portal de contrataciones, sólo entre marzo y abril de 2023 la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) le adjudicó 6 contratos para la construcción de diversas obras de infraestructura vial valoradas en un total aproximado de 69 millones de lempiras, unos 2.78 millones de dólares. 

El contrato más importante registrado en el portal de contrataciones en este periodo fue destinado al mantenimiento de la red vial en el departamento de Atlántida en un tramo que va desde el Puente Lean hasta el municipio de Jutiapa, valorado en 54.5 millones de lempiras. Según informes de la prensa nacional, los trabajos de reparación concluyeron en octubre de 2023.

Además, el Gobierno adjudicó otro contrato a Prodecon sin registrarlo en el portal de contrataciones. La SIT le adjudicó en diciembre de 2022 la rehabilitación del tramo carretero entre Jesús de Otoro y La Esperanza en el departamento de Intibucá. El monto del contrato es de cerca de 331.7 millones de lempiras y sigue en ejecución con diversos retrasos que han sido denunciados por medios de comunicación y con las justificaciones de la empresa que argumenta que no le han sido efectuados algunos pagos.

Los atrasos en la ejecución del proyecto incluso han sido denunciados por la actual precandidata del oficialismo y ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien publicó en la red social X que «[…] la carretera está destruida, y la población no se explica por qué la compañía adjudicada aún no finaliza (Prodecon) y reclaman por la lentitud». En el Gobierno anterior, Prodecon ya había sido cuestionada públicamente por los retrasos en sus obras. 

En total, según la investigación de este medio, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha otorgado contratos que ascienden a los 400 millones de lempiras a esta empresa con la que, según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Tony mantenía negocios.

Este medio intentó establecer comunicación con el ingeniero Octavio Pineda, ministro de la SIT; sin embargo, hasta el momento de esta publicación no ha contestado a ninguna de nuestras comunicaciones. Contracorriente también envió un correo y llamó a las oficinas de Prodecon, pero no hubo respuesta.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Prodecon es beneficiada por un Gobierno liderado por la familia Zelaya. El 1 de agosto de 2008, el entonces ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, José Rosario Bonano, firmó un contrato para el mejoramiento de la carretera CA-5 con Prodecon. El monto total del proyecto fue estipulado en 294.9 millones de lempiras, unos 11.8 millones de dólares.

El exministro «Saro» Bonano ha estado bajo investigación desde 2011 por el Ministerio Público a raíz de un informe especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que reveló irregularidades en el proyecto de construcción y pavimentación de la carretera La Esperanza-Marcala. En octubre de 2022, un tribunal de sentencia rechazó la solicitud de Bonano para acogerse a un decreto de amnistía, el cual había beneficiado a varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya y les permitió evadir acusaciones y procesos judiciales por corrupción. 

Según registros de la cámara de comercio, Prodecon es una empresa constituida en 1979 por miembros de la familia Gamez Panchame; su actual gerente general y representante legal es José Dario Gamez Panchame exgerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) entre 2012 y 2014, exdiputado y subcoordinador regional de campaña de Porfirio Lobo para las elecciones de 2009. 

En 2021, Prodecon fue denunciada en el Congreso Nacional por el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, quien aseguró que «la negligencia y las malas prácticas en las obras de construcción en el puente del Río Guacirope, han desembocado en una situación precaria para los habitantes, los transeúntes, las empresas y los vecinos del municipio de Nacaome, como de toda la Zona Sur del país». Previo a las denuncias del congresista en 2019, José Gamez también fue señalado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por irregularidades en contrataciones durante su gestión en la ENP.

José Gamez también estuvo vinculado con el círculo cercano de Tony Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández tras venderle una propiedad en Villanueva, Cortés, al general de brigada en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado, quien fue compañero del expresidente en el Liceo Militar del Norte en 1983 y, gracias a esa cercanía, trabajaron de cerca desde que fue presidente del Congreso Nacional en 2010, hasta su ascenso en 2019 como comandante general de la Fuerza Aérea. Barrientos fue parte de los tres generales del ejército hondureño que fueron presentados como testigos por la defensa del ex presidente Juan Orlando Hernández en el juicio que enfrentó en marzo de 2024 y en el que fue encontrado culpable.

Los vínculos de la Correduría Ucles Martínez 

Cuando Tony Hernández viajó a Estados Unidos en noviembre de 2018, acompañado por su amigo Marlon Pacheco Morales, quien según reportes de la prensa nacional también fue abogado del hermano del ex presidente en transacciones inmobiliarias, uno de sus objetivos era encontrarse con Theo Franz Uclés, un empresario hondureño a quien también describió como su «amigo». Según las declaraciones de Tony, su amigo Theo había viajado a Nebraska para comprar dos camiones «de segunda», para luego repararlos.

Según la solicitud de asistencia del Departamento de Justicia, Ucles Castillo había estado en contacto con un individuo en Estados Unidos, quien había sido arrestado en 2017 por un delito relacionado con lavado de dinero, aunque posteriormente se desestimaron los cargos. Los registros de viaje indican que Ucles Castillo tenía previsto salir de Estados Unidos en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami durante la semana del 26 de noviembre de 2018, o en fechas cercanas. Sin embargo, no abordó el vuelo. En cambio, se presume que salió de ese país de tal manera que evitó el contacto con las autoridades y la aduana. Se cree que viajó en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá el 11 de diciembre de 2018.

Contracorriente también encontró que Theo Franz Uclés, amigo de Tony, fue parte de su esquema offshore de empresas de papel en Panamá, participando como apoderado legal en las sociedades Office 77-602, S.A. (suspendida) y Office 77-603, S.A. (vigente). Una denuncia anónima en redes sociales que data de 2018, señala que este esquema habría sido utilizado para lavar dinero.

En Honduras, el 13 de mayo de 2004, Theo Franz Uclés, Aná Elizabeth Uclés y Belky Judith Martínez constituyeron la Correduría de Seguros Uclés Martínez S. de R.L., la cuál en 2019, tras la captura de Tony Hernández, pasó a convertirse en una Sociedad Anónima de Capital Variable. Dicha operación de cambio de razón social fue presentada por la abogada Rebeca Lizeth Melara Ráquel, hija de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien, según reportes de medios de comunicación, ha sido investigada por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico por representar una sociedad mercantil vinculada con Ramón Matta Waldurraga, quien fue acusado por el Ministerio Público en Honduras por lavado de activos agravado, y en 2018 se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. 

La presidenta de la CSJ es militante del partido LIBRE y fue impulsada a ese cargo por dicha institución política, a pesar de que en diciembre de 2022 el CNA señaló en un informe remitido a la Junta Nominadora del Poder Judicial a Raquel Obando por constituir y protocolizar la empresa Jericó Mining Company. Según el informe del CNA, dicha asociación es propiedad de Alberto Muccioli Ordoñez, quien desde 2018 cuenta con medidas de aseguramiento y orden de captura por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por presuntamente estar vinculado a la estructura de narcotráfico y lavado de activos del fallecido señor Wilkin Montalván Mejía.

Sin embargo, la relación entre Theo Uclés y la hija de la presidenta de la CSJ no es la única vinculación del amigo de Tony Hernández con el partido Libre. En 2012, durante la primera campaña presidencial de Xiomara Castro, Theo Franz Uclés se presentó como candidato del partido Libre para el Parlamento Centroamericano.

Además, en noviembre de 2020 Theo Uclés también fue beneficiado con dos contrataciones directas en la alcaldía de San José de Colinas, Santa Barbara. En el contexto de la emergencia por las tormentas Eta e Iota, que ese año causaron estragos en diferentes puntos del país, Amable de Jesús Hernández, alcalde de ese municipio por el partido Libre, adjudicó un contrato para abastecimiento de agua en comunidades y barrios por un monto de 114,589 lempiras, es decir unos 5,800 dólares. Además, ese mismo mes, otorgó otro contrato para la habilitación de carreteras en varias comunidades presuntamente afectadas por un monto de 212,750 lempiras, o 8,548 dólares.

Amable de Jesús Hernández es un caudillo del partido en el Gobierno que lleva 26 años en el poder (antes con el Partido Liberal y ahora con el Partido Libre) y que, con la llegada de la presidenta Xiomara Castro a la silla presidencial, fue designado como director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). Contracorriente ha reportado diversas irregularidades en el uso de fondos de dicha institución.

Información que brindó una fuente a Contracorriente señala que en 2022 la Correduría de Seguros Uclés Martínez estuvo involucrada en una intermediación para la adjudicación de un contrato de seguros en el INJUPEMP. 

Sobre esto, en el plan anual de compras y contrataciones de la institución para 2022, se incluyó una línea presupuestaria de 3.5 millones de lempiras destinada a la contratación de «seguros varios del instituto». Según el portal Honducompras, que publica los procesos de licitación y compra de las instituciones del Estado, la institución llevó a cabo el proceso de licitación para seguros de edificios e invalidez en julio de ese año y publicó una resolución sugiriendo la contratación de Seguros Atlántida y Seguros Continental, pero los documentos de la contratación final no fueron publicados.

Aunque la correduría de Theo Franz está registrada en la Comisión Nacional de Banca y Seguros como intermediario de seguros en el país, no hay datos sobre la dirección de sus oficinas o contactos de teléfono. Contactamos a los dos entes regidores de los corredores de seguros en el país: la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) y la Asociación Hondureña de Profesionales de Seguros (Ahproinse). Por un lado, el representante de la CAHDA aseguró enfáticamente que no tiene ninguna relación con Theo Uclés y que hace diez años no sabe de él; por otro lado, la representante de Ahproinse aseguró que han perdido el contacto de los representantes de la Correduría Uclés Martinez ya que cambiaron de número de teléfono, pero que los están buscando.

Este medio envió una serie de preguntas al correo de la Correduría de Seguros Uclés Martínez que aparece en el registro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), pero hasta el momento de la publicación de esta investigación no hubo respuesta.

Hasta el jueves 5 de septiembre de 2024, el registro de la Correduría de Seguros Uclés Martínez y de Theo Uclés como dependiente de dicha empresa estaba activo en la página de la CNBS. Sin embargo, tras las consultas realizadas por Contracorriente a los organismos reguladores y al personal de instituciones relacionadas con el caso, el domingo 8 de septiembre el registro apareció como suspendido.

Contracorriente envió una serie de preguntas al director de Injupemp, Amable de Jesús Hernández a su número personal y a través del encargado de relaciones públicas de la institución quien aseguró que se las trasladaría; sin embargo, no recibimos respuesta.

Después de que Insight Crime publicó un video en el que Carlos Zelaya —cuñado de la presidenta y ex secretario del Congreso Nacional— aparece negociando aportes de campaña con narcotraficantes, los hallazgos de esta investigación sugieren que las relaciones del actual Gobierno con personas y empresas vinculadas al narcotráfico son mucho más profundas de lo que su retórica oficial quiere hacer parecer. 

 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

San Salvador, 9 sep (EFE).- El director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, falleció el domingo por la noche al estrellarse por causas todavía no aclaradas el helicóptero de la Fuerza Aérea en el que viajaba con otras personas que también murieron, entre ellas un presunto implicado en un millonario desfalco.

«Lamentamos confirmar el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el cual se estrelló en Pasaquina, La Unión», informó la Fuerza Armada salvadoreña en X.

Sin detallar las identidades del resto de ocupantes de la aeronave, la fuente señaló que «en la aeronave era trasladado, bajo custodia policial», Manuel Coto, exgerente de un banco investigado por el desfalco de 35 millones, «así como el Director de la PNC, comisionado general Mauricio Arriaza Chicas».

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lamentó en X la muerte de Arriaza Chicas, quien llegó a la dirección del a PNC de la mano de Bukele en 2019, pero en gobiernos anteriores había ocupado altos puestos al interior de este cuerpo de seguridad.

«El director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo», publicó Bukele en las redes sociales.

Arriaza Chicas fue subdirector de Áreas Especiales, jefe de la División de Finanzas y subjefe de la División de Investigación Criminal de la PNC, a la que ingreso como parte de las primera generación de oficiales en 1993.

El ahora fallecido se formó en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y se graduó en la Escuela de Carabineros de Chile, en 1989.

En la noche del 6 de septiembre, ciudadanos y ciudadanas, junto con líderes de la oposición, marcharon con antorchas para exigir la continuación del tratado de extradición y denunciar el nepotismo en la administración de la presidenta Xiomara Castro. La protesta fue provocada por un reportaje de InsightCrime que mostró a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hasta el momento secretario del Congreso Nacional, negociando con narcotraficantes. El Gobierno ha acusado a la oposición, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación y a agentes extranjeros, de intentar un nuevo golpe de Estado.

Fotografía y texto: Fernando Destephen

Este viernes 6 de septiembre, un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes y activistas del Partido Nacional de Honduras y de otros movimientos y partidos políticos, se citaron en la primera entrada de la colonia Kennedy de Tegucigalpa para exigir con una movilización de antorchas que se continúe con el tratado de extradición y denunciar el nepotismo en la administración de la presidenta Castro. María José Sosa, participante de la acción ciudadana, afirmó sentirse «indignada por las acciones de este gobierno» y agregó que no «imaginaban la magnitud de todos los desastres y crisis que le iban a provocar al pueblo hondureño».

El contexto de estas exigencias comenzó el miércoles 28 de agosto, cuando Laura Dogu, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, hizo declaraciones que sacudieron el panorama político. Dogu expresó su preocupación tras la reunión entre Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, y José Manuel Zelaya, exsecretario de Defensa, con Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, señalado por Estados Unidos por narcotráfico. Dogu aseguró que estaban «muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela». 

Nahúm Reyes, defensor del ambiente de su comunidad, camina por la parte del río que según él, la empresa Agrecasa ha afectado con su actividad minera. Cortés, Honduras, agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

El 28 de agosto, la presidenta Xiomara Castro, utilizando la defensa de la soberanía hondureña frente al intervencionismo de Estados Unidos como excusa, ordenó al canciller Enrique Reina que denunciara el tratado de extradición con ese país. La decisión generó una ola de reacciones en contra y sectores de oposición convocaron a una movilización para el 30 de agosto, que finalmente no se realizó.

El 31 de agosto, Carlos Zelaya, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, se presentó en el Ministerio Público para aclarar un video de hace 11 años en el que aparece en una reunión con narcotraficantes. Zelaya afirmó haber caído en una trampa y negó cualquier implicación de su familia en actividades ilícitas. El 2 de septiembre presentó su renuncia formal como diputado ante el Consejo Nacional Electoral, aunque no hubo confirmación oficial del Congreso sobre su dimisión. Finalmente, el 3 de septiembre, Insight Crime publicó videos en los que Zelaya aparece discutiendo la entrega de dinero proveniente de «aportaciones» de capos de la droga. En esas negociaciones mencionó que la mitad de lo acordado sería destinado al «Comandante», apodo de Manuel Zelaya, su hermano.

La presidenta ha calificado la acción de Carlos Zelaya como un error deplorable «sin informar al coordinador, a la candidata y al partido, lo realizó a espaldas nuestras, nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos».

En medio de ese tornado político, resurgió la convocatoria para una nueva movilización de antorchas, esta vez liderada por el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, y Rashid Mejía, dirigente del movimiento Una Sola Voz por Honduras.

Uno de los participantes en la marcha, aseguró a Contracorriente que «la patria se encuentra en peligro, no podemos seguir siendo gobernados por gente que no cumple las leyes, por gente incapaz, deshonesta y que internacionalmente ha puesto a Honduras en evidencia de que somos un país narcotraficante».

En 2015 el Movimiento de las Antorchas fue una iniciativa ciudadana que presionó y logró que Juan Orlando Hernández accediera a la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Estas nuevas antorchas, sin embargo, provocan el rechazo de un sector de la sociedad por incluir al Partido Nacional y a un general cuestionado por sus acciones durante el golpe de Estado. 

Ayudando con Amor, una ONG con pocos registros, ha incumplido la rendición de cuentas financieras y su primer apoderado legal, Junior Toscano Casco, estuvo vinculado a Fredy Nájera, condenado por narcotráfico. La actual directiva de esta ONG incluye a un exempleado del gobierno y a otra persona con contrato en la alcaldía capitalina. La organización ha recibido fondos millonarios de instituciones estatales y ha sido criticada por su falta de transparencia y desvío de recursos hacia fines proselitistas.

Texto: Luis Escalante, con reportes de Jennifer Ávila
Fotografías: Fernando Destephen
Portada: Persy Cabrera 

En tres años, Ayudando con Amor pasó de ser una ONG sin proyectos ejecutados y constituida por personas desconocidas, a convertirse en una herramienta para que políticos eleven su perfil ante el electorado. Esta organización incumple con la rendición de sus estados financieros y su primer apoderado legal ha estado vinculado a personajes relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Además, dentro de su actual junta directiva figura un exempleado del actual gobierno y otra persona que tiene un contrato de servicios laborales dentro de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. 

Según sus estatutos, Ayudando con Amor fue creada para «trabajar y contribuir a dignificar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, luchando por implementar estrategias que permitan apoyar el desarrollo social y económico, así como mejorar el nivel de vida de la población», pero en la realidad, su misión es muy diferente. Esta ONG, que obtuvo su personería jurídica el 28 de mayo de 2021, se niega a proporcionar información sobre quiénes son sus donantes nacionales e internacionales, cuántos proyectos han ejecutado y en qué regiones del país trabajan.

Contracorriente intentó entrevistar a Claudia Pamela Álvarez Matute, presidenta de la junta directiva de Ayudando con Amor. Inicialmente, nos indicó que consultaría con su equipo legal antes de responder. Sin embargo, posteriormente se negó a dar la entrevista y aseguró que la organización que dirige «siempre ha actuado conforme a la ley».

Contracorriente tuvo acceso a documentación de la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, que evidencia la escasa transparencia que rodea a Ayudando con Amor. Un memorando firmado el 22 de julio por la directora de Dirrsac, Flor Idalma Salgado Cruz, establece que, hasta esa fecha, la ONG no había presentado los estados financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, a pesar de que la Ley Especial de Fomento para las ONG, vigente desde 2010, estipula que el incumplimiento de este requisito conlleva la cancelación de la personalidad jurídica.

El único registro disponible de la organización Ayudando con Amor consiste en dos declaraciones juradas presentadas ante la Dirrsac. En la declaración correspondiente a 2021, según explicó Claudia Álvarez, la asociación «se dedicó exclusivamente a cumplir con los requisitos regulatorios del Estado y a establecer su estructura organizacional, sin desarrollar proyectos ni generar cifras contables financieras».

Según la declaración jurada de 2022, Ayudando con Amor «se centró en la conformación de su estructura y planificación operativa, por lo que tampoco generó proyectos ni informes financieros». El hecho de que el documento correspondiente a 2021 haya sido firmado y autentificado hasta el 9 de julio de 2024 y el correspondiente a 2022 el 7 de diciembre de 2023 genera suspicacias, debido a que la primera se firmó dos años después y seis meses después del periodo descrito, y la segunda un año después. 

A pesar de no haber reportado sus estados financieros a la Dirrsac, Ayudando con Amor ha recibido fondos millonarios del Instituto de la Propiedad (IP) y el Congreso Nacional (CN) a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Entre marzo y junio de 2023**, la organización firmó un convenio con el IP para ejecutar el proyecto «Mejorando la calidad de vida de familias en situación de pobreza en Honduras». El convenio estipulaba la donación de 39.5 millones de lempiras en desembolsos condicionados al cumplimiento de requisitos.

El primer desembolso de un poco más de 5.9 millones de lempiras se realizó tras la firma del convenio y la entrega del primer producto. Los siguientes desembolsos fueron realizados bajo condiciones similares: el segundo y el tercer desembolso, ambos de 15.8 millones de lempiras, se efectuaron tras la presentación de los productos correspondientes y la rendición de cuentas de los desembolsos anteriores. El cuarto desembolso, de un poco más de 1.9 millones de lempiras, se concedió después de la rendición de cuentas del tercer desembolso y la presentación del mismo producto.

El proyecto, que incluía la entrega de kits de emprendimiento, ha sido criticado por algunos funcionarios del gobierno por supuestamente desviar los fondos hacia la compra de bienes domésticos como estufas, colchones y maquinaria, con fines proselitistas, en lugar de fomentar el emprendimiento. El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, denunció que estas ayudas sociales tenían como objetivo favorecer la campaña política del diputado y ahora precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix.

En las redes sociales de Cálix se pueden ver videos publicados en mayo de 2023 en los que decenas de personas hacen fila para recibir kits de emprendimiento similares a los que entregó Ayudando con Amor. Contracorriente envió un mensaje de texto al diputado consultando la procedencia de los fondos para la entrega de estos kits; sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no hemos recibido respuesta.

@jorgecalixhn

¡El emprendimiento es clave para el desarrollo de Honduras! ¡El Gobierno de la presidenta Xiomara apoya las nuevas ideas! #SeguimosTrabajando #xiomarapresidenta #honduras🇭🇳

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El 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención al IP debido a la falta de registros fiables y violaciones de la ley en el manejo de más de 18,000 millones de lempiras desde 2015. Se denunció la adulteración y financiación indebida en la construcción de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales.

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Específicamente, durante la administración de Darío García como secretario ejecutivo del IP, entre el 1 de marzo de 2022 y el 10 de febrero de 2023, se habrían utilizado inapropiadamente 1,000 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Lafise Honduras S. A. operado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y destinado a la gestión nacional del registro vehicular, con énfasis en la modernización de los sistemas de emisión de placas y recaudación de multas vehiculares. 

Aunque el CN derogó el decreto que contenía el fideicomiso el 4 de junio de 2022, el IP no reportó a la Secretaría de Finanzas los fondos disponibles en ese fideicomiso. El 13 de junio de 2024, el ministro Marlon Ochoa presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) indicando que, para junio de 2022, el monto no reportado superaba los 2,000 millones de lempiras, y que para julio de 2023 se habían reducido cerca de 1,000 millones de lempiras.

Tras la crisis que se generó en el Legislativo en enero de 2022, por la elección de la junta directiva de ese poder del Estado, a Cálix se le cedió el «control político» sobre tres instituciones: el IP, la Secretaría de Contingencias Nacionales y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Darío García, quien estuvo al frente del IP cuando se suscribió el convenio de cooperación institucional con Ayudando con Amor, es ahora el coordinador de campaña del movimiento Juntos por el Cambio del Partido Liberal, que busca que Jorge Cálix gane en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

Contracorriente contactó a Esdras Gutiérrez, miembro de la Comisión Interventora del IP, a fin de conocer detalles acerca de los fondos otorgados a Ayudando con Amor durante la administración de Darío García, pero no obtuvimos respuesta. También enviamos un mensaje de texto a Carolina Cabrera, jefa de Comunicaciones de la institución, quien únicamente nos contestó lo siguiente: «Debido a que este asunto se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, no es posible brindar declaraciones en este momento». 

Ayudando con amor y las donaciones del CN 

El IP, bajo el control de Darío García y Jorge Cálix, no ha sido la única institución del Estado en hacer donaciones a Ayudando con Amor. El 28 de diciembre de 2023, a través del Banco de Desarrollo Rural S.A. (Banrural), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización efectuó un pago de 5 millones de lempiras a la organización para la ejecución de dos proyectos: la construcción de un centro comunal en la aldea Guapinol de Marcovia, Choluteca, y de una caja puente en el barrio El Edén, en Choluteca.

Según información a la que accedió Contracorriente, ambos proyectos fueron gestionados por el diputado del Partido Liberal, Ernesto Lezama, a través de las subvenciones y donaciones a ONG que otorga el Congreso Nacional (CN). 

La Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al período fiscal 2024 incluye una partida presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras para «infraestructura menor, obras sociales y becas educativas», a la que tienen acceso las y los diputados. La gestión de estos fondos está a cargo de diferentes instituciones y Secretarías de Estado, incluyendo Gobernación, Descentralización y Justicia; además, la Secretaría de Finanzas está autorizada para realizar las operaciones conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto y el Sistema de Administración Financiera Integrado (Siafi).

Lejos de los pasillos y entramados legislativos, en la aldea Guapinol, Marcovia, Choluteca, la población subsiste por la actividad pesquera en esta zona rodeada de manglares y cercana al Golfo de Fonseca; también sobrevive gracias a  las remesas enviadas por sus migrantes desde Estados Unidos y otros países.

Hace unos meses, allí se construyó un nuevo centro comunal. Al llegar, encontramos que se trata de un modesto edificio con bloques al descubierto, sin pintar, y con pequeños detalles en rojo y blanco, colores que caracterizan al partido político de Lezama y ahora de Jorge Cálix.

Edificio construido en Guapinol, Marcovia, Choluteca, aún sin inaugurar y con las luces encendidas durante el día. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Don Carlos, quien vive en una pequeña casa de madera frente al centro comunal, le dijo a Contracorriente que participó en la construcción. Sin embargo, nunca ha oído hablar de Ayudando con Amor, y lo único que sabe es que el diputado Ernesto Lezama está detrás de este espacio, que, según él, «ha sido una buena ayuda para la comunidad».

«El terreno fue adquirido hace tiempo, pero no estoy seguro de qué organización proporcionó los fondos para la construcción; parece que fue una organización extranjera. Vinieron diputados a supervisar, también vino el alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix. El proyecto lo gestionó [Ernesto] “el Negrito” Lezama; él estuvo aquí al principio, cuando empezamos a hacer las zanjas del centro comunal, pero después no volvió a aparecer», cuenta don Carlos.

Por su parte, don Heráclito, quien diariamente recorre el pequeño poblado de Guapinol en una bicicleta y se dedica a la conservación y forestación del lugar, menciona que el centro comunal todavía no está completo y le falta acera y otras comodidades. Al igual que don Carlos, él desconoce qué es Ayudando con Amor y qué participación tuvo en la edificación del nuevo centro comunal. Solo ha escuchado hablar de políticos.

En su recorrido, don Heráclito pasa frente al edificio construido por la Fundación Ayudando con Amor, pero desconoce quiénes son y cuándo estaría terminado el proyecto. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«El centro comunal todavía no se ha inaugurado y tampoco está en uso. La construcción duró alrededor de cuatro meses, con gente de aquí de la zona y otras personas que vinieron de afuera. Se buscó gente para trabajar en la construcción; hubo albañiles que trabajaron aquí y se les pagó por día», explica don Heráclito, quien solo sabe que el alcalde de Marcovia, Nahúm Cálix, y «un diputado de Choluteca» llegaron a supervisar las obras. Cálix y Lezama son del Partido Liberal.

En el barrio El Edén, ubicado en el suroeste del municipio de Choluteca, se construyó una caja puente que mejora la fluidez del agua de lluvia. Don Héctor, un vecino de la zona, afirma que la obra ha beneficiado a la comunidad.

Caja puente construida en el barrio El Edén de Choluteca, otro proyecto que figuras políticas presentaron como propio. Choluteca, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«La caja puente se construyó porque, cuando llovía, se rebasaba y se perdía el paso, lo que hacía que el agua saliera a las calles. El proyecto quedó bien hecho, y, gracias a Dios, lo que se prometió se llevó a cabo», asegura.

Al igual que don Carlos y don Heráclito, para él Ayudando con Amor tampoco figura como responsable principal de la construcción de la caja puente. «Esta obra fue realizada por el gobierno, sé que el diputado Ernesto Lezama gestionó el proyecto. Sé que se utilizó una ONG, aunque no estoy seguro de cómo funciona el sistema allí. El diputado visita frecuentemente la zona», manifestó.

A pesar de que este tipo de proyectos replican las acciones clientelistas y asistencialistas observadas en administraciones anteriores y la actual, don Héctor asegura que en ningún momento se les pidió votar por Ernesto Lezama, quien nuevamente buscará una diputación en el próximo proceso electoral. «No se nos pidieron votos. El diputado vino aquí, vio la situación que había y prometió que nos ayudaría con el proyecto», concluye.

Ernesto Lezama, diputado liberal afín al oficialismo ejercido por el Partido Libertad y Refundación (Libre) —es vicepresidente alterno VI del CN—, ha defendido a ultranza la entrega de subvenciones y la ejecución de proyectos sociales dentro del Legislativo, a pesar de la falta de transparencia que rodea a este mecanismo.

Entre 2023 y 2024, el CN ha desembolsado cerca de 352 millones de lempiras en concepto de subvenciones, sin registros de qué diputados o diputadas las reciben y sin ningún registro completo de liquidación. Además, ha hecho donaciones a ONG por 21.9 millones de lempiras en el mismo período.

En una respuesta a una solicitud de información pública realizada por Contracorriente, fechada el 24 de enero de 2024, el exsecretario del CN, Carlos Zelaya Rosales, indicó que no existía ningún registro del listado de ONG beneficiadas con donaciones de ese poder del Estado.

El 2 de septiembre de 2024, Zelaya Rosales renunció a su diputación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras haber admitido en una declaración en el Ministerio Público (MP) que en 2013 participó en una reunión con empresarios y narcotraficantes, incluido Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder del clan «Los Cachiros», previo a las elecciones generales de ese año. Un día después InSight Crime filtró un vídeo en el que Zelaya aparece junto a narcotraficantes como Davis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, Carlos Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor Emilio Fernández Rosa, negociando un soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial de Xiomara Castro en las elecciones generales de 2013.  

El 29 de febrero de 2024, durante el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández, Rivera Maradiaga juró haber sobornado a Zelaya Rosales con 200,000 dólares. 

