El 3 de junio de 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció que la lucha contra la corrupción sería un objetivo fundamental de su gobierno. Por esto, los departamentos y agencias gubernamentales comenzaron a acelerar y ampliar sus esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción doméstica y también fuera de sus fronteras. La relación con el nuevo gobierno de Xiomara Castro en Honduras y que éste país se convierta en el socio estratégico de EEUU en la región, podrían ser temas condicionados por esta estrategia anticorrupción que Biden pretende exportar al mundo.
Por: Jennifer Avila Reyes
En la Cumbre por la Democracia liderada por Estados Unidos el pasado diciembre, Joe Biden presentó una estrategia basada en un enfoque integral para abordar la corrupción a nivel nacional e internacional con socios gubernamentales y no gubernamentales para prevenir, limitar y responder a ésta y sus delitos conexos. En esta cumbre no estuvo invitado el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue solicitado en extradición por Estados Unidos acusado de narcotráfico el mismo día que dejó el cargo de presidente el 28 de enero de este año. Para ese entonces, la relación de Estados Unidos con Guatemala y El Salvador ya estaba deteriorada y, en ese contexto, el nuevo gobierno de Honduras con Xiomara Castro y su familia a la cabeza se perfiló como la única oportunidad de Estados Unidos para preservar su influencia en esta convulsa región.
La estrategia del gobierno de Biden se enfoca en las dimensiones transnacionales que plantea la corrupción, incluso reconociendo las formas en que los actores corruptos han utilizado el sistema financiero de EE. UU. y la institucionalidad del estado para lavar sus ganancias provenientes de la corrupción. Para un país como Honduras, en donde según cifras del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pierden alrededor de 3,000 millones de dólares por corrupción cada año, y donde el sistema de justicia es tan cuestionado hasta el nivel de que se espera que los criminales de alto nivel político sean condenados en una Corte de Estados Unidos, esta estrategia podría empalmar con la bandera anticorrupción que el nuevo gobierno de Xiomara ha ondeado.
Pero el lastre que Honduras arrastra es grande y su relación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico y frenar la migración no ha sido del todo positiva. Después de un golpe de Estado en 2009, después de la fallida Misión de Apoyo a la Corrupción e Impunidad que instaló la OEA y que el gobierno de Juan Orlando Hernández minó desde el primer día, y después de años de apoyo a la autocracia de Hernández quien terminó siendo acusado por narcotráfico, la lucha anticorrupción se vuelve una tarea diplomática con muchos riesgos.
En un tour virtual del departamento de Estado al que este medio fue invitado, el profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, Mathew C. Stephenson, dijo que puede ser contraproducente poner todas las esperanzas en un tipo de Deus Ex Machina, un elemento que llega de afuera a resolver los problemas de un contexto específico, refiriéndose así a las comisiones internacionales que se han vuelto parte del clamor popular en Centroamérica -y ahora particularmente en Honduras- debido a la desconfianza en los sistemas de justicia locales.
«Creo que la experiencia de la Comisión de Guatemala (CICIG) muestra que [esas comisiones] pueden ser muy útiles en algunos contextos pero no son mágicas balas de plata porque cuando el apoyo político se erosiona, pueden cerrarse con bastante rapidez. Ese es uno de los problemas que vimos en El Salvador y en la Comisión hondureña original (la Maccih), deduzco que hay discusión y Honduras lo está haciendo nuevamente pero de una forma diferente, pero si no están bien diseñadas para tener los poderes que necesitan, pueden terminar siendo una especie de escaparate. Si se cuidan los detalles, creo que este tipo de organismos internacionales pueden tener la libertad de hacer investigaciones que simplemente no son políticamente viables internamente», dijo al respondernos sobre qué sería lo necesario para la instalación de una nueva comisión anticorrupción en Honduras.
