Tres generales del ejército hondureño fueron presentados como testigos por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los únicos que hablaron en favor de Hernández son sus hombres fieles: el general de brigada Tulio Armando Romero Palacios, actual asesor del Estado Mayor Conjunto; el general en condición de retiro Javier René Barrientos Alvarado; y Willy Joel Oseguera Rodas, actual asesor del Estado Mayor Presidencial. Los dos primeros fueron compañeros de Hernández en el Liceo Militar, y el último su mano derecha en las Fuerzas Especiales de Honduras. Pero estos generales tienen más vínculos que explican su rápido ascenso en las Fuerzas Armadas, su poder y lealtad militar hacia el expresidente.
Texto: Jennifer Ávila, Fernando Silva y Vienna Herrera
Con reportes de Célia Pousset
Portada: Persy Cabrera
El general levantó la mano con ímpetu, como si fuera a saludar a un superior. Firme, con rostro parco, con los labios curvados hacia abajo, como molesto, alzó la mano derecha para jurar que diría la verdad. Es la tercera semana del juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernandez, y el general Tulio Romero Palacios es presentado por la defensa de Hernández como testigo en su favor.
Romero Palacios recuerda que conoció a Juan Orlando Hernández a los 13 años de edad, cuando eran compañeros de clase en el Liceo Militar del Norte en San Pedro Sula. En esa época se hicieron amigos, y también conoció a Tony Hernández, hermano de Juan Orlando, ahora preso en Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico. El relato de Romero Palacios se entreteje entre sus recuerdos de infancia en el Liceo Militar y el alarde de sus medallas, licenciaturas y maestría. Frente al jurado conformado por ciudadanos de Estados Unidos, Romero Palacios es un condecorado militar; para el público presente, es una parte más de ese engranaje que le dio tanto poder a Hernández en Honduras.
Los caminos de Romero Palacios y Hernández se separaron por unos años. Mientras el primero siguió su carrera militar, el segundo decidió estudiar en la universidad y entrar en la carrera política. Pero la vida los juntó nuevamente en 2010, cuando Juan Orlando Hernández se convirtió en el presidente del Congreso Nacional y Romero Palacios en su edecán personal. De ahí, Romero Palacios tuvo una carrera soñada para cualquier militar: en el transcurso de 12 años ascendió aceleradamente, acompañando a Hernández como presidente del Congreso Nacional (CN), y luego como presidente de la República en dos periodos consecutivos.
Primero fue asignado como subjefe de Seguridad Especial del CN, luego pasó a ser jefe de la misma dependencia, después a ser jefe de Inteligencia de la Casa Presidencial, y finalmente terminó siendo jefe de la Guardia de Honor Presidencial en 2015, al mismo tiempo que ascendió a teniente coronel de infantería. En su fiesta de celebración por el ascenso, hasta la madre de Hernández estuvo, y en la nota de sociedad mencionan que Hernández era su «amigo de toda la vida». En apenas seis años, subió dos escalas más dentro del ejército, y pasó a ser general de brigada.
Romero Palacios dijo que nunca se le despegaba a Hernández; lo acompañó alguna vez a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) en Washington, y también en un helicóptero a las oficinas de Graneros Nacionales, del empresario Fuad Jarufe. Estos encuentros fueron mencionados anteriormente por testigos de la fiscalía para relatar como Hernández había recibido ahí dinero del narcotráfico para su campaña política, que ahí se había reunido con Geovanny Fuentes, un narco también sentenciado en Estados Unidos, y fue el lugar de reunión donde Hernández habría dicho la famosa frase que se le adjudica: «vamos a meterles la droga en las narices a los gringos».
Romero Palacios testificó que si alguien más, como Geovanny Fuentes o el contador de Jarufe hubieran estado en esa reunión, él se habría dado cuenta porque él se quedaba en la puerta de la oficina cada vez que Hernández entraba. Romero Palacios dice que vio cómo, a lo largo de los años que acompañó a Hernández, miles de personas querían tomarse foto con el presidente, y que nunca tuvo reuniones privadas con narcotraficantes, ni con Geovanny, ni con Fabio, ni con los Cachiros.
