Un terremoto político ha sacudido a Honduras. Tras finalizar el tratado de extradición, las piezas clave del gobierno se han movido para proteger y consolidar su plan de «refundación». En una semana, hemos escuchado al gobierno decir que se protege de un golpe de Estado y, tras hacer evidente que no hay más voluntad política para tramitar extradiciones hacia Estados Unidos, los miembros de la familia Zelaya –señalados por su presunta vinculación con el narco— se entregan al fiscal hondureño. En una réplica sísmica, la presidenta Xiomara Castro nombró a Rixi Moncada como ministra de Defensa, a pocos días del lanzamiento de su candidatura a la presidencia.
Por: Jennifer Avila y Óscar Estrada
Hagamos el recuento de daños de la semana sísmica en la política hondureña. Primero, el gobierno de Xiomara Castro finalizó el tratado de extradición con Estados Unidos, no sin antes desatar una campaña antiimperialista en redes sociales. Esto define la decisión política de no volver a responder a solicitudes de hondureños para ser juzgados en ese país. Segundo, renunciaron a sus cargos para ponerse a disposición de la justicia hondureña varios funcionarios cuestionados por su participación en una reunión con narcotraficantes hace 11 años: el secretario del Congreso, Carlos Zelaya; su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya; el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez; y el jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, quien puso a disposición su cargo luego de ser mencionado como partícipe de la reunión, ya no por Devis Leonel –uno de los «Cachiros»— sino por el mismo Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta. Tercero, denunciando un plan de golpe de Estado, la exministra de Finanzas, Rixi Moncada, anunció que lanzará oficialmente su candidatura a la presidencia el 8 de septiembre para continuar el proyecto de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), pero apenas un día después de ese anuncio se convirtió en la nueva ministra de Defensa.
Todas estas decisiones se han tomado en un lapso en el que es imposible dejar de pensar que están coordinadas o, al menos, considerar que responden a un plan más grande orientado a consolidar el proyecto político del Partido Libre en el largo plazo.
Después del apoyo del gobierno de Xiomara Castro al régimen de Nicolás Maduro durante las elecciones en Venezuela —que se podrían entender como un hito en la sobrevivencia del socialismo del siglo XXI, tras la fuerza que tomó la oposición en ese proceso—, el gobierno de Estados Unidos criticó fuertemente el compadrazgo entre las Fuerzas Armadas de ambos países. La embajadora de Estados Unidos en Honduras calificó como «sorprendente» una reunión del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, y el sobrino de la presidenta y secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, con el Jefe del Estado Mayor Conjunto de Venezuela, Vladimir Padrino —la mano militar del régimen de Nicolás Maduro—, quien además, según investigaciones periodísticas, ha realizado grandes negocios transnacionales que rozan lo ilegal y lo indebido por lo que, en 2020, Estados Unidos lo acusó de varios delitos.
Los señalamientos de EE. UU. son, para los defensores del socialismo del siglo XXI, incluyendo al gobierno de Honduras, una muestra de la injerencia del imperio. Esta visión excesivamente ideologizada de los hechos excluye —convenientemente— las múltiples acusaciones que pesan sobre los líderes políticos y militares de Venezuela por sus vínculos con el narcotráfico.
En esa lógica, el gobierno ha reducido la presunta participación en el narcotráfico de miembros de la familia Zelaya y otros funcionarios a una reunión grabada con narcotraficantes en 2013, antes de las primeras elecciones en las que el Partido Libre participó. Según el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, cayó en la trampa organizada por Ramón «Moncho» Mata y Rafael Sarmiento, quienes le hablaron de una reunión con gente que quería «colaborar» con la campaña, pero que él no reconoció a nadie sino hasta ahora que ve el video y recordó la reunión.
No es desconocida para la sociedad hondureña la larga historia de los Zelaya como terratenientes y caciques en una tierra que ha sido controlada por el narcotráfico desde hace mucho tiempo. Pero de esa historia se destaca lo que el fallecido periodista David Romero Ellner dijo alrededor de 2017, cuando vinculó directamente a Carlos Zelaya con la estructura criminal que controlaba la base aérea El Aguacate, desde donde presuntamente se traficaba cocaína hacia los Estados Unidos. En respuesta, el grupo de voceros del gobierno ha señalado que dicha base fue construida por Estados Unidos para traficar armas y cocaína en tiempos de la contrarrevolución nicaragüense.
Los señalamientos de los vínculos de Carlos Zelaya con el narcotráfico son viejos, y se remontan a su amistad con Ramón Mata y con Midence Oquelí Martínez, recientemente declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Y aunque Carlos intentó separar a su hermano, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, de esa relación, lo cierto es que terminó abriendo una puerta a señalamientos que han complicado más la situación jurídica del caudillo de Libre.
En su testimonio frente al edificio del Ministerio Público, Carlos Zelaya Rosales dijo que él no sabía que en la reunión, grabada por Devis Rivera, había narcotraficantes; que sí se habló de colaboración a la campaña de 2013, pero que él nunca recibió dinero. Pero no queda claro quién sí lo recibió, porque en esa reunión estaba también Carlos Muñoz, el diputado suplente de Manuel Zelaya Rosales cuando fue diputado al Congreso Nacional en 2014, y quien en ese entonces coordinaba la campaña política.
Reducir el vínculo de los Zelaya y del Partido Libre con el narcotráfico a una sola reunión solamente puede ser un acto en beneficio de ellos mismos, que le facilita al sistema de justicia exculparlos de cualquier cargo. Parece ser que eso es lo que buscan. Honduras tiene un sistema de partidos que funciona como una finca: los partidos políticos operan en los territorios con caciques que manejan una red de actores diversos que les permite controlar todos los aspectos de la vida de las comunidades y así extraer recursos para sus negocios.
Un ejemplo de otros cacicazgos, más allá del de los Zelaya, es el del alcalde de Tocoa y exgobernador de Colón, Adán Fúnez, quien además fue mencionado por estar en esa reunión grabada en 2013. Fúnez viene del Partido Liberal y pasó al Partido Libre en 2014. Ha sido alcalde de Tocoa, Colón, por décadas y es una figura a la que se le ha visto vinculada a Los Cachiros desde hace mucho tiempo. Fúnez ha sido el «amigo» que negocia, cede y concesiona los recursos de la zona a grupos de poder tales como los representados por empresarios como Lenir Pérez —yerno de Miguel Facussé— y los Rivera Maradiaga, algo que ha hecho con el padrinazgo de los Zelaya.
Del terremoto continuarán las réplicas. Se acerca la convocatoria a elecciones primarias y la ciudadanía sigue dudando del sistema de justicia hondureño; ahora también duda de la objetividad de las Fuerzas Armadas cuyo papel, según la Constitución de la República, es garantizar elecciones libres pero que ahora son lideradas por la que resulta ser la candidata presidencial del partido gobernante. Mientras tanto, los activistas del partido no paran de publicar en sus redes sociales que han hecho una jugada maestra en el ajedrez político, a pesar de que en Honduras la política se ha parecido más a una pelea de gallos que a un deporte de alta estrategia. Los terremotos que hay en Honduras no son tectónicos, ocurren solo en lo político, son los terremotos a la hondureña que se gestionan con sorpresa y resignación inmediata.
