La muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) expuso las malas decisiones del Estado frente a una crisis penitenciaria que ya había generado alertas. El Gobierno de Xiomara Castro improvisó una intervención del sistema penitenciario que, según la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva –quien presidía la intervención– no tuvo el tiempo necesario para hacer los cambios que esperaban y, además, fue afectada por la falta de acciones de la Policía Nacional. La tragedia estaba anunciada, pero ahora con la remilitarización del sistema penitenciario como respuesta hay quienes temen que nunca se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, los que se beneficiaron del caos en la PNFAS.
Texto: Jennifer Avila y Allan Bu
Con reportes de Fernando Silva
Fotografía: Jorge Cabrera y Fernando Destephen
«Usted, ¿sabe algo de Sayda?» preguntó una voz acongojada que fue interrumpida por otra más fuerte y angustiada que gritaba «revise si está en esa lista Fátima Leticia» y después vinieron más voces que clamaban por información «por favor, averigüeme de Ingrid Celeste» «¿Y de Mayra no saben nada?» «Busque en la lista a Blanca Lidia», «no sabemos nada de Sara Escalante, ayúdenos por favor».
La escena anterior sucedió de forma reiterativa el miércoles 21 de junio de 2023 frente al portón principal de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), ubicada en la aldea Támara de Tegucigalpa, 36 horas después de una reyerta y un posterior incendio que dejó 46 mujeres muertas tras lo que, según las autoridades hondureñas, fue un ataque armado perpetrado por integrantes de la pandilla Barrio 18 en contra del módulo donde estaban recluidas las mujeres que pertenecían o eran afines a la MS-13.
María González llegó muy temprano a la cárcel de Támara al día siguiente de la tragedia, para preguntar a las autoridades por su hija Dunia Raquel González. Le respondieron que no tenían información y la enviaron al edificio de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde después de esperar un par de horas le dijeron que tampoco ellos tenían información y la mandaron nuevamente a la PNFAS. «Me mandan de nuevo al centro penal y de allá vengo, ahí no dejan entrar y no dan lista de las que están ahí, solo nos dicen que si no salen en los listados es que están bien, que nos van a llamar», nos dijo doña María.
Al igual que doña María, cientos de personas llegaron a los portones de la PNFAS con la intención de cerciorarse de que sus familiares estuviesen bien. Y por más que recibían respuestas que en la mayoría de módulos del centro penitenciario no había pasado nada, en los portones se seguían escuchando las voces preguntando por Fátima, Ingrid o Sara. «Queremos verlas», decía Ulda, quien había viajado el 20 de junio desde Salamá, Olancho, y tenía 36 horas esperando por noticias en los portones de la cárcel. Ya había escuchado decenas de veces que en el módulo donde estaba su hija no habían fallecidas, pero ella quería verla, estar segura, porque no confíaba en un Estado que falló en la protección de 46 privadas de libertad.
«Solo dicen que están bien, pero yo quiero verla. Yo entiendo la situación y sé que ellos como autoridades están haciendo algo por las que están [vivas] y que es una responsabilidad. Estamos preocupadas porque lo que pasó puede tener una secuela y lo peor es que nos dijeron que hay unas que no aparecen ni en las listas ni adentro, y por eso harán un recuento, entonces imagínese ¿cómo voy a estar tranquila?» dijo Ulda, que no se rindió con la poca información que le brindaron, pues al día siguiente se plantó en las afueras de la PNFAS pidiendo información sobre su hija, «mire, ellos podrían tomar una foto y ya no hubiera dudas ni gente esperando aquí», expresó.
Al 7 de julio de 2023, todavía no habían sido identificadas 18 de las mujeres que murieron en la PNFAS. Serán identificados a través de pruebas de ADN, una vez que fueron descartadas otras pruebas como las huellas dactilares y el odontograma, un ejercicio en el que un odontólogo forense hace un cruce de información con el familiar y si todo coincide el médico decide entregar el cuerpo.