Antiguo abogado de Fredy Nájera constituyó Ayudando con Amor 

La organización Ayudando con Amor tuvo como primeros apoderados legales a los abogados Bryan Samir Andino Chambasis y Junior Isaac Toscano Casco. Este último representó legalmente al exdiputado del Partido Liberal y antiguo socio de «Los Cachiros», Fredy Nájera, quien fue condenado a 30 años de prisión en una corte federal de Nueva York el 14 de abril de 2022 por delitos de narcotráfico.

Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del 2011, reveló que el representado de Toscano Casco solicitó dos dispensas para la importación de vehículos con exoneración de impuestos sobre importación y ventas, a pesar de que se había derogado el decreto que otorgaba dispensas para la importación de vehículos a las y los congresistas. El 15 de julio de 2010, generando una pérdida fiscal al Estado, Nájera solicitó la dispensa para importar dos automóviles de alta gama: un Mercedes Benz G 55 AMG y un Land Cruiser Station Wagon, provenientes de Alemania y Japón, respectivamente. 

Junior Isaac Toscano Casco también representó al exdiputado del Partido Liberal, Dennys Sánchez, quien el 9 de julio de 2010 solicitó una dispensa para importar un Lexus LX570 desde Estados Unidos, a pesar de la derogación del decreto.

Sánchez, quien posteriormente se unió al Partido Libertad y Refundación (Libre), fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) en el marco del caso denominado «Red de Diputados». Sánchez enfrentó cargos por malversación de caudales públicos. 

Según las acusaciones del Ministerio Público, Dennys Sánchez, junto a otros cuatro diputados, solicitó al Poder Ejecutivo fondos que fueron transferidos a una ONG llamada Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH). Luego, la ONG devolvió irregularmente los fondos a los diputados, quienes recibieron 15 cheques, sumando un total de 8.3 millones de lempiras. 

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El 1 de diciembre de 2022, una Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó un fallo absolutorio emitido por un juez natural y confirmó un auto de formal procesamiento para los imputados. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún juicio oral y público en el marco de esta causa penal.

Junior Isaac Toscano Casco fue quien gestionó todas las diligencias ante la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para que se le otorgara la personería jurídica a Ayudando con Amor. Desde su constitución el 14 de febrero de 2021, la primera presidenta de la junta directiva, Liz Arantza Romero Mencía, le concedió a Toscano Casco y a Bryan Samir Andino Chambasis poder amplio para representar a la organización ante el Estado hondureño.

Contracorriente también identificó que la mayoría de la documentación de Ayudando con Amor está certificada por el abogado y notario Laureano Carbajal Rivas, quien actualmente enfrenta un proceso judicial tras ser acusado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) de falsificación de documentos públicos.

Esta acusación se relaciona con el «Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras», en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó en 2012 una indemnización de 317,289.72 lempiras a las 107 familias afectadas por el incendio en la extinta Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula, ocurrido el 17 de mayo de 2004, que dejó 107 muertos y 25 heridos.

Los pagos comenzaron en 2017. Sin embargo, el Ministerio Público descubrió que 49 cheques fueron cobrados ilegalmente por una persona no autorizada, con documentación falsificada y sin la debida autorización del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Se reveló una red de empleados corruptos y notarios que se apropiaron del dinero, dejando a varios familiares sin indemnización.

El 22 de agosto de 2017, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional también emitió un auto de formal procesamiento contra Laureano Carbajal Rivas, acusado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) de falsificación de documentos públicos. La investigación se inició en 2014, cuando se decomisó en Taulabé, Comayagua, un camión con 743 kilogramos de cocaína. En aquel momento, la Fiscalía alegó que Carbajal Rivas traspasó ilegalmente el vehículo para eliminar pruebas del delito.

Cómo surgió Ayudando con Amor 

De acuerdo con los registros de la Dirrsac, Ayudando con Amor fue constituida oficialmente el 14 de febrero de 2021 y el 28 de mayo del mismo año recibió su personalidad jurídica mediante resolución 1002-2021 de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

En un acto de formalización llevado a cabo el 26 de febrero de 2021, Liz Arantza Romero Mencía, primera presidenta de la junta directiva de la organización, otorgó poder amplio y suficiente a los abogados Junior Isaac Toscano Casco y Bryan Samir Andino Chambasis para realizar gestiones ante diversas instituciones del Estado, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y entidades privadas.

La primera junta directiva de Ayudando con Amor quedó conformada de la siguiente manera: Liz Arantza Romero Mencía como presidenta; Marlen Elizabeth Mencía Montes como secretaria; Edwin Francisco Valeriano Medreano como tesorero; Daniel Alberto Valdés Armijo como vocal; y Sindy Carolina Figueroa Romero, Óscar Antonio Mencía Castro y Shelcea Mussieth Mencía Flores como miembros del órgano fiscalizador. Es notable que el apellido Mencía estaba presente en cuatro de los siete miembros, sugiriendo un posible vínculo familiar.

Esta junta directiva ejerció sus funciones desde la constitución de la ONG hasta el 17 de junio de 2022. Posteriormente, quedó integrada por Claudia Pamela Álvarez Matute como presidenta, Helen Maricela Zavala Pérez como secretaria, Bairon Josué Berrios Salinas como tesorero y Henry Joel Solórzano Chávez como vocal. Esta nueva directiva mantendrá su cargo hasta el 14 de febrero de 2025. 

Contracorriente investigó el perfil de las y los directivos de Ayudando con Amor y descubrió que uno de ellos, Bairon Josué Berríos Salinas, tiene actualmente un contrato de servicios laborales con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Según el memorando GRH-268-2024, Berríos Salinas inició su contrato el 14 de marzo de 2024. Se consultó a Mauricio Varela, gerente de Recursos Humanos de la alcaldía acerca de esa planilla, pero no contestó. 

Otro de los miembros de la junta directiva, Henry Joel Solórzano Chávez, trabajó en el programa Red Solidaria, que depende del Poder Ejecutivo, entre el 2 de mayo y el 30 de septiembre de 2023, según el memorando PRS/SG-RRHH-No.504/2024.

**Fe de erratas: En la versión original de este texto se indicó que el convenio de cooperación entre la Unidad Coordinadora de Proyectos del Instituto de la Propiedad y Ayudando con Amor para ejecutar el proyecto «Mejorando la calidad de vida de familias en situación de pobreza en Honduras» se suscribió entre marzo y junio de 2023. Sin embargo, tras recibir la información completa, publicada en una segunda nota, Contracorriente verificó que la fecha de suscripción fue el 20 de junio de 2022.

DIVERGENTES corrobora con tres fuentes allegadas a la operación de destierro que al líder indígena de Yatama no le fue permitido abordar el avión con destino al aeropuerto La Aurora, y se mantiene en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Otra fuente del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo dijo a esta redacción que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie, porque salieron amenazados de la prisión: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua»

Autor: Wilfredo Miranda Aburto / Divergentes

La primera noche en Ciudad de Guatemala para los 135 presos políticos fue una mezcla de júbilo, miedo, zozobra y desconcierto. Lo mismo para sus familiares. A falta de una lista oficial de las personas que fueron excarceladas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a cuentagotas se han venido confirmando los nombres de quienes abordaron el avión que salió la madrugada de este jueves 5 de septiembre desde Managua. DIVERGENTES corroboró con tres fuentes allegadas a la operación que al diputado indígena Brooklyn Rivera, otrora aliado del sandinismo, «no lo dejaron salir, no le permitieron abordar el avión». 

Hasta la publicación de este artículo, DIVERGENTES no ha podido corroborar si la segunda de Rivera en el partido indígena Yatama, la también legisladora Nancy Henríquez, corrió la misma suerte. Sucede que las autoridades estadounidenses y chapinas han alojado a los 135 presos políticos en diferentes hoteles de Ciudad de Guatemala e impuesto un hermetismo casi total en torno a ellos. Nada de acceso a periodistas ni terceros, a diferencia como sucedió en el hotel Westin, en Dulles, Washington, en febrero de 2023, cuando fueron desterrados los 222 presos políticos. No obstante, unos pocos excarcelados políticos han publicado reacciones en redes sociales. 

Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y desde entonces organismos defensores de derechos humanos, como la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), han denunciado que el líder indígena se encuentra en «desaparición forzada por ocultamiento de paradero». Los familiares del diputado de Yatama nunca fueron informados oficialmente por las autoridades sobre su estado de salud y lugar de reclusión. Razón por la cual en reiteradas ocasiones pidieron «prueba de vida» de Rivera. Las mismas fueron desoídas por el régimen Ortega-Murillo. 

Aunque DIVERGENTES nunca lo pudo corroborar, en los últimos seis meses circularon rumores sobre graves afectaciones en la salud de Rivera, un adulto mayor de 72 años de edad. Sin embargo, hemos conocido que la zozobra de los familiares de Rivera se mantiene al no poder localizarlo entre los 135 presos políticos en Guatemala.

Otros reos de conciencia en condición de «desaparición forzada por ocultamiento de paradero», como la comunicadora social Fabiola Tercero, fueron identificados en las fotografías distribuidas por la Presidencia de Guatemala. A pesar del pedido de organismos de derechos humanos de la lista oficial con los nombres de los 135 presos políticos desterrados, Guatemala y Estados Unidos dijeron que «no será revelada por motivos de seguridad». Otras personas han sido identificadas porque, desde Ciudad de Guatemala, lograron comunicarse con sus familiares y aplacarles la incertidumbre. 

Una fuente del gobierno del progresista presidente Bernardo Arévalo dijo a DIVERGENTES que la mayoría de los presos políticos no quieren hablar con «la prensa ni con nadie porque salieron amenazados de la prisión por el régimen: que si dicen algo, van a apresar a sus familiares en Nicaragua». 

Régimen calla sobre destierro de los 135

Fotografía cedida por el gobierno de Guatemala de un avión que transporta a los 135 nicaragüenses liberados este jueves, en el Aeropuerto Internacional La Aurora. EFE.

El Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua contabilizaba hasta este 5 de septiembre 151 personas detenidas por motivos políticos y de persecución religiosa. De ellos, 126 son hombres y 25 mujeres. De la cantidad total, 25 eran adultos mayores. 

Ni en la excarcelación de 2023 de los 222 presos políticos ni en la actual hubo alguna negociación política entre Managua y Washington, ha insistido la Casa Blanca. Hasta la publicación de este artículo, el régimen Ortega-Murillo mantiene total silencio sobre el destierro de 135 presos políticos a Guatemala. Mientras transcurre ese silencio, la pareja presidencial no ha revelado la lista de las personas excarceladas, lo que ha generado preocupación entre los familiares ya que, según los datos del Mecanismo, en el país quedarían 16 detenidos. Sin embargo, organismos de derechos humanos comentaron a DIVERGENTES que siguen trabajando con la corroboración de los excarcelados, porque «creen que quedaron en Nicaragua más presos políticos de los que pensaban». 

Otros quienes no abordaron el avión hacia Guatemala fueron los ocho militantes sandinistas que integraban el grupo de WhatsApp «La Comuna», administrado por Carlos Fonseca Terán –hijo del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador–, quien se encuentra en casa por cárcel desde el pasado 26 de julio.

El Subsecretario Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, dijo este jueves en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala que la liberación de los presos políticos no cambia la política de Estados Unidos hacia la dictadura de Ortega-Murillo. «Quiero enfatizar que esto no indica un cambio en nuestra política hacia este régimen represivo (…) Creemos que sólo Ortega y Murillo pueden controlar la libertad de estos individuos. Por eso los instamos a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos y presos de conciencia en Nicaragua».

¿Qué pasará con la nacionalidad de los 135?

Un grupo de presos políticos nicaragüenses, liberados y enviados a Guatemala, posan para EFE en un descanso a las afueras de un hotel el 5 de septiembre en Ciudad de Guatemala. EFE/ Danilo de Jesús Ramírez

Ante el silencio de la dictadura Ortega-Murillo, otra moneda al aire tiene que ver con que si las 135 personas expulsadas a Guatemala serán despojadas de su nacionalidad nicaragüense, como sucedió con los 222 presos políticos mientras volaban el 9 de febrero de 2023. Jacobstein dijo que «desconoce» si la dictadura orteguista tomará una decisión similar. Pero advirtió que «sería un error» si lo hace. En cambio, resaltó que Estados Unidos mantiene las puertas abiertas a las negociaciones por la salida de más presos políticos, aduciendo que «son personas que fueron encarceladas sólo por hacer valer sus derechos civiles».

Aunque no lo descartan, analistas políticos consultados por DIVERGENTES le restan posibilidades a que la pareja presidencial despoje de su nacionalidad a estas 135 personas. El arrebato de la nacionalidad está aparejado con el delito político de «traición a la patria». Es una medida que como principal castigo implica la confiscación de todos los bienes de los declarados «culpables». 

Antes de ser sacados de prisión y enviados a Guatemala los 135 presos políticos, el Gobierno sandinista aprobó la semana pasada una reforma al Código Penal que establece que se puede enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país e imponer penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Es decir delitos que, de facto, la pareja presidencial ha usado contra sus críticos desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas sociales en su contra.

«No descarto que los despojen de su nacionalidad como a los 222, pero quitar la nacionalidad ha implicado mucho costo político a nivel internacional para el régimen. Y para ser francos, la principal pena de declararte traidor a la patria y decirte que ya no sos nicaragüense es que te confisquen todos sus bienes. Algo que ahora perfectamente pueden hacer con la reforma al Código Penal. Con menos revuelo que decir que volvieron a dejar apátridas a más opositores», dijo el analista político que pidió anonimato. 

Los 135 nicaragüenses han sido acogidos por el Gobierno del presidente Arévalo. Cuentan con un permiso de 90 días para estar legalmente en ese país, mientras deciden qué trámites migratorios desean realizar. Jacobstein ha dicho que su Gobierno está dispuesto a entregar visados para viajar a Estados Unidos y que puedan iniciar el proceso de solicitud de refugio en aquel país.

Dante Mossi, expresidente ejecutivo del BCIE, enfrenta una demanda civil por parte de esa institución multilateral. El banco lo acusa, entre otras cosas, de extorsionar a la institución a cambio de indemnizaciones «no merecidas» y de utilizarla para la compra de vehículos a Cenntro, una empresa con la que él tiene un vínculo comercial. Mossi dijo a Contracorriente que esta demanda es en respuesta a la que él interpuso primero contra el banco. 

Texto: Luis Escalante
Fotografías: Archivo de Contracorriente 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) presentó este jueves una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, el hondureño Dante Mossi, ante la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos. Según la acusación presentada por el organismo multilateral, Mossi, quien lo encabezó entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2023, está acusado de incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita, incumplimiento de contrato y violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión, conocida como Ley RICO. 

«Esta acción no solo representa el esquema ilegal estructurado por el señor Mossi, sino también sus múltiples violaciones a las políticas del Banco», indicó el BCIE en un comunicado.

Contracorriente tuvo acceso al documento Central American Bank for Economic Integration v. Dante Mossi, con número de caso 1:24-cv-02544 y archivado en la Corte del Distrito de Columbia. Dentro de esa acusación, el BCIE alega que Dante Mossi ha lanzado una campaña de «extorsión» contra el banco «para obtener sumas millonarias por concepto de indemnizaciones que no se merece».

El BCIE se refiere específicamente a una demanda presentada por Mossi el 1 de julio de 2024 ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), que describe como «una forma de extorsión» y la cual «ha tenido un impacto negativo en la capacidad del banco para hacer negocios y ha puesto en riesgo sus relaciones con socios estratégicos, en particular aquellos en Estados Unidos».

En la demanda presentada por Dante Mossi ante la CCJ, se solicita una indemnización por daños y perjuicios que incluye alrededor de 2.4 millones de dólares por afectación reputacional y moral, y 714,543 dólares por costas del juicio. La demanda supera los tres millones de dólares y se basa en la retención de 6,000 dólares por una opinión legal externa que contrató.

Sin embargo, el BCIE argumenta que Mossi no «cesará en sus ataques y su objetivo es obtener una suma considerable que no le corresponde».

Irregular adquisición de vehículos eléctricos 

Además de estos presuntos ataques, el BCIE acusa a Dante Mossi de haber abusado de su posición para beneficiarse personalmente, utilizando recursos del banco de manera indebida. En particular, señalan a Mossi por haber patrocinado una conferencia sobre movilidad eléctrica en Washington D.C. el 21 de noviembre de 2022, mientras estaba en funciones.

La conferencia, titulada Foro Empresarial del BCIE: Introducción a la Movilidad Eléctrica en Centroamérica, fue organizada con el objetivo de conectar a compañías estadounidenses de vehículos eléctricos con emprendedores centroamericanos.

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Sin embargo, el BCIE sostiene que Mossi utilizó este evento como una plataforma para establecer una relación empresarial con Cenntro Electric Group, una empresa de automóviles eléctricos con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El banco acusa a Mossi de haber obligado al BCIE a comprar dos vehículos de Cenntro. «Mossi pagó estos vehículos eléctricos con fondos discrecionales que él mismo aprobó para el presidente ejecutivo. Específicamente, mediante la resolución PRE-82/20231 del 2 de septiembre de 2021, Mossi aprobó una política que proporcionaba al presidente ejecutivo del BCIE fondos discrecionales destinados para la adquisición de bienes o servicios que el BCIE no tenía previamente», indica la acusación.

La constitución de SOLMECA

El conflicto entre el BCIE y Dante Mossi se complica aún más con la creación de una nueva empresa por parte de Mossi: Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca). Esta compañía, establecida después de su salida del BCIE, se especializa en la importación de vehículos eléctricos, incluyendo aquellos de Cenntro. El primer negocio de Solmeca implicó la importación de vehículos de Cenntro a Honduras para una empresa de taxis, un trato que se realizó mientras Mossi aún era presidente ejecutivo del BCIE.

Este jueves, en una entrevista telefónica con Contracorriente, Mossi calificó las acusaciones del BCIE como una «represalia» por la demanda que presentó en la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), y aseguró que mantuvo su relación comercial con Cenntro Electric Group al margen de sus funciones como presidente ejecutivo del BCIE.

«Es una represalia por la demanda interpuesta contra mí ante el BCIE en la Corte Centroamericana, que es el órgano jurisdiccional competente para atender este tipo de diferencias. Me sorprende y tendré que informarme y tomaré las acciones legales que correspondan», declaró Mossi en conversación con este medio.

Cuando se le consultó acerca de la supuesta compra irregular de vehículos eléctricos, argumentó que el uso de fondos fue legítimo, dentro del marco de fondos discrecionales aprobados.

«Yo no utilicé recursos del banco para esos fines. El banco tiene una estrategia de movilidad eléctrica que incluye una serie de eventos, siendo el último una conferencia en Washington D.C. que organizamos con ayuda del Departamento de Comercio de Estados Unidos para hacer una exhibición a empresarios y gobiernos sobre movilidad eléctrica», agregó Mossi en la entrevista dada a Contracorriente.

Dante Mossi niega haber cometido irregularidades durante su gestión como presidente ejecutivo del BCIE. Vista del edificio donde funciona el BCIE, Distrito Central, Honduras. Foto CC / Archivo

Contracorriente también le consultó acerca de su vínculo comercial con Cenntro Electric Group y la constitución de Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (Solmeca), a lo que respondió que se trata de un «negocio personal».

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«Lamentablemente, después de ese evento de exhibición, ningún concesionario en Honduras mostró interés. Entonces, desde Cenntro me llamaron y me preguntaron si yo tenía interés en distribuir los vehículos en Honduras. Acepté con mucho gusto, pero esto lo hice en mi vida privada y no como presidente del BCIE. Tengo las pruebas, transacciones sujetas a controles internacionales, para demostrar que esto lo hice con recursos propios», aseguró Mossi.

El 31 de octubre de 2023, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y sus socios, entre ellos Contracorriente, publicaron la investigación El banco de los dictadores: Cómo el principal banco de desarrollo de Centroamérica permitió la corrupción y el autoritarismo, en la que se señaló a la gestión de Dante Mossi de financiar regímenes autoritarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Juan Orlando Hernández en Honduras y Nayib Bukele en El Salvador, y de involucrarse en casos de corrupción y mala gestión. En el marco de esas investigaciones, Contracorriente contó cómo el banco ha financiado proyectos que llevaron a la destrucción ambiental y otros en los cuales se desviaron los fondos para prácticas clientelistas.

El 30 de julio de 2024, en el marco de la meta de declarar al país libre de analfabetismo, autoridades del gobierno anunciaron que el departamento de La Paz había logrado el cero analfabetismo a través del Programa José Manuel Flores Arguijo, con la metodología «Yo sí puedo». A pesar del evento y de la declaratoria, el objetivo no se cumplió, pues quedó un grupo de personas que siguen sin saber leer y escribir.

Texto y fotografías: Fernando Destephen

A finales del mes de julio de 2024 el Gobierno de Xiomara Castro anunció en un acto oficial que el departamento de La Paz se convirtió en el primero del país en alcanzar la meta de cero analfabetismo. El evento se desarrolló en Los Planes, Santa María, La Paz, y a la ceremonia llegaron 14,215 personas beneficiarias del Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo, que a través de la metodología «Yo sí puedo» y con el apoyo de profesionales cubanos, ha alfabetizado a personas adultas con o sin conocimientos previos en lectura y escritura.

Al evento también llegaron Daniel Sponda, ministro de Educación, y el designado presidencial Renato Florentino, quien dijo: «Hoy declaramos La Paz como el primer departamento libre de analfabetismo. Esta hazaña no solo es una victoria educativa, sino un triunfo de la dignidad humana y un paso firme hacia el futuro».

La historia oficial es bonita, funciona con la narrativa del Gobierno y el eslogan de esta administración: refundar la educación; pero la realidad es otra. Las condiciones del programa son precarias y los maestros, que colaboran como una red de facilitadores, enfrentan sobrecarga laboral. Cada facilitador trabaja con un máximo de diez personas por municipio, dedicando hasta tres días a la semana. Los beneficiarios o participantes del programa son personas adultas de las zonas rurales, quienes además de participar en las clases deben cumplir con sus obligaciones laborales, de cuidado del hogar y de los niños, enfrentando grandes dificultades para ajustar sus horarios. Esto se suma a la falta de motivación para alcanzar la meta del programa, que es enseñarles a leer y escribir a los y las beneficiarias en un plazo de tres meses.

Una comunidad en el municipio de Santiago de Puringla, departamento de La Paz en donde hay un remanente de personas que no aprendieron a leer y a escribir, a pesar de la declaratoria del gobierno del primer departamento libre de analfabetismo. La Paz, agosto 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

En un video de propaganda, Clay Pérez, coordinador nacional del Programa José Manuel Flores Arguijo, confirma que no se ha alfabetizado a todas las personas y queda un grupo sin aprender, incluso en los municipios ya declarados libres de analfabetismo: «…incluyendo los que se declararon (con cero analfabetismo), porque siempre queda un remanente de personas que todavía deben aprender a leer y a escribir».

En 2023, de acuerdo con información oficial, 100 municipios fueron declarados como territorios libres de analfabetismo y más de 138 mil personas fueron alfabetizadas, con el liderazgo de 23 expertos cubanos.

Esta escuela del departamento de La Paz se ubica en el municipio Santiago de Puringla, uno de los municipios declarados libres de analfabetismo, pero sus necesidades aún no han sido atendidas por el gobierno. La Paz, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

«No se puede declarar un municipio o país con cero analfabetismo, no se puede, se reduce el índice de analfabetismo pero no se acaba, ni los países del primer mundo logran eso», explicó una fuente vinculada a la Secretaría de Educación a este medio, cuyo nombre se omite por razones de seguridad. 

«Ningún departamento o país alcanza el 0 % de analfabetismo, ya que siempre hay un remanente, población mayor de 80 años, discapacitados y con problemas mentales, y otros que simplemente no quieren ser alfabetizados. La Paz quedó con un remanente de 1,380 personas analfabetas, con las que hay que seguir trabajando», dijo la fuente.

El alcalde de Santiago de Puringla, La Paz, Wilfredo Vijil, confirmó a este medio que el programa llegó a su municipio de forma inesperada, no hubo avisos ni firma de convenios. El alcalde cuenta que accedió a atender solamente a una persona cubana por falta de presupuesto, y que le habría gustado que el programa se hubiera socializado con otros alcaldes, porque al instalar a una persona extranjera de forma tan súbita, el esfuerzo se asumió como una imposición.

En La Paz, el gobierno ha invertido en infraestructura escolar. Mediante la gestión de la alcaldía se reconstruyó una escuela en la comunidad Las Quebradas, y se concluyó la construcción de ocho aulas en dos escuelas en Santiago de Puringla, y dos aulas más en las comunidades Hornitos y Rancho de Jesús.  Pero el alcalde Vijil cuenta que cuando conoció la declaratoria de cero analfabetismo en La Paz se sintió defraudado, pues cuando «dijeron que Santiago de Puringla y La Paz iba a ser declarados con cero analfabetismo, a mí me habían dicho que 400 personas que ni para atrás ni para adelante [no entendían nada]».

Ester Martínez y Gloria Pérez (nombres ficticios para proteger sus identidades) madre e hija que participaron en el programa «Yo sí puedo», reconocen que sí aprendieron algo. Ambas se lograron graduar del programa cumpliendo con un único requisito: escribir una carta, lo que según las autoridades de la Secretaría de Educación garantiza que pueden leer y escribir, aunque ambas reconocen que para ello contaron con la ayuda de su maestra. 

El Gobierno de Xiomara Castro ha destinado más de 1,000 millones de lempiras a construir y reparar la infraestructura deportiva del país. Gran parte de la inversión se ha centrado en Tegucigalpa y ciudades de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Aunque desde el Gobierno sostienen que la asignación de los fondos no depende del color político, la información oficial indica que la inversión es mucho mayor en los municipios afines al Partido Libertad y Refundación (Libre).

Texto: Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

«Esto era un potrero», recuerda Eliseo, mientras su mirada recorre el remozado Estadio Aurora de San José de Colinas, un pintoresco pueblo de Santa Bárbara. «Ahora es una belleza», se emociona después. Y sí, la cancha está quedando muy bien, se le colocará grama artificial. El día de nuestra visita decenas de hombres trabajaban en la reparación de las graderías y la construcción de camerinos. La inversión en el viejo estadio sobrepasa los 16 millones de lempiras. Este es uno de los proyectos impulsados por el actual gobierno, que ha hecho de la inversión en infraestructura deportiva –sobre todo la requerida para el fútbol– uno de sus programas insignes. 

En todo el territorio nacional, hasta mayo de 2024 estaban en ejecución 88 proyectos. Hay al menos uno en cada departamento del país. Sin embargo, el más beneficiado es Francisco Morazán, en donde solamente en Tegucigalpa hay 23 obras de infraestructura deportiva, mientras que en Talanga hay tres. 

Durante el Gobierno de Libertad y Refundación, los fondos orientados al deporte crecieron exponencialmente. Se creó la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) y desapareció la Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas (Conapid). En el Presupuesto General de la República de 2024, la nueva institución, cuyo director es Mario Moncada (hermano de la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada), recibió 1,044 millones de lempiras, aunque según la página web de Honduras Inversiones actualmente tiene un presupuesto vigente de 1,277 millones de lempiras, de los cuales solo se ha ejecutado un 15.8 %, cuando apenas faltan cuatro meses para finalizar el año. 

La pelea del Morazán

El pasado 23 de agosto de 2024, con voz pausada y usando lentes oscuros, la presidenta Xiomara Castro anunció la reapertura del Estadio Morazán en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. La grama de este inmueble fue cambiada en su totalidad, sus graderías y camerinos fueron remozados. La inversión, que aún no está concluida, alcanzará los 45 millones de lempiras.

Nunca antes, hay que decirlo, un gobierno había invertido tales cifras en infraestructura deportiva, pero es necesario analizar si el objetivo de esta millonaria inversión —en un país donde hay necesidades más apremiantes— es realmente potenciar el deporte o atender otros propósitos, como llevar votos a las urnas para el partido de Gobierno en las próximas elecciones. 

Esa tarde en San Pedro Sula, pese a que había amenaza de lluvia, la inauguración de la remodelación del estadio se convirtió en un mitin político en el que varios funcionarios de Gobierno hablaron de las bondades de la refundación. En las pausas, el encargado del sonido animaba a los asistentes al recinto deportivo para que celebraran los discursos con sonoros aplausos. La mayoría de estas personas llevaban camisetas rojas y algunas banderas del Partido Libre. Muchos eran empleados públicos y otros fueron convocados «para apoyar a la presidenta».  

Trabajos de mantenimiento en el Estadio Morazán, días antes de la reinauguración de parte del gobierno central. San Pedro Sula, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Bajo un cielo gris y una ligera llovizna, el evento, que duró un poco más de una hora, acabó con la quema de costosos fuegos artificiales, que siguieron al mensaje de la presidenta Castro pidiendo a la oposición unirse a su gestión para entregar a la niñez de Honduras más proyectos como el inaugurado. Pero fue más allá; cerró su discurso diciendo: «Hay mucho por hacer, estoy confiando que sea una mujer la que gobierne en el próximo período y que concluya estos proyectos»

Ese mensaje, que se puede interpretar como una forma de utilizar los recursos del Estado para hacer proselitismo político, hace alusión a Rixi Moncada, quien fue ministra de Finanzas en el actual gobierno, renunció en enero de este año para lanzarse como aspirante presidencial por el oficialismo, y el domingo, tras una semana caótica en el Gobierno, fue nombrada como ministra de Defensa.

