La tarde del martes 18 de julio, miles de militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) se movilizaron desde el Bulevar Morazán en Tegucigalpa hacia el Congreso Nacional para presionar a la oposición en ese poder del Estado para que aprueben la Ley de justicia tributaria, la adhesión al CAF y para acelerar la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH). La presidenta Xiomara Castro convocó a esta marcha a la misma hora y en el mismo lugar en que organizaciones de sociedad civil habían convocado para marchar contra la corrupción. Esa movilización fue cancelada para evitar posibles confrontaciones.
Texto: Jennifer Avila y Leonardo Aguilar
Con reportes de Daniel Fonseca y María Celeste Maradiaga
Fotografías: Fernando Destephen y Jorge Cabrera
Con una marcha que hizo recordar lo sucedido en enero de 2022, cuando se registró la crisis en el Legislativo, el Gobierno de Honduras desarrolló este martes una movilización que fue liderada por funcionarios del Ejecutivo, diputados del partido gobernante y por asesores influyentes de Casa Presidencial, entre estos el coordinador general del partido Libre, esposo de la presidenta y principal asesor presidencial, el expresidente Manuel Zelaya Rosales. También estuvo presente el asesor y exfuncionario del Gobierno de Zelaya, Enrique Flores Lanza, este último beneficiado con un decreto de amnistía a inicios del año pasado.
La manifestación de este día inició a eso de las 4:00 p.m. frente a la Iglesia Guadalupe en el bulevar Morazán y llegó hasta los bajos del Congreso Nacional. La actividad fue convocada por la presidenta Xiomara Castro y públicamente tuvo tres objetivos: que se apruebe la Ley de justicia tributaria, un proyecto de ley que ha confrontado a la empresa privada y al Gobierno de Castro; apoyar la adhesión del país al Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, y además, exigir la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
El expresidente Zelaya se presentó en su vehículo acompañado por el ministro asesor en comunicaciones, Milton Benítez. En el mismo automóvil iban saludando a la militancia la diputada Hortensia Zelaya, hija de la pareja presidencial; el hermano de Mel Zelaya y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya y el asesor Enrique Flores Lanza.
La movilización pintó de rojo y negro las calles del centro de Tegucigalpa y la algarabía aumentó con las consignas en contra del Partido Nacional «No volverán», «el que no salta es cachureco» y las que iban en contra de personajes que son considerados infiltrados dentro del mismo partido «fuera los mapaches».
¿Por qué es necesario ahora una muestra de popularidad de este tipo? El ministro de Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, dijo que esto no tiene de fondo el tema electoral pero sí es una clara manifestación del apoyo que tiene la agenda de la presidenta Xiomara Castro.
El Congreso Nacional, un dolor de cabeza para el partido de Gobierno
Esta no es la primera vez que los militantes del partido de Gobierno son convocados a los bajos del Congreso Nacional en búsqueda de apoyo popular. El 23 enero de 2022, antes de ser juramentada como presidenta de Honduras, Xiomara Castro convocó a las bases del partido Libre a los bajos del Congreso Nacional e instaló una vigilia en ese lugar rechazando la elección de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, que había escogido con más de 70 votos como presidente a Jorge Cálix, un diputado del partido Libre que fue acusado por Xiomara Castro de «alta traición». Días después, aunque Libre no alcanzó los votos suficientes, logró imponer por la fuerza a una Junta Directiva con militantes de su partido dentro del Legislativo.
El diputado de Libre, Ramón Barrios, dijo este martes en la marcha que esta es «la naturaleza» del Partido Libre, la movilización en las calles. El congresista reconoció que el ambiente en el Congreso Nacional es complicado, pues el Libre apenas cuenta con 50 votos que son insuficientes para lograr la mayoría simple (66) y mucho menos la mayoría calificada (86) y sobre todo para generar consensos en temas como la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria o la elección del Fiscal General.
