Texto: Jennifer Avila
Fotografía de portada: Martín Cálix/Archivo CC
Mientras camina por el centro militarizado de San Pedro Sula, Mariela Hernández, siente el odio que le provocan los uniformados. En diciembre un Policía Militar le disparó a su hermano, Cristian Hernández Yánez, en una protesta. Mariela, con un embarazo de más de ocho meses va camino al parque central donde un grupo de familiares y activistas exigirán justicia para los muertos de la crisis post electoral, unos muertos por los que nadie está pagando con cárcel.
«Yo cuando miro a un militar en la calle siento odio, si mis ojos fueran balas los mataría a todos», dice Mariela, quien vio morir a su hermano menor frente a la maquila donde él quería trabajar, en una protesta en la entrada a la Colonia Felipe Zelaya, sector Rivera Hernández en San Pedro Sula. En esta misma ciudad su hermano mayor fue asesinado años atrás por pandilleros que le pedían extorsión y él no quiso pagar. Ese asesinato también está en la impunidad.
La familia de Cristian tenía mucho porqué protestar aquel 13 de diciembre, después de las elecciones que dejaron como ganador al inconstitucional candidato: Juan Orlando Hernández. Pero ese día fue circunstancial; Cristian, Mariela y su esposo intentaban salir de la colonia para recoger a la madre que se había ido a trabajar, pero el bloqueo de calles le había impedido continuar la faena. Allí, en el bloqueo Cristian vio a sus amigos, bajó del carro con Mariela, sacó su celular y filmó un par de videos, se ve en el último cuando algo lo hace caer. Un disparo por parte de un militar.
«Han pasado, 7 u 8 meses y no hemos tenido respuesta, no han detenido a nadie, ni me han dado la hoja de la morgue tampoco, y por eso he estado peleando, no me han dado la autopsia. Sólo me dicen que están trabajando, que hay que tener paciencia, que son bastantes los casos», lamenta Mariela en aquella conmemoración que pasa desapercibida en la ciudad.
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Pero a Mariela la desesperanza no le quita las ganas de seguir buscando la verdad en el caso de su hermano. Dice que aunque tiene todas las razones para irse del país y comenzar otra vida lejos, a ella la detiene la impunidad.
Luego de las elecciones de noviembre de 2017, con la candidatura inconstitucional del Presidente y las denuncias de fraude electoral, al menos 22 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas post electorales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) identificó un patrón en las muertes postelectorales, los 22 casos que conocieron fueron personas acribilladas cuando intentaban huir de sus agresores y heridas en partes vitales del cuerpo. Las fuerzas de seguridad del Estado dispararon a matar desde el día que comenzó el estado de excepción el 1 de diciembre hasta febrero de 2018 que duraron las protestas y bloqueos callejeros.
Organizaciones de derechos humanos aseguran que fueron 38 las víctimas mortales, mientras que el Ministerio Público a través de una mesa de validación de casos impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos apunta a que son 22 los casos que ya pasaron a investigación en diferentes fiscalías. Sin embargo, el Ministerio Público sigue sin dictar un tan solo requerimiento fiscal por los asesinatos y sigue sin dar respuesta a familiares de víctimas, ongs e instancias internacionales sobre los avances en las investigaciones.
Karla Cuevas, la ministra de Derechos Humanos nombrada el día de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, asegura que como Secretaría, ellos también están esperando los resultados del Ministerio Público y que están de manos atadas ya que su mandato es crear políticas públicas no resolver los problemas que se dieron antes de su entrada en función.
«No va a escuchar de ningún funcionario del Estado que los derechos humanos están bien porque no lo están, hay mucha deuda estructural por la que trabajar y creo que tenemos el reto de unir los objetivos comunes de la sociedad civil, los objetivos del Estado y hacerlos confluir en la política de DDHH aprobada desde 2003. El Estado está cumpliendo con la política pública, ahora tenemos que tender puentes entre el gobierno y la sociedad civil, el contexto de polarización es muy grave en el país y si la sociedad y el gobierno tienen objetivos paralelos no vamos a lograr acuerdos», asegura Cuevas, quien además en el primer mandato de Hernández fungió como viceministra de Derechos Humanos hasta que esta secretaría se suprimió.
«La Secretaría no nace para investigar violaciones a Derechos Humanos, para eso ya está el Conadeh, hay que pedirle al Conadeh cuáles son los avances de sus investigaciones, ellos deben determinar la responsabilidad de un funcionario o un agente estatal y subir el caso al Ministerio Público. Hay casos en los que se han encontrado que hubo una muerte el mismo día de la manifestación pero se supo que no estaba participando en la manifestación que casualmente fue en el mismo momento; el llamado aquí es al Ministerio Público que ya responda a la sociedad, la Secretaría está esperando saber qué pasó, las víctimas tienen derecho a la reparación, la justicia y la verdad», afirma con seguridad la ministra.