Issa Alvarado, jefa de prensa de Medicina Forense, le dijo a Contracorriente dos días después de los asesinatos que el tiempo de identificación de una persona a través de una prueba de ADN dependía de la calidad de la muestra recolectada, «no es un proceso inmediato, pero hay profesionales trabajando para dar una respuesta pronta a los familiares», dijo.
En el comunicado 18-2023 del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) se recomienda «publicar los nombres de las mujeres fallecidas en PNFAS para determinar fehacientemente la individualización correspondiente, así evitar tratos crueles para los familiares y prácticas tendientes a contribuir con la impunidad».
Conaprev también recomendó que se proteja la integridad de las mujeres sobrevivientes del evento violento buscando alternativas de reubicación que permitan salvaguardar su vida e integridad, también del personal administrativo y de custodia que labora en el centro penitenciario. Hasta el momento, el acceso a la cárcel es restringido, sin embargo, fuentes extraoficiales han dicho a Contracorriente que las mujeres identificadas como las victimarias de la reyerta están conviviendo en un mismo espacio con las sobrevivientes.
Las fallas que detonaron la tragedia
Iniciaba el gobierno de la primera mujer presidenta en la historia de Honduras y ya se estaba decretando la emergencia en el sistema penitenciario, esto en el marco de la desmilitarización de la seguridad pública que había prometido la presidenta en su campaña. El 1 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros declaró un Estado de Emergencia en el Sistema Penitenciario a través del Decreto PCM-03-2022 que dice «que a partir de la militarización del Sistema Penitenciario del país se han incrementado los niveles de violencia dentro de los centros penales» y explica que los amotinamientos ocurridos previamente en la cárceles respondían a una dinámica de crimen organizado que empeoró con la intervención militar perpetrada por el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Aunque no lo dicen, las dudas de Ulda y otras familias son coherentes con lo errático que ha sido el nuevo Gobierno en su abordaje para conseguir el control de las cárceles. Después del proceso que apenas iniciaba de desmilitarización del sistema penitenciario, en el marco de la emergencia, el 8 de abril de 2023, cuatro amotinamientos simultáneos sacudieron al gobierno. En respuesta, la presidenta Xiomara Castro nombró a la viceministra de Asuntos Policiales, Julissa Villanueva como coordinadora de una intervención del sistema penitenciario.
Un proceso que falló, y que según Villanueva, no fue por su culpa sino por una serie de factores que apuntan a la responsabilidad del exministro de Seguridad, el general de policía Ramón Sabillón, y del director de la Policía Nacional, ahora ministro de Seguridad Gustavo Sánchez. Estas fallas llevaron a que la Policía Militar del Orden Público (PMOP), una fuerza creada por el expresidente Juan Orlando Hernández y altamente cuestionada por su legalidad y por violaciones a derechos humanos , tomara el control del sistema penitenciario después de que el gobierno disolviera la intervención liderada por la viceministra. Villanueva cree que esto es un retroceso.
Hubo señales no atendidas que pudieron evitar la muerte de 46 mujeres que estaban bajo custodia del Estado. Aparte de los amotinamientos en las cárceles, una fuente confió a Contracorriente sobre la existencia de un informe proveniente de este centro penitenciario que llegó a manos de la viceministra Villanueva una semana antes de la tragedia en el que se señalaba que había indicios de que podía ocurrir un ataque entre privadas de libertad de los módulos 1 y 4. Además, familiares de privadas de libertad y defensores de derechos humanos que entraron antes de la tragedia reportaron que era necesario separar a las mujeres pertenecientes a pandillas contrarias porque ya había amenazas y un ambiente hostil. La viceministra habló en medios nacionales de que recibió informes preliminares, pero que no sabía que trataban de la cárcel de mujeres y en entrevista con Contracorriente, dijo que ella no recibió tal informe y que ya había visitado antes la PNFAS y no vio las supuestas señales de que allí explotaría tal tragedia.
«A mi me duelen las mujeres de PNFAS, yo le decía a la presidenta que esa era la primera cárcel que había que intervenir, que esa era la cárcel que debía ser la modelo del sistema penitenciario porque este es el gobierno de la primera mujer presidenta», dijo Villanueva sentada en su oficina en la Secretaría de Seguridad, rodeada de una estructura policial en la que no confía.
