Los representantes de los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador no fueron invitados a la Cumbre por la Democracia presidida por el Gobierno de Estados Unidos, en un claro mensaje de rechazo a las medidas autocráticas que han tomado los gobernantes del llamado «triángulo norte». Ahora, con la llegada de un nuevo Gobierno en Honduras, que ha sido recibido local e internacionalmente como una promesa de cambio, el Gobierno de EE. UU. podría apostar por Honduras como un aliado estratégico en una región que se le ha salido de las manos.
Por Jennifer Avila y Fernando Silva
Pocos días después de la Cumbre por la democracia, la subsecretaria de Estado, Uzra Zeya, visitó Honduras junto con Mark Feierstein, asesor principal para la administradora de Usaid, quien coordina diferentes prioridades de política de Usaid y lidera la coordinación de la agencia con las otras agencias de política exterior en el Gobierno de los EE. UU. La comitiva se reunió con la presidenta electa Xiomara Castro, organizaciones de sociedad civil, periodistas y empresarios para conocer las oportunidades para la relación entre el Gobierno de EE. UU. y el Gobierno entrante de Honduras. Dos temas fueron fundamentales y no es ninguna sorpresa: la migración y la lucha anticorrupción.
Las acciones en el marco de esos temas requerirán de una fuerte inversión que el Gobierno de Honduras no puede asumir solo tomando en cuenta que recibe al Estado con una deuda
externa de los sectores público y privado de USD 10,887.7 millones, según cifras del Banco Central de Honduras en el primer trimestre de 2021. Se estima que a finales de este año esto alcance a representar el 70 % del PIB del país que además aumentó su pobreza debido a la pandemia y a las tormentas tropicales que azotaron la zona más productiva.
En abril de 2021, en Guatemala (el aliado estratégico que había elegido EE. UU. antes que el Gobierno de Giamattei destituyera al fiscal anticorrupción), la vicepresidenta Kamahla Harris prometió que la ayuda humanitaria para estos tres países ascendería a 310 millones de dólares destinados para atender las causas de la migración irregular. El nuevo Gobierno de EE. UU. ha hablado de causas de la migración entre las que se incluye la inseguridad alimentaria y la corrupción.
Usaid y el nuevo enfoque para la efectividad
Según un informe del Woodrow Wilson publicado en 2020, el Congreso de Estados Unidos aprobó 2.6 billones de dólares para múltiples apoyos canalizados, en su mayoría, a través de la Usaid y el Departamento de Estado desde 2016 hasta 2019, antes de que el Gobierno de Donald Trump suspendiera varios programas en los países del triángulo norte. ¿Pero qué tan eficiente ha sido este apoyo para desarrollar estos países?
Los autores del informe, entre los que está Ricardo Zúñiga, el actual enviado del gobierno de EE. UU. para los países del triángulo norte, concluyeron que el factor más importante que ha contribuido al crecimiento y progreso limitado en esta fracción de Centroamérica «es la resistencia a la lucha anticorrupción y las reformas para la buena gobernanza por parte de un pequeño -pero poderoso- grupo de actores políticos y económicos con un profundo deseo de mantener el status quo».
Los autores sostienen que si los donantes, incluido Estados Unidos, «no hacen de la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción su máxima prioridad en el Triángulo Norte, el progreso relacionado con el crecimiento económico y la seguridad será, en el mejor de los casos, fugaz», reza el informe.
Y es que, aunque la ayuda canalizada a través de Usaid ha tenido serias críticas por parte de diferentes actores de sociedad civil tanto en Honduras como en Estados Unidos, uno de los puntos que más ha destacado el nuevo Gobierno de Biden es que la ayuda ahora será condicionada con el compromiso que tengan los Estados con la lucha anticorrupción.
Es por esto que Feierstein dejó claro en conferencia de prensa que ese sería, al menos públicamente, el compromiso principal que pedirían al nuevo Gobierno de Honduras, «Usaid ha ayudado en esos esfuerzos, y vamos a seguir trabajando con la sociedad civil y con el Gobierno para atacar la corrupción porque sabemos que, si hay corrupción, no hay desarrollo», y agregó que se necesitará el compromiso de diversos actores, entre ellos el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y también los ciudadanos. Además dijo que para tener éxito en la lucha contra la corrupción se necesita voluntad política y reformas legislativas y que las unidades que estén combatiendo la corrupción tengan los recursos y el equipo que necesitan.
Para la académica Amelia Frank Vitale, quien ha sido crítica de los apoyos de Usaid en las comunidades que ella ha estudiado como antropóloga en Centroamérica, sí ve un cambio con respecto al Gobierno de Donald Trump que estaba enfocado en el tema de migración sin importarle nada más, pero que la experiencia con los fondos de Usaid es que se destinan en gran parte al apoyo económico para las fuerzas de seguridad y para impulsar modelos de emprendimiento económico, algo que «puede que no tenga fruto en el contexto hondureño».
