A tan solo una semana de las elecciones que definirán un cambio de gobierno, el testigo protegido y también imputado por el Caso Pandora, Fernando Suárez, desapareció. Hoy un tribunal de sentencia le dictó orden de captura inmediata y lo declaró en rebeldía, el Ministerio Público, a través de la Dirección del programa de testigos protegidos, sostiene que Suárez abandonó al programa, sin embargo aún no hay un informe que determine qué pasó con él.
Por Jennifer Avila
El edificio anexo del Ministerio Público (MP) en Comayagüela está siempre vigilado. Fernando Suárez estaba recluido en ese lugar desde 2018, primero en un sótano y desde enero de 2020 en una oficina acondicionada en el primer piso. Desde la ventana que da a la calle, al suelo, hay al menos unos 20 metros de altura y en la entrada principal hay vigilancia 24 horas al día, entonces ¿cómo pudo escaparse Suárez de ese lugar en la madrugada del 19 de noviembre? Aún no hay explicaciones sobre esto, mientras la Dirección del programa de testigos protegidos se excusa diciendo que Fernando Suárez estaba voluntariamente en el programa y que voluntariamente se salió.
Lo cierto es que Suárez es un testigo clave en los casos que nos han mostrado cómo funcionan las redes de corrupción del país. Este hombre, abogado hondureño, era quien administraba las dos organizaciones sin fines de lucro involucradas en el caso central que el 13 de junio de 2018 la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), con el trabajo de la Ufecic (ahora Uferco [Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción]) logró presentar a la justicia hondureña: el caso «Pandora». A pesar de contar con todas las pruebas, este caso terminó en el sobreseimiento de 22 de los implicados, algunos de ellos, como el señor Elvin Santos por ejemplo, son candidatos a un cargo de elección popular en los comicios del próximo domingo.
El caso Pandora detalla cómo 282 millones de lempiras (aproximadamente 12 millones de dólares) habrían sido drenados desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Liberal y el Partido Nacional en 2013. Según una nota de este medio en 2018, «de acuerdo a las investigaciones, la SAG suscribió contrato con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, para financiar proyectos destinados a pequeños productores. Sin embargo, los recursos se desviaron para el pago de campañas políticas, entre ellas la tarjeta de descuento “La Cachureca” promocionada por el presidente Juan Orlando Hernández en las elecciones generales de noviembre de 2013». Suárez administraba estas oenegés y respondía directamente a la hermana del presidente, la fallecida Hilda Hernández.
«A mi me preocupa, más de que si se ha fugado o que si decidió abandonar el programa o no, el hecho de que su vida corre peligro», dice el fiscal Luis Javier Santos de la Uferco, quien armó varios casos con la colaboración del testigo protegido. «Fernando dejó manifiesto en el juicio contra Jacobo Regalado (exministro de la SAG) por el caso Pandora que temía por su vida y que necesitaba que le reforzaran la seguridad», agregó.
Por su parte, Omar Menjívar, abogado defensor de Suárez, dijo que «hay una verdad incuestionable y es que esto es responsabilidad del fiscal general. Él firmó un acuerdo con Fernando Suárez y este colaboró de una manera muy eficiente estos años y aún así el MP no le cumplió».
«Así como entró voluntariamente, así mismo decidió no seguir dentro del programa», dijo el vocero del MP el pasado 20 de noviembre. Esto no es del todo preciso, ya que para salirse de un programa de protección a testigos debe haber un procedimiento que en este caso no existió, ni siquiera el abogado de Suárez estaba notificado de que hubiera comenzado un proceso.
El fiscal Santos advirtió que «afuera de las instalaciones del MP él puede ser desaparecido y todo lo que él sabía. En su colaboración tuvimos 30 reuniones y él tenía información muy delicada y nos aclaró cómo funcionaban las redes de corrupción, él marcó un antes y un después en los casos».
Fernando Suárez se entregó en 2018 por el caso Pandora presentado por la Maccih y desde entonces pidió protección a cambio de colaboración. Aunque en Honduras no existe una ley de colaboración eficaz, a pesar de los múltiples intentos de la Maccih porque hubiera una, Fernando logró entrar en el programa de testigos protegidos. Él tenía entonces una doble condición al estar recluido en una oficina del MP: la de imputado (por malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos públicos falsos y asociación ilícita) y la de testigo en múltiples casos.
Al principio, Suárez estaba bajo custodia de la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal), pero después de que el Cuerpo de Bomberos determinó que el sótano donde permanecía era insalubre y no reunía las condiciones para que una persona estuviera recluida allí, la misma ATIC solicitó a un tribunal que se les eximiera de esta responsabilidad y que esta pasara a la Dirección de Testigos Protegidos. El 23 de enero de 2020, esa dirección asumió algo que ya en la práctica había asumido y lo trasladó a una oficina mejor acondicionada. En esta, Suárez permanecía con vigilancia las 24 horas del día con el registro de un libro de novedades.
En noviembre de 2020, la Uferco, amparándose en el nuevo Código Penal, solicitó que a Suárez se le aplicaran los beneficios de un «colaborador eficaz», en noviembre de 2021 la Dirección de Fiscalías determinó no aceptar esto y Suárez entonces no tendría siquiera el beneficio de un procedimiento abreviado.
«La fiscalía se aprovechó de sacarle la información que a saber para qué uso», dice Menjívar, quien agrega que hace un año, la misma dirección de fiscalías solicitó toda la información que Suárez había otorgado a la Uferco.
En medio de la bulla electoral, la desaparición de Suárez no ha cobrado relevancia. Ahora le han dictado una orden de captura con efecto inmediato, pero sigue sin saberse de su paradero.
«Es decepcionante que el sistema haya minimizado la colaboración de él al negarle el procedimiento abreviado», concluyó el fiscal de la Uferco.