Stephenson disertó además sobre las aristas de la corrupción y el papel que juegan la sociedad civil, la academia y el periodismo independiente en investigar y develar las redes de corrupción y sobre la colaboración entre Estados Unidos y los demás países. «Si los oligarcas o los cleptócratas tienen activos en los Estados Unidos y si las autoridades estadounidenses pueden probar que estos activos son probablemente el producto del crimen, entonces pueden congelarlos e incautarlos. Hay una unidad especial en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llamada Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia, que se dedica a este trabajo. También podría ser posible enjuiciar a algunas de estas personas por lavado de dinero, pero probar los elementos de un delito de lavado de dinero puede ser muy difícil», dijo.
Un ejemplo de esto es que a casi siete años de que se supo del caso del desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Unidad Internacional de Lavado de Activos y la sección de recuperación de bienes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está preparando el retorno al Estado de Honduras de 1.3 millones de dólares provenientes del desfalco millonario contra esa institución. Los bienes en cuestión fueron comprados en Nueva Orleans por el hermano del exdirector del IHSS, Mario Zelaya, con dinero proveniente de la corrupción . Esto se está haciendo con la colaboración entre ambos países para que este dinero retorne a esta institución.
Estados Unidos ha confiscado a través de esta unidad más de USD 1700 millones en activos en todo el mundo y ha apoyado la devolución de más de USD 1600 millones a los países víctimas.
En 2015, masivas protestas en las calles de Honduras exigieron la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de una comisión internacional anticorrupción siguiendo el ejemplo de la CICIG en Guatemala, que para ese entonces había hecho caer a un binomio presidencial. Algunos medios catalogaron este momento centroamericano como «la primavera» que traía vientos de cambio para las débiles democracias de estos países. Lo que sucedió después terminó en lo que ahora tenemos en la región: autocracias, narcoestados y sistemas anticorrupción desarticulados. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) colaboró con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) para presentar 13 casos ante la justicia local, de estos, solamente uno obtuvo sentencia condenatoria, aún hay dos en proceso y todos los acusados de los siete casos restantes —la mayoría de ellos funcionarios de gobierno— obtuvo sobreseimientos y absoluciones. Además, los retrocesos institucionales en la lucha anticorrupción fueron enormes, ante esto, el debate público sobre la corrupción se ha centrado en buscar la solución afuera, solamente.
El profesor Stephenson dijo que «aunque creo que es genial aprender de modelos extranjeros, uno siempre debe tener cuidado de no asumir que va a funcionar de la misma manera precisamente porque los malos han aprendido las mismas lecciones de una experiencia extranjera que los chicos buenos. En cierto sentido, se necesita adaptar y actualizar constantemente nuestras estrategias para hacer frente a esto».
Una de las primeras acciones de Xiomara Castro como presidenta fue entregar una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitando la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) cumpliendo una de sus más importantes promesas de campaña. Hasta el cierre de esta nota, la ONU aún no había dado el primer paso para comenzar el proceso que es el envío de una misión técnica para obtener insumos del país y analizar los alcances y viabilidad de una comisión.
Edmundo Orellana, ministro de la Secretaría de Transparencia, una secretaría que creó Juan Orlando Hernández casi al finalizar su gobierno y que fue muy criticada por la sociedad civil por quitarle potestades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), asegura que durante su mandato esta secretaría liderará la estrategia anticorrupción del gobierno de Castro con apoyo de agencias internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos.
«En el tema de transparencia y rendición de cuentas, nosotros estamos por instalar el Consejo Nacional de Transparencia y Anticorrupción, ese consejo que está presidido e instalado por la presidenta de la república, estará conformado por el gobierno, la sociedad civil y la academia con el propósito de discutir y proponer para su respectiva aprobación una estrategia de transparencia nacional para dar una respuesta a la necesidad de atacar la corrupción con la contribución de todos. Esto es parte de las medidas preventivas. En el mecanismo vamos a tener apoyo internacional, por ejemplo UNODC está trabajando en la preparación de esta estrategia, esto lo llevaremos al consejo de ministros», explicó Orellana.
La Estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la corrupción
La estrategia del gobierno de Biden tiene cinco pilares: modernizar, coordinar y dotar de recursos los esfuerzos del gobierno de los EE. UU. para prevenir la corrupción; frenar las finanzas ilícitas; responsabilizar a los actores corruptos; preservar y fortalecer la arquitectura multilateral anticorrupción; mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia exterior para lograr los objetivos de la política anticorrupción.