Hay documentos oficiales que sustentan que el gobierno sabía de la bomba de tiempo en los penales y cuya responsabilidad colocó sobre la comisión interventora. En el literal e) del artículo 6 del PCM-04-2022 con el que se declaró Estado de Emergencia se establece que las personas privadas de libertad debían clasificarse. «La Policía Nacional, en el marco de la Intervención temporal del Sistema Penitenciario, tendrá las siguientes funciones: […] e) Clasificar los centros penales existentes y la población recluida en ellos, tomando en cuenta los diseños arquitectónicos de los centros y el perfil criminológico de la persona privada de libertad, en base a los estudios técnicos de peligrosidad».
Pero también, apenas dos meses antes de la tragedia, la comisión interventora bajo la dirección de Villanueva concentró el poder, cambió al director del Instituto Nacional Penitenciario, el Comisionado General Otoniel Castillo Lemus, a quien el exministro Sabillón había nombrado en la transición del sistema penitenciario de los militares a los policías. También desautorizó a los directores de los centros penales de realizar cualquier trámite. Sin embargo, la viceministra asegura que ella tiene todas las pruebas de que hizo todo lo que pudo en apenas un mes y medio y que fue el General Sabillón, el exministro de Seguridad, el que no facilitó que la policía trabajara con celeridad sobre los planes de la interventora.
«Yo era la presidenta de la interventora, tenía poderes para quitar a Castillo Lemus, lo dejamos aparte en una transición porque era la misma policía que íbamos a intervenir, la doctora Villanueva tiene otra forma de trabajar. Hubiéramos tenido un producto diferente si hubieran seguido nuestro trabajo, no lo saqué por corrupto sino porque tenía que limitarlo» explicó Villanueva y agregó que la circular en la que se indica que todo trámite debía pasar por la supervisión de la interventora la hicieron porque había muchas irregularidades en la emisión de cartas de libertad y traslados. «Una jueza mandaba una carta de libertad y de inmediato había que darles la libertad. Y paramos eso porque había irregularidades y corrupción entonces ellos al menos tenían que enseñarme la carta de libertad, revisé muchas. Había una carta de libertad que decía que ordenaba libertad urgente para un hombre con tres nombres y ¿a quién querían que liberaran? al Cholo Houston que estaba con usurpación de identidades. ¿Quién detuvo la salida? Solo nosotros y sabíamos las presiones y amenazas».
El 27 de junio de 2023, después de la salida de Villanueva de la interventora y con la intervención dirigida por militares, encontraron al cabecilla de la MS13 alias Cholo Houston en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva» en Morocelí, a pesar de que él estaba inscrito en la cárcel general de Támara.
Desde afuera, ahora la viceministra ve con preocupación la intervención militar del sistema penitenciario y aseguró que el mal de raíz, la corrupción, no está siendo la prioridad.
La viceministra contó que ella misma ayudó a la redacción del decreto que le dio vida a la interventora y que ella misma colocó la responsabilidad de realizar un plan de contingencias después de los enfrentamientos que se dieron en distintos centros penales del país, «era un llamado al desafío», dijo y justificó que no hubo tiempo para realizar los planes, porque desde los centros penales había presiones pero también porque dentro de la misma policía había corrupción e intereses con que todo fracasara incluso antes de iniciar. «Esto es un monstruo de corrupción el que teníamos enfrente, de policías, de militares, de crimen organizado. En nuestra intervención todos los traslados costaban dinero, la corrupción del sistema la comencé a encontrar, la corrupción de las tortillas, de la carne, de los alimentos […]».
Contracorriente habló con una fuente cercana al sistema penitenciario que pidió que protegiéramos su identidad. Sobre los señalamientos que hizo Villanueva tras su destitución de la dirección de la interventora, la fuente aseguró que es un trabajo muy complejo el que se realiza en los centros penales y destacó que, previo a la interventora, estaban intentando gestionar de otra forma a los privados de libertad.