Pero, aparte de una educación militar, algunos negocios unían al exjefe de la guardia de honor con el exmandatario. Romero Palacios es presidente de Transportes y Servicios Centro Americanos, una empresa fundada en diciembre de 2016 que tiene como vicepresidente a Amílcar Hernández Hernández. Esa empresa tiene otros socios: Fernando José Ruiz Torres, actualmente gerente de Finanzas de la alcaldía de San Pedro Sula a cargo de Roberto Contreras, y Akbar Reyes Lagos, el exjefe de seguridad de la empresa minera Los Pinares, involucrada en múltiples abusos a los derechos humanos en contra de comunidades que se oponen a la explotación minera.
Romero Palacios también tiene dos empresas que comparte con exministros del gobierno de Hernández: una es Agroindustrias Firma, en la cual uno de los socios es Luis Fernando Mata Echeverrí, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Hernández. La otra es Inversiones Flora, en la que también figuran como socios Willy Joel Oseguera Rodas, otro de los testigos presentados por la defensa de JOH, y Arnaldo Castillo Figueroa, exsecretario de Desarrollo Económico de Hernández, quien también era parte del Comité para la Adopción de Mejoras Prácticas (CAMP) de las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zedes).
Ambos exministros acompañaban a Hernández en todo tipo de proyectos, y en 2019 se les vio reunidos junto a la exprimera dama Ana García, con Mario Bramnick, un pastor cubano-estadounidense fundador de la Coalición Latina por Israel (LCI), una organización evangélica sionista que incide para que políticos religiosos en América Latina reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel.
Arnaldo Castillo, además, fue socio de la empresa Ever Green, de la que Geovanny Fuentes también era socio, la empresa se constituyó en 1996 y en el año 2000 fue embargada a los socios, aunque el registro mercantil no especifica por quiénes de los socios se dio el embargo ni por qué.
Romero Palacios también estuvo involucrado en la compra de un lote de terreno en la aldea El Aguacate de El Progreso, Yoro, que hasta 2007 perteneció a Miguel Humberto Rodriguez Carrión, quien fue asesinado el 26 de febrero de 2021 en San Pedro Sula, en una masacre en la que, según medios de comunicación, personas con indumentaria policial asesinaron a seis personas más. Carrión había aparecido en un informe de la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) publicado el 22 de enero de 2013, donde se menciona como líder de la banda criminal Los Olanchanos. Además, estuvo en prisión por 16 meses entre 2017 y 2018, acusado por extorsión, asociación ilícita y atentado contra la seguridad interior del Estado.
Durante el interrogatorio, el general Romero Palacios se mostraba seguro frente a Juan Orlando, el hombre que protegió y continúa protegiendo, pero comenzó a desarmarse cuando la fiscalía le preguntó sobre la relación de este con Tony Hernández.
Primero, dijo que no eran cercanos porque Tony era bastante menor, pero que «a veces lo llamaba para aconsejarlo». La fiscalía le mostró al jurado una prueba incluida en el proceso, que contiene los chats que descargaron del teléfono de Tony al momento de su arresto. Un par de conversaciones eran entre el general Romero Palacios y Tony. En uno de ellos hay una fotografía de una pistola con un mensaje que parecía entre amigos: «Por los cambios… jajajaja», le decía Romero Palacios a Tony, quien le mostraba un arma que estaba pretendiendo adquirir. En otro mensaje, Tony le preguntaba preocupado si podía viajar a los Estados Unidos, dados los rumores que corrían sobre él, a lo que el general respondió diciendo que le preguntaría a Aldana.
Aldana es el general Carlos Roberto Aldana Zelaya, quien era entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia y secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Romero Palacios le consultó si Tony podía viajar a los Estados Unidos, y luego le respondió a Tony que sí podía hacerlo sin problemas. Aldana también fue compañero de Romero y Juan Orlando Hernández en el Liceo Militar del Norte.
Esta fue otra conversación extraída del celular de Tony, entre este y el general Romero Palacios (la transcripción es textual, incluyendo los errores ortográficos):
–Cuentas congeladas de Wilkin Santiago Montalvan.
