Apología a la crueldad y secretismo son el centro de la tragedia ocurrida en la Anapo

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Tres jóvenes muertos y 31 hospitalizados dejó el entrenamiento para aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía (Anapo). Se desconoce, por ahora, una versión definitiva sobre lo sucedido y tampoco se han revelado las autopsias de los fallecidos. Sin embargo, familiares de los afectados y expertos aseguran que hubo exceso de fuerza en el entrenamiento.

 

Texto: María Celeste Maradiaga
Fotografías: Jorge Cabrera y Fernando Destephen

El 11 de septiembre de 2022, la Policía Nacional anunciaba en su página web el recibimiento de más de 500 aspirantes a oficiales auxiliares en la Academia Nacional de Policía (Anapo). Profesionales de las distintas áreas llegaron con sus familiares a las instalaciones de la Anapo en el departamento de La Paz, al occidente de Honduras, con la finalidad de obtener una plaza en el área administrativa. Los aspirantes admitidos, quienes en realidad sumaban 495, fueron seleccionados de un grupo de más de 3,000 personas.

Horas después, se reportaron complicaciones en el estado de salud de distintos aspirantes después del primer día de un curso que tiene una duración de cuatro meses. El entrenamiento al que fueron sometidos en su llegada resultó en 31 hospitalizaciones y en la muerte de Jairo Martínez Cruz y Ronald Javier Coello, quienes presentaron complicaciones respiratorias según un comunicado de la Policía Nacional. Una semana después se reportó la muerte del tercer aspirante a oficial auxiliar, el profesional de la medicina Kevin Mejía.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad realizó una conferencia de prensa liderada por la viceministra, Julissa Villanueva, y con intervenciones ocasionales del comisionado general de la Policía Nacional, Héctor Gustavo Sánchez, en la que la viceministra de Seguridad negó rotundamente el uso de gases lacrimógenos en el entrenamiento de los aspirantes y sugirió que las muertes pudieron haberse dado por «exceso de trabajo muscular» o el «uso de bebidas energizantes».

Un familiar de uno de los jóvenes hospitalizados dijo a Contracorriente que a todos los aspirantes los obligaron a presentar sus exámenes médicos previo a iniciar el curso, algo que contrasta con la versión de la Policía, que sostiene que no tenían conocimiento del estado de salud de todos los aspirantes. Este familiar, que ha pedido se proteja su identidad por temor a represalias, dijo que los aspirantes, además de estar expuestos a altas temperaturas previo a dar inicio al evento, solo tuvieron 40 segundos para comer e inmediatamente fueron puestos a prueba al correr cargando su propio equipaje.

«Les dieron un pescado y les dieron un refresco de Tang (bebida en polvo que se prepara con agua). Se supone que en el fresco había un problema, y que el pescado era de ya días (viejo) también», aseguró. Hasta el momento, según testimonios de distintos aspirantes hospitalizados y sus familiares, hay alrededor de 30 hospitalizados por intoxicación alimentaria en distintos hospitales del país, entre ellos tres hospitales de la capital: el Hospital San Jorge de la colonia el Hato, el Hospital San Jorge del barrio La Bolsa y, además, en los hospitales regionales de los departamentos de La Paz y Comayagua.

«Mi familiar no es una persona sedentaria, hace ejercicio, entonces no entiendo por qué la magnitud del ejercicio que impusieron; se les fue de las manos», argumentó uno de los familiares, quien además contó que su familiar se desvaneció, perdió la memoria y fue trasladado a un hospital ese mismo día. 

Previo a la realización de este curso, la Anapo tampoco informó cuántas eran las plazas a oficiales auxiliares realmente disponibles, y hasta el momento se desconocen los instructivos o manuales a seguir para el entrenamiento de iniciación, el cual debe ser distinto al entrenamiento de policías que integrarán unidades de intervención o al de las fuerzas policiales especiales. 

Otro persona, cuyo nombre también mantenemos en el anonimato por cuestiones de seguridad, asegura que su familiar realizaba ejercicios constantemente y también cumplió al someterse a distintos exámenes médicos previo al curso, como es requerido por las autoridades policiales.

«No nos han querido decir a detalle lo que tienen (lo que padecen), han estado bien evasivos cuando uno les consulta, no se sabe por qué tanto secreto», asegura, mientras cuenta que su pariente empezó a convulsionar e inmediatamente fue trasladado al hospital regional de La Paz, para luego ser remitido al Hospital San Jorge de la colonia el Hato, en la capital.