«No tuvieron el tacto o la delicadeza con la que se tiene que manejar esa problemática de los centros penales, solo quien trabaja ahí sabe cómo se la tiene que jugar para salir adelante en esos procesos, pero no sé qué motivó a las privadas de libertad de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social [PNFAS] a hacer esas cosas. Antes no hubo ningún problema de reyertas ni de muertes, se intentó manejar a los centros penales de forma diferente. Con el Instituto Nacional de Formación Profesional [INFOP] se consiguieron capacitaciones, incluso con CONDEPOR [Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación] un curso de entrenadores de fútbol, hasta jugaban entre módulos. Íbamos por buen camino», aseguró la fuente.
Además, sobre las mismas acusaciones de corrupción y vínculos de la Policía con el crimen organizado que señaló Villanueva, la fuente aseguró que «es raro que ella, estando en la cabeza de la Policía Nacional, se exprese de esa manera porque si ella sabe que alguien es malo ella tiene autoridad para sancionar y remitir a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales [DIDADPOL], entonces no sé porqué se expresa así si tiene el mando y puede hacer que haya cambios. Si yo tuviera el poder haría los informes y los metería en la fiscalía. Pero sus razones debe tener, no sé qué quiere ganar».
Pero Villanueva ahora habló y dijo estar consciente de que está «sentada en un hormiguero», dijo que recibe constantes amenazas de muerte y que se niega rotundamente a ser el chivo expiatorio en medio de esta crisis, porque todas sus acciones y las peticiones de intervención rápida tanto en Támara como en la PNFAS fueron ignoradas por la policía.
Escribimos al general Ramón Sabillón y al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez para gestionar una entrevista, pero al cierre de esta nota no respondieron nuestros mensajes.
«Íbamos a empezar con las mujeres. Yo a PNFAS había ido muchas veces, no era algo nuevo, porque yo cuando era directora de Medicina Forense [en el gobierno anterior] siempre me interesé en eso. Nosotros no nos podíamos meter más allá de la gobernanza porque eso le tocaba a la policía, a Castillo Lemus, yo me metía a ver cómo estaban las condiciones, las cocinas, las clínicas, las actividades educativas, trabajos integrales y el plan para hacer la identificación. Yo pedí que el odontólogo hiciera las muestras odontológicas de las privadas por su salud oral y por la identificación», contó Villanueva, pero también aseguró que nunca vio que la tensión que allí se vivía iba a derivar en una matanza.
«No, le juro que no vi [que hubiera amenazas en PNFAS]. Yo me metí hasta el corazón donde estaba la [pandilla] 18, donde estaba la MS, la doctora Villanueva nunca miró aquello como el problema de dos bandas, simplemente estábamos buscando la integración y la clasificación de las privadas de acuerdo a sus delitos no de acuerdo a su afiliación por maras. Para llegar a eso debíamos tener el diagnóstico, cuando a mi me dicen que yo iba a hacerlo tenía que poner prioridades y la primera era la recuperación de la gobernanza, el desarme, estudiar el hacinamiento, recuperar que todas estén en un adecuado lugar y establecí como prioridad los menores infractores y las mujeres de PNFAS. Porque la mesa de cooperantes —que me apoyan mucho— entendieron que necesitábamos esto», dijo.
Villanueva aseguró que contaba con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y que ya había traído expertos de Israel y México para que la intervención fuera exitosa a través de la creación de unidades de inteligencia penitenciaria. Además añadió que no pidió asesoramiento al gobierno de El Salvador porque ella es una defensora de derechos humanos y porque los cooperantes estaban en contra de procesos represivos como los que está llevando a cabo el gobierno vecino en su sistema penitenciario. Incluso cuando Carlos Marroquin —director de Reconstrucción del Tejido Social en El Salvador y quien ha sido señalado por el Gobierno de los Estados Unidos como uno de los articuladores de las supuestas negociaciones del Gobierno salvadoreño con las pandillas— visitó al hijo de la presidenta de Honduras para asesorar sobre este tema, Villanueva no fue invitada.
