La comunidad garífuna de San Juan en Tela, en la costa caribe hondureña, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la tierra ancestral. En medio de la denuncia, también han detenido la construcción de nuevos complejos hoteleros en tierras que reclaman como suyas y han abierto caminos que antes fueron cerrados por el desarrollo urbano. Se han organizado para solicitar que se titule a favor del pueblo garífuna 1770 hectáreas en la Bahía de Tela, una de las zonas más codiciadas por las inversiones turísticas en el país.
Texto: Jennifer Avila
Fotografía: Amilcar Izaguirre
Dice Xenia que en San Juan solo la anciana que vive enfrente de su casa recuerda cómo era el molino comunitario en donde se hacía el casabe. «Ella está bien viejita y ya casi no recuerda mucho, pero del casabe ella le puede hablar», cuenta mientras se queja porque antes — no sabe bien si hace más o menos de diez años — tenían tierras de cultivo en esta comunidad garífuna y ahora esas tierras cultivan yuca pero no es de ellas, esa yuca ya no es para sus platillos típicos, como el casabe.
«Siempre lo comemos pero la yuca la tenemos que ir a comprar a la ciudad. Tampoco podemos sembrar en los solares de las casas porque aquí, los terceros, sueltan sus vacas y caballos y andan por los solares y se lo comen todo», dice Xenia. «Los terceros» son personas que ellas consideran invasoras de sus tierras.
Volvamos al casabe. Este complemento en la cocina garífuna es una tostada hecha de yuca, su sabor es versátil y por eso lo ponen para acompañar las sopas o aderezos; en algunos comercios se ha popularizado y ya lo venden en bolsitas con ajo, sal o chile. Pero ya poco de él se hace artesanalmente en las comunidades.
La anciana vecina de Xenia, apenas recuerda el idioma castellano, habla en garífuna y un nieto le traduce. «Guadalupe, allí era donde sembrábamos» dice y se mece en una silla de madera mientras trata de recordar; se da una palmada en la rodilla y dice «bueno, a ver si me acuerdo, pero sí lo puedo hacer, sí puedo hacer el casabe, hagámoslo». Se queda en ese tiempo por un instante y luego retoma «en aquellos tiempos íbamos a Guadalupe, traíamos la yuca al molino y la hacíamos, ese era mi oficio, hacer el casabe, y cuando mi esposo estaba vivo él pescaba y yo vendía el pescado».
Nos acompaña Wilton Centeno, un líder comunitario que volvió hace unos años de los Estados Unidos a su pueblo. Wilton dice que los jóvenes de la comunidad no saben qué es Guadalupe, mucho menos hacen casabe, muchos se fueron como él que pasó su juventud como migrante en otro país. Otros que se quedaron, nacieron después de que su comunidad fue tragada por la ciudad.
«Guadalupe» hace más de 15 años que no existe, cuentan, y poco tiempo después de que perdieron eso cerraron el molino. Pero no fue lo único que cambió, las personas que compraron tierras alrededor de la laguna de Los Micos, que está ubicada justo entre la comunidad de San Juan y el mar, cerraron los pasos para quienes iban a pescar libremente.
El relato de las mujeres garífunas y de los jóvenes de San Juan también resonó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 6 de marzo en una audiencia pública en Los Ángeles, California. «Yo he sufrido persecución como persona afectada por los terceros. No me dejan entrar a la propiedad, hostigándome, haciendo llamadas, amedrentando para venderles. Me han mandado a sacar de mi propiedad con la policía, la propiedad ancestral que tengo los terceros la quieren abarcar, están presionando para vender porque no soy digna de tener mi propiedad en mi aldea. Es muy lamentable que eso esté pasando, que nosotros no podamos crecer en nuestro pueblo», dijo Judith, una mujer garífuna que fue a los Estados Unidos, no como migrante, sino como demandante del Estado de Honduras.
Este no es el primer caso de recuperación de tierras ancestrales garífunas que conoce el Sistema Interamericano. En 2015 la CorteIDH emitió una sentencia en favor de este pueblo que también reclamaba tierras ancestrales arrebatadas por «terceros», bloqueo de accesos, y persecución en la comunidad Triunfo de la Cruz, otra de las que habita el pueblo garífuna en la Bahía de Tela. Ahora la comunidad de San Juan espera que su caso también llegue a la Corte IDH y puedan tener el título comunitario, porque esta comunidad nunca tuvo uno.
