A 18 meses del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres varias comunidades se resisten, se dividen y son reprimidas en medio del desarrollo de proyectos hidroeléctricos. El sector Pajuiles, ubicado en una de las cordilleras más importantes de Honduras y en una zona con abundantes cuencas hidrográficas al norte del país, es un foco de conflicto que ya fue escenario de violencia y criminalización. A 18 meses de impunidad tras el crimen de Cáceres, la institucionalidad sigue sin aprender lecciones para que no se vuelva a repetir la barbarie.
Delante de Albertina va su pequeño. A menos de dos meses de parir, el vientre de Albertina es tan prominente que llama a tocarlo, a saludarlo. A menos de dos meses de nacer, el pequeño sufrió con su madre un ataque con bombas lacrimógenas y un proceso judicial por “daños y perjuicios contra el Estado”, Albertina se ríe cuando cuenta su delito.
A sus 42 años espera su tercer hijo pero sobre todo espera ganar esta batalla en la que se metió, en la que su panza creció. “Hace un año comencé en organización, qué iba a saber que me iba tocar estar así en esto, pero no es impedimento. Ahora, eso sí, nosotros los hondureños nos sentimos como despojo humano, no valemos, no sabemos a quién recurrir y aquí el pueblo ha decidido que es la vida o la vida por el agua”.
Albertina participa en lo que han llamado “campamento de la dignidad”, un campamento de vigilancia permanente en la comunidad de Pajuiles en Tela, Atlántida donde pobladores de 13 comunidades impiden el paso de maquinaria a la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep), que tiene una concesión del río Mezapa en la parte alta de la montaña para construir una hidroeléctrica a filo de agua. Una toma que hace recordar la resistencia de Río Blanco, por la que fue asesinada Berta Cáceres en marzo del año pasado.
Albertina cuenta que cuando tenía 14 años se fue a vivir a la ciudad, a San Pedro Sula y desde entonces trabajó por 14 años más como obrera de maquila ahorrando para regresar a su aldea, Planes de Arena Blanca en Tela, Atlántida, tener su casita y formar su familia, vivir como no se vive en la ciudad: con un amplio solar, aire fresco, amistad vecinal y sobre todo agua fresca y abundante todo el día. Pero algo se lo comenzó a impedir, algo que hacía que el agua que consumía se tornara café, turbia.
En 2005 el Estado otorgó una concesión y contrata de aguas con licencia ambiental para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico sobre río Mezapa en un área de 2.7 Kms2 en la parte alta de Pajuiles afectando comunidades de la cordillera Nombre de Dios y en la parte baja a comunidades como Mezapa y Planes de Arena Blanca, el hogar de Albertina.
El proyecto se solicitó en marzo de 2005 y en septiembre ya tenía aprobada una licencia ambiental por un año, pero en 2008 la licencia obtuvo un periodo de 50 años de vigencia. En ese momento, La Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) también solicitó que “por la sensibilidad de la zona, se haga un proceso de socialización del proyecto explicando sus beneficios e impactos”, indica el resumen de Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Progreso, en primer momento llamado Proyecto Los Planes.
Honduras flexibilizó su marco legal para priorizar la generación de energía limpia y cumplir con la meta de gobierno de cambiar la matriz energética de 80% fósil a 80% renovable. Las municipalidades y todas las instituciones del Estado están obligadas a dar celeridad y facilidades a los empresarios de la energía renovable para hacer contratos con el Estado.
El proyecto Hidrocep del empresario Jason Hawit se aprobaba en el Congreso Nacional mientras las comunidades en la zona de influencia del río no se daban cuenta. Y no lo hicieron hasta que las máquinas comenzaron a escarbar y el agua comenzó a salir sucia casi diez años más tarde, cuando comenzaron a construir.
