Texto: Jennifer Avila y Danielle Mackey
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
Factchecking: Celia Pousset
En la entrada a la Unidad Metropolitana de Policía (UMEP) 19, ubicada en Trujillo, la ciudad que alguna vez fue el paraíso del cartel de narcotráfico «Los Cachiros», hay un vehículo con más de un centenar de orificios de bala de grueso calibre. Los turistas se toman fotos con el carro que está allí, expuesto en la acera de enfrente de la estación policial, donde algunos agentes salen a fumar un cigarro en un intento por sobrevivir al calor de una tarde de verano en la costa hondureña.
El subcomisario Cristobal Muñoz nos recibe en esta UMEP, la de más reciente creación durante el gobierno de Xiomara Castro como parte del proceso de reestructuración de la Policía en Honduras.
Muñoz contó que para el adecuado funcionamiento de su unidad, son necesarios 350 agentes policiales, pero que actualmente cuenta con alrededor de 50 y que espera que le devuelvan a los agentes que fueron «prestados» para resguardar los centros penitenciarios en el país.
En abril, la presidenta Castro ordenó que los centros penitenciarios pasaran a manos de la Policía Nacional después de que en 2019 fueron intervenidos por las Fuerzas Armadas. El subcomisario aseguró que los agentes de la policía preventiva que estaban en las comunidades han tenido que cubrir estos puestos temporalmente, en espera de que haya nuevos agentes penitenciarios que, probablemente, serán los policías que depuraron de la institución hace 6 años.
En 2016 se creó en Honduras la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional que depuró a aproximadamente 6,500 elementos policiales, de los cuales, un 33% fue remitido al Ministerio Público para ser investigado. Con la llegada del nuevo gobierno, alrededor de mil policías depurados demandaron al Estado por haber sido separados de sus cargos a través de procedimientos irregulares. Mientras tanto, la policía se enfrenta a la violencia del país tratando de cumplir las promesas electorales de transformación y desmilitarización de la seguridad pública durante el nuevo gobierno.
El subcomisario Muñoz fue recientemente nombrado jefe de esta unidad policial, antes estaba asignado en la ciudad de Olanchito, en Yoro al norte de Honduras, donde su misión era bajar los homicidios, algo que aseguró haber logrado. «No me lo va a creer pero fue el poder de la oración», dijo, porque a sus policías siempre les decía que era importante pedirle ayuda a Dios ante la escalada de violencia.
Una depuración fallida
El actual gobierno de la presidenta Castro anunció su intención de bajar los homicidios a través de la prevención. Para lograr eso, inauguró el 1 de julio de 2022 la policía comunitaria que es parte de una estrategia de seguridad orientada a involucrar a las comunidades a través de mesas ciudadanas de seguridad para apoyar a la Policía Preventiva. Los actos de inauguración fueron amenizados y organizados con fondos del programa G.R.E.A.T. (Gang Resistance Education and Training), financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Este programa funciona desde 2012 en el país según se informó en un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras.
La importancia del apoyo de los Estados Unidos a la policía sigue siendo grande. En marzo, el director de la policía, general Gustavo Sánchez, dijo a este medio que la reestructuración de la policía estaba sucediendo, pero que era necesaria una readecuación del presupuesto ya que el actual era insuficiente para la situación en la que está la institución. Semanas antes se había dado a conocer el presupuesto general de la república que asignó 7,850 millones al despacho de Seguridad y 9,336 millones al de Defensa.
Sánchez está bajo el mando del ministro de seguridad Ramón Sabillón, el primer policía que asumió ese puesto en Honduras. Sabillón y Sánchez comparten mucho más que la visión de una nueva policía, ambos estuvieron en EEUU durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado por narcotráfico. Sabillón estuvo exiliado y Sánchez fue nombrado como agregado policial en Washington, aunque ambos aseguraron que fueron perseguidos por no alinearse con el gobierno de Hernández, cuyo objetivo principal en materia de seguridad era debilitar a la policía nacional civil.
«Estamos redistribuyendo los recursos que tenemos, pero necesitamos más. El 80% del presupuesto se va en sueldos y salarios, pero las Fuerzas Armadas tienen casi 10 mil millones y en Honduras no hay un problema de defensa, sino de seguridad», aseguró Sánchez.
Según el general, la depuración policial que se impulsó después de varios asesinatos en los que participaron elementos activos de la Policía Nacional, fue un proceso viciado que actualmente le está costando millones de dólares al Estado de Honduras en demandas laborales.
