Por Jennifer Avila
El 20 de junio la cárcel de mujeres en Honduras ardió en llamas. Era la primera vez que la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) protagonizaba una tragedia como esta, a pesar de que en el sistema penitenciario hondureño ya las masacres e incendios han cobrado la vida de más de 800 privados de libertad. Pero nunca habían sido mujeres las víctimas. Cuarenta y seis mujeres privadas de libertad, presas en una cárcel sobrepoblada y descuidada, murieron quemadas durante el gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras.
La viceministra de asuntos policiales, Julissa Villanueva, me dijo semanas después, que ella había propuesto intervenir PNFAS primero, convertirla en una cárcel modelo porque ese era el mensaje que debía dar la presidenta, que ella trabaja por las mujeres. Pero no fue así, PNFAS nunca fue una prioridad y sucedió esta tragedia que parecía ya anunciada después de que varias organizaciones denunciaran que allí adentro ya sonaban las amenazas.
Pero Honduras ha vivido una serie de hechos violentos en donde las mujeres han sido revictimizadas y la presidenta ha respondido con la «mano dura» que ya conocemos por décadas de gobiernos liderados por hombres y militares.
La presidenta decretó un estado de excepción por el aumento de las denuncias por extorsiones en el país, a pesar de que su retórica era que los homicidios habían disminuido y que la policía estaba siendo fortalecida en un proceso de desmilitarización de la seguridad pública. Desde hace varios años las autoridades han determinado que la extorsión es un delito que muy pocas personas denuncian y que hay múltiples bandas e individuos que lo ejecutan, algunas pandillas aun viven de la extorsión pero no son las mayoritarias, otras personas extorsionan desde la cárcel y otras son personas conocidas de las víctimas. El gobierno de Juan Orlando Hernández incluso creó una Fuerza Nacional Antiextorsión que después se convirtió en Fuerza Nacional Anti maras y Pandillas y ahora Xiomara Castro ha renombrado a Dirección Policial Anti maras, Pandillas y Crimen Organizado (DIPAMPCO). Todas con las mismas estrategias y un número mayor de letras.
A pesar del estado de excepción, las crisis de Honduras siempre estallaron. El Ministerio Público, el ente principal de investigación criminal del país estuvo en huelga, también el instituto de Medicina Forense. Por once semanas estas instituciones decidieron no recibir denuncias, y lo más macabro, no levantar cadáveres producto de homicidios ni realizar autopsias. Si la mora en investigación era ya enorme en Honduras, con un índice de impunidad de casi 90%, después de esto la situación empeoró. En medio de esta crisis, una mujer, Ana, murió en su casa. Supuestamente se suicidó, pero los familiares notaron pistas que podrían llevar a descubrir que realmente fue víctima de un femicidio. Su pareja, un militar, fue capturado por portación ilegal de armas y municiones y rápidamente fue liberado, porque sin autopsia, no se pudo determinar si Ana había muerto por un disparo autoinfligido o si fue una muerte femicida.
Hubo protestas de sus familiares, no hubo autopsia, tampoco reacción de la presidenta. Antes, durante y después de este hecho, ocurrieron más muertes violentas de mujeres. En lo que va del gobierno de Xiomara Castro, entre 2022 y lo que va de 2023, han sido asesinadas 556 mujeres, según el observatorio de la violencia del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Después de la masacre en la cárcel en junio, hubo otra muerte que impactó a la gente en Honduras, pero también sacó el morbo y la misoginia a la que está acostumbrado este pueblo. En plena mañana de sábado, en una panadería de San Pedro Sula, fue asesinada Ericka Bandy, la viuda del narcotraficante Magdaleno Meza, quien había sido asesinado años atrás en una cárcel de máxima seguridad en Honduras. La llegaron a matar unos hombres vestidos como policías de la DIPAMPCO, y la cámaras de la panadería grabaron todo, los disparos de los fusiles de asalto contra la cara de Ericka. El video circuló sin censuras, y pocas horas después, también circuló la imagen de su cuerpo desnudo y muerto sobre una camilla en Medicina Forense. Muchos dijeron que se lo merecía, nadie lo condenó. Pero la presidenta decretó toque de queda en esa ciudad, uno que iniciaría cuando terminara la feria patronal, para no interrumpirla, así que comenzó una semana después del asesinato.
La respuesta a esto: más militarización o más militares. La agenda feminista que sonó en los pequeños grupos de su base partidista a los que les interesaba algo del tema, se esfumó.