Pero la comunidad de San Juan va más allá. Esperan que no solo se titulen 629 hectáreas de tierra que pertenecen al pueblo garífuna en esta aldea, sino que se titulen en total 1770 hectáreas que abarcarían gran parte del casco urbano de la ciudad de Tela.
El caso apunta al Estado de Honduras por su «alegada responsabilidad internacional ante la presunta falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las presuntas amenazas contra varios de sus líderes y
lideresas. Es un hecho no controvertido que la Comunidad Garífuna de San Juan no
cuenta con un título de propiedad colectiva que reconozca la totalidad de sus tierras y
territorios ancestrales», según la ficha del caso en la CIDH.
Wilton le habla de su sueño a la anciana, le dice que cuando recuperen «Guadalupe» van a volver a usar un molino comunitario, habrá mujeres que darán talleres a las más jóvenes para elaborar el casabe, los hombres volverán a pescar libremente allí, como antes. La anciana lo escucha y asiente, como si también lo soñara.
La ciudad vs. la comunidad
Es viernes en San Juan y hay silencio, solo se escucha el mar y unos pocos camiones repartidores de refrescos que pasan por las calles empolvadas. Pareciera que todo se paraliza por el calor húmedo de la costa. Ya casi es fin de semana, la comunidad comienza a sonar a reggae mientras llegan los turistas a comer los platillos de la cocina garífuna y descansar a la orilla de la playa. La cúspide de actividad económica sucede en fin de semana, aunque la comunidad de eso se sostiene cada vez menos, porque los ingresos que más llegan a las familias garífunas provienen de las remesas de los migrantes, los que se fueron porque no miraban un futuro en la comunidad.
Deinor de 24 años es el presidente del Comité de Tierras de San Juan y dice que él nunca tuvo el sueño americano, aunque sí intentó irse una vez; también su tía lo intentó pero en México perdió una pierna y fue deportada. «Me intenté ir y me fui así migrando pero no iba con la emoción, me regresé de México. Mi tía, después de lo que le pasó, siempre se mantiene alegre, no pierde la alegría aunque su sueño de salir adelante no lo cumplió», cuenta.
Deinor explica que él apenas viene conociendo la historia de su comunidad y que su trabajo ahora es enseñarle a los jóvenes a no irse, a quedarse para vivir de su territorio. Y habla de su sueño de hacer un turismo sostenible, sin tener que matar manglares, ni rellenar la laguna para construir, y sobre todo, preservando su cultura.
Deinor nos da un recorrido por las zonas de la comunidad que han intervenido para que no se construyan más hoteles o casas sin su permiso y nos muestra un complejo de habitaciones construidos sobre un relleno de arena sobre la laguna de Los Micos. Lo que se ve es una zona de desastre: manglares cortados, arenas movedizas, casas hundidas en la laguna. Esa es una zona recuperada ahora, cuentan Deinor y Wilton.
«Hemos parado el acceso de máquinas de construcción, hemos hecho acciones como comunidad, juntos, para evitar que cierren los accesos y que construyan en tierras que compraron fraudulentamente», explican.
Deinor profundiza diciendo que el pueblo garífuna exige 1770 hectáreas de tierra en la costa caribe hondureña. «El territorio ancestral es desde la barra de Tornabé hasta la barra de Triunfo de la Cruz; la barra está en la zona urbana de Tela, por eso ahora existen los barrios El Paraíso ó 21 de enero, porque Tela extendió su casco urbano. Hay quienes dicen que estamos pisoteando los derechos de terceros pero solo queremos recuperar lo que nos pertenece», explica Deinor. Y es que la ciudad se fue metiendo poco a poco en la comunidad rural de San Juan y hay calles que dividen a la comunidad garífuna de estos barrios que menciona el líder comunitario. Las calles empolvadas de San Juan son muy diferentes a las de algunos barrios en donde hay pavimento.
Deinor explica que el Estado le otorgó a la comunidad alrededor de 300 hectáreas de tierra después de la urbanización, pero la comunidad alega que solo de San Juan son 629 y en total entre la barra de Tornabé y la de Triunfo de la Cruz son 1770, por eso han acudido a la CIDH que ya admitió la demanda.
La CIDH explica que «si bien en el año 2000 el Instituto Nacional Agrario otorgó un título reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, el Estado no ha cumplido con titular la totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que la comunidad use y goce de sus tierras en forma pacífica. Asimismo, en un escenario de falta de seguridad jurídica respecto de sus territorios ancestrales, se argumenta que se ha dado el otorgamiento de títulos a terceros ajenos a la comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad».