El proyecto en Pajuiles es pequeño, generará en su máximo auge 1.3 MW de energía eléctrica, lo suficiente para iluminar dos mil casas. No requiere construcción de cortina ni represa porque la toma es a filo de agua. El viceministro de Mi Ambiente, Carlos Pineda dice que un proyecto tan pequeño no requiere un estudio de impacto ambiental, sin embargo las comunidades de la parte baja de la montaña se resisten a que metan máquinas en la cordillera Nombre de Dios porque están sufriendo el impacto de la construcción arriba.
Inicia el proceso de diálogo entre comunidades enfrentadas por el proyecto Hidrocep. Asisten los interesados, pero el empresario progreseño de origen árabe Jason Hawit, no se presenta, envía al gerente del proyecto y otro empleado de alto rango, no llevan voto.
Mientras se acomoda la mesa de diálogo, se ven como enemigos los señores campesinos de las comunidades de “la zona alta” con los de la “zona baja”. “Ese está a favor del proyecto mire… ese fue el que me golpeó… allá va ese vendido al alcalde…” se oyen los murmullos.
El alcalde de Tela, Atlántida, Mario Fuentes, convocó a un diálogo la última semana de agosto ya cuando hubo dos enfrentamientos entre comunidades, una represión a quienes protestaban por parte de la Policía Nacional, además 17 personas judicializadas, todas en contra del proyecto hidroeléctrico.
En el receso se juntan a platicar, los hombres de la parte alta de la cordillera que conforman una red de patronatos, y los de la parte baja quienes han detenido la maquinaria por 150 días con un campamento y una tranca en la entrada de la comunidad de Pajuiles.
“Mire, nosotros vimos en Facebook que ustedes andan diciendo que nosotros no tenemos huevos (testículos) para enfrentarlos, que no nos atrevíamos a irlos a quitar. Ah y eso a mí sí me enojó y nos fuimos a quitarles esa tranca, para que vean que no somos monos como ustedes dicen en las redes sociales”, dice alterado uno. “Nadie nos pagó”, dice otro.
Oscar Martínez, delegado de la palabra y líder del campamento de Pajuiles los escucha, calla, sonríe. “Compadre se acuerda que antes hasta íbamos a su comunidad a celebrar la palabra, usted sabe que eso no es cierto, hay gente que anda diciendo esas cosas en Facebook y es para enfrentarnos, dividirnos”.
Una semana antes del diálogo, un grupo de personas bajaron de la montaña para quitar la tranca que mantenían las comunidades de la parte baja organizadas para no dejar pasar máquinas de Hidrocep. A golpes, con fuerza comenzaron a derrumbar las estructuras del campamento, justo enfrente de la policía. Hubo un enfrentamiento en el cual varios salieron golpeados, incluyendo el abogado Martín Fernández quien acompaña la resistencia con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj).
“Tiene que haber cese a la hostilidad de la gente de la montaña, que no crea que la gente de abajo es enemiga, porqué debemos estar agrediéndonos entre nosotros. Mi nariz es la evidencia de esta división”, explica Fernández quien carga con un golpe en la nariz recibido ese día del altercado. Así abrió su participación en el diálogo, urgiendo que si se va a comenzar ese proceso la empresa deje de trabajar en el sector, los procesos judiciales se suspendan y las hostilidades bajen entre las comunidades.
Don Gustavo Gámez se sienta al fondo, escucha todas las partes representadas en una mesa en ese encuentro realizado en el antiguo edificio de la Tela Railroad Company. Es la primera vez que esa alcaldía convoca un proceso de diálogo ya con preocupación por la conflictividad y porque también se acercan las elecciones generales y el alcalde va por la reelección para un segundo periodo consecutivo.
Gámez es coordinador de los patronatos de la cordillera Nombre de Dios y vive en Las Metalias, una aldea en la parte baja del río. A pesar de no vivir en la parte alta, don Gustavo coordina sus patronatos.
Don Gustavo aclara que no son empleados de Hidrocep, que no reciben dinero de la empresa, pero que sí, la empresa les prometió una buena calle y si esa tranca sigue impidiendo el paso de máquinas también impedirá que la calle sea arreglada y que los campesinos de la montaña bajen sus productos para la venta en la ciudad.
