El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Texto: Jennifer Ávila y Danielle Mackey
Colaboraron con este artículo Gerardo Reyes, director de Univision Investiga y María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Ilustración por Miguel Méndez.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras.
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar.
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
Por este tipo de concesión minera, según el artículo 56 de la nueva ley minera de 2013, las empresas deberán pagar anualmente el equivalente a cincuenta centavos de dólar por hectárea para explorar y dos dólares anuales por hectárea por explotar el mineral. Esto significa que desde que empezó la exploración en 2013, Inversiones Los Pinares ha debido desembolsar 100 dólares por año, y solo deberá pagar 400 dólares anuales cuando comience a explotar su mina. Por ser más grande su concesión, el canon de La Victoria -cuya concesión va hasta 2023- será un poco mayor, unos 500 dólares anuales. Adicionalmente, las dos tendrán que pagar regalías sobre la producción de óxido de hierro, al municipio, a la autoridad minera y una tasa de seguridad que sumados dan 2.5% sobre el valor exportado (FOB) o en planta, según sea el caso.
El hierro y la resistencia
Además de la rápida reducción del área protegida del parque natural que permitió la explotación del mineral, detrás de estas concesiones hay varios conflictos socio-ambientales. En 2016, cuando la Minera La Victoria empezó su proyecto exploratorio en Atlántida, las comunidades vecinas salieron a protestar por los daños que, según ellos, esta mina causaría y la empresa paró el desarrollo del proyecto hasta la actualidad.
Ese mismo año, el conflicto se mudó a Tocoa en el departamento de Colón, donde según la base de datos de Ingeomin, el Estado había otorgado 39 licencias de minería entre 2015 y 2020. De estas sólo hay ocho activas en la actualidad y las 31 restantes caducaron. Cuando la gente del pueblo de Guapinol, en ese municipio, se enteró de que una minera había obtenido una concesión para explotar una de esas licencias, decenas de habitantes salieron a protestar. Temían que las minas les afectaran los ríos que los surten y además denunciaban irregularidades graves en los procesos de autorización de las concesiones.
Organizados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentaron ante la Alcaldía desde 2017, cinco solicitudes de cabildo abierto para que la comunidad pudiera decidir si quería o no minería en el sector. Hicieron recolectas de firmas, plantones frente a la alcaldía y bloquearon vías, sin éxito.
Después de que en 2018 Inversiones Los Pinares comenzara a construir la carretera para tener acceso a la montaña de Botaderos, la comunidad vio que el agua del río Guapinol se enlodó y no podían usarla. En agosto de ese año, montaron un campamento que durante dos meses bloqueó el camino que Inversiones Los Pinares estaba construyendo.
Según Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonso Rodríguez de Tocoa, la protesta es a favor de la naturaleza, porque «es la vida (…) aquí, en estas tierras han vivido nuestras abuelas y abuelos. Defendemos ese legado y nuestro derecho a no ser desplazadas y migrar a otros países, ese derecho a quedarnos y a vivir en armonía con la madre tierra como lo hemos hecho hasta antes que estas empresas vinieran a generar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
Según datos de Inversiones Ecotek, la dueña de la peletizadora, el 79 por ciento de las comunidades vecinas que consultó “están de acuerdo y ven de manera favorable el proyecto, mientras un 7 por ciento no está de acuerdo y un 14 por ciento le es indiferente la presencia de este proyecto en la zona.
Pérez dice que es perseguido por organizaciones de izquierda que llevan a los visitantes a la zona “y ponen a las señoras a llorar’’ para hacer publicidad en su contra. “Somos víctimas de una historia que no existe’’, afirmó.
Por su parte, la empresa estadounidense dijo que «aunque salieron de la inversión, Nucor está convencido de que el proyecto ofrecerá una oportunidad a la población de Honduras para conseguir trabajos significativos de largo plazo y alta calidad bajo condiciones social y ambientalmente responsable».
Disturbios y acusaciones
El bloqueo a una calle y el intento del personal de la mina por despejarla causó una primera confrontación entre cientos de pobladores y la empresa el 7 de septiembre de 2018. Varios pobladores salieron golpeados y una persona fue herida de bala.
Según el expediente judicial del caso, los manifestantes retuvieron entre tres y cinco horas a Santos Corea, jefe de seguridad de la minera, mientras quemaban un contenedor y destruían un vehículo. El 27 de octubre, miembros de la policía y del Ejército desalojaron a los manifestantes del campamento de la carretera. Los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad continuaron los días siguientes y el 29 de octubre dos militares murieron por fuego cruzado. No hay investigación judicial formal por las muertes ocurridas en esos días, pero la compañía minera denunció a los manifestantes y el Ministerio Público procesó a 32 de ellos por diversos delitos relacionados con el altercado del 7 de septiembre. Entre los acusados se encontraban cuatro delegados de la parroquia católica de Tocoa y un empleado de la Fundación San Alonso.