Chandana T. Ravindranath, directora de Anticorrupción en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó que la estrategia prioriza comprender mejor y responder a la dimensión transnacional y la naturaleza transfronteriza de la corrupción con socios internacionales.
«Para eso, estamos subsanando las deficiencias de nuestro propio sistema y haciendo más difícil ocultar el producto de la riqueza mal habida en Estados Unidos. Por ejemplo, estamos aumentando la transparencia en las transacciones de bienes raíces para que sea más difícil que los actores corruptos laven sus fondos y estaremos implementando de manera efectiva la ley federal que requiere que las empresas estadounidenses informen a su beneficiario final, o al verdadero propietario de la empresa, haciendo más difícil para los actores corruptos esconderse detrás de estructuras corporativas opacas. La estrategia también busca defender y reforzar los medios independientes, la sociedad civil y otros actores anticorrupción, así como promover el trabajo con el sector privado, incluso a través de alianzas público-privadas», dijo.
La modalidad de esconder dinero en corporaciones opacas ha sido revelada y explicada ampliamente por periodistas de investigación de todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) ha liberado millones de documentos, desde losPanama Papers hasta losPandora Papers que ya incluían corporaciones en Estados Unidos, para mostrar estas deficiencias en el sistema financiero que se convierten en oportunidades para los actores corruptos.
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Ravindranath agregó que pondrán énfasis en sectores de riesgo como la construcción, el transporte y la extracción natural, y la financiación de capacidades de respuesta rápida que permitirán a los asesores expertos consultar, asesorar y ayudar a los socios anticorrupción extranjeros en todo el mundo. «Entendemos que el liderazgo de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción es fundamental para abordar el problema a nivel mundial», dijo.
En Honduras, varios funcionarios han sido sancionados por la Ley Global Magnitsky, que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos y violaciones de derechos humanos a partir de julio de 2020 por la Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte y Estados Unidos más conocida por la «Lista Engel». Estas leyes permiten retirar la visa a los sancionados En Honduras,algunos de ellos, como el ex diputado Oscar Nájera o el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, han minimizado el alcance de esas sanciones y no han tenido consecuencias mayores.
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«Nuestras autoridades se enfocan en los EE. UU., pero hay herramientas actualizadas para responsabilizar a los actores corruptos tanto aquí como en el extranjero. Y mucho de eso está funcionando: si observa, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, por ejemplo, está vinculada a los Estados Unidos, pero trabajamos con nuestros socios y aliados para que responsabilicen a los actores en sus propios países.
Pero una vez más, esa es realmente la razón por la que se hace hincapié, y el Presidente lo ha hecho una y otra vez, en que trabajar de manera multilateral y conjunta es la forma más eficaz de llevar a cabo esta actividad para que utilicemos todas las herramientas y autoridades que todos los países tienen que conseguir después de este problema», agregó Ravindranath.
Por su parte, James Walsh, Subsecretario Adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. explicó que actualmente están mejorando las estructuras de coordinación dentro del gobierno de EEUU.
«Por ejemplo, en diciembre de 2021, el Secretario de Estado anunció un nuevo cargo, el Coordinador de Anticorrupción Global, y este coordinador integrará y elevará la lucha contra la corrupción en todos los aspectos de la diplomacia estadounidense y la asistencia exterior, trabajando en estrecha colaboración con las agencias y socios internacionales», dijo y agregó que están trabajando con socios externos como la academia, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación.
«El departamento también continúa apoyando reformas para hacer que la información sobre la verdadera propiedad de las personas jurídicas sea más transparente y accesible para las fuerzas del orden, así como otras medidas preventivas contra el lavado de dinero, en línea con la Tarea de Acción Financiera», concluyó.