En el Morazán, la presidenta pronunció un emotivo discurso acerca de la historia de ese estadio, recordando los momentos trágicos y las alegrías vividas en el recinto. Sin embargo, la selección nacional no ha jugado ahí en los últimos 20 años, pues en ese lapso solo disputó dos partidos ante Costa Rica, uno en 2004 y otro en 2017; ambos partidos fueron empates y el equipo nacional quedó eliminado de esos certámenes mundialistas. Fue en el Estadio Olímpico, también de San Pedro Sula, donde Honduras obtuvo la clasificación a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Este gobierno de Libre, el primero de izquierda en el país, podrá bregar bajo otra ideología y otra bandera, pero las formas de hacer política apenas se matizan. Pareciera que cada acto fuera pensado en función de las próximas elecciones. Por ejemplo, en la reapertura del Morazán no estuvo presente el alcalde sampedrano Roberto Contreras, antiguo aliado de Libre, quien ha sido acusado por el ministro de Condepor, Mario Moncada, de boicotear los trabajos de remodelación en este estadio. 

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Dos días después de la inauguración, el edil visitó la cancha. Se quejó de cómo estaba recibiendo el inmueble y contempló la posibilidad de que no se jugara el partido de Liga Nacional entre Olimpia y Real España, programado para el domingo. Ante las cámaras de los medios de comunicación, Contreras mostró puñados de maleza y afirmó, cual experto en la materia, que ahí no se podía jugar. 

Ese mismo día, Contreras ordenó quitar una foto de Mario Moncada que había sido puesta en la entrada a los camerinos de los árbitros. «Pensé que iban a poner la foto de Chelato Uclés o de un hombre ilustre, pero de Mario “Machete”, ¡por favor! No tiene por qué venir a hacer política aquí, ¿acaso que con el dinero suyo se construyó esto? Esto se construyó con el billete que pagamos los sampedranos», manifestó el alcalde. 

Moncada respondió con virulencia, denunciando que el alcalde había dañado a propósito el césped de 25 millones. «A saber qué le tiró a la cancha para que se vea así, porque no la entregamos así el viernes», afirmó el funcionario, y luego agregó que «el alcalde de San Pedro Sula siempre montó el boicot para que este proyecto no llegara a los sampedranos».

El pleito terminó con el sello de Roberto Contreras, pues al final el encuentro sí se jugó en el Morazán. En el desenlace, el alcalde apareció en un video difundido por sus redes agradeciendo la inversión del Gobierno en el estadio y presentando una foto de la presidenta en lugar de la de Mario Moncada. 

Castro asiste con regularidad a las inauguraciones de complejos deportivos. En Roatán, Islas de la Bahía, durante el corte de cinta de una cancha multiusos, anunció la construcción de un estadio en ese municipio. Hubo algarabía en el público asistente, pero también críticas, pues 10 días antes se había quemado el único hospital público en la isla, y quizás los isleños esperaban medidas sobre esto. Finalmente, en junio se anunció la construcción de un hospital en Roatán, que estará listo en 2025, con una inversión de 47 millones de dólares.

Trabajos en la cancha de Trinidad, Santa Bárbara, proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

¿Color político?

Uno de los discursos más repetidos en el actual gobierno es que la asignación de presupuestos, programas de ayuda y obras de infraestructura se realizan sin que prevalezca el color político. En la inauguración del complejo deportivo en Roatán, Moncada dijo que él ni siquiera le había preguntado al alcalde liberal Ron McNab su afiliación política, «así como lo ha ordenado usted», le dijo a la presidenta, quien estaba a un metro de distancia. 

La aseveración de Moncada no es del todo cierta; hay matices que se deben mencionar. Los proyectos se han distribuido de la siguiente forma: Libre, 22 alcaldías beneficiadas; Partido Nacional, 16; y Partido Liberal, 12. Parece una distribución razonable, pero si revisamos la cantidad de municipalidades que gobierna cada partido, refleja una clara inclinación a favor de quienes están en línea con el partido de gobierno, que únicamente ganó 50 alcaldías, así que porcentualmente el 44 % de las mismas ha recibido un proyecto. Los nacionalistas ganaron 143, y solamente el 11 % tiene un proyecto de infraestructura orientado al deporte, mientras que en el Partido Liberal, que ganó 91 alcaldías, solo el 13 % han sido beneficiadas.

Un detalle, no necesariamente determinante, pero que llama la atención, es que Xiomara Castro ganó la casilla presidencial en 37 de las 50 alcaldías beneficiadas con proyectos de infraestructura deportiva. 

Algunos de estos proyectos podrían responder a la influencia de algunos líderes de Libre, como es el caso de San José de Colinas, Santa Bárbara, el pintoresco pueblo en donde Amable de Jesús Hernández fue alcalde por cinco períodos consecutivos. Amable ahora es director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Honduras (Injupemp), pero sigue siendo el líder en un pueblo que recibió 16 millones de lempiras para colocar grama artificial a la cancha, remodelar las gradas y construir camerinos. También en Santa Bárbara, en el municipio de Concepción del Sur, se construyó una cancha. Ahí el alcalde es Nelson Castellanos, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y hermano del diputado Sergio Castellanos.

Trabajos de construcción en lo que será el estadio en San José de Colinas, Santa Bárbara, un proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen

En Colinas, la mayoría de personas están alegres con la inversión. «Ahora sí va a quedar bonito», repetía Eliseo, un funcionario municipal y también aficionado al fútbol, quien se encontraba en el Estadio Aurora, llamado así hasta ahora, pues este año el recinto pasará a llamarse Estadio Municipal Xiomara Castro. Nombrar sitios importantes con nombres de políticos es una costumbre tan antigua como penosa. 

Por otro lado, Talanga, un pueblo de Francisco Morazán, ha recibido tres millonarios proyectos de infraestructura deportiva por alrededor de los 30 millones de lempiras. Este pequeño pueblo es la cuna de la familia Moncada, cuyos miembros ocupan importantes cargos en el Gobierno. Rixi fue ministra de Finanzas y ahora es ministra de Defensa y candidata presidencial, mientras que Mario y Óscar dirigen Condepor. Es difícil pensar que los tres proyectos en este pueblo son una casualidad. Aparte de Tegucigalpa y Catacamas —la tierra de los Zelaya—, es de los pocos municipios que cuentan con más de un proyecto. 

La capital es el municipio con más obras en el país. Entre las obras que ya realizaron y las que están en construcción o ya aprobadas, ha recibido 22 proyectos, sin contar el cambio de grama del Estadio Nacional, que costó 32 millones de lempiras, y la reparación de una parte de la gradería, que desde hace unos años se encontraba en mal estado. El total de la inversión en ese inmueble alcanzará los 200 millones. 

Cancha deportiva multiusos bajo techo en el parque de Talanga, Francisco Morazán, inaugurada en noviembre de 2023 por la Condepor. Agosto de 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Por el cambio del engramillado del Nacional, el Ministerio Público (MP) abrió una investigación debido a una supuesta sobrevaloración de los costos. A Moncada le tomaron declaración, pero ese proceso iniciado en noviembre de 2022 ha quedado en el olvido después del cambio de autoridades en esa institución. Ahora, Condepor inauguró la cancha del Morazán por un costo similar al del Nacional, y anunció para el 2025 la construcción de otras dos canchas híbridas (que incluyen hierba artificial), que corresponden al estadio de La Ceiba y al Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, la tierra de los Zelaya Castro. Moncada presume que en febrero del 2025 Honduras será el primer país con cuatro canchas híbridas en todo América Latina. 

Otro detalle que refleja la inclinación de los presupuestos hacia las municipalidades regidas por Libre son los montos invertidos o que están por invertirse. Según información oficial enviada a este medio por Condepor, los fondos se han distribuido así: 

Los alcaldes

La inversión en Tegucigalpa supera con creces la suma de lo invertido en los departamentos de Intibucá, Lempira, Ocotepeque, La Paz, Gracias a Dios, Atlántida, Yoro, Valle, Copán y Comayagua. 

Contracorriente conversó con un alcalde nacionalista del occidente del país, quien desde el anonimato mencionó que los requisitos para lograr un proyecto de infraestructura deportiva son: tener un terreno de propiedad municipal, que cuente con servicios básicos, que haya una parte de fondos municipales y la firma de un convenio. Parece un camino simple, pero no lo es. 

Desde la corporación que dirige hicieron la solicitud de una cancha multiusos cumpliendo todos los requisitos mencionados, pero sencillamente «no le hicieron caso», dice. Sostiene que incluso buscó a un regidor del partido de gobierno y otro militante de Libre para que sirvieran de intermediarios, pero ni de esa forma le hicieron caso. «Ni a los de Libre han ayudado en este departamento», dijo. 

Otro edil, que llegó a la silla bajo la bandera del Partido Liberal, contó que también ha hecho reiteradas solicitudes para proyectos en su municipio, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta. «Al inicio de la administración sí me comuniqué con el ministro Mario Moncada, hice solicitud de uniformes y pelotas, pero no dio respuesta. También pedimos mejoras al estadio, pero después ellos [el oficialismo] a los alcaldes liberales los vieron con mucho sesgo político. Se han hecho las gestiones y no hubo respuesta», dijo. 

Para rematar, manifestó que ciertos alcaldes del occidente aparecieron en una foto con el ahora candidato liberal Jorge Cálix, y esto ha sido como un portazo para los protagonistas de la foto. No hay quien reciba sus solicitudes en la administración central. 

Trabajos de construcción en el Estadio Aurora de San José de Colinas, Santa Bárbara. Un proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen

Al alcalde nacionalista le preguntamos si él creía que la selección de los municipios para proyectos se hacía con base en color político. En respuesta, nos envió un video donde aparece el director nacional de Parques y Recreación, Cecilio Cruz, quien se encontraba en una comunidad de Ocotepeque, evaluando la realización de un proyecto. En el video, Cruz sostiene que solo van a trabajar con los alcaldes liberales y de Libre. «Hay algo que le voy a decir, y no es que sea obcecado político, pero estamos trabajando solo con los alcaldes liberales y de Libre. Si queda algún chingaste por ahí, se lo vamos a dar a los del Partido Nacional», dice el dirigente, que es de filiación liberal, pero funcionario en el actual Gobierno. 

Para Aníbal Cálix, exdiputado al Congreso Nacional y dirigente del béisbol menor en San Pedro Sula, es difícil considerar que la millonaria inversión realizada por el Gobierno tiene como objetivo mejorar la práctica del deporte. «Cuando querés mejorar el deporte, tenés que hacer una inversión integral. Ahora solo estamos viendo inversión en infraestructura deportiva y en los centros que presentan un caudal electoral mayor, ni siquiera en función de aquellos lugares donde una infraestructura deportiva te puede causar impacto», dijo. 

Puntualizó que la inversión está enfocada en infraestructura para jugar fútbol. Agregó que podría ser diferente si para determinar dónde construir los proyectos se tomaran en cuenta factores como que en la costa norte está el mejor biotipo para el atletismo, o que en El Triunfo, Choluteca, está la mayor cantidad de jugadores de béisbol de Honduras. «Si las inversiones fueran de esta naturaleza, uno puede decir, “sí se está invirtiendo en función de mejorar el deporte”, pero lo que se ha hecho hasta ahora se mira como una inversión para poder ganar votos», manifestó. 

Cálix también criticó que se está invirtiendo en instalaciones utilizadas para actividad por profesionales, aunque no especificó si hacía referencia a los estadios. «Los profesionales cobran por jugar y sus equipos cobran para que los vayan a ver, deberían ser los últimos en recibir ayuda gubernamental. Ahí ves que el objetivo es netamente electoral», afirmó. 

Trabajos en la cancha de Trinidad, Santa Bárbara, proyecto de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). Agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Inversiones en otros deportes

En Honduras, el deporte más popular es el fútbol, y también es el que cuenta con mayores y mejores instalaciones. Por eso, el exdiputado Aníbal Cálix califica de «lastimoso» que sea la infraestructura para la práctica del fútbol la que se está fortaleciendo en la mayor parte de los proyectos gestionados por Condepor. 

Para hablar sobre los proyectos de Condepor y la metodología que se utiliza para determinar su viabilidad, Contracorriente contactó a Mario Moncada, quien pidió un cuestionario escrito que, al momento de publicar esta nota, aún no había devuelto con sus respuestas. 

En el portal de Transparencia aparece un informe sobre la ejecución del plan operativo anual en el que se menciona la creación de la Escuela de Iniciación Deportiva de Condepor, «en donde se realizan prácticas recurrentes y se realizan pruebas técnicas para evaluar y desarrollar el nivel competitivo de los y las involucradas», se dice. Sin embargo, en el informe no aparecen cifras del alcance de dicha escuela. 

Se menciona, además, un programa para dotar de indumentaria deportiva a los atletas que asisten a la escuela de Condepor. Otro punto importante es que se contempla la subvención para deportistas o atletas de alto rendimiento que representen al país, pero tampoco aparecen datos al respecto. 

Aníbal Cálix sostiene que al ser Mario Moncada un exárbitro de fútbol, su visión está enfocada en este deporte. Por ejemplo, sostiene que ha pasado desapercibido el hecho de que Mauricio Dubón, pelotero de los Astros de Houston, sea el primer hondureño en llegar a la MLB. «A pesar de que tenemos por primera vez un hondureño jugando en grandes ligas, no se le ha sacado el provecho que se le puede sacar a una situación de esas», lamentó.

El excongresista sostuvo que en nuestro país el deporte debe verse como una herramienta de movilidad social, pues a través de su práctica los atletas pueden salir de Honduras por medio de becas para continuar con su preparación, «como lo hacen muchos países», sin olvidar a quienes consiguen un alto rendimiento y llegan a jugar en grandes ligas o escenarios. «Hasta este momento, los esfuerzos que han hecho los Gobiernos, en mi opinión, son bien aislados, son desde el desconocimiento del deporte», manifestó. 

«Vemos cómo algunos [gobiernos] invierten en infraestructura porque es lo que más se ve, pero los entrenadores no están capacitados, los atletas no tienen los implementos necesarios, en los torneos no se tiene el apoyo; así cualquier esfuerzo en infraestructura será infructuoso, porque las otras partes que son importantes no se están apoyando», señaló el exdiputado por el Partido Salvador de Honduras. 

La delegación de Honduras en los Juegos Olímpicos de París 2024 refleja que los avances del deporte todavía no son visibles. De nuestro país apenas asistieron cuatro atletas a la justa olímpica, solo por delante de Belice, que solo fue representado por un deportista. Guatemala tuvo la mayor delegación, con 16 atletas; El Salvador y Panamá llevaron ocho; Nicaragua siete y Costa Rica seis. Panamá y Guatemala obtuvieron una medalla de plata. Honduras nunca ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos. 

Cálix insiste en que la inversión en el deporte pregonada por el Gobierno de Xiomara Castro poco o nada se ha extendido a otras disciplinas: «En el fútbol sí, creo que también ahí se debe decir que nunca se había hecho una inversión así, pero los demás deportes están igual que estaban antes, si no peor», concluyó. 

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluirá el 30 de septiembre con un récord de al menos 193.612 homicidios registrados de 2019 a 2024, según revelaron este martes datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México.

Las estadísticas, en las que aún faltan los homicidios de septiembre y el dato definitivo de agosto, muestran una subida de 23,16 % frente a los 157.198 homicidios dolosos cometidos de 2013 a 2018 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio cerró entonces como el más violento.

Pero la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, argumentó que el promedio diario de homicidios ha caído de 101 en 2018 a 82 este 2024, cuando suman 20.129 asesinatos.

«Esto significa, con relación al 2018, un -19 % desde que inició esta Administración al mes de agosto, al 31 del mes pasado, se bajó el índice de homicidios» declaró la funcionaria en la conferencia matutina del presidente López Obrador.

Los datos muestran que México vivió el año más violento de su historia bajo la gestión de López Obrador, con 36.773 homicidios en 2020, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un organismo autónomo.

El récord anterior fue en 2018, el último año de la presidencia de Peña Nieto, con 36.685.

Con López Obrador, el país registró 36.661 asesinatos en 2019, 36.773 en 2020, 35.700 en 2021, 33.287 en 2022 y 31.062 en 2023, de acuerdo con las estadísticas confirmadas por el Inegi y que exhibió la SSPC.

«La variación que tiene, con respecto a las administraciones anteriores, aquí vemos claramente cómo se lleva una baja en el índice de homicidios que está, más o menos, al día de hoy como si estuviéramos en el año 2016 (cuando hubo 24.559)», expuso Rodríguez.

La secretaria adelantó que el 17 de septiembre presentará un último informe de seguridad que muestre los delitos en general cometidos durante esta Administración.

La funcionaria defendió la política de seguridad del mandatario, quien llegó al poder con el lema «abrazos, no balazos», que implicaba enfocarse más a las causas del crimen para dejar atrás «la guerra contra el narco», aunque al final entregó las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas.

«No se equivocó el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país, con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia», aseveró Rodríguez.

Un terremoto político ha sacudido a Honduras. Tras finalizar el tratado de extradición, las piezas clave del gobierno se han movido para proteger y consolidar su plan de «refundación». En una semana, hemos escuchado al gobierno decir que se protege de un golpe de Estado y, tras hacer evidente que no hay más voluntad política para tramitar extradiciones hacia Estados Unidos, los miembros de la familia Zelaya –señalados por su presunta vinculación con el narco— se entregan al fiscal hondureño. En una réplica sísmica, la presidenta Xiomara Castro nombró a Rixi Moncada como ministra de Defensa, a pocos días del lanzamiento de su candidatura a la presidencia.

Por: Jennifer Avila y Óscar Estrada

Hagamos el recuento de daños de la semana sísmica en la política hondureña. Primero, el gobierno de Xiomara Castro finalizó el tratado de extradición con Estados Unidos, no sin antes desatar una campaña antiimperialista en redes sociales. Esto define la  decisión política de no volver a responder a solicitudes de hondureños para ser juzgados en ese país. Segundo, renunciaron a sus cargos para ponerse a disposición de la justicia hondureña varios funcionarios cuestionados por su participación en una reunión con narcotraficantes hace 11 años: el secretario del Congreso, Carlos Zelaya; su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya; el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez; y el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, quien puso a disposición su cargo luego de ser mencionado como partícipe de la reunión, ya no por Devis Leonel –uno de los «Cachiros»— sino por el mismo Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta. Tercero, denunciando un plan de golpe de Estado, la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que lanzará oficialmente su candidatura a la presidencia el 8 de septiembre para continuar el proyecto de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), pero apenas un día después de ese anuncio se convirtió en la nueva ministra de Defensa. 

Todas estas decisiones se han tomado en un lapso en el que es imposible dejar de pensar que están coordinadas o, al menos, considerar que responden a un plan más grande orientado a consolidar el proyecto político del Partido Libre en el largo plazo. 

Después del apoyo del gobierno de Xiomara Castro al régimen de Nicolás Maduro durante las elecciones en Venezuela —que se podrían entender como un hito en la sobrevivencia del socialismo del siglo XXI, tras la fuerza que tomó la oposición en ese proceso—, el gobierno de Estados Unidos criticó fuertemente el compadrazgo entre las Fuerzas Armadas de ambos países. La embajadora de Estados Unidos en Honduras calificó como «sorprendente» una reunión del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, y el sobrino de la presidenta y secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Venezuela, Vladimir Padrino —la mano militar del régimen de Nicolás Maduro—, quien además, según investigaciones periodísticas, ha realizado grandes negocios transnacionales que rozan lo ilegal y lo indebido por lo que, en 2020, Estados Unidos lo acusó de varios delitos. 

Los señalamientos de EE. UU. son, para los defensores del socialismo del siglo XXI, incluyendo al gobierno de Honduras, una muestra de la injerencia del imperio. Esta visión excesivamente ideologizada de los hechos excluye —convenientemente— las múltiples acusaciones que pesan sobre los líderes políticos y militares de Venezuela por sus vínculos con el narcotráfico. 

En esa lógica, el gobierno ha reducido la presunta participación en el narcotráfico de miembros de la familia Zelaya y otros funcionarios a una  reunión grabada con narcotraficantes en 2013, antes de las primeras elecciones en las que el Partido Libre participó. Según el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cayó en la trampa organizada por Ramón «Moncho» Mata y Rafael Sarmiento, quienes le hablaron de una reunión con gente que quería «colaborar» con la campaña, pero que él no reconoció a nadie sino hasta ahora que ve el video y recordó la reunión. 

No es desconocida para la sociedad hondureña la larga historia de los Zelaya como terratenientes y caciques en una tierra que ha sido controlada por el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Pero de esa historia se destaca lo que el  fallecido periodista David Romero Ellner dijo alrededor de 2017, cuando vinculó directamente a Carlos Zelaya con la estructura criminal que controlaba la base aérea El Aguacate, desde donde presuntamente se traficaba cocaína hacia los Estados Unidos. En respuesta, el grupo de voceros del gobierno ha señalado que dicha base fue construida por Estados Unidos para traficar armas y cocaína en tiempos de la contrarrevolución nicaragüense. 

Los señalamientos de los vínculos de Carlos Zelaya con el narcotráfico son viejos, y se remontan a su amistad con Ramón Mata y con Midence Oquelí Martínez, recientemente declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Y aunque Carlos intentó separar a su hermano, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, de esa relación, lo cierto es que terminó abriendo una puerta a señalamientos que han complicado más la situación jurídica del caudillo de Libre. 

En su testimonio frente al edificio del Ministerio Público, Carlos Zelaya Rosales dijo que él no sabía que en la reunión, grabada por Devis Rivera, había narcotraficantes; que sí se habló de colaboración a la campaña de 2013, pero que él nunca recibió dinero. Pero no queda claro quién sí lo recibió, porque en esa reunión estaba también Carlos Muñoz, el diputado suplente de Manuel Zelaya Rosales cuando fue diputado al Congreso Nacional en 2014, y quien en ese entonces coordinaba la campaña política.  

Reducir el vínculo de los Zelaya y del Partido Libre con el narcotráfico a una sola reunión solamente puede ser un acto en beneficio de ellos mismos, que le facilita al sistema de justicia exculparlos de cualquier cargo. Parece ser que eso es lo que buscan. Honduras tiene un sistema de partidos que funciona como una finca: los partidos políticos operan en los territorios con caciques que manejan una red de actores diversos que les permite controlar todos los aspectos de la vida de las comunidades y así extraer recursos para sus negocios. 

Un ejemplo de otros cacicazgos, más allá del de los Zelaya, es el del alcalde de Tocoa y exgobernador de Colón, Adán Fúnez, quien además fue mencionado por estar en esa reunión grabada en 2013. Fúnez viene del Partido Liberal y pasó al Partido Libre en 2014. Ha sido alcalde de Tocoa, Colón, por décadas y es una figura a la que se le ha visto vinculada a Los Cachiros desde hace mucho tiempo. Fúnez ha sido el «amigo» que negocia, cede y concesiona los recursos de la zona a grupos de poder tales como los representados por empresarios como Lenir Pérez —yerno de Miguel Facussé— y los Rivera Maradiaga, algo que ha hecho con el padrinazgo de los Zelaya. 

Del terremoto continuarán las réplicas. Se acerca la convocatoria a elecciones primarias y la ciudadanía sigue dudando del sistema de justicia hondureño; ahora también duda de la objetividad de las Fuerzas Armadas cuyo papel, según la Constitución de la República, es garantizar elecciones libres pero que ahora son lideradas por la que resulta ser la candidata presidencial del partido gobernante. Mientras tanto, los activistas del partido no paran de publicar en sus redes sociales que han hecho una jugada maestra en el ajedrez político, a pesar de que en Honduras la política se ha parecido más a una pelea de gallos que a un deporte de alta estrategia. Los terremotos que hay en Honduras no son tectónicos, ocurren solo en lo político, son los terremotos a la hondureña que se gestionan con sorpresa y resignación inmediata.

Por: Kelvin Enamorado, Juan Carlos Enamorado y Alberto Pineda
Portada: Persy Cabrera

En 2010, no teníamos dónde practicar nuestra pasión: el breaking. Entrenábamos en cualquier acera de los vecinos o incluso el pavimento, a veces en casas que habían sido abandonadas por familias desplazadas de manera forzosa en el sector Chamelecón de San Pedro Sula. Éramos un grupo de cerca de 40 jóvenes intentando hacer algo diferente y muy llamativo para nosotros, sin estar muy seguros de todo lo que implicaba o hasta dónde nos podía llevar.

Al iniciar con el breaking, jamás pensamos en todo el potencial y la magnitud del movimiento a nivel internacional; en ese momento vimos cómo llamábamos la atención en el colegio y eso nos inspiró a seguir. Así nos fuimos adentrando en una disciplina que no solo nos ayudaría a tener un estilo de vida saludable y a canalizar las emociones, sino también a generar un camino profesional desde el emprendimiento social. 

Cada vez éramos más los chicos y chicas interesadas en aprender, hasta que consolidamos nuestro grupo en 2011 con un nombre y elegimos una junta directiva, para distribuir mejor la responsabilidad y que el grupo tuviera una visión.

Descubrimos que eso a lo que nosotros nombramos break dance realmente se llama breaking, y forma parte de la cultura hiphop, junto con otros elementos llamativos, para nosotros, como el DJ, grafiti, rap, beat box, entre otros. El breaking tiene antecedentes en la década de los sesenta y anteriores, pero de manera general se acepta que el hip hop tiene sus inicios a principios de los años setenta, con las llamadas block parties, que eran fiestas en las calles donde se reunían las personas de los diferentes elementos: los primeros DJ, «emcees» (raperos), bboys (chicos que bailan breaking), bgirls (chicas que bailan breaking); justo por este origen los términos propios del hiphop se utilizan en idioma inglés.

Así, el breaking comenzó en las calles de Brooklyn y el Bronx en Estados Unidos, practicado por adolescentes y jóvenes de origen afro y latino, en un contexto de abandono de parte del Estado, de ausencia de servicios de salud, educación, sin oportunidades de empleo y con una situación de conflicto entre pandillas, es decir, lugares muy parecidos a los barrios de San Pedro Sula, La Ceiba o Tegucigalpa.

Las deportaciones de centroamericanos realizadas por los Estados Unidos de América, principalmente durante la década de los noventa, significaron el retorno de migrantes irregulares, fundamentándose en que eran personas con antecedentes criminales, aunque es bien sabido que eso en su mayoría fue una manera de justificar la xenofobia, la discriminación y el racismo. Estas deportaciones masivas trajeron consigo a personas que habían estado expuestas al hiphop en sus diferentes elementos, lo que aportó a la llegada del breaking, el rap y el grafiti a los países centroamericanos. 

A finales de los ochenta y noventa, en varios clubes nocturnos de los suburbios de Tegucigalpa se hacían covers de canciones clásicas de rap y las primeras exhibiciones de breaking, junto con el DJ Emilio Breakstar Bolaños, conocido como bboy «Milo», bailarín y gestor cultural salvadoreño desaparecido. Se dice que el breaking se enraizó más en El Salvador, pero el rap se sostuvo más firmemente en Honduras y el grafiti en Nicaragua; luego llegó a Guatemala, Costa Rica y Panamá.

En Honduras, el breaking se practicó casi de manera simultánea en cuatro ciudades: Tegucigalpa (en los bajos del Congreso Nacional y en la Kennedy); San Pedro Sula (Barandillas y Medina); El Progreso (en el Gimnasio Municipal) y La Ceiba (en el Centro Social de El Sauce). Entre el 2004 y 2007, casi en todos los colegios de San Pedro Sula se practicaba, y en los intercolegiales nacionales se integraban acrobacias y coreografías claramente influenciadas por el breaking. Ahora lleva cerca de 25 años de practicarse.

Dentro del breaking, existen las «batallas» que se dan en diferentes contextos, como por ejemplo, eventos formales organizados de manera independiente, con o sin apoyo de las instituciones sociales. Estos eventos responden a la necesidad de «medir nivel» entre quienes lo practicamos. Para dar un veredicto, siempre en estas batallas existe un panel de jueces compuesto normalmente por tres bailarines o bailarinas experimentadas. 

Un set/sesiones o entradas de un bboy o una bgirl es el momento individual que el bailarín tiene para dar una muestra de sus habilidades; por lo general tiene una duración de entre 30 a 50 segundos.

El breaking es una danza legítima con influencias multiculturales en diferentes disciplinas artísticas, atléticas y marciales; de esta manera, tiene fundamentos básicos que componen un set o entrada, ya sea en una batalla, un cypher (que es un círculo organizado de forma espontánea, conformado por las y los bailarines, donde se convive por medio del baile) o un showcase (coreografías). 

Estos fundamentos se dividen en cuatro categorías: toprock, movimientos de pie en los que se usa todo el cuerpo; footwork, movimientos en el suelo en distintos niveles; powermoves, que requieren una habilidad, técnica, balance y coordinación y suelen llamar más la atención en el público espectador; y finalmente los freezes, que suelen cerrar un set, pero que también se usan en medio para estructurar el baile, como si se posara para una fotografía marcando un beat (ritmo) específico.

Estas categorías conforman un set o entrada en la danza, pero también existen otras categorías que se incluyen en esta, como los tricks and combos, tricking y uprocking. Cabe mencionar que en esta danza se usan diferentes técnicas, estilos, transiciones y creatividad.