Aspirantes internados en los distintos hospitales han confirmado a Contracorriente estas declaraciones, y a la vez han desmentido la versión de los hechos proporcionada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva: nadie tomó energizantes —dentro de la academia no pueden adquirirse—, los exámenes médicos solicitados antes del curso confirmaban que ninguno tenía alguna enfermedad de base y en la evaluación médica tampoco quedaron descartados por mínima incapacidad física.

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La viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, ofrece una conferencia de prensa luego de que se reportara la muerte de dos aspirantes a oficiales auxiliares en el entrenamiento de la Academia Nacional de Policía (Anapo). Foto CC/ Fernando Destephen.

«No hemos recibido diagnósticos, todo ha sido muy privado, no se nos da información de nuestro estado más que “estás mejorando”, pero no se nos ha dicho si encontraron algo en los miles de exámenes que nos han hecho», afirma uno de los aspirantes.

Hasta el momento se desconocen las autopsias de los tres jóvenes que han muerto y los diagnósticos de las personas que están hospitalizadas. Una posible intoxicación por alimentos debido al estado de la comida y el tiempo en el que la ingirieron, el ejercicio excesivo y las convulsiones que experimentaron los aspirantes se repiten en todos los testimonios brindados a este medio.

La doctora Claudia Ramírez, quien además es diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), explica que muchos factores pueden provocar convulsiones en una persona, pero que, en este caso, el ejercicio extremo sumado a una posible intoxicación alimentaria pudieron haber generado mayor gasto cardiaco y así provocar una convulsión.

«Esto, sumado a otros eventos que no conocemos, como el posible uso de gases tóxicos u otras situaciones, pudo haber resultado en una hipoxia a nivel general, y sobre todo el daño cerebral que esto genera. Al tener una hipoxia cerebral una de las manifestaciones que se puede presentar en los pacientes a cualquier edad son las convulsiones por la falta de adecuada oxigenación y por un mayor gasto cardiaco debido a una posible inhalación de gases tóxicos y la exposición directa a estos», indicó la doctora como una hipótesis.

Otra diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, presentó el 19 de septiembre de 2022 un anteproyecto de ley para que médicos especialistas realicen las evaluaciones médicas pertinentes a los aspirantes de la Anapo hospitalizados. Esta iniciativa, asegura la doctora Figueroa, tiene la finalidad de realizar una investigación paralela a la que está realizando la Policía Nacional en este momento y de la cual no se conocen avances hasta el momento.

«¿Por qué no hubo previsión sabiendo que ellos ya tienen, supuestamente, una normativa bien establecida? Y sabiendo que también tienen los recursos para atender estas situaciones y la salvaguarda de estas personas. Los garantes de derechos humanos no pueden convertirse en violadores de los derechos humanos de los que ingresan a la academia, porque entonces estamos haciendo una antítesis de lo que decimos defender», señala la doctora Figueroa, quien además manifiesta que la respuesta por parte de la secretaría de Seguridad es escasa e insatisfactoria.

Contracorriente contactó al comisionado general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, sin embargo, no atendió las solicitudes de entrevista.

«Alguien dio un discurso de bienvenida, no sé si fue el mero comisionado general», asegura uno de los familiares de un aspirante hospitalizado, mientras cita —como lo recuerda— parte del discurso brindado por uno de los altos mandos de la Policía Nacional:

«En estos 34 años que yo tengo de ejercer en la Policía no son así nomás, requieren de sacrificio y muchas cosas más, pero antes de todo ustedes se van a acordar lo que se dice afuera “estudiar y aprender para chepo nunca ser”, hoy van a ver la realidad como es, hoy les vamos a dar la bienvenida».

Estas declaraciones fueron lo primero que recordó al darse cuenta del incidente y de que su familiar estaba hospitalizado y en grave estado de salud.

Desproporción del ejercicio físico y apología de la crueldad

La comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev), la abogada Melissa Escoto, asegura que, al tratarse de personas egresadas de la universidad y sin alguna experiencia en ejercicios físicos exhaustivos como los llevados a cabo en formaciones militares y policiales, es un hecho que existió desproporción del ejercicio físico aplicado a los aspirantes en su primer día de entrenamiento.

«Lamentamos los hechos que sucedieron con estas personas, con estos muchachos jóvenes. Este tipo de prácticas no deberían de ocurrir, ya que, desde un inicio, a estas personas se les practicó una evaluación exhaustiva médica, entonces podemos decir que eran personas que estaban completamente sanas y que por tanto habían pasado un filtro para ser aceptados o al menos salir en el listado de las y los candidatos que aspiraban a ser auxiliares policiales», expresa la abogada.

policias intoxicados anapo 2022 La comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto,
La comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto, atiende una entrevista con Contracorriente. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En esto coincide la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien asegura que, al tratarse de profesionales universitarios destinados a realizar funciones administrativas, no tenían que ser sometidos a prácticas que, desde su punto de vista, están en contra de la dignidad humana y de la salud de las personas.