La mayoría de los actores criminales están interconectados y sus operaciones ilegales cruzan las fronteras con bastante facilidad. Jeffrey Coleman, agente especial supervisor en la Unidad de Corrupción Internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y, a partir de mayo 2022 representante del FBI en el Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción (IACCC) en Londres, asegura que para abordar esto es necesario «construir relaciones con las fuerzas del orden en otros países. El FBI tiene, creo que tenemos 70 u 80 oficinas de agregados legales en todo el mundo que cubren todos los países del mundo. Algunas de esas oficinas cubren un país, otras cubren muchos más, pero al menos tenemos algo de presencia del FBI en cada país con la esperanza de que haya oportunidades para que colaboremos con personas en investigaciones, eso es lo que tratamos de hacer».
El mensaje de la extradición de JOH
La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, marca un hito en la historia de Honduras, sobre todo en materia de justicia. Hernández gobernó por ocho años consecutivos y diseñó una autocracia que lo mantuvo impune dentro de Honduras. Ahora, el gobierno de Xiomara Castro, a través de su Secretaría de Seguridad al mando del general de policía Ramón Sabillón, se ha comprometido a ejecutar más de 30 órdenes de captura de solicitudes de extradición que no se procesaron durante el gobierno anterior demostrando así la voluntad política de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en su estrategia de rendición de cuentas.
En un Twitter Space conducido por Contracorriente, el director para asuntos centroamericanos de la Seattle International Foundation (SIF), Eric Olson manifestó que las cortes y las fiscalías de Honduras han sido tan debilitadas que procesar localmente al expresidente, aun con todas las evidencias existentes, era algo imposible.
«En general, el control que ellos ejercieron en la Corte Suprema desde que él [Juan Orlando Hernández] fue presidente del Congreso hasta que fue presidente [del Ejecutivo] aseguró de alguna forma que la justicia hondureña no funcionara en este caso y por eso creo que es sumamente importante no sólo enfocarse en buscar la justicia en el caso de Juan Orlando, sino la reconstrucción de esos mecanismos de control del Estado, de peso y contrapeso que son vitales para toda democracia y que han sido debilitados, porque no hay estos mecanismos constitucionales democráticos que puedan controlar este tipo de poder ilícito.»
Olson argumenta que los errores en la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Hernández terminaron en esto, «cayeron en la equivocación histórica de Estados Unidos, donde se reconoce que si los presidentes no son perfectos, pero son aliados nuestros, los vamos a proteger o los vamos a apoyar, en este caso es claro que esa esa decisión fue equivocada», dijo.
Para Olson, con el nuevo gobierno de Biden es importante que se reconozca ese error y que tomen las decisiones necesarias para asegurar que no sólo van tras Juan Orlando Hernández sino también tras sus aliados. «Que esto dé una señal, por ahora hay un deseo del nuevo gobierno [de EEUU] de combatir la corrupción», agregó.
El gobierno de Xiomara Castro cumplirá 100 días en mayo en medio de una crisis social y económica que ha llevado a despidos masivos y protestas de sectores como el de salud y transporte. El sistema clientelar continúa intacto, en las afueras de Casa Presidencial se ve cada día decenas de personas de todas partes del país esperando que el esposo de la presidenta, Manuel Zelaya Rosales, les firme una carta de recomendación para obtener un trabajo en el Estado justificando su lealtad y activismo afín al partido en gobierno, a pesar de que el mismo gobierno ha declarado que el Estado está en calamidad y que no se puede aumentar la burocracia.
El abogado y analista hondureño Rafael Jerez, dijo en nuestro espacio de diálogo que para abordar el tema de la corrupción se debe reformar el sistema de partidos políticos que actualmente funciona sobre la base del clientelismo que produce un alto riesgo de que se produzca la corrupción.
«El fenómeno Juan Orlando, si lo podemos llamar así, es importante, pero no es lo único que nos debe preocupar. O sea, en realidad, las instituciones, muchas de ellas siguen compuestas por 2 o 3 representantes de los partidos. Y, mientras no superemos esa cultura clientelar, creo que realmente va a ser muy difícil que podamos dar ese paso a combatir la corrupción en la característica más importante que tiene, que es estructural. Y en la estructura de la administración pública que es donde están los partidos políticos en este momento», explicó.