Los jams básicamente son tardes culturales que generalmente se hacen un fin de semana en parques, plazas o canchas de usos múltiples que permiten la accesibilidad de todas las personas que practican breaking; puede haber una agenda, pero se consolida de manera muy orgánica a medida que van llegando los artistas y atletas. Suelen ser muy variados y en algunos casos multidisciplinarios, con participación de raperos, skaters, beatboxers, poppers y cualquier otra disciplina presente en la población que integra la comunidad. 

En resumen, un jam es lo que en los Estados Unidos de América se considera como un block party. Dentro de estos jams suelen darse muchos los cyphers, en donde se prohíbe el contacto físico y se procura que sean el respeto y la diversión los valores que imperen en el espacio. 

En ocasiones también suelen darse las batallas en estos cypher, y sirven para minimizar los malentendidos que puedan existir entre algunos practicantes. El concepto es que, si tienes algunas diferencias o algún conflicto, debes dejarlos en la pista de baile. Justo por este principio es que el breaking y la cultura hiphop han servido en diferentes contextos como estrategia de pacificación comunitaria. 

Con este concepto de mantener la esencia de esta cultura se han desarrollado jams en diferentes partes de Honduras, como el proyecto «El arte de las calles» en diferentes ciudades del país entre 2011 y 2021; en San Manuel, Cortés, la «Boombox Party», entre 2016 y 2017; en La Ceiba, los «Jams en la playa», con múltiples ediciones entre 2018 y 2021, llegando incluso a desarrollarse una edición en Tocoa llamada «Jam in Tokio».

En Chamelecón, desde inicios del 2023 a la actualidad, con los jams de la Casa Cultural Warriors se ha presentado una propuesta de identidad y apropiación de un espacio comunitario, integrando no solo a las y los artistas, sino también a las personas espectadoras, participantes de talleres, padres y madres de familia, emprendedores locales y actores comunitarios, involucrándoles en los diferentes procesos que se desarrollan en la Casa Cultural Warriors. Es el programa insignia de nuestra organización, que tiene  el objetivo de crear un sentido de pertenencia entre todas las personas.

El hiphop como cultura es atravesada por todas las problemáticas de la sociedad en general, como son la pobreza, las desigualdades sociales, el racismo y el machismo, entre otras. El machismo ha sido muy visible, no solo a nivel internacional, sino en nuestro movimiento. Es muy raro ver a una mujer participando en una competencia hondureña de breaking, y dentro del movimiento se replican estereotipos de género; por eso, la implementación de una categoría aparte para las mujeres fue mal recibida por muchos, que sentían que reducían oportunidades para hombres (bboys) por facilitarles el camino a las mujeres (bgirls).

En el breaking hasta hace poco se comenzó a implementar una categoría aparte para las mujeres. En 2017 participó por primera vez una mujer, cuando se invitó a Ayumi a competir junto con 15 bboys. Al año siguiente se disputó la primera final mundial del Red Bull BC One Bgirl, y la japonesa Ami fue la que se llevó el título. En 2019 la victoria fue para la rusa Kastet. Desde entonces se ha observado un gran avance en el nivel de competencia de las chicas bailarinas a nivel mundial. 

Desde Warriors Zulu Nation Honduras se ha realizado un proceso de investigación-acción con enfoque de género dirigido hacia el breaking. Los hallazgos indican que la reproducción de actitudes machistas y estereotipos de género son los factores más significativos que influyen en la inasistencia y poca permanencia de mujeres en las actividades relacionadas tanto con el breaking como con el rap.

Sin embargo, que el breaking tenga una categoría para hombres y para mujeres fue un paso esencial para que se integrara esta disciplina en las Olimpiadas de París 2024, pues ese es uno de los requisitos.

El avance del reconocimiento del breaking en competencias deportivas internacionales no solo trajo consigo mucha expectativa dentro del movimiento por  la gran ventana de oportunidades que puede implicar la formalización de un baile que inició en las calles, sino también críticas. Algunas personas argumentan que el breaking no es un deporte sino un arte, una expresión de libertad y apropiación de tu cuerpo por encima de todo, que nuestro baile es cultura y el convertirlo en deporte puede causar que pierda su esencia.

También se señala que el estandarizar aún más los movimientos podría quitarle al baile algo tan importante como es la originalidad, porque si bien existe un extenso catálogo de movimientos básicos, se sabe que para trascender en el baile cada practicante aporta su propia esencia.

La duda es: ¿esto traerá beneficios al baile y la cultura hiphop o, al contrario, se convertirá esta búsqueda de la expresión del alma en un entrenamiento rutinario para acumular puntaje y obtener una medalla?

De cualquier manera, algunos bailarines de la vieja escuela también apoyaron la iniciativa de integración del breaking como una disciplina olímpica, e hizo oficialmente su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el desarrollo de las competencias de breaking se contó con competidores y personajes destacados en el medio, como Snoop Dog, quien protagonizó varios momentos virales. De manera general las competencias resultaron muy entretenidas para los espectadores. En la categoría femenina, el oro fue para Japón, plata para Lituania y el bronce para China; en la categoría varonil, el oro para Canadá, plata para Francia y cobre para Estados Unidos. 

Hubo algunos momentos que no dejaron pasar desapercibido el debut del breaking; incluso tuvo participación el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados. Una de las controversias se debió a que la bgirl Manizha Talash, de origen afgano, país en donde es prohibido para las mujeres practicar breaking, utilizó una capa como parte de su interpretación, con un mensaje exigiendo la «libertad para las mujeres en Afganistán». Esto generó mucha controversia, porque el quinto principio de la Carta Olímpica alude a la neutralidad política, por lo cual utilizar las competencias para posicionar mensajes políticos puede ser considerado como una falta y motivo para una descalificación; sin embargo, no es la primera vez que un/una atleta realiza una manifestación de este tipo en los Juegos Olímpicos.

Otro momento muy controvertido fue la participación de la representante australiana conocida como Raygun, quien se viralizó en redes sociales por algunos pasos tachados de fáciles. Ella declaró que al principio también se reía de los memes, pero pronto empezó a ser víctima de hostigamiento y acoso en redes sociales; inclusive en su país los medios se encargaron de acosar a sus conocidos. En redes sociales han utilizado su presentación para protestar por la inclusión del breaking en las Olimpiadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hizo Raygun también es parte del breaking, aunque a nivel de competencia es muy valorada la dificultad en el baile, lo cual se ve reflejado en las votaciones de los jueces.

Muchos pioneros y gestores consideramos que el reconocimiento del breaking como deporte olímpico ya no se para. Un claro ejemplo es el de Argentina, donde en 2018 empezaron a institucionalizar la disciplina, incluyéndola en gimnasios, contratando instructores  y profesionalizando su práctica deportiva. En este país y otros más se ha generado la posibilidad de que la profesionalización del breaking permita generar una industria económica fuerte que a su vez cree oportunidades de desarrollo, así como lo han hecho otras disciplinas, como el fútbol.

Lo cierto es que el breaking tiene más de 51 años y nunca dependió ni dependerá de una sola competencia. Dentro o fuera de las Olimpiadas, nuestra cultura sigue generando resiliencia en los barrios más necesitados del mundo, donde solo hemos contado con nosotros/as mismos/as.

Por eso seguimos brindando talleres de breaking en el sector Chamelecón de San Pedro Sula, transmitiendo los principios del hiphop como cultura de paz mundial, procurando que las nuevas generaciones tengan un lugar seguro donde practicar y hacer el arte o deporte que más les gusta. Each one teach one (cada uno enseña al siguiente).

San José, 29 ago (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) celebró este jueves que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no haya reunido los votos para elegir como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Jaentschke, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia.

«Una vez más el régimen Ortega-Murillo fracasó en su intento de colocar a uno de sus más connotados voceros, el señor Valdrack Ludwig Jaentschke Whitaker, como secretario general del SICA», señaló en una declaración ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.

«Esta pretensión fue neutralizada por la acción conjunta de la sociedad civil nicaragüense y el apoyo de la mayoría de los Gobiernos de los países que integran el SICA», indicó la CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros.

«Agradecemos de manera especial el valioso aporte de los cancilleres (de Centroamérica) que al negar su respaldo a dicho nombramiento garantizaron este triunfo», agregó.

El Gobierno de Nicaragua informó el miércoles que su candidato no reunió los votos suficientes de los países de Centroamérica para ser elegido como nuevo secretario general del SICA, cargo que se encuentra vacante desde noviembre de 2023.

Dicen que la «amenaza» sigue vigente

«Si bien esta es una importante victoria, la amenaza de colocar a Jaentschke en el cargo sigue vigente, y con ello el peligro de insertar a Centroamérica en medio del conflicto internacional liderado por Rusia y China», continuó el grupo opositor nicaragüense.

«Esta pretensión del régimen Ortega Murillo, de utilizarnos como peones de intereses foráneos, sigue siendo una amenaza que afecta a toda la población centroamericana; ya que esta alineación avivaría conflictos geopolíticos y generaría más dificultades y tragedias a la sociedad de la región», añadió.

La oposición nicaragüense dijo que «nos toca a todos los centroamericanos, tanto Gobiernos como miembros de la sociedad civil, mantener esta lucha conjunta por los verdaderos intereses regionales».

También hicieron un llamado a las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones empresariales y demás instancias de la sociedad civil, «a redoblar esfuerzos para seguir frenando los intentos del régimen Ortega Murillo para hacerse con el control de la secretaría general del SICA».

 Según la CDN-Monteverde, «los Ortega Murillo pretenden expandir y replicar al resto de la región, las violaciones a las libertades y los derechos humanos que cometen contra los nicaragüenses».

«La defensa de los valores y principios que han hecho la mayor parte de los Gobiernos de la región es importante, pero no olvidemos que es la ciudadanía la que sufre los crímenes de lesa humanidad, tortura, cárcel, destierro y hasta la pérdida de la nacionalidad y sus bienes», apuntó.

Sin secretario general desde noviembre de 2023

Esa agrupación opositora confió «en que la unidad de los pueblos libres y amantes de la democracia, con la bendición de Dios, defenderá la Centroamérica de paz, libertad, y desarrollo que todos anhelamos», y abogó por seguir «resguardando la defensa de los valores de una paz firme y duradera y la democracia, que sustentan al SICA».

La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.

Posteriormente, el presidente Ortega propuso a Jaentschke como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.

Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.

El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.

Según la abogada y congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos no responde al «intervencionismo de los Estados Unidos a través de la Embajada», sino, a una acción que desde el gobierno ya se tenía contemplada para proteger a personas vinculadas con el crimen organizado que pertenecen o son afines al partido de gobierno. 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Archivo CC

El 28 de agosto se convirtió en un día histórico en Honduras luego que la presidenta Xiomara Castro ordenara al canciller de la República, Enrique Reina,  denunciar el tratado de extradición de Honduras con los Estados Unidos por la «injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos» en la política de Honduras. 

El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X como respuesta a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu quien expresó su rechazo hacia la visita del ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, a Venezuela, como invitado a los Cuartos Juegos de Cadetes Militares en este país. En fotografías y videos se ve al ministro de defensa -hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y sobrino de la presidenta Xiomara Castro-, junto al ministro de Defensa y Fuerzas Armadas de Venezuela, Vladimir Padrino a quien la embajadora Dogu se refirió diciendo que le sorprendía ver a miembros del gobierno de Xiomara Castro sentados con «narcotraficantes».

El canciller Reina, que no respondió a las solicitudes de entrevista de Contracorriente, dijo en un primero momento a un medio televisivo que esto no significaba que el tratado de extradición quedaba sin validez de inmediato y que «habría que revisar el procedimiento de denuncia» que está contemplado en el tratado.

«Yo creo que no es nada malo que asumamos una posición digna, nosotros vamos a seguir trabajando sobre la base del respeto mutuo, es una decisión de la presidenta y hay que acuerparla (…) en las veces que hemos viajado a Estados Unidos a reunirnos y advertir que la relación no debe encarecerse por las opiniones de la embajadora lo hemos dicho, a todos los niveles», dijo en este foro el canciller, sin embargo, posteriormente, Enrique Reina publicó en X una nota dirigida al gobierno de Estados Unidos, en la que señalan que, conforme a los artículos 1, 15 y 245 de la Constitución de la República, y al artículo XIV del tratado de extradición entre las dos naciones, Honduras decide dar por terminado el tratado de extradición.

En el Artículo XIV (14) del tratado de extradición se estipula que «cualquiera de las partes contratantes puede en cualquier tiempo darlo por terminado, avisando a la otra con seis meses de anticipación su intención de hacerlo así».

Para la abogada y congresista conocida por su lucha anticorrupción en Honduras, Fatima Mena, la instrucción de la presidenta Xiomara Castro no responde a las injerencia del país norteamericano en los asuntos nacionales, como ha denunciado la mandataria y distintos funcionarios, más bien, sin que es una excusa para proteger a quienes son parte o son afines al partido de gobierno.

«Venir a querer justificar la decisión política de denunciar un tratado de extradición es un pretexto, me parece que esta es una acción que ya tenían contemplada de protección a personas vinculadas con el crimen organizado por parte del partido o personas afines al partido de gobierno, no tiene nada que ver las declaraciones de la embajadora con la acción de la presidenta, lo que atenta con el acceso a la justicia que el pueblo hondureño ha tenido gracias a ese proceso de extradición», manifestó Mena.

Con esto, la congresista recordó que ha sido gracias a este tratado que personas como el expresidente Juan Orlando Hernandez y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, han sido enjuiciados y finalmente condenados por delitos ligados al narcotráfico en Estados Unidos, y que además, altos funcionarios vinculados al poder político y económico han enfrentado la justicia, ya que en Honduras no se han dado esas condiciones.

La comunidad hondureña protesta en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio en contra de Juan Orlando Hernández. Foto: Archivo CC.

El Estado comenzó a extraditar a hondureños hacia los Estados Unidos después de la adhesión de un artículo a la Constitución de la República que permite la extradición de ciudadanos señalados por casos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado, y que invoca al tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos desde 1912.

Carlos Arnaldo Lobo, conocido como «El Negro» Lobo, fue el primer hondureño solicitado en extradición por narcotrafico por parte de la Corte del Distrito Sur de Florida en 2014. Después de esta, han ocurrido al menos 40 extradiciones más de hondureños señalados por narcotráfico, tráfico de migrantes y lavado de activos. 

La próxima extradición será de Mario Cálix, conocido como «Cubeta», el 4 de septiembre. Cálix estaba dentro del listado de 16 extraditables revelado por la secretaría de Seguridad, entre los cuales están Henry Fernandez del clan de los Valle Valle, Juan Carlos Montes Bobadilla, y Alexander Mendoza, conocido como «El Porkys», cabecilla de la MS-13 en Honduras.

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Tratado de extradición debe ser derogado mediante reforma constitucional en el Congreso Nacional

El abogado constitucionalista y analista político, Raul Pineda Alvarado, opina que para dar por terminado el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos se debe reformar el artículo 102 de la Constitución de la República, el cual establece que «ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero» exceptuando los casos relacionados con delitos de tráfico de estupefacientes, terrorismo y crimen organizado «cuando exista tratado o convenio con el país solicitante».

Pineda recuerda que en la sesión del Congreso Nacional en la que se aprobó el decreto para hacer esta reforma constitucional se restringió el acceso a la prensa, y que mediante mayoría calificada se aprobó la adhesión del artículo y, por lo tanto, la reforma a la Constitución. En ese momento Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en 2022 y posteriormente condenado a delitos de narcotráfico en 2024, era presidente del Legislativo. 

Ciudadana se manifiesta en contra del expresidente Juan Orlando Hernández durante su mandato. Foto: Archivo CC.

«Solo el Congreso puede reformar la Constitución y para establecer que el Estado de Honduras no pueda extraditar ninguna persona de nacionalidad hondureña habría que reformar nuevamente el artículo, no basta la denuncia de la presidenta, porque la presidenta no tienen facultades de reformular la Constitución», indicó Pineda, quien además señaló que para esto se necesita la mayoría calificada en el Legislativo, es decir, 86 votos a favor, y que esta reforma debe ser aprobada en dos legislaturas.

Ley de extradición representa un retroceso para enjuiciar a criminales

Sobre la posibilidad de que al Congreso Nacional regrese la discusión de la Ley de Extradición -un proyecto de Ley que ha permanecido engavetado desde marzo del año pasada-, Mena plantea que esto no tendría efectividad, considerando que este proyecto vendría a entorpecer la celeridad con la que se han dado las extradiciones a los Estados Unidos gracias al auto acordado aprobado en junio de 2013.

«Sabíamos que dentro de Libre habían sectores que querían obstaculizar los procesos de extradición pero ya llegar a un nivel de denunciar un tratado que ha sido tan efectivo para poder llevar a criminales vinculados con narcotráfico de un país donde el sistema operativo gira alrededor de los capos de la deroga y los capos de corrupción y quitar esta herramienta para que la justicia alcance a estas personas, me parece inconcebible, lamentable y peligroso porque le estaría dando impunidad a las personas que no se han podido llevar de cara a la justicia del país», manifestó Fatima Mena.

En febrero del año pasado, después de ser electa la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando dijo en una conferencia de prensa que existía la posibilidad de reglamentar la extradición en Honduras. 

Lo anterior revivió un debate alrededor de esta Ley en el Congreso Nacional, por la que hasta el momento existían dos propuestas para ser reglamentadas: una por parte del diputado Jorge Calix, precandidato presidencial por el Partido Liberal y quien ahora está en contra de la cancelación del tratado de extradición, y otra por parte del Odir fernandez, rector de la universidad Nacional Autónoma de hOnduras (UNAH).

Sin embargo, después de esto, la comisión especial designada para el diseño de este proyecto no ha vuelto a pronunciarse y tampoco ha mostrado avances en la reglamentación o discusión de esta Ley.

Un mes después de las declaraciones de Rebeca Raquel, y luego de regresar de Venezuela en un viaje para formalizar acuerdos sobre el petróleo y sus derivados con funcionarios de este país y con el presidente Nicolas Maduro, el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, expresó que en ningún poder del Estado existía la posibilidad de cancelar los tratados de extradición.

«Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición», repitió tres veces el exmandatario, quien añadió que, además, tampoco existía la intención de añadir obstáculos o trabas el proceso de la misma, y además dijo que todo lo que se estaba diciendo en los medios de comunicación en ese momento era «bla, bla, bla».

Desde la indignación y las protestas de 2015 por la incontrolable corrupción, pasando por la revelación del narco-Estado y la extradición de un expresidente, Honduras podría resumir su historia reciente en una palabra: impunidad. Sabemos que las sociedades son muy complejas y el relato sobre ellas se compone por voces diversas, las que gritan más fuerte y a pesar de eso son las menos escuchadas: las de las víctimas; y las que desde las sombras se imponen: aquellas de quienes se han enriquecido a costa de la tragedia de un país que no conoce la democracia. 

Pero en ese lapso, la impunidad y la corrupción se han incorporado en el relato colectivo como parte de las causas de los problemas en Honduras. Pasamos de pensar que todas las personas en esta sociedad somos corruptas, que todas contribuimos con una «mordida» al monstruo de la impunidad y que todas callamos por conveniencia e individualismo, a pensar que necesitamos una transformación radical en el sistema de justicia y a exigir algo que garantice que esa transformación se dará de manera que podremos conocer la justicia y beneficiarnos de ella. 

Ese cambio en el relato sobre lo que somos y deseamos llevó a una demanda que ya lleva nueve años moviéndoles el piso a los gobernantes: una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Promesa cumplida a medias y después destruida por el régimen de Juan Orlando Hernandez, y promesa de campaña de la actual presidenta Xiomara Castro, que parece insistir en levantar su vuelo a pesar de tener rotas las alas: la de la voluntad y la de la autenticidad.

Es en este contexto, en el que la gente sigue esperando el cumplimiento de esa promesa de campaña, que el fiscal general, Johel Zelaya, ha dado golpes de esos que intentan producir una sensación de justicia y que podrían verse de dos maneras: la primera, como actos de voluntad política en los que la fiscalía hace un compromiso de lucha contra la corrupción en beneficio del pueblo hondureño y se muestra como aliada de una posible Comisión contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Cicih); la segunda, como actos que fueron comunes en el Ministerio Público anterior:  procesar para exculpar tanto a nivel penal como a nivel social. 

Por ejemplo, la llamada que hizo el fiscal general a los «mencionados» en el juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández a testificar, sin antes acusarlos, fue una jugada mediática y hasta populista, que muestra a un fiscal implacable al llamar incluso a sus aliados políticos, ya que él estaría dispuesto a procesar a quien sea culpable, «caiga quien caiga»; sin embargo, ¿qué efecto real tuvo ese desfile de testigos sin acusación? 

Como en una obra de teatro rudimentariamente ensayada para ser una grotesca burla, llegaron los exdiputados, expresidentes y funcionarios del actual gobierno a decir, con postiza solemnidad y flaca convicción: «yo no fui, señor fiscal, los narcos mienten». Entonces, el fiscal/juez, desde el pedestal de la justicia «a la hondureña», aclara todo y pasa a la página siguiente. Nada sabemos sobre una verdadera investigación o acusación del Ministerio Público en contra de los cómplices del narcotráfico, que no solo financiaron sus propias campañas políticas, sino que facilitaron concesiones y contratos con el Estado. Tampoco sabemos sobre los mecanismos de investigación para evitar que actores del crimen organizado continúen financiando a los partidos políticos hondureños.

El fiscal general ahora ha comenzado a requerir a actores cuyos nombres estuvieron en las pancartas de las protestas que han pedido una Cicih desde hace años, como el exministro de salud, Arturo «Tuky» Bendaña, acusado por otorgar contratos amañados por más de 9 millones de dólares entre 2010 y 2012 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa; o el exsecretario presidencial –ahora ciudadano nicaragüense– Ebal Díaz, acusado por ser responsable de un proyecto fraudulento de vivienda para sobrevivientes de las tormentas Eta y Iota en 2021. Incluso ha acusado a Reynaldo Suazo Leiva, un abogado que rondaba el círculo más cercano del expresidente Juan Orlando Hernández. 

También ha logrado procesar –por fin– a la pieza clave del caso Pandora (investigado por la Maccih), Fernando Suárez, después de que este colaboró para armar ese caso, se escapó del programa de testigos protegidos y regresó extraditado recientemente. Y no podemos dejar de mencionar la operación en contra del juez Marcos Vallecillo, que promete develar una red de abogados y operadores de justicia que trafican impunidad al mejor postor. Por ahora, los requerimientos fiscales que van saliendo casi cada semana se ven como golpes a una estructura criminal que operó en casos emblemáticos de gobiernos anteriores. ¿Es esto por fin justicia?

Mientras el fiscal libra requerimientos, la discusión sobre la Cicih no despega. Varios de los  puntos torales del convenio siguen sin resolverse, como las reformas al Código Procesal Penal, la derogación de decretos que le dieron inmunidad a los diputados, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la reforma a la ley aprobada por este gobierno que dio amnistía a personas acusadas por actos de corrupción utilizando como refugio una de las peores tragedias que le ha pasado a Honduras: el golpe de Estado de 2009. 

Por ahora, la discusión sobre la Cicih ha sido ensordecida por ciertos ruidos: el del gobierno prometiendo que desclasificará el memorándum de entendimiento con la ONU, el de la hija de la presidenta presentando una ley para regular un mecanismo que aún sigue sin existir, el de los diputados peleando entre sí mientras postergan la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz. Ruido, ruido, ruido.

En medio de eso, el fiscal general parece querer destacar y decirle a la ciudadanía que no importa por dónde vaya la discusión política y que no importa que su nombramiento haya sido criticado por su cercanía con el partido de gobierno; el Ministerio Público está trabajando. La pregunta que debemos hacernos es si esos pasos son para por fin transformar un sistema de justicia cooptado, o solamente para convencernos de que no necesitamos que tutelen nuestro sistema, y así dar paso a una nueva mafia de cooptación. Por ahora, es a la ciudadanía a la que le toca vigilar los pasos que está dando el fiscal y demandar siempre justicia, ese algo que parece que se escapa como arena entre los dedos, esa justicia que esperamos que despegue autónoma e imparcial.

La operación de la empresa minera Agregados del Caribe S.A. (Agrecasa) que ha exportado piedra caliza a Estados Unidos, Aruba e Islas Caimán desde 2010, se encuentra suspendida luego de una resolución del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) que ordena su cierre temporal por un año, tras la muerte accidental de una contratista, Dayana Paola Velesquez Valdivieso. Según la resolución a la que tuvo acceso de manera parcial este medio, la empresa tardó casi un mes en reportar el incidente. 

Texto: Jennifer Avila con reportes de Allan Bu
Fotografía: Fernando Destephen

En la comunidad Brisas del Tramade ahora se escuchan los pájaros; las detonaciones se han detenido, pero impera la incertidumbre de si finalmente habrá un cierre total de la mina con la que han convivido por décadas. 

Después de que el conflicto minero se expresara en protestas que bloquearon la carretera hacia uno de los puertos más importantes del país el pasado mayo, el gobierno de Xiomara Castro resolvió suspender por un año la actividad minera de esta cantera que explota piedra caliza en las comunidades aledañas a Puerto Cortés. Las protestas fueron de varios sectores, tanto de miembros del patronato y la comunidad, que demandaban el cierre de la mina, como por parte de trabajadores y contratistas de la empresa, que pedían que no se cerrara esa fuente de empleo. 

En una nota anterior explicamos que Agrecasa se registró como proyecto minero en Inhgeomin en julio de 2005, y desde entonces extrae grava de una cantera cercana a comunidades como Sapadril Arriba, Sapadril Abajo, La Delicias, Campana y Brisas de Mar Tramade. También citamos que Agrecasa es subsidiaria del conglomerado estadounidense American Aggregates, LLC, según el IV informe de Conciliación, elaborado en el marco de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI por sus siglas en inglés).

Según información de Aduanas, Agrecasa exportó 1,0507,101 de toneladas de piedra caliza, sobre todo hacia Estados Unidos, pero también exportó a Aruba e Islas Caimán en varias ocasiones. Su mayor cliente en Estados Unidos es Vulcan Construction Materials, LLC, una de las mayores empresas constructoras en las costas estadounidenses.

Después de la cúspide del conflicto minero en mayo de 2024, el expresidente del patronato, Nahúm Reyes, contó que la comunidad ha tenido poca información sobre lo que sucederá después de la resolución de suspensión de actividad minera por un año, y explicó que esperan que la empresa compense el daño ambiental. Sobre la muerte accidental que dio origen a la resolución, Reyes explicó que la víctima era una contratista que trabajaba para otra empresa proveedora de servicios de Agrecasa. 

Nahúm Reyes, defensor del ambiente de su comunidad, camina por la parte del río que según él, la empresa Agrecasa ha afectado con su actividad minera. Cortés, Honduras, agosto 2024. Foto CC/ Fernando Destephen.

Durante los actos de protesta que hubo en mayo pasado, los transportistas manifestaron que Agrecasa genera más de 500 empleos directos, pero además otros cientos de indirectos. Agrecasa publicó un comunicado en el que expresaron que generan 180 empleos directos y 800 indirectos, de los cuales aseguran que el 30 % se da a personas de las comunidades vecinas. Nahúm y otros vecinos que hablaron con nosotros dijeron que justamente en las comunidades no hubo un conflicto tan profundo por el cese de operaciones de la minera porque su actividad no representó muchos beneficios para ellas; la mayoría de personas sobreviven del empleo en maquilas, en el puerto, o de las remesas, según explicó Nahúm.

Los miembros del antiguo patronato ahora exigen claridad sobre el futuro de la cantera y sobre cómo la empresa limpiará lo afectado en el río de su comunidad, compensará la explotación a cielo abierto que se realizó por décadas, y cómo el Gobierno garantizará que no habrá una nueva concesión para otra empresa nacional o extranjera que llegue a sus comunidades a romper de nuevo el silencio con sus detonaciones.

Texto: Jesús Lozano/ EFE
Fotografía: EFE/ Gustavo Amador

Madrid, 24 ago (EFE).- El trabajo infantil sigue aumentando, afecta a más de 300 millones de niños de todo el mundo, el doble de lo que dicen las estadísticas oficiales, y gran parte son explotados por multinacionales, denuncia el activista guatemalteco de los derechos humanos Fernando Morales-de la Cruz.

En una entrevista con EFE, apela, una vez más, al G7 y la Unión Europea (UE) para conocer de manera rigurosa la realidad de la pobreza, la escolarización y la explotación laboral infantil en cada país y región del mundo.

La OIT y Unicef estiman que 160 millones de niños y adolescentes (5-17 años) trabajaban en 2020 (unos 112 millones en el campo), un dato «muy seriamente cuestionado por mí y por muchos académicos», comenta el especialista. De ellos, 79 millones tenían ocupaciones peligrosas.

Y se debe a que los Estados obtienen la información de encuestas familiares. «La mayoría de padres jamás dirán que sus hijos no van a la escuela, al contrario, y tampoco que están trabajando», explica Morales-de la Cruz.

Cita una investigación de hace dos años de Guilherme Lichand y Sharon Wolf (universidades de Zúrich -Suiza- y Pensilvania -EE.UU.-) que apunta que los niños que trabajan son casi 400 millones (7-14 años).

Entonces, subestimar el problema impide resolverlo, pues se carece de un diagnóstico real, deduce el activista, y «fracasa» el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU de acabar con el trabajo infantil en 2025.

«Hemos ido hacia atrás, se han incrementado la miseria y el trabajo infantil. Sigo diciendo que hay más de 300 millones de niños trabajando en todo el mundo», subraya.