“La situación sigue normal, el único problema que tenemos es que las calles de acceso son malas, porque la verdad es que debido a este conflicto no se han podido reparar estas carreteras porque ellos han tenido cerradas las calles. Quien las estaba reparando ha sido por parte de la corporación municipal con apoyo de Hidrocep. No tenemos ningún compromiso con ellos, solo que ellos se han prestado a darnos el apoyo”, don Gustavo cuenta que la empresa les ha prometido además apoyarles con la construcción de un centro de salud, equipamiento para un colegio, les ha prometido apoyarles con la carretera y con otros proyectos sociales.
-La verdad las personas de arriba bajaron a arrancar unas trancas que habían colocado, eso es cierto, pero ellos no venían a pelear o decir cualquier cosa, pero los de Pajuiles, Mezapa y Planes se opusieron y los agredieron.
-¿Y hay solución a este conflicto don Gustavo?
-Mire, es bien jodido querer dar uno diagnósticos. El empresario este no es una persona mala, es una buena persona, tiene buenos deseos de apoyar y ayudar pero la parte de abajo conflictiva ellos no quieren ceder nada y sinceramente el agua potable no sale de esa quebrada donde van a construir esa hidroeléctrica, no hay, los proyectos son aparte.
Lo han confabulado políticamente y eso es el daño que le están haciendo a las comunidades, así de sencillo.
-¿Quiénes lo han politizado?
-No puedo decir, es como ponerme una pistola yo mismo en la cabeza. Yo tengo miedo, esta gente de abajo son así.
Hace poco estuvimos en un cabildo abierto aquí y se trataba de las plantas térmicas y allí vi yo a los mismos abogados del frente amplio (Movimiento Amplio) y lo mismo querían sacarme algo a mi como que yo fuera empleado de la empresa, como quien dice queriendo convencerlo a uno como que uno hable con los empresarios para que haya una partida de la producción de la cuestión esa para ellos, allí pude ver que las cosas se juegan de esa forma.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) nació tras una huelga de hambre que cinco fiscales hicieron en 2008 para denunciar la impunidad en el sistema de justicia, la impunidad de la que ellos eran testigos. Entre esos fiscales estaba Víctor Fernández, actualmente el abogado que lleva el caso de Berta Cáceres como acusador privado. Su hermano, Martín Fernández, también abogado y coordinador del MADJ, se encargó de crear núcleos organizativos en la costa atlántica del país, y así el Movimiento creció y se fue conociendo como una plataforma de defensa territorial, sobre todo en contra de la industria extractiva en el departamento de Atlántida.
“Son 10 años los que llevamos denunciando y no nos vamos a cansar”, dice Martín Fernández, a quien se le ve de cerca en el proceso de Pajuiles.
Fernández cuenta que el MADJ creó la estructura organizativa en la comunidad y le dio consistencia a todo el proceso de instalación de los campamentos, esa ha sido parte del trabajo. También asegura que no le preocupa los señalamientos de quienes no simpatizan con ellos. “Nosotros somos una organización de puertas abiertas, pueden venir a consultar si tenemos dinero y cómo funcionamos. Todo el trabajo es voluntario. Estas acusaciones responden a la instrumentalización de la gente por parte de los patrocinadores de estos proyectos”, asegura.
En 2016, vecinos de la comunidad de Pajuiles denunciaron que el agua estaba llegando sucia a sus hogares, esta denuncia llegó al MADJ y éste acompañó a las juntas de agua y patronatos a una inspección en el lugar y fue allí que se enteraron de la presencia de máquinas. Después de eso, solicitaron un cabildo abierto, sin embargo el alcalde no llegó y el cabildo abierto no se efectuó.
-Eso no permitió que se instalara y se consultara a las comunidades afectadas, una población de casi tres mil o cuatro mil personas en la plaza esperando el cabildo y el alcalde se ausentó sin justificar porqué y eso acabó con que no se llevó el proceso del cabildo.