Deinor asegura que la comunidad garífuna no pretende sacar a la gente del municipio de Tela que ahora vive en esos barrios o incluso en la misma comunidad de San Juan, sino que su objetivo es que se les permita administrar ese territorio. «Si se recuperan las tierras, la comunidad las manejaría de acuerdo a su cosmovisión», dice. Esto significa no tributar a un gobierno local, también aplicar la consulta previa libre e informada en caso de que alguien pretenda construir un proyecto turístico en la zona.
«Desde la municipalidad siempre nos han prometido proyectos pero a cambio de nuestras tierras y eso no lo queremos, nosotros queremos buscar nuestro propio desarrollo», dice Deinor.
Mientras caminamos, Wilton ve un rótulo que dice «Propiedad privada» en un portón que está cerrado y que corta el paso a la laguna. Las propiedades en esta zona de la comunidad están registradas en el Catastro municipal a nombre de personas naturales o de personas jurídicas; una base de datos del catastro municipal da fe de eso, también el mapa catastral del Instituto de la Propiedad. Este territorio, que Wilton asegura que no puede ser propiedad privada, está a nombre de Carlos Ferrer Bacuzzi y colinda con el complejo hotelero y residencial Honduras Shores Plantation; varias propiedades están registradas a nombre de Linda Lazarus, gerente de este complejo y reconocida empresaria de bienes raíces en la zona norte. Wilton arranca el rótulo del portón que da a una casa de lago con un pequeño yate anclado al frente, dice que ya no es permitido, que las autoridades han prohibido cerrar los pasos a la laguna y colocar rótulos como ese.
Para Deinor, los empresarios tienen una estrategia: no dejan de construir porque así podrán exigir una indemnización más grande por la inversión, «ellos quieren aumentar más a sus inversiones para que el Estado tenga la dificultad de indemnizarlos y por eso la comunidad tiene la tarea de detener esto» dice y agrega que cuando inició el gobierno de Xiomara Castro, una comisión de alto nivel en la que iban los ministros de Serna, Derechos Humanos y Seguridad visitó la comunidad y avaló que ésta detuviera los proyectos turísticos en las tierras en disputa. «El nuevo gobierno nos apoya», dice.
Resistencia garífuna
El 12 de abril, las comunidades garífunas conmemoran su llegada a las costas hondureñas. En 1797 llegaron naufragando desde la isla de San Vicente en donde este pueblo había sido esclavizado. Desde su llegada a tierra firme conformaron comunidades en Punta Gorda, Roatán, en Colón, en La Ceiba y en la Bahía de Tela. En esta conmemoración, cada año las comunidades colocan la bandera con franjas amarilla, blanca y negra, tocan los tambores, bailan y comen sus platillos preferidos elaborados con frutos del mar y de las tierras costeras.
Pero, después de esa dolorosa llegada y después de que Honduras se convirtiera en república — y posteriormente en república bananera —, los garífunas siguieron enfrentando racismo y exclusión con una resistencia que ellos aseguran que continúa en la actualidad.
En San Juan se recuerda con dolor la historia porque allí además ocurrió una de las masacres más grandes cometidas por el régimen dictatorial del nacionalista Tiburcio Carías Andino en 1937. El maestro Victor Virgilio López, un escritor garífuna de esta comunidad lo recoge en un libro que hizo con retazos de la memoria de su pueblo. Los nombres de los 19 garífunas liberales masacrados por hombres de Carías quedaron escritos en una placa en el centro del pueblo, un espacio en medio de la calle de tierra frente al estrado principal donde se celebran las ferias. Esa memoria arrastra ahora a los jóvenes de San Juan que aseguran que pueden ganar el título comunitario.
Víctor Sambulá, un anciano pescador, también tiene retazos de esa memoria. Recuerda a «la compañía», la United Fruit Company, instalada en la zona. Cuenta que su padre trabajó en los talleres de «la compañía» como muchos de los hombres de San Juan. Él recuerda cuando todo era «libre, libre, la gente libre, los pasos libres, sin problemas» y él iba a pescar los domingos y se encontraba con trabajadores de «la compañía» con los que hacía trueques, pescado por caña de azúcar. Así lo recuerda.
«En aquellos tiempos eramos como 10 o 15 cayucos, habían palos para dejar los cayucos y no pegaba el sol, era oscuro. Antes se miraban culebras, lagartos, no había problemas. Si no pescabamos en la laguna era pescar en el mar, es la vida de nosotros los negritos», cuenta.