Después de la tragedia en la PNFAS, todas las miradas cayeron sobre la interventora, Villanueva insistió en que, a pesar que ella no creía que la cárcel de mujeres iba a ser el escenario de la tragedia carcelaria que marcó el rumbo de las política de seguridad en Honduras, para ella eran una prioridad, pero hubo un boicot.
«Las mujeres no son la prioridad y yo oía las presiones: ¡pam pam pam! en Morocelí ¡pam pam pam! en Ilama ¿quién hablaba de las mujeres? no había miedo de que las iban a matar, solo miedo normal en relación a esa separación de pandillas. Si me tiran un muerto en Ilama, otros muertos en las otras cárceles ¿será que podían esperar las mujeres? yo pedí intervención simultánea de Támara, PNFAS e Ilama pero me dijeron que la policía no tenía los recursos, el músculo ni la logística» contó.
Villanueva agregó que ella sabe que la gente ha dicho que la interventora no estaba haciendo nada y preguntó «¿quiénes eran los que no se movían y no estaban preparados? la policía, porque tenían una presión con la seguridad ciudadana y carcelaria y estaba la desmilitarización y los militares no podían entrar», agregó.
Una imagen que circuló y por la cual las autoridades han determinado que la Pandilla 18 inició la reyerta en la PNFAS muestra a una mujer vestida de negro, con una insignia de The Punisher y cargando un arma, ella fue identificada por fuentes policiales como «La negra suicida» de la clica Shadow Park Locos de la Pandilla 18. Esa imagen señaló inicialmente como la única culpable de la tragedia a esa pandilla y la Policía Nacional ha indicado que 12 personas vinculadas están siendo investigadas por la autoría de la masacre.
Pero la PNFAS era una bomba de tiempo y estalló.
No se sabe quién ingresó las armas ni cómo, pero una fuente cercana al sistema penitenciario nos dijo que «hay tantas formas de meter un arma y los privados de libertad tienen tanto tiempo para pensar cómo ingresar cosas ilícitas, se habla hasta de drones, un dron que puede mover hasta 20 litros de gasolina, a veces la autoridad se presta pero es raro porque teníamos una fuerza nacional de centros penitenciarios entonces para que entrara algo tenía que pasar por ahí, entonces no sé cómo se pudieron saltarse eso».
La viceministra Villanueva fue la persona que publicó la fotografía de supuesta pandillera empuñando un arma en su twitter, dijo que porque esa era una manera de presionar, ya que desde a las seis de la mañana que comenzaron a recibir información de los disparos en la PNFAS ella estuvo llamando a la policía para que actuaran pero no fueron rápidos. «Si hubieran llegado antes, quizá no las hubieran quemado», expresó.
«46 y ¿quién es el culpable de todo esto? ¿las reyertas entre ellas que ya tenían planificado matarse porque tenían sus problemas de maras? o ¿a quién le interesaba todo esto? yo ya había cambiado gente corrupta de Támara, había cambiado director, subdirector, los economatos del dinero ya los estaba neutralizando, allí comenzaron a decir que me iban a matar y después la muerte de las muchachas de PNFAS. Yo nunca he sido una mujer que llora ni que tiene miedo pero aquí sí tuve miedo. ¿Qué hice mal yo? mi dedicación era exclusiva en 100% y real, aquí fracasó todo menos la doctora Julissa Villanueva», dijo.
Las amenazas
A doña María, su hija Dunia la llamó un viernes, cuatro días antes de los asesinatos. Fue una llamada corta. Preguntó por la familia y por el bienestar de sus dos hijas de 7 y 9 años. A pesar de que la conversación no fue extensa, la señora notó que su hija estaba preocupada, «no estaba muy alegre, me dijo que las tenían amenazadas, pero no me dijo más. Ella quería salir de ahí, ¿y cómo? no podía», dijo.