«Aquí vemos como se ha malentendido el “espíritu de cuerpo” cuando pretenden encubrir estas situaciones, pretenden callar esto que es tan evidente. Yo me he quedado sumamente extrañada de las declaraciones de la doctora Villanueva, que es una profesional, es una patóloga forense y, sin embargo, en un intento desesperado por encubrir la responsabilidad de esos actos, ha dicho cualquier cantidad de cosas incluso contradiciéndose ella misma. Desde un principio he dicho que esto amerita una exhaustiva investigación, pero que no la realice la Policía, sino un ente ajeno con profesionales responsables para que los resultados sean totalmente transparentes e imparciales», señala la comisionada en condición de retiro, quien en su momento fue jefa de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía.

Con «espíritu de cuerpo» Borjas se refiere al principio policial de solidaridad al apoyarse y ayudarse mutuamente entre policías, aunque eso en la mayoría de los casos significa encubrimiento.

El comunicado de prensa emitido por la Policía refiriéndose a los hechos suscitados en la Academia Nacional de Policía (Anapo) informa la suspensión del comisionado Marlon Vásquez Palma del cargo de director de la Anapo.

En 2017, la Fiscalía de Derechos Humanos presentó una acusación en contra del comisionado Marlon Vásquez Palma y otros dos oficiales (Juan Manuel Aguilar Godoy y Félix Adrián Colindres) por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, y detención ilegal y torturas en contra de defensores de derechos humanos y universitarios luego de un desalojo realizado por agentes policiales contra miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH).

«Para mí se hubiera suspendido el grupo completo de entrenadores, porque si él dio las órdenes —cosa que no sé— quienes la ejecutaron fueron las personas que estuvieron directamente a cargo de ese grupo, entonces, para mí la suspensión debe ser general, porque al fin y al cabo estuvieron en contacto directo y fueron los que obligaron a los aspirantes a someterse a esa práctica», asegura María Luisa Borjas.

Respecto al entrenamiento al que están sometidas las distintas unidades policiales, incluyendo estos aspirantes a oficiales auxiliares, el psicólogo Warren Ochoa asegura que se trata de una «apología de la crueldad» utilizada por los reclutadores en el entrenamiento de personas nuevas como una tradición histórica.

«Esto tiene que ver con la idea de que el que está arriba es el más poderoso según la ascendencia jerárquica y que encima tiene derecho a pasar por encima de la dignidad de otras personas simplemente porque “es más viejo” y porque “él sabe lo que es bueno”, cuando en la vida no necesitamos que alguien venga y nos agreda, y que tampoco diga que tengo que dar varias vueltas al campo cargando yo mi maleta y mi equipaje cuando recién vengo llegando sin haber tenido la preparación física adecuada», explica el psicólogo.

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Cadetes de la Policía Nacional esperan formados el paso de la presidenta Xiomara Castro durante la inauguración de la Policía Comunitaria en el departamento de Santa Bárbara. Foto CC/ Jorge Cabrera.

En su lugar, el licenciado Ochoa asegura que los entrenadores debieron de preparar a los aspirantes en inteligencia emocional para sobreponerse a las dificultades, sin embargo, la realidad es distinta cuando estos grupos son preparados para «cometer agresiones a la población cuando los grupos de poder así consideren necesarios, en el sentido de mantener el poder y los privilegios que ostentan políticamente hablando».

Además, el profesional en salud mental explica que al pensar en la lógica de «el que juega aguanta» se revictimiza a los aspirantes que, según testimonios, fueron víctimas del abuso verbal y agresiones psicológicas por parte de los entes policiales en este entrenamiento.

«Esta apología de la crueldad está presente en maras y pandillas, en mafias, en la Policía y el Ejército —que no operan muy distinto al crimen organizado— y por eso es que, al entrenar a hombres en etapas reproductivas, se les desensibiliza en cuanto agresiones verbales, psicológicas, mentales, al despojo, a la agresión física, al uso de estrategias de agresión, como desestabilizar a las personas y que se vuelvan personas dóciles y fáciles de manipular», señala el psicólogo.