Don Víctor dice que los mestizos que viajaban en buses para ir al centro de Tela desde las comunidades rurales a veces se bajaban de los vehículos al ver que los garífunas iban a tomar el bus. «Los negritos iban a vender pescado a Tela, pero ellos no querían negros en los carros porque hedían a pescado […] así lo decían ellos», recuerda. Y es que él tiene una lista de anécdotas que demuestran el racismo al que siempre se enfrentó en su cotidianidad. Dice que recuerda que un expresidente dijo una vez que quería «sacar a todos los zopilotes de las playas», refiriéndose a los negros.
Y así lo intentaron. En medio de ese racismo, la pobreza, la falta de acceso a derechos básicos y la migración de los jóvenes garífunas, comenzó la venta de las tierras, la venta fraudulenta, dicen Wilton y Deinor.
«Bueno pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo […] ya después, cuando esa gente vendió, cercaron, pusieron carreteras. Ya no podíamos dejar al cayuco allí, no podíamos pasar ni con la carreta para traer leña», dice don Sambulá.
«Pues allí se jodió todo, perdonando la palabra», agrega.
Hace calor y en la casa de los Sambulá suena fuerte la radio con música rock en español; la esposa saca unas bolsas de agua para repartir y dice con pena que no tiene más. La casa está en plena construcción porque sus hijos están trabajando en el extranjero, unos migraron a los Estados Unidos y otros trabajan en cruceros «se fueron embarcados» dicen, así como una vez anduvo navegando don Víctor.
Esta familia tiene su terreno y están edificando una casa del tamaño exacto del terreno, pasan allí ya los años de su vejez recibiendo las remesas de sus hijos pero muy pendientes de la lucha del nuevo comité de tierras de la comunidad.
«La lucha que tienen los muchachos uno tiene que cooperar con ellos, estoy de acuerdo, el nuevo alcalde creo que va a cooperar, aquí tiene tierras pero él es de aquí de San Juan y él no va a perder. Y si los jóvenes siguen ese paso, el gobierno los va a reconocer también» y don Víctor se lo dice a Wilton como dándole un impulso, porque él sabe lo que es pelear tierras, ya lo hicieron cuando lograron que se reconociera el territorio en lo que ahora se conoce como Nuevo San Juan.
En el registro municipal de tierras de Tela solo aparece un predio a nombre del «Patronato de la aldea de San Juan» y es de 4827 metros cuadrados, un terreno de poco menos de una hectárea.
Durugubuti-Bei Bei
La comunidad de San Juan no se llama así para el pueblo garífuna, su nombre original es Durugubuti-Bei Bei que hace referencia a un fruto pequeño, una especie de uva color negro que abunda en esa comunidad en árboles que crecen en la arena. Parte de la resistencia también es conservar ese nombre, dice Wilton, pero San Juan está partido, la zona de desarrollo turístico tiene además otros nombres, unos extranjeros como Honduras Shores Plantation o Barrio Nicaragua.
Cerca de esa zona, en donde el comité de tierras ha detenido la construcción de nuevas casas o cabañas turísticas, hay una propiedad a nombre de Ricardo Cálix Arias, reconocido ganadero de la zona y padre del alcalde actual de Tela, el ingeniero Ricardo Cálix Ruiz, quien también posee tierras dentro de la comunidad de San Juan en donde tiene ganado.
Intentamos hablar con el alcalde de Tela para conocer cómo su familia obtuvo las tierras y para saber qué acciones tomaría como alcalde municipal en este conflicto que no solo le concierne por ser terrateniente, sino por administrar las tierras municipales y la urbanización del municipio. Hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuestas a las llamadas ni a los mensajes por whatsapp solicitando una entrevista sobre el tema.
Contactamos a la Cámara de Comercio de Tela para conocer la posición de la empresa privada en el sector pero la directora ejecutiva Graciela Zúniga dijo no estar autorizada para referirse al tema.
También contactamos al presidente de la Cámara de Turismo de Tela, Antal Borscok, para conocer la posición de los empresarios y propietarios de tierras en la zona que reclaman los garífunas y dijo que no se pronuncian al respecto porque esperan un fallo del Sistema Interamericano. «No queremos división ni odio, por eso vamos a esperar a ver qué dicen los jueces sobre el caso», dijo y también aseguró que hay que averiguar cómo funcionan estas sentencias porque ya se dio una en Triunfo de la Cruz y hasta el momento no se sabe qué ha pasado con ese conflicto de tierras. «Aquí hay que ver que también hay gente que tiene mucho tiempo de haber invertido en sus casas o sus empresas, hasta la iglesia católica entra en ese reclamo y la iglesia tiene más de cien años de estar en la zona», dijo.