Incide en la necesidad de informes fidedignos sobre cuántos niños trabajan en la UE y «para» la UE, en alusión a lo que consume Europa producido fuera con mano de obra infantil. Y pide que la Comisión Europea cumpla el compromiso de 2019 de «tolerancia cero» con el trabajo infantil en los países comunitarios y en sus cadenas de suministro internacional.

Más miseria, más trabajo infantil

La realidad es que el trabajo infantil ha aumentado en la UE y en sus cadenas de suministro, según Morales-de la Cruz: «Esto demuestra que se ha incrementado la miseria porque el trabajo infantil solamente aumenta cuando se incrementa la miseria». Y la pandemia de covid-19 fue un detonante de ese aumento.

Distingue entre los niños que trabajan en beneficio directo de su familia, y los más de 140 millones, calcula, que lo hacen para empresas o sus cadenas de suministro, algo muy grave.

El número «se ha incrementado porque a las multinacionales nadie las frena», dice el fundador del programa Cartoons For Change. «El problema es que trabajan para corporaciones y empresas. Al final, es parte de un modelo de negocio, reducir costos e incrementar utilidades» (ganancias).

Y nadie se atreverá, constata, a preguntar a los ejecutivos de las grandes empresas cuántos miles de niños trabajan para ellas, incluso en países desarrollados.

América Latina

Según la ONU, es trabajo infantil el que priva a los niños de su infancia, potencial y dignidad, y perjudica su desarrollo físico y mental.

Es una grave violación de los derechos humanos, pero muchas familias vulnerables no tienen opción, como en países de América Latina. Los dos más poblados, Brasil y México, también son los que registran más trabajo infantil.

México reconoce 3,5 millones de niños en esta situación, pero pueden acercarse a cinco millones, según Morales-de la Cruz, como en Brasil.

En su país, Guatemala, son más de un millón, y mil llegan cada semana a EE.UU., según datos oficiales del Gobierno norteamericano, menciona el activista, de los que el 40 % encuentran trabajo clandestino enseguida.

La responsabilidad de los países ricos

«Los Gobiernos del G7 y la UE deben relanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -insta-, aprendiendo de que, en los últimos ocho años, se ha incrementado la miseria, el hambre, la desnutrición y el trabajo infantil, incluyendo sus propios países».

Y para terminar con el trabajo infantil, se debe acabar antes con la miseria y la deserción escolar. «Y, sobre todo, los Gobiernos y las grandes empresas tienen que cumplir las leyes y no lo están haciendo».

Los países desarrollados tienen una obligación especial porque son ricos y la gran mayoría de multinacionales tienen la sede en ellos, apostilla.

Cartoons For Change es una iniciativa en la que caricaturistas e ilustradores de todos los continentes publican dibujos para defender los derechos de los niños.

Dictaron auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la audiencia inicial contra el juez de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Antonio Vallecillo Banegas, quien enfrenta cargos por extorsión tras intentar obtener tres millones de lempiras de un empresario que fungía como testigo protegido del Ministerio Público. Vallecillo, quien jugó un papel clave en la emisión de órdenes de captura en casos emblemáticos del actual Ministerio Público, tendrá la audiencia preliminar el 6 de septiembre de 2024.

Texto: Luis Escalante, con reportes de Celeste Maradiaga y Jennifer Ávila
Fotografías: Luis Escalante y archivo 

El sábado 24 de agosto dictaron auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas y su amigo Nelson Omar Sierra Flores. Un juez del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente determinó que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público (MP) —cerca de 25— fueron suficientes para probar indicios suficientes de responsabilidad penal en el cargo de extorsión por parte de ambos imputados.

Dentro de la carga probatoria presentada por la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), en la audiencia inicial se presentaron vaciados telefónicos, grabaciones de seguimiento efectuadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y dos testigos protegidos. Uno de los testigos protegidos es un amigo de la víctima de extorsión, quien declaró haber sido informado de que estaba siendo efectuada por Vallecillo Banegas, Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo; el otro es un agente de la ATIC. 

Durante la audiencia inicial se mantuvo un estricto hermetismo: se impidió el acceso de los medios de comunicación a la sala y se estableció un intenso resguardo policial, lo que impidió conocer algunos detalles sobre cómo se desarrolló el proceso. Algunos empleados del Poder Judicial que laboran en el juzgado se lamentaban al ver  en el banquillo de los acusados a quien alguna vez fue juez coordinador de este circuito judicial.

La audiencia preliminar quedó fijada para el 6 de septiembre a las 9:00 a. m., informó la vocería del Poder Judicial.

Según el escrito que contiene el requerimiento fiscal e información a la que accedió Contracorriente, Marco Antonio Vallecillo Banegas solicitaba tres millones de lempiras a un empresario de la construcción «para que no tuviera problemas y para que el Ministerio Público hiciera un cierre administrativo a su favor». Este medio también tuvo acceso a la declaración del primer testigo protegido presentado por la Fiscalía, un amigo de la víctima, quien aseguró durante uno de los interrogatorios que los imputados intimidaron a la víctima y lo llamaron constantemente para efectuar el cobro del dinero. 

El testigo protegido, identificado como TN01, también declaró que en una fecha no especificada, en las instalaciones del bufete legal de Reinaldo Leiva Suazo, el juez Vallecillo Banegas solicitó a la víctima 250,000 lempiras para comprar unas puertas. También manifestó que la entrega de los tres millones de lempiras se efectuaría el 16 de agosto, pero que, ante la ausencia del juez Vallecillo Banegas, la víctima abortó la operación y la trasladó hacia el día siguiente. 

El empresario actúa como testigo protegido en otros casos relacionados con la ejecución de proyectos llevados a cabo por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP) durante la administración de Ebal Díaz, que no se ejecutaron en su totalidad. Además, el testigo sostuvo una reunión con el fiscal general de la República, Johel Zelaya, el viernes 16 de agosto, en la cual le confesó que estaba siendo víctima de extorsión.

Aprovechándose de que el empresario colaboraba con el Ministerio Público en otras investigaciones, Vallecillo Banegas, junto a Nelson Omar Sierra Flores y Reinaldo Leiva Suazo, apoderado legal del empresario, le hicieron creer a este durante varias semanas que Uferco tenía listo un requerimiento fiscal contra él por su implicación en otro caso, denominado Cisco.

En medios de comunicación se ha informado que este caso está relacionado con un proyecto de construcción de una borda en el río Claro, en Colón. Contracorriente consultó al Ministerio Público sobre este caso penal, y únicamente se nos informó que la defensa presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha sido resuelto.

En la víspera, la defensa legal del juez Vallecillo Banegas, encabezada por Frank Galo, presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) un escrito de recusación contra el juez asignado a este proceso judicial, Juan Carlos Colindres, por «violación de derechos contitucionales y derecho a la defensa». Sin embargo, en una sesión de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, celebrada la noche del jueves 22 de agosto, las y los magistrados de ese tribunal de alzada determinaron rechazar «de plano» dicha solicitud, con lo que la audiencia inicial quedó firme. 

La captura del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas, coordinador del Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, ha sacudido los cimientos del Poder Judicial. La detención in fraganti de Vallecillo Banegas el 17 de agosto de 2024, acusado de cobrar un presunto soborno y procesado por extorsión, junto a otras dos personas, no solo expone la fragilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia en Honduras, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control interno en el ámbito judicial.

Ese día, el fiscal general Johel Zelaya, a través de la red social X (anteriormente Twitter), afirmó que se trataba de un juez que utilizaba su nombre y el de fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) para «extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas».

Horas después, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, manifestó que brindará acompañamiento a las acciones del fiscal general y que su compromiso es «romper con las redes de corrupción que históricamente han existido en el Poder Judicial».

Momento en que el vehículo táctico Black Mamba, que transportó al juez hasta su audiencia, abandona los Juzgados de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Tegucigalpa, 24 de agosto de 2024. Foto CC/Luis Escalante.

El juez Marco Antonio Vallecillo Banegas fue detenido el sábado 17 de agosto en una gasolinera localizada en la carretera que conduce del Distrito Central a Choluteca. Vallecillo Banegas y Sierra Flores se encontraban a bordo de un vehículo marca Lexus, color champán, en el que también estaba el empresario. Antes de abordar el vehículo, el juez tomó los dos teléfonos celulares del empresario y los guardó en una camioneta Land Cruiser Prado, color blanco y sin placas, en la que había llegado al punto de encuentro para recoger el dinero.  

No se trata de un caso aislado

El viernes 23 de agosto, durante un XSpace organizado por Contracorriente, Víctor Fernández, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), manifestó que es necesario trascender el caso y verlo «como una oportunidad para revertir esta espiral de vergüenza en que estamos sometidos como sociedad».

«Nuestros operadores de justicia deben superar el espíritu de silencio, que saben que este tipo de cosas pasan, se enteran, pero no hay canales de denuncia, y lo que se asumen como práctica es el silencio. Se debe trascender la idea de que se es un funcionario honesto por hacer lo correcto al no involucrarse más en lo que no le corresponde. Es necesario superar esto en el sentido de tener una voz de denuncia y revisar cuáles son los mecanismos mediante los cuales se están nombrando, ascendiendo y otorgando privilegios a nuestros jueces y magistrados», declaró Fernández.

Víctor Fernández también se refirió a los procesos de formación de fiscales y jueces que emprendió la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y se cuestionó si las y los operadores de justicia que están actualmente asignados a circuitos anticorrupción son los que formaron parte de dichos procesos. 

«Se invirtió mucho en la MACCIH para formar jueces y fiscales, como en la Ufecic, por ejemplo, donde los que fueron capacitados eran, en su mayoría, competentes. Creo que ahora quedan dos o tres fiscales de ese proceso de formación. Preguntémonos si el juez Marco Vallecillo, así como los demás jueces o magistrados que se formaron en los procesos de la MACCIH, son los que están dirigiendo los procesos de enjuiciamiento de este tipo de fenómenos delictivos. Cuestionemos si el juez Vallecillo cumplió con todo ese proceso exhaustivo que nos aseguraba, al menos parcialmente, una mejora en la administración de una política judicial anticorrupción», apuntó

Fernández también aseguró haber conocido el perfil judicial que ha caracterizado al juez Marco Antonio Vallecillo Banegas. «Conozco a Marco, tengo una relación cordial con él y conozco el tipo de funcionario que es. Hemos litigado en su despacho judicial, representando al movimiento campesino. Sin embargo, las condiciones y el ambiente en ese entorno son conocidos; su perfil no es ni era anónimo. Él es una figura emblemática dentro del Poder Judicial en Tegucigalpa, y por eso provocó la reacción de la cúpula de la Corte Suprema. Todo lo que se dice sobre su entorno político es cierto».

De igual modo, agregó que cuando un juez, fiscal o magistrado se expone a actividades como la que le imputan a Marco Antonio Vallecillo Banegas, el que sufre las consecuencias más severas es el sector más vulnerable de la sociedad. 

Podés escucharlo nuevamente: ¿Qué revela el caso Vallecillo sobre la justicia en Honduras? 

«Debemos comprender que, con jueces expuestos a este tipo de hechos, quienes realmente sufren no son ellos, sino la sociedad hondureña, y especialmente la más vulnerabilizada. Esta última, aunque percibe estos fenómenos como algo distante, es la que recibe las consecuencias de una gestión que institucionaliza el silencio y la complicidad frente a la corrupción», subrayó.

Por su parte, Fany Bennett, jueza coordinadora del Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, y presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), consideró que el problema que afronta el Poder Judicial es estructural y, por tanto, «las soluciones deben ser estructurales»

«Las valoraciones deben ir más allá de este caso; debemos partir de una memoria histórica y rescatar más allá de la vergüenza, que debemos ser actores proactivos ante un debilitamiento de todo nuestro sistema de justicia. Entonces, se deben fortalecer los procesos establecidos para denunciar el inadecuado funcionamiento de los servidores judiciales y concretar sanciones para nuestros jueces y magistrados», apuntó Bennett durante el XSpace

¿Quién es Marco Antonio Vallecillo Banegas?

Hasta antes de su captura, Marco Antonio Vallecillo Banegas era uno de los cinco jueces que integran el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, y el que contaba con menos años en la carrera judicial entre sus compañeras y compañeros. Apenas el 29 de abril de 2024 había sido nombrado coordinador de dicho circuito judicial, que tiene competencia territorial en todo el país.

Vallecillo Banegas, nacido el 22 de octubre de 1989, ingresó al Poder Judicial el 26 de junio de 2015 como escribiente III del Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. Después de unos meses, fue ascendido a juez supernumerario de ese juzgado en medio de cuestionamientos. El 8 de febrero de 2016, el entonces magistrado presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera Avilés, lo defendió públicamente.

«El abogado Marco Antonio Vallecillo Banegas concursó y aprobó el proceso de selección. Cumple con el requisito académico y está interino porque necesita completar los tres años de ejercicio jurisdiccional. Sus notas son de las más altas que se han revisado para jueces de letras», dijo en aquel momento Rivera Avilés.

El 9 de agosto de 2018, se ordenó la aprehensión de Jorge Rivera Avilés y otros cinco exconcejales del extinto Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. El Ministerio Público (MP) acusó específicamente a Rivera Avilés por la comisión de 60 delitos de malversación de caudales públicos y 131 de abuso de autoridad. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2021 un juzgado en materia de corrupción le dictó sobreseimiento definitivo. El MP apeló la resolución ese año y, hasta el momento, no se ha emitido ningún nuevo fallo al respecto. 

Para 2019, Marco Antonio Vallecillo Banegas ya se desempeñaba como juez de letras del Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán y, posteriormente, fue ascendido al Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, con la llegada de Rebeca Ráquel a la presidencia de la Corte Suprema. De manera paralela, Vallecillo Banegas presumía en fotografías su cercanía con líderes políticos del oficialismo, incluyendo al actual jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento.

Momento en que el vehículo táctico Black Mamba, que transportó al juez hasta su audiencia, abandona los Juzgados de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente. Tegucigalpa, 24 de agosto de 2024. Foto CC/Luis Escalante.

En 2022, diputados del Partido Libre, incluidos Carlos Zelaya Rosales y Rafael Sarmiento, recomendaron a la presidenta Xiomara Castro la designación de Marco Antonio Vallecillo Banegas como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Además, a inicios de 2024, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, le otorgó una condecoración por su «combate al crimen organizado».

No te lo perdás: Poder Judicial gastará 344 millones de lempiras para renovar y blindar su flota de vehículos

Como juez de ese circuito judicial en materia de criminalidad organizada, corrupción y medioambiente, Vallecillo Banegas emitió órdenes de captura contra David Chávez y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez, ambos prófugos de la justicia por un desfalco al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como contra Daniel Atala Midence, exgerente financiero de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) por su implicación como autor intelectual del crimen de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016.

Asimismo, desde el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, se había emitido en las últimas semanas la orden de captura contra Ebal Díaz, señalado como líder de una red de corrupción que desvió 294 millones de lempiras destinados a un proyecto habitacional para personas damnificadas por los huracanes Eta e Iota en 2020, que nunca se concluyó.

Vergüenza y reacciones al más alto nivel 

La captura de este juez de alto rango ha provocado reacciones no solo en la cúpula del Poder Judicial, sino también en la propia Casa de Gobierno, desde donde la presidenta Xiomara Castro pidió que «se aplique todo el peso de la ley a los involucrados» y la desarticulación de las «redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial». No es para menos, considerando la investidura de un juez anticorrupción. 

El lunes 19 de agosto, en una conferencia de prensa, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel, quien salió públicamente junto al magistrado Mario Díaz y la magistrada Rubenia Galeano, calificó los hechos como «un fuerte golpe que hemos recibido» y «algo que no esperábamos», al tiempo que puso en marcha una intervención en el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente.

«Son muchos los funcionarios, pero uno no puede estar detrás de uno solo. Cuando uno asciende a alguien, lo hace porque cree en esa persona, que puede desempeñar un papel correcto. Mi vinculación con él es la que tiene todo jefe con el juez correspondiente: instruirle siempre que se apegue al derecho», dijo Ráquel, como si no estuviera convencida del requerimiento fiscal y como si ignorara qué hacía un juez en la entrega de un soborno por parte de un testigo protegido del Ministerio Público.

También desmintió las supuestas implicaciones del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas con José Luis Melara Murillo, su esposo, quien está siendo señalado por políticos y abogados de «traficar con la justicia» y estar detrás del soborno al empresario.

«No sé si ustedes saben, pero mi esposo está pasando por una enfermedad y tiene casi tres meses fuera del país. No sé cómo puede, desde donde está, realizar este tipo de actos, pero tengo que decirles que, si se trata de él, pueden investigarme a mí, a mis hijos y a mi familia completa. Nunca, jamás me van a encontrar a mí o a alguien a mi alrededor haciendo cosas incorrectas», declaró Ráquel a los medios de comunicación.

El diputado del opositor Partido Liberal y disidente del oficialismo, Jorge Cálix, señaló directamente a Rebeca Ráquel y citó unas supuestas palabras del juez Marco Antonio Vallecillo Banegas que involucrarían «al esposo de una alta funcionaria del Poder Judicial». Cálix incluso ha solicitado que Ráquel sea sometida a juicio político en el Congreso Nacional.

A pesar de lo anterior, el juez Marco Antonio Vallecillo Banegas desmintió haber afirmado que el dinero, que según dijo nunca vio, perteneciera «al esposo de la presidenta (de la Corte Suprema)».

«Desmiento categóricamente eso; en ningún momento supe que había dinero en ese lugar y mucho menos que ese dinero era para el esposo de la presidenta», declaró Vallecillo Banegas, quien aseguró que se encontraba «en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con las personas equivocadas al momento de su captura. 

Publicado por la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) en 1980, Jonás, fin del mundo o líneas en una botella, poemario del poeta hondureño Edilberto Cardona Bulnes, tuvo un tiraje de más o menos 5,000 ejemplares. De acuerdo con información no oficial, 4,000 de estos ejemplares fueron enviados a Honduras, pero al llegar al aeropuerto Toncontín, desaparecieron.

La nula existencia de ejemplares de este libro en las bibliotecas hondureñas llevó a la Editorial Ypres a investigar, hasta que llegaron a Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, y finalmente en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, localizaron un ejemplar completo. La Editorial Ypres hizo una recopilación íntegra de los poemas tras encontrar el ejemplar original. Esta es una selección de algunos poemas que componen ese libro «perdido». La transcripción es textual, incluyendo algunos posibles errores tipográficos.

Pedruscos rojos, pedruscos blancos.

¿Me puedes ver, hermano?

Recordando pudiera hablar de un cinturón

de hierro, de un collar de piedra,

de una frontera de plomo, constriñéndome.

Literatería. Literaterismo de verseros.

Contigo, Muerte,

nos respiramos la palabra.

Quebramos el espejo de entre nosotros

y a oscuras, a ojos cerrados, te miras,

me miras, como me miro, como te miro.

cambiamos ojos.

¿Cuáles son los tuyos? ¿los míos?

Cuando estamos más lejos

es cuando vamos por la playa

de la mano, perdiéndonos en hierba,

en nieve, y hallándonos

en cualquier parte a toda hora,

y esto, volviéndonosles, intransmisible,

no se explica ni cantándolo.

Nuestro lo mío tuyo.

Sin reservas. Sin regateo.

No hay cuenta con los hombres.

No debemos nada. A nadie.

¿Qué me han de cobrar? ¡Bah! ¿Quiénes?

¿Saldo o total de qué? ¿Cuál es mi deuda?

Clark Kent emerge de lo cotidiano buscando

su permanencia sobre la diaria grandiosidad

del periódico, visualizarse en la acción

deportiva, en la fresca juventud, infantilidad

instintiva del deporte y en la serena adultez

de la letra, el juego juego solo

y el juego del signo, lo inabstraíble

del acto, de lo real manifestándose, juego

vivo, y la realidad en abstraída

realidad altísima, sólo claridad

comunicándose, juego vívido; lo deportivo

y lo periódico, deporte y periodismo,

periodismo-deporte, lo fugaz renovándose,

nuevo, ¡ya!, fijación del instante,

del relámpago. Irrumpe día a día

cuajándose, vitalizándose a través

de los que han hecho de su vida

un juego palpitante, alucinante, candente,

ágil, digno de héroes, de campeones, dioses,

acto que asombra, pasma, da sentido,

razón a la existencia, como paradigmasde lo supremo, espectacular, indiscutible,

indisputable, irrecusable culminación

de lo máximo, lo único. Clark Kent, este

permanente periodista de la instantaneidad

contemporánea, de los entusiastas múltiples,

multitudinarios, de la aventura colectiva

sobre los verdes engramados claros,

animosa, estimulante, tonificante, alegre,

sana, fenomenal, del triunfo de la prontitud,

la rapidez, lo raudo, la agilidad,

la oportunidad, la audacia, la fuerza,

la inteligencia, el vigor, el amor, el coraje,

el civismo, el poder, cúspide inobjetable

de lo épico, lo actual, lo dinámico,

lo vital, lo genial; este periodista activo,

vivo, hábil, íntegro, convive, vive

con los mejores ejemplares humanos

y baja hasta nosotros diariamente

a mezclarse con nosotros por la amplitud

el desprendimiento ecuánime del periodismo

en su función testimonial, social, popular,

directriz, humana, sin más compromiso

que cubrir y cumplir con el deber

de informarnos ni más satisfacción para sí

que la misma del deber que se cumple

en favor de naturalizarnos ciudadanos del mundo,

habitantes, contemporáneos de la hora

del progreso, de la evolución, del ser histórico,

con los que hacen la historia

y son la historia,los prototipos del género, de la acción, del drama.

Clark Kent, nuestro cabal intermediario

lealtísimo, el informado, el conocedor,

sabedor de lo grande, de todo, de lo que no

supiéramos si no fuere por él, él,

el pavlov de la información; él, el bergson

de la novedad última, el perseo, teseo

de lo absurdo, prometeo, jesucristo

de la verdad, él, el servet de la vida;

él, el arquímides de las cosas; él, el sócrates

del honor; él, el descartes de la opinión

pública, proteo del ser, pluto, creso, midas,

onasis de la idea, freud de la razón,

ezequiel de la luz, alejandro del idioma,

bolívar de la palabra, se nos deja

aproximar como si fuéramos iguales

permitiendo tutearlo, poder decirnos

cómo estás, cómo estuvo eso, cuéntanos

haznos conocer, ansiamos, necesitamos,

nos urge saber. Clark Kent es el que sabe

y el que está entre nosotros, los anónimos,

y ellos, los epónimos, y aún así

participa de nuestra inutilidad,

nulidad, de nuestra abnegación, de esta

innata, atávica, adánica timidez

de estúpidos, los más que estúpidos,

los extranjeros, los inválidos, estos

que no pudimos ni podremos estar

adentro, los inferiores, los ínfimos,

esos desgraciados pobres diablospaupérrimos que no sabemos ni supimos

nada, aquellos execrables invasores

que no sabremos nada de nada… aquello.

Clark Kent nos salva, espartaco

de menesterosos ignorantes apátridas,

nos colma, nos significa, nos da el significado,

inventa ser uno de nosotros, miente ser

de nosotros el tímido, el encubierto,

y calcula, especula estafando

nuestra perfecta credulidad de imbéciles,

nuestra normal anormalidad desde

su juicio, desde él natural a nuestra

condición natural de idiotas, y cerca,

constriñe y avasalla, coloniza

bajo una falsa realidad que nos cae

pusilánime falsamente repitiéndonos.

 

Y venís, mariposas, por caminos i-rreales

a nos: (otros).

Hay que cazar la hora.

Cuando Dante la cace escribirá La Comedia.

Un minuto más, un minuto menos, no podría.

Hablará con los muertos de él como antes

Homero con sus dioses. La poesía es un diálogo

consigo mismo, aún en momentos cuando

parece ser con otro semejante. Diálogo de uno

ante algo, ante alguien —en esencia— fuera

de forma, de la forma. Nunca entre hombres.

En poesía no hay ilusiones ópticas,

ni auditivas, ni de ninguna otra especie.

Si tal fuere, sí, pues equivaldría

a la conversación que el hombre

—como en una sala de espejos—

sostuviera con sus imágenes (anamorfosis)

equívocamente reales.

Real el surrealismo.

Para conocerse mejorhay que conocer a los demás.

No hay mundo si no hay un hombre en él

y no hay hombre si en él no hay un mundo.

Para verse, ver;

para ver, verse.

Aquí el encanto fatal del iris de Narciso.

En un mundo en que no existiera

lo que la costumbre considera

únicamente como espejo,

el hombre se vería,

volvería a verse en los otros,

o en los no otros.

Aquí el fatal desencanto del iris de Narciso.

El ojo hace el espejo de él.

Del ojo —espejo vivo— al espejo muerto

—la copia—.

Siempre se ha tenido espejo,

aunque estuviere encubierto.

El hombre es el espejo del hombre.

La viva imagen, consciente,

fuera del espejo.

El espejo hacia atrás.

Y hacia adentro.

El espejo es la muerte de la imagen.

Si no hubiera cómo ni en qué

poder verse —y ver para mirar,

distinguir para diferenciar—

el hombre se ignoraría

en su precario instinto de conservación

a tal modo de enojarse,si esto le cupiere

contra el estorbo

en que casualmente tropezare,

y le diría: —si esto le cupiere también—

bruto, imbécil, estúpido,

y le daría una patada,

pues el estorbo no sería esto que es

sino otro, imbécil, que me molesta.

He aquí lo que hubiera sido hombre.

¿Qué?

¿Qué digo yo sin no ser acto de decirme,

sin moverme en el ansia, en el sueño,

en la memoria?

¿No se es ni se tiene más que el acto solo?

¿Qué puedo decir que soy

sin moverme en el saber, en el sentir

que soy? ¿Y qué es lo que ha sido

sin el hombre? ¿Ha habido nombre

aquí, allá, ayer, ahora?

Si así fuese hubiera sucesión,

y si hubiere sucesión habrá permanencia,

si habría permanencia hay universalidad.

Sucesión no es repetición

como repetición no es igualdad fuera de sí,

si no en sí, sino en sí

por esto de lo móvil del hombre

a lo inmóvil del ser,

no al ser inmóvil, no de ser

y conquistar, re-conquistar

desde el ser del estarla permanencia universal del ser.

Pudiera, incluso, hablarse de permanencia

muerta, no absoluta, que en esta

el hombre volvería a desaparecer, y con él,

el espejo del mundo en él, su espejo,

y este modo de decirse que es otro espejo,

otro modo de decirse,

de señalarse esta permanencia

y universalidad que Poesía,

vértice de tinieblas,

foso de relumbres,

lengua única del hombre

hasta ser único modo de decir-Nos,

de señalarnos universal y permanentemente

este modo de ser, ella misma, y en ella,

zarza de Yavé, pre-diciéndonos desde la Noche,

diciéndonos en la tarde cazada en el esposo muerto,

nos firma, a-firma y con-firma.

Ser sin imagen.

Fuera de ella, caos, confusión,

bruma de Babel, la torre trunca.

¿Si no en ella en dónde entonces, ya asunta,

la colmada asunción de él,

por él, con él y para él?

¿En dónde si no en ella el ser del tiempo,

el tiempo del ser, de ser del ser, de ser,

y ser tiempo en esencia

y permanente esencia única de verdad?

No la belleza su sentido.

Su pulso sí, su impulso.La belleza no es plasma de Poesía,

su asunto: la esencia.

La belleza es iris de la luz. No la luz.

Gusto del fruto. No sabor.

Uno en esencia.

Y lo que aquel dijo —dice— de él

por aquellos, o dice de aquellos,

por nosotros, por él, no lo entenderíamos

si no fuera única lengua,

ni nos atañería si no hubiera

tal permanencia y tal universalidad

de uno por lo que somos uno de tiempo

y tiempo siempre en esencia de verdad,

alba de iniciación,

sangre de crepúsculo.

Texto y fotografía: Agencia EFE

Jerusalén, 22 ago (EFE).- Al menos 20 personas murieron en las últimas horas en diferentes bombardeos israelíes a lo largo de la Franja de Gaza, lo que eleva el cómputo total desde el inicio de la guerra a 40.265 muertos, según los datos de las autoridades gazatíes.

El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el centro y el sur del enclave tras detectar la presencia de infraestructuras militares y milicianos palestinos.

«Con base en inteligencia precisa del Ejército que indicaba la presencia de infraestructura terrorista y de terroristas de (del grupo islamista) Hamás en el área de Jan Yunis (sur) y las afueras de Deir al Balah (centro), las tropas han intensificado sus actividades en la zona», detalló este jueves un comunicado castrensezi.

El Ministerio de Sanidad de la Franja, gobernada por Hamás, señaló además que en las últimas 24 horas 42 gazatíes perdieron la vida y otros 163 resultaron heridos por el fuego israelí.

Estos últimos datos elevan el cómputo total desde el inicio de la guerra a 40.265 muertos y 93.144 heridos, todo ello sin contar los más de 10.000 cuerpos que continúan bajo los escombros o en las carreteras de Gaza sin que los equipos de rescate hayan accedido aún a ellos.

Según el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, al menos 11 personas murieron después de la medianoche en un bombardeo israelí contra una residencia familiar en la localidad de Beit Lahia, en el norte del enclave.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, citando fuentes médicas, aseguró que la mayoría de las víctimas del ataque eran mujeres y niños, que llegaron al hospital Kamal Adwan de Beit Lahia con graves quemaduras.