«Ha habido 7 procesos de depuración, y la última depuración fue una flagrante violación a la constitución y sus leyes eso no se debe repetir, porque allí vienen de regreso [las demandas] y esas son responsabilidades para el estado. Se deben crear los mecanismos de veeduría, sí, pero así con todas las instituciones. En este momento yo soy el responsable de hacer el proceso de depuración continua», explicó Sánchez.
Según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de un caso contra Fabio Lobo – hijo del ex-presidente Porfirio Lobo Sosa – en agosto de 2016, el gobierno de Estados Unidos solicitó asistencia legal al gobierno de Honduras para buscar, entre otras cosas, archivos investigativos y evidencia que tuviera la Comisión especial depuradora de Honduras y también reportes de esta misma comisión relacionados con los acusados. Sin embargo, el siguiente año, el gobierno estadounidense hizo saber que el gobierno hondureño no había respondido a la solicitud a pesar de tener un carácter de urgente, según los documentos del caso.
La participación de miembros de la policía en actos ilícitos ha sido ampliamente conocida por la población hondureña. Figuras como el exdirector de la policía nacional, Juan Carlos «El Tigre Bonilla», ahora extraditado en EEUU por delitos del narcotráfico, fueron temidas por muchos años.
«El general Bonilla ya había sido enjuiciado [en Honduras] y salió bien librado. Las instituciones estatales fracasaron con toda la estructura del narco estado que estaba funcionando», justificó Sánchez.
El ministro Sabillón, quien ha pasado a la historia como el primer ministro policía que captura a un expresidente, regresó a Honduras a los pocos días de que Xiomara Castro ganara las elecciones en noviembre de 2021. Con una barba larga se mostró ante los medios y se puso a la disposición del nuevo gobierno, Sabillón buscaba un giro en su historia.
Después de más de 20 años de carrera policial, ahora en su oficina de ministro, aseguró que la policía nacional no necesita otra depuración.
«A nosotros nos levanta la imagen el hecho de que se extradite un ex director de la policía porque eso quiere decir que nadie está protegido, que quien participa en delitos, paga. Las órdenes de captura de extradición del pasado no se ejecutaban, nosotros sí lo estamos haciendo y fuimos hasta por un presidente», dijo Sabillón, quien fue la persona que le colocó las esposas al expresidente Hernández cuando fue capturado para ser extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
Sabillón aseguró que el actual gobierno está generando más confianza pero que, aún así, es fundamental el apoyo externo, «[En el gobierno anterior] nos trataron de una manera deshumanizada, yo lo sufrí, si pronunciábamos algo contra el sistema nos despedían, si no callábamos nos mataban, entonces uno decidía defender su vida, esto fue una carnicería humana, un destierro. La policía viene de una campaña de bandera falsa de emplazar una institución, crear un odio social y público contra la institución para justificar una depuración ilícita que quizá tenía un poquito de buena intención porque había policías malos, pero quizá era el 1%, y usted no va a despedir 5000 personas por eso», explicó.
Las preocupaciones del ministro y del director de la policía están muy lejos de las de Muñoz en Trujillo, quien día a día tiene que cubrir con muy pocos policías una de las regiones del país más afectadas por el narcotráfico y los conflictos agrarios. Recaen sobre sus hombros la precariedad estructural de la institución y el desprestigio acumulado por una corrupción de gran alcance.
En abril de 2022, tres agentes de policía recién nombrados a la UMEP 19 fueron asesinados en una finca de cultivo de palma africana mientras perseguían a un vehículo sospechoso que no se detuvo en un operativo policial. Muñoz aseguró que el caso de los agentes fue «esporádico», algo poco común. Narró que los policías regresaban de llenar su patrulla con combustible y siguieron «por error» al vehículo sospechoso. Un error, dice Muñoz, porque hay carreteras en las que los policías saben que no se pueden confiar y estos agentes se descuidaron, una casualidad. Hasta el momento, el caso no ha sido resuelto, sin embargo, la presidenta Castro decretó estado de emergencia en la zona durante diez días. Los días pasaron, pero la unidad policial encargada de este estado de excepción continúa activa hasta ahora.
Actualmente, la Policía tiene el reto de limpiar su imagen después de la extradición de Bonilla, el enjuiciamiento de varios miembros de la institución involucrados en casos de narcotráfico investigados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y los cuestionamientos que se siguen haciendo por hechos violentos en Honduras en los que están involucrados policías en servicio.
El pasado 29 de mayo, un joven fue asesinado por policías en una operación de captura luego de que este agredió a una mujer policía durante un encuentro de fútbol. Asimismo, el pasado 15 de julio, hubo una masacre en la que murieron 4 jóvenes, uno de ellos el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y en la que los perpetradores utilizaron indumentaria y armas policiales. Recientemente, en una prueba de ingreso de aspirantes a oficiales de policía realizada en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), se reportaron maltratos que ya han producido la muerte de cuatro personas sin que haya, hasta el momento, una deducción de responsabilidades legales dentro de la institución. Todos estos casos están aún en investigación.