Hay otras referencias de amenazas entre reclusas. Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privadas de Libertad, contó en un espacio de Twitter organizado por Contracorriente que en una visita realizada a la PNFAS semanas antes de la tragedia, se sentó en la cama de una privada de libertad, madre de siete hijos y con enfermedad terminal. Entre las rejas y con angustia, ésta le reveló a Delma que sentía desesperación por salir de prisión para apoyar a una de sus hijas que necesitaba una operación; su desesperación se daba a pesar de que en dos meses tendría el beneficio de salir bajo libertad condicional. «Tengo que salir de aquí para ayudar a mi niña», le dijo. Ella ya no pudo reunirse con su hija, es una de las 46 mujeres que fueron asesinadas en la PNFAS.
Mientras Delma hablaba con esta privada de libertad, le dijo a otras privadas ahí presentes, que al salir de ahí se dirigiría a hacer una entrevista en un canal de televisión y una de ellas le dijo «¿cómo va ir así?» Y entonces aquella celda del centro penitenciario se convirtió en un improvisado salón de belleza en el que peinaron y maquillaron a la defensora de derechos humanos.
Mientras le arreglaban el pelo, esas mujeres le contaron que sentían miedo. Le contaron que todos los días escuchaban gritos, «perras, váyanse de aquí, este es territorio nuestro». Delma describió un escenario que ayuda a entender por qué ese martes 20 de junio se convirtió en tragedia.
Hasta antes de los asesinatos, la PNFAS albergaba a 914 privadas de libertad, 103 de ellas habitaban en el módulo 1, donde están recluidas las mujeres que supuestamente pertenecen a la MS-13, el resto del penal es población común e integrantes del Barrio 18. «Ese centro penal es controlado por el Barrio 18 y entonces la mayoría de las privadas de libertad que no pertenecen a ninguna estructura jalan para allá [simpatizan con el Barrio 18], porque no les queda de otra», dijo Delma.
Desde el anonimato, una fuente confió que entre las víctimas del 20 de junio había unas 28 mujeres que no pertenecían a la MS-13 aunque estuviesen en el módulo 1. «Estaban en ese hogar no por pertenecer a la pandilla sino porque viven en zonas controladas por la MS. La mayoría de mujeres que son vinculadas a esta pandilla, no están involucradas», dijo y luego explicó que en muchas ocasiones son detenidas junto a sus parejas, por el simple hecho de estar con ellos cuando son detenidos. Además aseguró que ha pasado igual con hermanas y madres que son vinculadas y detenidas a estructuras criminales por la relación familiar con un pandillero y estar presentes en el momento de la detención.
«La mayoría que murieron es que vivían en esas zonas [controladas por la MS-13] y otras que obligadas por la necesidad se metieron a vender drogas», mencionó.
La bomba de tiempo
Las cárceles de Honduras han sido el reino de la corrupción y el terror por mucho tiempo. La tragedia en la PNFAS no ha sido la única del sistema penitenciario. En 2003, en la cárcel de El Porvenir, Atlántida, tras una reyerta se contabilizaron 66 muertos. En el 2004, en un incendio perdieron la vida 107 privados de libertad en la cárcel de San Pedro Sula, por este suceso el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2012, 360 murieron en un incendio en la cárcel de Comayagua. Muertes tras reyertas e incendios, todas ocurridas en gobiernos del Partido Nacional que llevaron sus políticas de seguridad con el estandarte de la «mano dura».
También en el gobierno del nacionalista de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta juicio por narcotráfico en los Estados Unidos, hubo violencia en las cárceles e intervención militar. Por ejemplo, en el centro penal de Tela fueron asesinados 18 privados de libertad en 2019 y en el mismo año, en El Porvenir, Francisco Morazán, murieron otros 19. De acuerdo con cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) unas 1,050 personas privadas de libertad murieron de forma violenta en el sistema carcelario nacional entre 2003-2023.
Según Jenny Almendárez del Centro para la Prevención de Torturas, tratos crueles e inhumanos (CPRTRT) actualmente hay 19,400 privados de libertad, de los cuales el 63% está en la mora judicial o sea está pendiente de recibir condena. Además, según Delma Ordóñez, las cárceles del país tienen un hacinamiento del 143%, que significa que su capacidad está desbordada en más de 10,000 personas privadas de libertad. Nada de esto es nuevo, como no es nueva la muerte ni la mano dura ni la militarización como reacción.