Pero lejos de la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariela, sólo ha conseguido intimidaciones y mucho silencio. A los pocos días del asesinato, un hombre en motocicleta anduvo preguntando por ella y su esposo mostrando una imagen en su celular, los vecinos los protegieron y no dieron datos de dónde ellos vivían. Mariela cree que los militares temen que ella y su esposo reconozcan al tirador, porque ese día, después del disparo ellos lo enfrentaron.
«Los de la ATIC me dijeron que ya tenían la bala que mató a mi hermano y yo le dije que entonces por qué no buscan quien andaba el fusil asignado ese día, me dijeron que iban a hacer un careo ya que mi esposo se enfrentó al militar y él se dejó ver la cara, le vimos la cara al militar.
En la comunidad cuando los militares pasan les gritan, yo en lo personal no puedo ver un militar, siento odio», asegura Mariela y recuerda ese día, su hermano murió en el camino al hospital, y estando allí tampoco querían atenderlos. «Tenían órdenes de no atender a ningún herido en protestas», relata.
Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita in loco para observar la situación de Derechos Humanos en el país. Cuevas dice que esta visita se solicitó por parte del Estado desde antes de las elecciones, pero la CIDH se encargó de realizar visitas a varias regiones del país para verificar cómo habían quedado las comunidades tras la crisis post electoral. Sus primeras recomendaciones fueron: Avanzar de manera diligente e imparcial en las investigaciones que puedan identificar y sancionar a los responsables por los hechos de violencia, asesinatos, y malos tratos en el contexto de las protestas surgidas después de las elecciones y asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
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¿A qué Estado se le pide protección?
Otro caso emblemático fue el de Kimberly Dayana Fonseca, una joven de 19 años, asesinada el primer día del toque de queda en el sector Villanueva de Tegucigalpa. Familiares y vecinos han recibido intimidaciones para no seguir presionando por justicia. El terror de la impunidad invade todos los rincones del país.
Ese rincón donde vivía Kimberly es ahora más hostil. Un barrio con callejuelas que parecen roídas, esquinas controladas por jovencitos, placazos de la «UF» y un par que dicen «La Negra», así le decían a Kimberly. Allí los vecinos no ven bien que anden preguntando por la familia de Kimberly porque a inicios de año llegaban hombres desconocidos, a veces en motocicleta, preguntando por la familia, preguntando por los casquillos recogidos la noche en que la ráfaga alcanzó a Kimberly. Hay miedo. El barrio entero vive bajo miedo.
Un familiar, que pidió anonimato por esta misma situación, cuenta que los vecinos y familiares corrieron a rodear el cadáver de Kimberly esa noche del 1 de diciembre. Pasaron unos pocos minutos cuando la patrulla de Policía Militar regresó y volvió a disparar, como para dispersar a las personas que estaban allí recogiendo evidencia.
«Luego de unos días andaban policías vestidos de civil consiguiendo los casquillos de diversas formas, algunos decían que eran para investigación de la DPI, otros llegaron a comprar, así trataron de deshacerse de las pruebas. Nunca otorgaron una autopsia, ponían excusas, que se necesitaban unas firmas, después de varios intentos en general se desistió de obtener ese documento, es como pedirle pruebas al mismo asesino. Todos caímos en cuenta que aquí no hay institucionalidad, no hay verdaderos aparatos de justicia, la ley sólo se usa como excusa para castigar a quienes conviene, jamás es para encontrar justicia», cuenta.
Y agrega que «una de las fiscales mencionó que en ese carro iba un funcionario importante y por eso dispararon para dispersar a la gente, con la presencia de ese funcionario se justificó disparar a bala viva a la gente que estaba protestando, se justificó indirectamente el asesinato de Kimberly, ¿será tan importante?»
El Ministerio Público nos negó información de los casos, incluso no nos informó siquiera en qué fiscalías se están llevando y cómo están repartidos. Los familiares sienten ese mismo vacío de información.
La furia movió a los familiares de Kimberly a exigir justicia, responder a la DPI (Dirección Policial de Investigación), ir a la fiscalía, dar entrevistas a medios internacionales, pero luego callaron. En esos días vieron que además de que no había voluntad para resolver, estaban siendo amenazados. El padre de Kimberly estaba recibiendo llamadas telefónicas en las que le decían que dejara el caso así, que le iban a conseguir un dinero para que los hijos vivieran bien, que mejor se dedicara a sus hijos.
¿A quién le puedo pedir protección si es el mismo Estado quien la mató?, dice el padre resignado.
«Por las cláusulas de las balas me anduvieron del talón porque sabían que teníamos los casquillos. Así esos casquillos llegaron al Ministerio Público y ni siquiera nos dieron comprobante de que llevábamos esa prueba. La gente tiene miedo. Yo sólo quiero saber quién fue, aunque no se haga nada, pero sólo quiero saber», termina.