Y es que ya han pasado ocho años desde la sentencia de Triunfo de la Cruz en la que se estableció que el Estado debía titular tierras a favor del pueblo garífuna, pero hasta el momento eso no ha ocurrido. El presidente del comité de tierras del Triunfo de la Cruz, Alfredo López, nos dijo que se debía haber expropiado a las personas que adquirieron títulos fraudulentos y que desarrollaron proyectos turísticos en la zona sin consulta con las comunidades, pero que hasta el momento eso no ha ocurrido porque el Estado se ha declarado incapaz de indemnizar a estos empresarios por sus inversiones.
Pero asegura López que estas tierras fueron compradas a algunos líderes garífunas que fueron engañados, a quienes les pagaron una ínfima cantidad de dinero. «Vinieron como los españoles, a dar espejos por riquezas. Tenemos documentadas esas ventas y es para no creer», dijo.
López aseguró que la expropiación que esperan es en contra de los proyectos turísticos y no incluye a las personas que han vivido en el territorio reclamado por mucho tiempo y que viven en los barrios de la ciudad de Tela. «Es una campaña en contra de nosotros la que dice que nosotros vamos a expropiar a la pobre gente que vive en los barrios de Tela. Nosotros mismos les hemos dado terrenos a personas que vienen incluso con sus niños desnutridos a buscar un pedazo de tierra para construir su casa; y aquí están y viven bajo la regla de no vender el terreno. Los ricos son los que se tienen que ir», dice López y cuando dice ricos menciona a los que están vinculados a la política e incluso algunos vinculados al crimen organizado.
En San Juan, agregó López, es el mismo reclamo, a quienes están denunciando es a los empresarios de Honduras Shores Plantation porque esa empresa abarca mucho territorio. «También la familia Rosenthal que reclama más de la mitad de la comunidad. A ellos se les expropiaría y se les pagaría lo que invirtieron», explica y dice que es muy peligrosa la narrativa en la que los garífunas se ven confrontados con los mestizos pues «los muertos van a hacer los mismos pobres, porque están creando división con esa campaña».
Pero ¿qué pasaría con los barrios ya urbanizados si se titulan las 1770 hectáreas en favor del pueblo garífuna? Esa pregunta se la hace Antal y se la hacemos a Alfredo y Deinor. Alfredo, quien también es miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) dice que ellos han planificado un proceso de saneamiento de las tierras, un «catastro de usos múltiples», «estamos preparándonos para el manejo de todo este territorio ya saneado, eso es lo que dice la sentencia de Triunfo [de la Cruz] y así será en el caso de San Juan, que las comunidades garífunas administren las tierras», explicó.
Deinor dice que tiene muchos planes para involucrar a toda la comunidad en la lucha por las tierras y en la preservación de la cultura, en la recuperación de Durugubuti-Bei Bei. Quieren organizar un predio para ampliar el cementerio puesto que enfrente del que existe actualmente hay una posta policial abandonada y una edificación en ruinas, allí les gustaría hacer el cementerio nuevo porque ya los cadáveres no caben en el viejo. También quieren hacer un proyecto de viviendas para que los más jóvenes no se vayan de la comunidad hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos y quieren recuperar las tierras de cultivo para recuperar también la yuca, la malanga y el plátano.
«Las calles ancestrales que liberamos ahora es por acuerdo entre la comunidad y el estado», dice Wilton quien también sueña con que la comunidad viva del turismo sostenible.
«La gente tenía miedo de protestar» dice Deinor pero asegura que han perdido el miedo y que más gente se suma al comité.
Deinor nos contaba que nunca van solos a las zonas en disputa, que se cuidan entre ellos, que van en grupo grande porque siempre esperan lo peor, es reciente aun lo que pasó en la comunidad vecina de Triunfo de la Cruz, el desaparecimiento de cuatro líderes garífunas en 2020 y el asesinato de un miembro del comité de tierras en este 2023. Están conscientes de que corren riesgo.
«Pero hemos perdido el miedo de que nos van a perseguir; creemos que lo que podemos lograr hoy va a servir para las siguientes generaciones. Aquí lo que pasó en Triunfo dio miedo pero ya no estamos así, porque ellos hacen eso para que nosotros paremos» dice convencido Deinor mientras comienza a soplar el viento en San Juan y las jóvenes que atienden el restaurante «Vista al mar» preparan el almuerzo del día, pescado frito con tajadas de plátano verde. No hay casabe hoy.
