Hoy se presentó el informe “Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres” realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que muestra la red de mando que desarrolló el plan que terminó con la vida de la lideresa social. La cadena comienza con la empresa Desarrollos Energéticos S.A. hasta llegar a estructuras estatales. Esta información está en manos del Ministerio Público desde mayo de 2016. Decenas de indígenas lencas se movilizaron hacia Tegucigalpa para escuchar los hallazgos, varios de ellos aseguraron sentirse en mayor riesgo porque la situación de violencia sigue en las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico y la impunidad sigue predominando en el caso.
Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación del asesinato de la líder social y ambientalista, Berta Cáceres, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes, según el informe. Los expertos hablaron esta mañana y allí sentada los escuchó Rosalina con su bebé de 3 meses. También escuchaba atenta María mientras cargaba a su hijo de 19 meses. Ambas mujeres no se sorprenden con el informe, pero sí se preocupan. “Las cosas en la comunidad están más difíciles, a nosotros nos pueden matar y ni cuenta se van a dar”, dijo Rosalina.
El Gaipe tuvo acceso parcial a algunas pruebas en poder del Ministerio Público basadas en vaciados telefónicos de los procesados por el asesinato de Cáceres. Sin embargo omiten todos los nombres de las personas al mando de la operación según los mensajes de texto.
“[…] Fíjese que nos acaban de informar que los Copines van a presidencial… Yo acabo de presentar la Denuncia ante la Fiscalía… Sabe si su tío pudo hablar con el ministro de seguridad??”
Este es uno de los mensajes publicados en el informe que muestran cómo la empresa se vinculaba a instituciones del Estado y eso logró que el operativo culminara en el asesinato de Cáceres.
El día en que asesinaron a Berta Cáceres, miembros de la base del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) estuvieron con ella en un taller sobre energía renovable que facilitaba el líder social mexicano Gustavo Castro, un amigo de la organización por muchos años. Castro casi fue asesinado esa noche con Berta. De inmediato, las líneas de investigación del Ministerio Público apuntaban a un crimen pasional o a un plan que viniera desde el mismo Copinh. La familia y la organización acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por organizaciones nacionales e internacionales, insistieron en la conformación del equipo de expertos independientes para realizar una investigación verídica que diera con los verdaderos asesinos.Es así como, en noviembre de 2016, surge el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), integrado por Dan Saxon, Roxanna Altholz, Miguel Ángel Urbina, Jorge Molano y Liliana Uribe Tirado.
Desde mayo el Ministerio Público tiene esta información y no ha logrado identificar autores intelectuales
El informe del Gaipe muestra las pláticas entre autores materiales e intelectuales, pero no muestra nombres. Los expertos aseguran que fue porque no pueden violar el principio de inocencia de las personas involucradas ya que el Ministerio Público (MP), el ente encargado de hacerlo, no los ha requerido apesar de tener las evidencias.
Roxana Althoz, miembro del Gaipe puntualizó que “es claro el involucramiento entre DESA y las fuerzas de seguridad del Estado. Hubo operativos conjuntos de inteligencia, seguimiento a Berta Cáceres y otros líderes de Copinh casi a diario, sabían incluso cuando llevaba Berta a su madre al doctor, cuando llegaba a las comunidades. Había inteligencia compartida entre DESA y la policía nacional que en la región es cooptada con la bendición del ministerio de seguridad. Es la empresa y los ejecutivos quienes determinan donde van los agentes, cuando se deben movilizar, cuales deberían ser sus acciones en cuanto al conflicto con Copinh”.
Aseguró que desde noviembre del año pasado el Gaipe solicitó reuniones con el MP, pero solo hasta ayer aceptaron la solicitud.
“Desde mayo de 2016 el MP tiene la evidencia para identificar quienes son los autores intelectuales del asesinato de Berta además de una serie de actos delictivos incluyendo investigar agentes del ministerio de seguridad que son responsables por omisión en la protección de Berta Cáceres”, expresó.
Más líneas de investigación
Althoz también se refirió a la investigación que está haciendo la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) en cuanto a casos de corrupción en el proyecto. “La empresa tenía problemas financieros en 2012 y 2013, es en ese momento que les llega el financiamiento internacional y parece que ese dinero se utilizó para contratar empresas de relaciones públicas y empresas de seguridad que llevó a un incremento de la violencia en las comunidades.