La concesión siempre estuvo aprobada desde el Congreso, lo que allí se estaba consultando era la entrega del permiso de construcción. Ante esa dificultad, la alcaldía organizó un cabildo en la parte de arriba de Pajuiles, a cuatro horas caminando. Con quienes se tomó la consulta fue con un pequeño grupo de las comunidades allí, el proceso de consulta no fue bien dirigido porque no se siguió la formula indicada, no se estableció quienes estaban a favor y en contra, esto no permite la claridad en ese proceso.
El alcalde Mario Fuentes, dijo en el proceso de diálogo que él está comprometido con el ambiente, sin embargo en su gestión se han dado graves crímenes ambientales, como el incendio de la zona núcleo del Parque Jeannette Kawas, zona de reserva que se va inundando de palma africana de manera ilegal.
“Fuimos la primera administración que decretó No a la minería a pesar de las amenazas a muerte. También les pedí que me ayudaran con un enemigo que está acabando con el agua, la siembra irresponsable de palma africana y pedí que me acompañaran pero me llevé la decepción de que no es su lucha, que se lucha solo contra las mineras y otros proyectos. Y ahora en este conflicto el más afectado he sido yo, porque han expuesto mi nombre en carteles y redes sociales como corrupto”, expresó públicamente Fuentes en el proceso de diálogo.
Entre 2004 y 2017, la superficie de palma africana se duplicó en el país, pasando de 69,000 hectáreas a cerca de 150 mil hectáreas. El presidente Juan Orlando Hernández prometió a inicio de su gobierno, en 2013, duplicar los cultivos, así como la cantidad de plantas procesadoras, que en este momento son 15. Solamente en el parque Kawas de Tela que tiene una extensión de 79,381 hectáreas, pese a que la ley lo prohíbe, se albergan 3,478 hectáreas de palma.
El viceministro de Mi Ambiente, el alcalde y demás autoridades aseguran en el diálogo que las comunidades que defienden el agua se han confundido de enemigo. Los proyectos hidroeléctricos son generación de energía limpia, necesitan del agua para funcionar, mientras que los cultivos de palma africana que llegan a la orilla de los ríos no son denunciados aun cuando este cultivo consume grandes cantidades de agua.
“Para nosotros es necesario el proceso de diálogo para una y otra cosa, estamos abiertos para dialogar este tema. Si usted recuerda, hace tres años una de las apuestas mayores que hizo el presidente fue apostarle al cultivo de palma africana, parece una contradicción cuando se hacen los análisis, hubo cualquier cantidad de recursos, dinero que salió del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Hay una política que puede venir encaminada desde las estructuras de gobierno y que puede ser reforzada por las comunidades, hoy para algunas cosas se responsabiliza a las comunidades pero el gran promotor de toda esta crisis es el mismo gobierno, se puede crear la infraestructura legal para parar este flagelo”, explica Fernández.
En el campamento de la dignidad parece que hay una fiesta. Una semana antes de la instalación del proceso de diálogo, el canal internacional CNN llegó con sus cámaras a llevar la noticia de que en Pajuiles se estaba repitiendo la lucha de Berta Cáceres. Los vecinos se alegraron, la casa de Angélica y Oscar, líderes de la comunidad, estaba llena de gente, mujeres cocinando, niños corriendo y la bulla del altoparlante con discursos ambientalistas de miembros del MADJ.
Angélica había sufrido la represión policial dos días atrás y su hija de 13 años y ella habían quedado enfermas de la garganta de tragar gas lacrimógeno. Las bombas llegaron hasta dentro de la casa y los policías la persiguieron hasta su solar. La pareja fue procesada judicialmente por usurpación y detentación de espacios públicos por tomarse la calle de acceso a la comunidad después de escuchar que las máquinas de Hidrocep pasarían para la montaña.