La marcha de este martes surgió como una reacción del Gobierno de la presidenta Castro a otra marcha convocada por la sociedad civil, que había anunciado una manifestación para exigir al Gobierno que acelere la llegada de la CICIH. El Gobierno de Castro respondió a eso convocando una marcha paralela, a la misma hora y en el mismo lugar. El Centro de Estudio por la Democracia (Cespad) que convocó la marcha de la sociedad civil, decidió ayer lunes cancelar la movilización para evitar una confrontación. Esta decisión pudo estar influida por el hecho de que la convocatoria de Castro se dirigió explícitamente a los colectivos del partido Libre que han protagonizado acciones confrontativas en contra de protestas contra el gobierno actual.
En una conferencia de prensa, miembros de Cespad expresaron que estaban alarmados por la acción del Gobierno. «Nos alarma en sobremanera la forma en cómo se ha estigmatizado esta expresión de protesta que responde al ejercicio pleno de los derechos cívicos de libertad de asociación, libertad de protesta y derecho a disentir», indicaron.
El congresista Ramón Barrios, presidente de la comisión de asuntos constitucionales, aseguró a Contracorriente que para la elección del Fiscal General del Ministerio Público —que deberá estar concluída el próximo 1 de septiembre— «lamentablemente tendrán que conversar y pactar con el Partido Nacional». Por otro lado, reveló que la Ley de Justicia Tributaria está siendo usada como una carta de negociación por las bancadas de oposición.
Mientras tanto, algunos simpatizantes del partido de Gobierno expresaron la motivación de salir a la calle este martes. «Apoyamos a nuestra presidenta. A los cachurecos no los dejaremos respirar, no permitiremos que boicoteen nuestro gobierno. Hoy estamos aquí para decirle a la presidenta que aquí estamos para apoyarla», dijo Doris Trejos, una militante de Libre.
Aunque la marcha del Gobierno buscó presionar al Congreso Nacional para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y la llegada de la CICIH, en la agenda del Legislativo de este día no figuró ninguno de esos dos temas. En su lugar, en la agenda se anunció discutir temas económicos y de seguridad, entre otros.
El ministro Marlon Ochoa, quien fue acusado por diputados de la oposición de haber exacerbado los ánimos en el Congreso Nacional al socializar la Ley de Justicia Tributaria, dijo a Contracorriente que con la movilización envían el mensaje de que «no tienen alianzas con corruptos, narcotraficantes ni con las élites» y remarcó que las negociaciones con otros partidos no serán afectadas negativamente a raíz de estas acciones.
En marzo de este año, el ministro Marlon Ochoa, el secretario de la Presidencia, Héctor Zelaya, y el entonces ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, presentaron al sector privado el proyecto Ley de Justicia Tributaria. De acuerdo con esta propuesta de ley se eliminaría al menos una decena de regímenes de exoneraciones y exenciones fiscales que existen en el país con el objetivo, según el Gobierno, de combatir la evasión fiscal.
El Congreso Nacional de Honduras no pudo ratificar el pasado miércoles la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina, también conocido como Corporación Andina de Fomento, que había sido aprobada en mayo con 66 votos. La falta de consenso fue atribuida a un discurso del ministro del SAR, Marlon Ochoa, en el que tildó de corruptos a congresistas de la oposición.
El ministro Ochoa dijo durante la manifestación de hoy que «no se debió cancelar» la movilización convocada por el Cespad ya que «en esencia lo que hicimos fue sumarnos a la exigencia que estaban planteando» y aseguró que el gobierno también tiene interés en que la CICIH se instale cuanto antes.
La manifestación convocada por el Gobierno se dio luego de la llegada de una misión de expertos de la ONU que arribó al país la semana pasada con el objetivo de ilustrar al Gobierno hondureño sobre la posible instalación de una CICIH. Esto se da después de que el Gobierno de Castro y la ONU firmaron un memorándum de entendimiento. De momento, la ONU estudia las condiciones para la instalación de dicha Comisión. Un aspecto importante es que en Honduras existan garantías normativas, entre estas, la derogación de decretos que han blindado a congresistas y la supresión de pactos de impunidad.