En 2019, doce de los ambientalistas demandados se presentaron voluntariamente ante las autoridades para afrontar cargos de usurpación, privación injusta de la libertad, asociación ilícita, robo e incendio agravados contra la empresa. La Fiscalía basó su acusación en un informe de inteligencia policial que asegura que 51 personas estuvieron involucradas en la actividad delictiva en contra de la compañía y que al menos otras 300 las habrían apoyado. Según la Fiscalía, la Policía informó que una organización delictiva a la que llamó “Los Antimineros” planeó esas acciones.
Los líderes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, que han sido los más expuestos en este proceso, señalan incongruencias en la demanda de la empresa. Por ejemplo, uno de los acusados, Juan López, no había estado en el altercado del 7 de septiembre pues ese día se encontraba escribiendo un comunicado en la sede de la Fundación San Alonso Rodríguez, la organización cívica donde trabaja. Asimismo, dicen los líderes que otro de los acusados, Antonio Martínez Ramos, murió en 2015, es decir, tres años antes de que ocurrieran los hechos.
«Podemos ver claramente requerimientos contra personas que no estaban en el lugar, otra persona que había fallecido antes de este conflicto, otras que nunca participaron en la protesta ciudadana», dice Esquivel de la Fundación San Alonso Rodríguez, quien también está en el Comité Municipal.
Dijo además Esquivel que «no ha habido respuesta alguna a las decenas de denuncias ciudadanas por posible corrupción en el otorgamiento de las concesiones».
Al respecto, Lenir Pérez sostuvo que la identificación de los acusados y sus acciones es responsabilidad de la Fiscalía que es la parte acusadora.
Actualmente aún hay ocho personas en prisión preventiva, otras cinco que ya fueron liberadas (entre ellas, Juan López) pero continúan enfrentando el proceso, la justicia retiró los cargos contra siete más y nueve están prófugos. Dos de los acusados fueron asesinados: Roberto Argueta Tejada en agosto de 2019 y Arnold Morazán Erazo en octubre de 2020.
El empresario Lenir Pérez dijo en la entrevista que garantiza que no ha habido agresión alguna del lado de su empresa «pongo carta abierta para que destruya mi nombre, si le miento», dijo. También aseguró que Morazán Erazo había comenzado a trabajar en proyectos de beneficio comunitario que la empresa estaba entregando en Guapinol y que estaba organizando un plan para sacar a los actuales líderes del patronato (organización comunitaria). Pérez sostiene que han sido asesinados nueve empleados y colaboradores de la minera.
Las peores amenazas de seguridad, agregó el empresario, se enfilaron contra los defensores del proyecto y asegura que fueron orquestadas por sacerdotes jesuitas, la Fundación San Alonso, y todo su engranaje.
«Yo cierro la mina y sigo con mis negocios», dijo Pérez, «pero ellos pierden la oportunidad de desarrollarse y no es una sola persona sino todo mundo». Por eso, dijo, salió Nucor, y Honduras perdió una gran oportunidad de inversión.
«Patrón de violencia»
Después de haber estudiado el trasfondo jurídico del conflicto, la Clínica jurídica de derechos humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, publicó un informe en el que pidió la liberación de los ambientalistas encarcelados.
«Esta causa [la que lleva el Estado contra los manifestantes] sigue un patrón de violencia, acoso e intimidación hacia los defensores de los derechos humanos en Honduras», dice su informe publicado el 31 de agosto de 2020. Más adelante sostiene que la criminalización de los líderes comunitarios «ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses económicos por encima de los derechos humanos y su voluntad de atacar la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica de los ciudadanos».
Los académicos concluyeron que la actuación del gobierno de Honduras incluye medidas «potencialmente ilegales» porque, como explicaron, podría estar violando la legislación internacional de Derechos Civiles que garantiza el derecho de apelar una detención.
Además, cuestionaron que el Estado esté aplicando leyes que usa para desarticular al crimen organizado como herramienta para enfrentar la legítima protesta ciudadana.
Pérez, quien está en el centro de la atención en Honduras en los últimos meses por haberse ganado el contrato de construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar estadounidense Palmerola, asegura que él sólo pidió que procesaran a quienes asaltaron y quemaron las propiedades de la mina.
«Si yo voy a quemar su casa, secuestro a su familia, eso es un delito», dijo Pérez.
Ana Isabel Facussé, su esposa y socia en todas sus empresas, es hija del fallecido Miguel Facussé, prominente empresario de la palma africana descrito en un obituario publicado en Los Angeles Times como un «despiadado magnate hondureño».