“Defendemos el agua porque creemos que es mejor que falte la luz y no el agua. La mujer juega un papel muy importante porque además de apoyar la lucha en el campamento nos toca fabricar los alimentos para las personas que nos visitan, atendiendo a la gente”, cuenta Angélica quien se sumó desde el 22 de marzo de 2016. Angélica nunca había participado en una protesta pero cuando la comunidad de Metalias, cercana a la suya, comenzó a manifestarse contra Hidrocep ella supo que esa lucha debía librarla.
“Desde ese día ha sido de lucha contra este empresario que nos mete gente en contra, como la gente de arriba y la policía. Nosotros teníamos esta lucha pacífica pero ya después de lo que sucedió el 15 de agosto (represión policial) ya nos indignó mucho, la policía nos atacó con gases, toletes, todos tuvimos que actuar”, cuenta.
El director del operativo que reprimió al campamento, el comisionado de Policía Alexander Mejía Iglesias, asegura que la policía respondió a las agresiones de los pobladores de Pajuiles y que incluso uno de sus policías recibió 10 puntadas en el rostro por el golpe de una piedra cerca del ojo.
A Angélica la persiguieron y la llevaron detenida. “Nosotros estamos tranquilos, por defender el agua no nos importa los problemas que tengamos, estoy procesada pero eso se va a arreglar. De la parte alta nos han dicho que nos van a quitar. Hemos intentado dialogar con ellos que no estamos en contra de ellos sino del empresario.
Mis tres hijos se indignan que esos policías están a favor del empresario, que no están a favor del pueblo. Los policías se metieron dentro de la casa, tiraron bombas, una de mis hijas se enfermó por las bombas lacrimógenas, gripe, dolor de garganta y vómitos al principio. Yo estoy procesada por usurpación de suelos y por no apoyar al empresario, así me dijeron cuando me detuvieron, me leyeron una hoja”, cuenta Angélica.
Toda la fuerza acusadora de los operadores de justicia hondureños se mostró en este caso, al igual que se mostró en la resistencia de Río Blanco que acompañaba Berta Cáceres con el Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Diecisiete personas procesadas, decenas de golpeados, la ira del Estado contra quienes se oponen al mandato presidencial: dejar pasar todo proyecto extractivo porque es sinónimo de desarrollo.
Las cámaras de CNN fueron hasta las instalaciones de Hidrocep, donde se encontraba un empresario progreseño, dueño de parte de las tierras por donde pasa el río Mezapa. Don Carlos Melgar apoya la resistencia de Pajuiles, a pesar que dice ser amigo de Jason Hawit.
“Que el empresario que quiere invertir que invierta, pero las cosas tienen su orden. Si él hubiera socializado esto con la gente de abajo, no con la gente de arriba porque no son ellos los que se toman el agua, son los de abajo, tal y como tenía que haberlo hecho, aquí no habría ningún problema”, le explica Melgar a Juan Mejía, miembro del MADJ quien lo acompaña en una visita a sus terrenos que él asegura están afectados por el proyecto.
Melgar dice ser afectado por Hidrocep porque el agua, con el problema de excesiva sedimentación que le ha causado los derrumbes en la zona de construcción del proyecto, se ha ensuciado tanto al punto de afectar su proyecto de cultivo de tilapias. En los últimos meses perdió alrededor de cuatro mil alevines (crías de peces) y también, el empresario Hawit al cercar el proyecto le quitó un pedazo de tierra, una que él tenía cerca del río y que nunca impidió el paso a miembros de la comunidad para hacer uso del mismo.
A Melgar lo escuchan con desconfianza, él mismo dijo que Hawit negoció con él para pagarle los daños y devolverle su pedazo de terreno, pero no cumplió y el contexto se ha vuelto tan conflictivo que Melgar ha encontrado en la comunidad cómplices para lograr su demanda y también la comunidad ha encontrado un aliado que puede ser escuchado.
Juan Mejía del Madj lo dijo en el proceso de diálogo: “Quizá a Carlos Melgar le escuchan más porque es un empresario, porque él tiene sus quejas, las denuncias que no han sido escuchadas cuando el pueblo las pone”.