Otros tres cuerpos fueron desenterrados por los equipos de rescate de la Defensa Civil tras un ataque a un edificio de apartamentos en el campamento de refugiados de Yabalia, también en el norte de Gaza.

Mientras, al menos seis personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un bombardeo israelí durante la madrugada contra una casa en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, muy cerca de la localidad de Deir al Balah, que está siendo objeto de una incursión terrestre.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció este jueves que miles de personas de Deir al Balah y Jan Yunis, incluido su personal, están huyendo a la cada vez más reducida zona «humanitaria» de Mawasi, sobre la costa de Gaza, donde se hacinan cientos de miles de desplazados en condiciones infrahumanas, tras las últimas órdenes israelíes de evacuación.

«Los constantes bombardeos obligan a la gente a buscar refugio en un espacio cada vez más reducido, por lo que las condiciones empeoran y las enfermedades seguirán propagándose, afectando sobre todo a los más vulnerables, como los niños», avisó Julie Faucon, coordinadora médica de MSF, en un comunicado.

Faucon explicó que sus equipos están observando un aumento de las infecciones de piel, como la sarna, como consecuencia de la falta de agua y productos de higiene, como el jabón, que no pasan los controles israelíes de acceso a Gaza.

El Ejército israelí aseguró hoy que durante las últimas horas ha eliminado a unos 50 presuntos combatientes palestinos en el barrio de Tal al Sultan de Rafah, la localidad más al sur de la Franja, donde las tropas llevan a cabo una incursión terrestre desde principios de mayo para eliminar a la conocida como «brigada de Rafah» de Hamás.

Ayer, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció que los cuatro batallones que componen la brigada han sido eliminados, pero sin mencionar un posible fin a las hostilidades en la zona, y donde han cerrado el paso fronterizo hacia Egipto, por donde antes entraba la mayoría de la ayuda humanitaria al enclave.

La permanencia de las tropas israelíes en la frontera de Gaza con Egipto es uno de los principales asuntos que están impidiendo la firma de un acuerdo de alto el fuego con Hamás, ya que las autoridades israelíes se niegan a abandonarlo por considerar que el cruce puede ser utilizado por el grupo islamista para reabastecerse.

Hamás, por su parte, rechaza cualquier acuerdo que no implique la salida total de los soldados israelíes de la Franja.

El Poder Judicial renovará su flota de automóviles con un gasto de 344 millones de lempiras, destinados a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. Aunque el 81 % de los vehículos registrados hasta febrero de 2022 tenían menos de 10 años, el Poder Judicial considera necesaria una renovación. Magistrados de la Corte Suprema aseguran que sus predecesores les dejaron los carros en «mal estado» y «se llevaron los mejores»

Texto: Luis Escalante 
Fotografías: Fernando Destephen 
Portada: Persy Cabrera 

El Poder Judicial está decidido a renovar su flota de automóviles. Un gasto de 344 millones de lempiras (más de 13.8 millones de dólares) será destinado a arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Contracorriente, este millonario gasto responde a la necesidad de renovar una «flota antigua», a pesar de que el 81 % de los automotores registrados hasta febrero de 2022 no contaba con más de 10 años de antigüedad. 

Dentro del Código Único de Bienes y Servicios (CUBS) número 78111808 y objeto de gasto número 22220 del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente a 2024, se consigna la adquisición «PJ-SERV_GEN-ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA», con un monto estimado de 154 millones de lempiras (cerca de 6.2 millones de dólares) y como contratación directa.

En el mismo documento, en el CUBS número 25101905 y objeto de gasto número 42310, otro ítem establece «PJ-SERV_GEN-ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES PARA FLOTA DEL PODER JUDICIAL», con un monto estimado de 150 millones de lempiras (más de 6 millones de dólares) y bajo licitación pública como modalidad de contratación.

Un tercer ítem, contenido en el CUBS número 92121800 y con el mismo objeto de gasto 42310, indica «PJ-SERV_GEN-BLINDAJE DE AUTOMÓVILES DEL PODER JUDICIAL», a un monto estimado de 40 millones de lempiras (más de 1.6 millones de dólares) y bajo la modalidad de licitación pública.

Para el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría de Finanzas le asignó al Poder Judicial un presupuesto de 3,897,386,234 lempiras (más de 156.7 millones de dólares), de los cuales 344 millones, el 8.82 %, serán destinados a adquisición de nuevos vehículos.

En ese contexto, una fuente dentro de la Unidad de Licitaciones del Poder Judicial confirmó a Contracorriente que existe la necesidad de renovar la flota de automóviles y que, para ello, ya iniciaron con la subasta de 317 vehículos que estaban en «condición de chatarra».

De acuerdo con el documento de Estados Financieros del Poder Judicial, correspondiente a junio de 2024, dicha subasta dejó ingresos por 2,124,000.00 lempiras, lo que supone que, en promedio, cada vehículo fue subastado en 6,700.32 lempiras.

La fuente consultada también defendió que la adquisición de nuevos vehículos será «la primera en muchos años». 

«Recordemos que la mayoría de vehículos que están asignados a magistrados y jueces habían sido adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional. Ahí ninguna dirección del Poder Judicial podía hacer compras, solo se recibía», indicaron. 

Entre 2014 y 2021, según los entonces administradores del liquidado Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, se compraron 2,202 automóviles por una suma de 720 millones de lempiras (29 millones de dólares al cambio de entonces) que fueron destinados al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, en una nota del 15 de junio de 2021, Contracorriente reveló que varios de estos vehículos —algunos de ellos blindados— habían sido asignados discrecionalmente a funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, y no a operadores de justicia.

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Contracorriente identificó que, en el caso del Poder Judicial, se recibieron vehículos adquiridos con este fondo en los años 2014, 2016 y 2018. Las entregas quedaron consignadas en los documentos TSP/CD-012-2013, TSP-006-2016 y TSP/CD-062-2017.

En el caso de la renovación de la flota de automóviles del Poder Judicial, programada para 2024, y con la cual se pretende también renovar los vehículos asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se nos informó que el proceso de licitación para la adquisición, que ascenderá a 150 millones de lempiras, y para el blindaje de algunos de ellos, a un costo de 40 millones de lempiras, todavía no ha comenzado. 

Por otra parte, el arrendamiento de automóviles para la seguridad de la Corte Suprema, que asciende a 154 millones de lempiras, se efectuará a través de contratación directa bajo un presunto amparo en el artículo 63, numeral 4, de la Ley de Contratación del Estado.

«La adquisición de esos vehículos es una necesidad y por ello aparece en el PACC. Ahora bien, a nosotros no se nos ha autorizado iniciar todavía con las licitaciones, eso primero debe pasar por la aprobación de la Dirección Administrativa y la Presidencia», agregó la fuente del Poder Judicial.

El 13 de agosto de 2024, Contracorriente entregó a la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial un cuestionario dirigido a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel, con el fin de obtener mayores detalles en relación con el arrendamiento, adquisición y blindaje de vehículos del Poder Judicial. Dos días después se nos comunicó vía telefónica que la funcionaria judicial había recibido el documento, pero que no podían garantizarnos una fecha precisa de respuesta.

El artículo 15, literal A, del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia faculta a la magistrada presidenta para «realizar la función administrativa del Poder Judicial de conformidad con la Constitución de la República y demás leyes».

Adicionalmente, el 12 de agosto de 2024, a través de solicitud de información pública, mediante número SOL-PJ-3011-2024, pedimos las resoluciones a través de las cuales se aprobó el arrendamiento, la adquisición y el blindaje de estos vehículos. Hasta la fecha de publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

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Según el último registro, actualizado hasta febrero de 2022, la flota operativa del Poder Judicial estaba integrada por 355 automóviles de las siguientes marcas: Toyota, Suzuki, Nissan, Mazda, Ford, Chevrolet, Hino, Isuzu, Mitsubishi, Tayo, Rosmo, Yamaha, Strick, Transglobal, Ajax, Bertolini, Alued, HYTR, Loadcraft, Titan, Dorsey, Trailbird y Jeep. La flota incluye camionetas, pick-ups, autobuses, motocicletas, remolques y camiones.

El artículo 6 del Reglamento de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial establece que ese poder del Estado puede «comprar los vehículos automotores que estime conveniente, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria respectiva».

Vista del estacionamiento de los vehículos asignados a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Distrito Central, agosto de 2024. Foto: Fernando Destephen/Contracorriente

La Corte Suprema también estrenará «juguetes» 

Desde el más alto órgano jurisdiccional del país, es decir, la Corte Suprema de Justicia, conformada por 15 magistradas y magistrados propietarios, y seis magistradas y magistrados integrantes (suplentes), confirmaron a Contracorriente que, desde que asumieron funciones el 17 de febrero de 2023, se puso sobre la mesa de debate la adquisición de nuevos vehículos para transportar a los jueces supremos y a su personal de seguridad.

Hasta esa fecha, la flota de vehículos del alto tribunal estaba conformada por 42 automóviles de lujo. De ellos, 17 eran Toyota Land Cruiser Station Wagon, con número de serie VDJ200LGNTEZ y color blanco, con un costo entre los 1,460,807.90 y los 1,692,405.00 lempiras. Todos estos vehículos, de años 2014, 2016 y 2018, fueron adquiridos a través de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Adicionalmente, se contaba con 10 Toyota Land Cruiser Prado, avaluadas entre 528,679.50 y 1,124,558.00 lempiras, con números de serie KZJ120LGKMGT, KDJ150LGKAEY y GRJ150LGKTEK, y 15 Toyota Hilux, con números de serie KUN25LHRMDH y HN1818HLX021, valoradas entre 429,475.00 y 726,669.00 lempiras, y que estaban destinadas al personal de seguridad de las magistradas y los magistrados.

En total, la flota de vehículos de la Corte Suprema que presidió Rolando Argueta entre 2016 y 2023 estaba valorada en 47,331,811.30 lempiras. 

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Una fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia dijo a Contracorriente que en febrero de 2023, a pocos días de haber asumido las actuales autoridades, la magistrada presidenta, Rebeca Ráquel, nombró una comisión especial integrada por dos miembros del pleno y un representante de la Dirección Administrativa, a fin de revisar la flota de automóviles disponible y solicitar a las y los magistrados anteriores un informe acerca del estado en que entregaban los vehículos.

Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, una vez que concluyen su período constitucional de siete años, están habilitados para apropiarse de uno de los automóviles que les fueron asignados mientras ejercieron sus cargos, confirmó a Contracorriente otra fuente judicial.

Según la información que se nos proporcionó por parte de la fuente dentro de la Corte Suprema de Justicia, la comisión que nombró la magistrada presidenta pretendía instar a las y los magistrados predecesores a que se quedaran con los vehículos más antiguos y que dejaran los más recientes, sobre todo los que fueron adquiridos en 2018, pero «no se logró». 

El 16 de agosto de 2024, Contracorriente tuvo acceso al estacionamiento de los vehículos destinados a los magistrados y las magistradas de la Corte y su seguridad, y únicamente observó dos de las 17 Land Cruiser Station Wagon que se adquirieron en 2018. El resto de los vehículos estacionados eran Land Cruiser Prado y Hilux.

Contracorriente solicitó, vía acceso a la información pública, los registros vehiculares del Poder Judicial correspondientes a 2023 y 2024, así como los números de inventario de cada vehículo y el o la magistrada responsable, a fin de que se pudiera cotejar cuáles de los vehículos que estuvieron asignados al pleno de magistrados y magistradas que presidió Rolando Argueta ya no pertenecen más al Poder Judicial y quedaron en manos de las y los exmagistrados, pero se nos negó la información.

Dos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz y Milton Jiménez Puerto, atendieron a Contracorriente y se refirieron a la adquisición de nuevos automóviles para el Poder Judicial y, específicamente, la Corte Suprema.

Mario Díaz, magistrado de la Sala de lo Penal, declaró lo siguiente a través de un mensaje de texto: «No manejo la parte administrativa, pero, en mi caso particular, los vehículos que uso son de la administración anterior».

Por su lado, el magistrado de la Sala de lo Civil, Milton Jiménez Puerto, aseguró que algunos de los automóviles que conforman la actual flota han reportado averías y otros problemas mecánicos.

«Sé que había problemas con los vehículos; algunos se entregaron en muy mal estado, y otros fueron llevados por los magistrados anteriores, con lo que yo no coincido, pero así está establecido. Cuando se fueron, se llevaron los mejores carros y se ha tratado de recuperar algunos, los que tienen mayor seguridad», dijo Jiménez Puerto.

El magistrado declaró que él tiene asignado un automóvil del año 2014 y que se encuentra, dijo, «un poco maltratado». «De hecho, el vehículo iba en marcha y de un momento a otro se paró, y no sabemos qué ocurrió. Se llevó a un taller y hasta el momento no se nos ha dado un diagnóstico. Sé que lo mismo les ha ocurrido a otros magistrados», agregó.

Milton Jiménez Puerto concluyó que no está en contra de que se adquieran nuevos automóviles, pero sí de que se cometan abusos con «bienes que pertenecen al Estado». 

El cierre masivo de oenegés perpetrado por el régimen Ortega-Murillo ha cortado de un solo tajo a otras 1500 organizaciones, para un total de 5163 entidades disueltas desde 2018. El golpe es total para las zonas vulnerables donde el Estado no brinda asistencia y miles de niños y jóvenes nicaragüenses sufren ya las consecuencias. Un análisis realizado por Redacción Regional y DIVERGENTES arroja que cerca del 16% de las entidades canceladas corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, lo que agrava aún más la calidad de una educación precaria y partidarizada, en un país con una de las desigualdades más marcadas de Centroamérica

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

Era temprano, quizá las 6:40 de la mañana del 12 de junio. Álvaro no recuerda muy bien la hora, pero sí la angustia que sintió cuando se enteró que su centro de estudios había sido clausurado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El WhatsApp estaba lleno de mensajes de sus compañeros del técnico de refrigeración. En los grupos compartían la misma noticia: que la Fundación Hedwig y Robert Samuel ya no podría seguir funcionando por “presentar inconsistencias en los estados de cuenta sin aclaraciones”. 

El Ministerio del Interior (MINT) ordenaba no sólo la disolución de la oenegé, sino la confiscación de sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. El joven leía con desconsuelo. “¿Y mi beca? ¿Y mi futuro, mi vida?”, comenzó a preguntarse. 

Preguntas bien complejas para un joven de 18 años, originario de un barrio pobre de Managua, pero que por razones de seguridad pide no mencionar, al igual que su nombre real. Álvaro está indignado por varias razones. La primera porque siente que le arrebataron la posibilidad de quejarse, de expresarse. Y la segunda porque esta oenegé era la esperanza más palpable para evitar un “futuro desgraciado”. Su familia es humilde: su papá es mecánico y su mamá tiene trabajos esporádicos limpiando viviendas ajenas. Con poco lo mantienen a él y sus dos hermanos. De modo que el técnico que le ofrecía la organización era la vía más rápida para aportar económicamente a su hogar.

“Yo cursaba los primeros meses del técnico. El curso regular duraba un año y seis meses… y era salvaje (maravilloso) porque no solo era salir del curso como técnico calificado, sino que pasaba casi todo el día en la Fundación: me daban la comida, los uniformes y hasta el pasaje para ir a las clases y volver a la casa”, narra Álvaro

Confiaba en que se graduaría en menos de siete meses y se sentía aliviado porque, aparte de todo el acompañamiento de la beca, la Fundación Hedwig y Robert contaba con una bolsa de trabajo para ubicarlos en empresas nicaragüenses. “En el 90% de los casos graduados, vos te quedabas laborando”, dice el joven, basado en la experiencia de sus amigos. 

Alumnos del técnico de mecánica automotriz de la clausurada Fundación Hedwig y Robert en Nicaragua. Foto tomada de redes sociales.

Pero la decisión del régimen, ejecutada por el MINT, no sólo ha estrellado los sueños de Álvaro y sus compañeros de la Fundación Hedwig y Robert, sino el de miles de nicaragüenses que recibían ayuda de las más de 3500 oenegés clausuradas por el gobierno sandinista hasta abril de 2024, como parte de su política de erradicar las voces críticas e imponer un control total en la sociedad iniciado en 2018, tras las protestas sociales

La Fundación Hedwig y Robert creada en Alemania en 1932 funcionaba en Managua desde principios de los años noventa, después de la derrota de la revolución sandinista en las urnas ante la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Funcionaba en la Colonia Unidad de Propósito en Managua. En la fundación laboraban 18 personas y en el año 2022 se graduaron de sus programas técnicos 94 de 102 jóvenes matriculados. En los siguientes seis meses, la dirección de la oenegé colocó en puestos de trabajo a 88 jóvenes, un 94% de la promoción. 

Al margen de las confiscaciones de inmuebles de organizaciones no gubernamentales, el cierre de oenegés fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo a un análisis de libros contables de 600 oenegés confiscadas realizado por el investigador del Diálogo Interamericano Manuel Orozco, el país dejó de percibir en materia de donaciones 580 526 614 dólares.

Al analizar el impacto del cierre de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSLF) entre 2018 y 2022, Orozco encontró que solo la cancelación de las primeras 53 significó unos 200 millones de dólares en pérdidas, sin incluir a las oenegés internacionales. Luego, el investigador seleccionó los perfiles de 600 OSLF similares a las primeras canceladas y calculó la cifra de 580 526 614 dólares en pérdidas. 

“La terminación de mil organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 500 estaban activas regularmente es otro acto contra la libertad de asociación por parte del régimen”, plantea Orozco en un informe presentado en el Diálogo Interamericano. 

“Muchos grupos vulnerables han quedado aún más desprotegidos y se da una fuga de recursos humanos calificados de las OSFL. Estas organizaciones estaban trabajando con compromiso en proyectos de desarrollo social muy necesarios, la mitad de los cuales estaban relacionados con educación”, añade. 

Orozco insiste que las pérdidas materiales en un país donde la mayoría de niños tienen pocas oportunidades y el nivel educativo promedio está por debajo del cuarto grado ascienden a por lo menos 200 millones de dólares al año, excluyendo la expulsión de 56 organizaciones internacionales sin fines de lucro,  que afectan a casi un millón de beneficiarios. 

Uno de esos beneficiarios es Álvaro. Quedó en el limbo y ahora ayuda a su papá en el taller mecánico, sin paga, y eso lo hace sentir desesperado. Siente que todavía no aporta económicamente lo que su familia necesita. Si bien el Gobierno ha fundado algunas escuelas técnicas en los inmuebles de las oenegés confiscadas, él dice que no se siente a gusto con la educación que brinda el Gobierno. Cuando le pregunto por qué, no sabe responder. Sólo dice que “no le gusta”. A secas. Más bien ha pensado en el Parole humanitario para migrar a Estados Unidos, pero no ha encontrado un patrocinador que lo pida (el programa fue pausado a inicios de agosto de 2024 por la administración Biden) . El futuro sin desgracia que tanto deseó sigue en el limbo.

Oenegés educativas las más golpeadas

La escuela de la Asociación Familia Fundación Fabretto, cerrada por el régimen de Daniel Ortega en el municipio de Madriz. Foto de Divergentes.

Un análisis realizado por Redacción Regional arroja que de las más de 3 500 organizaciones no gubernamentales cerradas hasta finales de julio de 2024, 23% corresponden a instituciones que trabajan temas educativos, 13% salud, 13.5% gobernabilidad, 11.18% derechos humanos, 11% desarrollo, entre otros rubros. Al investigador Orozco le alarma que las organizaciones con fines educativos sean las más perjudicadas. 

Pero la cacería del régimen no tiene distingos y el impacto no deja de maximizarse. Este lunes 19 de agosto, la pareja presidencial dio uno de los golpes más contundentes a las oenegés: cancelaron 1500 entidades de un solo tajo. En total, suman 5163 las organizaciones disueltas desde 2018. El oficialismo las acusa de “no reportar sus estados financieros por periodos de entre uno y 35 años”, un argumento recurrente en esta política estatal de suprimir toda organización que esté fuera del control del régimen. 

De las nuevas 1500 oenegés decapitadas, la mayoría son evangélicas y católicas, algo que no es casual. El Gobierno mantiene una persecución religiosa en el país, en especial contra el catolicismo. Si bien los líderes de las iglesias evangélicas han sido cercanos al Gobierno, en los últimos meses han sido avasallados por un modelo totalitario, a través de la disolución de sus oenegés. De entre las nuevas organizaciones cerradas hay algunas que trabajan temas sociales, empresariales, médicos, indígenas, deportivos, de atención a excombatientes, asociaciones de abogados y otras más de carácter educativo.

“El impacto es real, pero es difícil de medirlo porque las oenegés en educación hacían un rol complementario, no suplementario en Nicaragua: como alimentar a los alumnos, apoyar y capacitar a los maestros. Estas organizaciones tenían muchas certezas de las debilidades académicas de los chicos, pero aún así no se conoce bien el retraso educativo en el país”, dice Orozco. 

Nicaragua, después de Guatemala, es uno de los países de Centroamérica que menos invierte en educación, con apenas 4.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) en todos los niveles educativos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

A falta de información oficial fiable, el último dato sobre la inversión en educación que se conoce de Nicaragua es de 2021. Ese año el régimen Ortega-Murillo disminuyó la inversión en ese rubro en 0.65% respecto a 2020. En 2021 se destinaron para educación 20 mil millones de córdobas, es decir 571.9 millones de dólares. Es decir que se invierten menos de 70 dólares per cápita. 

El recorte tuvo que ver con la baja en las recaudaciones provocadas por la primera oleada de la pandemia de Coronavirus. Lo irónico es que desde las protestas de 2018, y aún con la pandemia encima, mientras se recortaron gastos sociales, el régimen aumentó el presupuesto a la Policía Nacional, una institución señalada por organismos de derechos humanos de reprimir a los jóvenes y cometer graves violaciones a los derechos humanos. 

La escasa prioridad, sin embargo, es histórica.  A pesar de que el régimen sandinista presume como “prioridad la educación”,  en la última década, desde que Ortega está en el poder, la inversión en educación nunca ha sobrepasado el umbral del 4% del PIB. Esta baja inversión mantiene al sistema educativo bajo recurrentes carencias, en específico en infraestructura en mal estado y una crisis de calidad educativa.

Las escuelas públicas, así como los libros de texto, están repletas de propaganda de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto de Carlos Herrera | Divergentes.

Es por eso, plantea una experta en educación bajo condición de anonimato, que debe alarmar este cierre de oenegés vinculadas a la educación. “Si Nicaragua fuera un país en donde el Estado asume todos los costos vinculados a una educación de calidad, el cierre de oenegés sería relativamente irrelevante. Pero en un país donde la educación no solo no cumple con los estándares mínimos de calidad requeridos para sobrevivir en el mundo actual, es decir lo que tiene que ver con los aprendizajes fundamentales, tampoco hay los que se necesitan en el marco del inicio de la cuarta Revolución Industrial”, asegura. “Estamos en un proceso donde cada vez más se está automatizando el trabajo, en donde las habilidades requeridas por las personas en formación son diametralmente opuestas a las que plantea el currículum”.

La experta en educación, que cuenta con una trayectoria de más de dos décadas, sostiene que los maestros no sólo no cuentan con material didáctico adecuado para impartir clases, sino que en la mayoría de los casos son producto de un mismo sistema educativo con falencias. 

“A eso habría que agregarle lo que las familias invierten para que sus hijos vayan a clases. Las familias invierten más que el Estado en ese sentido. Hay muchos lugares, como el Caribe, donde el Ministerio de Educación no tiene cobertura. Entonces, en ese marco de carencias, las oenegés suplían la labor del Estado. Pero ahora, al no existir esas organizaciones, entonces la población queda en un total abandono”. 

En el caso de la Fundación Fabretto en San José de Cusmapa, la población intentó impedir la confiscación de la escuela. Sin embargo, la policía arremetió contra ellos. “Es una puñalada al corazón, tocaron lo más sagrado de este pueblo”, dijo una de las madres de familia. 

La organización fue cancelada supuestamente por incumplir con la entrega de informes financieros al departamento de Registro y Control del Ministerio de Gobernación. Al momento del cierre, Fabretto tenía bajo su administración ocho centros educativos ubicados en Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Chinandega, Managua, Masaya, Granada y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Atendían a más de 40 000 niños, niñas y adolescentes, ofreciendo alternativas para mejorar el futuro de los beneficiados y romper el círculo de la pobreza en el que vivían.

Tasa de escolaridad y los más pobres 

Dos niños asisten a un colegio en una remota localidad del Caribe Norte de Nicaragua. Foto de Divergentes.

Expertos plantean que la educación en Nicaragua y en toda Centroamérica no es garantía de movilidad social y es además un ámbito donde se heredan desigualdades. Estimaciones recientes del Reporte de Economía y Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina para 2022 demuestran que, mientras que la proporción de hijos que logran completar la educación primaria a pesar de que sus padres no la terminaron aumentó gradualmente, superando el 70% para los nacidos en la década de 1990, la tasa de éxito en la educación secundaria en situaciones similares fue apenas del 42%. 

“En América Latina y el Caribe, las desigualdades son más marcadas en áreas rurales y hogares pobres, donde la asistencia escolar es 13 puntos porcentuales menor que en los deciles más ricos de las zonas urbanas. Estas desigualdades afectan las oportunidades laborales y el acceso a empleos de calidad. El cierre masivo de ONG en Nicaragua impacta negativamente a instituciones educativas en zonas vulnerables y reduce considerablemente las posibilidades de estas personas para superar la pobreza y la precariedad”, dice Gloria Garcia-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

El régimen Ortega-Murillo no solo ha trastocado la educación inicial, sino que ha confiscado más de 20 universidades privadas en Nicaragua. El caso más llamativo es el de la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas. Los universitarios se ven obligados a estudiar en las universidades del régimen donde, denuncian ellos mismos, se ha implantado una educación superior con tintes políticos partidarios. 

Centenares de estudiantes de la UCA han decidido estudiar de manera presencial o virtual en otras universidades jesuitas de Centroamérica, mientras que otros ven en la migración su última opción de futuro. Un país en fuga: más de un millón de nicaragüenses se han ido desde 2018. Se sienten estancados en Nicaragua. 

La experta en educación consultada por Redacción Regional asegura que si se habla de estancamiento, debe hacerse desde antes de 2018 en el caso de la educación primaria. La tasa de escolaridad en Nicaragua se estancó desde 2006, sobre todo a nivel de educación primaria, cuando era del 90%. Sin embargo, en un informe presentado por el gobierno en 2013, cuando aún publicaban información, seguía en el mismo rango.  

“El Gobierno planteaba una tasa ajustada de escolaridad, porque ni siquiera era una tasa neta porque habían cambiado el indicador. Lo que nosotros estábamos viendo era un estancamiento. De modo que la parte fácil del acceso se había cumplido en el país. Quedaba la parte dura. ¿Cuál es la parte dura? La de los más pobres”, cuestiona la experta en educación. 

“Ese 10% implica un desafío para un sistema educativo que fue concebido en el siglo 17, no solo en Nicaragua, en el mundo. Pero ahora, con esta crisis y que no hay información, ¿esa tasa neta de escolaridad en cuánto estará? No sabemos, es decir, no sabemos cuál es el tamaño del problema que tenemos. Estamos ante un retroceso en el acceso y muy probablemente un retroceso en el aprendizaje. Muchos maestros me dicen que los niños y niñas están llegando a cuarto y quinto grado sin saber leer”. 

En ese contexto de educación primaria y secundaria, en noviembre de 2023, el Ministerio de Educación orientó la estrategia de “cero rojos”, es decir aprobar a todos los alumnos. “Dicen que si usamos el rojo, le estamos causando un trauma a los alumnos”, explicó en ese momento un docente que impartía clases en una escuela pública en la ciudad de Masaya. 

El rojo para marcar las notas académicas deficientes o mediocres fue prohibido en unas reuniones que sostuvieron delegados del Ministerio de Educación y técnicos de esta institución de Gobierno con los maestros, previo al inicio del año escolar 2023. “En aquel momento no le tomamos mucha importancia, pero a mitad del año la cosa fue una exigencia total”, afirmó el educador.

Lejos de prohibir el rojo porque “afecta a los estudiantes”, la orden de usar lapicero azul, explicó la alta fuente del Ministerio de Educación, busca únicamente que el plan de evaluación se cumpla a cabalidad y que las estadísticas de reprobados, que es del 7% a nivel nacional, disminuya a finales del año a 1%. “He recibido la queja de maestros que no están de acuerdo con esta política del Gobierno, pero no podemos cambiar las disposiciones que vienen desde arriba. El objetivo que tienen ellos está distante de una educación de calidad”, afirmó la fuente del Ministerio de Educación. 

La calidad de la educación en Nicaragua ha desmejorado con la llegada al poder de Ortega y Murillo en 2006, según diversos especialistas en educación. Foto de archivo | Divergentes.

En abril de este año, DIVERGENTES, que es parte de Redacción Regional, publicó una investigación que reveló por primera vez el nuevo sistema de evaluación para el aprendizaje, ordenado por el régimen sandinista a través del Ministerio de Educación, con el objetivo de que ningún estudiante repruebe, aunque “falle la mitad del año” o entregue sistemáticos o asignaciones deficientes.

En el nuevo plan, el Ministerio de Educación (Mined) optó por cambiar el sistema de puntuación. Ahora en lugar de que los maestros califiquen un examen y pongan una nota basada en los conocimientos del alumno, las autoridades educativas establecieron categorías evaluativas con un mínimo y máximo de puntos. Según el manual las categorías evaluativas son: Aprendizaje Avanzado (AA), que va de 90 a 100 puntos; Aprendizaje Satisfactorio (AS) que se puntúa de 76 a 89; Aprendizaje Fundamental (AF) que tiene como nota máxima 75 y como mínima 60 puntos, y Aprendizaje Inicial (AI) cuya nota mayor es 59 y la menor es de 45 puntos.

