Los que no cuentan como presos políticos

Edy es un muchacho de 20 años quien había intentado salir de su barrio porque se daba cuenta de eso, que los jóvenes allí no tienen futuro. Hace un par de años migró a un pueblo del occidente del país, a Ocotepeque porque allá le dieron un «trabajito» vendiendo comida, pero sus condiciones no eran mejores que en Choloma. Regresó pero intentó irse de nuevo, esta vez a Estados Unidos.

Durante la crisis política Edy fue a las protestas, su hermano mayor incluso cargaba una gran bandera de la Alianza de Oposición, cuenta doña Bessy, quien cree que esa lucha era justa, pero a quien siempre le dio miedo que sus hijos se fueran a la calle a defender el voto.

Bessy habla por teléfono con él, cuenta que la última vez Edy le pidió no dejarlo allí encerrado. Y llorando Bessy siente la desesperación de su hijo, quien apenas una semana antes de su detención había sido deportado de México en su camino hacia Estados Unidos.

–Le digo yo ¿todos vamos a estar presos por andar protestando por algo en lo que no estamos de acuerdo?, él me contesta: «yo sé que sí, madre. Pero yo lo único que le pido es que no nos deje aquí, que no me deje aquí».

Bessy no lo ve desde el 15 de febrero que lo capturaron en un allanamiento en la casa de su novia y su cuñado. A él y a su cuñado German Rivera Rivera se los llevaron juntos y los acusaron de asociación ilícita junto con 3 jóvenes más capturados en la misma zona que ellos.

Dos días tenían Edy y German de haber sido deportados porque Edy enfermó en el camino con un dolor de muela y pensó que no aguantaría la travesía que le esperaba hacia Estados Unidos y se entregó, según cuenta Bessy.

Bessy Mejía, madre de Edy Gonzalo. Foto: Martín Cálix.

–Yo le decía: ¡Pucha! Usted es universitario y protestando en contra de JOH, y él me decía: si usted supiera la gente que anda ahí, andan ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales y es la prensa la que dice que son vagos, delincuentes y mareros. Como le digo, la policía busca un culpable y lo tildan de marero. –cuenta don Alfonso.

La hermana de German no quiere hablar, en ese barrio cuando se llevan a un joven es mejor callar, no tiene certeza de que su hermano no está involucrado con maras y pandillas . Doña Bessy cuenta que frente a su casa antes vivían unos jóvenes universitarios hasta que un día llegó la policía, les hizo un allanamiento buscando drogas y al no encontrar nada destruyeron todo. Los jóvenes nunca volvieron. El vecindario calló.

En todo esto, don Alfonso, intenta encontrar una explicación.

–El problema es que mi hijo usa tenis Nike blancos con una raya dorada y la de los mareros es tenis negros con una raya blanca, siempre le dije que no usara Nike, yo ando esta camisa aquí, que no tiene ningún número porque si no lo matan a uno en la calle.

Que si andaba tenis de pandillero, que si era joven, que si estuviera encerrado en casa todo el tiempo no le habría pasado nada. Si hubiera sorteado todas las trampas de un país violento, Edy sería un muchacho normal, quizá anduviera trabajando en este momento. Pero Edy está en El Pozo, la cárcel de máxima seguridad construida por el presidente Juan Orlando Hernández al que Edy le gritaba «¡Fuera JOH!» cada vez que podía en las calles.

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El abogado Tomás Andrade desconfía de todo el que se interese por el caso de los presos políticos. Desconfía de los intereses, de las intenciones. Analiza el caso de los jóvenes de Choloma y cuestiona el porqué no se encuentran en la lista oficial de los presos políticos. Eran jóvenes no muy conocidos y uno tiene antecedentes penales. Es un análisis que se vuelve cada vez más complejo y aunque él se muestra como un abogado comprometido, sabe que pone su carrera en riesgo, está consciente de ello.

«Nuestra Constitución de la República, el Código Penal y el Código Procesal Penal, no establecen los delitos políticos. Los delitos por los cuales fueron acusados nuestros compatriotas son de incendio a las postas policiales, daños a la propiedad en perjuicio de la Secretaría de Seguridad, atentados contra los policías y otros delitos. Era tanta la gente que andaba en esas protestas, tanta la turba que incendió las postas que es difícil determinar que uno o dos llevaban el combustible.  Se dice que la Secretaría de Seguridad pudo hacerlo en confabulación y en complicidad con ciertos grupos criminales que son muy conocidos por ellos mismos. Se planificaron estas quemas de tal manera que después se hizo un proceso de seguimiento a todos los manifestantes de las protestas públicas; aquellos que eran líderes, aquellos fueron criminalizados y puestos a las órdenes de las autoridades», acusa Andrade.