–Líder, gracias a dios no tengo nada que ver
–Es para que veas que no es mentiras lo que te digo de las personas
–Estamos de acuerdo
–Ahora ni a las reuniones de los diputados voy.
Aun con esta evidencia, el general sostuvo que la relación con Tony no fue tan íntima.
Al final, bajó del estrado con menos ímpetu, siempre con cara molesta, pero menos rígida. En los días posteriores se sentaría en la última silla de la sala de audiencias, cuidando a Hernández con la mirada.
Las piezas clave de JOH
Continuó el desfile de los generales por la sala 26B, el penthouse de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El segundo en pasar fue Javier René Barrientos Alvarado, general de brigada en condición de retiro que en diciembre de 2023 cumplió 35 años de servicio en la Fuerza Aérea.
El general Barrientos fue compañero del expresidente en el Liceo Militar del Norte en 1983, con apenas 14 años. Barrientos se graduó de piloto de combate y volaba aviones F-5. Se formó también en el ejército estadounidense a través de un programa de la US Army University, el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Según la institución, en 2004 asistió al Curso de Comandante de Escuadrón en la Academia de la Fuerza Aérea Interamericana.
El general solamente fue interrogado con respecto a si Honduras contaba con un sistema de radares antes de 2015, a lo cual respondió que el radar ya había dado su vida útil y que, aun cuando Honduras cuenta con radares para aviones civiles, los radares militares son necesarios porque «identifican cualquier pieza metálica que vuele». En 2010, Barrientos fue asignado como jefe de seguridad en el Congreso Nacional; como subjefe estaba Romero Palacios, y como presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández; casi era una reunión estudiantil del recuerdo.
En 2016, Barrientos obtuvo la segunda posición más alta en la Fuerza Aérea, General de Brigada, y en 2019 fue nombrado comandante general de la Fuerza Aérea.
Contracorriente encontró que entre las operaciones de compra de propiedades hechas por el general se encuentran la compra de un lote de terreno en Villanueva, Cortés, a José Darío Gámez Panchamé, exgerente de la Empresa Nacional Portuaria entre 2012 y 2014, exdiputado y subcoordinador regional de campaña de Porfirio Lobo para las elecciones de 2009. Además, Barrientos le compró una propiedad en Yoro a Kenton Gerardo Landa Uclés, dueño de Velomato, una empresa que se dedica a la explotación de madera en territorio indígena tolupán.
El interrogatorio de este testigo terminó rápido; la defensa quería llegar a la conclusión de que Juan Orlando Hernández fue quien consiguió radares para Honduras en 2015, y que décadas atrás el país básicamente estaba ciego ante las avionetas que caían con la droga proveniente de Sudamérica. Pero nada de esto dijo Barrientos, quien apenas estuvo unos 20 minutos en el estrado. Hernández lo diría más tarde en su propio testimonio.
Por último subió el general Willy Joel Oseguera, quien actualmente es asesor del Estado Mayor presidencial. Él no fue compañero liceísta de los demás, pero tiene vínculos familiares con ellos. Su esposa Gladys Arita Castañeda es hermana de Meyvys Arita Castañeda, la esposa del general que testificó primero, Tulio Romero Palacios. Por eso no es extraño que, como previamente se mencionó, compartan la empresa Inversiones Flora.
Oseguera Castañeda estuvo asignado al Batallón de Fuerzas Especiales en el Aguán entre 2015 y 2016, y entre 2020 y 2021 fue el Comandante General de la Policía Militar del Orden Público (PMOP); bajo su mando estaba la fuerza militar que llevaba al jefe de la Mara Salvatrucha (MS-13), El Porky, a los juzgados de El Progreso, Yoro, cuando un comando de hombres llegó a rescatarlo y liberarlo. Oseguera Castañeda, lejos de ser sancionado o investigado por este hecho, fue ascendido a general en 2020 y nombrado comandante general del ejército en diciembre de 2021, a pocos días del cambio del gobierno; por esta circunstancia solo duró 45 días en el cargo y ahora es asesor.