El empresario Jason Hawit ha llegado a las comunidades, de hecho, llegó desde 2009 a prometer techos de escuelas, arreglo de calles y mejoras a las comunidades de la montaña. Por parte de la empresa insisten que las únicas comunidades en el área de influencia son las de la cordillera y no las de abajo, las que se oponen.
Hawit es un reconocido empresario de El Progreso, Yoro que tiene inversiones en la industria manufacturera de la ciudad y en la producción de arroz. La inversión que hizo en Hidrocep, para iniciar el proyecto, según la contrata de aguas es de 28 millones 532 mil 400 Lempiras. Sin embargo, se desconoce si ya tiene contrato de generación de energía que le esté remunerando sin él estar produciendo un solo mega de energía.
Pedimos una entrevista a Hawit para conocer su posición como dueño de Hidrocep y a pesar que al inicio mostró interés en contar su versión aduciendo que está sufriendo muchas injusticias porque “muchas de las cosas que se dicen del proyecto son mentiras, las dicen personas que no son de allí”, después se negó a hablar con este medio. Dijo que no daba entrevistas a cualquier medio, que debía ver nuestra línea editorial primero, y al final se disculpó y dijo que no daría entrevistas a nadie.
Es inevitable notar que el protagonismo del MADJ no le agrada no solamente al empresario y a las autoridades, sino a algunos pobladores. Varios miembros de la resistencia contra el proyecto se alejaron por esta percepción. Sin embargo Fernández asegura que la resistencia es de los pueblos, aunque siempre coloca al MADJ en un lugar determinante de estas luchas.
“Hay comunidades que están previendo la concesión de sus otros ríos como el río Santiago, el río Pajuiles que están en agenda de estas empresas. Como todas al final serán afectadas en el proceso de concesión entonces la gente está haciendo una alianza inteligente en contra del proceso extractivo y esto es lo que ha venido a hacer el Movimiento Amplio, el extractivismo no solo es visualizado desde una fuente, tiene carácter totalitario, esto ha provocado que otras comunidades entren en proceso de defensa. Ya nosotros hemos conformado organización en 13 comunidades del sector”, Fernández insiste en que el MADJ nunca se va a cansar aunque este sea un modelo voraz, ya se ha sostenido por nueve años así.
En 2006 que el Estado de Honduras otorgó la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales a Hidrocep por el río Mezapa para la generación de energía, cobrándole 4 mil lempiras de canon anual, la empresa pidió una ampliación del proyecto para aprovechar las aguas de la quebrada San Antonio del río Santiago. Sin embargo también ese afluente ya hay otro proyecto hidroeléctrico: Proyecto Hidroeléctrico San Antonio de la Sociedad Mercantil Potencia Hidráulica del Atlántico S.A. de C.V.
Un exempleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) asegura que el negocio de las hidroeléctricas es el contrato de costo fijo que mantienen con el Estado por 10 o hasta 30 años, aun cuando estos proyectos no siempre están en su máxima capacidad de producción, especialmente en el caso de las hidroeléctricas que dependen del caudal de los ríos, del verano, la sequía, los inviernos, o incluso los desastres naturales. La empresa nunca pierde porque el Estado se compromete a pagar siempre el costo fijo, aunque no esté recibiendo el máximo de energía.
Así son prioridad estos proyectos.
El gobierno a través de Mi Ambiente emitió un comunicado justo después de la represión policial a la comunidad de Pajuiles en el que mostraba total apoyo a Hidrocep aduciendo que esta empresa ha cumplido con todos los estándares requeridos y que los proyectos de energía renovable son prioridad para el Estado.
En Honduras el 32% de la energía renovable producida viene de proyectos hidroeléctricos privados. El viceministro de Mi Ambiente asegura que de 108 proyectos hidroeléctricos aprobados en Honduras, solamente dos han dado problemas. No dijo nombres.
