Por: Jennifer Avila
Portada: Persy Cabrera
El lema del Washington Post, «La democracia muere en la oscuridad», resume la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas del Estado ante la ciudadanía. Los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil, como esa fuerza que enciende la luz, son esenciales para que la democracia no sucumba. Pero ¿qué ocurre cuando un poder del Estado, en lugar de responder con claridad, cierra las puertas, lanza amenazas y oscurece aún más el panorama con ambigüedades y ataques? Ocurre lo que está ocurriendo en Honduras: un Congreso tomado a patadas, liderado por un oficialismo que parece decidido a operar en la penumbra.
Las compras de aguacates premium, rasuradoras, medicamentos para bajar de peso, comida para eventos, la reparación de la oficina del diputado oficialista Rafael Sarmiento, y la adquisición hasta de sombreros de charro, han generado indignación en la ciudadanía hondureña durante la última semana. Pero también provocaron una respuesta visceral y opaca por parte del Congreso Nacional, que ha erogado cientos de millones de lempiras en adquisiciones sin licitación ni transparencia, según denunció la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Más que sorprendente, el escándalo es la confirmación de un patrón. El Congreso ya había sido señalado por el uso discrecional que su presidente, Luis Redondo, hace de las tarjetas de crédito institucionales y por la repartición de subvenciones entre diputados, lo cual alimenta la maquinaria clientelar.
Desde que Redondo asumió el cargo en medio de un tumulto de empujones y patadas, la ética ha brillado por su ausencia en ese poder del Estado. Contrató a su esposa como directora de Agenda Social del Congreso, autorizó tarjetas de crédito a nombre suyo y de su asistente Edson Argueta —quien también fue nombrado miembro del Consejo Consultivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe—, y convirtió las subvenciones en herramientas políticas para aceitar lealtades. Para compensarlo, ha optado por atacar a los medios y a quienes exigen rendición de cuentas.
Redondo, quien alguna vez militó en las filas del conservadurismo, ahora se viste de vaquero y se mantiene cerca del clan Zelaya. Esa cercanía le aseguró el puesto número uno en la papeleta de diputados por Cortés en la corriente oficialista del Partido Libre, el M28, tras haber sido diputado de un partido minoritario y con poca popularidad y volumen de votos.
Las ideologías parecen haber quedado en segundo plano en esta era de populismo y retórica virulenta. Prueba de ello es que el presidente del Congreso llegó a coincidir con Elon Musk en que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) es una organización criminal. Pero en su narrativa, no todas las organizaciones receptoras de esos fondos son iguales: el gobierno, los cafetaleros y las élites quedan fuera de la crítica; los medios y las ONG que exigen transparencia, en cambio, son los criminales.
En esta ocasión, Redondo decidió no escribir uno de sus extensos hilos en X para justificar la falta de transparencia cuestionada. Prefirió enviar a Kristal Orozco, directora de Finanzas del Congreso Nacional, y al diputado oficialista Ramón Barrios, a defender lo indefendible, reforzando la percepción de que el Congreso se administra como una finca privada.
Orozco calificó de «falsos y malintencionados» los documentos publicados por el medio ICN que muestran pagos irregulares a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, desde febrero se sabe que, tras su renuncia luego de aparecer en un narcovideo, Zelaya habría seguido recibiendo transferencias mensuales de 175 mil lempiras que no figuran en el portal de transparencia del Congreso. Su silencio es tan elocuente como la respuesta de Orozco, que en lugar de ofrecer datos, levantó una cortina de humo.
El diputado Barrios, por su parte, intentó justificar el gasto público con afirmaciones vagas; dijo que «nunca se le ha pagado por votos» y que este Congreso incluso ha ahorrado, aunque sin presentar montos ni informes. Aseguró que todo está liquidado, pero que la burocracia impide publicar los detalles con rapidez, porque el Tribunal Superior de Cuentas tarda en el procesamiento de las liquidaciones. Sus declaraciones, lejos de disipar las dudas, profundizan la desconfianza hacia una institución que debería ser modelo de transparencia.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) emitió resoluciones para que se entregue la información relacionada con tarjetas de crédito y subvenciones, pero Redondo no lo ha hecho; hasta ahora no entregó los estados de cuenta ni informes de liquidación de las tarjetas de crédito, tras una solicitud presentada por Contracorriente en agosto de 2023. El dictamen del IAIP también señaló una «reiterativa opacidad que caracteriza al Congreso» y califica sus justificaciones para no entregar la información como carentes de lógica, inexistentes e ilegales.
El IAIP también resolvió a favor de una solicitud de este medio para que el Congreso entregue información relacionada con la liquidación de subvenciones y un listado detallado de los parlamentarios que las reciben, pero hasta ahora no lo han hecho, y la justificación que dan en los medios, justo como lo hizo la encargada de finanzas Orozco, es decir que los diputados publican sus obras en las redes sociales.
Estas respuestas no solo confirman la opacidad; alimentan la sospecha de que el Congreso opera bajo lógicas de impunidad. Cuando quienes deben rendir cuentas lo hacen con evasivas y ataques, la democracia se debilita, y la ciudadanía se ve obligada a encender su propia luz para no andar a ciegas.
Porque esto no se trata solo de cifras ni de sombreros. Se trata de una actitud cínica ante el control democrático. Cuando el dinero público se despilfarra mientras se exige austeridad al resto del país, la desconfianza no solo es comprensible, es inevitable. Si no se ilumina el Congreso desde adentro, será la ciudadanía la que tendrá que buscar la linterna. O quizá, esta vez, la antorcha.