Pero Oseguera dice ante el jurado neoyorkino que él fue el primero en su clase, que obtuvo como premio visitar WestPoint, que participó en la operación «Libertad Irak» y que en Honduras lideró fuerzas especiales de lucha contra el narcotráfico, como cuando lideró el 15 Batallón en Colón, que buscaba «pistas de aterrizaje clandestinas, plantaciones de coca y los remanentes del cártel que antes controlaba la zona».
Según información de organizaciones de derechos humanos en Colón, el 15 Batallón de Fuerzas Especiales en el Aguán ha estado involucrado en múltiples abusos a los derechos humanos contra campesinos. Por ejemplo, responsabilizan a esta unidad de la destrucción y quema de más de 100 viviendas de campesinos de ocho cooperativas en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, en 2011.
Además, en un documento sobre la situación de derechos humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les responsabilizan del desalojo violento de 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRCG) que se encontraban en la finca Paso Aguán en mayo de 2014. Las familias, según el informe, fueron desalojadas de forma violenta mediante el uso de gases lacrimógenos, varios de los campesinos resultaron heridos y siete fueron detenidos, entre los que se encontraban dos líderes campesinos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
Oseguera, cuando fue comandante de la PMOP en 2020, durante la Pandemia por Covid-19, fue quien autorizó y firmó órdenes de adquisiciones hechas por las Fuerzas Armadas, en las que Contracorriente encontró que hubo irregularidades en las compras de insumos y medicamentos; algunas compras las hicieron a empresas de familiares de militares. La Secretaría de Finanzas omitió en la rendición de cuentas el presupuesto ejecutado por las FF. AA. cuando el gobierno creó un portal de transparencia para la pandemia por Covid-19.
Al finalizar su testimonio, Oseguera también aseguró que Hernández nunca le ordenó no investigar a Los Cachiros; justificó que no se les arrestó en Honduras porque eso no permitiría su extradición, al igual que pasó con Ardón. La fiscalía no hizo contrainterrogatorio, y el general se ubicó al final de la sala, junto a Tulio Romero Palacios, firmes para ver pasar al expresidente Hernández, el último soldado en hablar en ese estrado.
Respuesta de las FF. AA.
El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha buscado desmarcarse de la decisión de los generales Oseguera y Romero Palacios de brindar testimonio en Estados Unidos en favor del expresidente Hernández.
En un comunicado del 4 de marzo de 2023, el Estado Mayor anunció que los oficiales en activo «no realizaron el procedimiento para salir del país que establecen las leyes»; además, apuntaron que estas acciones son ilegales y que llevarán el caso a los juzgados de primera instancia militar.
Una fuente que formó parte de las Fuerzas Armadas explicó a Contracorriente que el deber del general Roosevelt Hernández, como jefe del Estado Mayor Conjunto, será poner a disposición de las autoridades militares a Palacios y Oseguera, ya que ambos se encuentran en condición de disponibilidad, es decir, no tienen una asignación y por eso se les nombra como asesores, para que sigan percibiendo un salario. La fuente asegura que podrían darles de baja definitivamente si el juzgado militar lo decide así.
Dicha fuente también aseguró que Oseguera, Romero Palacios y Barrientos fueron objeto de críticas a lo interno de la institución castrense, donde habría circulado una información que los relacionaba con malversación de caudales públicos y lavado de dinero.
«El principal problema es la contaminación política en las Fuerzas Armadas. La idea de ellos al formar parte del círculo cercano de Hernández era llegar a cargos acelerando los procesos y obviando requisitos. Los políticos se beneficiaron teniendo el control de las instituciones y que quienes están cerca sirvan a sus intereses», indicó la fuente.
También explicó que las asignaciones en las Fuerzas Armadas duran un máximo de tres años, y que en el caso de Romero Palacios estuvo asignado a Juan Orlando Hernandez durante 12 años, obviando los reglamentos internos de la institución. Ese tipo de omisiones al reglamento fueron comunes para el círculo de militares cercanos al expresidente y explican la lealtad que le guardan, como quedó demostrado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Nota: En la primera versión de esta nota, escribimos que Amilcar Hernández Hernández era hermano de Juan Orlando Hernández, sin embargo no pudimos confirmar su relación familiar.