Estos casos no nos hablan de algo nuevo, desde que la Corte del Distrito Sur (SDNY por sus siglas en inglés) demostró que los políticos hondureños juegan un papel determinante dentro del negocio del narcotráfico; pero también mostró los altos niveles de corrupción en la institución policial del país.
La policía: pieza clave del narco-Estado
Fue durante la investigación de un ataque armado en 2004 que Carlos Alberto Valladares Zuniga, el entonces jefe de la división de homicidios de San Pedro Sula, conoció a Leonel Rivera, un narcotraficante. Valladares era oficial desde hacía una década y tenía una trayectoria ascendente, a solo un año de ser nombrado jefe de policía en El Progreso, Yoro, y de ganar un premio de la Embajada de los Estados Unidos por su trabajo en la lucha contra grupos criminales como las pandillas.
Sin embargo, una decisión lo hizo torcer su trayectoria. Valladares aceptó recibir un soborno de parte de Rivera, uno de los «Cachiros», para frenar la investigación que se realizaba sobre él y dejarlo en libertad. Para lograrlo, Valladares presionó a la novia de la víctima para que ésta no presentara cargos. Así comenzó una relación de beneficio mutuo que se volvió cada vez más lucrativa en los años siguientes ya que Rivera y su hermano construyeron uno de los más importantes imperios del narcotráfico en Honduras.
En una llamada telefónica, un día de febrero de 2017, el oficial y el narcotraficante recordaron sus años de colaboración. Valladares rememoró la media docena de veces que ambos viajaron a Tocoa para ayudar con los cargamentos de droga, viajes en los que llevó sus armas de servicio para brindar protección. Recordó las diversas formas en que ayudó a resolver los problemas de Rivera, por ejemplo, cuando en 2012 la esposa embarazada del primo de Rivera fue asesinada después de salir de un banco donde había cobrado un cheque. Valladares usó su autoridad como policía para obtener el video de vigilancia del banco y ayudó a encontrar a los dos presuntos asesinos. Estuvo presente junto a un grupo de más de treinta policías y narcos el día en que el cartel secuestró a los asesinos en un negocio en Tegucigalpa. De ahí, los hombres de Rivera condujeron a los dos agresores a una finca y los torturaron hasta matarlos.
El oficial recordó haber coordinado con un exdirector regional de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) de San Pedro Sula, para permitirle a él y a otros policías el acceso al lugar donde estaba almacenada una de las camionetas de Rivera que había sido incautada en un operativo antinarcóticos. Una vez ahí, a cambio de un pago de $80,000 a cada uno, los policías sacaron 100 kilogramos de cocaína del vehículo incautado. Recordó también cuando él estuvo con Rivera y Fabio Lobo, hijo de un expresidente, esperando a que llegara un narcoavión a Omoa, Cortés, y Lobo, poco paciente, empujaba a Rivera para que los acercara cada vez más a la pista de aterrizaje.
Lo que el policía no sabía el día en que expresó todos esos recuerdos por teléfono, era que el narcotraficante tenía nuevos jefes y que lo estaba grabando para la DEA ya que junto con fiscales de la corte SDNY, se recolectaba la evidencia de estos crímenes.
La actividad delictiva de Valladares se remonta al menos a 2008, cuando éste ayudó a Rivera a matar a un miembro de su propio cartel por haber violado las reglas en un club nocturno llamado Bailables de Occidente, en San Pedro Sula. Son hechos como esos los que se han descubierto desde 2013, cuando el pequeño grupo de agentes de la DEA y fiscales en Nueva York se puso a investigar carteles de narcotráfico en Centroamérica y Sudamérica y descubrió que Honduras era «uno de los principales puntos de transbordo de cocaína sudamericana del mundo » consumida posteriormente en los EE. UU.
En resumen, lo que los investigadores estadounidenses encontraron fue que, desde al menos el año 2003, «múltiples organizaciones de narcotraficantes que operaban en Honduras trabajaron en conjunto con políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal militar» para mover montañas de cocaína que llegaban al país en aviones y barcos desde Venezuela y Colombia, para luego llevarlos a Guatemala y México con rumbo a su destino final, los Estados Unidos. Los políticos involucrados incluían a presidentes y congresistas, que recibieron sobornos de los carteles, con frecuencia disfrazados como «contribuciones de campaña» y, a cambio, estos prometieron políticas que permitieron la continuidad del narcotráfico. Algunos empresarios también fueron figuras centrales en esta red, por ejemplo, para lavar el dinero ilícito en negocios y bancos lícitos.