Durante la administración de Juan Orlando Hernández, los militares coparon espacios alejados de sus funciones originales, incluso fueron encargados de incentivar el agro y se les entregaron funciones durante la pandemia de Covid-19. En diciembre de 2019, en el segundo período de Juan Orlando Hernández, los militares, a através de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), asumieron el control de los centros penales tras el asesinato de Nery Sanabria, alias Magdaleno Meza, un narcotraficante que aparentemente poseía una libreta con información que vinculaba al hermano del presidente, Antonio Hernández, condenado en los Estados Unidos por tráfico de drogas.
Delma Ordóñez, presidenta de la organización de familiares privados de libertad, es de la convicción de que los militares no deben administrar los centros penales e incluso recordó que esta fue una sus peticiones «fuertes» cuando inició esta administración. Para ella era una necesidad la desmilitarización de los centros penales a nivel nacional porque considera que estando los militares al frente fue cuando se presentó la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.
La defensora de derechos humanos recordó que durante el control militar en las cárceles recibió varias denuncias. Por ejemplo, en el centro penal de Tela, el director era dueño de la pulpería en el interior del recinto y a los familiares no se les dejaba ingresar ningún producto, solo podían entrar con dinero y comprar todo en el negocio del director. Agregó que en Támara, los directores tenían una crianza de cerdos y que hubo ocasiones en que algunos presos fueron llevados a trabajar a casas o fincas de los encargados de los penales, «y de todo eso hay pruebas, la pregunta del día es ¿Cómo confiar?», dijo Delma.
Al inicio del actual Gobierno, pareció que los militares perdían espacio, al menos a la vista del ojo público, pero no fue así dado que su presupuesto sigue siendo enorme —10,662 millones de lempiras para el 2023, aumentado 1,300 millones respecto al del 2022— solo por detrás de la secretaría de Salud y Educación. Incluso, el Congreso Nacional, cuya junta directiva es afín al Partido Libre, autorizó la compra de cinco helicópteros para las Fuerzas Armadas.
Y ahora se hizo todo evidente, los militares que antes fueron desterrados de los centros penitenciarios, vuelven como si fueran la panacea para un mal que es muy antiguo, pero que presentó fuertes síntomas el sábado 8 de abril cuando hubo cuatro amotinamientos simultáneos en El Porvenir, La Tolva, Penitenciería Central de Támara y El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
Después de los amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles, la presidenta Castro a través de Twitter, escribió: «Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los centros penales. 12 años (144 meses) de saqueo y colusión con el narcotráfico, maras, pandillas y crimen organizado público y privado, no se arreglan en 12 meses».
Y esa es la intervención que presidió fugazmente Julissa Villanueva y que narra por momentos como una serie de terror. «Lo primero que sucedió es que iba a necesitar unas 2000 personas para eso y ¿de dónde? de la Policía Nacional y había que tener un plan y lo primero que les digo es que hay que hacer un plan: sí doctora pero hay que hacer tiempo, análisis, va a necesitar carros, baños, logística […] pedí el plan para intervenir la cárcel de mujeres y me dijeron que no, que esa no era tan importante porque ellas no son tan violentas», contó.
Además, aseguró que la policía decía que no podía atender las requisas necesarias en los centros penales ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes, porque «esos días hay partidos de fútbol y la gente está en las calles y que no podía disminuir la atención a la ciudadanía para meter dos mil policías activos a PNFAS o a las demás cárceles».
La interventora presentó un plan para reclutar nuevos agentes penitenciarios y que los cooperantes le estaban apoyando en esto, según Villanueva. «Me mandaron prestados 1400 policías para los centros penales y eran todos una resaca de irregulares, algunos depurados, otros que habían cometido faltas, no había ni uno limpio, por castigo los mandaban a los penales», explicó y por eso intentó limpiar la casa primero.