“Esta calle es la que comunica Estados Unidos y Europa con Honduras y atacar ese puente es como darle en la yugular al gobierno”, Alfonso Valle.

Y recuerda las múltiples denuncias que hizo la excomisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, quien habló –según Andrade– de la colusión de ciertos comisionados de policía con la Mara Salvatrucha (MS 13). «Yo puedo afirmar con toda objetividad que hubo una confabulación entre los miembros de la cúpula policial y militar con estructuras irregulares como maras y pandillas como parte de una estrategia del gobierno con el fin de hacer eventos de quema de negocios y actos de vandalismo y posteriormente involucrar a los manifestantes en estas actividades para criminalizarlos».

«En el caso de los primeros 33 que fueron detenidos cuando se dieron los primeros saqueos de Diunsa en San Pedro Sula, por ejemplo, y de otros centros comerciales eran turbas precisamente anárquicas que de forma muy espontánea salían a las calles y que de alguna forma había toda una estrategia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para dejar hacer y después capturar a los que a ellos les convenía capturar, pero la gran cantidad de personas que salieron a las calles tenían el propósito de protestar y utilizaron esa estrategia para posteriormente establecer una campaña de terror y de miedo para que la gente no saliera a las calles a protestar», analiza Andrade.

El Pozo, Ilama, Santa Bárbara. Foto: Martín Cálix.

Andrade se preocupa por la situación de los presos, sobre todo los que están en cárceles de máxima seguridad, como Edy. Asegura que ni el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos o Degradantes (CONAPREV), que es una institución del Estado es escuchado en las recomendaciones para mejorar las condiciones de los privados de libertad, sobre todo los presos tras el conflicto postelectoral, cuando han logrado constatar torturas y tratos crueles e inhumanos.

En la presentación de un informe sobre la situación de las cárceles en Tegucigalpa, la abogada Glenda Ayala del Conaprev manifestó al periódico digital Pasos de Animal Grande que actualmente han «verificado que las condiciones a los que se ha sometido a ellos (presos de políticos) son deprimentes y va en detrimento de su calidad humana. De hecho estas personas que fueron remitidas al Centro Penal de Ilama, están alojados en los módulos de máxima seguridad, en celdas de 2 por 2, por más de 16 días no tuvieron acceso a ver la luz del sol y todo ese tipo de acciones y medidas, que miramos que son atentatorios a la dignidad de la persona humana».

Además aseguró que  han corroborado que existen torturas en contra de ellos, golpes al momento de sus detenciones y lesiones.

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Tomás Andrade agrega: «Yo le puedo decir que visito estos centros de privación de la libertad, que son lugares sumamente duros y hay un maltrato permanente a ellos. No son tratados como personas normales, ellos son maltratados, han sido torturados en los centros penales, en El Pozo particularmente».

La primera vez que nosotros, como periodistas intentamos entrar a El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, 6 oficiales de la Policía Militar y uno del Instituto Nacional Penitenciario nos negaron la entrada. «Al Pozo solo se puede entrar con autorización directa del presidente Juan Orlando Hernández», nos dijo la oficial de la PM. Una escena que contradice en su totalidad la sentencia de la CORTEIDH contra el Estado de Honduras en la que se solicita poner las cárceles al mando de la autoridad civil y no militar.

Tomás Andrade, abogado defensor de DDHH. Foto: Martín Cálix.

El subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, el abogado German McNeil asegura que en Honduras no existen los presos políticos y que lo que hay son personas presas por cometer actos vandálicos en las protestas. Además, al preguntarle cuál es el criterio para enviar a una persona a una cárcel de máxima seguridad, nos dijo que a los acusados se les hace un examen técnico que determina si son personas de alta peligrosidad. Es decir, no son las personas ya condenadas las que van a las cárceles de máxima seguridad, tampoco son los pandilleros o mareros acusados de asociación ilícita, no importa el delito ni la condena, el Estado de Honduras, según McNiel, tiene la capacidad de determinar quién es peligroso y quién no para la sociedad.

Para que un familiar pueda ver a su preso en las cárceles de máxima seguridad debe solicitar un carnet de visita que requiere una serie de documentación personal: antecedentes policiales, antecedentes judiciales, constancia de vecindad, 3 recomendaciones personales. Estos requisitos no garantizan que se les dé el carnet, aún se debe esperar 6 meses para saber la respuesta. Y el Institutito Nacional Penitenciario mucho menos tiene protocolo especial para periodistas.

Andrade al fin tomó el caso de Edy. La familia guarda un poco de esperanza desde entonces.