La reacción de la presidenta Xiomara Castro ante estos hechos, trayéndonos de regreso la misma receta de siempre, la mano dura y la militarización, es sumisa a un sistema que ha sido diseñado para esto y es incomparable a su reacción cuando se hace crítica de su gobierno.
La preocupación por su imagen ha llevado a la presidenta Castro a atacar frontalmente a Gabriela Castellanos, con nombre y apellido, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por cuestionar el nepotismo en su gobierno. Ha catalogado a Castellanos de conspiradora así como todo lo que huela a una sociedad civil que ella no acepta porque no es parte de su partido — no importa si la mayoría de organizaciones están lideradas por mujeres—.
Los cuestionamientos al gobierno de Xiomara se han centrado en el protagonismo que ella ha dado a su esposo, el coordinador del partido Libre y expresidente José Manuel Zelaya, y a sus hijos, quienes son asesores y secretarios; pero también en el protagonismo de los exfuncionarios del gobierno de Zelaya, beneficiados por amnistías políticas o con puestos de asesoría en su gobierno. Uno de ellos, Marcelo Chimirri, de quien siempre se ha dicho que es familiar de la presidenta, dijo recientemente en un medio de comunicación que la campaña en contra de la presidenta por el tema del nepotismo es absurdo, porque cualquiera que no viene de una familia disfuncional va a entender que «los hijos varones son pegados a su madre y que los hijos son la culminación de la vida de las mujeres» y que eso es lo que estamos viendo en el gobierno familiar de Xiomara. También dijo que las hijas son más apegadas al padre al que idolatran y lo ven como a un héroe.
La analista feminista hondureña, Jessica Islas, decía recientemente en sus redes sociales, que preocupa la narrativa de mujeres contra mujeres que está instalando el gobierno actual. La confrontación directa de la presidenta con una representante de sociedad civil es desproporcionada, dice Jessica, y no se ve esa misma energía para combatir los problemas estructurales que afectan a las mujeres en Honduras.
Este panorama podría tomar rumbo hacia un mayor conservadurismo y restricciones para las mujeres, las reacciones y movilizaciones más grandes en Honduras las están convocando las iglesias que salen con las consignas en contra de la «ideología de género» que supuestamente la presidenta está impulsando. Y la idea de que una mujer no puede gobernar se fortalece aprovechando la coyuntura. A esto la presidenta ha reaccionado vetando la ley de educación integral, rechazada por las iglesias por ser una ley que promovía la educación sexual en un país con altos índices de violencia sexual. Y también su maquinaria de propaganda se ha esforzado por mostrarla como una presidenta que se puede apegar a valores religiosos.
Por ejemplo, tras la llegada de la película Sound of Freedom a los cines en Honduras, el hijo de la presidenta anunció que ella recibiría al exagente Timothy Ballard, un activista que organiza operaciones a nivel internacional para detener la trata de menores y en cuya vida se basa la película. Pero a nivel internacional este filme ha sido criticado, un artículo del Washington Post muestra algunas críticas en las que se acusa a «Sound of Freedom» de «distorsionar la verdad sobre la explotación infantil y atender a los teóricos de la conspiración de QAnon, algo que su distribuidor, Angel Studios, niega»; además, la estrella de la película, Jim Caviezel, ha apoyado abiertamente el movimiento extremo, sugiriendo en eventos mediáticos que una oscura camarilla internacional está secuestrando niños para consumir sus órganos». Recordemos que las fantasías de conspiración de QAnon se han relacionado con incidentes de extremismo y violencia, incluido el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos. En la última marcha «provida» que impulsaron las iglesias en Honduras, varias pancartas pedían la distribución de la película y el gobierno no solamente respondió con la autorización de la película sino que recibió a productores y al personaje en que se basó la película con bombos y platillos.
Quedan un par de años para que el gobierno de Xiomara Castro termine, pero en apenas un año y medio ha bajado más de 30 puntos en popularidad según el Latinobarómetro. Es cierto que a las mujeres se nos exige más, es cierto que ni aunque ella copie el método Bukele a Xiomara no se le medirá con la misma vara y es cierto que vivimos en un país machista, que votó por ella pensando en los hombres con los que se aliaba o los que estaban detrás de ella por sus vínculos familiares. Pero también es cierto que las soluciones para la multicrisis hondureña no pueden salir de la incoherencia política ni de la polarización promovida por un gobierno, tampoco de la idea de que una mujer puede gobernar como un hombre, con la mano dura, la violencia y los militares al lado.
