Megaproyecto minero de Los Pinares fue construido ilegalmente en tierras destinadas a la reforma agraria

Entre 2017 y 2022, representantes de la empresa Inversiones Los Pinares, en complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, incluyendo al exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, y la exdiputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres, obtuvieron ilegalmente la propiedad de tierras que estaban destinadas para reforma agraria para construir una parte de su megaproyecto minero, lo cual provocó un conflicto medioambiental, que aún sigue teniendo consecuencias en el municipio de Tocoa, al norte de Honduras.

 

Texto: Fernando Silva

Con reportes de Jennifer Ávila

Fotografía: Fernando Destephen

Portada: Catherine Calderón

 

Una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) se suma a la lista de irregularidades cometidas por la empresa Los Pinares, dueña de un megaproyecto minero en Colón, al norte de Honduras. El Comité denunció este martes 11 de junio, que entre 2017 y 2022, con el beneplácito de funcionarios, tanto del gobierno actual como del anterior, Inversiones Los Pinares se benefició con la compra de 12 parcelas de tierra que originalmente habían sido adjudicadas a ocho personas en el marco de la Ley de Reforma Agraria, y que, por tanto, solo podían ser adquiridas por personas u organizaciones que las usaran para ese fin.

 

Algunas de esas parcelas nunca cumplieron con los requisitos necesarios para ser adjudicadas por el Instituto Nacional Agrario, y tras pasar a manos de Inversiones Los Pinares, en lugar de utilizarse para reducir la pobreza y fortalecer la seguridad alimentaria del país, sirvieron para el desarrollo del megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras. 

 

¿Cómo compró la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez una serie de parcelas de tierra que tenían que destinarse a fines agrarios según la ley? La manipulación de su círculo cercano y la intermediación de funcionarios corruptos del gobierno anterior, y aliados políticos en el actual gobierno, lo facilitaron.


El guardia de seguridad que ayudó a construir un emporio minero


Allan Edgardo Escobar Navarro, nacido en 1989, aparece en el Sistema Nacional de la Administración de la Propiedad de dos formas; primero, en 2018, en la compra de una propiedad ubicada en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, su ocupación es descrita como guardia de seguridad, con residencia también en San Pedro Sula. En la constitución de la hipoteca valorada en 645,000 lempiras para la compra de esa propiedad aparece Lenir Pérez como aval solidario del préstamo, sugiriendo una relación de alta confianza entre ambos sujetos.

 

En segunda instancia, Navarro aparece en documentos de cinco propiedades que le adjudicó el INA en octubre de 2021, en el marco de la reforma agraria, y que luego vendió de forma irregular a Inversiones Los Pinares en abril de 2022, registrado como un agricultor con residencia en Tocoa, Colón. 

 

Uno de los requisitos que Navarro tenía que cumplir para adquirir las tierras bajo la ley agraria es que la tierra debía ser utilizada exclusivamente para fines agrícolas; sin embargo, cuando Navarro se hizo acreedor de las cinco parcelas, la vegetación de dos de ellas había sido completamente eliminada, y en el resto se había despejado parcialmente, lo que indicaría que las parcelas se adjudicaron a Navarro en violación de la legislación pertinente. 

 

Finalmente, Navarro compró estas tierras al INA por un total de 686,657 lempiras, y tan solo seis meses después recibió 22.1 millones de lempiras al venderlas a Inversiones Los Pinares. Una diferencia de 21.4 millones de lempiras  en el valor de estas tierras, a pesar de que en las mismas no había mejoras visibles ni se reportaron construcciones ante el Instituto de la Propiedad (IP).

Parcelas de tierra adjudicadas por el INA en favor de Allan Navarro en enero de 2021.

La forma en la que Navarro logró obtener estas tierras, sin cumplir los requisitos necesarios según la ley, tiene que ver con las personas que estuvieron tras la gestión legal del proceso. La transacción –en la que supuestamente la empresa no tenía nada que ver– fue presentada por Jorge Luis Ramos Navarro, quien laboraba para Inversiones Los Pinares, y en noviembre de 2023 fue requerido por la Secretaría de Desarrollo Económico como apoderado legal de la empresa.

 

Luego, la transacción de adjudicación entre las autoridades del INA y Navarro fue realizada en octubre de 2021 ante los servicios notariales de Ilsa Lorena Torres Matamoros, quien en ese entonces era candidata a diputada por el Congreso Nacional en el departamento de Atlántida por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Luego, en 2022, la abogada Ilsa Torres aspiró sin éxito a convertirse en magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y ahora forma parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras.