Un día después de la tragedia, la Policía Nacional publicó un video en el que se ve a la viceministra Julissa Villanueva preguntando a los aspirantes que lograron culminar el entrenamiento si alguien los había maltratado, en un solo coro y en formación militar todos respondieron: «¡NO!».

Una policía con «enfoque de género y derechos humanos»

En contraste a los acontecimientos en la Academia Nacional de Policía, la semana anterior la subsecretaría en Prevención y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad (SDS) participó en un taller para el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana con enfoque de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

«Es necesario revisar, analizar y actualizar desde una mirada multidimensional los factores que afectan la convivencia y seguridad ciudadana; lo anterior, a fin de disminuir las amenazas de la violencia en la población que permita la convivencia segura y pacífica», detalla la nota de prensa publicada por el PNUD.

El 6 de julio de 2022, la presidenta Xiomara Castro anunció en el departamento de Santa Bárbara la instalación de las Mesas de Seguridad Ciudadana a nivel nacional e informó sobre la implementación del modelo de la Policía Comunitaria en todo el país. Sin embargo, desde esa fecha hasta el 16 de septiembre del presente año se registran 654 homicidios, según el Portal de la Policía Nacional.

La comisionada en condición de retiro, María Luisa Borjas, asegura que, en disparidad al acercamiento a la población hondureña que está «implementando» la Policía Nacional, se trata más bien de una campaña mediática para elevar una imagen y que la ciudadanía se forme otra opinión de las instituciones cuando en realidad continúan implementando las mismas prácticas.

«La Policía había avanzado, porque las personas que ahora la dirigen tenían, supuestamente, otra visión de las cosas, entonces, la ciudadanía estaba viendo con mejores ojos a la institución policial, pero este hecho ha retrocedido esa visión. Si ellos (la Policía) quieren realmente recuperar la credibilidad, tienen que actuar dentro del marco legal y respetando los procedimientos. Se debe hacer una investigación imparcial, transparente y se debe informar sobre los resultados de esta y deducir las responsabilidades a los involucrados», argumenta María Luisa Borjas.

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Miembros de la Policía Turística participan en la inauguración de la Policía Ciudadana. Foto CC/ Jorge Cabrera.

Ante esto, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) anunció que denunciará al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) los hechos ocurridos en la Anapo el 11 de septiembre de 2022.

Por otro lado, el comisionado en condición de retiro, Leandro Osorio, asegura que la Policía actual tiene un enfoque totalmente diferente al de años anteriores, un enfoque comunitario.

«Lo que pasa es que los gobiernos anteriormente dejaron abandonados estos procesos y recordemos que militarizaron la seguridad pública de este país, quienes han estado frente a la seguridad pública han sido militares sin ninguna formación, sin ninguna capacitación, sin ninguna expertise en seguridad pública, y cambiar en 7 meses la seguridad pública no es tan sencillo», afirma el comisionado en condición de retiro.

Leandro Osorio asegura que, al tener por primera vez a un ministro con formación académica en materia policial, se le está dando un giro diferente a la seguridad pública en cuanto a su fortalecimiento, pero con acontecimientos como los ocurridos en la Anapo más bien se daña la imagen de la Anapo por falta de supervisión.

«Muchos de los aspirantes no pasaron los procesos de selección, entonces no se sabe si alguien tenía alguna clase de patología y que clase de patología; no todos pasaron por ese proceso de selección porque muchos fueron recomendados, y, al aceptar personas recomendadas y no saber si tienen alguna enfermedad, se corre mucho riesgo en el debido proceso», indicó Osorio.

Para el familiar de uno de los aspirantes hospitalizados muchas cosas no cuadran: entre ellas, la inflamación en los ojos y las alergias presentadas de los aspirantes hospitalizados, la ambigüedad de las autoridades policiales a la hora de emitir una versión oficial de los hechos y la manera en la que se desarrolló el entrenamiento cuando solo era el primer día de este curso.

«¿Por qué el Estado y los gobiernos de turno —y no le quiero echar la culpa al que se fue ni al que está— usan estas instituciones tan drásticas para que vayan a tratar a un profesional de una manera tan agresiva? ¿Y por qué los muchachos se someten a estos entrenamientos? Bueno, porque están desesperados, quieren ganar dinero, hay mucho desempleo en Honduras. Les prometieron un buen salario, sin deducciones y todas esas cuestiones», dijo el familiar de uno de los más de 30 hospitalizados, quien también pidió permanecer en el anonimato, pues, aunque lo peor ya pasó para sus familiares, el secretismo y mal manejo que está teniendo el caso los predispone a ser cautelosos cuando de la Policía Nacional de Honduras se trata. 

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