Los investigadores de la corte del SDNY también vieron que la relación de los narcotraficantes con el Estado a veces iba más allá del soborno. En algunos casos, los representantes del cártel eran parte de la nómina estatal. Los narcos tenían acceso a información sobre los sistemas nacionales de radar anti-narcoavión y a la inteligencia naval, y tenían el poder de desviar la atención del sistema judicial hacia otros lados. «Estas extensas redes de narcotráfico contribuyeron a que Honduras se convirtiera en uno de los lugares más violentos del mundo», concluyó la corte del SDNY.
Pero una pieza clave de toda esa estructura fueron los policías, como Valladares. El narcotráfico en Honduras no habría podido funcionar sin la Policía Nacional, tanto al nivel del liderazgo nacional como de los mandos medios y los policías que patrullan las calles. Los agentes recibieron sobornos a cambio de información sobre a quienes estaba investigando el gobierno, cómo evitar los puntos de control militar y policial en sus rutas y cuándo y dónde ocurrirían las interdicciones. En ocasiones, los oficiales también brindaban seguridad a los cargamentos durante su paso por el país. Por ejemplo, agentes policiales al servicio de «los Cachiros» escoltaron camiones que transportaban grandes cantidades de cocaína propiedad de narcotraficantes mexicanos que enviaban su producto a los Estados Unidos, señaló la corte del SDNY. Los oficiales también desempeñaron otros roles, como el sicariato y el lavado de dinero.
De hecho, aunque los fiscales federales de los Estados Unidos identificaron a Valladares como el «más culpable» de los oficiales que habían procesado hasta el 2018, sus crímenes no fueron excepcionales. La corte ha presentado cargos contra siete policías hondureños hasta la fecha y sus investigaciones y juicios siguen en marcha. El imputado más reciente fue Juan Carlos «El Tigre» Bonilla. La información que ha salido a la luz a través de estos casos deja claro que, en una diversidad de formas de corrupción, la institución policial hondureña dejó de proteger a su pueblo – si alguna vez lo hizo – para servir y proteger al negocio del narcotráfico.
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Los juicios de Nueva York
Además de Valladares, la corte del SDNY enjuició a los policías Ludwig Criss Zelaya Romero, Mario Guillermo Mejia Vargas, Juan Manuel Avila Meza, Carlos Jose Zavala Velasquez y Victor Oswaldo Lopez Flores. Con excepción de Bonilla, cuyo juicio aún no comienza y quien se ha declarado inocente, todos los demás fueron encontrados culpables.
Según una entrevista con una fuente cercana a las investigaciones, los casos que han catalogado a Honduras como un narcoestado comenzaron hace unos 8 años entre el equipo de la corte del SDNY y la DEA. « El objetivo de nuestra oficina es apuntar al nivel más alto de corrupción y narcotráfico en cualquier lugar del mundo» dijo esta persona que pidió proteger su identidad para no perjudicar las investigaciones en curso.
Los líderes del cartel «Los Cachiros» eran los principales investigados pero al entregarse otorgaron mucha información que fue clave para el resto de los casos. «Ese fue un gran paso para nuestra investigación. Tenían información inmensa y cooperaron totalmente con nosotros» dijo y agregó que aunque ya pensaban que había involucramiento político y militar en el narcotráfico éste «resultó ser mayor a lo que pensábamos. Cruzó las fronteras partidarias, cruzó administraciones durante más de 20 años, y no fue solamente que lo dejaban pasar [el narcotráfico] sino que los políticos de alto nivel, los empresarios, la policía y el ejército se involucraron directamente».
Pero la coyuntura que dio paso a que la corrupción tomara las riendas del estado fue el golpe de Estado que vivió Honduras en el año 2009. «El punto de inflexión clave en el final de cualquier facsímil de democracia en Honduras fue el golpe» dijo Fulton Armstrong,quien, entre 2008 y 2011, fue parte del staff del área de Latinoamérica en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y, anteriormente, sirvió como Oficial Nacional de Inteligencia para Latinoamérica de los Estados Unidos. Armstrong fue el analista de la CIA sobre Latinoamérica con el rango más alto en el gobierno estadounidense.«Fue entonces [en el 2009] cuando la derecha se dio cuenta de que ahora había una oportunidad de recuperar el control, incluido el de la policía» dijo y especificó que en ese momento se restableció «la alianza entre la derecha hondureña y la derecha en el congreso estadounidense y en Washington».