 

En 2021, cuando fue candidata al Congreso, Torres Matamoros también fue parte de la plataforma «A quién elijo» de Contracorriente, en donde respondió que algunas de sus prioridades en el plan de gobierno eran el medio ambiente, parques y zonas verdes, y el ordenamiento territorial. Además, se posicionó en contra de la minería en las condiciones en las que se encontraba en ese momento, y que hasta el momento no han cambiado.

 

Sin embargo, la pieza más importante en esa transacción fue Ramón Lara Bueso, entonces titular del INA, institución que debía velar por la legalidad del proceso de adjudicación verificando que Navarro cumpliera con los requisitos establecidos en la ley. Ramón Lara firmó la escritura en la cual el Instituto Nacional Agrario autorizó la adjudicación de las parcelas de tierra en favor de Navarro.

 

Ramón Lara fue nombrado en 2015 como director del Instituto Nacional Agrario, y en junio de 2018 fue acusado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) por presuntamente ser parte de una red de corrupción que desvió más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

 

La investigación reveló que una red criminal en la que estaban involucrados diputados, políticos, funcionarios y exfuncionarios públicos drenaron el dinero para su uso personal y financiar campañas políticas. En el caso de Ramón Lara, el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público le acusó del delito de lavado de activos porque supuestamente recibió sin justificación casi seis millones de lempiras de la Fundación Todos Somos Honduras. Finalmente, en agosto de 2020, el exfuncionario, junto con otras 22 personas, recibió el sobreseimiento definitivo por parte de la Corte de Apelaciones del Poder Judicial. 

 

Ramón Lara Bueso fue alcalde del municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, y en 2013 fue coordinador de la campaña electoral del expresidente Juan Orlando Hernández en esa región. Ahora, tras las acusaciones de las que salió bien librado, sigue dedicándose al negocio de la producción y exportación del café, y desde 2023 abrió el hotel La Casa de Don Juan en Las Vegas.

 

Sobre su responsabilidad en la venta de las tierras, en una entrevista vía teléfono con Contracorriente, el exministro del INA aseguró que no recordaba la adjudicación en específico, pero que «la zona del Aguán es una zona de mucho conflicto» y que «siempre hay reacciones cuando suceden este tipo de decisiones». Además, a pesar de que su nombre aparece en la adjudicación que se hizo ante la notaría pública, se excusó diciendo que dio la autorización considerando que ya había pasado por todos los filtros de la oficina regional del INA, la Secretaría General y el Departamento de Titulación.

 

Respecto a la prohibición de usar la tierra para actividades no agrarias, ya sea por parte de la persona adjudicataria o de la empresa compradora, Ramón Lara Bueso afirmó que, tras la adjudicación, el INA pierde la capacidad de monitorear si las tierras son vendidas a terceros y qué destino se les da. Sin embargo, destacó que el IP «debería verificar» que el comprador siempre destine las tierras a los propósitos establecidos en la reforma agraria. Además, reconoció que, aunque el objetivo de la reforma agraria es garantizar la seguridad alimentaria en el país, en el INA se han emitido títulos en favor de empresas generadoras de energía, por ejemplo.

 

Sobre la responsabilidad del IP de verificar que la empresa compradora mantenga la vocación agrícola de la tierra, Onil Toledo, quien se desempeñó como director de regularización predial en el Instituto de la Propiedad durante el período en que Inversiones Los Pinares compró las tierras a Navarro, aseguró que la titulación de estas parcelas carecía de limitantes de dominio. Por esta razón, el registrador era incapaz de identificar si la tierra formaba parte de la reforma agraria y tenía que destinarse exclusivamente a dicho sector.

 

Otra de las irregularidades identificadas en la adjudicación de estas tierras es que en 2017, previo a que esta transacción se concretara, Inversiones Los Pinares incluyó tres de las parcelas que luego el INA adjudicó a Navarro en una evaluación de impacto ambiental, con el fin de solicitar un permiso para una planta peletizadora que es parte del megaproyecto minero. Además, según las imágenes satelitales, en enero de 2022 Inversiones Los Pinares construyó dos edificios en los terrenos recién adquiridos por Navarro, sin ser de propiedad de la empresa hasta ese momento.

 

¿Cómo logra una empresa construir en tierras que no son de su propiedad? Además del acompañamiento que dio el apoderado legal de Los Pinares a Navarro en sus transacciones ante el INA, otra razón podría ser la confianza que tenía con Lenir Pérez, quien fue su aval en la compra de la propiedad ubicada en San Pedro Sula.