A más de seis meses de estos hechos en Honduras se sigue preguntando cuál es la cifra correcta, las organizaciones de DDHH intentan dar la pelea porque se reconozca la cifra de los muertos en 38, mientras el Estado enlista únicamente a 22. Lo que es indiscutible es la impunidad con la que se han cubierto estos asesinatos y el terror que han generado en sus comunidades, las protestas no volvieron a ser como antes de la toma de posesión del presidente. La agresividad de las fuerzas militares se ha mostrado en los conatos de bloqueos y protestas recientes sobre todo en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el paro de transportistas.
El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, opina que la justicia en Honduras se ha inclinado de manera que ha convertido a la víctima en victimario y se refiere a la versión del gobierno de que las personas en protestas estaban involucradas en maras y pandillas y a los procesos judiciales contra manifestantes que incluso fueron encarcelados en cárceles de máxima seguridad. Al menos 1350 personas fueron detenidas arbitrariamente desde el 1 de diciembre hasta el 27 de enero según el reporte de OACNUDH, todos manifestantes, ningún funcionario de la policía, ejército o fuerzas especiales.
Actualmente el gobierno y algunas fuerzas opositoras han aceptado un diálogo coordinado por la Organización de Naciones Unidas, y se está a la espera de que este diálogo se traduzca en un decreto legislativo vinculante con las decisiones del país.
«Frente a procesos anteriores hemos visto que los victimarios rápidamente salen, las víctimas pasan por procesos larguísimos, hay personas que siguen pagando las consecuencias de 2009. En concreto el estado de Honduras no tiene la voluntad de avanzar, la mesa de DDHH determinó que para entrar a un dialogo había dos cosas que abordar: el fraude electoral y las violaciones de DDHH como punto toral. Pero Naciones Unidas cuando pone este punto en el diálogo, se encuentra con que el Estado no permite poner el dedo en la herida, no admitieron que se implantara una comisión independiente de investigación a violaciones de DDHH, que fue lo que se propuso», explica Méndez.
En muchos casos, las familias se sienten no sólo abandonados por el sistema de justicia sino por las organizaciones de Derechos Humanos. Méndez asegura que esto sucede porque las Ong´s están haciendo lo que el Estado debería hacer pero sin muchos recursos.
«No es posible que las Ong´s atendamos todas las denuncias que hay de violaciones de DDHH, sólo atendemos los asuntos de alta gravedad, y vemos violaciones a DDHH producidos por la industria extractiva, personas huyendo de la violencia de maras, pandillas, narcos, la carga es muy grande sin embargo creo que hemos hecho un llamado al movimiento popular y los países de oposición para que nos auxilie con abogados independientes que puedan ayudar. Se sabe que hay personas vestidas de civiles para levantar información y pueden ser policías o militares y llegan a amenazar, la gente debe confiar que nosotros no brindamos información de los denunciantes, eso es confidencial y sólo cuando la víctima lo autoriza lo damos a instancias como la CIDH cuando vienen en sus visitas», concluyó.
Muchas de las personas asesinadas no eran activistas conocidos, Kimberly y Cristian nunca se encontraron en algún mitin político, pero sí tenían algo en común: vivían en sectores vulnerables, controlados por el crimen, viviendo en condiciones mínimas de dignidad, sin acceso a derechos básicos. Para Méndez el patrón de asesinar en esos días de convulsión social fue ése: matar a personas no reconocidas, que generarían menos impacto a nivel de organización pero un alto impacto a nivel de las personas que por primera vez salían a protestar.
Después que mataron a Kimberly, en el barrio, muchos padres de familia ya no dejaban a sus hijos salir a la calle, y ese efecto sucedió también en lugares donde además de asesinados hubo personas detenidas y presas por varios meses.
Hemos entrevistado a varios jefes de las Fuerzas Armadas, en Colón, Gracias a Dios y en San Pedro Sula a un par de voceros, todos aseguran que son una nueva Fuerza Armada, respetuosa de los Derechos Humanos y convenios internacionales. No se responsabilizan de abusos en la crisis y en protestas sociales y culpan a los manifestantes de la violencia. Se reúnen para orar cada mes en los cuarteles y hacen actividades de recreación con niños y niñas en los parques de la alegría. La imagen de las Fuerzas Armadas que da el gobierno es muy distinta a la que tienen en los barrios donde cayeron Kimberly y Cristian y más de 20 víctimas.
Hasta el momento, según una noticia publicada en Criterio.hn, el Ministerio Público (MP) informó haber presentado 11 requerimientos fiscales contra elementos de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) por suponerlos responsables de violaciones a los derechos humanos durante la crisis post electoral. Los requerimientos han sido presentados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos contra oficiales de policías y militares por «supuestos excesos en sus funciones públicas». Dentro de los delitos imputados a los militares y policía no se establece el de homicidio, sino otros delitos menores.
«La justicia en Honduras sólo muerde a los pies descalzos», dice un familiar de Kimberly, adaptando la frase de monseñor Romero a la realidad hondureña: «La justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden a los que están descalzos». 20 años después de la época oscura de las guerras civiles en la región, se vive en medio de nuevas guerras, Honduras vive la suya.