“Aquí está el truco. Si tomamos como referencia el puntaje mínimo impuesto por el Mined y en lugar de las categorías ponemos números, vamos a tener un 45, un 90 y un 76. Entonces la nota final sería de 76. Esa nota podría variar si fuera el profesor quien pone la calificación basado en el conocimiento del alumno, pero eso ya no lo deciden ellos”, manifestó la misma fuente, quien explicó que al quitarle al profesor el poder de calificar de acuerdo al conocimiento previo de cada estudiante, lo que se obtienen son notas ficticias.

Se incrementa la desigualdad 

Dos niños de una remota comunidad indígena de Nicaragua se dirigen a clases. Foto de archivo de Divergentes.

La experta en educación sostiene que estas falencias en la educación, sumada al cierre de las oenegés, lo que generan es más desigualdad en Nicaragua. Una hipótesis de la ilustración, dice, es que la educación es la mejor herramienta para promover la movilidad social. 

“Pero cuando esa educación no es de calidad, está reproduciendo la pobreza. Cuando quien te da clase y quien te enseña a leer es una persona que salió del mismo sistema educativo deficitario, lo que está reproduciendo son sus propios déficits. Eso ya lo sabíamos desde hace muchísimos años. ¿Qué podemos esperar, aunque no tengamos datos, de la situación de los más pobres? Es muchísimo más precaria”, plantea la experta en educación. 

“Que hay muchísimos más pobres que se retiran de la escuela por una razón de costo de oportunidad, porque si yo mando a mi hijo a la escuela, estoy haciendo una inversión grande; y si la escuela no me devuelve esa inversión, entonces prefiero no enviarlo. No sé cuánto es ese porcentaje de niños y niñas que se han retirado de la escuela, pero podemos hacer la hipótesis de que en medio del conflicto político y de crímenes de lesa humanidad que ha generado la dictadura, sumado al Covid 19 y la salida de todas estas ONG, entonces ha habido un incremento de la deserción”. 

Haydée Castillo era directora de la oenegé Instituto de Liderazgo de Las Segovias, una oenegé que se dedicaba al trabajo local en varias vías: apoyo a la educación primaria y secundaria; educación técnica y empoderamiento de las mujeres. 

Castillo coincide con la experta en educación: la decapitación de las oenegés impacta las zonas más vulnerables de Nicaragua. Su organización trabajaba en el norte del país, en parajes rurales. Construían escuelas, dotaban de materiales didácticos a los colegios, repartían meriendas, y capacitaban a los docentes rurales, proporcionándoles becas para enviarlos a estudiar a universidades privadas. 

“Igualmente a los estudiantes destacados les dábamos becas para que estudiaran carreras técnicas o universitarias. Pero esto es de vieja data: ya en 2008, después que la dictadura regresó al poder, a nosotros nos impedían ingresar a los colegios que construimos. Le teníamos que entregar los útiles escolares a los niños debajo de los árboles, a la orilla de la carretera. La sede del Instituto de Liderazgo de Las Segovias fue construida con la idea de fundar la universidad de las Segovias, con carreras acordes para la zona, pero no nos permitieron”, narra Castillo, quien siempre ha sido una voz crítica contra el régimen Ortega-Murillo, pero que desde 2018 realiza su labor de activismo desde el destierro. 

La sede del Instituto de Liderazgo de las Segovias que fue confiscado por el régimen Ortega-Murillo. Foto cortesía.

El Instituto de Liderazgo de Las Segovias también promovió con cooperación de Galicia que en la currícula educativa se incluyera la historia del pueblo indígena de Mozonte, uno de los municipios más pobres de Nicaragua, compuesto por más de 6 000 personas donde la mayoría son descendientes de los chorotega. En diciembre de 2018, el Parlamento Sandinista canceló la personería del Instituto de Liderazgo de Las Segovias. 

“Entonces toda esta población quedó desprotegida, sin estos programas educativos que ni los gobiernos locales ni el nacional proveían. Nosotros coordinamos nuestros proyectos con los gobiernos locales, sin importar si eran de derecha o de izquierda, y traíamos hasta brigadas médicas con especialidades que no existían en el hospital de Ocotal y llegamos a atender casi a 10 000 personas con problemas renales y ortopédicos”, narra Castillo. “Esos eran servicios que también prestábamos a la comunidad. Lo que promovíamos era una filosofía de desarrollo, de empoderamiento comunitario. Si había que construir letrinas, nosotros poníamos una parte y la comunidad otra. O sea que la política de cerrar oenegés del gobierno ha traído un daño muy profundo a las comunidades”. 

A la luz de la experiencia de Castillo hoy exiliada, expertos señalan que estas desigualdades en materia educativa tienen implicaciones posteriores en la inserción laboral. Reducen las probabilidades de acceder a empleos de calidad y mejores remuneraciones. 

“A pesar de los avances en educación, 12 millones de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe siguen fuera del sistema educativo. Las ONG apoyan a los Estados y a las familias más vulnerables para que la educación sea un derecho, no un privilegio, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Excluir a los más vulnerables de los sistemas de educación perpetúa las desigualdades”, añade la directora regional de Oxfam. 

“El fin de la Sociedad Civil en Nicaragua”

Rosario Murillo y Daniel Ortega en un acto público. Foto tomada de Presidencia.

Dos días antes que Ortega y Murillo ordenaron la disolución de un tajo de 1 500 oenegés, la titular del Ministerio del Interior (MINT), María Amelia Coronel Kinloch, firmó un acuerdo ministerial el 16 de agosto, el mismo día que la pareja presidencial anunció “un nuevo modelo de operatividad de las ONG” que obliga a estas organizaciones a trabajar únicamente en “alianzas de asociación con entidades estatales”.

“El nuevo modelo de operatividad obliga a las oenegés a presentar a entidades estatales propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares”, establece un comunicado difundido por el régimen el viernes pasado. “El Gobierno y las entidades del Estado podrán, o no, aceptar las propuestas, y ningún programa o proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales”. 

El acuerdo ministerial 38-2024-OSFL establece que “el destino de los bienes muebles e inmuebles” de las oenegés “serán traspasados al Estado de Nicaragua”. Una labor que le corresponde a la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una confiscación de facto prohibida por la Constitución Política. Un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) sobre las confiscaciones en Nicaragua ofreció en mayo pasado una aproximación muy inicial a las afectaciones de las oenegés: calcularon que el valor de 41 propiedades confiscadas a oenegés era aproximadamente de casi 8,5 millones de dólares. Estas confiscaciones se realizaron violando la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, que establece que las oenegés establecerán el destino de sus bienes liquidados en caso de cierre de acuerdo con sus actos constitutivos o estatutos. 

Según analistas políticos consultados por Redacción Regional y DIVERGENTES, este “nuevo modelo” les arrebata la autonomía de sus proyectos a las oenegés, a la vez que impone un control total de los recursos que reciben. “Es el fin de la sociedad civil en Nicaragua”, dijo Félix Maradiaga, excarcelado político desterrado por la pareja presidencial.

“Es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3 600 oenegés en el país”, plantea Maradiaga.

El ex precandidato presidencial sostiene que “en la mente paranoica de Ortega y Murillo”, cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. Asegura que la intención del régimen es clara: “Sólo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias, ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta nueva forma es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica”, añade.

El opositor desnacionalizado lamenta que muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen de Ortega-Murillo para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua.

“Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país”, asegura. “No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión”.

Los activistas detenidos dijeron haber sido torturados y amenazados con violarlos

En Zimbabue, cuatro activistas a favor dela democracia —Robson Chere, Samuel Gwenzi, Vusumuzi Moyo y Namatai Kwekweza— enfrentan procesos por cargos de desorden luego de su arresto el 31 de julio de 2024, por participar en una manifestación por la liberación de otros activistas a fines de junio. Además, sostienen que fueron torturados y recibieron amenazas de violación durante su encierro, según informaron Gambakwe Media y otros medios.

En un principio, los activistas fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Robert Mugabe en Harare, los hicieron bajar de un avión que iba a una conferencia para una sociedad civil panafricana en Victoria Falls.

La Federación Internacional en Derechos Humanos informó que los cuatro activistas “se presentaron ante la Corte de Harare debilitados y adoloridos, y de acuerdo con sus abogados, fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su arresto”.

Estuvieron detenidos ocho horas antes de ser transportados a custodia policial. La Fundación Kofi Annan condenó el acoso, la intimidación y la persecución de estos defensores de la democracia y los derechos humanos, y exigieron a las autoridades que respetaran el debido proceso legal.

Estamos profundamente preocupados por los informes de que Namatai Kwekweza, ganadora del Premio Kofi Annan a la Democracia NextGen, fue detenida por los servicios de seguridad en Harare. Hacemos un llamado a las autoridades de Zimbabue para que confirmen su paradero y expliquen qué cargos se le imputan. Sin cargos, Namatai debería ser liberada inmediatamente.

Enb una publicación de X (antes Twitter), la Fundación Kofi Annan expresó su gran preocupación sobre este caso, en especial porque Namatai Kwekweza es ganadora del premio premio Kofi Annan a la Democracia NextGen. Exigen a las autoridades de Zimbabue que revelen los detalles y aclarar los cargos que pesan sobre la activista.

El medio sudafricano SABC News informó que el ministro de Asuntos internos y Herencia Cultural, Kazembe Kazembe, respondió a las reacciones tras el arresto:

Déjenme desmentir categóricamente esas percepciones erradas de que la presencia de la comunidad internacional en el país presenta una oportunidad de remediar el daño en la reputación del país sin ninguna consecuencia. El grupo de seguridad sabe de las reuniones secretas dentro y fuera del país de quienes fomentan la desobediencia civil. Ya sabemos sobre las personalidades y las instituciones que enfrentan; también sabemos quiénes los apoyan económica y logísticamente y que han establecido su manera de actuar.

El doctor Musa Kika, abogado constitucional que ocupo el cargo de director ejecutivo de la ONG foro Zimbabwe Human Rights, explicó a Global Voices en una entrevista de WhatsApp que “Zimbabue es una pantalla democrática represiva y es común que a opositores y organizaciones civiles los repriman por sus actos».

El doctor Kika también dijo que el presidente Emmerson Mnangagwa es “paranoico” sobre las acciones opositoras críticas al régimen y en defensa de la democracia, y que los cuatro activistas representan a la campaña joven y energética a favor de la democracia. “El Estado tiene una gran paranoia y piensa que al arrestar y acusar ea estos líderes juveniles están enviando un mensaje a los demás», afirmó.

La situación política actual de Zimbabue está marcada por violaciones a los derechos humanos, fraude electoral y la represión a las voces opositoras, Mnangagwa asumió al poder en noviembre de 2017, luego del golpe militar que derrocó al líder de la independencia, el presidente Robert Mugabe. Mnangagwa es el tercer presidente en los 44 años de independencia del país. Aunque muchos lucharon contra el régimen de Mugabe, el liderazgo de Mnangagwa no introdujo las mejoras que la sociedad esperaba. Su gobierno enfrentó las críticas por mala gestión de la economía, corrupción y abusos contra los derechos humanos.

A pesar de las promesas de reformas, la situación económica empeora, con altos niveles de inflación, desempleo y pobreza. Las tensiones políticas continúan, en especial entre el partido oficialista ZANU-PF y la opositora Alianza del Movimiento por el Cambio Democrático, que alega sobre las irregularidades electorales y la supresión de las disidencias.

De acuerdo con el doctor Kika, parte de la comunidad internacional continúa observando de cerca a Zimbabue, exige reformas democráticas y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, los aliados de Zimbabue, China, RusiaIránSudáfrica y Bielorrusia, continúan enviando armasequipos de sobrevivencia, y apoyan la legitimidad política. En recompensa, el régimen garantiza a estas naciones beneficios para sus industrias extractivistas.

El doctor Kika dijo que las instituciones estatales, como el Parlamento, el Poder Judicial y el cuerpo de seguridad estppan capturados bajo un servicio que se subordina a los intereses ejecutivos:

Esto explica por qué los agentes de inteligencia pueden actuar con impunidad como hicieron con Namatai Kwekweza y otros, y el sistema judicial puede ordenar procesar casos penales que sabemos que no tienen mérito.

Como informó AP, la cumbre Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC) estaba programada en Harare el 17 de agosto. Durante esta cumbre, se preveía que Zimbabue asumiera el liderazgo del bloque regional SADC.

En este contexto, el doctor Kika expresa su preocupación sobre “muchos prisioneros políticos, incluidos líderes opositores, que enfrentan juicios, y a quienes les han negado la libertad bajo fianza en modo que los expertos en leyes consideran injustificables». Explicó que los cargos por desorden público (cargos que enfrentan los cuatro activistas recién encarcelados) están en un grupo de acusaciones que el régimen de Zimbabue aprovecha abusivamente. Otros cargos son disturbios públicos, divulgación de información falsa perjudicial para el Estado y reuniones no autorizadas. Añade:

Usualmente, los juicios se prolongan para hacerlos más costosos, y no llegan a ninguna sentencia, en caso de que comenzaran. La intención del estado no es la sentencia en sí, más bien busca castigar a los activistas mediante detenciones arbitrarias. Otros han sido sentenciados y forzados a iniciar procesos de apelación que luego revocan sus sentencias.

Las misiones diplomáticas en Zimbabue y algunos representantes de Naciones Unidas, como el relator especial para la protección de los defensores de los derechos humanos, han condenado este arresto y persecución. Como afirma el doctor Kika:

“Probablemente, tenemos razón de decir que la presión local e internacional contribuyó a su liberación luego de pasar ocho horas a merced de la Policía. Antes, los activistas desaparecieron de tal manera que nunca más se les encontró, o se les encontró sin vida».

Fotografía y texto: Fernando Destephen

Ledenia Navas, de 44 años, está de pie frente a lo que alguna vez fue la entrada de su hogar, en el barrio Miguel Yánez, de Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. Observa a cuatro de sus familiares mientras cargan las láminas de zinc de su casa, que ahora debe abandonar debido a una falla geológica que provoca el deslizamiento de tierra en ese sector, que afecta los barrios Miguel Yánez y Las Lomas, dos barrios divididos por una acera, también destruida, lo que ha obligado a evacuaciones de emergencia.

Ledenia cuenta que desde hace nueve meses las autoridades tenían conocimiento del problema en el terreno, pero no hubo una acción de evacuación preventiva. La normalidad de los barrios se ve alterada por unas casas destruidas y abandonadas, mientras que en otras, las camas y los electrodomésticos están afuera esperando la mudanza obligatoria.

La Corporación Municipal de Villanueva declaró la zona inhabitable y no edificable, explica Karen Cruz, coordinadora del Comité de Emergencia Municipal (Codem). Agrega que en promedio son unas 250 familias en la zona, unas 70 evacuadas, las más afectadas, y se proyecta que la falla afectará unas 200 viviendas más. Esta proyección se contempla en un estudio geológico que se realizó durante dos años en conjunto entre la municipalidad de Villanueva, Goal Internacional y los comités de emergencia locales, dice Karen, y eso sirvió al menos para tener rutas de evacuación y puntos de encuentro.

De parte de la municipalidad ya está en marcha un plan para reubicar a los afectados para darles «una vivienda digna, porque hasta los momentos las familias lo que han hecho es evacuarse a zonas más seguras o donde viven su familia», detalla Cruz. Agrega que se están elaborando fichas económicas «a nivel general, y hemos tratado de clasificar y encontrar a estas familias que son las que alquilan y no tienen cómo pagar ese alquiler (…) se les va a dar a través de la alcaldía un apoyo a sus gastos económicos».

Parte de un acceso peatonal en el barrio Las Lomas, afectado por la falla geológica. Villanueva, agosto de 2024. Foto CC / Fernando Destephen.

Elmer Gómez, de 38 años, es el presidente del patronato del barrio Las Lomas. Asegura que desde noviembre de 2023 inició el deslizamiento, aunque de forma gradual, lo que Gómez agradece, porque ha permitido al menos las evacuaciones, pero teme que cuando inicien las lluvias el problema empeore. Cuenta que el alcalde fue a la zona y les prometió un plan de reubicación en Villanueva, pero sin dar una fecha aproximada de entrega o una ubicación.

Mientras gradualmente el cerro ruge y se traga las casas, destaca una señalización en la calle de acceso que advierte del peligro de construir en ese suelo no urbanizable.

Una investigación publicada por Revista Factum revela que una cadena de fallas y violaciones a la ley desencadenaron en la muerte en prisión del asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, quien fue víctima de negligencia y descuido mientras estuvo hospitalizado y bajo custodia del Estado. Factum comprobó que su captura fue irregular; que la Fiscalía usó pruebas débiles en su contra; y que antes de ser capturado, Muyshondt había alertado al presidente y denunciado indicios de corrupción y vínculos con el crimen organizado en el primer Gobierno de Bukele.

El documental titulado «Muyshondt: 182 días antes de su muerte» es el resultado de seis meses de investigación periodística. Factum tuvo acceso a videos inéditos de las últimas semanas de Muyshondt previo a su captura, a una copia de su expediente clínico y a cartas firmadas y enviadas por el asesor a un senador estadounidense y al mismo Bukele para denunciar corrupción en el Gobierno de El Salvador.  

Muyshondt fue detenido el 9 de agosto de 2023, un mes después de haber acusado a un diputado de Nuevas Ideas de vínculos con el narcotráfico. En el expediente clínico constan sus últimos seis meses de vida bajo custodia del Estado. El asesor de seguridad, según esa documentación, murió con un cáncer gástrico, contaminado con bacterias hospitalarias y después de haber sufrido un accidente cerebrovascular y haber sido sometido a cuatro cirugías cerebrales. 

Otra revelación de este documental es que el asesor de Bukele envió cartas firmadas y selladas, en las que advertía posibles casos de corrupción en el Gobierno para el que trabajaba. Una de las más reveladoras, con fecha 12 de marzo de 2021, iba dirigida a Angus S. King, senador de los Estados Unidos, y en ella figuran nombres como el del exdiputado de GANA, Guillermo Gallegos. Muyshondt también denunció que el gobierno no tenía interés en combatir el crimen organizado ni el narcotráfico. 

«Me metí en política hace unos 10 años, un poco idealista, un poco ingenuo… Intenté ponerme en contacto con el embajador de Estados Unidos (Ronald) Johnson el año pasado, no tuve éxito… Mis intenciones al contactar con el embajador Johnson eran hacerle saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción, la actividad narcotraficante o la lucha contra el crimen organizado», escribió Muyshondt en su carta.

Factum revisó 1200 páginas que evidencian que el Gobierno de Nayib Bukele violó leyes nacionales y tratados internacionales de atención a personas privadas de libertad. Mientras Muyshondt estuvo hospitalizado, y aun cuando estaba completamente sedado, el Gobierno lo mantuvo con grilletes en su camilla. 

El expediente clínico también revela una serie de incoherencias. El personal de salud del Hospital Saldaña, donde estuvo ingresado, nunca lo identificó como Alejandro Muyshondt, si no como Jorge Álvarez, sus nombres menos usados. Médicos consultados dijeron a Factum que el expediente evidencia carencias de protocolo fundamentales.

Las pruebas que usó la Fiscalía General para sostener la acusación contra Muyshondt en los juzgados son las copias simples de dos páginas web: Última Hora y La Huella, la primera de un socio del jefe de fracción de Nuevas Ideas  y la segunda de un empleado de Gobierno; así como publicaciones de Twitter de cuentas no verificadas y a un testigo que supuestamente llegó a presentar pruebas por voluntad propia.  

Los videos del momento de su captura, inéditos hasta ahora, también revelan otra cosa atípica: el asesor fue detenido en un vehículo particular y no en una patrulla policial, como ocurre en otros casos.

Abigail, de ocho años, sueña con tener un mazo para romper el cerrojo de la celda de su padre. Su hermana Sofi, de cuatro, dibuja aviones sin alas. Socorro trabaja en el bar de su colegio durante los recreos. Todas son parte de los hijos e hijas de los presos políticos del régimen Ortega-Murillo. Divergentes y Redacción Regional accedieron a un informe de la Unidad de Defensa Jurídica que detalla el impacto de la prisión política en los menores de edad: traumas, depresión, ira y sentimientos de abandono.

Wilfredo Miranda Aburto
San José, Costa Rica

Abigail temblaba de manera incontenible al ver a los policías: había tantos oficiales dentro de su casa rebatiendo gavetas, clósets, buscando aparatos electrónicos y dejando destrozos en su hogar… tenía un miedo que nunca había tenido en sus ocho años de vida, uno que la paralizó. Sólo temblaba y temblaba, frágil como una patita de paloma a punto de romperse, en especial cuando los oficiales repetían, a gritos, el nombre de su papá: “¿Qué dónde estaba?” “¿Dóoooooonde?” Y a sus pies, sin darse cuenta Abigail, estaba su hermanita, la Sofi, de cuatro años; lloraba la chiquita, buscando refugio, intentando no ver a esta tromba de uniformados interrogar con rudeza a los abuelitos: a la mamacita y al papacito. Un manojo de nervios las dos niñas, asustadas frente a la violencia política de los agentes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los policías les decomisaron los celulares a los abuelitos y a Abigail. El de la niña era un Xiaomi en el que practicaba inglés en la app de Duolingo, veía vídeos y hablaba con su tía que vive en el extranjero. El líder del operativo policial le envió un mensaje al papá desde el celular de la mamacita. Que por favor regresara urgente a la casa, que había pasado algo con las niñas. Un mensaje poco usual para el papá que, poco tiempo después, llegó a casa y vio las patrullas afuera. En ese momento supo que se trataba de una urgencia más allá de sus hijas. 

El papá fue reducido a golpes en el patio de la casa. Los policías lo estrellaron contra el suelo y lo esposaron. Abigail y Sofi lo vieron todo: cada trompada, cada empellón, cada grito… Una temblaba más y la otra lloraba más cuando el papá fue montado en la patrulla policial. Se lo llevaron preso por ser considerado opositor a los Ortega-Murillo y su proyecto político, una dictadura totalitaria que machaca toda disidencia, sin importar que hayan menores de edad en las escenas de las detenciones, cada vez más agresivas. 

Las hermanas no dejaron de llorar esa noche, sin sospechar que pronto perderían a su madre. La mujer fue al siguiente día a preguntar por el paradero y la situación de su esposo, pero en vez de encontrar respuesta fue arrestada. La pareja fue detenida durante el primer trimestre de 2023 por el activismo político que realizaban en redes sociales. Desde esa fecha, las niñas quedaron bajo el cuidado de los abuelos. Una orfandad de facto que la prisión por razones políticas impone a la niñez y genera severas afectaciones, sobre todo emocionales. 

Hasta el 30 de junio de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reporta 147 reos de conciencia en Nicaragua (en agosto aumentaron a 151). De ellos, al menos 36 son padres de familia. Un informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) revela que esas 36 personas tienen 69 hijos menores de edad. El informe mide el impacto de la prisión política en los hijos e hijas de los presos políticos a través de entrevistas cerradas. 

La muestra analizada por la UDJ es de 37 menores de edad, incluidos adolescentes. El 35% de ellos presenciaron las detenciones violentas de sus progenitores. Como Abigail y Sofi. Por motivos de seguridad recurrimos a seudónimos para hablar de estas hermanas y su familia. En menos de 24 horas, las dos niñas se quedaron sin papá y mamá. Hasta la fecha de este reportaje, la orfandad forzada de ellas se ha extendido más de un año. El llanto, como primera etapa del trauma, todavía sigue allí. Con más latencia en Sofi. Cuando no llora, la pequeña tiene episodios de desesperación. Busca a su mamá y a su papá, pero no los encuentra. 

Los familiares de Sofi me cuentan que suele preguntar, casi a diario, cuándo van a volver sus padres a casa. La consuelan, pero a esa edad el consuelo deja de sosegar cuando los días transcurren y ella va entendiendo –como lo entendió Abigail desde el día de los arrestos– que papi y mami están presos y condenados.

 “Yo soy una niña triste”, suele decir Sofi después que visita a sus padres en prisión. Las esporádicas visitas familiares concluyen con el llanto desconsolado de las hermanas. Cuando Sofi se tranquiliza, como la tarde que hablé con la familia, después que salieron de un encuentro en el Sistema Penitenciario de mujeres, la niña está calladita, desconectada de su alrededor, desorbitada y con los ojos aún aguados. Está siendo –pienso sin decírselo a la familia– lo que dice ella que es: una niña triste. Me pregunto –también sin decírselo a la familia–, ¿así se ve la tristeza a los cuatro años de edad? 

***

Quizá Sofi responde por sí misma con trazos, en el dibujo que el psicólogo le pidió hacer para el informe de la UDJ: está ella, Abigail, papi, mami, la tía, la mamacita y el papacito. Todos tomados de la mano. La familia sonríe. Pero algo pasa de pronto: un trazo se torna caótico, rebota de arriba a abajo, zigzaguea encima de sí mismo y, por momentos, se vuelve un borrón atropellado. La familia y sus sonrisas se esfuman de la hoja. Aparece un avión sin alas y un bus con tres ruedas. ¿Están todos ellos dentro del avión? ¿En el bus que las lleva a las prisiones para las visitas familiares? ¿Dónde van? ¿Huyen? ¿Dónde se fueron? ¿Qué quiere decir Sofi? 

El psicólogo analiza el dibujo de Sofi: “Se observa necesidad de afecto y pertenencia familiar; deseos de fuga, ira contenida, evasión de la realidad, duelo y sentimientos de abandono”. Sofi sufre una “reacción depresiva”. Una depresión a los cuatro años de edad. 

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Lo más difícil son los cumpleaños. Abigail los resiente demasiado. Celebró sus ocho años con sus padres en prisión cuando les permitieron las visitas familiares. Aunque a mamá la puede abrazar en el penal de mujeres, con papá es diferente: no lo puede tocar, porque no está permitido en la cárcel La Modelo. Sentir el tacto de tus padres es primordial durante la primera infancia. Abigail me cuenta que ha tenido “ganas de llevar un mazo para pegarle” a los policías y al candado de la celda para que su papá pueda salir de ahí. Para así poder abrazarlo, que él le diga feliz cumple, mi niña… Me conmueve porque es de contextura grácil. No creo que se aguante un mazo con facilidad. Lo único que ella pudo llevar a la cárcel fue una pequeña tortita para cantar un “happy birthday”, y fue partida bajo la mirada inquisitiva de los custodios. 

La UDJ asegura que, además de los cumpleaños, los hijos de los presos políticos se han perdido otros momentos importantes en su infancia: “24.32% de los menores ha tenido graduaciones escolares sin que su padre y/o madre encarcelada haya podido haber presenciado el acto por estar en prisión. En ese sentido, una de las principales afectaciones de la niñez a causa de la separación familiar por la prisión política se da en su salud mental”. Una mella que Abigail ya resiente de varias formas, empezando no sólo por su cumpleaños, sino el de Sofi, el de su mamá y su papá. Todos los cumpleaños familiares que ha vivido separada de sus padres. 

Abigail extraña los cumpleaños en familia y los paseos que sus padres les daban para continuar la celebración. Solían ir a la playa o a Managua, la capital. Ella cumplirá nueve años en septiembre próximo y, desde meses antes, ha dicho que ya no quiere cumplirlos. No quiere partir, por separado, otras dos tortitas en La Modelo y en la cárcel de mujeres La Esperanza. No quiere otro cumpleaños sin sus padres. No quiere esperar tantas horas para poder ver a mamá y a papá. No quiere que esos tipos y tipas mal encaradas de las cárceles la registren, que husmeen las tortas… No quiere. 

Las visitas para los familiares de los presos políticos son tediosas: son hostigados todo el tiempo, revisados –en algunos casos hasta en sus partes íntimas– y chantajeados por los custodios, quienes no les permiten estar a solas con sus seres queridos. Para los menores de edad no es distinto. El informe de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) sostiene que más del 50% de los menores de edad analizados han sido sometidos, al menos una vez, a largas horas de espera en los penales previo a los encuentros. 

“Ningún hijo e hija de personas presas políticas en Nicaragua puede verles por más de una hora una vez al mes en la prisión. Las visitas familiares se dan rodeados de custodios que se colocan con sus armas a manera de intimidar a escasos metros del encuentro familiar para anular la privacidad de los encuentros”, denuncia el informe de la UDJ. 

“Durante el encarcelamiento arbitrario de sus progenitores, 13.51% de los menores no han podido visitar a su referente detenido debido a que las autoridades estatales se lo han negado y otros, el 35.14%, no los han visitado por motivos personales (…) La mayoría de ellos que sí han logrado una visita familiar lloran desconsoladamente al despedirse en las visitas. Incluso, uno ha llegado a agarrarle el pelo a su madre para no dejarla”. 

Abigail no ha llegado a tanto, a colgarse del pelo de su mamá tras concluir la visita familiar. Pero sí sucede algo con su propio cabello: ya no quiere peinarse desde hace muchos meses. “Le entra angustia después que se baña porque no está su mamá”, me cuenta uno de los familiares de la niña. “No deja que nadie la peine y apenas se hace una cola. Cuando le pregunto por qué ya no se quiere peinar como antes, me dice que no, porque su mamá la peinaba y le decía que linda que quedaba… pero que ahora no tiene mamá que le diga eso, que queda linda peinada”. 