 

Antes de estas transacciones, en julio de 2017, Navarro también presentó documentos en nombre de Grupo Empresas Corporativas S. A, –en el que Lenir Pérez es socio y fungió como representante y presidente del Consejo de Administración hasta febrero de 2024– para la compra de la isla Bell’s Cay, ubicada en Islas de la Bahía, por un monto de 800 mil dólares. Es decir, Allan Navarro y Lenir Pérez mantenían una relación de intercambio de favores al menos desde 2017.

 

Uno de los requisitos legales para las personas que desean comprar tierras al INA es que su ocupación habitual sea el trabajo agrícola; sin embargo, la contradicción entre las dos ocupaciones de Navarro según los registros –la de guardia de seguridad y agricultor–, no deja claro si ese era otro factor de ilegalidad para adjudicar esas parcelas, que finalmente cayeron en manos de Inversiones Los Pinares.

 

Contracorriente buscó referencias de Allan Navarro consultando con autoridades municipales, miembros de organizaciones de sociedad civil, miembros del movimiento campesino y personas de la comunidad; sin embargo, nadie dijo conocerlo de ninguna forma.

Cabildo abierto para socializar y aprobar el proyecto de generación de energía de la Planta Ecotek, del Grupo Emco, en el Instituto Froylán Turcios. Tocoa, Colón, diciembre de 2023. Foto CC / Fernando Destephen.

Las relaciones de Lenir Pérez con el actual gobierno que permitieron la compra de las parcelas

 

El 16 de noviembre de 2023, la Secretaría de Desarrollo Económico envió una notificación al apoderado legal de Inversiones Los Pinares, Jorge Luis Ramos Navarro, para que la empresa diera una explicación sobre la ausencia de exportaciones, y la forma en la que obtienen ingresos para el pago de empleados, ya que «no tienen exportaciones y tampoco reportan ingresos por ventas». La pregunta que planteó esa notificación era importante: ¿cómo paga salarios Inversiones Los Pinares si no está generando ingresos? 

 

Inversiones Los Pinares es una empresa hondureña que forma parte del conglomerado empresarial Grupo EMCO, propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, y que hasta enero de 2024 mantuvo una concesión para la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

 

Pero los cuestionamientos sobre las actividades de esta empresa no son nuevos. Los señalamientos han ido desde la manipulación de la institucionalidad, por sus relaciones con políticos de diversos gobiernos, hasta la violencia generada en las comunidades cercanas al proyecto y la promoción de la criminalización de defensores y defensoras del ambiente. 

 

Ahora, con esta nueva denuncia presentada por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, se abre un capítulo más de irregularidades perpetradas por esta empresa. 

 

Según lo estipulado en la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, Navarro no podía vender las propiedades que el INA le adjudicó si el comprador no era agricultor ni utilizaría la tierra para la agricultura. A pesar de eso, el 2 de abril del 2022, Navarro vendió las cinco parcelas, con un área total de 74 hectáreas, que había recibido sólo seis meses antes, a la empresa minera Inversiones Los Pinares, por un monto total de 22.1 millones de lempiras.

 

Los beneficiarios de las tierras del INA, según la ley, también tienen la obligación de asegurarse de que se utilice para la explotación agrícola y asegurar el uso racional de los recursos naturales, aspectos que estarían lejos de cumplirse al instalar un proyecto minero que tiene como objetivo la extracción de acero en un parque nacional. Además, según el artículo 70 de esa ley, el registrador del Instituto de la Propiedad debía verificar que las condiciones para la venta de las parcelas se cumplieran para poder registrar la venta. 

 

Otra vez, las influencias de Pérez en el Instituto de la Propiedad podrían ayudar a explicar la forma en que se logró registrar esta transacción al margen de la ley.

 

Tras la adjudicación de las tierras del INA en favor de Navarro en octubre de 2021, en Honduras se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que resultó ganadora Xiomara Castro, del Partido Libre, quien amenazó con la revisión de las irregularidades en contratos de otras empresas de Lenir Pérez y aseguró que acabaría con la minería a cielo abierto en el país. 

 

Lo que parecía un escenario complejo para Pérez terminó siendo matizado por el poder político que adquirieron algunos de los colaboradores en sus negocios. Por ejemplo, Tomás Vaquero fue nombrado titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Vaquero es socio y esposo de la abogada y notaria Lourdes Pamela Blanco, quien desde junio de 2020 ha ofrecido sus servicios profesionales a más de una decena de empresas del grupo que lidera el empresario Lenir Pérez. Vaquero también integró el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad (IP), institución cuya aprobación se requería para que se concretara la compra de las parcelas de tierra entre Navarro e Inversiones Los Pinares.