Los activistas que se oponen a la minería en el parque nacional se basan además en los estudios que han hecho las autoridades hondureñas sobre el daño que la minería puede causar a esta zona protegida. El Plan de Manejo aprobado por el ICF destaca la riqueza de biodiversidad del parque y cómo ésta ha sido afectada por actividades como la exploración minera, la agricultura extensiva y la presencia de grupos criminales que han utilizado esta zona para la ganadería y cultivos ilegales.
«La actividad minera como tal no es mala, sino la intensidad con que se realice y si se hace en zonas frágiles como en un área protegida o en una zona núcleo, sí es mala aún si la intensidad es baja», dijo un experto que trabajó en el departamento de Vida Silvestre del ICF, el mismo que en 2014 había declarado no factible el proyecto minero en zona protegida. «Lo que se ventiló en el Congreso de reducir el parque o cerrar la zona núcleo no era lo más prudente porque estamos disminuyendo las zonas de conservación».
Ejercer la defensa del medio ambiente en Honduras es un oficio peligroso. En este país se han registrado al menos 685 actos violentos contra defensores ambientales y de la tierra desde 2009, cifra sólo superada en la región por Brasil y de lejos la más alta al ajustarla al número de habitantes, según documentó este año la investigación periodística Tierra de Resistentes en la que participaron Contracorriente y CLIP.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos fue honrado en 2019 con el prestigioso premio Letelier-Moffitt Human Rights Award en Washington, DC. También quedaron finalistas este año del Premio Sakharov a la Libertad de Pensamiento, que el Parlamento Europeo le ha otorgado a Nelson Mandela y Malala Yousafzai, entre otras figuras pacifistas.
Un grupo de 39 parlamentarios del Parlamento Europeo envió una carta protestando por la detención preventiva de varios líderes de Guapinol. «Ahora los defensores de derechos humanos han pasado más de un año en prisión preventiva sin ninguna justificación legal sólida y la criminalización con la cual se enfrentan ellos y sus comunidades se ha incrementado», dijeron los parlamentarios. Altos funcionarios de la OEA y la ONU hicieron eco de la misma preocupación.
«Creo que es fundamental que la gente se cuestione por qué hay ocho personas todavía en la cárcel por defender un derecho tan fundamental como el derecho al agua», dice el eurodiputado español Miguel Urbán Crespo, quien forma parte de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
El empresario Lenir Pérez, ante las preocupaciones internacionales, dice que el problema es que hay una estructura montada con una capacidad grande de convencer al padrinazgo internacional de toda «una película» que no es verdad.
«Con esta estructura, todo mundo necesita una historia, con la historia crecen su perfil de ONG, vienen a Estados Unidos a dictar conferencias, reciben premios en Europa, ellos están felices por los presos porque lo que les interesa es el lío», agregó Pérez, quien aseguró que ha intentado establecer comunicación con líderes comunitarios pero que éstos se han negado.
Consultados tres dirigentes comunitarios al respecto, dijeron que no han recibido una propuesta formal de la empresa para una negociación. Una de ellas, cuyo nombre no revelamos por seguridad, dijo que sólo recibió una visita de un señor de parte de Lenir Pérez que no trabaja con la empresa, «básicamente llegó a intimidarme». Otros dijeron que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) intentó reunirlos para que negociaran con la empresa, «que aprovecharan». Pero que finalmente no lo hicieron «porque [negociar] les corresponde a las comunidades víctimas».
Nucor y Trump
En 2014, John Ferriola -el entonces CEO de Nucor- le dijo a Time Magazine que Honduras podría ser central en la estrategia de Nucor de revivir la industria del acero en Estados Unidos. Nucor produciría la peletización que, combinada con acero reciclado, mejoraría la calidad del producto y reduciría costos. Con esto, la empresa comenzaría a expandir sus operaciones de peletizado en Latinoamérica. «Cuando ves toda el área, dices ‘Oye, si alguien tiene sitio allí, allá, aquí y allá, capta el mercado’», dijo Ferriola.
A pesar de los anuncios, cuando Nucor realizó inversiones en Honduras para la explotación de la minería de hierro o la producción de acero, no lo hizo a la luz del día, sino que, subsidiarias suyas (Nucor South America y Nucor Trading) se asociaron con holdings de hondureños creados en un paraíso fiscal como Panamá.
Nucor destacó que su inversión en NE Holdings fue consistente con su compromiso de «llevar sus negocios con los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental». Además, dijo que le piden a sus proveedores y socios que mantengan esos estándares, según lo expresan varios de sus códigos.