Varios años antes del golpe, la narco-corrupción ya había echado raíces dentro de la institución policial. En 2004, el mismo año en que Valladares aceptó por primera vez un soborno de los Cachiros, otro oficial, Juan Manuel Ávila Meza, comenzó a trabajar para ese cartel del narcotráfico. Este oficial de policía era también abogado, ocupó puestos de comando regional en todo el país y puestos de defensa legal en varias empresas privadas. Según los documentos de su caso, Ávila Meza fue presentado a Javier Maradiaga por Rubén Santos, un ex policía vinculado a la red criminal. Si bien al principio usó principalmente su conocimiento como policía para ayudar a mover la cocaína y para ofrecer a «los Cachiros» acceso a las grandes cantidades de droga que la policía había incautado de otros traficantes, a los pocos años también comenzó a lavar las ganancias del narcotráfico y a ayudar a «los Cachiros» a evitar la confiscación de dinero y propiedades provenientes del negocio ilícito, por ejemplo, involucrando intermediarios en la cadena de lavado y poniendo una casa de lujo en San Pedro Sula a su nombre para evitar que el gobierno hondureño la incautara. Recibió al menos $20 millones de «los Cachiros» por la protección de sus activos.
El 2004 fue el año cuando un tercer oficial, Ludwig Cris Zelaya Romero, fue contactado por Fabio Lobo – el hijo del ex presidente Porfirio Lobo – y «los Cachiros», quienes le buscaron por recomendación de otro policía que no fue nombrado en los documentos de la corte. Los narcotraficantes le solicitaron que brindara seguridad a los envíos de ambos grupos, a lo que Zelaya Romero accedió. Ese mismo año, Zelaya Romero fue ascendido al cargo de Inspector en la policía hondureña y recibióun diploma de reconocimiento por su «valiosa participación en la campaña “Comunidad más segura” demostrando capacidad y entusiasmo en beneficio de la Sociedad». Poco después, Zelaya Romero amplió su rol inicial para entonces coordinar la protección policial del transporte de los cargamentos de Lobo y «los Cachiros» a través de Honduras en su camino hacia el norte. Por ese servicio, Zelaya Romero recibió un pago de $100,000, según la corte del SDNY.
En 2005, otro policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, entró en contacto mensual con «los Cachiros» durante cuatro años, período en que los hermanos le alertaron de cuándo llegarían sus cargamentos y, junto a Zelaya Romero, Mejía coordinó a los policías que ofrecerían seguridad armada para cada cargamento al tiempo que orientó a los narcotraficantes sobre cómo evitar puntos de control estatal en la ruta. En ese momento, Honduras era gobernada por Ricardo Maduro, del Partido Nacional, quien llegó al poder prometiendo mano dura contra la delincuencia. Su gobierno le dio especial protagonismo a la Policía Nacional.
La corrupción atrapó también a Carlos José Zavala Velásquez, un policía que había desempeñado múltiples funciones de alto nivel en la institución, incluso con la Interpol, el FBI y con las fuerzas especiales israelíes y estadounidenses en operaciones especiales, entre otros puestos, la mayoría de los cuales estuvo enfocada en inteligencia policial y en combatir el crimen organizado. En 2008, cuando Zavala fue nombrado Jefe de División de la unidad especializada «Cobras» en San Pedro Sula, el director de la policía en esa zona era Juan Carlos «El Tigre» Bonilla. Al año siguiente, aprovechando su puesto, Zavala comenzó a guiar las rutas de tráfico de una narco-red dirigida por alguien a quien todos conocían como «Don H», de nombre Héctor Emilio Fernández Rosa. «Don H» mantuvo su negocio por una década y fue el responsable de ordenar el asesinato de 19 personas, además de trabajar con los representantes de Joaquín «El Chapo» Guzmán para mover la droga mexicana hacia el norte y pagar sobornos millonarios a candidatos políticos y oficiales de la seguridad estatal para que fluyera el tráfico ilícito.
Dos años antes de entrar al bajo mundo a colaborar con personas como «Don H», el asistente de Zavala Velásquez fue asesinado, por eso Zavala decidió huir de Honduras y buscar asilo en los Estados Unidos. Regresó a Honduras en 2008 y se le otorgó un puesto en la unidad policial «Cobras». Mientras trabajaba para la red de «Don H», Zavala Velásquez brindó seguridad a sus cargamentos durante al menos tres años, recibiendo entre cinco y veinte mil dólares por cargamento, además, filtró información a los narcos sobre posibles retenes policiales a lo largo de sus rutas planificadas. Él mismo acompañó al menos un cargamento para ofrecer seguridad armada.