«No sé cómo abordarán el tema de la lucha anticorrupción, que sí, es un enfoque que tienen, pero es una idea no muy concreta hablando de programación de USAID», agregó.
Por su parte, Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation y autor del informe del Woodrow Wilson citado anteriormente, cree que la llegada de la delegación de alto nivel a Honduras por primera vez en el Gobierno de Biden es una señal de que la relación, especialmente política, «se empieza a destrabar y descongelar».
Además agregó que la agenda de apoyo de Usaid quedó muy clara dejando ver que «el pecado original es la corrupción y que combatirla será un punto fundamental en la estrategia de Usaid y el Gobierno de Biden».
Pero en cuanto a las condiciones, Olson coincide con que «hay que revocar las leyes de impunidad que el Congreso adoptó en el pasado, velar por la independencia de las instituciones jurídicas y de control y apoyar la transparencia. Usaid puede apoyar estos procesos, pero la tarea es fundamentalmente de los y las hondureñas y las autoridades electas».
La elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en manos de un nuevo Congreso Nacional que ha quedado fraccionado. Para lograr mayoría, el partido de Xiomara Castro deberá hacer alianzas con el Partido Liberal, dirigido por el ex convicto Yani Rosenthal Oliva. Muchas de las cartas para crear las condiciones que menciona Olson se tirarán en el Poder Legislativo.
Los esfuerzos contra la impunidad
Xiomara Castro ha mostrado su interés en apoyar la creación de una Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. En una entrevista con la AFP, Castro respondió vía whatsapp que ha tenido acercamientos con Naciones Unidas para lograr la instalación de esta comisión.
Sin embargo, con lo sucedido con la Cicig en Guatemala, la Maccih en Honduras y la Cicies en El Salvador, queda más claro que estas comisiones deben ser creadas con independencia y poder para judicializar sin presiones los casos de corrupción.
Según Eric Olson, EE. UU. apoyaría esta nueva iniciativa solo y cuando existan pruebas de un compromiso político de parte del nuevo Gobierno de crear una institución políticamente independiente y donde se respete su autonomía. «También se han desarrollado varios estándares básicos que tendrían que existir para garantizar el buen funcionamiento de esta institución y asegurar que se adopten estas será fundamental en la decisión de EE. UU.», dijo.
La Seattle International Foundation es parte de El Centro contra la Corrupción e Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), la primera iniciativa regional para combatir la corrupción y la impunidad desde la ciudadanía y las organizaciones sociales. Olson dice que la CCINOC estará a lado de todo proceso que contribuya a mayor transparencia en el Gobierno, independencia de las instituciones y el rendimiento de cuentas. «Como expresión de sociedad civil en Centroamérica seguirá expresando su oposición a las políticas antidemocráticas en los tres países y apoyará a los esfuerzos por fortalecer las instituciones democráticas».
Otro actor fundamental para que una comisión contra la corrupción funcione es el sector privado, en el cual hay miembros que se han visto involucrados como beneficiarios de la corrupción, pero también como impulsores de la impunidad. Ante esto, Olson cree que «lo bueno es que Honduras cuenta con voces importantes de la empresa privada que entienden la importancia de combatir la corrupción y con ellos EE. UU. podrá trabajar. También, hay un movimiento de EE. UU. que pide la revisión del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR para ver si, en primer lugar, se cumple con los criterios básicos de derechos laborales y humanos y cómo se podrían fortalecer estos componentes. Esto empezó con la situación en Nicaragua donde claramente no se respetan estos derechos fundamentales, pero también hay dudas sobre la situación en Guatemala, El Salvador y Honduras, por lo que creo posible una revisión amplia de ese acuerdo comercial para ver cómo se fortalece», explicó.
En ese sentido, en conferencia de prensa brindada el pasado 14 de diciembre, Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, apuntó que, a pesar de los desafíos que enfrentan en diversos países de la región, ahora cuentan con la esperanza de que la presidenta electa en Honduras «genere cambios que favorezcan una gobernabilidad más transparente y un Estado de derecho más fuerte», incluido el establecimiento de una coalición con respaldo internacional para combatir la corrupción.
Nichols también mencionó la formación del equipo de trabajo contra la corrupción para la región norte de América Central como una de las acciones importantes que han emprendido con el objetivo de combatir los actos de soborno transnacional, la cleptocracia y el narcotráfico que tienen un nexo con Estados Unidos y sostuvo que dicha relación con el país norteamericano es importante para que las investigaciones tengan mayor efecto.