“Muchos de estos proyectos son estigmatizados. Este proyecto está muy bien, miramos que tiene una licencia ambiental, una contrata de aguas, permiso de operación, lo hemos estado visitando y está bien, y sobre todo van a cumplir con las medidas de mitigación. Siempre hay que escuchar a las comunidades que se están viendo afectadas porque reciben agua con altos niveles de sedimentación pero eso se puede arreglar, el agua no está contaminada, tendría que tener metales pesados o insecticidas para tener una contaminación real, esto es sedimentación del agua que se pone turbia, hay una solución a esto y el conflicto se puede solucionar.
En todos estos proyectos donde hay conflictos todos los procesos estaban bien dados, lo que pasa es que hay gente que estigmatiza los proyectos como lo dije con los proyectos solares, que le decían a la gente que iban a tener problemas de piel, cáncer, alguna gente estigmatiza esto, yo le digo que este problema es muy pequeño y hubo alguien que se sintió dañado y comenzó el conflicto, yo digo que podemos arreglarlo con el diálogo, somos hondureños, pacíficos y con buen entendimiento”, recalcó.
En esa reunión de diálogo estaba presente la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Soledad Pazo quien aseguró que no cree que solo dos proyectos de 108 estén dando problemas “creo que es un poco más, no tengo datos exactos, pero es más que dos”, dijo.
“Esto no debería ser una excepción sino como todos los procesos deben ser idealmente, que la información sea transparente, correcta, que las concesiones de bienes naturales se den después de la consulta. La consulta previa es un derecho para pueblo indígenas pero eso no quita que no sea mi derecho también a la participación, hay muchos instrumentos internacionales como la declaración del derecho al desarrollo, la participación activa en proceso de desarrollo, saber de qué se trata ese proyecto, qué impacto puede tener, si tuviera un impacto negativo cómo se va a compensar y tiene que ser antes que se instale un proyecto.
Las autoridades están para servir a la gente y no al contrario, la población debe sentir que las autoridades los protegen y que solucionan conflictos, hay estándares internacionales que deben respetar en términos de desarrollo, que el desarrollo es para las comunidades y no al contrario”, señaló Pazo quien además se mostró molesta porque representantes del Ministerio Público no asistieron al diálogo, a pesar que en sus hombros caía mucha de la responsabilidad en el conflicto por su ausencia para investigar posibles malas prácticas ambientales por parte de la empresa y su fuerza para acusar a quienes se oponen al proyecto.
“Es difícil generar confianza si tenemos una parte con procesos de criminalización de protesta pacífica, confío en que este punto sea debidamente acogido, desde el punto de vista de derecho penal como se lo decía a otro periodista, los derechos humanos primero hay un derecho de protesta pacífica que no debe ser criminalizado bajo ningún punto, y segundo la acción penal debe ser el último recurso. Creemos que en este país hay prioridades mucho más urgentes que atender que criminalizar la protesta, entonces sería bueno enfocar los recursos que son escasos en la persecución penal de crímenes graves”, aconsejó Pazo.
Y asegura que en estos conflictos existe un mismo patrón que al final llevan a la violación de derechos fundamentales de la población.
Martín Fernández agrega que si se hace un recuento, hay en Honduras instalados unos 20 focos de conflicto, desde la zona sur, la zona de los pueblos originarios hasta la zona atlántica donde se debate el tema de tierras, concesiones. “Esta conflictividad es patrocinada por el gobierno, hay una resistencia interesantísima y lo que estamos impulsando es la conexión de toda esta problemática para tener soluciones.
El cambio de matriz energética es una necesidad pero de nada sirve si pasa por encima de la dignidad de la gente. Cuando los proyectos no van a beneficiar a las comunidades sino a un bolsillo particular, eso no resuelve la problemática o cuando se irrespeta la voluntad de las personas, el derecho humano al agua. Necesitamos participar de una política energética activa porque no estamos en contra de la generación de proyectos alternativos, estamos en contra de todos los procesos que marginan la participación de la población. Para la instalación de proyectos hay que garantizar el derecho al agua de la población, después la participación activa que va a tener las comunidades de influencia de estos proyectos porque no podemos enriquecer la bolsa de una sola persona”, explica.