Durante el encierro de sus padres, Abigail dejó de hablar mucho. Su lado dicharachero se fue. Tanto en casa como en la escuela. En casa contaba lo que había estudiado en el colegio, cómo había salido en las calificaciones, lo que había hablado con los amigos o enseñaba las fotos con ellos en el recreo. Era una niña muy animada. Pero ahora está retraída, en un silencio que usualmente lo rompe con una actitud rebelde hacia los abuelos que la cuidan. En el colegio es lo mismo: se ha apartado de los compañeros y su promedio de calificaciones ha bajado de 98 a 80%. Y sigue bajando. Abigail está deprimida, asegura su familia. 

El informe de la UDJ ha identificado que 67.57% de los menores de edad analizados no solo suelen llorar constantemente por todo lo relacionado a la detención arbitraria de sus progenitores, sino que 8.11% han tenido pensamientos suicidas. Además, un adolescente ha caído en drogadicción tras las diversas afectaciones causadas por la captura arbitraria de su referente. “43.24% de los menores han requerido atención psicológica o psiquiátrica por los daños a su salud mental ocasionados por la situación de injusticia”, plantea la organización que trabaja desde el exilio. “Este número podría ser aún mayor, pero muchos familiares no tienen el tiempo o el dinero para llevarlos al psicólogo”.

Abigail sabe que su mamá fue condenada por la justicia Ortega-Murillo. Su familia asegura que saber la condena la golpeó más. “Al principio la niña preguntó por qué habían condenado a sus papás a tantos años de prisión. Le explicamos todo, que era una cosa política, injusta… Entonces nos preguntó, si eran inocentes, como decíamos, ¿por qué seguían encerrados? No supimos qué contestarle. Entonces ahora imaginate que una niña de ocho años tiene este tipo de rezos, plegarias: todas las noches le pide al ángel de la guarda y reza un padre nuestro por sus papás y los presos políticos… Es como rara esa situación, no deberías rezar por eso a esa edad”, repara la familiar. 

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La del dibujo es Abigail. Es más explícita que Sofi, su hermanita. Ella se ha pintado llorando, en posición de angustia. En sus pensamientos, flotando alrededor de su llanto, aparecen sus padres con ella y Sofi, realizando diversas actividades: pateando la pelota, estudiando, viendo tevé… todo lo que no pueden compartir –ni compartirán– mientras sus padres sigan cumpliendo la condena política de ocho años de prisión que les impusieron los jueces orteguistas.  

El psicólogo de la UDJ analiza el dibujo de Abigail: “Se observa melancolía, dolor afectivo, ruptura del sentido de pertenencia, añoranza y duelo por la pérdida del vínculo familiar; estancamiento en recuerdos pasados, resistencia hacia el futuro, defensas psicológicas quebradas, impotencia, fatiga psíquica, necesidad de afecto, pensamientos repetitivos sobre vivencias pasadas, actitud rígida en un intento por controlar la situación interna o resistir pasivamente a las presiones del exterior. Posible estrés post trauma con concomitantes de depresión en fase crónica”.

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Don Abraham dejó varias deudas. Aunque fue apresado por la Policía del régimen de Daniel Ortega por sus posiciones políticas, los cobros siguen llegando a casa. Para los cobradores no hay reparos en estas situaciones. La esposa de don Abraham tuvo que hacerle frente a las deudas por sí sola, pero el salario de asistente del hogar en un barrio de clase media en Managua no le alcanza cada mes. Ni para la jarana ni para la manutención de los dos hijos que tiene con el preso político: Socorro de 15 y Joel de 16 años.  

Si bien para los dos adolescentes el arresto de su papá resultó un trauma bañado de llanto, lo que más han resentido es el cambio en su vida diaria, sobre todo Socorro. Desde finales de 2023 ya no tiene recreos en la secundaria. Mientras sus compañeros utilizan ese tiempo de esparcimiento, ella comenzó a trabajar en el bar de la escuela. A despachar a los alumnos que compran aperitivos. Consiguió en ese trabajo una paga de 30 córdobas diarios, unos 83 centavos de dólar al cambio oficial. Un dinero que le sirve, al menos, para movilizarse a clases, comprar alguna chivería… pero insuficiente para aportar algo al hogar.

Socorro dice que no tiene vergüenza, pero tampoco se siente cómoda con el trabajo en el bar del colegio. Simplemente está atrapada en una situación incómoda, una que por ahora no puede evadir. Aunque ha recibido un par de burlas de sus compañeros, dice que no tiene de otra, más que seguir haciéndolo. El informe de la UDJ revela que 35.14% de los hijos de presos políticos han recibido bullying en sus escuelas. Aparte de recibir burlas de que sus progenitores son “delincuentes”, el dato más alarmante es que el 24.32% de la muestra ha tenido que abandonar sus estudios producto del acoso escolar, porque les produce depresión y se combina con los problemas económicos, como sucede con los hijos de don Abraham, un seudónimo también usado por razones de seguridad. 

Por las mañanas, antes de irse al colegio, Socorro asiste a la casa donde su mamá trabaja de asistente del hogar. Allí apoya a su mamá y recibe otra pequeña paga. Todo cuenta para esta familia que dependía, en buena medida, del trabajo de don Abraham. Él por varios años fue chófer y luego se dedicó a vender pan después que, en 2015, el Ministerio de Educación le impidió el ejercicio de la docencia en el sistema público por criticar al Gobierno sandinista.

Joel ha comenzado a buscar trabajo en los talleres de autos de su barrio, pero no ha tenido suerte. Ha pensado en irse del país a buscar fortuna a otro país, quizá Estados Unidos, pero tampoco la familia cuenta en este momento con los recursos para pagar un coyote, para irse de manera irregular. Las finanzas están complicadas en casa y a eso hay que sumarle el gasto de enviarle la paquetería (alimentos) diaria a don Abraham a La Modelo (según la UDJ, t​​ener a un familiar como preso político cuesta a las familias en promedio 6900 córdobas al mes, equivalentes a 196.5 dólares americanos). 

La prisión política también impacta de manera significativa a las familias en el plano económico y, de eso, no escapan los menores de edad. El informe de la UDJ revela que 10.81% de los menores bajo estudio se vieran obligados a empezar trabajo infantil. Es decir que dejaron sus estudios o los comprometieron como Socorro. El rango de edad de estos menores oscila entre los 14 y 18 años. Adolescentes. 

“De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil puede consistir en aquellas labores que interfieren con su escolarización: privándolos de la oportunidad de asistir a la escuela; obligándolos a abandonar la escuela prematuramente; o exigiéndoles que intenten combinar la asistencia a la escuela con un trabajo excesivamente largo y pesado. Así, tras el encarcelamiento de su progenitores, las niñas y los niños probablemente han tenido que asumir nuevos roles en el hogar a fin de apoyar en las labores domésticas y en lo emocional y económico en la familia”, resalta el informe de la UDJ.

Según los hallazgos del documento, la privación de la libertad por motivos políticos ha agudizado la pobreza en las familias por la reducción drástica de sus ingresos, además de un aumento de sus gastos (visitas carcelarias, paquetería, medicinas para el recluso, gastos legales, transporte, etc.). “En otras palabras, la pobreza y el consecuente trabajo infantil que sufren las niñas, los niños y los adolescentes responden a la carencia de ingresos en sus hogares, a las dificultades de acceso a los servicios básicos y a otros factores vinculados con la sobrevivencia, la discriminación y la exclusión. La pobreza los hace más vulnerables a no ejercer sus derechos elementales consagrados en instrumentos internacionales”, plantea la UDJ.

Socorro sigue alternando lo que hace en el trabajo de su mamá y la atención en el bar del colegio. Me dice que eso no se lo cuenta a su papá, don Abraham, para que no se deprima más en la celda. “Mucho menos contarle que mi hermano quiere irse del país”, dice.  

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Los dibujos de Socorro y Joel: preguntas elementales complicadas de responder: “¿por qué esto? Extrañan a su viejo. Llueve sobre mojado para los hermanos. Corazones quebrados y remendados. 

El psicólogo de la UDJ interpreta los dibujos de los adolescentes. Para Socorro concluye: “Se observa ansiedad, angustia de separación, impotencia, déficit de energía psíquica, alto nivel de sensibilidad psicoafectivo, hipervigilancia, desconfianza. Actitud defensiva, deseos reprimidos, defensas psicológicas bajas, desadaptación social, ansiedad por todo lo que se realiza, intento para no dejarse ver, para evitar la presión de los que nos rodean y una forma de huida de personas dominantes o realidades molestas a las que no se puede hacer frente”. Para Joel lo siguiente: “Síndrome mixto ansioso depresivo en fase aguda, sin estrategia de defensas, temor a los espacios sociales, impotencia e ira contenida”.

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El informe de la Unidad de Defensa Jurídica sostiene que la vulnerabilidad de estas niñas, niños y adolescentes se potencia no solamente por sufrir sus progenitores la violencia estatal a través de la imposición de la prisión política, “sino porque esta orfandad forzada de facto aumentan la pobreza, deserción escolar, trabajo infantil, desplazamiento, drogadicción, estigmatización y discriminación en su entorno educativo y comunitario. Todo ello, apuntan expertos en psicología, genera un impacto en sus vidas a corto, mediano y largo plazo”. 

Hay algo más: durante las detenciones del papá de Abigail y Sofi, la policía no sólo decomisó celulares, sino que hasta juguetes de las niñas. Al 18% de la muestra de menores de edad documentada le pasó lo mismo: los oficiales confiscaron muñecas de plásticos, pistolas de agua, infladores, carritos, soldaditos… entre otros juguetes, inofensivos juguetes.  

Washington, 16 ago (EFE).- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación «de manera expedita» de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en ese país.

El texto, no vinculante, fue presentado en nombre de Estados Unidos y de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores.

La resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que «publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral» y «respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral».

Su llamamiento se une al que también efectuaron este viernes la Unión Europea, entre ellos España, y 22 países más, en favor de la «inmediata publicación de todas las actas originales» de las elecciones y la verificación «imparcial» e «independiente» de los resultados de esos comicios, en los que según el CNE el presidente  Nicolás Maduro se impuso al opositor Edmundo González Urrutia.

La resolución de la OEA resalta también la importancia de «proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia» de dicho proceso.

Asimismo, solicita proteger las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en tales instalaciones.

Llama también a las partes interesadas a «abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano».

El Consejo Permanente apostó porque sea «una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela» respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, (…) especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y el derecho a juicio imparcial.

«Mostremos al pueblo de Venezuela que no está solo», dijo al inicio de la sesión el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora.

Estuvieron ausentes en la votación los representantes de México, Bolivia, Honduras y San Vicente y las Granadinas.

«Salir de la dictadura requiere el esfuerzo de todos. Obviamente que requiere una interlocución firme que sea clara de que no es permisible una dictadura ni un día más», dijo el secretario general de la organización, el uruguayo Luis Almagro.

En su discurso al término de la sesión, expresó su deseo de que «los esfuerzos por lograr una transición democrática den sus resultados, resultados que no han tenido hasta ahora». «Ojalá el interlocutor al lado del régimen por una vez actuara con buena fe» dijo.

Almagro hizo un llamado de atención a los integrantes del organismo: «Aquí todos sabíamos lo que iba a pasar y debíamos estar preparados, y aquí todos sabemos lo que está pasando y debemos actuar en consecuencia».

El pasado 31 de julio había fracasado en ese organismo panamericano con sede en Washington otra resolución que exigía la difusión de inmediato de las actas electorales.

Ese primer texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró la mayoría absoluta necesaria para salir adelante.

Rompió la votación en esa ocasión la frase que impulsaba a efectuar «una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados». En el texto aprobado ahora no fue incluida.

El Ministerio Público (MP) realiza diligencias en la Alcaldía de San Pedro Sula tras las denuncias sobre irregularidades en contrataciones. La más fuerte ha sido la interpuesta por el vicealcalde Omar Menjívar, quien denunció que el yerno del alcalde, Steve Fajardo, «tiene autoridad» y que la utiliza para favorecer a un familiar con la adjudicación de contratos para obras públicas. El alcalde Roberto Contreras, quien recientemente lanzó su campaña para la reelección con el Partido Liberal, ha dicho que está siendo perseguido políticamente por sus antiguos aliados.

Texto: Allan Bu
Foto: Contracorriente

Durante las elecciones de noviembre de 2021, uno de los ejes de campaña del empresario Roberto Contreras, ahora alcalde de San Pedro Sula, fue la promesa de una lucha frontal en contra de la corrupción, sobre todo en los contratos de construcción de infraestructura. Sin embargo, al transcurrir el tercer año de su mandato, las denuncias por irregularidades en la comuna sampedrana pululan desde distintos sectores. Incluso el Ministerio Público (MP) desde junio de 2024 está realizando diligencias investigativas en las oficinas de la municipalidad sampedrana. 

En un último episodio, el edil Roberto Contreras denunció «persecución política» en varios medios de comunicación, luego de que agentes del MP le entregaran un citatorio a su esposa Zoila Santos para que se presentara a los juzgados en Tegucigalpa, con el objetivo de rendir declaración en calidad de testigo respecto a la adquisición de una vivienda valorada en más de 10 millones de dólares. Contreras también ya fue citado para brindar declaración en calidad de «persona de interés» por el caso de la suscripción de contratos otorgados durante su administración a la empresa Sulambiente, que también se encarga de la recolección y tratamiento de la basura en la principal ciudad del norte del país. 

Y es que en el tema de las contrataciones y compras en la municipalidad hay más tela que cortar. Recientemente se conoció que a la constructora de un tío del yerno del alcalde, Steve Fajardo, se le han otorgado decenas de contratos desde el año 2022 a la fecha. Es vital aclarar que la Ley de Contratación del Estado no contempla en este caso un impedimento porque no hay parentesco entre el alcalde y el familiar de su yerno; sin embargo, el vicealcalde Omar Menjívar afirmó que claramente hay «un tráfico de influencias» en estos procesos, porque el yerno de Contreras permanece en la municipalidad, incluso asiste a las reuniones de corporación y a las sesiones de gerentes. «A raíz de unas declaraciones que di, ahora viene menos», sostuvo Menjívar. 

Documentos en poder de este medio indican que varias empresas relacionadas con Josué Fajardo, tío de Steve, yerno del alcalde, han recibido varios contratos para realizar obras públicas entre 2022 y 2024. En una de esas sociedades, Fajardo posee el 70% de las acciones, y también tuvo algún tipo de relación con otras tres empresas que ejecutan contratos de infraestructura en esta administración. Ahí aparecen Construcciones y Diseños Hernández (Hercod), Ingeniería Meca Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Inmeca) y Constructora, Distribución y Materiales de Responsabilidad Limitada (CDYM). 

Todas estas empresas cotizan en los mismos procesos de licitación y todas han ejecutado proyectos. La empresa Construcción Consultoría de Honduras (Concoh) había facturado, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, 60.4 millones de lempiras, todo en contratos de construcción en San Pedro Sula y todos asignados mediante contratación directa. 

Menjívar, antiguo aliado de Contreras, ahora convertido en una voz disidente dentro de la municipalidad, sostuvo que «ellos fueron socios», en referencia a los dueños de las empresas que cotizan con el tío de Fajardo. «Uno le vendió al otro, después aparecen los tres cotizando y son la misma cosa, se rotan», explicó Menjívar.

Contracorriente contactó al abogado Steve Fajardo, yerno del alcalde, pero este, aunque respondió de forma cortés los mensajes y pareció estar anuente a brindar su posición respecto a lo que se ha ventilado en medios de comunicación y redes sociales, siempre manifestó estar ocupado. Hasta el momento de publicación de esta nota, no había atendido nuestra solicitud de una entrevista, ya sea de forma presencial o vía teléfono.

El vicealcalde mencionó que este tipo de procesos de compra son posibles con las contrataciones directas, pues en estas se flexibilizan los controles dictados por la ley, que contempla que por compras que van desde 300,000 a un millón de lempiras se necesitan únicamente tres cotizaciones para asignar una obra. Casi todas las obras adjudicadas a las empresas ligadas a Fajardo reciben contratos que oscilan en estos valores. Cuando los montos superan el millón de lempiras es que se realiza una licitación privada, y si es superior a tres millones, la ley indica que se debe llamar a los proveedores a una licitación pública.

Centro de San Pedro Sula por la noche. Julio de 2023. Foto CC / Archivo.

Menjívar expuso que el alcalde «se jacta y dice que no es pariente (del tío de su yerno), porque la ley lo que prohíbe es darle contratos a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El tío de Steve no tiene ningún parentesco con el alcalde, entonces queda fuera de esas prohibiciones. El que no queda afuera es Steve, quien desde luego no aparece en los contratos», dijo.

Los socios
Para entender por qué Menjívar considera que hay tráfico de influencias, hay que revisar los orígenes de estas sociedades. La empresa de Josué Fajardo, tío de Steve, es Concoh; ahí posee el 70 % de las acciones y el 30 % pertenece al señor Luis Hernández, y aquí justamente empieza la trama de las sociedades. 

Hernández era también el dueño de Hercod, pero el 23 de marzo del 2022 vendió la totalidad de la empresa a la señora Olga Ávila, quien es su esposa. Hernández y Ávila, ambos ingenieros, contrajeron matrimonio el 22 de septiembre de 2018, y su boda se publicó en una nota en el diario La Tribuna.  

De esta forma, todo quedó en familia. Luis es proveedor de la Municipalidad de San Pedro Sula a través de dos empresas, pues es dueño del 30 % en Concoh y su esposa es la propietaria de Hercod, que habría facturado casi 40 millones de lempiras con la municipalidad entre marzo del 2022 y diciembre de 2023. Solo a Concoh y Hercod se les han asignado 76 contratos por alrededor de 100 millones de lempiras. 

Las otras dos empresas relacionadas son CDYM, una sociedad que fue constituida en 2019 por Josué  Fajardo (tío del yerno del alcalde) y la señora María Luisa Flores Durón, pero en marzo del 2023 vendieron sus acciones a María Toledo Amador y Victoria Raquel Molina, quienes posteriormente las vendieron al señor Malcos Morales, quien también aparece como gerente general en los contratos adjudicados por la municipalidad a la cuarta empresa en cuestión: Inmeca. Todas estas empresas cotizan y ganan contratos. 

Omar Menjívar ha denunciado que el yerno del alcalde es una persona influyente en la administración municipal. «No es cualquier yerno, es un yerno que manda. Es verdad, después de ese escándalo (sus declaraciones hablando del poder de Fajardo) se ha retirado un poco y solo viene de vez en cuando, pero él (Fajardo) está en la sesión de corporaciones, sesiones de gerentes, ahí sí toma la palabra y no es nada. Tiene autoridad», dijo el vicealcalde. 

Agregó que si alguien necesita un favor o está amenazado de despido, va y habla con Steve para que le ayude, y este hasta puede ofrecerle un traslado a otro departamento. «Si yo intervengo por alguien más rápido lo despiden», se rio Menjívar, quien tiene una relación encontrada con su antiguo socio. El vicealcalde reconoció que incluso él, que fue elegido por el voto popular, le ha pedido una intervención a Steve cuando los despidos son arbitrarios. 

Por eso Menjívar consideró que aunque el tío de Steve no es familiar del alcalde y su vínculo no quebranta la ley, lo que sí hay «claramente de parte de Steve es un tráfico de influencias, se vale de la autoridad que le ha permitido el alcalde para influenciar las decisiones sobre contratos, y claro, es fácil  con esas que son contrataciones directas; cuando son licitaciones públicas, pues hay otras empresas que participan»

Explicó que una vía para quedarse con los contratos de forma amañada y sin violar la Ley de Contratación del Estado es que «en una contratación directa se le dice a los tres que son amigos “mandame la cotización”, porque en apariencia no son lo mismo, pero en realidad sí lo son, y luego se cuelga en la página de transparencia. Por eso les digo que me parece patético eso que hace el Instituto de Acceso a la Información Pública  (IAIP), eso de darle un certificado de 100 % rendición de cuentas [a instituciones]. Es una payasada porque en esos portales de transparencia ponen la información que quieren», afirmó. 

En declaraciones a La Prensa, el alcalde Contreras argumentó no saber quiénes son los dueños de las empresas que participan en las licitaciones de la alcaldía. «Yo no soy familia del señor Fajardo, soy Contreras Mendoza y él no tiene ningún contrato con la alcaldía. Yo no sé quiénes son los socios de las empresas que prestan servicios a la alcaldía y no tengo por qué averiguar quiénes son las personas naturales», se defendió. 

Contreras, quien participó como candidato independiente cuando ganó la alcaldía, pero ahora ha vuelto al Partido Liberal, reiteró que él no tiene ningún vínculo familiar con el señor Fajardo (tío de Steve), y que las acusaciones simplemente provienen de gente que está molesta porque les afectaron sus intereses: «Esto simple y sencillamente es una roncha de los que no tienen contratos y antes los tenían», sentenció. 

También contactamos al comisionado municipal Walter Banegas, exdiputado al Congreso Nacional por el Partido Anticorrupción, quien ahora es veedor de los procesos de compra en la municipalidad. Afirmó que en estas adjudicaciones él no ha participado como observador, pero que espera que el MP lleve a cabo las investigaciones que sean necesarias, y que en este caso esa institución es la más adecuada para proveer la información solicitada. 

Centro de la ciudad de San Pedro Sula, fachada de la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Julio de 2023. Foto CC / Archivo.

Para el abogado Óscar Hendrix, militante de Libre y exempleado municipal, en las municipalidad, como en muchas otras instituciones del Estado, se aprovechan de las contrataciones directas o licitaciones privadas, ya que son las menos rigurosas: «Se llega a ese punto porque no hay una planificación en el tema de compras. En ocasiones, hacer esas contrataciones con esos montos y en esos tiempos significa levantar muchos de los controles que usualmente se tienen para una contratación», dijo. 

«Vemos que no hay una planificación; esto deriva en una gestión bien accidentada, y cuando no hay organización, la transparencia es la que pasa pagando el precio. Se hace grave en términos éticos, que se escogió un alcalde que nunca antes en nuestra historia democrática había ganado por una diferencia tan grande, nunca había tenido tanta legitimidad y tantas expectativas», explicó Hendrix. 

Agregó que hasta ahora en la administración de Contreras solo se ha visto una réplica o profundización de las prácticas tradicionales que tienen a San Pedro Sula en el subdesarrollo y en la opacidad, «No vino a refrescar nada en la gestión, creo que esa es la gran decepción que sienten los ciudadanos y la sociedad civil, de que sea una extensión de lo mismo, y eso es algo realmente peligroso para la democracia porque la gente votó por un cambio, se pensó que se iba a hacer las cosas diferentes, y eso alimenta la desconfianza ciudadana que termina diciendo que todos son iguales», afirmó

Más opacidad

Hay más casos que demuestran opacidad en las contrataciones de la Municipalidad de San Pedro Sula. Para el caso, el rubro de operaciones de la empresa que maneja los ingresos municipales, que es la sociedad Megaplatinum, es la limpieza de edificios, según la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae). 

Omar Menjívar le dijo a Contracorriente que la mayoría del personal que recauda los impuestos son empleados municipales y que además, también el equipo y el sistema en el que se realizan los cobros es municipal. «Yo cuestionaba por qué no se contrata más personal por parte de la municipalidad y se rescinde el contrato. Y dicen que no, porque las condiciones en que contrata personal esa empresa no son las que se le permiten a la municipalidad, de acuerdo con la ley (prestaciones, seguro social); en cambio, estos los contratan por mes o contratos temporales»

Menjívar sostiene que la tecnología que aportó la empresa para recaudar impuestos ya es propiedad municipal, y por eso no encuentra razón para que la alcaldía pague por un servicio que perfectamente puede hacer la estructura  ya existente, pues hay gerencia financiera, tesorería, dirección técnica de ingresos y auditoría interna: «Para qué queremos una empresa que haga lo que nosotros sabemos; además, te eligen para que administremos los recursos», dijo. 

En su opinión, cuando Armando Calidonio contrató una empresa externa para el cobro de impuestos podría haber tenido sentido, porque recién había salido a luz el escándalo de la señora Ada Muñoz, quien borraba o reducía saldo a los obligados a tributar; esta fue una de las razones que le dio el alcalde Contreras a Menjívar cuando le propuso que los cobros volvieran a control de la municipalidad: «van a volver los borrones electrónicos», dijo el edil. 

La empresa renovó el contrato; en el anterior cobraba 108 millones de lempiras anuales por realizar ese trabajo, pero según Menjívar ahora cobra mucho menos. «No entiendo yo cuál es el beneficio, porque se bajó a casi la cuarta parte de lo que se cobraba, es una cantidad casi simbólica. Eso a mí me genera una sospecha de que algo extraño hay, pero no puedo asegurarlo», manifestó. 

Contracorriente también conoció los detalles de una licitación para compra de útiles escolares que fue asignada a la empresa Distribuciones Universales S.A (Diunsa), que presentó una oferta de casi tres millones más que la oferta más baja. 

Menjívar, quien denunció esta adjudicación en la red social X, explicó que en estos casos la ley indica que el contrato se le adjudica a quien haga la oferta más baja, siempre y cuando se ajusten a los términos de referencia. En ocasiones pueden adjudicar el contrato a quien oferte un precio mayor, siempre y cuando supere en calidad a la oferta más baja, pero, según él, este no es el caso en la licitación de útiles escolares, cuya calidad era igual, según él estima. 

La Ley de Contratación del Estado contempla el nombramiento de una subcomisión para que haga una evaluación técnica y de esta forma discernir asuntos de calidad. El vicealcalde considera que «estaban iguales, pero está en la ley que en situaciones así, se puede nombrar una subcomisión, que cuando se le va a adjudicar a quien ha hecho una oferta más alta, tiene que explicar por qué razón»

La evaluación técnica determinó que el proveedor elegido había «demostrado superioridad en términos de calidad». Las principales diferencias entre los proveedores fueron el logo y el diseño. «Es de apariencia, no de esencia, no tiene nada que ver con la calidad», sostuvo Menjívar.  La compra fue adjudicada a Diunsa por un valor de 16,487,910 lempiras, mientras que la oferta de Papelera Calpules S. A. era de 13,833,612 lempiras. 

En la Gerencia de Deportes hay otro caso que llama la atención. Hay tres empresas que entre noviembre y diciembre del 2023 recibieron casi tres millones de lempiras en compras de bienes y servicios. Lo que hace especial el caso es que las tres empresas, Inversiones SYM, Inversiones Cardobu e Inversiones Ayala, casi siempre cotizan juntas, y pareciera que se reparten los negocios con la municipalidad sampedrana. 

Óscar Hendrix mencionó que en la municipalidad no existe una estrategia o política contra la corrupción, y que el único lugar donde se realizó una capacitación y se inició un proceso de gestión de modelo transparente fue precisamente en la Gerencia de Deportes, cuyo gerente fue despedido justamente después de terminar con ese programa. «Luego no hemos visto ni una sola iniciativa ciudadana en ese tema. La municipalidad no tiene elementos ni prácticas de lo que es la administración moderna, como ser política de gobierno abierto, utilizar los portales virtuales, para hacerlo más interactivo y facilitar la participación ciudadana. A pesar de la gran participación que hubo en el 2021, nada de eso se trasladó a la gestión municipal», señaló. 

Roberto Contreras y Omar Menjívar en Tegucigalpa, exigiendo la inscripción de la candidatura de Contreras a la alcaldía de San Pedro Sula, en alianza con el Partido Libre. Octubre de 2021. Foto CC / Archivo.

El alcalde Contreras insiste que «ellos» (en referencia al Partido Libre, su antiguo aliado) tienen el poder, pueden utilizar todos los medios, especialmente el Ministerio Público, para inventar cualquier cosa que salga en las redes sociales, «y de ahí armarle un caso a una persona honesta, que posiblemente le tome 10 años salir de un caso de esos. Sabemos que estamos en un año político, que vienen más persecuciones, pero deberían ser más hombres para que no se metan con mi esposa, conmigo no hay problema. Ella lo único que hace es ayudar a los niños en el museo, sacar comida de nuestros restaurantes sin cobrarle un lempira a nadie», dijo en Radio Globo.

Hendrix opinó que él espera que los políticos denominados no tradicionales no se limiten a lo dictado por la ley, pues nuestro país no está tan desarrollado en temas de transparencia, y en muchas ocasiones la misma ley sirve para maquillar gestiones. En este contexto, el abogado pidió a los funcionarios públicos una transparencia proactiva, pues toda la información municipal es de naturaleza pública: «Todo debería estar en los portales, mucha información la conocemos por la pericia o el trabajo investigativo de periodistas, pero no porque esté al alcance de la ciudadanía», dijo.

«En términos concretos, más allá de palabras y discursos, no existe ni una sola acción administrativa que nos diga que hay transparencia y anticorrupción en la Municipalidad de San Pedro Sula», sentenció Hendrix. 

Menjívar sostuvo que en la alcaldía sampedrana hay muchas cosas que el alcalde no las decide, ni siquiera se entera. «Él mira esto de la alcaldía como un juguete, disfruta este momento, le encanta esto de ser el alcalde y una cosa suprema. No tenía la edad madura para asumirlo, es como un capricho y lo consiguió. Lo hace feliz, pero no tiene la conciencia de lo que implica la responsabilidad de ser alcalde», afirmó

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