Otra herramienta que Nichols mencionó que están implementando para la rendición de cuentas de los funcionarios en la región, es la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como la «lista Engel», una acción contra la corrupción diseñada específicamente para América Central por el Congreso de los Estados Unidos en el año 2020, y que hasta ahora ha incluido a 21 politicos hondureños, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo y 15 diputados del actual Congreso Nacional.
En esa misma conferencia participó Todd Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, INL por sus siglas en Inglés. Robinson reconoció la lucha contra la corrupción como uno de los intereses primordiales en la seguridad nacional de los Estados Unidos, por lo que aseguró que desde su oficina están dirigiendo esfuerzos para aumentar la capacidad del Gobierno de los Estados Unidos para «prevenir la corrupción antes de que esta ocurra, combatir eficazmente las finanzas ilícitas, hacer responsables a los actores corruptos y fortalecer la capacidad de los activistas, investigadores y periodistas».
Una región «rebelde»
Luego de que el 23 de julio fue destituido Juan Francisco Escobar como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad creada para apoyar las investigaciones de la CICIG, las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se tensaron. En septiembre, el país norteamericano incluyó a Consuelo Porras, Fiscal General del Gobierno de Giammattei, en una lista de actores corruptos y no democráticos, ante lo cual, el mandatario guatemalteco aseguró que la decisión «es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales porque primero se acusa sin pruebas o sustentos».
Después de no ser invitado a la «Cumbre por la Democracia», Giammattei aseguró en una conferencia de prensa y en redes sociales que su Gobierno seguirá siendo aliado de Estados Unidos «a pesar» del Gobierno actual de esa nación dirigido por Joe Biden. Pese a esa confrontación, la administración estadounidense no ha detenido sus esfuerzos por llegar a acuerdos con ese Gobierno para reducir el flujo migratorio proveniente de los países del norte de Centroamérica. El pasado 8 de diciembre, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió con el presidente de Guatemala «para analizar la amplia cooperación bilateral en materia de migración, lucha contra los narcóticos y promoción de las oportunidades económicas», según expresa el comunicado oficial del encuentro.
Por otro lado, las relaciones con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, son todavía más conflictivas, considerando los enfrentamientos directos a través de redes sociales que ha tenido el mandatario con representantes del Gobierno de Estados Unidos. La situación llegó a un punto álgido el pasado 22 de noviembre con la salida del país de la encargada de negocios de la embajada estadounidense en San Salvador, Jean Manes, quien apuntó que las decisiones antidemocráticas de Bukele han deteriorado su cooperación y aseguró que «no hay interés por parte del Gobierno por mejorar la relación».
Nayib Bukele, quien sarcásticamente se autonombra dictador, emperador y ahora CEO del país, llegó al Gobierno de El Salvador con un gran apoyo popular en 2019 y consiguió una aplastante mayoría en el Parlamento en las elecciones de este año. Al asumir el 1 de mayo, el nuevo Parlamento destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país, quienes criticaban y no respaldaron varias decisiones de Bukele. Además, removieron al Fiscal General, quien había iniciado varias investigaciones por corrupción y negociaciones ilegales con las pandillas que involucran a miembros del gabinete del actual gobierno. En septiembre, la nueva Sala de lo Constitucional dio luz verde para que el actual mandatario pueda postularse a la reelección pese a que la constitución de ese país lo prohíbe.
La Usaid anunció que retiraba la asistencia económica al Gobierno salvadoreño e iba a redirigir los fondos a organizaciones de sociedad civil para «promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos», según expresó en un comunicado Samantha Power, administradora de esa agencia.
Bukele respondió al retiro de los fondos de cooperación impulsando la creación de la Ley de Agentes Extranjeros que obligaría a toda organización en ese país «que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero» registrarse ante el Gobierno. Además, las autoridades aplicarían un impuesto de 40 % a los fondos que reciban desde el exterior las organizaciones registradas. Esta Ley sigue sin ser aprobada.
Juan González, asistente especial de Joe Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, apuntó que la dirección que está tomando el presidente de El Salvador es «mucho más autoritaria» que la del exmandatario venezolano Hugo Chávez en sus inicios.
Sin duda, las relaciones que tenga el nuevo Gobierno en Honduras con sus vecinos será importante en términos de la relación con Estados Unidos. Y ante una retórica que inunda las redes sociales y que de cierta manera unifica ciertos discursos de los mandatarios del llamado «triángulo norte», Eric Olson opina que «la retórica es importante, pero más que todo, son las acciones tomadas por el Gobierno que afectarían las relaciones con EE. UU. Para EE. UU. será importante que esas acciones sustenten los valores democráticos ya adoptados formalmente por Honduras en la carta democrática, pero que se habían descuidado en anteriores Gobiernos».