En 2009, Mejia Vargas fue detenido y encarcelado en Honduras junto con casi una docena de oficiales por participar en un allanamiento ilegal en la casa de un supuesto narcotraficante, pero, posteriormente, salió libre.
Según la evidencia en manos de la corte del SDNY, para el año 2013, Ávila Meza ya lavaba dinero para «los Cachiros» a través de un zoológico de animales exóticos y una compañía de fachada llamada INRIMAR, para la cual contactó a otros abogados para contratar sus servicios. También comenzó a cobrar deudas para «los Cachiros». A principios de 2014, Zavala Velásquez conoció a Ávila Meza y Mejía Vargas en una capacitación en la academia policial en Tegucigalpa y estos últimos reclutaron a Zavala Velásquez para brindar seguridad a un cargamento. En febrero de ese año, Ávila Meza encabezó una reunión con «los Cachiros» y el hermano del ex-presidente, Antonio Hernández, además de Mejía Vargas y otro policía, Victor Oswaldo Lopez Flores, en la que presentó mapas al grupo, identificando retenes y ofreciendo consejos sobre logística para mejorar las posibilidades de éxito de la operación.
En junio de 2014, otro grupo de policías, incluyendo a Zavala Velásquez – quien, en ese momento era un oficial encargado de combatir el crimen organizado – sostuvo una reunión con Fabio Lobo y unos hombres que creían que eran representantes de un cartel de drogas pero que en realidad eran informantes de la DEA y a los cuales les ofrecieron ayuda para un cargamento de drogas a cambio de un soborno de $100,000. La reunión fue grabada y lo que hicieron Zavala Velasquez y sus compañeros fue lo mismo de la reunión de unos meses antes entre policías y narcos: colocaron un mapa de Honduras sobre una mesa y describieron a Lobo y a los supuestos narcos la presencia policial hondureña a lo largo de las rutas de transporte d la cocaína. A cambio de su apoyo en el operativo, además del soborno, solicitaron nuevos teléfonos, vehículos y un fondo común de $200,000 para sobornar a otros oficiales. Dos años más tarde, Zavala Velásquez fue ascendido a un puesto en la unidad de fuerzas especiales Xatruch en la región del Bajo Aguán, una unidad conjunta con las Fuerzas Armadas para abordar el conflicto agrario en esa zona del país. Ese mismo año, Zabala fue detenido por su participación en la narcoactividad y fueron extraditados a los Estados Unidos Fabio Lobo y Mejía Vargas.
Apoyo de Estados Unidos a la Policía Nacional de Honduras
Toda esta actividad delictiva de una fuerza policial al servicio del narcotráfico ocurrió al tiempo en que la institución recibía capacitación continua por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre una diversidad de temas, tales como operaciones especiales y anti-narcóticos en selva y mar, tácticas de investigación criminal, policía comunitaria y fortalecimiento de la unidad anti-pandillas.
Según un ex-agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que estuvo basado en Honduras y quien pidió anonimato por no estar autorizado para hablar públicamente, la idea detrás de algunas capacitaciones estadounidenses para las fuerzas de seguridad estatal en Centroamérica es dotar a equipos de élite que han pasado por un proceso de escrutinio – «vetting» en inglés – con el conocimiento y equipo necesarios para enfrentar delitos como el tráfico de drogas y frenarlos antes de que los crímenes lleguen a los Estados Unidos.
Con algunas unidades, eso significa no solo investigar a los oficiales elegidos a través de la Ley Leahy y de un polígrafo para certificar que sean confiables, sino también equiparlos con materiales como vehículos, uniformes, teléfonos celulares y una oficina especial para aislarlos del resto de la fuerza policial y así minimizar las posibilidades de que puedan divulgar información confidencial que buscan las redes de crimen organizado sobre las investigaciones en curso, como por ejemplo, la clase de información que daban los agentes judicializados en la corte del SDNY. Pero, según el ex-agente, el camino para llegar a dicha meta siempre fue cuesta arriba en Honduras. «Incluso dentro de la unidad que había pasado por el escrutinio, siempre hubo problemas, como un reemplazo constante, porque tuvimos que reemplazar personas por problemas de integridad».
Los ejemplos de los problemas que tuvieron incluyen actividades delictivas, dijo, pero también infracciones menores, como el uso indebido de vehículos oficiales o facturas de teléfonos celulares de trabajo por miles de dólares de uso no-laboral. Los avances que pudieron hacer los capacitadores estadounidenses en el tiempo que estuvieron allí no fueron sustanciales, dijo el ex-agente. El mayor problema era una cultura interna de corrupción. «Había corrupción de arriba hacia abajo. Era obvio, hablando con nuestra unidad y escuchando sus historias y viendo las cosas que podrían ocurrir. Podías contratar [a un policía o un pandillero] para asesinar a alguien por quinientos lempiras, así de desesperada estaba la gente por dinero» dijo y agregó que había muchos tipos de corrupción en el trabajo en la fuerza policial pero, específicamente, «la policía temía interponerse en el camino de los carteles».