Nucor fue un importante donante de la campaña del presidente Donald Trump en 2016 y en 2020. Por ejemplo, para las elecciones que el candidato republicano acaba de perder, un comité de acción política (PAC) asociado a la empresa donó el máximo permitido de 10 mil dólares al entonces candidato republicano, según develó Quartz. Luego, reformas del gobierno Trump para beneficiar al sector , terminaron favoreciendo a la empresa, según una investigación del New York Times. Una de las más significativas ventajas que le dio fue de tipo arancelario y favoreció a Nucor en detrimento de otras compañías estadounidenses, creando una creciente tensión dentro de la industria.
Además, Nucor aportó un millón de dólares para la realización del documental «Muerte a manos de China» de Peter Navarro, un economista que fue el principal asesor de Trump en temas de comercio, según The New York Times. El documental argumenta que China, un gran productor de acero, es una amenaza al poder económico estadounidense.
En agosto de 2017, después de que Trump se rehusara a condenar a los supremacistas blancos involucrados en una protesta en Charlottesville que dejó a una mujer muerta y a varios heridos, 11 de los 28 altos ejecutivos que integraban el Consejo de Manufactura Estadounidense renunciaron en protesta. El representante de Nucor, que forma parte de este consejo, fue uno de los que no renunció ni denunció el racismo del presidente.
«Nucor se ha beneficiado de una relación muy cercana con la Casa Blanca de Trump», dice Leonardo Valenzuela Pérez, investigador de la organización de derechos humanos Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) en Boston. «Esta administración ha favorecido medidas comerciales proteccionistas que benefician directamente a Nucor y ha denunciado las prácticas de rivales comerciales como China. Mientras tanto, Nucor parece estar hipócritamente escondiendo sus negocios fuera del país, impactando negativamente a comunidades rurales y su medioambiente».
La situación es particularmente irónica dada la obsesión de la administración de Trump por detener a los migrantes que vienen desde Centroamérica. «La brutal imposición de proyectos mineros y de generación eléctrica durante la última década ha seguido una lógica de silenciamiento de cualquier oposición, que ha incluido asesinatos y expulsión, forzando a muchas personas a migrar a los Estados Unidos», añadió Valenzuela.
En entrevista con esta colaboración, el congresista Hank Johnson, un demócrata de Georgia que ha seguido el caso de Honduras de cerca, dijo que con frecuencia las comunidades indígenas rurales y la gente pobre centroamericana sufre por estas prácticas de las empresas (refiriéndose al daño ambiental y la represión a la protesta social).
«Son forzados a dejar su tierra por estas empresas y a emprender el peregrinaje a América», explicó, y al llegar, dice el congresista, «son canalizados hacia un sistema de detención privada con ánimo de lucro».
A lo largo de 2018, el proyecto de la planta de peletización obtuvo una licencia ambiental provisional pues se consideró que la socialización del proyecto con las comunidades de influencia directa aún no estaba completa como lo exige la norma, según consta en el expediente de licencia ambiental de Ecotek. La población de Tocoa, la ciudad más grande cerca a Guapinol y demás poblaciones involucradas en el conflicto, le pidieron a la Alcaldía que declarara el municipio libre de minería y las autoridades lo aprobaron. Aun así, las construcciones no se han detenido. Pérez dijo que en 12 meses planean empezar la operación de la mina.
En septiembre de 2020, los asistentes del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos sostuvieron una reunión confidencial con tres defensores de derechos humanos hondureños, incluyendo a Juan López, como representante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, para conocer la situación de Guapinol. López fue uno del grupo contra quienes hay cargos por las protestas contra la mina, que en 2019 se presentó voluntariamente ante la justicia hondureña.
El congresista Johnson, aseguró que es importante entender el involucramiento de una gran empresa estadounidense en un negocio problemático en Honduras dentro del contexto de una relación muy cercana entre el presidente Trump y el muy cuestionado gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Explicó que el mandatario hondureño está bajo investigación en Estados Unidos, luego de que una Corte Federal condenara a su hermano por tráfico de drogas en 2019.
«Esto apunta a la depravación moral de la administración Trump que ha sellado una sociedad con este narco-estado corrupto», dijo el congresista. «La corrupción está en ambos lados».
Actualmente Honduras no tiene embajador estadounidense, pero el embajador James Nealon que estaba cuando la Corporación Nucor hizo la inversión en el proyecto, dijo a Univision Investiga que no había tenido conocimiento de dicho negocio, ni de visitas de los empresarios al país.
Cuando en 2019, Juan López aceptó el premio Letelier-Moffitt en Washington a nombre de sus colegas, recordó las palabras pronunciadas por la ambientalista Berta Cáceres cuando en 2015 ella había recibido el premio Goldman ambiental: «Despertemos humanidad, ya no hay tiempo».