 

El pasado 30 de mayo de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció una intervención en el IP, tras descubrir supuestas irregularidades en más de 1,000 millones de lempiras erogados entre el 15 de junio de 2022 y julio de 2023, que no pasaban por el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi). Además, aseguró que existen denuncias sobre inscripciones ilegales de terrenos y vehículos, por lo que harían una auditoría de los fondos; en consecuencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegó a las instalaciones de la institución a secuestrar documentación y tomar declaraciones.

 

Además de las tierras que Inversiones Los Pinares le compró a Navarro, entre 2017 y 2022 la empresa compró siete parcelas más de tierra, adquiridas previamente por siete diferentes propietarios ante el INA entre junio de 1993 y julio de 2017. Bajo las mismas condiciones que las otras cinco parcelas, Inversiones Los Pinares pagó 72.6 millones de lempiras por 90.2 hectáreas. En este caso, al menos una de las parcelas ya había sido incluida por la empresa como parte de una evaluación ambiental.

 

Ahora, el megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares se encuentra en incertidumbre, ya que el 6 de mayo de 2024 se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto legislativo que recupera el estatus de área protegida del parque. Con la publicación de este decreto, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Ingeominh) quedaría inhabilitado para otorgar la solicitud de Inversiones Los Pinares para ampliar la licitación para la explotación minera en ese territorio. 

Así se ve la estructura de la empresa Ecotek, que aún no comienza a procesar el ácido de hierro. Se encuentra a 50 metros del Río Guapinol y a poco menos de un kilómetro de la comunidad del mismo nombre. Guapinol, 12 de agosto. Foto CC/Fernando Destephen.

Los miembros del Comité Municipal exigen que se deduzca responsabilidad penal por la complicidad de instituciones e individuos en la autorización de este proyecto minero, que ha causado graves daños sociales y ambientales a las comunidades. Anteriormente, la ATIC anunció en un comunicado que estaban llevando a cabo investigaciones en el edificio de la alcaldía municipal de Tocoa y en las oficinas del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), para determinar si se habían cometido una serie de delitos relacionados con la explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales, contaminación del recurso hídrico y abuso de autoridad, en perjuicio de patronatos comunitarios y organizaciones defensoras del medio ambiente en la zona.

 

Según la información del Ministerio Público, esas tareas se suman a dos líneas de investigación más en contra de Inversiones Los Pinares S. A. de C. V., que según el comunicado del ente investigador, «presuntamente ha afectado a 14 comunidades que habitan alrededor del proyecto». Además, información a la que tuvo acceso Contracorriente en enero de 2024 indica que hay un requerimiento fiscal pendiente de presentar contra el empresario Lenir Pérez.

 

Previo a estas acciones por parte de la fiscalía hondureña, el 28 de abril de 2023, el FBI allanó un gran complejo ecuestre valorado en 10 millones de dólares en Palm Beach, Florida, que había sido adquirido por Pérez. El abogado del empresario afirmó que el FBI no estaba apuntando a Pérez, sino a Nucor, una de las mayores compañías siderúrgicas del mundo, pero no ofreció información adicional sobre el caso.


Contracorriente buscó a Erick Spears, representante legal de Lenir Pérez, pero no hubo respuesta a las llamadas y mensajes de este medio. También se contactó a las personas que han estado a cargo de sus relaciones públicas; sin embargo, aseguraron que ya no trabajan para el conglomerado empresarial liderado por Pérez.

Fe de erratas: En la versión original de este texto se mencionó que en 2021 la abogada Ilsa Lorena Torres era diputada del Congreso Nacional; sin embargo, en 2021 era candidata a diputada por el Partido Libre y finalmente no resultó electa.

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Fernando Silva, es periodista de investigación. Su trabajo se enfoca en cubrir temas de corrupción, estructuras de poder, extractivismo, desplazamiento forzado y migración. También es realizador audiovisual y ha trabajado desde hace media decada en ese ambito con organizaciones que defienden derechos humanos e instituciones de desarrollo en el país. En 2019 egresó del Curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Columbia y ese mismo año fue parte de Transnacionales de la Fe, que en 2020 ganó el premio Ortega y Gasset a mejor investigación periodística otorgado por diario El País de España. Es fellow de la International Women Media Foundation (IWMF).
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Fernando Destephen 1985 Tegucigalpa, Honduras. Fotoperiodista y contador de historias.
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Directora de Contra Corriente Periodista, artista y documentalista. Amante del cine, la música y la literatura. Cofundadora de Contra Corriente.
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