Villanueva aseguró que ella ya había montado inteligencia penitenciaria y le daban información, le dijeron lo que había en Ilama, quiénes eran los corruptos que metían armas «y yo llevaba eso apuntadito. Pero de PNFAS nunca me habían dado una información, se lo juro, sino yo hubiera intervenido de inmediato» dijo.
Las requisas que hizo la interventora con la dirección de Villanueva fueron televisadas, la viceministra dice que esto fue una estrategia no de «reality show», sino de transparencia, ya que ella descubrió que los policías no estaban abriendo las caletas hasta que ella llegó a supervisar. Incluso cuenta que los policías la dejaron sola en varias ocasiones dentro de la cárcel de Ilama y que incluso pensó que la habían llevado a una trampa para matarla.
«A mi que me investiguen porque tengo documentada toda mi gestión y todo lo que no hicieron ellos. Yo no soy la responsable de un problema estructural, solo tenía un mes y días de estar trabajando con tan buen suceso. Yo cumplí la ordenanza de la presidenta, la doctora Villanueva hizo todo lo que estuvo a su alcance, estamos ante un monstruo de corrupción y crimen organizado, mi vida corre peligro, aquí estamos sentados en el hormiguero» dijo.
Ahora ve la nueva intervención militar de las cárceles, y ve las imágenes del ministro de Defensa y sobrino de la presidenta quien junto con policías militares destruyeron armas encontradas dentro de las cárceles, «yo jamás hubiera permitido eso» dijo Villanueva, aduciendo que están destruyendo pruebas claves para determinar el origen de esas armas que incluso podrían llegar a autoridades importantes.
«Yo no soy una inútil y no seré el chivo expiatorio de nadie ni que denigren mi imagen profesional porque cuando yo acudí a una asignación lo hice y lo puedo demostrar, si esto fue premeditado o no, era para pararme», expresó.
Buscando entre las cenizas
En el módulo 1, donde ocurrió la reyerta, estaba la hija de doña Doña María. Cuando en la tarde del miércoles 21 de junio llegó al portón de la PNFAS para tener noticias, la encargada de comunicaciones leyó un listado en el que se mencionó a Dunia Raquel. De acuerdo con ese registro, su hija estaba herida en el Hospital Escuela. Doña María escuchó el nombre y se alejó casi corriendo. «Es mi hija», repetía mientras se alejaba.
Horas después, doña María se encontraba en las oficinas de Medicina Forense. Había ido al Hospital Escuela y en ese centro hospitalario no le permitieron ingresar y tampoco le dieron información. Un conocido de la familia le aseguró que Dunia no estaba hospitalizada, al contrario de la versión oficial de la PNFAS.
En Medicina Forense el nombre de su hija figuraba en un listado que estaba pegado en un centro de información que se había improvisado a través de la instalación de una carpa, atendida por dos jóvenes estudiantes universitarios. Doña María concluyó que las mujeres que aparecían en ese listado habían sido declaradas muertas.
Cuando nosotros preguntamos por la hija de doña María, los jóvenes respondieron que esa no era una lista oficial, que esos eran nombres de personas que estaban siendo buscadas por sus familiares. Doña María buscó todo el día a su hija sin éxito.
«Bueno, mañana voy a madrugar al hospital», dijo doña María, un sitio que todavía no había visitado. Su angustia había aumentado porque vio en la televisión que en el módulo 1 solo habían quedado dos mujeres con vida, pero en realidad era información falsa, pues en el módulo 1 estaban recluidas 103 privadas de libertad.
Doña María, la señora que buscó a su hija en medicina forense, PNFAS y en el Hospital Escuela no la encontró en ninguno de esos establecimientos. Días después, recibió información de que su hija estaba viva, pero hasta el cierre de esta nota, no ha podido verla y sigue preguntando «¿cómo está mi hija?». Mientras tanto, en una oficina de la Secretaría de Seguridad, la viceministra Julissa Villanueva dice una y otra vez: «Yo pude haber hecho muchas cosas más si me hubieran dejado trabajar».