Para el 30 de enero el Comisionado Nacional de Derechos Humanos ya contaba 29 requerimientos fiscales principalmente por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado, con relación a hechos o acciones ejecutados durante la etapa post electoral. Además que atendía en ese momento 182 quejas relacionadas con derechos vulnerados: la vida, integridad física, libertad individual, libertad de expresión, debido proceso, inviolabilidad del domicilio, entre otros.

Los procesos contra las personas a las que se les supone responsables de incendios de postas policiales, lesiones contra oficiales y el asesinato del único oficial de policía muerto en las protestas, han sido rápidos y efectivos sin embargo, la OANUCDH cuestiona porqué al cierre de su informe el pasado 27 de enero no existía ningún detenido de las fuerzas de seguridad responsables de más de 40 muertes en la crisis post electoral.

Andrade asegura que las organizaciones de derechos humanos se han limitado a documentar estos casos, ya se han dado las primeras denuncias y entregas de documentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones, pero este es un proceso lento, tedioso, tortuoso y que tiene efectos a mediano y largo plazo.

Puente en carretera hacia Puerto Cortés. Foto: Martín Cálix.

«Tomarse el puente era como darle en la yugular al gobierno»

Choloma es una ciudad muy importante, es el paso de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés. «Es la conexión de Honduras con Estados Unidos y el mundo», dice don Alfonso. El puente que normalmente se tomaban es por donde él entra a la colonia donde está su casa.

–Ya le dije a mi hijo mayor que lo iban a meter preso por llevarle agua a esos de la resistencia porque ahí anda comprando el montón de bolsas de agua para esa gente. Él siempre está comunicado qué días va a haber marchas y él va, con una bandera en la moto. Es algo que no puede quitárselo uno.

Pero el que su hijo esté preso junto con otros 5 por «eventos vandálicos en las protestas» como lo escribió Diario La Tribuna en febrero al momento de la captura, ha hecho que la gente se encierre.

El 5 de febrero de 2018 fue la última protesta fuerte en Choloma. Ese día fue asesinado Ismael Hernández de 40 años, un señor que iba pasando de camino a su trabajo, abatido por una bala disparada por militares. También ese mismo día manifestantes dieron vuelta a un contenedor que iba camino a Puerto Cortés.

«Pues se han calmado un poco porque allá ahorita en Los Almendros no sé si fue el viernes que iba a comenzar una a las 5 de la mañana y rapidito los fueron a desalojar. Antes las comenzaban en el puente, pero ahorita ya no los dejan. Siempre se dan cuenta los policías, no sé cómo», cuenta don Alfonso.

Doña Bessy, desafiando la voluntad de su esposo de mostrar que están en contra de las protestas, asegura que ella misma iba con sus hijas a las marchas y que la semana pasada convocaron a una el domingo, pero ya tiene miedo. Don Alfonso interrumpe y cuenta que trata de aleccionar a su otro hijo diciéndole: «usted está estudiando y trabajando en una buena empresa, le gusta el fútbol y por andar en esas cosas va a ir para el presidio. Yo ni quiera Dios, termino de morirme».

Don Alfonso se indigna y dice que esto parece una dictadura. «Tanto que se quejan de Venezuela de que es un país dictador y este señor haciendo lo mismo prácticamente y a la policía le dan órdenes de que es capaz y hasta desaparezca a la gente».

Hace poco su hija estaba enferma, don Alfonso asegura que nadie la atendió en el hospital y él no tiene seguridad social porque no tiene un trabajo fijo. Va a todas las ferias y está pendiente de qué ofrece el gobierno con el programa «Con chamba vivís mejor» pero la última vez sólo ocupaban 30 muchachos y era más la algarabía.

«Todo el día haciendo una publicidad nacional e internacional, pero es pura mentira solo para salir en el periódico ante otros gobiernos de que se están contratando miles y miles de personas y usted va a los portones y a todo el mundo lo regresan. Le agarran los papeles y lo regresan de nuevo y eso que en Choloma hay muchas maquilas, la gente en otros lados solo Dios con ellos», cuenta.

El país es un espejismo, el gobierno, Choloma mismo, dice Alfonso.

-Choloma es un espejismo porque es la arteria principal, la aorta de Honduras. Esta calle es la que comunica Estados Unidos y Europa con Honduras y atacar ese puente es como darle en la yugular al gobierno. Pero ahora toca buscar trabajo, yo me pongo a vender cositas para sostener mi familia, porque ahora lo que uno busca es comer.

A veces Alfonso escucha a Bessy orar y decir que pide por todos los presos aunque no los conoce. Él recapacita y se da cuenta que ésta no es una lección para su hijo, que esto es un problema de país.