El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, hizo énfasis en que sin el apoyo de los Estados Unidos no se puede desarrollar una estrategia de seguridad adecuada al problema de criminalidad transnacional que enfrenta Honduras. Él lo sabe porque en su carrera policial vivió dos exilios justamente por haber desarticulado redes criminales. Sabillón contó que su primer destierro fue a República Dominicana con apoyo del gobierno de los Estados Unidos en 2006, después de que recibió amenazas siendo director de la policía de aduanas durante el gobierno nacionalista de Ricardo Maduro.
«Fue por un tema de tráfico de armas, corrupción en pasaportes para el ingreso de ciudadanos de otros países con nexos con el narcotráfico y el tema de aduanas. Tuve que sacar a mi familia. Yo estuve en nada, en la calle, sin ningún cargo, al final me tuve que ir, me mandaban para un sitio donde prácticamente me iban a entregar entonces me tuve que ir a otro sitio, era un mensaje contra mi vida», contó el ministro.
Sabillón regresó en 2009, después del golpe de Estado, y comenzó a investigar a Carlos «El Negro» Lobo, un narcotraficante ahora condenado en Estados Unidos. Con ese caso, el ministro aseguró que ha trabajado en trece casos de extraditables. «Yo colaboré con la DEA, yo puse de mi parte, pero recuerde que el crimen organizado tiene varias características y que es sistémico, usted puede estar tratando con una persona de una institución y puede ser un soldado del crimen organizado. Ellos avisaban cuando los investigábamos, cuando el sistema se le cierra a uno, no puede hacer mucho. Pero eso está cambiando con las extradiciones, son golpes de justicia que estamos dando», explicó y aseguró que él nunca estuvo involucrado en ilícitos a pesar de que ha sido señalado anteriormente como cómplice del narcotraficante Amilcar Leva Cabrera «El Sentado» quien fue asesinado en 2015 cuando ya estaba trabajando como informante de la DEA.
«El Sentado está muerto, las otras personas están capturadas, como investigador uno debe agotar todas las vías posibles, haciendo las intervenciones adecuadas, pero hay muchas personas que se han dedicado a mentir y desprestigiar, si hubiera tenido vinculación con él ¿cómo iba a estar viviendo tranquilamente en Estados Unidos seis años? Allá estuviera preso», agregó Sabillón.
«El problema es que los que manejaban el narcotráfico no eran los policías, los policías eran unos mandaderos, los políticos han manejado el narcotráfico en este país», dijo por su parte el excomisionado Leandro Osorio. El excomisionado Leandro Osorio fue depurado en 2016, pero su caso se conoció a nivel internacional ya que fue él, siendo director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), quien desmanteló un narco laboratorio vinculado a Antonio Hernández, hermano del expresidente, preso y condenado en EEUU por delitos de narcotráfico.
«Si usted mira, la mayoría de policías involucrados son los que estuvieron en occidente, ahí está el general Bonilla […] y quien los mandaban a ellos eran los políticos, pero aquí hicieron ver a la sociedad que el problema de este país era los policías», dijo Osorio quien se ha convertido en un reconocido analista en temas de seguridad.
Sobre Bonilla, Osorio aseguró que éste tenía una relación muy importante con el gobierno de los Estados Unidos. «Si estas unidades de inteligencia extranjeras han tenido un conocimiento importante, yo me pregunto si Bonilla era parte de esta estructura o lo mandaron a hacer un trabajo, pero el Tigre Bonilla tenía un ahijado que era uno de los Valle Valle. En este país el general Bonilla fue todo poderoso en la policía, él manejaba la inteligencia, él manejaba la prevención, él manejaba la investigación, él manejaba todo, pero yo lo que puedo decir es que en ningún momento en mi caso jamás me dio una orden arbitraria, al contrario, hice una operación contra un oficial de la zona sur que estaba reunido con unos delincuentes, entre ellos unos narcos, e inmediatamente los relevé de su cargo», explicó.
Que sucesivas administraciones presidenciales estadounidenses hayan empoderado a las redes de corrupción en Honduras no está en duda. Armstrong, el exanalista de inteligencia, dijo que la culpa de los Estados Unidos por haber seguido apoyando a las administraciones hondureñas después del golpe– que claramente eran corruptas – es enorme. «Hemos sido los propiciadores, los facilitadores, los que dieron luz verde a los golpistas, a Lobo y a JOH. Esto incluye a algunos demócratas de importancia y la evidencia estuvo allí durante mucho tiempo», dijo.