Yo creo que es importante que cualquier institución internacional, penal o de DDHH que tenga jurisdicción en Honduras investigue este caso”, culminó.
Por su parte, Berta Zúniga Cáceres, la hija de Berta que heredó la coordinación del Copinh, asegura que lo que sigue es traducir este informe en acciones jurídicas que permitan la captura, el enjuiciamiento y la condena de los autores intelectuales que pertenecen a estructuras del poder económico de Honduras “casi intocables”.
El hallazgo más sorprendente para Zúniga Cáceres es la confianza y la impunidad con la que los autores intelectuales hablaban en la planificación del crimen.
“Nosotros pedimos la destitución de los fiscales que han conocido el caso porque creemos que no hay voluntad para desenmascarar el crimen en su integralidad. La captura de los autores materiales solo fue una pantalla de humo para decir que están haciendo acciones en la búsqueda de justicia pero creemos que no, han tenido esta información desde hace tiempo y no han querido dar seguimiento, vamos a seguir las vías legales para la cancelación del proyecto Agua Zarca como acto de justicia para nuestra compañera y el Copinh”, dijo a Contra Corriente.
También se refirió a la Maccih aduciendo que quieren confiar que esta instancia abrirá otras líneas de investigación sobre crímenes que estuvieron alrededor del asesinato de su madre. “El tema de corrupción que parece muy evidente en las instancias locales, alcaldías, comunidades, y hasta en un alto nivel parece ser un buen mecanismo, una línea para también capturar a estas personas”, se refirió Zúniga Cáceres.
Las comunidades siguen heridas
Rosalina cree que este grupo de expertos han avanzado en la investigación, pero sigue exigiendo conocer los nombres de quienes estuvieron detrás de este asesinato que ha puesto a su comunidad en mayor riesgo. “Poco a poco lo vamos a descubrir, hemos visto desde que fecha persiguieron a Berta. Esto no va a acabar porque el fin es que caigan los intelectuales”, dijo esta líder lenca. Además denunció que en la comunidad San Ramón en San Francisco de Ojuera asesinaron a una mujer, hermana de dos miembros de Copinh. Ella cree que estas son señales del odio y la violencia que sigue enraizada en las comunidades donde el proyecto sigue siendo una realidad.
“Nosotros creemos que ese asesinato es parte de este conflicto, cuando uno se involucra, la familia está en riesgo por las enemistades, a veces se dan casos de esta forma para que no se descubra quien hace las cosas”, explicó Rosalina mientras chineaba a su bebé.
Las comisiones internacionales son un apoyo, dice Rosalina, porque no confía en las autoridades locales. “Nosotros pedimos que cancelen esa concesión para que no sigan afectando nuestras comunidades ni la madre tierra”, culminó Rosalina.
Althoz también reforzó la petición de que se revoque la concesión de este proyecto “ya que no existen condiciones para realizar una consulta previa, libre e informada porque esta comunidad sigue en condiciones de extrema violencia”.
Berta Zúniga asegura que las comunidades están en un proceso de reestructuración siempre en la convicción de seguir la lucha para respaldar los procesos de las comunidades de enfrentarse a este modelo económico.
“Hay una decisión que se reafirmó en asamblea general en continuar el trabajo de lucha que Berta nos heredó”, expresó.
Tras la presentación del informe, el senador estadounidense Patrick Leahy emitió un comunicado de prensa en el que asegura que “cualquier esperanza que el gobierno hondureño pueda tener de la asistencia continuada de Estados Unidos bajo el Plan de la Alianza para la Prosperidad dependerá, en parte, del resultado del caso de Cáceres, la aceptación del papel legítimo de la sociedad civil y la prensa independiente, y la reforma del sistema judicial”.
Además aduce que el informe solo confirma lo que todos ya sospechaban: que la investigación del asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de bloquear y desviar la culpa para proteger a quienes concibieron y pagaron por este complot, y una flagrante falta de voluntad política.
“El Ministerio Público debe divulgar completamente, sin más demora, todos los testimonios y pruebas electrónicas y balísticas a los representantes legales y abogados de los acusados de la familia de Cáceres, tal como lo exige la ley. El Ministerio también debe asegurarse de que cada prueba esté debidamente protegida y seguir las pruebas allí donde conduzca a la detención de los responsables”, establece el comunicado de prensa del congresista.