Don Oscar Martínez es un delegado de la palabra, bajito, sonriente siempre. Él y su esposa Angélica han abierto las puertas de su casa que además se ha convertido en extensión del campamento de la dignidad.
“Han sido meses de zozobra, de inquietud, semanas en las que hemos recibido amenazas, cuestionamientos de las autoridades. Hemos sufrido violencia psicológica que nos vendrán a desalojar, que vendrán de la parte alta a agredirnos y se ha hecho efectivo en cuatro ocasiones estas semanas.
Nosotros consideramos que la gente ha sido trabajada psicológicamente por algunas personas más allegadas a los empresarios, y les han lavado el cerebro porque les han dicho que nosotros nos estamos oponiendo a algo bueno y que nuestra intención es ir a la parte alta a apoderarnos de sus cultivos, de sus tierras, nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros siempre hemos comprado los productos que ellos bajan de la parte alta”; cuenta preocupado. Él también fue procesado judicialmente y tiene prohibido acudir a reuniones comunitarias.
En esa misma casa se preparan los alimentos y doña Chavelita, una señora de 75 años se mueve agitada repartiendo comida. Es fiel a la lucha de Pajuiles y su aporte lo hace cocinando.
“Yo no esperaba ese ataque la policía, nos agarró de sorpresa. Yo tenía miedo a las balas pero no dispararon”, cuenta Chavelita aun sorprendida por la represión sufrida días antes. Le cuesta entender por qué la brutalidad cuando ella solo está defendiendo su única forma de trabajo. Chavelita lava ropa y cuando el agua comenzó a salir turbia, la ropa se le amontonaba, no podía lavarla. Eso es un asunto de sobrevivencia.
“Dios nos protegió y nos va a ayudar a ganar esta lucha, yo les digo a los jóvenes que se cuiden, que no se bañen agitados, que coman montes porque eso da aguante”, dice jovial mientras se levanta para seguir sirviendo almuerzos a los visitantes del campamento.
En medio del ajetreo seguía Albertina quien aún no se iba a chequear al médico porque la cita se la dejaron para una semana después, a pesar de que inhaló gases lacrimógenos estando embarazada. Aun así Albertina no pierde la alegría.
“Me da risa, no sé qué ver de lo que nos acusan. Yo antes no estaba en estas luchas, solo las luchas por tener una casa, por sobrevivir. Nosotros desde que supimos de las concesiones en 2011, de la minería, las hidroeléctricas, solo éramos espectadores, solidarizándonos dentro de la iglesia en la pastoral social, quisimos organizarnos en las comunidades con el MADJ pero no se dio porque la gente decía que estábamos locos que nadie nos iba a quitar el río Mezapa o el río Santiago, en ese momento no teníamos documento en mano pero si sabíamos que existían las concesiones”, dice Albertina.
En noviembre nace su pequeño, y ya está más tranquila porque a ella junto a cuatro compañeros más le dieron sobreseimiento definitivo. Aún falta la audiencia por los 13 restantes, y el proceso de diálogo se va enfriando, se va incumpliendo. La mesa de seguimiento de diálogo debió haber sido convocada el pasado 25 de agosto y aun no se ha reunido.
Pajuiles es una aldea pequeña, todo el municipio de Tela es pequeño, pero es un foco de crisis importante porque muestra las lecciones que el Estado no tiene voluntad de aprender: consultar a las comunidades, poner los derechos humanos por encima de cualquier proyecto de desarrollo priorizado por el gobierno, utilizar sus órganos de justicia para morder a los más pobres, confabularse con las empresas para obtener beneficios en las comunidades y canalizarlo en votos, estar ausente cuando la gente más lo necesita.
Albertina sueña con que su bebé nazca en un ambiente sano y que su comunidad no quede marcada por la violencia que este conflicto ha traído. Mientras tanto se reúne con sus compañeros para ver qué noche le toca quedarse a dormir y proteger el campamento de la dignidad.