Mel Zelaya, un protagonista de la marcha del Gobierno de Libre
La movilización llegó al Congreso Nacional con la canción «Viene Mel, urge Mel» y Mel Zelaya dio un discurso recordando cómo «las fuerzas represivas del Estado» lo sacaron en pijama hace catorce años en un golpe de Estado, además dijo que el gobierno de Xiomara Castro está sufriendo un boicot para que no se instale la CICIH ni se aprueben los puntos importantes de su agenda política.
Zelaya fue quien convocó primero vía twitter a que la gente se movilizara el mismo día y la misma hora de la convocatoria lanzada por el CESPAD para exigir celeridad en la instalación de una CICIH independiente.
Dentro del Congreso Nacional, y escuchando la algarabía de la gente afuera del Legislativo, la diputada Fatima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH) le dijo a Contracorriente que el llamado del coordinador del partido Libertad y Refundación a la misma hora y al mismo lugar de la movilización de sociedad civil le pareció «confrontativo el que ellos movilicen su músculo».
La diputada Fátima Mena agregó que en instituciones como el Centro Cívico Gubernamental la gente no trabajó porque les dijeron que tenían que asistir a la movilización. «Me parece más de lo mismo», consideró la diputada y agregó que la convocatoria del partido oficialista produce más polarización en el país, y que activistas del Gobierno también se han encargado de replicar esto en sus discursos.
En contra de la empresa privada
Varias pancartas que fueron repartidas a los manifestantes decían «el que no apoye la justicia tributaria comete traición y debe ir a prisión», y muchas señalaban al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Pero esto no solo sucede en la repartición de volantes, pues influyentes congresistas del oficialismo, como el diputado Ramon Barrios, han reiterado que es la empresa privada, especialmente aglutinada en el Cohep, la principal opositora a esta ley.
El Gobierno del partido Libre ha mostrado también «su músculo» en contra de la empresa privada antes. El pasado 11 de mayo, dos días después de que cientos de manifestantes se tomaron las calles de Choluteca contra la Ley de Justicia Tributaria, el Gobierno del partido Libre convocó en Casa Presidencial al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para ordenar una investigación contra los promotores de dicha marcha, a quienes el gobierno señaló que podrían ser empresarios de la zona sur del país. Sin embargo, la policía y fiscalías indicaron que no hubo ningún indicio de delito por ejercer una protesta.
Al terminar la movilización, el Congreso sesionó y discutió cuatro decretos. El primero fue un contrato de préstamo para la municipalidad de Santa Rosa de Copán, zona del occidente de Honduras. El segundo decreto discutido fue sobre la aprobación de un contrato de préstamo a suscribirse entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado de Honduras por 50 millones de dólares, con el cual se busca el fortalecimiento de la administración aduanera. El tercer decreto discutido en su primer debate es para la aprobación de otro contrato de préstamo entre el BID y el Gobierno de Honduras por más de 75 millones de dólares para la ejecución de un «Programa de apoyo al sistema integral de protección social II».
Además, el Congreso también discutió en su primer debate un decreto para la redefinición de los límites del Parque Nacional Azul Meambar (PANACAM) para consolidar la zona de amortiguamiento del parque.
Este poder del Estado finalizó la sesión ordinaria número 16 con la discusión de la «Ley para la Protección de los Usuarios de las Telecomunicaciones», la cual se discutió hasta el artículo 10.
Mientras se vaciaban los alrededores del Congreso Nacional, el ministro de la SAR, Marlon Ochoa twitteó «Ley contra la corrupción tributaria 🫡» haciendo referencia a que ese será el nombre de la Ley de Justicia Tributaria que aún el Congreso sigue sin agendar para discutir y aprobar.