Según John Lindsay-Poland, un investigador que trabajapara el American Friends Service Committee, una organización afiliada a la Sociedad Religiosa de Amigos (Cuaquerismo), «la Administración Biden no ha cambiado sustancialmente la mayoría de los objetivos de la política exterior en la región. Tampoco han sancionado a las fuerzas estadounidenses implicadas en la capacitación de fuerzas extranjeras involucradas en delitos graves», tal y como exige la ley Leahy y agregó que «así no hay un cambio de paradigma».
Lindsay-Poland, quien durante décadas ha sido escritor sobre las políticas exteriores de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, dijo que los Estados Unidos deben asumir la responsabilidad por haber apoyado a tales regímenes y a sus fuerzas de seguridad corruptas. «Pero en este momento, ese es un mundo imaginario», dijo.
Por su parte, en Honduras, Osorio llamó a la comisión depuradora «narco comisión» porque coincide con las actuales autoridades policiales en que la depuración solo sirvió para aniquilar a la policía.
En febrero de 2022, Osorio dijo a medios de comunicación hondureños que el 85% de todos los agentes policiales depurados regresarían a la Policía Nacional ya que las demandas contra el Estado son millonarias. Él, por su parte, aseguró que no piensa volver a la institución.
«Quizás un 10% de los depurados eran los que estaban vinculados al crimen, pero aquí se prestaron los poderes del estado que eran manejados de una forma antojadiza por Juan Orlando Hernández Alvarado, entonces muchos de los que nos sacaron era porque éramos un estorbo para el narcotraficante Juan Orlando Hernández Alvarado», dijo Osorio, quien además aseguró que a todos sus compañeros de operaciones también los sacaron de la institución después de los golpes que dieron a la estructura criminal que según él estaba ligada a los Hernández.
Osorio dijo que ha sido frustrante cómo el crimen enquistado en el Estado ha desafiado a las fuerzas de seguridad. El comisionado contó que después de haber detenido a personas vinculadas al expresidente en 2015, ese mismo año, en diciembre, se dio cuenta de que uno de los detenidos salió «con permiso» el 31 de diciembre de la cárcel. «Le pagaron más de diez millones a un oficial del ejército que era director de un centro penal para que ese individuo fuera a su cena de fin de año en la casa, [yo] lo recapturo nuevamente en una clínica de San Pedro Sula y lo mando al presidio y cuando reporté a uno de los ministros más bien lo sentí con un tono molesto conmigo porque yo había recapturado a ese miembro que posteriormente se fugó del centro penal, todavía no se sabe el paradero y en ese centro penal se perdió el libro de novedades».
Para Osorio, actualmente hay una reconfiguración del crimen organizado y mencionó varias señales y causas de eso, una de ellas -aseguró- es la captura y extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado, otra es la fuga del líder de la Mara Salvatrucha MS-13, «El Porkys», y también la sentencia de Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias «Cholo Houston», otro cabecilla de la organización criminal. «También está la política de cero tolerancia, de mano dura que tiene el presidente de El Salvador Nayib Bukele, entonces hay una forma natural de que estas estructuras se vengan para Honduras o Guatemala y están yendo hasta por balsas a Amapala», dijo Osorio.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha establecido un estado de excepción que se ha prolongado durante siete meses a raíz de una negociación fallida que su gobierno sostuvo con la Mara Salvatrucha. Osorio negó que Bukele haya negociado con pandillas, a pesar de que hay pruebas sobre esto, y aconsejó que el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras tome de ejemplo lo que su vecino está haciendo. «Yo creo que este gobierno debería ver como en un espejo a El Salvador», dijo.
Mientras tanto, el subcomisario Muñoz espera refuerzos en Trujillo, este municipio ha tenido un repunte de violencia que incluso tocó directamente a sus policías. Entre enero y junio de 2022, la policía de Trujillo reportó 39 homicidios y 4 muertes violentas indeterminadas, una cifra alta tomando en cuenta que, durante todo el 2021, la policía reportó 37 homicidios y 6 muertes violentas indeterminadas, a estas cifras se sumaron los tres agentes policiales asesinados en abril. Muñoz nos mostró el carro tiroteado aparcado frente a su oficina policial y nos dijo «se salvó de milagro el muchacho, eso pasa cuando Dios tiene un propósito y no le toca morir a uno. Ya voy a pedir que muevan este carro de aquí porque la gente lo mira y se asusta».
ESTE REPORTAJE FUE APOYADO POR UNA BECA DEL FUND FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM
